Conflictos


Febrero 2010

ENFOQUE / ORGANIZACIÓN / UNIDAD

 

El país para las “oportunidades de negocios” de los oligopolios conduce a…

Al reinado de las transnacionales y sus socios locales que, en lugar de progreso y trabajo para las grandes mayorías, les destruye sus condiciones de vida y sus posibilidades laborales no sólo futuras sino presentes. Tanto la megaminería a cielo abierto como los agronegocios quitan agua potable, contaminan el medioambiente y arrasan con los ecosistemas (la biodiversidad creadora de los equilibrios ecológicos), implantan el calentamiento global… Ambos, junto con la superexplotación de hidrocarburos, fragmentan el país en economías de enclave exportador y avasallan a las comunidades locales.
 

Enfoque  ((VOLVER))

 

Para salir del saqueo

Requiere de nosotros -los de abajo- considerar la «política» como arte y ciencia de crear la convivencia social e internacional. Es conducirla en la dirección de hacer posible el establecimiento de relaciones entre nosotros con origen en el reconocimiento de nuestras respectivas necesidades e intereses que resultan, generalmente, contrapuestos a consecuencia de nuestro estar en el capitalismo. De ahí que, sin ejercicio de la política, permanezcamos en la cotidianeidad reglada por el capitalismo y confrontemos o nos dividamos como quieren nuestros opresores.

 

La ruptura con las rutinas y el conformismo, que nos impone el sistema de saqueo a través de la cotidianeidad, se da en situaciones límites y en forma de encuentro con quienes comparten el drama o el conflicto. La han llevado a cabo, por ejemplo, las asambleas de vecinos autoconvocados por el No a la mega minería a cielo abierto o la de Gualeguaychú.

 

En realidad, hay organización y lucha contra todas las impunidades implicadas en el funcionamiento político y socioeconómico para exclusivo beneficio de la acumulación gran capitalista. Entonces, el nuevo hacer política las vuelve patrimonios de los espacios de encuentros entre los de abajo. Los complementa y consolida mediante socialización e intercambios con los pueblos originarios, con la Unión de Asambleas Ciudadanas, con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, con la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), etc. De ese modo ayuda a la elaboración conjunta de la confianza en que podemos asumir nuestras diferencias como potencial para organizarnos en otra sociedad y otro país-mundo hacia el buen vivir de todos los pueblos. 

Esto conlleva a que el desafío fundamental sea facilitar la construcción -por los mismos pueblos- de su liberación de las democracias falsamente representativas. Es multiplicar los espacios de deliberación sobre necesidades de sus diversidades y propuestas de organización para satisfacerlas.

En la Argentina, tanto la derecha desembozada como la enmascarada por progresistas e izquierdistas (la constituida por los Kirchner, Hugo Moyano, Aníbal Fernández, Amado Boudou, Julio De Vido, Daniel Scioli...) hacen cuanto pueden por aniquilar la autodeterminación de la diversidad popular para la entrega y la sumisión del país a los oligopolios imperialistas y sus Estados. De suerte que se esmeran en obnubilarnos con disputas para enaltecer al bando propio y estigmatizar al otro. Derrotarlas nos exige -a los de abajo- instalar debates públicos con rumbo a hacernos cargo de:

 

◊Lo que Fidel Castro Ruz, en sus Reflexiones, nos alerta: "(...)En nada se parecen, sin embargo, los días de hoy a los de ayer. Vivimos una época nueva que no tiene parecido con ninguna otra de la historia. Antes los pueblos luchaban y luchan todavía con honor por un mundo mejor y más justo, pero hoy tienen que luchar, además, y sin alternativa posible, por la propia supervivencia de la especie. No sabemos absolutamente nada si ignoramos esto. Cuba es, sin duda, uno de los países políticamente más instruido del planeta;  había partido del más bochornoso analfabetismo, y lo que es peor:  nuestros amos yanquis y la  burguesía asociada a los dueños extranjeros eran los propietarios de las tierras, los centrales azucareros, las plantas productoras de bienes de consumo, los almacenes, los comercios, la electricidad, los teléfonos, los bancos, las minas, los seguros, los muelles, los bares, los hoteles, las oficinas, las casas de vivienda, los cines, las imprentas, las revistas, los periódicos, la radio, la naciente televisión y todo cuanto tuviera un valor importante.

 

Los yanquis, apagadas las ardientes llamas de nuestras batallas por la libertad, se habían arrogado la tarea de pensar por un pueblo que tanto luchó por ser dueño de su independencia, sus riquezas y su destino. Nada en absoluto, ni siquiera la tarea de pensar políticamente, nos pertenecía. ¿Cuántos sabíamos leer y escribir? ¿Cuántos llegábamos siquiera al sexto grado? Lo recuerdo especialmente un día como hoy, porque ese era el país que se suponía pertenecía a los cubanos. No cito más cosas, porque tendría que incluir muchas más, entre ellas las mejores escuelas, los mejores hospitales, las mejores casas, los mejores médicos, los mejores abogados.  ¿Cuántos éramos los que teníamos derecho a ello? ¿Quiénes poseíamos, salvo excepciones, el derecho natural y divino de ser administradores y jefes?

 

Ningún millonario o sujeto rico, sin excepción, dejaba de ser jefe de Partido, Senador, Representante o funcionario importante. Esa era la democracia representativa y pura que imperaba en nuestra Patria, excepto que los yanquis impusieran a su antojo tiranuelos despiadados y crueles, cuando convenía más a sus intereses para defender mejor sus propiedades frente a campesinos sin tierra y obreros con o sin trabajo. Como ya nadie habla siquiera de eso, me  aventuro a recordarlo.

Nuestro país forma parte de los más de 150 que constituyen el Tercer Mundo, que serán los primeros aunque no los únicos destinados a sufrir las increíbles consecuencias si la humanidad no toma conciencia clara, cierta y bastante más rápida de lo que imaginamos de la realidad y consecuencias del cambio climático ocasionado por el hombre, si no se logra impedirlo a tiempo.

Nuestros medios de comunicación masiva han dedicado espacios a describir los efectos de los cambios climáticos. Los huracanes de creciente violencia, las sequías y otras calamidades naturales, han contribuido igualmente a la educación de nuestro pueblo sobre el tema. Un hecho singular, la batalla en torno al problema climático que tuvo lugar en la Cumbre de Copenhague, ha contribuido al conocimiento del inminente peligro. No se trata de un riesgo lejano para el siglo XXII, sino para el XXI, ni lo es tampoco solo para la segunda mitad de este, sino para las próximas décadas, en las que ya comenzaríamos a sufrir sus penosas consecuencias.

 

Tampoco se trata de una simple acción contra el imperio y sus secuaces, que en esto, como en todo, tratan de imponer sus estúpidos y egoístas intereses, sino de una batalla de opinión mundial que no se puede dejar a la espontaneidad ni al capricho de la mayoría de sus medios de comunicación. Es una situación que por fortuna conocen millones de personas honradas y valientes en el mundo, una batalla a librar con las masas y en el seno de las organizaciones sociales e instituciones científicas, culturales, humanitarias, y otras de carácter internacional, muy especialmente en el seno de las Naciones Unidas, donde el Gobierno de Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y los países más ricos trataron de asestar, en Dinamarca, un golpe fraudulento y antidemocrático contra el resto de los países emergentes y pobres del Tercer Mundo.

En Copenhague, la delegación cubana, que asistió junto a otras del ALBA y el Tercer Mundo, se vio obligada a una lucha a fondo ante los increíbles acontecimientos que se originaron con el discurso del presidente yanqui, Barack Obama, y del grupo de Estados más ricos del planeta, decididos a desmantelar los compromisos vinculantes de Kyoto -donde hace más de 12 años se discutió el peliagudo problema- y a hacer caer el peso de los sacrificios sobre los países emergentes y los subdesarrollados, que son los más pobres y a la vez los principales suministradores de materias primas y recursos no renovables del planeta a los más desarrollados y opulentos.

En Copenhague, Obama se presentó el último día de la Conferencia, iniciada el 7 de diciembre. Lo peor de su conducta fue que, cuando tenía ya decidido enviar 30 mil soldados a la carnicería de Afganistán -un país de fuerte tradición independentista, al que ni siquiera los ingleses en sus mejores y más crueles tiempos pudieron someter- asistió a Oslo para recibir nada menos que el Premio Nobel de la Paz. A la capital noruega llegó el 10 de diciembre, donde pronunció un discurso hueco, demagógico y justificativo. El 18, que era la fecha de la última sesión de la Cumbre, se apareció en Copenhague, donde pensaba permanecer inicialmente solo 8 horas. El día anterior habían llegado la Secretaria de Estado y un grupo selecto de sus mejores estrategas.

 

Lo primero que hizo Obama fue seleccionar a un grupo de invitados que recibieron el honor de acompañarlo a pronunciar un discurso en la Cumbre. El Primer Ministro danés, que presidía la Cumbre, complaciente y adulón, le cedió la palabra al grupo que apenas rebasaba 15 personas. El jefe imperial merecía honores especiales. Su discurso fue una mezcla de edulcoradas palabras aliñadas con gestos teatrales, que ya aburren a quienes, como yo, se asignaron la tarea de escucharlo para tratar de ser objetivos en la apreciación de sus características e intenciones políticas. Obama impuso a su dócil anfitrión dinamarqués que sólo sus invitados podían hacer uso de la palabra, aunque él, tan pronto pronunció las suyas, hizo “mutis por el foro” por una puerta trasera, como duende que escapa de un auditorio que le había hecho el honor de escuchar con interés.

 

Concluida la lista autorizada de oradores, un indígena aymara de pura cepa, Evo Morales, presidente de Bolivia, que acababa de ser reelecto con el 65% de los votos, exigió el derecho a usar la palabra, que le fue concedida ante el aplauso abrumador de los presentes. En sólo nueve minutos expresó profundos y dignos conceptos que respondían a las palabras del ausente Presidente de Estados Unidos. Acto seguido se levantó Hugo Chávez para solicitar hablar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela; a quien presidía la sesión no le quedó otra alternativa que concederle también el uso de la palabra, que utilizó para improvisar uno de los más brillantes discursos que le he escuchado. Al concluir, un martillazo puso fin a la insólita sesión.

 

El ocupadísimo Obama y su séquito no tenían, sin embargo, un minuto que perder. Su grupo había elaborado un Proyecto de Declaración, repleto de vaguedades, que era la negación del Protocolo de Kyoto. Después que salió precipitadamente de la plenaria, se reunió con otros grupos de invitados que no llegaban a 30, negoció en privado y en grupo;  insistió, mencionó cifras millonarias de billetes verdes sin respaldo en oro, que constantemente se devalúan y hasta amenazó con marcharse de la reunión sí no se accedía a sus demandas. Lo peor fue que se trató de una reunión de países súper ricos a la que invitaron a varias de las más importantes naciones emergentes y a dos o tres pobres, a las cuales sometió el documento, como quien propone: ¡Lo tomas o lo dejas!

 

Tal declaración confusa, ambigua y contradictoria -en cuya discusión no participó para nada la Organización de Naciones Unidas-, el Primer Ministro danés trató de presentarla como Acuerdo de la Cumbre. Ya esta había concluido su período de sesiones, casi todos los Jefes de Estado, de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores se habían marchado a sus respectivos países, y a las tres de la madrugada, el distinguido Primer Ministro danés lo presentó al plenario, donde cientos de sufridos funcionarios que desde hacía tres días no dormían, recibieron el engorroso documento ofreciéndoles solo una hora para analizarlo y decidir su aprobación.

 

Allí se incendió la reunión. Los delegados no habían tenido siquiera tiempo de leerlo. Varios solicitaron la palabra. El primero fue el de Tuvalu, cuyas islas quedarán bajo las aguas si se aprobaba lo que allí se proponía; lo siguieron los de Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. El enfrentamiento dialéctico a las 3 de aquella madrugada del 19 de diciembre es digno de pasar a la historia, si la historia durara mucho tiempo después del cambio climático.

Como gran parte de lo ocurrido se conoce en Cuba, o está en las páginas Web de Internet, me limitaré sólo a exponer en parte las dos réplicas del canciller cubano, Bruno Rodríguez, dignas de ser consignadas para conocer los episodios finales de la telenovela de Copenhague, y los elementos del último capítulo que todavía no han sido publicados en nuestro país.

“Señor Presidente (Primer Ministro de Dinamarca)… El documento que usted varias veces afirmó que no existía, aparece ahora. Todos hemos visto versiones que circulan de manera subrepticia y que se discuten en pequeños conciliábulos secretos, fuera de las salas en que la comunidad internacional, a través de sus representantes, negocia de una manera transparente.”

“Sumo mi voz a la de los representantes de Tuvalu, Venezuela y Bolivia.  Cuba considera extremadamente insuficiente e inadmisible el texto de este proyecto apócrifo…”

“El documento que usted, lamentablemente, presenta no contiene compromiso alguno de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero".

“Conozco las versiones anteriores que también, a través de procedimientos cuestionables y clandestinos, se estuvieron negociando en corrillos cerrados que hablaban, al menos, de una reducción del 50% para el año 2050…”

“El documento que usted presenta ahora, omite, precisamente, las ya magras e insuficientes frases clave que aquella versión contenía.  Este documento no garantiza, en modo alguno, la adopción de medidas mínimas que permitan evitar una gravísima catástrofe para el planeta y la especie humana.”

“Este vergonzoso documento que usted trae es también omiso y ambiguo en relación con el compromiso específico de reducción de emisiones por parte de los países desarrollados, responsables del calentamiento global por el nivel histórico y actual de sus emisiones, y a quienes corresponde aplicar reducciones sustanciales de manera inmediata.  Este papel no contiene una sola palabra de compromiso de parte de los países desarrollados.”

“…Su papel, señor Presidente, es el acta de defunción del Protocolo de Kyoto, que mi delegación no acepta.”

“La delegación cubana desea hacer énfasis en la preeminencia del principio de ‘responsabilidades comunes, pero diferenciadas’, como concepto central del futuro proceso de negociaciones.  Su papel no dice una palabra de eso.”

“La delegación de Cuba reitera su protesta por las graves violaciones de procedimiento que se han producido en la conducción antidemocrática del proceso de esta conferencia, especialmente, mediante la utilización de formatos de debate y de negociación, arbitrarios, excluyentes y discriminatorios…”

“Señor Presidente, le solicito formalmente que esta declaración sea recogida en el informe final sobre los trabajos de esta lamentable y bochornosa 15 Conferencia de las Partes.”

Lo que nadie podría imaginar es que, después de otro largo receso y cuando ya todos pensaban que sólo faltaban los trámites formales para dar por concluida la Cumbre, el Primer Ministro del país sede, instigado por los yankis, haría otro intento de hacer pasar el documento como consenso de la Cumbre, cuando no quedaban ni siquiera Cancilleres en el plenario. Delegados de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, que permanecieron vigilantes e insomnes hasta el último minuto, frustraron la postrera maniobra en Copenhague.

No concluiría, sin embargo, el problema. Los poderosos no están habituados, ni admiten resistencia. El 30 de diciembre la Misión Permanente de Dinamarca ante Naciones Unidas, en Nueva York, informó cortésmente a nuestra Misión en esa ciudad que había tomado nota del Acuerdo de Copenhague del 18 de diciembre de 2009, y adjuntaba copia avanzada de esa decisión. Textualmente afirmó: “…el Gobierno de Dinamarca, en su calidad de Presidente de la COP15, invita a las Partes de la Convención a informar por escrito a la Secretaría de la UNFCCC, lo antes posible, su voluntad de asociarse al Acuerdo de Copenhague.”

Esta sorpresiva comunicación motivó la respuesta de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas, en la que “…rechaza de plano la intención de hacer aprobar, por vía indirecta, un texto que fue objeto de repudio de varias delegaciones, no sólo por su insuficiencia ante los graves efectos del cambio climático, sino también por responder exclusivamente a los intereses de un reducido grupo de Estados.”

A su vez, originó una carta del Viceministro Primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, Doctor Fernando González Bermúdez, al Sr. Yvo de Boer, Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las  Naciones Unidas sobre Cambio Climático, algunos de cuyos párrafos transcribimos:

«Hemos recibido con sorpresa y preocupación la Nota que el Gobierno de Dinamarca circulara a las Misiones Permanentes de los Estados miembros de las Naciones Unidas en Nueva York, que usted seguramente conoce, mediante la cual se invita a los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático a informar a la Secretaría Ejecutiva, por escrito, y a su más pronta conveniencia, su deseo de asociarse al denominado Acuerdo de Copenhague.»

“Hemos observado, con preocupación adicional, que el Gobierno de Dinamarca comunica que la Secretaría Ejecutiva de la Convención incluirá, en el informe de la Conferencia de las Partes efectuada en Copenhague, un listado de los Estados Partes que hubieran manifestado su voluntad de asociarse con el citado Acuerdo.”

“A juicio de la República de Cuba, esta forma de actuar constituye una burda y reprobable violación de lo decidido en Copenhague, donde los Estados Partes, ante la evidente falta  de consenso, se limitaron a tomar nota de la existencia de dicho documento.”

“Nada de lo acordado en la 15 COP autoriza al Gobierno de Dinamarca a adoptar esta acción y, mucho menos, a la Secretaría Ejecutiva a incluir en el informe final un listado de Estados Partes, para lo cual no tiene mandato.”

“Debo indicarle que el Gobierno de la República de Cuba rechaza de la manera más firme este nuevo intento de legitimar por vía indirecta un documento espurio y reiterarle que esta forma de actuar compromete el resultado de las futuras negociaciones, sienta un peligroso precedente para los trabajos de la Convención y lesiona en particular el espíritu de buena fe con que las delegaciones deberán continuar el proceso de negociaciones el próximo año.”, concluyó el Viceministro Primero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba.

Muchos conocen, especialmente los movimientos sociales y las personas mejor informadas de las instituciones humanitarias, culturales y científicas, que el documento promovido por Estados Unidos constituye un retroceso de las posiciones alcanzadas por los que se esfuerzan en evitar una colosal catástrofe para nuestra especie. Sería ocioso repetir aquí cifras y hechos que lo demuestran matemáticamente. Los datos constan en las páginas Web de Internet y están al alcance del número creciente de personas que se interesan por el tema.

 

La teoría con que se defiende la adhesión al documento es endeble e implica un retroceso. Se invoca la idea engañosa de que los países ricos aportarían una mísera suma de 30 mil millones de dólares en tres años a los países pobres para sufragar los gastos que implique enfrentar el cambio climático, cifra que podría elevarse a 100 mil por año en el 2020, lo que en este gravísimo problema, equivale a esperar por las calendas griegas. Los especialistas conocen que, esas cifras son ridículas e inaceptables por el volumen de las inversiones que se requieren. El origen de tales sumas es vago y confuso, de modo que no comprometen a nadie.

 

¿Cuál es el valor de un dólar? ¿Qué significan 30 mil millones? Todos sabemos que desde Bretton Woods, en 1944, hasta la orden presidencial de Nixon en 1971 -impartida para echar sobre la economía mundial el gasto de la guerra genocida contra Viet Nam-, el valor de un dólar, medido en oro, se fue reduciendo hasta ser hoy aproximadamente 32 veces menor que entonces; 30 mil millones significan menos de mil millones, y 100 mil divididos por 32, equivalen a 3 125, que no alcanzan en la actualidad ni para construir una refinería de petróleo de mediana capacidad.

 

Si los países industrializados cumplieran alguna vez la promesa de aportar a los que están por desarrollarse el 0,7 por ciento del PIB -algo que salvo contadas excepciones nunca hicieron-, la cifra excedería los 250 mil millones de dólares cada año.

Para salvar los bancos el gobierno de Estados Unidos gastó 800 mil millones, ¿Cuánto estaría dispuesto gastar para salvar a los 9 mil millones de personas que habitarán el planeta en el 2050, si antes no se producen grandes sequías e inundaciones provocadas por el mar debido al deshielo de glaciares y grandes masas de aguas congeladas de Groenlandia y la Antártida?

 

No nos dejemos engañar. Lo que Estados Unidos ha pretendido con sus maniobras en Copenhague es dividir al Tercer Mundo, separar a más de 150 países subdesarrollados de China, India, Brasil, Sudáfrica y otros con los cuales debemos luchar unidos para defender, en Bonn, en México o en cualquier otra conferencia internacional, junto a las organizaciones sociales, científicas y humanitarias, verdaderos Acuerdos que beneficien a todos los países y preserven a la humanidad de una catástrofe que puede conducir a la extinción de nuestra especie.

El mundo posee cada vez más información, pero los políticos tienen cada vez menos tiempo para pensar.

Las naciones ricas y sus líderes, incluido el Congreso de Estados Unidos, parecen estar discutiendo cuál será el último en desaparecer.

Cuando Obama haya concluido las 28 fiestas con que se propuso celebrar estas Navidades, si entre ellas está incluida la de los Reyes Magos, quizás Gaspar, Melchor y Baltasar le aconsejen lo que debe hacer.

Ruego me excusen la extensión. No quise dividir en dos partes esta Reflexión. Pido perdón a los pacientes lectores".
Fuente: http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2010/01/04/el-mundo-medio-siglo-despues/

 

◊Lo que relativizan los progresistas e izquierdistas enfrascados en altas funciones públicas y en la batalla cultural por disputar nuestro apoyo a la ultraderecha. Consiste en compromisos medulares como la erradicación de:

 

1. El menosprecio por la salud pública y el medioambiente sano

 

Medardo Ávila Vázquez (Rebelión), en "Transgénicos y salud", explica uno de los ejemplos fundamentales de la desatención y del desamparo implícitos en anteponer el 'Mercado' o los intereses de oligopolios a la vida: “Los transgénicos son organismos modificados genéticamente con biotecnologías que permiten crear plantas, animales y microorganismos, transgrediendo formas de vida y fronteras entre las especies. Un transgénico se genera cuando material genético de un virus o bacteria, vegetal o animal, es aislado e introducido al genoma de otro organismo; esto lo hace comportarse de manera diferente a organismos de su misma familia, género o especie.

Esta tecnología no es una simple prolongación de la mejora vegetal, llevada a cabo por la agricultura tradicional: al permitir franquear las barreras entre especies, crea seres vivos que no podrían obtenerse en la naturaleza, en un proceso rodeado de incertidumbres, que puede dar lugar a multitud de efectos imprevistos.

Esos avances impactaron en la medicina, la agricultura y la alimentación. En los últimos años, a partir de una industria biotecnológica altamente concentrada, se utilizan para generar nuevos cultivos y desde hace 13 años se siembran en Argentina variedades transgénicas de soja y maíz con tolerancia al herbicida de Monsanto glifosato (Roundup) o resistencia a insectos respectivamente.

Granos transgénicos peligrosos
Las empresas biotecnológicas pregonaban que disminuirían la desnutrición y el hambre. Pero, si bien aumentó la producción, también lo hizo la desigual distribución de los alimentos, de la tierra y de la tecnología, por lo que es más probable que nos alejamos de ese objetivo.

La industria biotecnológica afirma que la equivalencia sustancial de los nuevos alimentos transgénicos los hace igual de inofensivos que sus pares orgánicos, pero esta teoría no se sustenta en estudios imparciales.

Hoy está demostrado, por ejemplo, que el maíz MON863 genera daño hepático y renal en animales y por ello fue retirado de países europeos junto con otras variedades de maíz transgénico (la mayoría de estos países no autorizan cultivar transgénicos).

Para la Academia Norteamericana de Medicina Ambiental (1), existe una relación directa entre ingestión de alimentos transgénicos e infertilidad, desregulación inmune y genética, envejecimiento acelerado y desregulación de la insulina. Desde ese ámbito, se propone una moratoria de sembradíos transgénicos, para analizar en forma independiente la seguridad de estos alimentos.

En paralelo, este sistema de producción incorporó de manera masiva derivados de soja a la cadena alimentaria. La ingestión de esta leguminosa se vincula a mayor incidencia de cáncer, a trastornos tiroideos y de fecundidad y feminización. Excepto en tiempos de hambruna, los asiáticos (desde hace miles de años) la consumen sólo en pequeñas cantidades, como condimento y no como reemplazo de otros alimentos.

Paren de fumigar
El paquete tecnológico en la producción de transgénicos incluye, contra los pronósticos iniciales, la utilización de crecientes cantidades de plaguicidas. Se destaca el uso del herbicida glifosato y del insecticida Endosulfan. Ambos agrotóxicos, propiedad de las empresas Monsanto y Bayer, son seriamente cuestionados en el mundo por asociarse a mayor incidencia de cáncer, daños al cerebro, sistema nervioso e hígado, malformaciones congénitas, esterilidad, abortos espontáneos y alteraciones hormonales.

Son todas manifestaciones reportadas en las poblaciones colindantes con sembradíos de transgénicos y sujetas a fumigación regular con estos químicos, un lamentable ejemplo es la situación del barrio Ituzaingó Anexo, de la Ciudad de Córdoba.

El glifosato mata todo tipo de plantas, excepto las que poseen un gen de origen animal. Antes de la siembra, millones de litros de glifosato se aplican como colchón químico para impedir el crecimiento de malezas. Sólo sobrevive la soja transgénica.

Soja y Dengue
Los daños ambientales generados por la expansión de las plantaciones transgénicas se expresaron con claridad en Charata, Chaco. En la región y hasta el año 2000, las plantaciones de algodón ocupaban 60 por ciento de la superficie y los bosques nativos el 40 por ciento. Hoy existe 90% del territorio con soja y 10 % con bosques, miles de campesinos fueron desplazados y en el año 2009 tuvo la mayor concentración nacional de casos de Dengue. Charata es un lugar donde la biodiversidad fue exterminada y la estructura social distorsionada por la introducción masiva de sembradíos de soja transgénica.

En todo el mundo, ocho países concentran la producción de granos transgénicos; más de 170 no la autorizan. En Argentina, aprovechando el notable aumento de los precios de las commodities, el complejo sojero conforma el 24 por ciento de las exportaciones totales.

Un análisis actual de estos cultivos (2) encontró que no tienen más rendimiento que los tradicionales y consumen más agrotóxicos.

El beneficio para el estrecho grupo de multinacionales que poseen las patentes de semillas y químicos es enorme. Los daños a la salud, nunca cuantificados, están siendo reconocidos cada vez más".
(1) www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Noticias/Alimentos
(2) http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/science_and_impacts/science/failure-to-yield.html

Medardo Ávila Vázquez es médico y Ex Secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Fuente: www.rebelion.org/ Argentina/ 26-1-10

 

Las corporaciones dominantes en el sistema global de agro-industrias prosiguen y proseguirán ampliando sus negocios criminales:

Publicado por Norberto Costa

Escándalo de Salud de la Década

(Martes 19 de enero de 2010 - Byron Richards, CCN)

"En el ciclo agrícola 2010 Monsanto planea liberar al medio ambiente su experimento Frankenfood más reciente en el público americano, canadiense. Una nueva versión de maíz genéticamente modificado con una apilación anormal de ocho genes llamado Genuity maíz SmartStax. Es la culminación de un escándalo asombroso que se ha ido construyendo en los últimos diez años. Durante este tiempo las semillas de Monsanto han crecido un 90% en cultivos de soya de EE.UU. y en 85% en cultivos de maíz. El trigo es el siguiente en su agenda.

Sus esfuerzos han estado marcados por la intimidación corporativa y han llamado la atención del Departamento de Justicia, el cual está llevando a cabo una investigación antimonopolio. Todo este tiempo la empresa ha gastado millones de dólares en cabildeo político para acelerar la consecución de sus metas antes de que el público estadounidense tome conciencia de lo que les golpeó. Los europeos están furiosos por la falta de pruebas de seguridad para este experimento más reciente de Monsanto. Monsanto está haciendo un juego de poder siniestro dentro del mercado mundial de alimentos y semillas. Está alterando la naturaleza de los alimentos.

Pocas personas comerían “alimentos” de Monsanto si tienen conocimiento de los que se están comiendo. El Presidente Obama y su familia no se lo comerían. Tampoco la familia Bush. Incluso una cafetería para los empleados de Monsanto rechaza este tipo de alimentos. Esto no es cosa de risa. Su salud y la salud de sus hijos y nietos están en juego. Se parece más a una escena de una película de terror que algo que sucede en los modernos Estados Unidos (…)".

Fuente: http://boletinmovidaambiental.blogspot.com/2010/02/la-perversion-de-la-alimentacion.html

2. La continuidad y profundización de la concentración-desnacionalización económica y territorial

 

A. A través de la megaminería y la IIRSA

Marcelo Giraud, en "Chile-Argentina: una cordillera enajenada. Políticas y perspectivas de la minería", se refiere a la relevancia creciente de la minería a cielo abierto que:“en nuestro país,  se da en el marco de las normas propuestas por la doctrina neoliberal, con la sanción del nuevo Código de Minería y otras medidas económicas que implican una amplia promoción y beneficios extraordinarios al gran capital minero transnacional. (...)

 

Dentro del universo de minería argentina, la participación del Estado es muy marginal y casi en su totalidad son empresas extranjeras. (...)

El gran objetivo es la extracción de oro y el cobre.(...) ". Fuente: Realidad Económica Nº 248 de noviembre/ diciembre de 2006 / www.iade.org.ar

Darío Aranda entrevista a: "periodistas chubutenses que rechazan el lugar común de “especialistas”. Javier Rodríguez Pardo, de 65 años, habla de forma enérgica, alza la voz, se apasiona, por momentos pareciera arengar a una multitud. Luis Manuel Claps, de 32, mantiene el perfil bajo, habla lentamente, piensa detenidamente cada frase. Rodríguez Pardo acaba de publicar Vienen por el oro, vienen por todo, libro donde explica y detalla la avanzada minera en el país. Claps es editor del sitio internacional Minería y Comunidades y creador de Oro Sucio, uno de los primeros portales argentinos que abordaron la acción de las empresas y las resistencias de las comunidades. Aunque rechazan de plano el encasillamiento, son los dos periodistas argentinos que más conocen sobre la situación minera. Sus artículos, investigaciones y ponencias suelen ser tomados como propios por colegas, legisladores (en ejercicio y electos) e intelectuales, aunque rara vez los citan como fuentes. Pero, por sobre todo, Rodríguez Pardo y Claps tienen en común que caminaron cada pueblo del país que lucha contra la minería metalífera a gran escala –con sopas químicas y enormes consumos de agua–, ponen el cuerpo en esa lucha y son de absoluta confianza de las asambleas que existen a lo largo de la cordillera. Autodefinidos como “activistas”, Página/12 los reunió para analizar el papel de los gobiernos de la región, las comunidades que resisten, el papel de los medios de comunicación y el mundo académico".

Javier Rodríguez Pardo: –Es cierto. Esto es una lucha interminable y tiene que ver con el modelo extractivo, el saqueo de los bienes comunes. Por eso cuando decimos vienen por todo, que lo iniciamos en Esquel, es por los metales, la biodiversidad, todo. Latinoamérica tiene el 70 por ciento de la diversidad biológica de todo el planeta. Es un método planificado. Somos nenes de pecho en este despojo organizado. Esto está en los textos del Norte, lo explican ellos mismos. Saben dónde ir a buscar minerales, biodiversidad. Vienen, contratan al INTA, a las universidades, y sacan información general de campo sobre la diversidad local.

 Luis Manuel Claps: –Siempre decimos que el modelo extractivo está vinculado. Hay empresas con intereses sojeros y mineros. La extracción de potasio, con enormes consumos de energía y agua, es para fertilizantes. Entonces no se puede hablar del agro sin hablar de minería. Es un mismo modelo, de derroche de energía, agua, de avasallar derechos.

–¿Qué papel juega la Iniciativa para la Integración Regional Suramericana (Iirsa), que contempla 500 proyectos de gran infraestructura en transporte, energía y telecomunicaciones para la región?

J. R. P.: –Iirsa es un megaplan de infraestructuras que se crea para explotar los recursos naturales de toda América latina. Son las vías del saqueo, rutas bioceánicas, puertos, hidrovías, represas. Se trata de dividir el continente sudamericano en ejes que permitan crear una infraestructura para comercializar con mayor rapidez al más bajo costo. Y tratarán de multiplicar las industrias que el Primer Mundo envía para acá, como las pasteras, todas con enormes consumos de agua y biodiversidad.

L. C.: –Por eso es un gran error creer que una actividad es peor que otra. Soja, pasteras y mineras son partes del mismo modelo. Lo curioso es que ese modelo se fortalece cuando supuestamente tenemos gobiernos progresistas. Personas como el presidente de Ecuador (Rafael Correa) tiene una contradicción muy grande porque su base de sustentación rechaza las mineras, que son bienvenidas por los sectores opositores a su gobierno".

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-133062-2009-10-07.html

 

B. A través de la soja y los otros agronegocios

Miguel Teubal , en "Soja y agronegocios en la Argentina: la crisis del modelo", explica sobre: "Neoliberalismo y sector agrario
Desde los años ´70 a esta parte se produce un intenso proceso de sojización en el país, basado en la preeminencia de la producción de soja en detrimento de otros productos agropecuarios. Se trata de un modelo que adquiere un cariz muy especial a mediados de los ´90 cuando se libera al mercado la soja transgénica. A partir de entonces la Argentina se transforma en uno de los principales países del Tercer Mundo en el que se cultivan transgénicos.

La soja en nuestro país crece en forma espectacular. La producción de esta oleaginosa pasa de 3,7 millones de toneladas en 1980, a 11 millones en 1996/97 y a 47,5 millones en 2006/2007. Fue así como pasó de representar el 10,6% de la producción granaria total en 1980/81 a mas del 50 % en 2006/2007. Entre 1996/97 y 2006/2007 91,7% del aumento de la producción de granos en el país correspondió a la soja. El auge de la soja se manifiesta también en la superficie destinada a este cultivo. Si bien cuando se libera al mercado la semilla transgénica en el año 1996 se destinaba 20% de la superficie granaria total a este cultivo, en la actualidad más del 53% del territorio destinado a los granos se destina al mismo. Asimismo, el cultivo de la soja es en su casi totalidad transgénica, y más del 90% de su producción se exporta. (...)

Dichos procesos operan en el marco de arreglos institucionales que facilitaron la consolidación de un sistema de agronegocios en el país. Se trata de un sistema que propicia el control por parte de grandes empresas transnacionales de sectores clave del sistema agroalimentario argentino: la provisión de semillas e insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial (la industria alimenticia) y la comercialización de la producción, tanto para el mercado interno (super e hipermercados) como para la exportación. (...)

Todo ello comenzó a cambiar durante la dictadura militar, y se enmarca en la globalización y el predominio del capital financiero: surge un nuevo régimen de acumulación para el agro y el sistema agroalimentario en su conjunto en el que opera la lógica de los agronegocios. Estas grandes empresas transnacionales o transnacionalizadas a que hacemos referencia van definiendo cada vez mas aspectos esenciales de la política agropecuaria. Un hito importante es el decreto de desregulación del año 1991 que eliminó de cuajo todas las juntas reguladoras de la actividad agropecuaria – la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, entre otras – que operaban desde los años ´30 a esta parte. De golpe el agro argentino se transformó en uno de los más desregulados del mundo sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial. Se trata de producir commodities orientados a la exportación, basándose en “tecnología de punta” y en grandes unidades productivas. Debían desaparecer 200.000 explotaciones agropecuarias consideradas ineficientes.

Durante la dictadura el banco de semillas del INTA se desmontó, y ese conocimiento pasó a las corporaciones que llegaban al país. Se abrió el banco genético de la biodiversidad y se empezó a compartir con las multinacionales. Se manifiestan nuevas revoluciones tecnológicas, primero los híbridos, luego los transgénicos, ambos dominadas por grandes empresas. El productor agropecuario que siempre reprodujo su propia semilla ahora se ve inducido a comprarla año tras año a las transnacionales. Además, son semillas que van acompañadas por paquetes tecnológicos, por ejemplo, la siembra directa, que requieren grandes cantidades de agrotóxicos para matar la maleza, y maquinaria y equipo no siempre accesibles para medianos y pequeños productores.

Se flexibilizan las leyes de arrendamiento mediante el nuevo contrato por una cosecha, y surge la figura del contratista, con o sin tierra propia. Se privatizan los silos y los puertos y se va configurando un nuevo complejo agroexportador dominado por las grandes exportadoras, que tallan cada vez más fuerte en el panorama agrario nacional. Luego están los grandes productores agropecuarios, y surgen los pool de siembra, fideicomisos que arriendan y contratan a contratistas para llevar a cabo el proceso productivo.

En el resto del sistema agroalimentario, la industria alimentaria se extranjeriza en su casi totalidad y crecen significativamente los supermercados e hipermercados, en donde el capital extranjero talla fuerte.

Actores económicos y sociales del agronegocio
Tras la crisis y devaluación del 2002 y el boom de los precios de los commodities en los mercados internacionales se intensifica el modelo del agronegocio y la crecente sojización del país. Se intensifica el accionar de los pooles de siembra, de los grandes sojeros, y cobra mayor fuerza aun el modelo agroexportador liderado por grandes exportadoras aceiteras y cerealeras.

Quizás uno de los actores económicos más importantes del modelo lo constituyen éstas grandes exportadoras lideradas por Cargill, Bunge Argentina, LCD Argentina (Dreyfus); Aceitera General Deheza, y Nidera, entre otras. Paulatinamente aumentan su posición en la escala de empresas exportadoras. En la actualidad son empresas que se encuentran entre las 10 principales exportadoras del país (acompañadas por YPF-Repsol, Minera Alumbrera y Teneris Siderca). En el 2007 exportaron por un total de 14 mil millones de dólares 26,6 por ciento de las exportaciones totales. Las aceiteras y cerealeras son demandadas por el fisco por una presunta evasión de 1783 millones de dólares por retenciones no pagadas.

Uno de los nuevos actores económicos que aparecen en el panorama agrario del país y que se vinculan con el sector financiero son los pooles de siembra. Estas arrancan a principios de los noventa. Al comienzo sólo integran a productores agropecuarios que necesitaban “ganar escala para sobrevivir”. Según informantes del sector, con el boom del campo (y el alza en las cotizaciones internacionales de los granos) los pooles de siembra “se transformaron en una alternativa cada vez más atrayente para una serie de inversores,” inclusive extra agropecuarios. En los últimos años, se refinó el marco legal y su seguridad jurídica a través de la figura del fideicomiso".

 

Miguel Teubal señala:"El modelo sojero produce una enorme concentración de la tierra en pocas manos ya sea por la adquisición de la tierra por grandes productores o por su arrendamiento por los “Pooles de Siembra”. Como consecuencia en los últimos 10 años se han perdido más del 20% de los establecimientos productivos.

La obvia consecuencia de esta concentración es que ha disminuido de manera dramática la producción de alimentos básicos para nuestro pueblo. Por citar sólo un ejemplo: el número de explotaciones lácteas disminuyó 50 por ciento entre 1988 y 2003, pasando de 30 mil a 15 mil.

En el caso del algodón su producción disminuyó en un 40% en la provincia de Chaco y un 78% en la provincia de Formosa como consecuencia del avance de la soja.

Miles de campesinos son expulsados violentamente de sus tierras para imponer este modelo y son criminalizados por resistir los desalojos y el avance de la soja. El Mocase-VC y el Movimiento Nacional Campesino Indígena permanentemente denuncian la persecución de campesinos del movimiento a causa de resistir la expulsión de sus tierras en forma violenta para imponer el cultivo de soja.

 

Finalmente es fundamental tener presente que la introducción de la soja transgénica en Argentina fue el mecanismo elegido por Monsanto para inundar de transgénicos el Cono Sur ya que fue desde Argentina desde donde se comercializó de manera ilegal la soja transgénica a Brasil, Paraguay y Bolivia (países en los que el cultivo de los transgénicos estaba prohibido), inundando estos países de transgénicos e imponiendo así, a partir de la contaminación, la República Unida de la Soja que poco tiempo después publicitaba Syngenta". Fuente: www.ecoportal.net / 25-8-09

 

C. A través de la reactivación industrial

◊Cash dialogó con Azpiazu sobre las principales conclusiones a las que arribaron Daniel Azpiazu y Martín Schorr en su trabajo “Del modelo de los noventa a la posconvertibilidad”, publicado en Realidad Económica Nº 240.

 –¿Qué cambios hubo en el sector industrial a partir de la recuperación de la economía post convertibilidad?
–Hubo una reactivación industrial y se quebró el modelo de desindustrialización que arrancó en el ‘76. La nueva paridad cambiaria y los bajos costos salariales en dólares potenciaron el perfil exportador, vinculado con la producción de commodities. Recién en el 2005, el mercado interno absorbió lo mismo que en 1998, en términos de producción industrial.

–Este perfil que describe, ¿se diferencia del de los ’90 o guarda similitudes?
–Se mantiene el perfil exportador de los ’90, no hay grandes cambios. Pero si bien hasta 2006 las cifras muestran superávit comercial, en 2007 y 2008 se transforman en déficit industrial. Vuelven a aparecer las figuras del stop and go de la industrialización sustitutiva: crece la industria y necesita bienes de capital, pero la industria de bienes de capital desapareció, lo que genera una restricción de insumos. Esto se agravó en los últimos meses con la crisis financiera porque bajaron los precios de los commodities. O sea que desde fines del año pasado, por más que el Estimador Mensual Industrial diga lo contrario o recién lo reconozcan ahora, hay una caída.(...)

La única política activa que hubo fue la promoción industrial que favoreció a los grandes oligopolios (las siderúrgicas, las automotrices y las de procesamiento de soja). En medio del conflicto con el agro, se les dio beneficios de promoción a los que procesan soja para la exportación y a las que producen biodiesel a partir de la soja. Más aún, se promocionaron proyectos que, de todas formas, se hubiesen hecho porque estaban las condiciones dadas en el escenario internacional".
 Fuente: Página 12 - 30.03.2009

◊Daniel Azpiazu y Martín Schorr, en "Del «Modelo de los Noventa» a la Posconvertibilidad" reflexionan sobre las continuidades y rupturas en la industria argentina. Extraigamos los siguientes fragmentos del extenso artículo para analizar cuál es el tipo de reactivación industrial que se produjo:

Fuente: Realidad Económica Nº 240 de noviembre-diciembre de 2008/ www.iade.org.ar

 

3. La militarización de países y territorios para garantizar el saqueo

 

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info), en "Haití: Ocupación militar, varios siglos de pillaje y superexplotación y algunas semanas de migajas humanitarias", aclara en el ítem:

 

"VI. ACTUALMENTE HAY EN HAITÍ UNOS 18.000 SOLDADOS ESTADOUNIDENSES Y 12.000 SOLDADOS Y POLICÍAS DE LA MINUSTAH,

ES DECIR UNA FUERZA MILITAR, EN PROPORCIÓN A LA POBLACIÓN Y AL TERRITORIO, EQUIVALENTE A

LAS FUERZAS ARMADAS DESPLEGADAS EN AFGHANISTÁN Y EN IRAK.

 

Es obvio que la ocupación yanqui forma parte de la estrategia de consolidarse militarmente en la región (etapa precedente golpe en Honduras) y que no se detendrá en la prosecución del objetivo de intentar recuperar íntegramente el “patio trasero”, mientras patina militarmente y pierde rápidamente terreno en el plano económico en otras partes del mundo. China ya es, en las finanzas y en el comercio internacional, la primera potencia económica mundial".

Fuente: http://www.argenpress.info /28-01-2010

 

A su vez, en la Argentina, la Agencia de Noticias Red Acción reproduce a Prensa Unión de Asambleas que le transmite (1° de Febrero de 2010):

 

La Declaración de la UAC/ Unión de Asambleas Ciudadanas
Sobre la criminalización y judicialización de la protesta social
Contra el saqueo, la contaminación y la militarización de nuestros territorios

Como colectivo asambleario creemos que, sin lugar a dudas, la judicialización y criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a nuestro país en particular.

En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de la seguridad preventiva, considerando que es necesario "prevenir" toda manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro "destino manifiesto". Sin embargo, una vez "puestas de manifiesto" esas oposiciones, ya no basta la prevención y se les hace necesario desplegar mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los territorios, entendidos por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como ámbitos en los que se construye el sentido de la vida.

La represión y criminalización: Son muchas las modalidades de represión que las empresas capitalistas, transnacionales y nacionales, junto con los poderes políticos locales lanzan sobre las voces de protesta. Algunas de las más concretas implican el uso de los aparatos del estado para ejercer la represión directa, el despliegue de estrategias de judicialización y criminalización de los movimientos populares y la militarización de los territorios en conflicto. Sin embargo, no son sólo las fuerzas públicas de seguridad las que operan en estos casos, sino también fuerzas privadas contratadas por las empresas, cuya existencia responde a un proceso de privatización de los aparatos de represión.

La violencia represiva: Esta violencia represiva directa ejercida sobre las asambleas, comunidades y organizaciones sociales es acompañada a su vez por mecanismos de control social, que permiten el ejercicio de la represión simbólica, anulando así toda posibilidad de desarrollo de otras visiones del mundo y de diferentes formas de vida.

Las víctimas: Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y campesinas, trabajador/as desocupados/as y precarizados/as y poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de "desarrollo" de esta fase del capitalismo neoliberal, muchas de las cuales se constituyen en asambleas e integran la UAC.

Los medios informativos y la "invisibilización": Sin embargo, nuestra condición de víctimas de la represión es totalmente desvirtuada por los medios de comunicación masivos que se encargan de presentar las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y por ende, a los/as sujetos sociales que las promueven como delincuentes, tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí.

Esta función de los medios de (in) comunicación masiva se hace posible dado que ellos SON el poder, constituyendo el aparato ideológico de la globalización, jugando un papel para deformar la realidad en beneficio de sus intereses y fabricar una opinión pública favorable al sistema.

Este poder mediático hoy está por delante del poder económico y financiero. Su rol ideológico implica el desconocimiento de uno de los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho ciudadano a la información y el conocimiento, tergiversando la misma a través de sutiles formas de propaganda del producto o la moda que se quiere imponer.

El "discurso único" y la "demonización" de las luchas sociales:

De esta manera, pasan a demonizarse las luchas de quienes se oponen al Saqueo y la Contaminación. En esta instancia también se suma la invisibilización de los disensos, es decir que se desacreditan y esconden las investigaciones científicas que demuestran los impactos negativos, dando visibilidad a todos aquellos académicos funcionales al sistema de saqueo y contaminación. De la misma manera se desacredita todo aquello que provenga de la acumulación de saberes ancestrales, a través de una serie de falsedades como que quien se opone a este modelo, se opone al "progreso" y al desarrollo. Son nuevamente estos mismos medios masivos de in-comunicación los que NO dicen que este modelo es sólo de crecimiento económico, NO dicen que el desarrollo y el progreso así NO son posibles.

La aprobación de la ley antiterrorista a nivel nacional y las reformas de los códigos contravencionales que se vienen implementando en varias ciudades del país, son consecuencia de este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general.

Estos mecanismos legales justifican la vigilancia, la persecución y el control sobre las poblaciones y comunidades, en especial las que se oponen a la devastación de los territorios por parte de los grandes capitales, las que desarrollan estrategias de supervivencia frente a un modelo que los lanza hacia la exclusión y la pobreza y las que se empeñan, desde hace más de 500 años, en ser reconocidas y respetadas en su diversidad étnica, cultural y espiritual.

 

¿Quiénes son los terroristas?:

Teniendo en cuenta el marco legal de la criminalización de la protesta y la pobreza, es importante destacar que el artículo 213 ter de la ley antiterrorista aprobada en la Argentina en 2007 considera que una asociación ilícita terrorista es aquélla que reúne las siguientes características; -tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; -estar organizada en redes operativas internacionales; y -disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida y la integridad de un número indeterminado de personas. Frente al contenido de este posicionamiento podemos vislumbrar quienes son los verdaderos terroristas.

Tanto la propagación de distintos odios, como la existencia de redes operativas internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un número indeterminado de personas son características completamente aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las formas tradicionales de habitarlos a la mercantilización de la naturaleza y de toda expresión de vida.

 Por todo esto la UAC se pronuncia en repudio absoluto de:

·          La persecución, criminalización y judicialización que vienen sufriendo las compañeras de las Asambleas Riojanas de Chilecito, Famatina y Sanagasta de la Rioja por defender su territorio ante la inminente explotación minera. Así como también, las distintas agresiones y atropellos que las mismas vienen padeciendo por parte de la Empresa minera Yamana Gold y las fuerzas represivas del estado. Esta empresa es la responsable de atacar a dos compañeras que integran estas asambleas con la complicidad y el visto bueno del gobierno local, además de abrirles causas penales a distintos vecinos y vecinas, también asambleístas, por no permitir que la empresa ingrese al sector donde pretende explotar y llevar adelante el emprendimiento megaminero a cielo abierto.

·          Los diversos atentados que viene sufriendo el pueblo de Loncopué y de Campana Mahuida en Neuquén por parte de la empresa minera Emprendimientos Mineros S.A., de origen chino, que pretende instalarse en dicha localidad. Creemos que los incendios intencionales de las casas de vecinos que integran las asambleas, la destrucción de la Radio FM Arco Iris que difunde la lucha, los apagones vividos en el pueblo y la persecución a los compañeros y compañeras que vienen resistiendo son parte de la criminalización a quienes venimos defendiendo el territorio del que somos o nos sentimos parte. En este sentido repudiamos de manera tajante la actitud de la empresa por su accionar y del gobierno de turno por permitir y ser cómplice de los hechos sucedidos.

·          Los hechos gravísimos que vienen viviendo los compañeros y compañeras del colectivo Semillas del Sur que, en defensa del territorio, resisten a las fumigaciones de Agrotóxicos junto a los vecinos y vecinas del Departamento de Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba. Esta defensa territorial recibe como respuesta del poder la persecución y represión directa por parte de las fuerzas represivas del estado que actúan sin medir las consecuencias poniendo en riesgo la vida de los compañeros y compañeras que vienen resistiendo al modelo sojero impuesto en la provincia. Estos actos por parte del poder local y sus aliados son de nuestro absoluto rechazo, así como también, las represalias que llevaron adelante con el intento de desalojo del centro cultural "El Semillero", perteneciente al colectivo Semillas del Sur, y la destrucción de dos casas de compañeros del mismo colectivo con la excusa de "no respetar el código de edificación". Esto demuestra que, no sólo nos imponen el modelo de saqueo y contaminación, sino también la forma en que quieren que vivamos.

·          El desalojo violento de la comunidad Paisil Antreao de Villa La Angostura, Neuquén, y la militarización del territorio ancestral al que pertenece. La comunidad viene siendo amenaza y con intentos de desalojos desde hace varios años, al mismo tiempo que los alambrados de los privados le fueron reduciendo su territorio, tal como viene sucediendo a muchas comunidades, producto de la concentración de tierras y el avance de los privados, como consecuencia de la especulación y negocios inmobiliarios. De esta manera, creemos que es importante destacar el no reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios por parte del estado y sus instituciones, que actúan como cómplices y garantes de estos hechos sin respetar el articulo 75 de la Constitución Nacional , el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de comunidades indígenas. Por esto, creemos que los hechos sucedidos a la comunidad Paisil Antreao es una manera de criminalizar la cultura, la espiritualidad y formas distintas de concebir la vida y su desarrollo, tal como lo demuestra la destrucción del rewe, que es el espacio territorial y sagrado históricamente heredado de sus ancestros y en el que se comunican con los mismos en relación armónica con la naturaleza. La destrucción del rewe es la destrucción misma de la comunidad y por eso rechazamos, sin reparo alguno, estas formas de operar de las fuerzas de seguridad que implican la reproducción de la negación histórica de los derechos ancestrales de los pueblos originarios.

Estos son sólo algunos de los casos de criminalización, persecución y represión que vienen acechando, de manera sistemática y continua, a lo/as protagonistas de las luchas contra las políticas de recolonización.

Frente a este contexto represivo y criminalizador, nos solidarizamos con cada uno de los compañeros y compañeras que vienen dando batalla en defensa del territorio al que pertenecen, territorio del que nos sentimos parte todos y todas. También damos nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras de Andalgalá en Catamarca y Palma Sola en Jujuy que se encuentran en plena movilización por la inminencia de la puesta en marcha del megaemprendimiento minero Agua Rica y la implantación de transgénicos, respectivamente, que están causando estragos irreversibles en la población".

Enero de 2010 Fuente: www.anred.org / 2-2-2010

En consecuencia, el conflicto central para hacernos cargo de garantizar los derechos de todos nosotros y los de generaciones futuras al buen vivir, se entabla con el capitalismo o el sistema que instaura el creciente enriquecimiento de oligopolios por saqueo sin límites hasta que nosotros se los impongamos. Concretar lo último, nos desafía a relacionarnos de modo pluricultural e intercultural hacia constituir nuestra unidad de voluntad de emanciparnos del capitalismo o del sistema de saqueo e impunidad por armonizarnos en sociedades e interrelacionarnos con la biosfera conforme a su dinámica de evolución en conjunto.

 

Afirmarnos en el enfoque de promover la salud pública a través de la planificación, la puesta en práctica y la verificación de cumplimiento o rectificación del desarrollo integral de territorios interconectados dentro del país y con los del continente-mundo. Esto nos plantea la prioridad de asegurar -a las grandes mayorías- condiciones para vivir y trabajar en plena dignidad humana. Al mismo tiempo, nos exige repoblar la Argentina con recuperación de los territorios por la diversidad popular para superar la desertificación y otros desequilibrios ecológicos y construir tanto la soberanía alimentaria como la energética.

 

Es una toma de conciencia colectiva de qué funcionamiento socioeconómico debemos instalar y cómo establecerlo. Pero este logro político no basta ante:

  • Los medios de (in) comunicación masiva, que constituyen el aparato ideológico de la globalización, jugando un papel para deformar la realidad en beneficio de sus intereses y fabricar una opinión pública favorable al sistema.
     

  • La "invisibilización", el "discurso único" y la "demonización" de las luchas sociales (que se da a través de los grandes medios) practicados por la política de disuasión de todos los poderes establecidos para la gobernabilidad del sistema de saqueo e impunidad. Política que está incluida en "la guerra de la OMC, el FMI, el BM y también la ONU (como en Haití). Es una guerra que no aparece como tal pero que condena a los pueblos a la desaparición por desposesión paulatina pero implacable", aclara Ana Esther Ceceña.
     

  • La política de disuasión con campañas que "desacreditan y esconden las investigaciones científicas que demuestran los impactos negativos, dando visibilidad a todos aquellos académicos funcionales al sistema de saqueo y contaminación. De la misma manera se desacredita todo aquello que provenga de la acumulación de saberes ancestrales, a través de una serie de falsedades como que quien se opone a este modelo, se opone al 'progreso' y al 'desarrollo'".
     

  • "La aprobación de la ley antiterrorista a nivel nacional y las reformas de los códigos contravencionales que se vienen implementando en varias ciudades del país, son consecuencia de este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida, y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la justicia y de los poderes políticos en general.

    Estos mecanismos legales justifican la vigilancia, la persecución y el control sobre las poblaciones y comunidades, en especial las que se oponen a la devastación de los territorios por parte de los grandes capitales, las que desarrollan estrategias de supervivencia frente a un modelo que los lanza hacia la exclusión y la pobreza y las que se empeñan, desde hace más de 500 años, en ser reconocidas y respetadas en su diversidad étnica, cultural y espiritual"    .

De ahí la importancia de constituir un frente cultural político de las organizaciones populares en lucha contra la mercantilización del sector público, de los bienes comunes, de las artes,... y el avasallamiento implícito en el avance del modelo extractivo.

 

Desde ya estamos: POR UNA COORDINADORA CONTRA LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA

 

El próximo 22 de febrero en el Hotel Bauen, organizaciones de derechos humanos, obreras, estudiantiles, políticas, etc. convocamos a una reunión con el objetivo de conformar una coordinadora amplia que reclame el cese a las persecuciones a los mas de 4000 procesados que reclaman y se movilizan en todo el país.

Así como hemos realizado acciones unitarias frente al procesamiento de los ferroviarios y fueron absueltos, así como venimos desarrollando una creciente campaña por las absolución de los estudiantes la UBA - ARQUITECTURA y la justicia postergó recientemente la fecha del juicio, creemos necesario profundizar esta experiencia y conformar un espacio democrático donde unifiquemos la lucha frente a la judicialización de la protesta social, con el objetivo de generar las campañas necesarias y movilizaciones como medio de evitar que se penalizen los reclamos sociales.

Convocamos a las diferentes organismos de derechos humanos, diputados, representantes sociales, organizaciones políticas, obreras, estudiantiles, etc., etc.,. a la primera reunión, todos aquéllos que deseen sumarse a la convocatoria por favor hacer llegar su adhesión al siguiente e-mail:sebastiangoldfarb@gmail.com

Fuente: BOLETÍN DE NOTICIAS de MOVIDA AMBIENTAL

 

 

 

Organización  ((VOLVER))

 

Para salir del saqueo

Requiere de nosotros -los de abajo- tomar partido a favor de quienes se hacen cargo de defender de los aplastamientos siguientes:

 

1. Oferta e impulso a negocios de grandes capitales versus la vida y dignidad de los pueblos

 

"En la misión comercial que encabezó el canciller Jorge Taiana en la República de China, con la finalidad de promover las inversiones en la actividad minera en Argentina, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, presentó en Beijing el seminario “Minería Argentina: Oportunidades de Inversión”, en donde destacó que “la Argentina será en la década del 2020, sin lugar a dudas, una potencia minera, multiplicando por 10 la producción de cobre e incrementando notablemente la de plata, mientras que el oro también aumentará su producción dos veces y media, colocando a nuestro país al quinto puesto”.

Mayoral manifestó que “para ello estamos armando una estrategia, interpretando hacia dónde va el mundo para poder insertar a la Argentina en ese rumbo y atraer un importante flujo de inversiones que nos permitan desarrollar el sector, generar empleo y crecimiento con equidad en las zonas más alejadas”.

En el Primer Encuentro de Negocios Mineros Argentino-Chino que se realizó en Beijing, organizado por el Ministerio de Planificación de la Nación y el Ministerio de Recursos Naturales de China, el secretario sostuvo que “el seminario tuvo un éxito rotundo. Participaron más de 80 empresas, superando con creces nuestras expectativas. Habíamos previsto un evento más pequeño pero el gran interés que despertó el seminario hizo colapsar el lugar”.

Mayoral explicó la importancia de los convenios realizados durante la ronda de negocios, y agregó que “se firmaron convenios importantes porque significan inversiones vinculadas a la realidad federal: San Juan, Jujuy y La Rioja. Estas inversiones iniciales por $140 millones se traducirán en más empleo, más Pymes proveedoras y más oportunidades para los habitantes de esas provincias”.
28 de enero de 2010 (prensargentina)
 http://www.derf.com.ar/noticias.asp?cod_des=316445&ID_Seccion=33

http://argentinacontaminada.blogspot.com 3/02/2010la-boca-se-te-haga-un-lao.html

 

◊ El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral

El negocio que tiene que regular y controlar mueve, sólo en la Argentina, US$ 5.000 millones. Y el funcionario lo conoce muy bien, ya que posee compañías en el sector. La diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, denunciará hoy ante la Justicia al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, por “tráfico de influencias” y “negociaciones incompatibles con la función pública”.

La legisladora aportará ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, una investigación de la que surgen reiterados nexos entre la multinacional canadiense Barrick Gold y el funcionario kirchnerista.

El informe de Reyes recuerda que, según consta en su propia declaración jurada, Mayoral tiene participación accionaria en tres empresas mineras: Micas Argentinas SRL, Minvail SA y Millstone, y señala que esta última comparte domicilio con la sede argentina de la multinacional Barrick Gold.

Mayoral reconoció que es dueño del 15 por ciento de las acciones de Millstone, una compañía radicada en la provincia de San Juan que, según el directorio de empresas que figura en la página de la Secretaría de Minería, tiene domicilio también en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Marcelo T. de Alvear 624 1º piso. Allí mismo, figuran las empresas Barrick Exploraciones Argentina S.A., J. S. Redpath, Rodeo S.A., Newcrest Minera Argentina SA y Minera Peñoles.

Las coincidencias no terminan ahí. De acuerdo al informe que aporta Reyes, el presidente de la empresa de Mayoral es Hernán Atanasio Celorrio, quien fue durante diez años directivo de Barrick Exploraciones Argentina S.A. Celorrio es un consultor en derecho administrativo y minero que se desempeñó como presidente de Barrick hasta 2006 y fue uno los gestores de Veladero en San Juan y sentó las bases del lado argentino para el proyecto binacional Pascua Lama, que se está iniciando junto con Chile. En la década del 90, ya había sido uno de los artífices de la legislación que aprobó el menemismo para brindarles a las mineras un marco impositivo de privilegio aún vigente.

Sin embargo, el experimentado Celorrio no es el único empresario que aparece mencionado en el informe. Eduardo Represas, su socio en la compañía Novus Argentina, integra además el directorio de Minera Río Tinto junto a Igor Alcides González Galindo, nada menos que el actual presidente para Sudamérica de la Barrick. Todas las compañías tienen domicilio en el primer piso de Marcelo T. de Alvear 624.

Cuando, en 2006, se supo que Mayoral era dueño de tres empresas mineras, el secretario de Minería relativizó la importancia de las firmas: “Ni siquiera llegan al volumen de una pyme y la mayoría ni tiene actividad desde que estoy en Buenos Aires”, aseguró.

“Las empresas cuentan con los beneficios fiscales otorgados por la Ley de Inversiones Mineras. No obstante esto, la Oficina Anticorrupción resolvió que el funcionario puede seguir en sus funciones absteniéndose de intervenir en los asuntos atinentes a las mencionadas compañías”.

La diputada viene trabajando hace tiempo sobre la trama de intereses que gira en torno a la explotación minera. Después de que Cristina Fernández de Kirchner vetara, en noviembre pasado, la Ley de Glaciares que había sido sancionada por unanimidad en el Congreso, la diputada nacional realizó el informe titulado “La punta del iceberg”. Allí, denunció la vinculación entre la empresa Bentonita Santa Gema, propiedad del senador nacional César Gioja, y la minera Barrick Gold, dado que la compañía del hermano del gobernador sanjuanino se jactaba en su propia página web de ser proveedora de la multinacional minera.

Sobre la base de ese informe, el fiscal Federico Delgado realizó la primera denuncia penal correspondiente que quedó radicada en el juzgado de Martínez de Giorgi quien investiga “tráfico de influencias” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, delitos que figuran en el artículo 265 y 265 bis del Código Penal.

“Es la primera vez que una investigación hace evidente la relaciones existentes entre Mayoral con importantes empresas mineras, entre ellas la Barrick Gold, una de las mayores interesadas en el veto presidencial a la Ley de Glaciares”, le dijo Reyes a Crítica de la Argentina.

El secretario de Minería fue secretario de la Cámara Minera de San Juan y llegó a la función pública durante el interregno de Eduardo Duhalde, recomendado por José Luis Gioja. Sin embargo, cuando los Kirchner arribaron al poder rompió lanzas con sus promotores, pasó a responder al ministro de Planificación, Julio De Vido, y comenzó a trabajar en un proyecto propio para ser gobernador de San Juan. Por eso, pese a sus coincidencias filosóficas, ahora el clan Gioja intenta desplazarlo".

http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=30867 /16-9-09

 

  ◊ Los «Vecinos Autoconvocados por la Vida de Andalgalá»

Raquel Schrott - Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA) relatan: "Para los vecinos de la ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, se van a cumplir dos meses de que, enterados de la existencia de una concesión minera -conocida como Pilciao 16- bajo sus propios pies, decidieron impedir el paso de vehículos que transporten materiales para el proyecto minero Agua Rica, un emprendimiento que se encuentra en un avanzado estado de desarrollo.

«No pueden demostrar que no contaminan y no pueden demostrar que no destruyen».

 

Sobre un camino comunal, en la cercana localidad de Chaquiago, los vecinos se convocaron en asamblea criticando la falta de información sobre los titulares y la modalidad de operación de Agua Rica, señalando que su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ha sido objetado y que los transportes mineros no respetan la normativa vigente. Además, destacaron que los nevados de Aconquija ―a cuyos pies se encuentra Andalgalá― es un Santuario de la Naturaleza reconocido por la carta orgánica local.

 

«Hace mucho tiempo, muchos años que venimos luchando; en realidad, somos una asociación de vecinos de hecho, no tenemos personería jurídica, pero defendemos la vida», dice Sergio Martínez, uno de los «Vecinos Autoconvocados por la Vida de Andalgalá» que hoy se reúnen dentro de la Asamblea «El Algarrobo», surgida a la vera del camino. Según explica, la gente del lugar decidió impedir el paso de los suministros necesarios para la actividad extractiva debido a que Agua Rica estaría usando un camino «que le pertenece al pueblo» para poder acceder al yacimiento donde intenta instalarse. «Esto no es un corte ―advierte Martínez―, es simplemente impedimento de paso de insumos mineros. La gente no permite que pasen las camionetas mineras». Los empleados mineros, en cambio, tienen el paso asegurado: «Pueden pasar, pueden ir y venir». Sobre las bienaventuranzas de la industria, Martínez se apresura en recordar la lección aprendida en la provincia:

«Nosotros tenemos hace 12 años instalada a la empresa Minera Alumbrera, es decir, nos habían ofrecido seis mil puestos de trabajo, nos habían prometido un hospital de alta complejidad, la construcción de rutas, etcétera; nada de eso ha ocurrido».

 ¿Por qué resulta posible que con un antecedente semejante los proyectos mineros se multipliquen en la región? Sergio explica: «Estamos siendo empobrecidos deliberadamente por el gobierno provincial y el gobierno nacional para poder instalar como única alternativa de progreso y desarrollo a esta actividad que estamos frenando, justamente instaladas en las nacientes de agua que abastecen de vida a estos pueblos». Para ilustrar, aporta más datos. De unos 20.000 habitantes con los que cuenta Andalgalá, hoy existen más de 3000 desocupados.

 

Parte de prensa de la Asamblea «El Algarrobo», 10 de enero de 2010: «El basta a la mega minería contaminante iniciado el 14 de diciembre de 2009 [...] se mantiene, profundiza y amplía. Crece el número de vecin@s que hacen turno en el campamento, en Chaquiago, camino a El Potrero, las 24 horas del día. [...] Todas las noches efectuamos la asamblea deliberativa que actualiza la información, evalúa las situaciones que se presentan, acuerda las acciones a seguir y las actividades a desarrollar».

 

―¿En qué consiste el proyecto minero Pilciao 16?, ¿en qué estado se encuentra?

Martínez.―Pilciao 16 es la concesión que hace la Secretaría de Minería de la Provincia de Catamarca a la empresa Billington sobre la ciudad de Andalgalá, para prospección, exploración y futura explotación, siendo el detonante de esta acción de los vecinos de tratar de impedir el paso de Agua Rica, porque consideran que Agua Rica es la llave que abriría las puertas a otros emprendimientos mineros. En Andalgalá, un departamento absolutamente pequeño, tenemos aproximadamente 279 emprendimientos mineros. Además, son enormes consumidores de agua y nosotros somos pueblos instalados en zonas áridas o semiáridas. Para la población no hay agua, para las empresas mineras sí.

 

―En el caso de Pilciao 16, ¿qué tipo de explotación harían?, ¿qué es lo que quieren extraer?

Martínez.―Anunciaron la presencia de oro y cobre, y por supuesto, como estos son minerales que están diseminados, sería una explotación a cielo abierto. Acá no hay una veta como existía antes; somos ricos en minerales, pero diseminados.

 

―Y Agua Rica, ¿en qué etapa se encuentra?

Martínez.―Agua Rica es una situación muy particular porque la Secretaría de Minería de la Provincia, el 19 de marzo del año pasado, le otorga la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación, pero en el artículo segundo le impone aproximadamente 30 páginas de objeción. Por lo pronto, los vecinos hemos impugnado esta aprobación porque el Código de Minería dice expresamente que cuando se es presentado un informe de impacto ambiental debe ser expresamente aprobado o rechazado. Esta aprobación a medias no existe dentro del marco jurídico en Argentina. O sea, le están diciendo «te aprobamos, pero para eso tenés que cumplir todos estos pasos». Son muchísimas objeciones las que se dan y, casualmente, las objeciones tienen que ver con el recurso hídrico, con el aspecto geológico y un montón de otras cuestiones más que ya tienen estudiadas los técnicos de la Universidad Nacional de Tucumán, que han objetado tremendamente este emprendimiento minero. Por algo no se está llevando a cabo, por algo la Provincia mantiene silencio en ese sentido; el único que se está expresando a favor a ultranza es el intendente [José] Perea.

 

―Ustedes también denuncian que este proyecto sería incluso tres veces más grande que el de Bajo de la Alumbrera.

Martínez.―Así sería, por las propias dimensiones que ellos marcan en el informe de impacto ambiental; lo hicieron ante la Secretaría de Minería. Nosotros queremos recordarle a todo el país que el INTA de Andalgalá, el Consejo Asesor local del INTA, tanto en el año 2006 como en el año 2007, se han expresado en contra de esta actividad. Es así que en el 2007 le solicitaron al Congreso de la Nación que declarara zona de exclusión minera a todos esos proyectos que estaban instalados o asentados en las nacientes de agua, como es el caso de Agua Rica y Río Colorado acá en Andalgalá. Sabemos que si se llegaran a instalar estos emprendimientos mineros, sería el pie de desgracia para Andalgalá. Eso es lo que lleva a los vecinos a pelear por esta tierra, a defender los bienes comunes que son la tierra, el aire, el agua, que no le pertenecen a nadie en particular, a ninguna empresa. Son bienes que le pertenecen a toda la comunidad. Y esa agua es la fuente de vida que abastece tanto de agua potable como de riego a la poca agricultura que ha ido quedando desde la instalación de Alumbrera.

 

―Pilciao 16, ¿implicaría tener que indemnizar a todos los andalgalenses?

 Martínez.―Nosotros aspiramos a que esto no sea así, por eso la gente está intentando frenar el proyecto de Agua Rica, porque sería la llave que abriría la puerta a otros emprendimientos como el de Río Colorado, que también está en los nevados del Aconquija y que, junto a su área circundante, ha sido declarado Santuario de la Naturaleza por la carta orgánica de la ciudad de Andalgalá. Son montañas que contienen las nacientes de agua, son montañas que no se pueden tocar, son montañas que tienen el ambiente periglacial. Tocar la montaña es tocar la fuente de vida de nuestro pueblo de aproximadamente 20 mil habitantes. Pilciao 16 estaría en los nevados del Aconquija, por ende, Andalgalá se contaminaría absolutamente toda y la gente se iría expulsada de su propia tierra, y ahí si tendría cabida Pilciao 16. Nosotros aspiramos a no ser expulsados, a impedir Pilciao 16, Río Colorado y Agua Rica.

 

―Desde que la Asamblea «El Algarrobo» comenzó este bloqueo, ¿han logrado detener camiones?, ¿qué sucede una vez que los detienen?

 Martínez.―Hubo dos hechos puntuales: un proveedor minero que había intentado pasar y dos o tres camionetas mineras que tuvieron un pequeño incidente con vecinos de la zona, que se hicieron denuncias cruzadas. La empresa minera denuncia que se está violando el artículo 194 del Código Penal, mientras que la gente que está apostada a la vera del camino comunero, que une Chaquiago con Potrero, dos distritos de Andalgalá, sostienen que hay un conflicto de derechos. Acá la gente, los vecinos de Andalgalá, se manifiestan por la vida y el derecho a la salud de un pueblo. El derecho del ejercicio territorial está por encima del derecho a transitar de una empresa. Acá hay un conflicto de derechos que se tiene que dirimir a través de un amparo que han presentado los vecinos en el juzgado, que la semana que viene se tiene que expedir.

 

―¿Cómo se organizan en el camino para rotar las personas y realizar las asambleas?

Martínez.―Yo estoy encargado de la parte legal, de las presentaciones que hicimos en la Secretaría de Minería, pero sí sé que hay asambleas permanentes, sé que se van turnando los vecinos para llevar a cabo esta asamblea en el costado del camino; permanentemente se están deciciendo cuáles son las acciones a futuro. Lo que yo quiero destacar son tres hechos puntuales desde el mes de enero: se hicieron tres marchas masivas, populares, espontáneas, donde aproximadamente 3 mil personas en cada una de las marchas se ha expresado en contra de la actividad minera. Eso ha hecho que se instale en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Andalgalá la necesidad de pedir, a través de la resolución número 1 del Código Minero, un referéndum facultativo y vinculante a un ejecutivo municipal. El tema está instalado en sí y el no a la actividad minera en general. Queremos destacar que la empresa Agua Rica no tiene la licencia social que necesita para empezar la actividad minera.

 

―Entonces, ¿ustedes sienten el apoyo de los ciudadanos andalgalenses a la hora de movilizarse?

Martínez.―Sí, absolutamente. La semana que viene nos dijeron que va a haber una nueva marcha; la gente se ha manifestado pacíficamente, en armonía, caminando por la plaza. Son movilizaciones bastante importantes teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que son en nuestro pueblo. Por eso es que nosotros decidimos manifestarnos todas las veces necesarias para expresar nuestro descontento con esta actividad, que consideramos nos va a dejar absolutamente contaminados y sin el recurso principal que es el agua.

 

―Desde que iniciaron esta medida, ¿se acercó alguien de la empresa a dialogar con ustedes?, ¿obtuvieron alguna respuesta?

Martínez.―La empresa no quiere dialogar, nosotros los hemos invitado en reiteradas oportunidades a hacer un debate público, en donde ellos pudieran aportar sus técnicos y los vecinos los técnicos propios con opinión independiente, y todas las veces que se ha dicho esto ellos han rechazado el debate público. No quieren poner en evidencia las cuestiones que no pueden demostrar. Si hay algo que ellos no pueden demostrar son tres cosas: no pueden demostrar que no nos deben, no pueden demostrar que no contaminan y no pueden demostrar que no destruyen. Frente a esas enormes evidencias ellos no quieren debatir frente al pueblo.

 

―Y por parte del Gobierno, ¿cuál ha sido la reacción?

Martínez.―Absolutamente ninguna. El Gobierno parece empecinado en llevar adelante este tipo de actividad.

 

―¿Cuál es la actividad productiva que sostiene a Andalgalá y que podría ser una alternativa económica viable en contraposición a la minería?

Martínez.―Acá, antes de la instalación de Minera Alumbrera, había aproximadamente entre 1400 y 1600 hectáreas sembradas, teníamos aproximadamente 4 ó 5 tambos, en donde había producción de leche y quesos propios; teníamos producción frutihortícola, donde el excedente se vendía a mercados como Córdoba y Tucumán. A partir de la entrada en funcionamiento de Minera Alumbrera toda la actividad agrícola ha sido desalentada en estos pueblos, por eso hoy Andalgalá no sé si alcanza las 600 ó 700 hectáreas sembradas. Por eso nosotros decimos que si se da prioridad a la actividad minera, la actividad agrícola ganadera va camino a morir en nuestros pueblos. Y fue la actividad que ha sostenido durante cientos de años a esta comunidad, la artesanía, la fabricación de dulces casero e industrial, o sea que hay muchísimos factores que se pueden llevar a cabo adelante como fuentes alternativas a la actividad extractiva y contaminante como es la actividad minera".

Fuente: http://www.argenpress.info /11-02-2010

 

2. La gran escala exportadora versus los vitales sistemas fluviales y ciclo del agua

 

◊La industria de la represa...y el Estado corrupto

Marcelo Maggio (Biodiversidadla), en "Contra la industria de la represa y a favor de la vida", se refiere a que:“El furor por represar ríos para generar electricidad tuvo su auge en los años 70: durante esa década se construyeron 5400 diques por año de promedio en todo el mundo. El saldo es que hoy más de la mitad de los ríos del planeta están represados y alrededor de 80 millones de personas han sido desplazadas de sus tierras. Si bien el furor cayó en picada tanto en Europa como en los Estados Unidos -debido a razones económicas y a las críticas por impacto ambiental de estos mega proyectos- en la región sur del continente americano países como Brasil se obstinan en continuar con ese modelo.

 

Los grandes complejos hidroeléctricos iniciados en la década del 70 en Brasil tenían la finalidad de generar energía para un rápido proceso de industrialización. Para ello fue necesaria la expropiación de grandes áreas rurales en un tiempo relativamente corto, por lo cual poblaciones enteras fueron obligadas a abandonar sus viviendas, tierras y trabajos. Robson Formica explica que allí está el origen del movimiento que integra: “En los años 60 y 70 el gobierno militar hace un relevamiento de los potenciales hidroeléctricos de Brasil. Desde los años 80 son diversos los sectores que contribuyen con información y apoyo concreto a las localidades amenazadas por los emprendimientos de represas (como la Central Única de los Trabajadores, el Movimiento de los Sin Tierra y las comunidades eclesiales de base, principalmente). Surgen las organizaciones locales y regionales de los afectados por represas que después, ya en los inicios de los años 90, pasan a constituir un movimiento nacional a partir de una plataforma mínima”.

 

El capitalismo en Brasil desarrolla un modelo energético basado en represas. Según Robson, “con la crisis capitalista de los años 70 varios sectores, como el metalúrgico, con capitales de origen japonés o europeo, comienzan a invertir en países del tercer mundo. Brasil recibió a muchas de esas empresas como forma y sinónimo de llevar el país al progreso. Estas empresas necesitan para producir sus mercancías altísimas cantidades de energía eléctrica. Como tenemos una cantidad abundante de ríos entonces se impulsa la hidroelectricidad, que en comparación con otras fuentes se torna mucho más barata, algo fundamental para la mirada del capital”.

La construcción de represas dio lugar en Brasil, al igual que en el resto del mundo, a la conformación de una industria de la represa, esto es, al armado de una red de empresas particularmente interesadas en este tipo de obra pública, donde aparece “toda la obra civil, el abastecimiento de los materiales para construcción, la ingeniería”. Pero también está implicado “todo un proceso de corrupción que estas grandes obras proporcionan. Son muchos intereses que se cruzan y que confluyen para que este modelo se constituya, se afirme y se vaya reproduciendo”, afirma Robson. Otra organización que lucha contra las represas, pero en Chile, opina en este sentido: “¿por qué se han construido demasiadas represas en los ríos del mundo? Muchas veces existen intereses creados de compañías de ingeniería y agencias gubernamentales que se ganan la vida construyendo grandes represas y utilizan su músculo político y financiero para asegurar que esto siga sucediendo”.

¿Por qué hablar de afectados? ¿A quién le importan los afectados?

El propio organismo creado por el Banco Mundial para estudiar el tema, la Comisión Mundial de Represas (WCD), estima que son como mínimo unos 40 millones de personas las que han sido desplazadas por este modelo energético de represas. Más grave aún, y también reconocido por la WCD, “en demasiados casos, este desplazamiento físico es involuntario y en base a la coerción y la fuerza”, afirmando que incluso se ha recurrido al asesinato de pobladores.

 

El organismo, que fue creado para investigar lo que el propio BM había financiado anteriormente, asumió que “las personas desplazadas enfrentan una amplia gama de riesgos de empobrecimiento que incluyen quedarse sin tierra, sin trabajo, sin vivienda, marginadas, sin seguridad alimentaria, con mayor morbilidad, pérdida de los recursos comunales, y desarticulación comunitaria que puede producir una pérdida de la capacidad de resistencia socio-cultural” (el informe fue publicado en noviembre del 2000).

 

“Hasta los años 90 -explica Robson- las empresas que controlaban las represas eran del propio Estado, por lo que había mayor posibilidad de hacer presión para que las personas desplazadas por estas obras fueran reubicadas en áreas con condiciones mínimamente parecidas a las que vivían antes. Aunque se obtenían logros, lo principal seguía estando, o sea todo el impacto desde el punto de vista cultural, psicológico, de la convivencia, de la relación con la naturaleza, con el río”. Para dar detalle de esto, Robson enfatiza: “las personas fueron trasplantadas a regiones a más de 300 km de donde vivían, apartadas de sus familias y amigos”.

 

Pero, como parte del proceso de consolidación y avance del neoliberalismo, a mediados de los 90 comienza la privatización del sector eléctrico en Brasil. A partir de allí se tornaron aún peores las condiciones para reclamar por parte de los afectados. Según Robson, “se inicia una etapa en la cual no hay más reconocimiento de nuestros derechos y desaparece la posibilidad de reclamar”. Por eso los afectados vienen realizando diversos tipos de acciones directas, como ocupaciones, marchas, enfrentamiento en los canteros de obra e incluso en los predios públicos del gobierno, reconociendo que en este enfrentamiento “la correlación de fuerzas es muy desigual”.

 

Como respuesta a estas luchas, el Estado ha recurrido a la persecución y criminalización de activistas y organizaciones. “Recientemente varios compañeros fueron presos por hacer una ocupación en la represa de Tucuruí, una obra que empezó en los años 70 y donde todavía hay problemas por el reconocimiento de derechos. Entonces los compañeros ocuparon una obra complementaria en Tucuruí, una hidrovía, para reivindicar un área productiva para poder sustentarse. Por pedir eso fueron fuertemente reprimidos y algunos estuvieron más de 50 días encarcelados sin proceso judicial. Hay una gran persecución política y policial a la que nos someten”, relata Robson.

 

Energía y Medio Ambiente

Los embalses que producen las represas muchas veces son “vendidos” como un atractivo turístico y natural por parte de los gobiernos locales. Se desarrollan en estos lagos artificiales deportes náuticos y se siembran peces de distintas especies para promover la pesca deportiva. La intención es clara: generar consensos a partir de un marketing verde sobre una infraestructura que lejos está de conciliarse con la naturaleza.

 

La WCD reconoce que «los embalses» pueden “trastornar significativamente todo el régimen de flujo, alterando dramáticamente el entorno ribereño cambiando la temperatura del agua. Las represas alteran el hábitat natural, permitiendo en muchos casos que las especies exóticas de plantas y animales eliminen a las especies nativas”. La WCD también afirma que “las represas grandes han causado la pérdida de la biodiversidad acuática, de pesquerías aguas arriba y abajo, y la utilidad de las planicies inundables, humedales y los ecosistemas ribereños y de esteros, con sus ecosistemas marinos adyacentes, río abajo”. Bajo el doble manto de una propaganda verde y la utopía del “desarrollo”, los diques siguen avanzando gracias a los intereses de la industria de la represa, anegando también la posibilidad de crecimiento de otros tipos de generación de energía, no destructivas y sostenibles. Las opciones alternativas para la oferta de energía renovable y sostenible podrían incluir la biomasa, las energías eólica, solar, geotérmica, del océano y la cogeneración. Son opciones que merecerían ser exploradas más allá de lo “testimonial” en el sur del continente.

Un caso emblemático de esta utilización de la propaganda de “progreso” se está dando también fuertemente en Chile. Se trata de un demencial proyecto de construir 5 mega represas sobre los ríos Baker y Pascua, en el extremo sur de la patagonia chilena y que implicará la construcción de un tendido eléctrico de alta tensión de 2270 Km de extensión, con torres de entre 50 y 70 metros de altura que atravesarán una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas. Entre la zona inundada por los diques y el área afectada por las torres, “el impacto” (forma de denominar a la destrucción) será equivalente a la superficie de la ciudad de Buenos Aires, que son los datos de mínima reconocidos por la empresa.  Por su parte en Brasil, según Robson, el problema del impacto social y natural de este tipo de modelo energético es “un tema que se debate cada vez más porque en los próximos 10 años el gobierno pretende construir 78 represas hidroeléctricas como parte de lo que denomina Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)”.

“Con Lula la lógica del modelo continúa viva”

El proceso de “desarrollo energético” que lleva Brasil ya se cobró más de 1 millón de afectados y, para Robson, con el actual gobierno encabezado por Lula da Silva “hay una intensificación: la lógica del modelo continua viva”. El plan, que se llama Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), tiene como fin el incremento de los recursos energéticos, “en especial la hidroelectricidad, por lo que los proyectos se intensificaron”. Aquí están incluidas las 78 represas mencionadas por Robson.

 

Este plan, que se enmarca en la estrategia del IIRSA, “implica a más de treinta represas para la región amazónica”. Dos mega obras ya están en curso, “una es sobre el río Madeira, que va a afectar a casi 25 mil personas”, destaca Robson. La otra es más conocida por el grado de resistencia que se está logrando por parte de las poblaciones locales y la solidaridad de varios sectores: se trata de la represa hidroeléctrica de Belo Monte. Se estima que Belo Monte será la tercera represa en importancia del mundo con una producción de 11,3GW en los meses de crecida. Costará alrededor de 30 mil millones de reales y afectará (desplazará) a cerca de 30 mil personas. “La región amazónica pasa a ser un objetivo de las empresas transnacionales y no sólo para la construcción de hidroeléctricas, también hacen exploración de minerales, control de la biodiversidad, control del agua, y provocan con eso la expulsión de los pueblos originarios, campesinos y pueblos ribereños”, afirma Robson. Y continúa: “el problema de la región amazónica no se refiere sólo a Brasil, porque incluso las empresas están yendo a Perú y Colombia para construir hidroeléctricas. Brasil les aporta la capacidad técnica de la empresa estatal Eletrobras, que se encarga de la gestión del sector eléctrico en Brasil”.

 

La usina hidroeléctrica de Belo Monte se posará sobre la cuenca del río Xingú, en el estado de Pará, región norte de Brasil. A la devastación de esa región amazónica hay que sumar la interrupción del transporte fluvial -único acceso para ribereños e indígenas-, el manejo forzado de familias, la desestructuración territorial y diversos perjuicios socio-económicos. Desde el gobierno del Estado de Pará se esfuerzan por generar un maquillaje verde mediante reservorios testimoniales. Mientras tanto, el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) anunció hace pocos días que dará la licencia ambiental requerida para el inicio de la licitación y posterior construcción de la obra.

 

Las organizaciones de los pueblos indígenas aseguran que se están violando sus derechos consagrados por la Constitución Federal y por el célebre Convenio 169 de la OIT. Según la legislación vigente en Brasil, se debe consultar previamente a las comunidades afectadas por los grandes proyectos. También se debe realizar una serie de audiencias públicas con la población de cada localidad afectada para evaluar los impactos ambientales de las obras. Hasta la fecha sobran las irregularidades en el proyecto de Belo Monte.

Consultado acerca de cómo piensan enfrentar estas amenazas, Robson explica que mediante la confluencia “con los demás movimientos sociales, principalmente con los que integran la Vía Campesina en Brasil, como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, el Movimiento de Pequeños Agricultores, Movimiento de Mujeres Campesinas, Federación de Estudiantes de Agronomía, y otros más con quienes integramos la Vía Campesina como espacio de articulación. Intentamos organizar las regiones más preocupantes. Además tenemos limitaciones que están en función del tamaño del país, desde el alojamiento de compañeros hasta la formación. Ahora estamos buscando construir una alianza y relación con los pueblos originarios porque hay una tradición fuerte de resistencia de ellos, principalmente en la región amazónica, entonces es fundamental que podamos juntar los esfuerzos de las organizaciones para fortalecer la resistencia”, finalizó".

Contacto: Movimento dos atingidos por Barragens no Brasil (MAB)

Otros recursos sobre la temática:

Patagonia Chilena Sin Represas

Afectados por Yacyretá

Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua

Ver también en Biodiversidadla el caso de los afectados por Yacyretá

Por Marcelo Maggio para la Agencia de Noticias Biodiversidadla 

Fuente: www.rebelion.org / Brasil/ 29-1-10

 

◊La Hidrovía Paraguay- Paraná, IIRSA, la Soja y el Modelo de extracción de recursos

 

Entrevista a la ingeniera Elba Stancich, del Taller Ecologista de Rosario, está considerada una de las principales estudiosas del proyecto.
La nota se realizó en el 5to. Taller sobre Instituciones Financieras Internacionales e IIRSA, que tuvo lugar en Santa Fe el 7 noviembre 2006, Prensa PROTEGER

-¿Cómo definiría el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná para alguien que no lo conoce?
-El proyecto consiste en convertir 3.400 kilómetros de río en navegables las 24 horas, los 365 días del año, para “convoys” o “trenes” de 20 barcazas o más y de 16 barcazas desde Asunción al norte. El objetivo es abaratar los costos de transporte y hacer más rápidos los recorridos. Se han hecho varios estudios para realizar este proyecto; los primeros se entregaron durante el año 1995, pero fueron ampliamente criticados, no sólo por organizaciones ecologistas, sino también por muchos académicos e incluso organismos técnicos de los propios gobiernos que dictaminaron que estos estudios no eran suficientes como para tomar una decisión y para tener la certeza de que estas obras que se estaban proponiendo no iban a tener impactos ambientales de consideración. Esto llevó a realizar un estudio complementario que fue aprobado por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) en julio de 2005, pero que de ninguna manera remplaza a un Estudio de Impacto Ambiental, que es fundamental para todo el conjunto de las obras propuestas. Los impactos de este proyecto no se deberían analizar por partes, o sea que cada país analice el tramo que le corresponde, sino que dadas las características y la extensión del proyecto, debe ser analizado integralmente y considerar los impactos acumulativos e indirectos.

-¿En la actualidad este proyecto se encuentra en marcha?
De hecho los ríos Paraguay y Paraná son navegables desde siempre. Nosotros obviamente estamos de acuerdo con que los ríos sean utilizados para la navegación; lo cuestionable de este proyecto es la escala. Son enormes los volúmenes a transportar y por lo tanto también es importante el tamaño y la frecuencia de la navegación. Como el río en sí mismo es muy caudaloso, muy grande, pareciera que podemos hacer cualquier cosa y que esto no va a traer consecuencias. Sin embargo, sabemos que no es así.

Lo que además habría que tener muy en cuenta es para qué clase de modelo económico hace falta modificar los ríos para la navegación; y esto es para un modelo agro-exportador de gran escala. En los últimos años en nuestro país y en los demás países que conforman la Cuenca del Plata ha avanzado muchísimo la frontera agrícola, y esto ha traído como consecuencia la deforestación, pérdida de bosques nativos y gran pérdida del ecosistema del Cerrado en el caso de Brasil. Esto implica cada día mayor expulsión de pequeños y medianos agricultores, que se ven literalmente corridos por la producción de tipo empresarial a mayor escala.

La concentración de grandes empresas, por ejemplo en el área de Rosario, tuvo en los últimos años una inversión millonaria para todo lo que es el complejo aceitero basado en la soja, lo cual a traído aparejado impactos ambientales de consideración por la utilización de agrotóxicos, la repercusión de los mismos sobre el cuidado del suelo y del agua, pérdida de nutrientes, las transformaciones en las áreas urbanas y por lo tanto el deterioro de la calidad de vida de las personas que viven cerca de estos emprendimientos.

Además hasta el día de hoy, donde la hidrovía funciona a pleno, en el tramo Santa Fe–Océano; no conocemos que el gobierno haya entregado ni hecho público ningún estudio de impacto ambiental que esté evaluado como corresponde por la Secretaría de Ambiente de la Nación. Sabemos que se está analizando un estudio de impacto ambiental presentado por la empresa concesionaria del dragado, para la profundización a 36 pies, pero todavía no ha finalizado el proceso evaluatorio. Mientras tanto el tramo que desde hace diez años se utiliza intensamente y hoy tiene 34 pies de calado, carece de estudios ambientales a esa profundidad y el Órgano de Control supuestamente se está conformando luego de unos diez años de inexistencia.

-¿Qué relación existe entre IIRSA y el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná?
Este proyecto ahora se vuelve a reflotar como uno de los ejes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, es decir IIRSA. Dentro de los diez ejes que plantea la iniciativa IIRSA uno es la Hidrovía Paraguay-Paraná; o sea que está enmarcada dentro de este nuevo impulso, esta serie de megaproyectos que están lanzando los doce gobiernos de América del Sur y que están directamente ligados con otra cantidad de proyectos de infraestructura como grandes carreteras y otra serie de intervenciones que están propuestas para la región.

De hecho la Hidrovía está dentro de este nuevo mapa que se ofrece en la región en cuanto proyecto de infraestructura; siempre aclarando que se trata de proyectos con un objetivo de extracción de materias primas desde lugares inaccesibles para que los fletes sean más baratos y que el tiempo de transporte sea lo más rápido posible. En definitiva es un proyecto para favorecer un modelo de extracción de recursos que justamente no beneficiaría a la población que hoy está en condiciones de pobreza o de marginalidad en nuestros países. Más bien todo lo contrario, ya que esta población será la que se verá más afectada, ya sea porque va a ser expulsada o porque los recursos naturales van a quedar cada vez más deteriorados. Por eso cuando nos encontramos frente a este tipo de proyectos siempre hay que preguntarse quién va a salir favorecido en definitiva. Y nosotros consideramos que los más beneficiados van a ser principalmente los grandes grupos empresarios.

-¿Qué papel juegan en este escenario las Instituciones Financieras Internacionales, las IFIs?
En el caso del proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná los primeros estudios fueron financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Fonplata; el principal actor en ese momento fue el BID. Pero luego el BID se retiró del proyecto Hidrovía diciendo que no iba a financiar este proyecto por considerar que las obras traerían profundos impactos ambientales. El nuevo actor que se perfila ahora en la región es la Corporación Andina de Fomento (CAF), que de hecho es la que ha financiado los últimos estudios.

-¿Cuáles son los puntos fundamentales a la hora de pensar en este proyecto?
Hay que prestar mucha atención al volumen y a la escala del proyecto, e imaginarnos cómo va a ser el escenario de acá a diez o veinte años, pensando en el tipo de producción, porque las principales cargas que se quieren transportar por la Hidrovía son granos, esto equivaldría al 70% de las cargas, principalmente soja. Nuestro país pretende llegar a una producción de 100 millones de toneladas de grano, de la cual gran parte se pretende transportar por la Hidrovía, porque de hecho hoy en el país el porcentaje de lo que se transporta por agua es minoritario; la mayoría del transporte sigue siendo por carretera, una proporción inferior por ferrocarril y una mucho menor por agua. Entonces lo que se pretende además de aumentar la producción es derivar mayores cargas por los ríos.

Si uno se imagina la situación de acá a 20 años la frecuencia y escala de navegación que va a haber en nuestros ríos realmente va a ser enorme y esto es a lo que tenemos que prestar atención. Hay zonas del río Paraguay, por ejemplo, que son muy delicadas; muy cerca del Pantanal algunos expertos dicen que para que el ecosistema pueda soportar la navegación tendría que estar pasando sólo un tren de barcazas por semana, de manera tal que la naturaleza pueda restablecer todo lo que es el ecosistema acuático sin que la navegación lo afecte. Pero con la carga que hay proyectada por día podrían estar pasando 8 o más trenes de 20 barcazas cada uno. Todo esto no está profundizado en los estudios; creo que vale la pena ponerlo en debate y analizar mucho más.

Es decir, cuál va a ser el impacto sobre la pesca, sobre la calidad del agua, sobre los sedimentos, la selva en galería que hoy sigue siendo destruida por la navegación en tramos del río Paraguay en el Pantanal. Entonces por lo menos deberíamos cuestionarnos qué pasa con éste desarrollo basado en el crecimiento y pensar que en un planeta con recursos finitos es imposible estar hablando de crecimiento continuo, porque simplemente no es posible y se están generando muchos daños.

Otro punto a tener en cuenta son los estudios complementarios que se terminaron de hacer en el año 2005 y que el nuevo proyecto tiene algunas diferencias significativas con respecto a la propuesta anterior del año 1996. Por ejemplo ahora se extiende, por lo menos en teoría, hasta Corumbá o sea que de los 3.400 km originales se acorta algo más de 600 kilómetros a lo largo del Pantanal. Pero de todos modos hay un punto que nos sigue preocupando: la extracción de rocas en el lecho del río Paraguay. Esto se da en un tramo del río donde hay seis puntos en los cuales es necesario extraer lecho rocoso para permitir la navegación ininterrumpida. En dos de esos puntos es necesario sacar las rocas con explosivos; pero en estudios anteriores varios expertos advirtieron que volar rocas en el lecho del río Paraguay podría provocar efectos irreversibles sobre los humedales, tanto aguas arriba como aguas abajo.

Si nosotros hablamos de impacto sobre los humedales estamos hablando de impactos directos sobre la gente porque hay muchísima población ribereña, tanto pueblos indígenas como pescadores, que dependen directamente de la productividad biológica de estos humedales y además hay mucha población que se beneficia de la depuración natural que ejercen estos humedales sobre aguas contaminadas. También está la amenaza de que se agraven las grandes inundaciones y sequías, ya que los humedales, y particularmente el Pantanal, actúan como un amortiguador o regulador, aspecto siempre minimizado por los impulsores del proyecto.

Entonces si estamos pensando en que habrá daños sobre los humedales significa que va a estar afectada una gran cantidad de gente. En el diseño actual del proyecto, de las obras propuestas de Santa Fe al norte, lo más preocupante es la extracción de rocas en el tramo del río Paraguay entre la ciudad de Asunción y el río Apa. Son aspectos muy críticos que se deberían rever". Santa Fe, 7 noviembre 2006 © Prensa Proteger – Fuente: http://www.proteger.org.ar/doc567.html

3. El saqueo bajo democracia u ocupación militar versus la afirmación de los de abajo como sujetos de derechos

 

◊ Ayití deberán bautizarla los hermanos

volver al fuego original y comenzar de cero

la siembra libertaria y necesaria.

Gabriel Impaglione

 

Vicky Peláez (especial para ARGENPRESS.info) dice: "(...)Muchos se preguntan por qué Estados Unidos manda 20,000 soldados y un sinnúmero de contratistas, en vez de médicos, rescatistas, especialistas en reconstrucción y en especial epidemiólogos, como lo hizo Cuba, para prevenir epidemias. Dicen en Haití que estos militares armados hasta los dientes parecen “centuriones en país de esclavos”.

 

De acuerdo a la estudiosa haitiana norteamericana Marguerite Laurent, “las tropas norteamericanas estaban preparadas para intervenir Haití con anticipación. Un día antes del terremoto, el Comando Sur ensayaba medidas para ayudar a Haití en caso de desastre. La misma noche del terremoto el segundo en el mando en el Comando Sur, el general P.K. (Ken) Keen ya estaba en la embajada de los EE.UU. en Haití, que no sufrió ningún daño por el terremoto”. Actualmente el general Keen está a cargo de la fuerza de expedición norteamericana en Haití a quien Preval dio autoridad ilimitada.

 

Lo extraño es que Estados Unidos tiene en el país más pobre del Hemisferio Occidental, la más grande y mejor fortificada embajada en el mundo, después de China, Irak, Irán y Alemania. Y no es tanto por la cercanía a Cuba, sino por los increíbles recursos naturales de este pequeño país. Desde 1905, cuando se encontró petróleo en Haití en Central Plateau y La Gonave, se ha sabido ocultar hábilmente la existencia de grandes reservorios de oro negro en este país como también se sospecha los de gas. A la vez Haití tiene condiciones ideales para la construcción de terminales petroleras debido a la existencia de puertos de agua profunda. El Gran patrón se supo guardar todo esto ayudando permanentemente a mantener el caos y espantar a otros rivales.

 

Pero hay todavía más. Haití posee uno de los yacimientos más grandes de oro en el mundo. Es abundante en uranio, 235 y 238 y tiene también yacimientos de minerales estratégicos raros como circonio, usado en reactores nucleares , también iridio imprescindible para la construcción de naves espaciales. Ni qué decir del cobre y diamantes. Los 20,000 centuriones están allá para asegurarse la riqueza del país mendigo. Así de simple. Pero no cuentan con el espíritu de los haitianos, ni con su fuerza para sobrevivir y su ansia de libertad". Fuente: http://www.argenpress.info /28-01-2010


◊ La minería a gran escala avanza en Ecuador

con el gobierno de Rafael Correa"

"Tres proyectos reanudaron sus actividades en noviembre del año pasado, tras obtener nuevos permisos. Este Diario recorrió varios proyectos en Zamora".

Diario El Comercio
25/01/2010. En los campamentos de minería a gran escala, en Zamora, la actividad comienza a las 06:00 y concluye pasadas las 21:00. Aunque ningún proyecto está aún en fase de explotación, el trabajo en perforación de pozos para la extracción de muestras y su posterior análisis es constante e intenso. Esta labor se ha retomado paulatinamente en los dos últimos años, desde que empezó el otorgamiento de permisos para la reactivación de las actividades de exploración de minería a gran escala. Y ello se consolidó los primeros días de noviembre de 2009 cuando se puso fin a 18 meses de paralización en los principales proyectos mineros metálicos.

Las actividades se habían interrumpido el 18 de abril de 2008, cuando la Asamblea Constituyente emitió el Mandato 6, que suspendía las concesiones mineras hasta la aprobación de la nueva Constitución y la nueva Ley de Minería . Según el Ministerio de Recursos No Renovables, el Mandato determinó que, de 4 908 concesiones inscritas o en trámite, 2 926 fueran revertidas al Estado. Del resto, a un porcentaje se le permitió continuar con su actividad de pequeña minería y minería no metálica.

Y, en el último trimestre de 2009, sólo tres compañías recibieron la autorización para actividades de minería a gran escala: Ecsa-Ecuacorriente, con el proyecto Mirador; Kinross Aurelian, con Fruta del Norte (FDN); y, I Am Gold, con Quimsacocha.

Sólo en ese momento se reiniciaron los procesos de exploración que implicó la recontratación de personal y reactivación de inversiones. El vicepresidente de Kinross Aurelian Ecuador, Dominic Channer, explica que antes del Mandato, el proyecto FDN contaba con 450 empleados. Luego de la suspensión de las actividades tuvieron que reducir su nómina a 89 personas. Y, tras la expedición de los permisos para reiniciar la exploración, el número subió a 262.

En este campo, los trabajadores se dedican principalmente a actividades de perforación para la extracción de los llamados "testigos", que son muestras que se analizan en laboratorios para determinar dónde está el yacimiento del mineral y cómo llegar a explotarlo. Todos estos procesos forman parte de la fase de exploración avanzada previa a la construcción de la mina y la extracción del mineral.

En FDN se calcula que existen alrededor de 13,7 millones de onzas de oro y 22,3 millones de onzas de plata. Cada onza de oro se cotiza en el mercado en USD 1100, pero su precio es tan variable como el del petróleo. Channer indica que FDN es uno de los yacimientos nuevos más importantes de oro en todo el mundo e insiste en que para su desarrollo se requiere invertir al menos USD 500 millones.

Al momento, la compañía se concentra en terminar la fase de exploración y el estudio de prefactibilidad para, entonces, negociar el contrato de extracción con el Estado. Para ello, la empresa deberá presentar al Ministerio de Recursos No Renovables un proyecto en el que especifique el recurso probado y todo el plan de negocios para explotar la mina.Kinross Aurelian prevé presentar el proyecto en el último trimestre del año. Si la negociación es ágil, la explotación de oro se iniciará entre 2013 y 2014.

Por su parte, Ecsa Ecuacorriente, con su proyecto Mirador también ubicado en Zamora y a diferencia de FDN, tiene reservas de cobre cercanas a la superficie por lo que su explotación será a cielo abierto. Es decir, que no se requerirá de la construcción de una mina subterránea como en FDN.

En Mirador se han determinado recursos probados en el orden de 10 900 millones de libras de cobre. La libra de cobre se cotiza al momento en USD 3,35.

El vicepresidente de Ecuacorriente, Ian Harris, indica que la etapa de exploración avanzada está finalizando, por lo que considera que presentará el proyecto de explotación al Gobierno entre abril y marzo próximos. Hasta el momento se ha invertido en Mirador cerca de USD 90 millones, de los USD 2 000 millones previstos de inversión total. Harris indica que hay una expectativa positiva sobre la negociación con el Gobierno con el fin de llegar a un beneficio tanto para la compañía como para el país.

Otros proyectos en la agenda
Con la primera reunión del Directorio y la designación de José Cisneros como gerente, arrancó formalmente la Empresa Nacional Minera (Enami EP), adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. La compañía tendrá un presupuesto inicial de USD 30 millones para realizar estudios en nueve proyectos de minerales metálicos y no metálicos. Los proyectos metálicos son Chaucha , en Azuay, con recursos en cobre; Junín, en Imbabura, con recursos en oro y cobre, y Arenas Ferrosas, en todo el Litoral. Entre los proyectos no metálicos están las reservas de caliza en los proyectos Unacota en Cotopaxi, Isimanchi en Zamora Chinchipe y Amazonas en Napo. También está el proyecto Reventador en Sucumbíos, con reservas de fosfita, y el proyecto Toa en Zamora Chinchipe, que contiene arena silícica para su explotación.

La Enami también apoyará a la pequeña minería y minería artesanal en Loja. Y contempla el desarrollo de proyectos de cobre con la Empresa Nacional Minera de Chile y la creación de una empresa mixta con Venezuela para la explotación de hierro". Fuente: www.noalamina.org / Latinoamérica - Ecuador/ 26-1-10

 

◊ La organización y lucha de los de abajo

contra las transnacionales mineras y otras formas de saqueo

en Ecuador

 

Plan contra la minería en Zamora Chinchipe

La Prefectura organizó una cita el fin de semana. Se alista un plan territorial para intentar frenar la minería en la provincia.

Diario El Comercio

10/02/2010. La elaboración de un plan de ordenamiento territorial para delimitar las áreas para la minería fue la principal resolución que adoptó la asamblea de Zamora Chinchipe.

Esta cita, en la que participaron 1 000 personas, finalizó el fin de semana en Zamora. La idea de los asistentes es que este plan pueda frenar los proyectos de empresas mineras como Ecuacorriente (ECSA) y la canadiense Kinross-Aurelian. Ambas compañías están en fase de exploración minera avanzada. ECSA prevé invertir unos USD 400 millones en su proyecto Mirador, para explotación de cobre en el cantón El Pangui. Mientras, Kinross-Aurelian invertiría USD 500 millones en el proyecto Fruta del Norte en el cantón Yantzaza. Ya desembolsó USD 60 millones, según su vicepresidente de Asuntos Externos, Dominic Channer. Para 2010 tiene previsto iniciar su fase de explotación. Según Channer, el cronograma depende de permisos, negociaciones de contratos de explotación con el Régimen y otros trámites que exige la Ley de Minería.

 

Los planes de ambas empresas preocupan al prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, quien ha logrado el respaldo de organizaciones sociales, pequeños mineros y mineros artesanales. También de la población shuar, saraguros, campesinos y ambientalistas.

Para Leonel Armijos, presidente de la Junta Parroquial de Bellavista (cantón Paquisha), la idea es que el plan de ordenamiento evite el ingreso de transnacionales. Pide que los pequeños mineros y mineros artesanales tecnifiquen su labor.

De acuerdo con la resolución de la asamblea este plan también definirá las áreas donde se pueda desarrollar el turismo, agroecología, reforestación, ganadería, industria...

Para Quishpe, las incongruencias entre el Mandato constitucional y la acción del Gobierno mantienen la oposición a la minería a gran escala. El asambleísta por esa provincia, Kléver Jiménez, dice que con las concesiones en manos de transnacionales se irrespeta los artículos 405 y 408 de la Constitución.

Este último dice: "son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos...".

Para la gobernadora de Zamora Chinchipe, Jenny Rodríguez, el problema es que las concesiones mineras fueron dadas antes que se aprobara la actual Constitución. Por ello, pidió a los los asambleístas crear un marco jurídico para dar cumplimiento a preceptos constitucionales como los referidos.
Fuente: http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-ecuador/plan-contra-la-mineria-en-zamora-chinchipe /11-2-2010

 

4. La explotación de recursos naturales como desarrollo y fuente de financiamiento del Estado versus el buen vivir de los pueblos

 

El tema de la exploración y la explotación petrolera en la Amazonía

debía y debe ser analizado con mucha calma y con mucho conocimiento en la materia,

y debía y debe ser debatido a fondo con las comunidades locales

que son y serán los directos afectados de una actividad que

todos sabemos o deberíamos saber los impactos negativos y los estragos ambientales y sociales que causa.

Pablo Cingolani, en “Inteligencia estratégica y petróleo en la Amazonía”, reflexiona: “El martes 12 de enero de 2010, el ministro de defensa del Estado Plurinacional boliviano, Walker San Miguel, presentó el proyecto de creación de una Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional (DIDEP), que no sólo centralizaría las labores enunciadas en el nombre del futuro despacho, sino que “incorpora el concepto de un trabajo estratégico para asesorar al presidente Evo Morales en la toma de decisiones”, según la noticia aparecida en el matutino La Prensa, el 15 de enero.

En el mismo periódico, se informa que “además del trabajo especializado realizado tradicionalmente por militares y policías, la DIDEP contará con el aporte de cinco ministerios para la llamada «inteligencia estratégica», que se nutrirá con la información ofrecida por los despachos de Relaciones Exteriores, Economía, Autonomía, Planificación del Desarrollo y el de Lucha Contra la Corrupción”. La Dirección analizará los componentes geográfico, económico, político, psicosocial, científico tecnológico, transportes y telecomunicaciones para la toma de decisiones estratégicas.

 

Finalmente, La Prensa agrega que “El ministro de Defensa, Walker San Miguel, explicó que con la inteligencia estratégica se establecerá, por ejemplo, si en una determinada región es factible ejecutar proyectos petroleros o si es adecuado firmar convenios con las empresas contratistas para evitar pérdidas económicas al Estado”. Ante esta declaración, uno no puede dejar de referirse al conflicto por la exploración petrolera desatado desde el año pasado por el propio gobierno y que lo enfrenta con comunidades indígenas en la región de Alto Beni, al Norte del Departamento de La Paz. Es más, si bien San Miguel no aludió al problema, no es difícil imaginar que la parafernalia de inteligencia a crearse y esa aplicación práctica en la toma de decisiones estatales, no responde de manera directa al referido conflicto, dadas sus lamentables implicancias y sus más lamentables consecuencias de seguir siendo ejecutado como lo fue hasta ahora, conducido por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y ejecutado por las empresas Petroandina y Geokinetics, estatal boliviana-venezolana y trasnacional norteamericana, respectivamente.

 

Esto lo dijimos mil veces a lo largo del ya acabado 2009: el tema de la exploración y la explotación petrolera en la Amazonía debía y debe ser analizado con mucha calma y con mucho conocimiento en la materia, y debía y debe ser debatido a fondo con las comunidades locales que son y serán los directos afectados de una actividad que todos sabemos o deberíamos saber los impactos negativos y los estragos ambientales y sociales que causa.

El fervor petrolero del gobierno nunca se detuvo a escucharnos y, al margen de las acusaciones sin sentido que recibimos, queremos creer que este nuevo sistema de inteligencia estratégica presentado por San Miguel servirá para que ese análisis y ese debate reclamado hasta el cansancio, pueden encontrar un escenario de desenvolvimiento y un ámbito de expresión.

Yendo al meollo de la cuestión, ese análisis y ese debate debería evaluar y considerar que a la verificación/ cuantificación y estudio de las supuestas reservas petroleras en el Norte del Departamento de La Paz, ya realizadas por Geokinetics y de continuar éstas por decisión gubernamental, debería empezar ya y acompañarlo un proceso de verificación/cuantificación y centralización de los estudios e información de la biodiversidad existente (especialmente referido al potencial ecoturístico, forestal y agroecológico) para su aprovechamiento sostenible en las mismas regiones.

La antedicha sería una versión soberana y digna, una versión ajustada a las necesidades reales de la gente, del ecosistema y del país, de ese “caminar con dos pies” que explicó el vicepresidente García Linera en una entrevista aparecida en Le Monde Diplomatique en agosto del año pasado.

Partiendo del principio de reconocer que Bolivia tiene que ejercer su derecho soberano a saber con qué cantidad y calidad de recursos naturales renovables y no renovables cuenta, se plantea no leer de manera unilateral, impositiva y en una sola dirección la problemática del desarrollo y la generación de ingresos para el Estado y la población. Más si trata del ámbito de un gobierno que ha hecho de la defensa de los Derechos de la Madre Tierra y de los Derechos de los Pueblos Indígenas, una bandera que brilla en el escenario mundial.

Nos preguntamos por ello, si este gobierno no reivindica el derecho de los indígenas a su propio modo de producción y a su propio modo de generar ingresos; si no se reivindica y se intenta el fortalecimiento de una vía económica alternativa al capitalismo depredador para espacios tan sensibles como el amazónico donde la preservación de la naturaleza es prioridad; si no se busca generar toma de conciencia y compromiso con relación a estos temas tan críticos, ¿quién lo hará? Suponemos que la DIDEP tomará en cuenta estas visiones.

El gobierno declaró que el 23 de enero próximo, hará anuncios sobre los resultados de los trabajos sísmicos que efectuaron los yanquis de la Geokinetics. Aquí, desde el vamos, se plantea la efectividad o no de la llamada “inteligencia estratégica” del Estado y del gobierno.

Si las supuestas reservas petroleras estudiadas no fueran relevantes, el gobierno sería deseable redoble los esfuerzos para apoyar la protección de la biodiversidad y su aprovechamiento sostenible por parte de las comunidades indígenas y campesinas agroecológicas, como la vía de desarrollo ineludible para el Norte del Departamento de La Paz. Es decir, si no hay petróleo, el gobierno no debería olvidarse del Norte Amazónico paceño, levantar los campamentos y retirarse de una de las regiones más postergadas y olvidadas del país. Si no hay petróleo, debería empeñarse en la otra vía de promoción económica, y elaborar e implementar un plan estratégico para ello, poniendo en el centro de sus objetivos, insistimos, el fortalecimiento de las comunidades indígenas originarias.

Los hermanos Mosetenes se merecen algo más que las promesas de aulas y sedes sociales hechas por los funcionarios de Petroandina y que ni siquiera han cumplido. Los hermanos Mosetenes, como el pueblo Chimán, los Lecos de Apolo y de Larecaja, los Josesanos, los Tacana, la comunidad Ese Ejja de Eyiyoquibo, y todos los que son o serían afectados de proseguir la actividad petrolera, se merecen, ante todo, respeto y dignidad. Un plan integral que considero eso como lo prioritario será la única manera efectiva de mejorar sus condiciones de existencia y su supervivencia como pueblos.

 

Si hubiese petróleo, la DIPEP podría también probar su accionar verdaderamente estratégico y proponer al gobierno iniciar negociaciones internacionales en el marco de la Iniciativa Yasuní-ITT presentada en la ONU por el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, para dejar el crudo bajo tierra a cambio de apoyo financiero a las visiones y acciones en torno a un desarrollo no destructivo. Esta propuesta ya fue llamada a debate por el propio Presidente Evo Morales. Si este punto generase controversia, se podría llevar a cabo un referéndum departamental para dirimirlo". Río Abajo, 15 de enero de 2010

www.ecoportal.net /01-02-2010

En consecuencia, precisamos organizarnos contra la oferta de nuestro país como "oportunidades de negocios" por nuestros altos funcionarios que dicen representarnos en nuestros intereses comunes y enmascaran -para tranquilizarnos- al gran empresariado entreguista y terrorista (estatal, económico, psicológico...). Para ser efectivos en este objetivo, debemos pasar de la resistencia a la toma de iniciativas desde la unidad en diversidad hacia la democratización del país entero, del quehacer social y la cotidianeidad de las grandes mayorías. Significa crear espacios de deliberación y toma de decisiones por parte de un creciente número de nosotros, los de abajo. Significa sacar a la calle y otros espacios públicos, la discusión de propuestas (e investigaciones de sus fundamentos) sobre los gravísimos problemas que arrasan tanto el presente como el futuro de nosotros.

 

 

 

Unidad   ((VOLVER))

 

Para salir del saqueo

Requiere de nosotros -los de abajo- decidir sobre qué solidaridad e integración construir nuestro país para hermanarlo con los otros pueblos en demoler al sistema opresor que es el capitalismo.

 

Reflexionemos sobre:

1. Las necesidades y aspiraciones de los pueblos indígenas

 

A lo largo y ancho de Argentina, se está practicando genocidio y etnocidio mediante el desarrollo del modelo extractivo y el Estado feudalizado, policial y militarizado. Consideremos sólo a los pueblos indígenas de la Patagonia:

◊ Documento del Encuentro de los dias 25 y 26 de setiembre en Comodoro Rivadavia, Chubut.(2008)

 

Seminario argentino-chileno de los derechos de los pueblos indígenas, territorio y recursos naturales.

 

La Comunidad Motoco-Cárdenas exigimos el reconocimiento de nuestros derechos sobre los territorios, que están siendo constantemente avasallados por parte de particulares que se encuentran en convivencia con el poder político municipal de Lago Puelo, quienes atentan contra el recurso del agua.

Exigimos  la restitución de nuestros territorios. Denunciamos la usurpación y el alambrado de nuestro espacio territorial.

La Comunidad Indígena Cayun, exigimos que las autoridades municipales de Lago Puelo reconozcan a los pobladores y dejen de vulnerar nuestros derechos. Exigimos también que no se nos discrimine y se nos reconozca como sujeto de derecho.

Llamamos a la reflexión sobre el uso irracional del recurso agua, que es utilizado en forma indiscriminada para el uso de la minería, esta es la situación que se vive en las comunidades en las provincias: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz  y Tierra del Fuego.

Denunciamos:

  • La explotación minera junto al poder político desconoce a las autoridades originarias y  constantemente siguen realizando desalojos a pesar de la sanción de la Ley 26.160.

  •  Las empresas mineras, están comprando tierras en la zona de la meseta desconociendo la normativa vigente.

  •  Las empresas mineras, han comenzado a dar cursos de capacitación a los jóvenes de las comunidades, desconociendo nuestra cultura y las formas de vida de nuestras comunidades.

  •  Utilizan mecanismos y formas de convencer a la gente, valiéndose de la infraestructura del estado como por ejemplo las escuelas. Hoy estas empresas mineras llevan becas u otras  dadivas como modo extorsivo para que la explotación minera sea bien vista, ocultando los perjuicios altamente peligrosos para el pueblo Mapuche-Tehuelche.

  •  El avance de la minería daña no sólo nuestros territorios, sino también nuestro patrimonio. Hoy en BENEFICIO de esta explotación se justifica el traslado de un “chenque” tal el caso de la comunidad indígena de Blancuntre.

  •  La minería y específicamente las empresas petroleras no traen progreso, traen droga, sida, y sobre todo el cambio de nuestras formas de vida ancestral.

Denunciamos y exigimos que se detengan los 23 proyectos de  construcción de Embalses y represas para la explotación minera en la provincia correspondiente a la zona binacional de Chile y Argentina, convirtiendo a la cordillera en espacio invadido y gobernado  por las multinacionales.

 

No sólo la explotación petrolera esta deteriorando nuestros recursos  naturales, sino también el turismo esta dañando nuestros territorios de otra manera, imponiendo en nuestros territorios, nuevos modelos culturales.

 

Se ha desconocido el travm de la Comunidad de Blancuntre que por decisión de la comunidad gestionamos nuestros propios recursos, a pesar de ello hoy las empresas siguen operando con mas de 1000 mil perforaciones sobre nuestros territorios. Por eso nos negamos a que la minería ingrese a nuestros territorios.

 

Denunciamos que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

( I.N.A.I).  no responde a los intereses de los pueblos indígenas y obstaculiza el derecho al territorio ancestral que debiera respetar y proteger.

 

Las Empresas multinacionales, llevan de la  zona Cerro Cóndor las piedras preciosas, y devastan así nuestros territorios.

 

Los pueblos Mapuche-Tehuelche de la Pcia. de Chubut exigimos a nuestros hermanos y hermanos unirnos en la lucha contra la explotación de la minería en forma indiscriminada sobre nuestros territorios.

Debemos unirnos, organizarnos, salir a decirle al gobierno, al estado nacional y provincial, que estamos de pie, y que nadie más nos pueden hacer callar.

Hoy vemos como algunos hermanos se encuentran silenciados por el poder político y las empresas mineras, unos compran los votos y las mineras compran voluntades, ofreciendo a cambio distintos “beneficios sociales”.

 

Exigimos que la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia, tome conocimiento de la situación de discriminación y racismo y escuche nuestros problemas. Exigimos  que cumpla el rol de nexo con el gobierno de la provincia, sino seremos nosotros mismos los que denunciaremos lo que esta pasando en la Provincia del Chubut.

La Comunidad Tehuelche-Mapuche reflexiona sobre la participación y adhiere al compromiso de los hermanos/as con este espacio de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la UNPSJB.

Comodoro Rivadavia, junto otras localidades del norte de la provincia de Santa Cruz y la provincia de Neuquén tiene el más alto nivel de hermanos afectados por el cáncer. La Contaminación desde 1901 en la Provincia de Santa Cruz, nos está matando de cáncer a causa del plomo.

Hoy los ambientalistas no se atreven a venir a compartir, a escuchar a debatir con los pueblos originarios, no han venido a escuchar a los pueblos indígenas de la Patagonia. Las ONG ambientalistas son cómplices de las multinacionales que usurpan nuestros territorios. Nuestros territorios se encuentran contaminados, hay aluminio y plomo en el agua. En el territorio de Río Turbio, se va afectar no solo el territorio sino el aire. Se debe difundir no sólo que se instalan en nuestros territorios, sino  lo que debemos pagar por las regalías.

 

 

Exigimos Políticas Públicas que respondan a la necesidad de educación intercultural y la creación de espacios interculturales rurales y urbanos para el desarrollo de nuestra cultura (con la infraestructura y recursos adecuados). Queremos que se respete y se revalorice el idioma tehuelche (AONIKEN) y el idioma mapuche (MAPUZUGUN)  de nuestros PUEBLOS y en nuestras comunidades tanto rurales como urbanas. Exigimos ser consultados sobre las reformas de las leyes de Educación Nacional y Provincial principalmente lo que respecta a la Educación Intercultural Bilingüe.

 

Exigimos el desalambramiento del Rewe que es un espacio territorial filosófico, sagrado y vital de nuestros pueblos en la frontera entre las provincias de Chubut y Santa Cruz, como así también de Cueva de las Manos Pintadas, lugar sagrado que esta siendo vulnerado y utilizado por el turismo.

 

Que se reemplace el nombre de Julio Asesino Roca de todas las calles, avenidas, plazas y se retiren los monumentos a él y a todos los genocidas. Que se ejecuten las disposiciones y proyectos que existen al respecto y se denomine Pueblos Originarios en reconocimiento.

 Repudiamos  a la empresa multinacional LA ANONIMA, levantada con la sangre de nuestros pueblos originarios mapuche y tehuelche (AONIKEN).

 Denunciamos que no se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT, ni la participación y consulta sobre el uso de nuestros territorios ni del mar.

 

Exigimos la participación y consulta de los pueblos originarios sobre lo que afecta a nuestros territorios, recursos naturales y sobre todo el agua.

 Exigimos el respeto por la Constitución Nacional (art. 75); el Convenio de Biodiversidad (articulo 8 J), y todo el marco jurídico nacional e internacional que amparan nuestros derechos.

La constitución provincial de Chubut (art.34) no se está respetando, por lo que exigimos al gobierno provincial que de respuesta.

En Santa Cruz no hay legislación vigente, excepto la ley nacional 23302.

 

Para que se cumplan la Ley de Bosques y la Ley de Emergencia de Tierras, demandamos:

-Aplicación de los derechos de consulta y participación para lograr el libre consentimiento fundamentado previo, en el ordenamiento territorial de Bosques, y el Relevamiento técnico jurídico catastral de la Ley de Tierras.

 -Implementación de Programas de Fortalecimiento y Capacitación Intercultural que fomente la convivencia del conocimiento tradicional y el conocimiento científico, erradicando la relación racista de conocimiento superior a conocimiento superior.

 -Somos titulares de derecho, con titulo ó sin ello, y desde ese criterio se debe aplicar el Fondo de Compensación de la Ley de Bosques, en nuestros territorios.  Que dichos fondos sirvan para Fortalecer la administración, manejo y control de nuestros territorios, regulada por nuestras instituciones originarias.

 

Denunciamos que se ha cercenado la participación indígena con la creación del Consejo de Coordinación cuyos participantes han sido elegidos por el Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en reemplazo  del Consejo de Participación Indígena integrado por 83 representantes de todos los Pueblos Originarios del país.
 Exigimos la consulta y la participación en la defensa de nuestros territorios, de nuestro waj mapu.

 

Marici weu, Marici weu

Ketowansh, Ketowansh

 Siguen firmas….

Fuente: http://www.unp.edu.ar/pueblos_originarios/Docu_Com_Semi_territorio.doc

 

◊ Informe de situación

Enero de 2010

Introducción

"Los derechos de los pueblos originarios se encuentran vulnerados y amenazados a partir de la militarización de la comunidad Paichil Antriau. El 2 de Diciembre de 2009 se ejecutó el desalojo, tirando abajo tres casas, aún con gente adentro, dos de ellos niños de ocho y nueve años.

A partir de ese momento se instaló la policía y la violación sistemática de los derechos y violencia física constante. La comunidad ha denunciado agresiones, persecución, insultos, golpes de parte de los efectivos. Nada de esto ha sido escuchado. La comunidad se encuentra aislada y es víctima de una persecución también mediática que los estigmatiza y pone en duda de manera recurrente su pertenencia al pueblo mapuche.

La omisión, negación y represión son las constantes en la comunidad Paichil Antriau. El territorio está siendo saqueado, aún en los lugares sagrados.

Queremos denunciar la política represiva del gobierno de Neuquén hoy en manos de Jorge Sapag, y le solicitamos intervenga de manera urgente en este conflicto que hoy pone en riesgo la vida de los Mapuche en su territorio.

El gobierno nacional debe garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente, entre ellas la ley 26.160, recientemente prorrogada, que impide desalojos.

Le solicitamos sea garante del retiro inmediato de la policía del territorio de la comunidad y del relevamiento territorial urgente.

 

El proyecto estatal nacional debía vaciar toda reivindicación étnica o local y poblar con blancos afines al Estado porque la noción de desierto no es sólo geográfica sino sociocultural. Las tierras ahora de uso público en jurisdicción de Parques Nacionales, institución del Estado, se distribuyeron de modo desigual: con títulos de propiedad a "prestigiosos vecinos" recién llegados y con permisos precarios de ocupación en espacios reducidos a mapuche, los que además en muchos casos fueron considerados "intrusos".

 

De esta manera se legitima el genocidio que asesina los cuerpos de los pueblos y el etnocidio que priva su espíritu, generando un abandono de rasgos culturales, reemplazo lingüístico y renuncia a la filiación indígena. En este contexto, la estrategia para sobrevivir es que "para poder seguir siendo hay que dejar de ser lo que era" y desdibujar y ocultar el perfil cultural. Por eso actualmente dicen acá no hay comunidades, acá no hay mapuche, negándose la existencia y la preexistencia del pueblo Mapuche en la región, sin considerarse el rol del estado en el proceso de pérdida cultural: "Sí, el estado nos prohibió hablar la lengua a través de la escuela, nosotros íbamos a la escuela y… a cantar el himno y a arriar la azul y blanca, y así tantas cosas que nos impusieron y allí fuimos perdieron la cultura, y entonces, claro, nos 'wincanizaron'…".

Durante varios meses del año 2009 "el conflicto mapuche" que relacionaba al pueblo Mapuche con la ETA y con las FARC fue publicado por el diario La Nación a nivel nacional, a nivel regional por La mañana del Neuquén y el diario Río Negro, y a nivel local por el diario El cordillerano en Bariloche y La Angostura digital en esa ciudad. Estas acusaciones inverosímiles que buscan estigmatizar la lucha por el territorio, y perseguir a quienes viven y resisten en él fueron también utilizadas por Carlos "Nuno" Sapag, hermano del gobernador Jorge Sapag y activo miembro de la Sociedad Rural en Neuquén. Este sector privilegiado de la región ligado al poder político pretende desalojar a los Mapuche preexistentes, y "consolida un sistema de propiedad sustentado en la ganancia, donde nos corresponde el rol de peones de estancia" denuncian los mapuche; llaman "delincuencia rural" al accionar indígena, solicitan "terminar con la pasividad policial" y piden juzgar a los autores de recuperaciones y ejercer la "fuerza legal y legítima", es decir represión y mano dura. Esto es lo que hoy ocurre en la comunidad Paichil Antriau.

¿Qué es el Rewe?

Los Mapuche no son sin el territorio porque es desde el territorio desde donde se garantiza su continuidad como pueblo.

El mapuzungun, "el habla de la tierra" o idioma, nace y se constituye desde la propia naturaleza que los Kimche sabios Mapuche supieron interpretar y acompañar.

"No se puede avanzar, está en litigio todo eso. No entiendo cómo la Policía se puede poner a las órdenes de gente que tiene plata y hace lo que quiere", expresó una mujer. "El intendente (Hugo Panesi) nos hizo esperar un poco, nos recibió y nos dijo que presentemos una nota por escrito, porque nosotros queremos una revisión de los títulos de todas las propiedades. No pretendemos que nos devuelvan todo, pero que hagan una revisión para ver cómo es que pudieron obtener los títulos los señores estos que consideran, les pertenece".

 

En 2006 el estadounidense William Henry Fisher presentó ante el Juzgado un "interdicto de recobrar" en contra de dos pobladores del lugar, a fin de que se le "restituya" la posesión de un predio del cual había sido "despojado" en 2005 por un grupo de personas que invocaban "un derecho del pueblo originario".

El 25 de septiembre de 2007 el Juez Videla, sin darle participación a la comunidad afectada y sin notificar a los demandados, dictó sentencia teniendo por probados los dichos del demandante (en los que afirmaba haber colocado una cerca en el año 1997 y realizado un desmalezamiento en el año 1998) a los que atribuyó el carácter de "actos posesorios" de conformidad con el código civil, y ordenó a quienes se había notificado la demanda y a "toda otra persona que se encuentre ocupando" las tierras, a "restituir la posesión" al Sr. Fisher.

Luego de que el tribunal intentara efectuar el desalojo, sin conseguirlo por la resistencia del Lof, el Lonco Ernesto Antriau, denunció que los demandados no habían sido notificados y que la demanda fue entregada a personas que no eran miembros del Lof y que se hallaban habitando una casa prestada en un lugar distinto al que reclamaba Fisher. Esta falta de notificación le impidió a la comunidad ejercer su defensa e invocar que la posesión indígena sobre el territorio, que ha sido desde tiempo ancestral.

El Lof presentó un pedido de nulidad a la sentencia, y en febrero de 2008 Videla rechazó el planteo. La decisión del Juez fue apelada, pero el recurso fue denegado.

 

El juicio entre el norteamericano William Henry Fisher contra el Lof Paichil Antriau estuvo plagado de irregularidades. Por este hecho, la causa se encuentra desde 2008 con una denuncia y con un pedido de medida cautelar en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante el 2007, hubo reiterados intentos de desalojo, resultando en uno de ellos herido de bala un integrante de la Comunidad.

El 20 de Marzo del 2008 la Comunidad Paichil Antriau fue nuevamente desalojada de su territorio por la presión ejercida por Fisher. La paradoja fue que la noche anterior al desalojo existía un clima de acuerdo entre las partes, sin embrago a las 9 horas se presentó en el lugar el empresario, su abogado y un grupo de contratados por Fisher y comenzaron a desarmar las casas de la comunidad Paichil Antreau. Ante este hecho, la Policía Provincial formó un cordón de efectivos para "preservar" el territorio sin permitir el ingreso de los integrantes de la comunidad al espacio.

 

En el 2009 y en el marco de la prórroga de la Ley 26160 por 4 años más, y el compromiso incumplido de realizar el Relevamiento Territorial y suspender todo tipo de desalojo el día 2 de diciembre un dispositivo especial de la policía de Neuquén concretó el desalojo de una de las fracciones del antiguo lote agrícola-pastoril Nº 9, donde vive la comunidad mapuche Paichil Antriau desde fines del siglo XIX. Fuerzas policiales de la Provincia de Neuquén realizaron un desalojo en la Comunidad destruyendo rukas a machetazos y con motosierras, violando marcos jurídicos Internacionales, Nacionales y Provinciales. Un puesto policial se instaló para garantizar que Fisher y el personal contratado por él ­-un grupo de 15 personas encapuchadas, algunos de la vecina ciudad de Bariloche- levantara rápidamente una casilla y un baño químico.

 

Algunos de los aberrantes actos cometidos por la policía que pudimos escuchar por parte de los integrantes de la comunidad son:

  • La comunidad se encuentra totalmente militarizada, vive el atropello diario de la policía, que ha instalado puestos policiales en cercanía de las rukas, restringiendo al extremo los derechos y las garantías de la población que vive y transita en el lugar y realizando provocaciones denigrantes como bajarse los pantalones y mostrar los genitales e insultar a las mujeres de la comunidad. Las rukas han sido destrozadas. Algunas familias se fueron por no soportar el terror, la tensión constante; una niña sufrió un episodio de angustia, miedo, pánico, frente a los tiroteos constantes.

  • Los habitantes de la comunidad son prisioneros en su propio territorio; se ha desatado una verdadera cacería humana por el bosque; realizándose operativos armados constantes, detenciones sin orden judicial, vigilancia y hostigamiento policial y de parapoliciales ensañados en particular con los jóvenes, a los que han disparado y herido. "Sembraron armas" para incriminar a los jóvenes. También detuvieron a menores de edad quienes estuvieron varias horas incomunicados, y fueron golpeados y torturados.

  • El fiscal De Lillo cometió diversas irregularidades al tomar las denuncias efectuadas, como cambiar palabras y el sentido de lo denunciado, haciendo abuso de autoridad y faltando a sus deberes de funcionario judicial. Podemos decir que la comunidad parece ser "zona liberada", territorio donde lo fundamental, para las clases dominantes, son los privados con poder económico: el negocio inmobiliario.

Petitorio

Por todo lo expuesto, exigimos del estado argentino, y particularmente de quien se halla a cargo hoy del mismo como es la Señora Presidenta, el cumplimiento de la normativa constitucional argentina establecida en el artículo 75, inciso 17, así como de los instrumentos internacionales suscriptos por este país y que, por lo tanto, se hallan en la más alta jerarquía de la pirámide jurídica, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU del año 2007, de modo que:

 

1. Se proceda al inmediato retiro de las fuerzas policiales y de los grupos especiales represivos que el estado neuquino ha dispuesto para militarizar ilegítimamente el territorio de la comunidad Paichil Antriau de Villa La Angostura, vulnerando abiertamente nuestro derecho al territorio y violando el carácter sagrado que para el pueblo Mapuche posee nuestro rewe.

 2. Se brinde debida respuesta a la recomendación realizada el 13 de enero de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington y cuya principal función es la de velar por la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica y los Tratados y Convenios internacionales suscriptos por cada uno de los países americanos. En virtud de dicha recomendación el estado argentino, sin posibilidad de deslindar responsabilidades entre la nación y las provincias, cuenta con 10 días para informar al concierto interamericano respecto de las medidas adoptadas frente a la situación de militarización del territorio de la comunidad Paichil Antriau. Ante las denuncias por violencia institucional contra el gobierno de la provincia de Neuquén, que criminaliza la identidad mapuche, la Comisión Interamericana exige al estado argentino explicite las medidas adoptadas para garantizar la revisión territorial del territorio de la comunidad Paichil Antriau y para suspender los desalojos en virtud de lo normado por la ley nacional 26.160.

3. Se brinde la debida prioridad a la aplicación de la ley 26.160, cuya vigencia fuera renovada recientemente por el Congreso Nacional por cuatro años, a fin de que se decrete la nulidad de la sentencia de desalojo del juez Videla, en tanto haber sido dictada en forma abiertamente inconstitucional y en franca violación a la normativa vigente. La ley 26.160 obliga al estado argentino, y por ende a todas sus provincias, a suspender la ejecución de cualquier desalojo dispuesto contra una comunidad indígena por cualquier juez de la república, hasta tanto se realice el correspondiente relevamiento territorial por un equipo interdisciplinario que integre antropólogos, arqueólogos, historiadores y otras especialistas que el estado argentino debe disponer al efecto. Situaciòn notoriamente incumplida en el caso de la comunidad Paichil Antriau.

 4. Se brinde el debido respeto al principio de preexistencia del pueblo Mapuche establecido por el artículo 75 inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, en virtud del cual se reconoce a quienes habitáramos este territorio desde antes de la existencia del estado argentino, que hoy apenas llega a su Bicentenario, y se obliga al estado nacional y a las provincias, a respetar la identidad del pueblo mapuche, la forma tradicional de posesión de nuestro territorio y la integridad de nuestros lugares sagrados, y en particular, se encuentra obligado a relevar nuestros territorios y a confeccionar los títulos comunitarios de los mismos, procediendo, de ser necesario, a la expropiación para el caso de haberse otorgado indebidamente derechos a terceros, tal como hoy sucede con el supuesto reconocimiento que el estado neuquino brinda al ciudadano norteamericano William Fischer.

 

La comunidad Paichil Antriau está compuesta por más de 30 familias y viven en ella más de 20 niños y jóvenes que se encuentran padeciendo distintas formas de violación de sus derechos, quedando indefensos frente a la violencia ejercida por la policía en su territorio.

"La policía destruyó las rukas, rociaron con nafta nuestras quintas, nos llevaron la mesa, la olla, la parrilla, hicieron un asado con la madera de nuestras rukas, colgaron un perro con alambre hasta matarlo y lo tiraron en la ruka, la policía corre a la gente por el bosque… Cuelgan botellas y hacen tiro al blanco, han venido con sus perros, nos arrinconan, saquean, reprimen, muchos han perdido su trabajo por no poder bajar al pueblo y tampoco podemos bajar a comprar alimentos" nos decía una anciana y expresaba: "yo he vivido siempre en la comunidad, yo tengo 3 hijos y la placenta de mis tres hijos están enterradas en estas tierras…La legitimidad sobre el territorio no nos la quita nadie, tenemos una lucha fuerte, la territorial, porque pone en juego intereses económicos y por ello tenemos muertos".

 

El día miércoles 12 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado Nacional a "Informar sobre las medidas que se han tomado respecto de los actos de agresión denunciados por los solicitantes, miembros de la Comunidad Mapuche Lof Paichil Antriau de la Provincia de Neuquén, Argentina".

Dos días después el diario Río Negro publicó un artículo en el que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel exige al Gobierno de Sapag "la inmediata restitución de las tierras a la comunidad Mapuche" y les recuerda que "están violando la Constitución Nacional, los Pactos y Protocolos Internacionales de las Naciones Unidas".

 

El sábado 16 de enero W. Fisher avanzó con las topadoras sobre el Rewe, espacio ceremonial espiritual de la cultura Mapuche, para realizar un emprendimiento privado. Ante la reacción de la comunidad por recuperar el Rewe, nuevamente se sucedieron hechos de violencia con balas de plomo, gases y balas de goma, en los que resultaron integrantes de la comunidad heridos. Durante las primeras horas del lunes 18, miembros del Consejo Asesor Indígena presentaron -ante la Justicia- un hábeas corpus "para resguardo de la vida y la integridad de la comunidad Paichil-Antriau y otros miembros del pueblo que reingresarían al sector que la justicia desalojó en favor de Fischer, instalando allí un tercer puesto policial en la Comunidad".

Ante la Fiscalía, también denunciaron miembros del Consejo Asesor Indígena "el delito que implica la destrucción del Rewe por parte de Fischer y todo el dispositivo del Estado que lo permite. Copia de esas presentaciones las entregamos formalmente ante el municipio para que paralice la obra hasta tanto se investigue, así como ante la Comisaría local. Así, la comunidad ingresó pacíficamente a resguardar el espacio sagrado". Esto fue comunicado tanto a "Fischer como a la policía cuando se acercaron. El propio Fischer informó del ultimátum, y fue quien condujo de hecho la represión, usando un arma corta, aparentemente de calibre 22".

 

De las 625 hectáreas reconocidas por el decreto firmado en 1902 por el Presidente Julio Roca, reafirmando el derecho sobre el lote l N°9 de la Colonia Pastoril Nahuel Huapi en favor a los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriau correspondía en función de la Ley 1501 de 1884 - territorio que resultaría definitivamente reconocido con el título de propiedad confeccionado por el Gobierno del General Perón en 1952-, la comunidad Paichil Antriau sólo conserva la posesión efectiva sobre apenas 220 hectáreas, que son las que hoy se encuentran avasalladas.

Solicitamos al Estado Nacional sea garante del retiro inmediato de las fuerzas militarizadas del territorio de la comunidad Paichil Antriau, así como del cumplimiento de la ley 26.160 e inmediato relevamiento territorial.

 

Este informe fue elaborado y cuenta con la adhesión de las siguientes Organizaciones Sociales, Gremiales y Políticas:
Comunidad Quintriqueo; Comunidad Cayun Lago Puelo; Comunidad Maliqueo; Comunidad Motoco Cárdenas; Comunidad In Inkayal Walmapu Mew; Comunidad Huenuleo; Comunidad Las Huaytecas;

 AVKIN PIVKE MAPU (comunicación mapuche); Consejo Asesor Indígena (CAI); Confederación Mapuche Neuquén; Coordinadora del Parlamento Mapuche Río Negro; Mapuches Autónomos e Independientes Wallmapu; Programa "Estas Ahí", Radio Nacional; Asamblea en Defensa de la Radio Pública;  Ate Seccional Bariloche; Ate Zona Sur Neuquén; Encuentro Nacional de Mujeres Bariloche;

 Encuentro Nacional de Mujeres Villa La Angostura; Movimiento Ocupante e inquilinos Bariloche;  Junta Vecinal Villa Llanquihue; Junta Vecinal "Las Margaritas" ;Multisectorial Villa La Angostura;

 Centro Cultural Belgrano, Villa La Angostura; Biblioteca Popular "Osvaldo Bayer"; Foro Social Urbano Ushuaia ;Foro contra la Criminalización de la protesta; Pañuelos en rebeldía; Mesa de Organización de la Tierra Bariloche; Colectivo de organizaciones Sociales y Políticas de la Comarca Bolsón;  Colectivo de Organizaciones por la Tierra , por el Agua y las Costas Libres; FM Gente de Radio; CCC Neuquén;

CCC Bariloche; Partido Comunista Revolucionario Bariloche; Juventud Comunista Revolucionario Bariloche; Proyecto Sur Bariloche; EPADHES; Radio El Arka.
Fuente: www.anred.org /22-1-2010

 

2. El modelo distributivo que refuerza al capitalismo

 

◊Pese a las transformaciones vividas en la región,

los nuevos gobiernos progresistas siguen dependiendo de la extracción y exportación de materias primas.

Tadeu Breda ( Diagonal), en "Consecuencias sociales y ambientales en América Latina. La pervivencia del viejo modelo extractivista", manifiesta: "Una encuesta realizada en Brasil antes de la Cumbre de Copenhague concluyó que sólo el 5% de los brasileños ven el cambio climático como el gran problema del mundo. Una parte aún más pequeña de la población, alrededor del 1%, creía que la preservación de la biodiversidad debe ser priorizada por las políticas públicas. Urgente de verdad, decía el sondeo, era combatir la pobreza, la violencia y el hambre. Los resultados de la encuesta reflejan el razonamiento que anima a los gobiernos de la izquierda sudamericana a la hora de sopesar las necesidades aparentemente contradictorias de preservación ambiental y crecimiento económico. Desde la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, la ola electoral que condujo al poder a candidatos de origen popular e ideales socialistas tenía como objetivo poner freno a las reformas neoliberales. El Estado anhelaba, así, reducir la dependencia externa y retomar el control de la economía.

“Había esperanzas de que la nueva izquierda promocionara cambios sustanciales en el modelo de desarrollo, hasta entonces basado en la exportación de productos primarios”, recuerda Eduardo Gudynas, experto del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Pero estos cambios todavía no se han producido. La Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que los productos primarios todavía suponen más de la mitad de las exportaciones de los países ahora dirigidos por gobiernos progresistas. Encabezan la lista de exportaciones los recursos minerales como el cobre y el petróleo, y los grandes monocultivos, principalmente la soja. Brasil es el país menos dependiente de los productos primarios, pero aún así sostiene el 51% de su economía con las distintas formas del extractivismo. Venezuela, en cambio, apoya el 80% de su balanza de pagos en las rentas petroleras.

Eduardo Gudynas subraya que los nuevos gobiernos apenas han hecho hincapié en transformar esta situación. “Es el caso de la minería en Ecuador, el apoyo a un nuevo ciclo en la explotación del hierro en Bolivia y el fuerte protagonismo estatal en promocionar el crecimiento minero en Brasil y Argentina, mientras la izquierda uruguaya se lanza a la prospección de petróleo”, explica.

 

El punto neurálgico

A primera vista resulta difícil percibir los efectos colaterales de la pervivencia de un modelo económico volcado en la exportación de materias primas. A fin de cuentas, el crecimiento sostenido año tras año de las exportaciones se traduce en más dólares para la economía. Y los países latinoamericanos siempre necesitan dinero: nadie puede negar todo lo que queda por hacer en educación, salud, vivienda o empleo. Sin embargo, el economista ecuatoriano Alberto Acosta recuerda que desde la época de la colonización las finanzas regionales estuvieron sometidas a la explotación y exportación de productos primarios. Y a lo largo de los siglos este tipo de actividad no fue capaz de brindar desarrollo humano a la mayoría de la población. “Seguimos creyendo equivocadamente que desarrollo es sinónimo de crecimiento, y que la manera más fácil de lograrlo es por medio de la exportación de recursos naturales”, lamenta Acosta.

“Los actuales gobernantes tienen un reto muy grande entre las manos: no deben sólo conseguir equidad social, profundizar la democracia y superar el Consenso de Washington. Todo eso es indispensable, pero el verdadero cambio es transformar la manera en que lidiamos con los recursos naturales”.


Ecuador ha dado pasos importantes en ese sentido al aprobar el 2008 una Constitución que reconoce derechos a la naturaleza y somete el progreso económico y social a una relación no destructiva con los ecosistemas. La regla es utilizar los recursos del entorno con una intensidad tal que le permita recobrarse de los daños ocasionados y seguir sus propios ciclos vitales.

Pero en la práctica este modelo todavía no funciona. Con el objetivo de reducir los niveles de pobreza, los gobiernos de la nueva izquierda se encuentran a vueltas con un dilema. En tiempos de crisis ambiental y cambio climático, son moralmente estimulados a adoptar políticas de preservación ecológica, reducción del efecto invernadero, contención de la deforestación y adopción de tecnologías limpias. Al mismo tiempo, el compromiso histórico asumido durante las campañas electorales les obliga a mitigar la pobreza y estrechar el abismo social entre ricos y pobres.

 

En muchos de estos países, el Estado ha asumido un papel más activo en la economía, generando más reservas. Bolivia es un buen ejemplo. Cuando nacionalizó el petróleo y el gas en 2006, el Gobierno subió hasta el 50% los aranceles sobre la venta de los hidrocarburos al exterior. La renegociación de los contratos y la reactivación de la petrolera estatal YPFB ayudaron a cambiar el panorama económico del país. El PIB boliviano se duplicó hasta los 19.000 millones de dólares, las reservas internacionales crecieron, la inflación se mantuvo bajo control y el tipo de cambio continuó estable. Estos recursos permiten a los nuevos gobiernos traspasar a los sectores más pobres de la población una parte de los excedentes obtenidos con la extracción y exportación de recursos naturales.

 

“El Estado busca captar los excedentes del extractivismo y, al utilizarlos en programas sociales, consigue legitimidad para defender las actividades extractivistas”, analiza Eduardo Gudynas. “Las acciones sociales necesitan de financiación creciente y, por lo tanto, los gobiernos se vuelven dependientes de la exportación primaria para captar recursos financieros”. Las empresas estatales no actúan de manera muy diferente a las compañías extranjeras a la hora de asumir compromisos ambientales. Si las transnacionales de la minería, del petróleo y del agronegocio se justifican con promesas de progreso, empleo y bienestar, los gobiernos latinoamericanos siguen por la misma senda. La gran diferencia es el destino de las rentas. Ahora, más que antes, se quedan en el propio país. Aun así, y a pesar de estar justificada por nuevas realidades y argumentos, la devastación continúa.

 

Lo mismo, pero diferente

El debate surgido dentro del Gobierno brasileño entre Dilma Rousseff, ministra de Gobernación, y Marina Silva, ex titular de Medio Ambiente, ilustra lo que está en juego. Mientras Rousseff, coordinadora del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), pugnaba por acelerar la conclusión de las obras de infraestructura, la heredera política del ecologismo popular amazónico, Silva, insistía en la importancia de los estudios ambientales para sanear los impactos de estas mismas obras sobre la naturaleza. Con el respaldo de Lula, Rousseff venció la batalla, mientras Marina Silva prefirió dejar el Gobierno tras ganar fama como “traba” al desarrollo del país. Una vez resuelta la pugna parece que no existen ya impedimentos para continuar con la construcción, en la cuenca amazónica, de las plantas hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau, en el río Madera, y Belo Monte, en el río Xingú. Estas represas tendrán capacidad para generar 18.400 megawatios, que irán a alimentar la extracción minera en la Amazonía y la expansión industrial en el sureste del país, en donde están situadas São Paulo y Río de Janeiro.

 

LA POBREZA PRIMERO

Para los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana, la prioridad ha sido casi siempre combatir la miseria. Sin embargo, para que esto sea posible, el poder público necesita recursos financieros, una vez que el modelo elegido para aliviar el hambre y reanimar las economías locales ha sido la transferencia de renta, es decir, una especie de sueldo mensual que los gobiernos reparten entre las familias en situación de penuria. En Brasil, Lula creó la Bolsa Familia. En Bolivia, se instauró el Bono Juancito Pinto. Los uruguayos cuentan con el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social. En Ecuador surgió el Bono de Desarrollo Humano, y Argentina dio inicio al Programa de Familias. Ricardo Lagos creó el Chile Solidario...

 

COSTES DE LA MINERÍA

Actualmente, según el geógrafo Arnaldo Carneiro, del Instituto Socio Ambiental, la “mitad de la capacidad energética instalada en la región amazónica es consumida por la minería y la metalurgia, y el 20% de la electricidad producida en el país es destinada a productos de exportación”. El Gobierno brasileño promete destinar alrededor de 20.000 millones de dólares para inversiones en generación y transmisión de energía en la Amazonía. Otros 6.000 millones de dólares deben permitir la construcción y pavimentación de carreteras en la selva. Sólo la pavimentación de dos caminos puede provocar la tala de 39 millones de hectáreas de selva y afectar a más de 50 pueblos indígenas, algunos en aislamiento voluntario.

 

CORREDORES INTEROCEÁNICOS

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) también está presente en la Amazonía, con fuerte apoyo del Banco Brasileño de Desarrollo y la mayoría de los gobiernos de la región, incluso los de derecha. Por lo menos dos corredores interoceánicos atravesarán la Amazonía, incrementando así la salida de los granos producidos por el avance de la agricultura destinada a la exportación. “Debemos buscar un modelo de desarrollo que genere empleo y fortalecer un tipo de producción que no destruya la selva, que no produzca tantas emisiones y a la vez dé una vida digna a la población”, opina el físico Luiz Pinguelli Rosa, de la Universidad Federal de Río de Janeiro".

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-pervivencia-del-viejo-modelo.html

Artículo relacionado: “Quien apuesta por la extracción de recursos no logra el desarrollo”. Entrevista a Alberto Acosta, ex Ministro de Energía y Minas en el gobierno de Rafael Correa.

Fuente: www.rebelion.org /América Latina/ 14-2-2010

 

◊Gobiernos de la región mantienen las prácticas "rentistas",  la lógica "transnacional" y

el riesgo de los países latinoamericanos de depender exclusivamente de

la explotación y exportación de materias primas

 

LA PAZ. El ex ministro de Energía y ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Alberto Acosta, criticó hoy en La Paz a aquellos Gobiernos de la región que mantienen prácticas "rentistas", con una alta dependencia de la explotación de sus recursos naturales.

Acosta participó en un evento organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), en el cual expertos de cinco países debatieron sobre la relación de la crisis económica global con los recursos naturales y el impacto que tuvo ésta en las sociedades en América Latina.

Según un comunicado del Cedla, el economista ecuatoriano resaltó el riesgo que supone para los países de América Latina depender exclusivamente de la explotación y exportación de materias primas, pues ello genera una economía "rentista" y frena el desarrollo.

Acosta señaló que varios países de la región están desarrollando un modelo "extractivista", con mayor participación del Estado en la renta petrolera y con políticas sociales que lo legitiman, pero manteniendo la lógica "trasnacional" de la explotación de los recursos naturales.

 

"Muchos de nuestros gobernantes siguen con la misma lógica. El presidente Rafael Correa dice que hay que extraer los recursos naturales. El mismo presidente Evo Morales de Bolivia se preguntaba cómo podía hablarse de una Amazonía sin petróleo y se preguntaba de dónde sacaría dinero para pagar sus bonos sociales", dijo.

Entre las características del modelo descrito por Acosta están una mala asignación de recursos en desmedro del desarrollo; la vulnerabilidad de los países frente a crisis económica recurrente; la proliferación de la corrupción y de la mentalidad "rentista" y el deterioro del medio ambiente.

Agregó que los Estados que aplican el "rentismo" padecen de una débil gobernabilidad y tienen Gobiernos autoritarios y conflictos recurrentes con las comunidades de campesinos e indígenas que se encuentran en territorios ricos en recursos naturales".

Alberto Acosta:

  • "remarcó la necesidad de "releer el tema del desarrollo", dejando de lado las prácticas "extractivistas" y el "rentismo" para superar la llamada "maldición de la abundancia";

  • planteó que los Estados recuperen el control de los recursos naturales y tengan una mayor participación en las rentas por su explotación, además de una planificación democrática para el uso y control de los recursos naturales;

  • propuso diversificar la producción, incorporar valor agregado a las materias primas de exportación y

  •  planteó un "reencuentro" de la economía y la sociedad con la naturaleza (...)".

Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/alberto-acosta-critica-a-gobiernos-que-viven-del-rentismo-390044 / 29-Enero-2010

 

3. El irrespeto por la Constitución de los de abajo e impulso a la integración según la IIRSA

 

"Los gobiernos progresistas en Sudamérica

siguen con el modelo extractivista

 

Yásser Gómez entrevista a Alberto Acosta, de FLACSO, quien opina: "La crítica del movimiento indígena y de amplios sectores sociales surge porque el gobierno en las leyes no está apegado a la Constitución. Por ejemplo, la Constitución establece derechos colectivos, de la naturaleza, de participación ciudadana como elemento fundamental para la elaboración de leyes. Y el gobierno de Alianza País, con la ley de minería aprobada después de la Constitución, está poniendo en riesgo la Carta Magna. Ese es el problema de fondo. Con la ley de soberanía alimentaria está poniendo en riesgo la misma Constitución ¿A qué se debe esto? Sin duda alguna a las incoherencias de un gobierno que todavía tiene unas políticas, claramente inspiradas en el manejo neoliberal, que todavía representa intereses de los grupos económicos más tradicionales, como en el ámbito agrario.

Y eso también se explica en el sector de la minería en particular, por el hecho de que los gobiernos de la llamada corriente progresista de América Latina no han discutido ni han puesto en cuestionamiento el modelo extractivista. Ecuador, Venezuela y Bolivia para citar a los países que están de más avanzada en Surámerica. No han puesto todavía en tela de juicio la validez de un modelo extractivista, siguen creyendo que vía la extracción de los recursos naturales vamos a encontrar el camino del desarrollo. Eso sabemos que será imposible. No sólo se trata de usar adecuadamente los recursos, sino cambiar esa modalidad primario exportadora, que nos ha subordinado en el contexto internacional. No sólo hay -entonces- que plantearse un modelo extractivista, sino una nueva forma de inserción en el mercado mundial.

 

P. En los espacios de integración continental como el Mercosur, la CAN o la UNASUR, no se discute el tema del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), incluso gobiernos como el de Bolivia continúan con el proyecto ¿A qué se debe esto?

R. Es que el IIRSA responde a la lógica del modelo extractivista atado a las demandas de acumulación del capital transnacional. Estos canales interoceánicos no buscan la integración de los pueblos, sino la integración de nuestras economías al mercado mundial. En tanto que, suministradores de recursos naturales como petróleo y minería por ejemplo, también de productos agrícolas, el control de la biodiversidad y las fuentes de agua para el capital transnacional. Y todo esto en el marco de la ampliación de mercados, de la conformación de espacios donde se puedan crear mayores consumidores y no la conformación de la ciudadanía regional y menos de la ciudadanía global. El IIRSA todavía está vigente porque los gobernantes de América Latina de la tendencia progresista como Chávez, Lula, Evo, Correa y Fernández, no están cuestionando el modelo extractivista ni la forma de inserción sumisa en el mercado mundial. Esa es la explicación, porque el IIRSA está todavía con vida y con fuerza.

Periodista, editor de Mariátegui. La revista de las ideas.
http://mariategui.blogspot.com

http://www.lahaine.org/index.php?p=40019 15/9/2009

IIRSA: un camino para vaciar América latina

En la Revista Biodiversidad, sustento y culturas Nº 42 (octubre de 2004), se aclara:" (...)el IIRSA surge de una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el FONPLATA. Estos organismos fueron los que defendieron con más fuerza el ALCA, lo que ya genera una gran desconfianza. Y además ofrecen préstamos para hacer las obras... que van a aumentar la deuda externa de estos países. El BID y la CAF presentaron la iniciativa en el año 2000 en la Reunión de Presidentes de América del Sur en Brasilia... y los presidentes lo aceptaron! Ni antes ni después de esa cumbre los gobiernos han informado o consultado a sus pueblos sobre esta iniciativa. ¿Ustedes sabían que existía? ¿Oyeron hablar del IIRSA alguna vez? Esto genera todavía más desconfianza, ya que si fuera una buena iniciativa, seguramente se hubiera usado como argumento para hacer propaganda política... pero no. Nadie informa y ningún gobierno quiere difundir demasiado esta Iniciativa. Podría pensarse que prefieren evitar que la gente se organice en contra, como sucedió con el ALCA(...)" 

http://www.grain.org/biodiversidad_files/IIRSA-1.pdf /

4. Las economías de enclave exportador a superar por concreción de la «seguridad ecológica»

 

"La profundización de los esquemas de transferencia de riquezas

de la periferia hacia los países metropolitanos, así como

la devastación ambiental que ésta y otros procesos generan,

nos lleva a reflexionar sobre los impactos ambientales y sociales,

pero también acerca de sus costos en términos de vidas, no sólo humanas".

Gian Carlo Delgado Ramos

 

Mario Hernández ( Red Eco Alternativo)
Ciudad de Buenos Aires
21 de enero de 2010

"El 13 de enero, en la sede porteña del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), el investigador mexicano Gian Carlo Delgado Ramos expuso sobre “Ecología Política de la minería en América Latina”.

El joven investigador de la Universidad Nacional de México señaló en la charla la importancia que tiene para los Estados Unidos la exploración y explotación de minerales. En 2008, el Pentágono los clasificó como estratégicos, críticos y esenciales, siendo los primeros los que permiten mantener la hegemonía mundial y regional al tiempo que sus reservas son limitadas o de difícil explotación por resistencias sociales. Los críticos son también de carácter estratégico pero además permiten ventajas en el sector militar; es el caso del berilio que se utiliza en las cabezas nucleares. Y finalmente, los esenciales son aquellos que dan forma a la economía, como el hierro y el cobre.

Delgado Ramos ejemplificó dónde se encuentran estos minerales. China posee el 49% de las reservas mundiales de arsénico que se utiliza en la industria espacial y de telecomunicaciones. La bauxita que se utiliza en el aluminio se distribuye entre Jamaica, Australia, Guinea y Vietnam. El 80% del cobalto se encuentra en el Congo y el 20% restante en Cuba. El litio en Bolivia y Chile. El oro en Sudáfrica y las más importantes reservas de cobre se reparten entre Chile y Perú.
 

También señaló que la actual dependencia estadounidense del abastecimiento de petróleo externo , que es de un 45%, se elevará entre 2020 y 2030 a un 75%. De allí que ya no se trate de una cuestión que pueda resolver solamente el mercado y sus empresas transnacionales, sino que involucra principalmente a las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Desde la década del ‘90, la política exterior de Estados Unidos liga la cuestión de la seguridad con la variable ambiental. El objetivo fue asegurar zonas ricas ante escenarios de incertidumbre. Hoy esa tarea ocupa principalmente al Pentágono que para tener libre acceso a los recursos naturales estratégicos ha pasado a definirlos como bienes comunes y recursos globales. Promover el acceso, flujo y control a las reservas mundiales de minerales depende ahora de los militares estadounidenses que desde 1991 sólo consideran abastecedores confiables a México, Canadá y los países de la cuenca del Caribe.
 

Aunque desde fines de los ’70 Estados Unidos ya contaba con una Ley de Almacenamiento Estratégico, en la actualidad apunta centralmente a satisfacer un modelo dinámico de defensa para lo cual se asocian con industrias privadas, principalmente estadounidenses y canadienses, pero subordinando esta política a la securitización de los recursos mineros vía militar. De allí la reformulación del Comando Norte que ahora incluye a Puerto Rico y México y hacia el sur fija el eje operativo en Colombia apuntando al control de América del Sur.

La pregunta que se hace Delgado Ramos es si este interés norteamericano beneficia a América Latina.

Al respecto señaló que nuestras economías son de carácter extractivo, de enclave. Dio como ejemplo el caso de su propio país, México, cuyo principal mercado es Estados Unidos y donde el petróleo crudo y minerales representan el 60% del total de sus exportaciones e importa el 40% en naftas. También en el caso de Centroamérica el grueso de sus recursos naturales va a Estados Unidos. Para los casos de Chile y Perú, entre 1980 y 2000, el 52% de sus exportaciones afectaron a la minería y tuvieron el mismo destino.
Esta sangría de recursos naturales mineros ha sido acompañada por leyes que garantizan la seguridad jurídica a las empresas extractivas como las mineras, privatizando reservas, dando preferencia al uso minero del territorio y el agua y concesiones por períodos de 50 años, para las cuales no existen pagos de impuestos ni tasas de exportación para los minerales extraídos.
 

Aunque mucho se habla que todo esto se hace para favorecer el desarrollo de los pueblos, Delgado Ramos aseguró que para México sólo representa el 0,1% del empleo con 270.000 puestos de trabajo mientras los impactos ambientales son devastadores. La minería produce el 69% de los gases invernadero en México, Canadá y los EE.UU.

Es por eso que contra la idea del Pentágono de “securitizar” los recursos, propone la de una «seguridad ecológica» vinculada a la necesidad de pensar un medio ambiente sano vinculado a modos de producción y relaciones sociales diferentes de las actuales. Concluyó afirmando que no podemos pensar un modelo alternativo, por ejemplo, el del socialismo del siglo XXI, basado en economías extractivas". Fuente: http://www.giandelgado.net/www.ecoportal.net / 5-2-2010

En consecuencia, la unidad en diversidad de nosotros -los de abajo- nos plantea escuchar a las organizaciones que están resistiendo a la devastación territorial por súper negocios globalizados. Identificarnos con su causa, nos situará en la realidad profunda del país y el continente.

 

Nos llevará a desplegar la comunicación social que instale la deliberación y la toma de decisiones por las comunidades, a lo largo y ancho del país, sobre: la «seguridad ecológica»; el «buen vivir» y la «soberanía alimentaria». Las tres convergen en afirmarnos como sujetos de derechos y de autonomía. También garantizan que podamos legar porvenir a las generaciones futuras.

 

Unámonos: ¡Por la multiplicación del ANDALGALAZO! ¡Por la autodeterminación y la valoración de nuestras vidas!