I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

¿Por qué es central -para los de abajo- decidirse entre «concertación o país»?

En procura de una respuesta que introduzca en los contenidos reales y efectivos de ambas voluntades políticas
consideremos una medida fundamental para el segundo rumbo:

¡¡ Nacionalización ya!!
del petróleo y gas y demás recursos naturales

Se trata de "una recuperación por parte del pueblo, a través del estado nacional" según las organizaciones
que realizan la Campaña ¡Un millón de firmas!.

Pero, ¿cuál es la política del gobierno de Kirchner?

El Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO),
en su boletín informativo para socios N° 49 del 13 de noviembre de 2006, bajo el título
«Perfeccionamiento de la entrega» señala que

"en los últimos días del mes de octubre, antes de las elecciones de Misiones, el gobierno continúo
con la entrega y el perfeccionamiento de la política menemista del petróleo:
a la entrega del Mar Argentino agregó ahora la entrega de los yacimientos a
las Provincias a través de la llamada Ley Corta... (de patriotismo), para que éstas,
como vienen haciendo con las yacimientos menores, los entreguen a las multinacionales y cobrar así grandes comisiones.
Así lo hicieron en la época conservadora luego del golpe de 1930 en Salta y Mendoza, y no pudieron hacerlo mientras estuvo en vigencia
el Artículo 40 de la Constitución Nacional,
derogada por una proclama (decreto militar) en 1955".

El editorial de su Boletín N° 178 del 30 de noviembre de 2006
se refiere a la Ley Corta como Ley de Emiratos y la califica de entrega, despojo y sumisión.
Destaca que

"ese falaz concepto de federalismo, pregonado por gobernadores inescrupulosos y serviles a las petroleras,
y convertido en un dogma insensato contra las provincias más pobladas o
de la pampa húmeda - a las que se culpa de todos los males
cuando han sido sus habitantes quienes más han contribuido al desarrollo energético de la Nación-
ha transferido la mayor riqueza común de todos los argentinos a capitales extranjeros, a los que Enrique Mosconi llamaba los «trusts internacionales del petróleo» .

Al mismo tiempo, reparte -con inequidad- las riquezas del subsuelo: habrá una minoría de argentinos muy favorecidos ( 6.000.000) y una gran mayoría de perjudicados (32.000.000) , situación que se agrava ante la crisis social en que estamos inmersos.
Se habrá quebrado así el sistema solidario nacido con Y.P.F. ".

Advierte que el bloque dominante divide a los que poblamos el país para encubrir
a quienes de verdad se adueñan de
los hidrocarburos.

"Una antinomia mentirosa se ha creado entre
quienes representamos una posición nacional y
los compatriotas que creen defender los intereses de sus provincias;
en realidad
estamos discutiendo por la apropiación de
una riqueza que hoy no es de la Nación ,
ni de las Provincias, pues se la llevan las multinacionales del petróleo".

Informa:

"El MORENO le ha señalado al Sr. Presidente de la República y al Ministro de Planificación Federal
que en las condiciones constitucionales, legales y operativas vigentes,
resultaba posible
aplicar una explotación racional de nuestros hidrocarburos,
manteniendo el dominio jurisdiccional en manos del Estado Nacional,
y centralizando su explotación.

Ésa debe ser la misión de una nueva ENARSA, integrada sólo por la Nación y las Provincias, a la que deberían cederse todas las áreas cuya posesión por parte de las petroleras privadas no se ajuste a derecho,
y sobre las cuales existe la obligatoriedad legal por parte de las autoridades de recuperarlas.

Lamentablemente, la conducta del PEN es totalmente contraria a los intereses nacionales.

De la forma propuesta por el MORENO, los niveles de exploración, extracción, refinación, precios y tarifas,
serían determinados por el Estado Nacional en colaboración con las Provincias.
En cuanto
a las regalías hidrocarburíferas, derivadas del dominio jurídicamente originario, señalamos que resultaba imprescindible aumentar significativamente su porcentaje y controlar que en buena parte sean destinadas a inversiones para prever el futuro regional, en el momento en que se agote la producción de petróleo y gas, bienes no renovables".

Fuente: info-moreno@fibertel.com.ar
www.info-moreno.com.ar

De cuanto expresa el M.O.R.E.N.O, comprendemos que la nacionalización de los recursos naturales
exige
tener otro Estado porque tanto el nacional como los provinciales no representan
los intereses del país ni de sus pueblos.
Esa usurpación, aclaro,
ha sido legalizada y legitimada gracias, fundamentalmente, al partido Justicialista (ése con origen en la masacre
del 20 de junio de 1973) que hizo posible:
-la instalación del neoliberalismo a través de la Triple A y el rodrigazo promotores de 
la dictadura genocida; -la década menemista; y  -la gestión de Néstor Kirchner.

Entonces, el Estado no estuvo ni está ausente en la instauración del paraíso rentable de oligopolios y
esto
se lo debemos también a la Unión Cívica Radical (también hegemonizada por la derecha a partir del terrorismo de estado del poder económico e imperial) y a Raúl Alfonsín que fueron imprescindibles para
-transformar
la gran estafa de la deuda externa (impuesta mediante terrorismo de estado)
en sistema de despojo y sometimiento imperialistas;
-continuar el establecimiento de las condiciones favorables a las privatizaciones; y
-garantizar el mafioso funcionamiento de los poderes públicos y sindicales que precisan
los formidables negocios con el poder económico transnacional y local.

Tampoco podemos esperar otra conducta del Poder Ejecutivo Nacional.
Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz, la senadora Cristina Fernández, el secretario Óscar Parrilli y
la esposa del Ministro de Planificación fueron protagonistas principales de la extranjerización de YPF.

Ideología:

La privatización, en verdad, desnacionalización de los recursos e infraestructuras energéticos
requiere
la construcción permanente del sistema de entrega, despojo y sumisión que arranca
de una voluntad política ante la siguiente disyuntiva:

"Se trata de decidir, si la riqueza del subsuelo argentino pertenece al dominio de los argentinos, o si por el contrario,
esta incalculable riqueza se ha de entregar al monopolio y a los "trust" extranjeros
para que agoten hasta el último yacimiento, devolviéndonos luego la tierra estéril mientras el dividendo del "trust" nos habrá sustraído todo el patrimonio argentino...".

El M.O.R.E.N.O recuerda que, en 1928, Salta alegaba de ese modo ante la Corte Suprema de la provincia
en su litigio con la Standard Oil.

En su Boletín N° 182 del 28 de diciembre de 2006 divulga:

"El presidente del MORENO, FERNANDO SOLANAS,
patrocinado
por los Dres. SALVADOR MARIA LOZADA y JULIO RAFFO, presentó ante la justicia una acción de amparo e inconstitucionalidad de las leyes 24.145 de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 24.076, que estableció como sujeta a privatización a Gas del Estado, y de los decretos Números 2278/90
por el cual
se convirtió a YPF, de sociedad del Estado en Sociedad Anónima, y 1189/92 ( B.O. 17/7/92)
por el cual
se estableció la privatización total de Gas del Estado, y todas aquellas normas derivadas de tales disposiciones.

La presentación se efectúa en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional , que faculta la posibilidad de obtener la inconstitucionalidad de una norma por la vía de amparo, en virtud de las circunstancias de hecho y razones de derecho que se exponen. La acción se dirige contra el Poder Ejecutivo Nacional que dictó los decretos impugnados y contra el Congreso de la Nación , en la figura de las dos Cámaras que lo integran por haber sancionado las leyes cuya inconstitucionalidad se solicita.

La legitimidad del amparo se fundamenta en la «Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica)
que prevé la aplicación del amparo a los países signatarios del mismo, en su artículo 24.
Dicha disposición establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes
que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales».

Asimismo la Constitución Nacional sancionada en 1994, en su nuevo artículo 43 establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la misma".

En el amparo judicial de 150 páginas
1) se historia:

"A partir de 1983, la banca internacional comenzó a delinear e imponer su plan de sometimiento de
las políticas públicas de los países endeudados a sus intereses, priorizando el desmantelamiento de
las empresas estatales. «Les vamos a decir: Tienen que suprimir todos los subsidios de
su economía, empezando por las empresas públicas» manifestaba un miembro del Comité de
la Deuda Latinoamericana , creado por entonces por David Rockefeller.

Para posibilitar la puesta en marcha de esta política de desguace del Estado, ya adoptada por el gobierno nacional a partir de 1989, en acuerdo con los bancos acreedores y grandes grupos locales, con la colaboración de funcionarios nacionales y con el apoyo del FMI y el Banco Mundial, se dictó la ley 23.696 de Reforma del Estado, "que
sólo tuvo por objeto la enajenación del patrimonio público, y desmontar todo control del Estado
sobre las actividades económicas", señala el escrito.

El encuentro "Privatizaciones en Argentina", organizado por el Bureau de Investigaciones Empresariales, realizado en Buenos Aires en septiembre de 1991, reunió a estos actores para precisar las acciones a seguir.
El Secretario de Planificación de la Presidencia de la Nación , Vittorio Orsi allí sostuvo "Aquí en la Argentina hemos entendido que, para el mantenimiento de la estabilidad y la reactivación es necesario:
ganar una intensa batalla del petróleo...".

En la concreción del plan, YPF sería una pieza fundamental: como siempre había sido un baluarte de
la soberanía económica del país, el gobierno de Menem sabía que su privatización no iba a ser fácil, y debido a ello
necesitaba contar con la mayor cantidad de aliados posibles para no entorpecer la marcha de
su proyecto enajenador.

Las negociaciones en el Parlamento fueron intensas y el -en ese entonces- gobernador de
Santa Cruz, Dr. Néstor Kirchner,
arrimó una idea que fue bien recibida por el gobierno. La cuestión era lograr que todas las provincias productoras de petróleo apoyaran con sus senadores y diputados el proyecto para que no tuviera problemas y se convirtiera en ley. La contrapartida era que se llegara a un acuerdo extrajudicial con cada provincia
para terminar un litigio que estaba en la Corte Suprema de Justicia, por el cual las provincias reclamaban el pago de regalías mal liquidadas, aunque el reclamo era improcedente y se sabía
que no prosperaría.
El gobierno nacional reconoció entonces una deuda de 480.061.020 millones de dólares.

En el proceso de la apropiación del patrimonio público actuó activamente un comité de una docena de bancos acreedores, liderados por el Citibank y el J.P.Morgan, con la guía insoslayable del FMI.(...)".

2) Se describe la situación de los hidrocarburos en 1989:

"Cuando se decidió poner en marcha toda la política de desregulación, uno de los argumentos utilizados
fue la ineficiencia de YPF en la administración de la renta petrolera, la falta de actividad en
la exploración de yacimientos, la ausencia de inserción del país en los parámetros que se manejaban en la economía petrolera internacional,
y en el monopolio que ejercía YPF en desmedro de empresas privadas.
Los forzados compromisos financieros que endeudaron a la empresa desde
la época de la dictadura militar, completaban la visión que la 'condenaba'.

Sin embargo, por entonces existían reservas comprobadas recuperables de petróleo que ascendían a 357 millones de metros cúbicos, con un horizonte aproximado de 13 años. Las reservas de gas calculadas en 1990 llegaban a 680.000 millones de m3 que, tomando el nivel de consumo de ese año, daban una perspectiva de 60 años.
La producción total de hidrocarburos a fines de 1989 se encontraba en constante aumento,
habiéndose establecido en ese año un record histórico de 51.028.000 m3 (26.702.000 de petróleo y 24.326.000 de gas equivalente).
La cantidad de pozos perforados hasta esa fecha, se mantuvo con altibajos en un promedio del orden los 800.
Los trabajos de exploración, la infraestructura de transporte, las refinerías y demás instalaciones, mostraban
una empresa eficiente.

La relación creada entre las empresas estatales del sector
con
la infraestructura científico-tecnológica de las universidades nacionales,
había permitido que YPF, en su laboratorio de Florencio Varela,
desarrollara exitosamente el primer catalizador de origen nacional".

3) Se explica efectos de esta construcción de una arquitectura "paralegal"

"Las principales consecuencias de la aplicación de estas normas,
fueron:

• la pérdida de unos 1400 millones anuales de impuestos a los combustibles que aportaba YPF
  -y en consecuencia de los subsidios de ésta al Tesoro-;
   
• la dependencia del precio del combustible del precio internacional;
   
• el achicamiento y endeudamiento de YPF a través de diversas medidas: pago de los préstamos impuestos antes de 1983, subsidio por precio a refinerías de Esso y Shell, pérdida de cuota de refinación y otras.

Los intereses privados determinaron en gran medida el proceso de desmantelamiento,
con
la determinación de procedimientos en las privatizaciones, el 'descuartizamiento' de Gas del Estado.
La ausencia o levedad de los controles regulatorios, la libertad de precios, los reajustes ilícitos y las tarifas preferenciales, la libertad de disponer las divisas generadas por la explotación.

Hubo también singulares repartos en la adjudicación de reservas entre multinacionales importantes y hábiles negociadores locales,
que visualizaron la oportunidad de lucrar a costa de los bienes públicos. Enfáticamente podemos decir que las áreas secundarias
fueron regaladas a empresas vinculadas con funcionarios del Estado
en una increíble colusión de intereses.

Nueve empresas, propietarias de las áreas más importantes, muchas más que las que permite la ley, acaparan casi toda la producción hidrocarburífera. Los volúmenes exportados de petróleo crecieron, entre 1990 y 2005, en un 1500%, las de gas, entre 1997 y 2005 en 1000%.

Además, las empresas han realizado transferencias de divisas al exterior
que
podrían estar relacionadas con lavado de dinero y la evasión fiscal.
Tal podría concluirse de la investigación llevada a cabo en los primeros meses del año 2002
por la Comisión Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados,
presidida por el Diputado de la Nación Dr. Eduardo R. Di Cola,
con el objetivo
de determinar si la entonces vigente ley 20.840 (de subversión económica) podría resultar de aplicación a operaciones que no se adecuaran a la normativa vigente.

El pueblo argentino y el Estado perdieron –junto con la renta de las riquezas que le pertenecen- calidad de servicios,
poder adquisitivo, puestos de trabajo, desarrollo de infraestructura, pueblos que se abandonaron,
empresas desguazadas, vías de comunicación abandonadas, capacidad tecnológica, expertos.
Se ha dejado de lado
toda planificación racional, incluidos el programa de uso racional de energía y
gran parte del desarrollo de fuentes no convencionales, y la producción viene declinando,
por razones 'técnicas' y la falta de inversiones en exploración".

4) Se concluye:

"De la lectura de todo cuanto venimos manifestando, se puede observar, esto
que hemos señalado de la construcción de una arquitectura «paralegal» ya que
no podemos aceptar la juridicidad de normas dictadas
con
el invariable propósito de enajenar el patrimonio público, y que no obedecen a concepciones de derecho que pudieran ser cuestionadas, pero que entran dentro del marco de las diversas teorías
que en este campo pueden ser materia de análisis y discusión.
Aquí se trató por todos los medios de despojar al pueblo argentino de lo que era propio...".

De manera que el Estado nacional y los provinciales no representan los intereses del país y de sus pueblos
porque,
como resultado de un proceso que los reorganizó a costa de terrorismos y chantajes varios,
incluyen
relaciones socioeconómicas esenciales al sistema de saqueo y sometimiento que posibilita
la extraordinaria acumulación de riquezas por parte de las empresas y los bancos imperialistas,
de grandes grupos económicos locales y de cúpulas del partido Justicialista,
de la Unión Cívica Radical y de la CGT.

Premisas e hipótesis:

Fue y es por entrega, despojo y sumisión
ya que no hubo invasión y ocupación imperialista.
Tampoco
se reduce al copamiento estratégico del país por parte de empresas, bancos y Estados foráneos.
Abarca, además,
la acumulación capitalista de los grupos económicos locales por acaparamiento de fondos públicos
e ingresos de sectores populares y por reordenamiento del país en favor de la globalización.

La privatización de la red ferroviaria de Argentina al igual que el sistema de peajes convirtió en concesionaria
a la gran burguesía local.
Se realizó según el plan del Banco Mundial y el privilegio del proceso de la rentabilidad sobre
las necesidades e intereses populares hizo a la centralidad del transporte de carga y masivo de "punta a punta"
con lo que la red operable pasó de unos 35.000 km de vías en 1988 a menos de 8.500 km una década después.

De ese modo se excluyó a los productores instalados fuera de los corredores activos y los que no alcanzaban
los volúmenes mínimos de carga exigidos por los concesionarios. Se concentró la actividad agropecuaria y
los últimos consolidaron su carácter de formadores de precios.

Se despidió a 80.000 ferroviarios, se perdieron un número importante de puestos laborales del empleo indirecto y
y seiscientos poblados entraron en vía de extinción.

Los trenes de pasajeros quedaron restringidos al conurbano bonaerense y de esa manera se despojó del transporte público más eficiente a las grandes mayorías.

De esta brevísima descripción se desprende que casi toda la población
es  despojada
y hundida en condiciones precarias de vida porque el Estado privilegia
los negocios del gran capital.

Pero Narciso Isa Conde (Rebelión) opina que:

"Los procesos de privatización -dentro de las estrategias y modelos neoliberales- le
han arrebatado
al Estado el patrimonio público y traspasan esas riquezas a las oligarquías capitalistas y en mayor medida al gran capital transnacional".

Narciso Isa Conde nos esclarece:

"La desprivatización, especialmente de las áreas estratégicas, de las vertientes claves para el desarrollo integral,
de las áreas sociales fundamentales, del poder de decisión en políticas de Estado,
implica
creación de mejores condiciones para la recuperación de la soberanía,
la autodeterminación, las políticas sociales y la seguridad,
usurpadas por las oligarquías y los centros imperialistas.

Sin embargo, desprivatizar ahora lo privatizado y nacionalizar y/o estatizar otros sectores claves,
sería
sólo una premisa, no una meta superadora de las experiencias vividas y fallidas,
tanto de los regímenes capitalistas predominantemente privados como de los que han combinado
éste con el estatismo. Igual respecto al mal llamado y colapsado socialismo real.

Desprivatizar para volver al estatismo sin control
y sin participación social y ciudadana,
sin gestión democrática, sin propiedad social,
equivale a
reeditar lo también fracasado en todos esos contextos.

Desprivatizar para hacer al patrimonio nacional (empresarial y natural) presa de la corrupción burocrática, del clientelismo, de la depredación y la ineficiencia, es otra forma de atentar contra él y facilitar su dilapidación. Precisamente eso fue lo que le dio pie y auge al discurso privatizador.

Porque si bien esa modalidad de propiedad y gestión pública
puede permitir que un porcentaje del excedente se distribuya desde los gobiernos hacia la sociedad
y sostenga los planes sociales del Estado,
ella le da
el poder de decisión a la burocracia y partidocracia asociadas siempre al gran empresariado,
quienes se chupan, vía corrupción, gran parte de esos recursos.
Y esto, además, provoca a la larga la quiebra y la desvalorización de ese patrimonio.

Esta demostrado que la propiedad estatal no es de por sí propiedad social, mucho menos sinónimo de socialismo.

El patrimonio público si no se convierte en propiedad social,

• vía formas asociativas o modalidades de propiedad colectivas,
   
• vía participación de los (as) trabajadores en su gestión y administración (autogestión y cogestión con el Estado),
   
• vía el control de la sociedad y de los conglomerados sociales sobre
  el uso de sus excedentes, sobre sus estados de cuenta y
  su administración,

termina siendo una modalidad de usurpación de los intereses colectivos,
de apropiación minoritaria- burocrática de sus beneficios, de enajenación y alineación.(...)

La autogestión de los productores, de los trabajadores y trabajadoras,
la cogestión con participación y poder de decisión de ellos (as);
la designación de administradores por concurso, los sistemas de contabilidad abierta, la participación de las comunidades laborales en las decisiones,
la presencia de representantes de la sociedad en los órganos de gestión y administración, no sólo implica democratización en
el alto grado,
sino socialización real; la cual debe verse como un proceso dentro de la transición del capitalismo al socialismo pleno,
con
-ritmos y prioridades distintas por países, 
-dimensiones variadas y pasos escalonados,
según las características de las economías,
las circunstancias políticas y la composición social".

Fuente: www.rebelion.org
Opinión  18-1-07

En ese camino marchan, por ejemplo, experiencias como la relatada por
la Agencia de Noticias RedAcción (AnRed):

"Nuevamente cientos de usuarios y trabajadores indignados se reunieron,
el lunes pasado, desde las seis de la tarde hasta las 20 hs, en el hall de la estación de trenes Constitución
para reclamar
y denunciar las condiciones sórdidas del servicio de Trenes Metropolitano (ex Roca) debido a la falta de inversiones, descarrilamientos de trenes y falta de mantenimiento y seguridad laboral
que cotidianamente genera diversos tipos de accidentes y ya provocó la muerte de cuatro operarios.

La jornada contó con una radio abierta en la que se transmitió detalles del conflicto mientras que pancartas, stencils y volantes denunciaban la gravedad de la situación.
Todo ello
para exigir a la empresa y las autoridades nacionales la puesta en condiciones de todo el sistema ferroviario incluyendo mejoras en las condiciones de trabajo.

Además, reclamaron la reincorporación de los despidos de Caorsi, Luna y recientemente de Merino y Monje.
Ello se da en momentos en que los trabajadores están denunciando la precariedad laboral y la falta de seguridad tanto laboral como de prestación de servicios.
Los trabajadores declararon que los despidos "son un elemento más de la campaña de persecución sindical que lleva adelante la empresa para desacreditar los reclamos."

De la misma forma revelaron que 70 empleados se encuentran encuadrados en el convenio de empleados de comercio, por lo que no cuentan con ningún tipo de representación gremial por su actividad y
cobran un 50 por ciento menos por igual desempeño de tareas en relación al resto de sus compañeros".

¿Cuál es la política del gobierno de Kirchner?
Le ha ido aumentando los subsidios multimillonarios a las concesionarias con el pretexto de evitar
el aumento del transporte para los usuarios.

"En contraposición, desde entonces, la falta de inversión del ex Roca y en el resto de las licenciatarias de ferrocarriles
fue una constante dando lugar a fallas en las fijaciones de vías, ausencia de tablas que cubran el tercer riel, desgaste en las pestañas de las ruedas y falta de mantenimiento en los durmientes y balastos
sumado a la mala señalización, problemas de electrificación y el estado calamitoso de las estaciones que provocan que continuamente se produzcan descarrilamientos y accidentes varios que ponen en peligro la vida diaria de usuarios y trabajadores que día a día utilizan el servicio".

Los trabajadores señalan:  

"Estos subsidios deberían estar destinados a obras de infraestructura para mejorar el servicio
pero sólo
redundan en mayores márgenes de ganancias para empresarios inescrupulosos como Sergio Tasselli".

Sólo 15 días de facturación alcanzan para pagar gastos operativos, sueldos e impuestos. Los 15 restantes son ganancias netas.

Para remate, "a pesar de las denuncias de usuarios y trabajadores y a la suma multimillonaria
que reciben las concesionarias, el gobierno nacional dispuso, en diciembre pasado,
mediante la resolución 1961/2006 otorgar nuevas indemnizaciones para
las licenciatarias de ferrocarriles del área metropolitana que serán 'utilizadas' para
la re-actualización de los costos operativos tales como materiales,
mantenimiento por terceros, gastos generales, seguros y honorarios por gerenciamiento
y serán retroactivas al 2002.

La nueva subvención estatal, rondaría entre 280 y 300 millones de pesos, antes de fin de año".

Para mayor información: Marianela, Comité de apoyo ferroviario "Mejoremos el Tren": 15 6017- 4942
E-mail: mejoremoseltren@yahoo.com.ar

Fuente: www.anred.org
17-1-07

El país que avizora y diseña la concertación K se comprueba en la inversión e impulso al Belgrano Cargas.
El gobierno de Kirchner estableció una alianza estatal con
el grupo Macri (asociado a capitales de China) y con los sindicalistas empresarios Pedraza y Moyano.
De esta manera,
se consolida el modelo de exportación de la soja transgénica y de los minerales que, a la vez de destruir
el presente y futuro de la inmensa mayoría de la población de Argentina, la fragmenta en factorías de exportación.

Así como el anterior trazado de la red ferroviaria organizó el territorio en función de la exportación a beneficio
de Gran Bretaña, hoy se lo hace a fin de satisfacer necesidades de China y en contra de la producción, el trabajo
y la vida popular.

En efecto, la soja transgénica representa alrededor del 70% de los envíos hacia China, en el 2006, su siembra
creció 500.000 hectáreas y de este modo se llegó a una "superficie récord" que supera las 16 millones de hectáreas con producción de 43 ó 44 millones de toneladas que se planifica duplicar en el futuro próximo.

Este avance significa expulsión de campesinos y pueblos originarios, quiebra de pequeños productores o
su abandono de la producción agropecuaria diversificada para tratar de salvarse cultivando la oleaginosa.
Significa,
por tanto, tendencia a la pérdida de soberanía alimentaria. Pero, además, ese avance se hace arrasando
la variedad biológica de los ecosistemas con lo cual se los desequilibra, se hace acumulando agua y fertilidad
en esa forrajera exportada, se hace fumigando el herbicida de Monsanto que arruina otros cultivos y la salud
de las poblaciones, etc.

A esto se suma que Argentina importa de China maquinarias, aparatos eléctricos y electrónicos, productos químicos, juguetes, tractores, plásticos, calzados....con lo cual se ataca a las pequeñas y medianas industrias
que
ocupan a la gran mayoría de la fuerza laboral del país.

Hoy se vuelve cada vez más evidente
que la satisfacción de las necesidades y
aspiraciones de nosotros, los de abajo,
depende
de organizar nuestra diversidad de modo
de ejercer la soberanía popular dando
origen
a un gobierno plural que descolonice,
desmonopolice y rumbee a la construcción
de un país con justicia, bienestar y
seguridad sociales.

II. ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

¿Por qué los de abajo debemos interpelar
-desde cada cual y colectivamente- a
las subjetividades sociales e individuales?

Estamos en un momento en que la concertación K tiende a retrotraer la voluntad popular de cambio social,
que se expresó tan rotundamente en el 2001 y 2002,
hacia
la cultura de la resignación y el conformismo compatibles
con la fraudulenta democracia representativa.

Silvia Bleichmar convoca a: "El derecho de volver a creer en las palabras"(Clarín 4/1/07). Considera
que
esa apertura puede ser auspiciada desde un posicionamiento de
no "delegar y volver a asumirnos con derecho a una vida menos atravesada
por el horror y menos sostenida en la inmediatez de la supervivencia".

Relata a raíz de qué afirma ese derecho:

"...como una lluvia fresca de este verano terrible algo ocurrió cuando se venía encima
el horror nuevamente. Y encontramos a Gerez, y el país volvió a ser nuestro
por un tiempito.

En esa disputa que tenemos entre la ajenidad y el derecho a la identificación.
Lamentablemente no hubo quinientos mil argentinos en la Plaza de Mayo
pidiendo que cesara la impunidad.
Entre quienes están sometidos a la supervivencia cotidiana y aquéllos que han llegado
a la desesperanza y a la fatiga de la indignación,
nuevamente el año nos traía un final trágico. Y en medio de ello
llegó
el discurso del Presidente. Y le creí, tengo la obligación moral de decirlo
y de explicar mis razones que no son sólo de fe
sino de cuidadoso andar por los límites de la creencia".

Argumenta que le creyó al presidente Néstor Kirchner:

1) "Porque el problema de la desconfianza
no radica en lo que uno piensa del otro,
sino
en la duda que uno tiene acerca de
su propia capacidad de análisis de la realidad.

La creencia sólo se  puede sostener sobre la base de la confianza en el propio juicio y
en su sometimiento crítico: sin fanatismos ni desconfianza paranoica de ser engañado,
no por el otro sino por uno mismo en su visión del otro".

2) Porque "encontré en su discurso coherencia y claridad
y
emociones pertinentes con lo que transmitía,
porque el sentimiento e indignación eran genuinos.

Como semióloga amateur tuve también la convicción de que
las condiciones de enunciación garantizaban el discurso".

3) Porque "no temo formar parte de la gilada que se autoengaña
porque las razones eran la garantía de que hay que seguir
sosteniendo el «sueño de delfín», 
dejarse
llevar por la mejor corriente sin perder el lóbulo despierto
que nos mantiene alertas".

La prestigiosa psicoanalista se dirige a los argentinos en general y
dice:

"Hemos sido engañados reiteradamente; no sin nuestra responsabilidad.
La desilusión
es el precio de nuestra propia inflación, de nuestro deseo de creer a ultranza,
no de nuestra ingenuidad sino, en muchos casos, de la desesperación por
encontrar alguna certeza que nos salve de la desazón y el despeñadero moral
al cual nos conduce.

Su contrapartida, es el retorno de un modo de juicio devenido afirmación que
nos defienda de la humillación de haber sido engañados; y que radica no en
someterse a la racionalidad crítica sino en ejercer la desconfianza como defensa
frente a la derrota lesionante del autoengaño".

¿A qué subjetividad se refiere Silvia Bleichmar? A una que es propia de todos los argentinos y
hasta de ella misma. Evalúa
a
dicha subjetividad homogeneizada como culpable que el sistema de saqueo funcione.

Sin embargo,  la aparición con vida de Gerez
la hizo sentir
"que teníamos derecho(...) a creer que podemos llegar a un destino mejor".

Y nos convoca a ser concientes de nuestros derechos
pero no a luchar por conquistarlos,
de ahí que
el discurso del presidente y la aparición con vida de sólo Gerez,
le resulten suficientes
para confiar en el desarmado de la impunidad sistémica y
en nuestro poder de apropiación de la Argentina.

Desde el sentido común, el pensamiento mágico de Silvia Bleichmar es atribuible a
que se maneja por interpretaciones subjetivas de la realidad.
Discrepo
y es lo que quiero plantear: la importancia de escuchar
a las diversas subjetividades populares e involucrarlas en ejercer sus autonomías históricas
como
la manera de rumbear nosotros, los de abajo, hacia adueñarnos de la Argentina.
 

Ideología:

A diferencia de Silvia Bleichmar que interpela a una subjetividad masificada y modelada por los grandes medios
para hacerla creer que se la respeta en su singularidad e individualidad conciente y que
los problemas estructurales se resuelven milagrosamente.
El espacio
30 Años, Memoria, Verdad y Justicia plantea en el documento con motivo de cumplirse 4 meses
de
la desaparición forzada de Jorge Julio López: 

"El presidente Kirchner, en su discurso por cadena nacional, 
ha tenido que reconocer que existen grupos paramilitares y parapoliciales organizados,
vinculados con las fuerzas regulares, que siguen actuando en busca de la impunidad y la amnistía. Es decir, aceptó
tener
información que el pueblo no conoce sobre hechos gravísimos.
Sin embargo, luego se llamó a silencio y no anunció ninguna de
las medidas necesarias y efectivas para enfrentar esa situación.

Por eso cabe preguntar, señor presidente Kirchner:

• ¿Por qué no informa al pueblo con precisión quiénes son esos grupos y dónde están?
  ¿Por qué no los investiga, ni los desmantela, ni los enjuicia ni los castiga?
   

• ¿Por qué a 20 días del secuestro de Gerez, con miles de efectivos actuando,
  llamativamente
  no se informa nada sobre los culpables materiales y políticos,
  y lo único que pueden mostrar es el croquis de un galpón?
   

• ¿Por qué no anula de una vez por todas los nefastos decretos de indulto a los genocidas
  que firmó Menem y que todavía avergüenzan a nuestro país?
  ¿Por qué ninguno de los diputados kirchneristas bajó a la sesión especial del Congreso,
  en noviembre pasado donde se trató esa anulación?
   

• ¿Por qué no exonera ni investiga ni castiga a los 9.026 efectivos de la Bonaerense
  que actuaron durante la dictadura?
  ¿Por qué no hace lo mismo con los efectivos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea,
  la Gendarmería, la Prefectura, la SIDE y de las demás policías, vinculados al genocidio?
   

• ¿Por qué no abre los archivos de la SIDE y demás servicios de información?
  ¿Por qué no disuelve
  esos organismos de espionaje, cuando casi la totalidad de sus miembros actuó en la dictadura?
   

• ¿Por qué su gobierno no le inicia juicio político a los jueces y fiscales
  nombrados por la dictadura militar o que actuaron a su servicio?

El gobierno nacional -que se dice defensor de los derechos humanos-
no toma estas medidas,
teniendo todo el poder para hacerlo. No tomarlas significa,
de hecho,
mantener un silencio cómplice y pactar la impunidad con
esos grupos de tareas. O sea, favorecer precisamente
a quienes dice enfrentar. ¡Basta de doble discurso!

Por otra parte, ante el reciente pedido de detención de Isabel Martínez de Perón y la detención de Almirón y otros integrantes de la Triple A, sostenemos la necesidad de enjuiciar y castigar a todos los responsables materiales y políticos de los crímenes cometidos por esa y otras bandas fascistas.

Por todas estas razones, en defensa de los más elementales derechos democráticos, llamamos a todo el pueblo argentino y a sus organizaciones a mantenernos movilizados y unidos en todo el país(...)".

El espacio
30 Años, Memoria, Verdad y Justicia evidencia la objetividad que hace explícita la ineludible parcialidad de
toda descripción e investigación mediante su compromiso de militancia consecuente con
la lucha por un real y efectivo Estado de derecho.

Ahora, la cuestión es

• cómo esa voluntad colectiva se amplía interpelando a las diversas subjetividades que
  dio origen
  el sistema que enriquece exorbitantemente a los poderes establecidos por entrega, despojo y sumisión
  y para instaurarse se valió de terrorismo de estado, terrorismo económico (hiperinflación),
  terrorismo por despidos masivos y alto desempleo definitivo, etc.;
   

• cómo la exigencia colectiva de "Aparición con vida de Jorge Julio López" se profundiza en
  la comprensión mayoritaria que se debe y puede desmantelar las estructuras continuadoras
  del
  terrorismo estatal y 'paraestatal' que hacen a la impunidad del poder económico.

Premisas e hipótesis:

No, porque

"cada vez se agranda más la brecha
entre la realidad y el discurso oficial.
Ese que
dice fomentar un empresariado argentino
fuerte, o recrear la burguesía nacional que
supo ocupar un papel activo en la Argentina
por lo menos hasta la primera mitad de
los años setenta".

Daniel Muchnik  (Clarín 22/1/07) advierte:

"La extranjerización de la economía -que tuvo fuerte impulso en los años del menemato-
no se detuvo después de 2001 sino que prosiguió, incluso con el pase de firmas nacionales
a empresas del exterior.

También avanzó la concentración porque el 10 por ciento de las empresas -50 compañías-
se llevó
el 68% de los 38.000 millones de pesos de utilidades de todo el panel productivo(...).
Mayor sería esta significativa concentración si se incluyera el sector financiero,
como los bancos y las aseguradoras".

También las ganancias de las 500 empresas fuertes "casi se duplicaron en tres años
al pasar de 19.350 millones de pesos a 38.000 millones de pesos en el 2005.

Y superan en dólares a las utilidades declaradas durante los años noventa.
Esto se manifiesta en
el incremento incesante de las transferencias de las filiales extranjeras
de utilidades y dividendos a sus casas matrices(...)".

De las 500 empresas más importantes, 337 tienen participación extranjera y 163 son nacionales.
Las últimas sólo disponen del 8% de las utilidades mientras el restante 92% pertenecen a las primeras.

Subraya:

• Los "lucros van a manos de compañías extranjeras que deciden
  sus inversiones,
  según las reglas del sistema,
  en función de criterios y necesidades internacionales".
   

• Los "reinvierten en otras partes del planeta o distribuyen entre
  sus accionistas, sin tener en cuenta el propio desarrollo interno
  de la Argentina.
  Lo único que rige es la acumulación de ganancias
  seguida por una multiplicación de las mismas en
  la geografía y el momento más adecuados para
  cada gran empresa".

Por otra parte ese empresariado argentino fuerte
"en los años noventa, tras el copamiento de las empresas públicas
favorecido
desde la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, cedió los activos
precipitadamente a sus socios extranjeros, después de la crisis del «tequila».
El poder político apañó la deserción.

Acusada de «prebendaria», la clase empresaria argentina, con algunas pocas excepciones,
utilizó
al Estado para favorecer sus negocios y nunca supo o pudo liderar
un proyecto comprometido con el destino de la Nación".

Arturo M. Lozza responde:

Según la información oficial, "en los primeros nueve meses del 2006 las filiales locales de empresas extranjeras enviaron utilidades al exterior por 4.121 millones de dólares,
esto es,
1.256 millones de dólares más que los remesados a
sus casas matrices durante todo el 2005".

Explica:

"las mayores ganancias del poder concentrado se dan con las exportaciones
ya que
existe un mercado interno mayoritariamente empobrecido y que brinda
al inversor extranjero mano de obra barata.

Por eso, Argentina exporta el 65% de lo que produce, especialmente alimentos,
mientras tiene una masa millonaria de pobres, marginados y desnutridos,
consecuencia de una trágica desigualdad distributiva".

Por añadidura, "el crecimiento significativo de las exportaciones permite al Estado
recaudaciones récords por retenciones.
Pero
eso no se está derramando en el pago de la «deuda interna» que se tiene con el pueblo.
Por el contrario, una parte importante de lo ingresado al Banco Central ha sido remesado,
también, al exterior".

Es decir, en simultáneo con el envío de las formidables remesas
de las filiales multinacionales a sus casas matrices,
"el Banco Central
destinaba al FMI, al Banco Mundial, al BID y a otros organismos de crédito,
por pagos de la ilegítima deuda externa,
la friolera de 11.590 millones de dólares.

A estos millones habría que sumarles muchos más
por los pagos de subsidios estatales a grandes empresas
o por exenciones impositivas que obtienen
las inversiones de las  multinacionales".

En suma, "las extraordinarias utilidades que se giran al exterior indican varias cosas,
por ejemplo,

• son consecuencia de la persistencia en las concepciones neoliberales
  de ahí
  el mantenimiento de la feroz desigualdad en la distribución de riquezas;
   

• son producto del arrasamiento de bosques, del deterioro del medio ambiente
  y de la explotación de nuestros recursos naturales;
   

• son el resultado de una política que no recupera para la Nación
  el manejo
  de los segmentos claves de la economía";
   

• son fruto de la expoliación de los millones de trabajadores
  "que
  cobran miserias en negro y si tienen salarios en blanco,
  éstos no crecen al ritmo del aumento del PBI".

Fuente: Nuestra Propuesta n° 805 - 28/12/06
Semanario del Partido Comunista
www.pca.org.ar  propuesta@pca.org.ar

Cuando el alto crecimiento económico se mantiene hace cuatro años y la gestión K se autocalifica de
gobierno de los derechos humanos,
se comprueba la persistencia política en hacer que la mitad o más de los trabajadores ocupados
sean despojados de
todos sus derechos e ingresos y sometidos a superexplotación laboral.

Para la concentración y desnacionalización económica es central conservar y naturalizar
esta miserabilidad de vida y trabajo.
Por eso,
la constitución de la Coordinadora de Trabajadores Precarizados ayuda a la lucha por la dignidad de vida y
trabajo de la inmensa mayoría de la población.

"Desde motoqueros hasta empleados de call centers, incluyendo encuestadores, camareros y pasantes, decidieron unirse para enfrentar
las condiciones laborales precarias a las que los somete el mercado.
Denuncian al Estado y a las universidades como cómplices
y aseguran
que no se trata de un problema exclusivo de los jóvenes o de algún tipo de tarea,
sino que en esta tipología contractual se asienta todo el mundo del trabajo.
El desafío es de encontrar nuevos mecanismos de resistencia ante un sistema que cada vez hace más difícil la creación de lazos de confianza y las batallas colectivas".

Fuente: www.lavaca.org
4-1-07

En ese mismo camino marchan los trabajadores que autogestionan la empresa quebrada por la patronal e
ilustran cómo recuperar las fábricas abandonadas por sus dueños; los cartoneros que unidos en cooperativas
muestran gérmenes de cómo erradicar el entramado mafioso en torno de la basura e incluso muestran gérmenes
de cómo volver eficiente la recolección y reciclado de la misma;
los trabajadores de la salud pública y del hospital Francés que luchan contra la impunidad de causantes
y mantenedores del colapso sanitario y la superexplotación laboral
en beneficio de los grandes laboratorios medicinales
y las prepagas, es decir, de los extraordinarios negocios en torno de enfermedades, accidentes,...

Convergen los vecinos autoconvocados y poblaciones en resistencia al actual crecimiento económico
en base a la construcción mirando por el lucro inmobiliario, a la explotación de minas a cielo abierto
que sólo vuelven inhabitable toda la zona cordillerana, a los agronegocios, etc.

Es un erguirse desde la voluntad colectiva de no dejarse avasallar y enfrentar la omnipotencia de quienes escudados en su impunidad sólo procuran alta rentabilidad en corto plazo sin importarles los derechos humanos
de las múltiples minorías que componemos la inmensa mayoría de la población.

Hoy esas subjetividades (originadas
frente a las distintas expresiones
del antagonismo
irreconciliable del capitalismo con
la vida de los pueblos) promueven
sujetos sociales
que pueden transformar el potencial
de su confrontación en cambios reales
y efectivos de sus condiciones de vida
y trabajo si,
a través de unirse para múltiples e
incesantes acciones de
interés común o solidario,
constituyen
órganos de lucha y organización
del país con autodeterminación,
convivencia de su diversidad popular
e integración
a la época de cambios en América latina.
 

III.   ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

¿Por qué los de abajo no debemos delegar la lucha
contra la derecha ortodoxa en la concertación K?

A fines del 2006, Anthony Wayne no bien llegó a la Argentina como embajador de Estados Unidos,
se entrevistó con representantes de Ford, Dow Chemical, Nidera, Coca Cola, Cargill, petroleras
y de otras empresas de su país.

"Hubo dos reclamos principales: aumento de tarifas
y «seguridad jurídica» para sus capitales.

Esta última cuestión Wayne la traía como prioritaria desde Washington y la abordó en su visita
a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la administración Bush puso en evidencia que
la denominada «reforma judicial»
-mejor dicho, la modificación del Código Procesal Penal- está entre sus objetivos más próximos
para la región".

Arturo M. Lozza prosigue:

"El proyecto de reforma que impulsan no es otro que el de la derecha,
el que
hicieron suyo Juan Blumberg y el macrismo,
por el que viene presionando el Banco Mundial
y una organización de la elite jurídica del conservatismo más lustroso llamada Fores
(Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia), la que apoyó al menemismo
cuando
el copamiento de la Corte Suprema de Justicia por una mayoría automática.

Fores

• tiene sus raíces en la época de la dictadura genocida,
   

• nació para convalidar con estratagemas leguleyas
  las atrocidades del terrorismo de Estado,
   

• fue financiada por el Consejo Empresario Argentino
  de donde asomó la figura de Martínez de Hoz,
   

• atiende cuestiones jurídicas de las transnacionales
  a través de las oficinas de sus componentes(...)",
   

• aporta su ex director académico Germán Garavano
  al macrismo que lo propone para ocupar
  la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Arturo Lozza informa que "poco a poco, reformas judiciales en esta dirección(...)
se están dando
en diversas provincias, pero donde asumieron carácter de proyecto oficial,
impulsado por la propia gobernación, y donde está en trámite legislativo, es
en la provincia de Buenos Aires.

El objetivo del gobernador Solá y del gobierno nacional es también electoral,
tratan de
quitarle las banderas de «más seguridad» a las huestes de Blumberg para restarles espacio político".

Plantea que ambos gobiernos

hacen suyas las demandas de la derecha,
en vez
"de enfrentar la maniobra
convocando a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo
para esbozar un cambio que termine con
ese Poder Judicial sumiso a las impunidades,
discriminaciones y corruptelas de guante blanco".

Aclara por qué Estados Unidos las exige:

• "Con el proyecto reformador de Solá en la provincia,
  y la propuesta
  de colocar a Garavano en la Fiscalía General de
  la Ciudad de Buenos Aires, quedarían unificados (bajo
  concepciones
  más elitistas, más represivas y más discriminatorias)
  los Poderes Judiciales de un territorio donde habita
  la mayoría de los ciudadanos y donde
  están
  los más poderosos intereses multinacionales,
  aquéllos que vienen exigiendo «seguridad jurídica»".
   

• "Con el proyecto de modificación del proceso penal,
  el gobierno bonaerense envió paralelamente,
  otro proyecto
  a la Legislatura, el de agencias privadas de seguridad
  que
  -permitirá la equiparación de los sistemas público
  y privado de seguridad,
  -suprimirá restricciones al origen de los capitales
  que nutren a esas agencias privadas,
  -no pondrá límites al número de efectivos y
  -disminuirá el control sobre ellas.

El proyecto asume características de suma gravedad
y armoniza con la «lucha global contra el terrorismo»
que
impulsa la administración Bush para «colombianizar»
con fuerzas paramilitares y parapoliciales
la represión
a todo aquello que Washington considere «terrorismo»
en esta parte del mundo.

Fuentes periodísticas -Página 12 y otros- han informado
sobre la sospecha de que empresas extranjeras de seguridad privada,
vinculadas con los servicios de informaciones de sus respectivos países,
además
de vender protección e inteligencia empresarial, realizan inteligencia política(...)".

Fuente: Nuestra Propuesta n° 807- 11/1/07
Semanario del Partido Comunista
www.pca.org.ar  propuesta@pca.org.ar

Esa permanente presencia de Wayne en las esferas oficiales que aparece amigable tras la amplia sonrisa de
Felisa Miceli,
en verdad, es siniestra como la llegada del número tres del Departamento de Estado, Nicholas Burn
para reforzar "la relación bilateral entre Argentina y EE.UU." y como "apoyo fuerte al Gobierno en
su esfuerzo por continuar trabajando en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA".

Está acompañado por
el Subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos Tom Shannon,
el especialista en energía Greg Manuel y
el especialista en América Latina del equipo político de Condoleeza Rice, William Mc Ilhenny.

Declaró que hace ya tiempo que están hablando con Brasil sobre una cooperación a nivel de
biocombustibles
y están dispuestos a hacerlo también con Argentina.

En simultáneo con esta 'visita', acaparando todas las cámaras, Cristina Kirchner acompañada
por
el canciller Jorge Taiana, Marta Vásquez, Hebe de Bonafini y Estela Carloto en París,
firma el tratado franco-argentino para contribuir a la protección de todas las personas
contra las «Desapariciones Forzadas».

 ¡Qué cinismo! cuando -en Argentina- operan con total impunidad los secuestros por
redes de tráfico de bebés, de trata de personas y las desapariciones forzadas en las comisarías.

Cuando Néstor Kirchner no tomó las medidas necesarias y efectivas
para enfrentar
la desaparición forzada de Jorge Julio López.
 

Ideología:

Empresas, bancos y Estados imperialistas han recibido de las democracias 'representativas'
las empresas y recursos estratégicos. De modo que han desindustrializado, empobrecido,
fracturado el país y
expulsado de la seguridad jurídica a su población.

Ahora, vienen por la desaparición forzada de los productores, campesinos y pueblos originarios.

James Petras (Rebelión) nos aclara cómo esta apropiación territorial ocurrió en Colombia
que
es el modelo a aplicar en Sudamérica.

Sostiene:

"Contrariamente a la posición del gobierno de USA, que tilda a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) de “organización terrorista”, éstas son hoy en día
el movimiento guerrillero campesino más importante y antiguo del mundo.
Fundadas en 1964 por dos docenas de campesinos activistas con el fin de defender a
las comunidades autónomas rurales de las violentas depredaciones de los militares y paramilitares colombianos, las FARC-EP se han convertido en un ejército guerrillero altamente organizado de
unos 20.000 miembros con varios cientos de miles de milicias locales y partidarios
y una enorme influencia en más del 40% del país.

Hasta el 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los países de la Unión Europea y América Latina reconocían a
las FARC-EP
como un movimiento legítimo de resistencia y durante varios años mantuvieron negociaciones de paz con
el gobierno colombiano dirigido por el presidente Andrés Pastrana. Antes del 9/11, los líderes de las FARC
se reunieron con jefes de Estado europeos para intercambiar ideas sobre el proceso de paz.
Numerosos y destacados dirigentes económicos de Wall Street, de la City londinense y de Bogotá, así como personajes importantes como la reina Noor de Jordania, se reunieron con líderes de las FARC en la zona desmilitarizada durante las fallidas negociaciones de paz (1999 - 2002).

Bajo fuertes presiones de la Casa Blanca, en particular de sus portavoces ultraderechistas más prominentes,
como Otto Reich, Roger Noriega y John Bolton,
el régimen de Pastrana rompió repentinamente las negociaciones
y en menos de 24 horas envió al ejército colombiano a la zona desmilitarizada,
en un intento de capturar a los jefes de las FARC comprometidos en las negociaciones.
El ataque “por sorpresa” fracasó, pero sentó las bases para la escalada del conflicto".

Destaca el papel de USA en el conflicto:

"Empezando por el gobierno de Clinton en 2000 y siguiendo con el de Bush, USA ha desembolsado cuatro mil millones de dólares en ayuda militar al régimen colombiano con el fin de
destruir
el ejército guerrillero y su supuesta base social entre campesinos, sindicatos urbanos y profesionales (especialmente profesores, abogados, activistas de derechos humanos e intelectuales).
Washington favorece enérgicamente una solución militar subvirtiendo cualquier intento de negociaciones de paz, y para ello cuenta con un gran número de
consejeros militares, mercenarios, agentes antidrogas, agentes de la CIA,
comandos de Cuerpos Especiales y otros muchos funcionarios encubiertos.

Desde principios de la década de los ochenta y finales de los noventa, Washington mantuvo la ficción de
que sus programas militares formaban parte de una campaña contra los narcóticos, aunque sin explicar por qué concentraba la mayor parte de sus esfuerzos
en
las regiones bajo la influencia de las FARC y no en las extensas áreas de cultivo de coca controladas por
los militares y paramilitares colombianos.
Con el inicio del Plan Colombia en 2000, Washington subrayó explícitamente la naturaleza contrainsurgente de
su ayuda militar y su presencia. La Casa Blanca, extremadamente enojada por la aceptación de las negociaciones de paz por parte del presidente Pastrana y los avances de los movimientos guerrilleros y sociales,
apoyó para presidente a Álvaro Uribe, un político derechista vinculado a los escuadrones de la muerte del país.
Su victoria electoral inició una de las más sangrientas campañas de exterminio de la violenta historia de Colombia.

Oficiales militares usamericanos y sus homólogos colombianos financiaron una fuerza de escuadrones de la muerte de 31.000 miembros que devastó el país y asesinó a miles de campesinos en las regiones donde las FARC tienen más presencia. Cientos de sindicalistas fueron asesinados a la luz del día por sicarios en las ciudades y pueblos ocupados por el ejército.
Activistas de derechos humanos, periodistas y universitarios que se atrevieron a denunciar la impunidad de
los militares involucrados en las masacres fueron raptados, torturados y asesinados; no era infrecuente que apareciesen decapitados o destripados para aumentar el terror.

Más de dos millones de campesinos se vieron forzados a abandonar su región para instalarse en barriadas urbanas miserables, mientras que conocidos jefes paramilitares o grandes terratenientes les embargaban
las tierras.
La “limpieza de clase” en el campo se llevó a cabo de acuerdo con los manuales de contrainsurgencia del Pentágono, que instruyen a los militares colombianos sobre cómo destruir la “infraestructura social” de
los movimientos guerrilleros, especialmente de las FARC, que poseen amplios y antiguos vínculos familiares, comunitarios y sociales con los campesinos.

El presidente Uribe encarna al clásico gobernante sudamericano: se lanza a degüello contra los pobres y se pone de rodillas ante su patrón de Washington. Sus perpetuas campañas a gran escala diezmaron el campo, pero fracasaron a la hora de debilitar a las guerrillas o incluso de capturar a algún miembro del mando general de
las FARC.
Al cabo de seis años de masivas y costosas campañas de exterminio, algunos oficiales militares usamericanos de alto grado y la mayoría de sus colegas colombianos reconocieron que una victoria militar sobre las FARC
era muy improbable.
Según los estrategas militares, a lo más que se podría llegar sería al debilitamiento de las FARC,
forzándolas a negociar un “acuerdo de paz” favorable al régimen".

Fuerte: www.rebelion.org
Colombia del Vietnam al Amazonas
23-11-06

Arístides Silvera es uno de los seis paraguayos detenidos en Marcos Paz (provincia de Buenos Aires)
que
son miembros del partido Patria Libre y no se les ha dado el solicitado asilo político en Argentina.
Pertenece además, al Movimiento Agrario Popular y su lucha contra
los grandes monopolios de la producción agraria le valió la persecución que derivó en causa penal.

Arístides Silvera, en la entrevista que le realizó La Colectiva, relata sobre qué sucede en Paraguay:

"Es un programa que se está fabricando para el despojo de las tierras, porque el centro,
el quid de la cuestión del programa de política trasnacional, es la tierra. Y ahí es justamente
donde
esta gran empresa (Monsanto) se está asentando con grandes proyectos, programas, parcelas
de tierra, para así la gente se distraiga y deje la lucha. Entran en la casa y ofrecen grandes sumas, plata, para que los campesinos dejen sus terrenos. Si alguno de los compañeros queda con
la mentalidad de que no hay que vender y resistir ¿qué hacen?

La técnica es comprar todo a las márgenes del terreno y por ahí consiguen pagarte cinco veces lo que vale.
Allí entran con sus tractores, con sus topadoras, con sus venenos y te empiezan a 'humarear'.
Y no hay ley que te ampare. Tarde o temprano o vendés o dejás y te vas.
Y eso se convierte en varias veces peor que lo que estaba resistiendo uno (.. )
entonces el pobre campesino, viene a vivir en las orillas de la ciudades
donde a muy corto plazo conforma el cordón de miseria,
el cinturón de pobreza se agranda y ahí crecen montones de problemas".

La Colectiva dice: "Frente a los que resisten, los terratenientes también se organizan, ¿cómo, de qué manera?".

Arístides Silvera responde:

"Las propias fuerzas armadas están al servicio de estos terratenientes.
Ustedes fácilmente pueden encontrar campamentos dentro de estas grandes estancias. Basta
y sobra pasar por las rutas y los verán. Eso amparado por decretos del Presidente, porque va contra las leyes. Los decretos han sido firmados en nombre de la paz, en nombre de la "seguridad", pero ¿para qué? Para salvaguardar estas grandes riquezas".

Más que los 3.000 efectivos de Estados Unidos, gravita -"en estos últimos tiempos- una organización que
se llama Seguridad Nacional, Seguridad Ciudadana con el amparo de la ley, que está sostenida y amparada por
el Ministerio de Interior y por la fiscalía del estado paraguayo.

Están también las intendencias acompañando este programa. Policía, civiles armados, cantidad de civiles armados, más de 22.000. Fácilmente superan a las fuerzas armadas paraguayas que tienen entre 12.000 y 13.000 efectivos. Así matan a compañeros campesinos. En estos últimos acontecimientos fue muerto de cuarenta balazos Luis Martínez, del departamento de San Pedro.

Esos cuarenta balazos son un mensaje. Él hasta el último momento de su vida luchó contra los invasores, como llamamos nosotros a los que el gobierno llama «los puntales del desarrollo».
Y el que se opone, cuarenta balazos, ahí está Luis Martínez".

Arístides Silvera explica cómo luchan:

"Los que quedan en el campo, justamente la organización se encarga de buscarlos.
Una de las políticas es hacer que se queden en los campos, que resistan de la manera como pueden,
ahí empieza a tallar cuál es la capacidad de los dirigentes de formar comités,
buscar la manera de plantar productos alternativos, la diversificación,
enseñando la agricultura, la práctica de la piscicultura, buscar todas las maneras de organizar y hacer entender que es lo que está sucediendo".

 Fuente: www.anred.org
 21-1-07

En la Argentina, también, la concentración- extranjerización de las tierras y la tendencia a instalar
una republiqueta sojera y biocombustibles
implica el arrinconamiento y desalojo de campesinos y pueblos originarios. Sólo que los primeros
no tienen la gravitación nacional existente en Paraguay.

Premisas e hipótesis

"Hay cifras que se propalan como exitosas
pero que
a los oídos del pueblo deberían sonar
como burlas malditas.

Por ejemplo, las que indican que en la campaña
2006-2007
Argentina alcanzará una cosecha récord de
aproximadamente 90 millones de toneladas,
un diez por ciento superior a la realizada
en la campaña anterior(...)".

Arturo M. Lozza manifiesta:

"Los argentinos podremos decir que tenemos cosecha récord. 90 millones de toneladas no es joda.
Y no ha sido sencillo conseguirlas:

• hubo que aniquilar cientos de miles de hectáreas de bosques naturales,
  como consecuencia,
  hay que soportar inundaciones cada vez más desastrosas porque ya
  no existen montes que sostengan las lluvias;
   

• hubo que fumigar con glifosato diez millones de hectáreas matando
  a todas las especies
  vegetales y animales con excepción de la soja transgénica;
   

• hubo que echar de sus tierras a miles de habitantes originarios
  destruyendo
  culturas y familias y en su lugar llegó la bendita soja transgénica;
   

• hubo que expulsar a unos 100.000 chacareros minifundistas para
  inaugurar
  la era de los millonarios sojeros
  propietarios de más de 50.000 hectáreas cada uno;
   

• hubo que dejar de producir la propia semilla para
  comprar
  la semilla transgénica que únicamente vende la norteamericana Monsanto...

En fin, muchas cosas hubo que hacer o, mejor dicho, deshacer, destruir, arrasar, hundir, echar,
coimear, entrar en complicidades,
para
llegar a los 90 millones de toneladas y a tener superganancias. Superganancias que, también,
son resultado de la impunidad(...)".

Fuente: Nuestra Propuesta n° 808- 18/1/07
Semanario del Partido Comunista
www.pca.org.ar  propuesta@pca.org.ar

Tanto los oligopolios de la exportación y la agroindustria como el gobierno de Kirchner se benefician
con el modelo agropecuario que aprovecha la rentabilidad de la soja y el requerimiento de China.

Arturo M. Lozza destaca , teniendo en cuenta a lo investigado por la Federación Agraria Argentina,
como
esa «agricultura sin agricultores» descapitaliza al país y pone la producción bajo
el reinado de la economía de casino. A causa, respectivamente, de que

• "el grueso de la renta de la exportación
  de la soja(...)
  es facturado por las veinte compañías líderes del país,
  de las cuales nueve son firmas agroindustriales y casi todas son foráneas";
   

• "la presencia de grupos financieros es cada vez mayor en la producción agropecuaria
  y se da por medio de los fideicomisos, un negocio que también está encabezado por
  un segmento
  poderoso de firmas que lideran sobre el resto y distorsionan las expectativas
  del mercado".

Fuente: Nuestra Propuesta n° 805- 28/12/06
Semanario del Partido Comunista
www.pca.org.ar  propuesta@pca.org.ar

Encima, los 500 millones que el Gobierno recauda de más, por el aumento en las retenciones, lo destina a
los oligopolios
(formadores de precios) en forma de cuantiosos subsidios y con la excusa de proteger el consumo popular
que
deteriora con el dólar y el IVA altos y sobre todo, porque -como dice Arturo Lozza-
"los precios
son manejados inescrupulosamente por los monopolios, casi todos ellos transnacionales,
que controlan cada segmento de la industria y la comercialización".

La producción centrada en monocultivos a gran escala desertiza en todos los sentidos del término,
transfiere en forma gratuita fertilidad y agua al llamado primer mundo, contamina, destruye la biodiversidad
generadora de los equilibrios ecológicos, arruina la diversidad agropecuaria y quita soberanía alimentaria.

Expande, profundiza y vuelve estructural a la pobreza. Hambrea a más de la mitad de los niños de Argentina,
incapacitándolos para desarrollarse en acuerdo con las potencialidades de la época e hipotecando, también,
de esta forma el futuro de nuestro país.

Esta realidad de expulsión de los campesinos y pueblos originarios sea por destrucción de sus condiciones de vida y trabajo o por el desalojo con grupos policiales o parapoliciales bajo la connivencia política, judicial y de quiebra
de los productores a causa de políticas económicas en favor exclusivo de oligopolios y bancos,
se agravará
ante el plan puesto en ejecución de duplicar la producción de soja y de producir biocombustibles para
las potencias.

Es la Argentina entregada al saqueo imperialista por alianza de todos los factores locales de poder
que se manifiesta, además, como explotación minera a cielo abierto a lo largo de la cordillera que
deja sin agua o la envenena
y enferma, erradica las poblaciones despojándolas de sus recursos naturales y
de sus posibilidades de producción, cultura, trabajo y vida.
Lo mismo
sucede con la conversión del país hermano de Uruguay en monocultivos de eucaliptos y plantas de celulosa
que se pretende extender a la Mesopotamia de Argentina.

En la declaración final del Encuentro Internacional:
"Comunidades en Resistencia: Globalización de la Justicia, Medio Ambiente y Territorio"

Se explicita objetivos:

"Con la finalidad de compartir experiencias, análisis, aprendizajes, y fortalecer el desarrollo de estrategias conjuntas
frente a la privatización, la destrucción ambiental, el despojo violento o ilegal de
los territorios a través de violaciones sistemáticas de los derechos humanos
nos hemos reunido
desde la afirmación del Derecho a la Verdad y la Justicia, de la memoria de
nuestras víctimas y desde nuestras prácticas de protección y recuperación ambiental
nos encontramos en Chicago entre el 10 y el 12 de noviembre en cumplimiento del primer Encuentro en Europa de la Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización".

Se historia:

"Durante seis años diversas organizaciones de base hemos promovido y realizado encuentros internacionales en Colombia
quienes resisten avasalladores planes económicos, militares y políticos, de destrucción medioambiental y de desterritorialización.
Desde hace seis años hemos afirmado nuestra identidad y nuestros derechos ante la Impunidad y la Globalización, diseñando mecanismos específicos de apoyo mutuo y de planes de acción conjunto en la defensa de
los Derechos Humanos, la protección del medio ambiente, los territorios,
así como en búsqueda de verdad y justicia integral.

Seis encuentros en Colombia, uno en España y este en Estados Unidos han permito reconocer nuestras especificidades, compartir la identidad de los problemas, logrando vincular nuestras comunidades en campañas de información y sensibilización, en acciones de presión e incidencia política, en el diseño de escuelas populares y de universidades alternativas, en nuevas prácticas de protección de territorios y en la afirmación desde la memoria colectiva de la Verdad, Justicia y Reparación.

Poco a poco hemos ido tejiendo la Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización para fortalecer el valor de las actuaciones políticas y los hermanamientos entre movimientos sociales y comunidades. Se ha ido tejiendo, conjuntamente, una mirada global de los problemas que atraviesan todos los países en el mundo".

Se sostiene:

"Más de 60 comunidades de base, organizaciones de pueblos originarios y comunidades en resistencia civil, grupos de solidaridad, organizaciones y redes de movimientos sociales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México y Palestina
expresamos
nuestra oposición y resistencia a las políticas neoliberales que los gobiernos están implementando en nuestros territorios.
Manifestamos
nuestro derecho a la afirmación de nuestras iniciativas y propuestas como alternativas construidas por mujeres y hombres de los pueblos negros, los pueblos indígenas,
los pueblos campesinos, los movimientos sociales y por la sociedad civil organizada en
su conjunto frente a áreas y tratados bilaterales de libre comercio que desconocen a
los pueblos concretos de nuestro planeta.

Continuamos
constatando que los programas de saqueo de los bienes comunes y de eliminación de las poblaciones, lejos de detenerse, se incrementan hasta arrasar de manera cruenta los escasos recursos y fuerzas de las comunidades, se destruye la vida humana y las fuentes de vida de la naturaleza.
Se están ahondando en centros y agentes internacionales de poder político y económico que funcionan de forma antidemocrática y actúan con total impunidad, incrementan la violencia y la guerra en el planeta para proseguir con la destrucción de la naturaleza y de los seres humanos.

Constatamos
que el sistema económico vigente obsesivamente explota de forma ilimitada todos los ecosistemas
y sus recursos naturales generando el mal llamado "desarrollo" para algunas naciones,
privilegiando el consumo y el bienestar social de una parte muy pequeña de la humanidad y
excluyendo de las condiciones mínimas de sobrevivencia a las grandes mayorías de la humanidad.

Constatamos
que el derecho de los pueblos a definir su propio modelo de sociedad y
a implementar aquellas políticas más acordes con su realidad y con sus objetivos de bienestar humano,
se está viendo socavado por un modelo único que impulsa la mercantilización de todos los bienes, recursos y seres vivos, así como el pago de una deuda externa ilegítima.

Constatamos
que la aplicación de planes de ajuste estructural y la privatización de las obligaciones de los poderes públicos
han estado acompañados de la militarización cotidiana, de nuevas formas de (in)seguridad, criminalización y represión, de la flexibilización legal de los derechos individuales y colectivos,
así como del vaciamiento del Estado de Derecho y del Derecho Internacional.(...)".

Fuente: www.rebelion.org
Construyendo poder desde abajo
23-11-06

Es un desafío clave el hermanamiento con todos los que luchan contra
el arrasamiento de las condiciones mínimas de vida
y por la dignidad, el territorio, la cultura de cada componente popular y
por la sensibilización y la comunicación social, nacional e internacional
que pongan fin a la impunidad de los poderes establecidos.

La concertación K con los grandes medios implementa la manipulación de la opinión pública, por ejemplo,
para circunscribir el problema del campo a una cuestión corporativa y de enfrentamiento
(más de forma que de contenidos esenciales) con la oligarquía diversificada.
Incluso
la izquierda perteneciente a la concertación K respalda la fragmentación del país que privilegia el 'Mercado' globalizador sobre la vida de las grandes mayorías en nombre del desarrollismo regional que prepararía para
el socialismo del siglo XXI
pero,
en verdad, instaura el neocolonialismo bastante irreversible por las modificaciones
en gran escala de la naturaleza y
el hambre, el analfabetismo, la drogadicción,
la caída en las redes de trata de personas que van extendiendo en los niños y jóvenes.

Hoy derrotar a la derecha ortodoxa nos desafía a demoler
la impunidad económica, política, social, cultural, judicial,
militar, policial, eclesiástica...e imperialista
que
la concertación K pretende salvar como lo demuestra
la vigencia del Orden a favor exclusivo de los poderes establecidos a partir de la dictadura genocida y
la voluntad de Kirchner
de no sólo mantener en funciones a las fuerzas
identificadas con el terrorismo de estado
(encubriéndolas al reducir la desaparición
forzada de Jorge Julio López a encontrarlo con vida)
sino, también,
promoverlas y desplegarlas para la criminalización
tanto de la protesta social como de la pobreza o
para la seguridad jurídica de los oligopolios.

Se trata de asumir que somos un país (y no simplemente familias
ni individuos) con un presente y futuro restringido
a transferir riquezas
mediante colapso sanitario, desmantelamiento de
la infraestructura socioeconómica, ruina de los pequeños y medianos propietarios, expulsión de las comunidades rurales,
pobreza de
la gran mayoría de trabajadores ocupados e indigencia de
los desocupados, hambre y falta de perspectivas para la mayoría de los niños y adolescentes.

Entonces, es crucial romper con la obediencia debida y
no reprimirse
ante la judicialización y militarización de los conflictos
ni fugarse de la realidad aceptando a los grandes medios.