"(...)Desde entonces, la configuración del capitalismo como economía-mundo se asentará sobre un orden geográfico asimétrico en el que los territorios y pueblos inferiorizados fueran constituidos como proveedores subordinados de bienes ambientales y trabajo esclavo para el abastecimiento de los procesos de acumulación y consumo predatorio de la ‘civilización’ dominante. En este proceso, resulta evidente cómo la configuración colonial del mundo supone insoslayablemente una estructura de explotación doble, racial y ambiental: “El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en un coto de caza de esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista”. (Marx, 1992: 939). 

En este sentido, América Latina emerge, desde su propia constitución moderna, como un espacio colonial, un espacio cuya organización territorial se instituye como expresión geográfica del proceso de conquista y colonización, en tanto acto fundacional (Dussel, 2001) del orden espacial moderno-colonial. En este sentido, hay que entender el acto de la conquista, en toda su dimensión, como un verdadero acto fundacional, no como mera ‘ocupación’, sino como creación de un nuevo territorio. El espacio ‘americano’, expresa, desde la conquista, la racionalidad actuante en y por el sujeto colonizador. Hay, a partir de allí, una segunda naturaleza, una naturaleza (re)creada y (re)semantizada desde la episteme del conquistador: constituido ya desde la negación de su propio nombre, y condenado a ser representado bajo un nombre impuesto. La configuración territorial, -organización espacial del conjunto de objetos naturales y artificiales, imbricados en un sistema de flujos de interacciones funcionales (Santos, 1996)- que caracteriza a la región no es ya sino un objeto de creación del propio acto de conquista. Desde entonces, el conjunto de objetos naturales, por un lado, ha sido sometido a un completo y sistemático proceso de (re)definición y (re)clasificación desde la nueva lógica utilitaria de la racionalidad formal dominante. De igual modo, el conjunto de objetos artificiales que han ido ‘poblando’ y transformando el paisaje, desplazando y/o re-adaptando las objetualidades preexistentes, expresan la refuncionalización del territorio a partir de una nueva infraestructura implantada, concebida ésta desde y por la lógica expropiatoria del acto colonial. De tal modo, el territorio regional cabe ser entendido ya como designio de la colonialidad propia del sistema-mundo moderno, como producto y portador de la historia colonial del orden moderno.

La especialización productiva inicialmente instituida en el acto fundacional de la apropiación colonial originaria ha quedado irremisiblemente marcada en la morfología específica de los espacios conquistados, de manera tal que esas formas socioterritoriales han operado posteriormente como fuerzas estructuradoras y estructurantes -huellas mnémicas- (Bourdieu, 1991; Giddens, 1995) que posteriormente coadyuvaron a los sucesivos procesos de refuncionalización de las configuraciones socioterritoriales de la región de acuerdo a los requerimientos y modalidades de los esquemas de acumulación dominantes. La historia de la explotación minera en América Latina constituye, en este marco, un caso emblemático de estos procesos; la misma está inseparablemente vinculada a los orígenes y evolución posterior de la conquista ibérica y al papel determinante que  ésta tuviera en la historia económica de la región. La centralidad que la minería desempeñara en la dinámica de la ocupación del espacio y la estructuración de las relaciones sociales (económicas, políticas y culturales) en las noveles sociedades coloniales marcaría el posterior proceso de organización y diferenciación socioproductiva de las mismas; signaría las distintas ‘historias geoeconómicas’ desarrolladas en los mismos a partir de los roles desempeñados por sus respectivos territorios y poblaciones en los sucesivos esquemas coloniales vigentes históricamente. De tal manera, aunque expresa modalidades y lógicas expropiatorias completamente diferentes, hay una articulación histórica entre la minería colonial del siglo XV y la expansión de la mega-minería metálica del presente. El territorio, como acumulación de tiempos en cuyas formas naturales y artificiales porta la memoria de las divisiones del trabajo pretéritas (Santos, 1996a: 52), constituye la soldadura histórica entre uno y otro proceso. 

4.- Neoliberalismo, minería transnacional y nueva geografía de la expropiación. 
“Para nosotros el Territorio es el derecho más importante que tenemos como pueblo; más importante que el derecho a la educación, a la salud… Porque ninguno de esos derechos tiene sentido, si no nos respetan el derecho al territorio…” (Marcos Pastrana, Dirigente Diaguita Calchaquí, Valles Calchaquíes, 2007) “El primer derecho vulnerado es el derecho a la autodeterminación… Qué queremos hacer nosotros como comunidad. Lamentablemente a nosotros nos han puesto el rótulo de comunidad minera. Nosotros no somos una comunidad minera…” (Dito Salas, Autoconvocados de Andalgalá, 2005). 

Si en el desarrollo precedente hemos caracterizado la particular política del capital como un imperialismo inscripto en la geografía es porque bajo la dinámica de su expansión, la organización espacial de los procesos productivos, los flujos de producción y circulación de mercancías a través de las distintas formaciones socioterritoriales, materializan una estructura de apropiación desigual y transferencia de valores excedentes, tanto de valores de cambio como de valores de uso. Es la organización espacial de los procesos de acumulación global la que funciona como dispositivo de expropiación y la que estructura las jerarquías geoeconómicas a través de un determinado esquema de división internacional del trabajo. A lo largo de los diferentes regímenes de producción que cabe distinguir en la sinuosa trayectoria del capitalismo histórico (Harvey, 1998; Boyer, 2007), las modalidades y características propias de los procesos expropiatorios han ido mutando, conforme a los cambios emergentes de las resistencias sociales, las transformaciones tecnológicas y sus correlativos patrones energéticos, y el esquema global de la división territorial del trabajo en las diferentes escalas del ‘mercado mundial’ como sistema geo-económico en su totalidad. Así, cada régimen de producción históricamente vigente puede entenderse como el producto de una modalidad políticamente constituida y predominante de producir y gestionar la ‘apropiación desigual del mundo’ a través de específicos arreglos institucionales, tecnológicos y geográficos. 

Desde esta perspectiva, cabe entender al neoliberalismo como un nuevo régimen de producción, emergente del proyecto político imperial configurado a partir de la gran crisis del último tercio del siglo XX. Como lo ha caracterizado Harvey (2004), el neoliberalismo inaugura un nuevo ciclo de acumulación por desposesión, impulsando una profunda reorganización socioterritorial de los procesos productivos a escala global destinada a generar nuevos espacios de superexplotación tanto de la fuerza de trabajo (naturaleza interior) como de bienes y servicios ambientales (naturaleza exterior). La fragmentación socioterritorial que opera la inusitada movilidad del capital conlleva nuevas modalidades de imperialismo ecológico. Parte fundamental de dicho proceso, la profunda reconversión de la minería mundial acontecida bajo el impulso de las políticas neoliberales se ha constituido como un caso emblemático de las nuevas dinámicas expropiatorias. En efecto, en el caso de la minería, las reformas neoliberales impulsaron un profundo proceso de relocalización de las distintas fases de los procesos mineros en el plano mundial, promoviendo una acelerada concentración de las fases extractivas de la gran minería metalífera en América Latina. En el marco de este régimen y dadas las características económicas de la minería mundial, este proceso ha cristalizado en la reorganización y profundización del patrón de desigualdades ecológico-económicas (y biopolíticas) entre las distintas sociedades que conforman la geografía mundial del capital. 

Para visualizar estas implicaciones, es importante tener en cuenta ciertas características 'económicas’ de la minería mundial.

• En primer lugar se trata de un sector tempranamente globalizado y fuertemente orientado al mercado mundial; desde sus orígenes, la extracción y el comercio de minerales ha sido uno de los principales dinamizadores del mercado mundial. 

• Asimismo, se trata de un sector que muestra altos niveles históricos de concentración; en particular, desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, la minería ha sido pionera en ‘incubar’ la emergencia y desarrollo de grandes empresas transnacionales, siendo hoy de un sector que muestra altos niveles de concentración e integración vertical bajo el mando de un grupo reducido de corporaciones transnacionales.

• En tercer lugar, la actividad minera mundial muestra una clara diferenciación en el perfil de la especialización ‘productiva’ de los territorios nacionales, distinguiéndose la configuración nítida entre países y regiones históricamente proveedores de recursos mineros en bruto, y regiones especializadas en el procesamiento y consumo industrial de los insumos mineros. 

Hay así, en el plano mundial, una geografía de la extracción muy diferente de la geografía del consumo de minerales. Históricamente, regiones enteras han funcionado como proveedoras por excelencia de los recursos mineros requeridos por los países industrializados. Como se puede observar en el Cuadro que toma el caso del cobre como insumo paradigmático de la industria del siglo XX, la distribución geográfica de las distintas etapas de producción del mineral, desde su extracción hasta su consumo final, delinea claramente la jerarquía de las economías nacionales y regionales, localizándose las fases netamente extractivas, de mayor impacto ambiental y de menor valor agregado en los países con pasado colonial, (eufemísticamente denominados en las estadísticas oficiales como ‘países en vías de desarrollo’), en tanto que, a medida que se va avanzando en el nivel de procesamiento, se va incrementando la proporción de los países industrializados. De tal manera, a través de su peculiar configuración socioterritorial a escala mundial, la minería transnacional ha montado un gran dispositivo geográfico de transferencia de bienes y servicios ambientales entre regiones y países. Esto, que es una característica histórica, se ha intensificado y adquirido nuevas consecuencias e implicaciones con la ‘especialización extractiva’ instalada durante la fase neoliberal. En tal sentido, el proceso de relocalización de las fases extractivas de la industria minera mundial a la región ha sido el dispositivo básico a través del cual se han montado las nuevas dinámicas expropiatorias. Se trata en primer lugar, de un proceso por el cual un conglomerado reducido de grandes empresas transnacionales ha adquirido el control de las vastas reservas de minerales críticos y estratégicos en la región. En esta dimensión elemental, la expropiación geográfica implica la capacidad de disposición sobre el control de los territorios y el acceso y uso de los bienes y servicios ambientales de los mismos. Esto no implica sólo la apropiación diferencial de los recursos mineros que son objetos de la explotación, sino que involucra también a grandes extensiones territoriales que este tipo de explotaciones requiere disponer en términos de superficies intervenidas y de mega-infraestructuras implantadas (carreteras, hidrovías, electroductos, mineraloductos, presas hidroeléctricas, etc.) al exclusivo servicio de estas explotaciones. Sólo a modo ilustrativo cabe reseñar que las concesiones otorgadas a grandes empresas mineras en la región llegaron a cubrir, en estos años a más del 10 % de la superficie territorial total (Cifuentes Villarroel, 2006), alcanzando más de 46.000 km₂ en el Ecuador, 80.000 km₂ en el caso de Chile, 110.000 km2 en el Perú, y más de 190.000 km₂ en la Argentina (Guajardo, 2007; Bury, 2007; Prado, 2005). 

Tanto más relevante que la apropiación de recursos no renovables, cabe señalar que junto a ella, estas explotaciones demandan altísimos consumos de bienes y servicios ambientales en sus procesos extractivos. En particular, en el caso de la megaminería metalífera a cielo abierto, se insumen enormes cantidades de agua, energía y capacidad de sumidero. De acuerdo a estimaciones realizadas por realizadas por Borregaard (2001) y Cuenca Berger (2008a) para el caso chileno, cada tonelada de cobre exportada por Chile en los últimos años ha insumido también 40 m₃ de agua, 3 MWh de energía y la ‘generación’ de 28 toneladas de relaves tóxicos. Hacia el año 2008, la gran minería metalífera en Chile consumía el 39 % del total de la energía disponible en el país, situándolo al borde del colapso energético (Cochilco, 2008). En cuanto al agua, las grandes explotaciones mineras han ocasionado una grave situación de stress hídrico en las regiones más áridas del país (Antofagasta y Atacama) poniendo en riesgo la disponibilidad del vital elemento para el consumo de las poblaciones locales (Cuenca Berger, 2008b). De tal modo, esta reorganización de la cadena de valor de la minería mundial -controlada desde los vértices por las grandes empresas transnacionales mediante el dominio monopólico de la tecnología, los flujos financieros y comerciales-, ha significado la implementación de nuevos mecanismos de transferencias de excedentes económico-ecológicos desde los territorios especializados en la fase ‘extractiva’ hacia los centros de procesamiento y consumo de los minerales.

Este esquema de ‘especialización asimétrica’, hace que los países de la región se ‘integren’ como eslabones subordinados (los de menor valor agregado y de difusión tecnológica, y los de mayor impacto socioambiental) de los flujos verticales de la minería global. Así, los territorios de la región se constituyen como correas de transmisión tanto de excedentes financieros (capitalizados por las extraordinarias tasas de ganancias que absorben las empresas) como de ‘excedentes ecológicos’, proveedores netos de bienes y servicios ambientales (recursos mineros, hídricos, energéticos y espacios de emisión y deposición de efluentes tóxicos) mediante los cuales se subsidia la voracidad consumista de los centros mundiales de poder. A través de estos procesos –que por lo demás no es una problemática nueva para el pensamiento social latinoamericano que en la segunda mitad del siglo XX ha discutido largamente las implicaciones económicas y políticas de las ‘economías de enclave’- se configuran mecanismos estructurales de integración subordinada de la región a la dinámica de la economía mundial.

Tiene que ver con lo que Milton Santos llama ‘alienación territorial’ (1996a: 127). Mientras que en el plano geopolítico global, los territorios son extrañados de sus poblaciones para pasar a funcionar como fuentes de provisión y reservas estratégicas de bienes y servicios ambientales, en el plano geoeconómico interno, opera la desestructuración de las economías locales, cortando los flujos y encadenamientos productivos endógenos, desarmando la heterogeneidad y complementariedad local de los espacios, y transformándolos, creándolos, como nuevos espacios coloniales; caracterizados por ‘paisajes excéntricos’, determinados por una ‘deformidad’ estructural que emerge de la ultraespecialización extractiva exportadora, y sus derivaciones: hipertrofia sectorial, fuertes asimetrías regionales y sectoriales, patrones tecnológicos y de consumo exógenos e imitativos; deformidades todas que, en conjunto, estructuralmente, re-producen el drenaje de valores (financieros y ecológicos) que, en definitiva, terminan materializando el sistemático vaciamiento territorial. 

Como se puede notar, la obscena asimetría en la apropiación de la ‘renta minera’ no es un ‘problema en sí mismo’ derivado (sólo) del esquema fiscal, sino que se trata más bien de un efecto emergente del esquema socioterritorial inherente al ‘modelo minero’ y que opera como dispositivo estructural de subalternización de los territorios (y las poblaciones) intervenidos; produce el extrañamiento-alienación de unas poblaciones respecto de sus territorios. Se trata, así, en definitiva, de la expropiación primera; expropiación básica en función de la cual se producen, como efecto en cadena, todas las demás expropiaciones que conforman el nuevo paisaje del neocolonialismo global". 

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Horacio Machado Aráoz nos ayuda a comprender cuáles son las graves consecuencias del modelo que es promocionado como progreso y bienestar tanto por la Presidenta como por los gobernadores en:

"A modo de conclusión. 

En el presente trabajo intentamos delinear los trazos gruesos el imperialismo ecológico y el racismo ambiental como dispositivos histórico-estructurales, mas políticamente determinados (esto es, intrínsecamente contingentes y sujetos a la deriva de la acción) de la lógica y dinámica de orden moderno-capitalista mundial. Un sistema cuya estabilización demanda la continua colonización de los territorios (formas de vida) ha precisado pensarse, desde sus orígenes, como un sistema expansivo: como una maquinaria de producción/destrucción de espacios como fuentes de provisión de las energías naturales y sociales que alimenten la producción, circulación y acumulación sin fin del valor. Ese expansionismo estructural ha fraguado históricamente en un imperialismo inscripto en la geografía. Para su legitimación:

• Ha precisado construir una episteme centrada en la radical separación entre Naturaleza y Sociedad; entre Cuerpo y Razón que permita después justificar la expropiación de unas poblaciones (cuerpos) de sus territorios (medios de vida).
   

• Ha precisado pensar el territorio como espacio de ejercicio del poder/dominación, sujeto al imperio ya del Estado, ya del Capital. Ha debido pensar también formas legítimas de apropiación de los territorios; lo que ha llevado a construir representaciones jerárquicas y naturalizadas de la diversidad cultural. 

Hemos intentado sugerir cómo y de qué maneras específicas, el neoliberalismo constituye una nueva fase de este cíclico proceso de expropiación / apropiación colonial de la vida, en sus fuentes naturales y en sus formas sociales. Y cómo las transformaciones que determinaron este último ‘auge minero’ en América Latina, constituyen una expresión paradigmática de las nuevas modalidades y dispositivos expropiatorios; se erigen como ‘instrumento’ ejemplar (y ultra-eficaz) de producción de los nuevos paisajes coloniales. Las ‘inversiones’ mineras producen en realidad un ‘mundo invertido’, en el que el ‘orden de las cosas’ está dado vueltas; en realidad, una geografía ´patas para arriba’. La base fundamental de todas las inversiones, es la apropiación radical que el capital opera de los territorios; expropiación primera que quiebra los vínculos de las poblaciones-cuerpos respecto de sus territorios-Tierra. Los espacios locales dejan de ser (significar/funcionar-como) fuentes de producción de valores (económico-ecológicos) locales para el sustento de las poblaciones que los habitan/producen; pasan a ser ahora fragmentos de extracción para los ‘nuevos territorios en red’ de la economía global. 

La lógica extractivista configura los espacios locales como ‘territorios del saqueo’. Opera una dinámica de vaciamiento territorial (apropiación/expropiación de bienes y servicios ambientales y de rentas financieras) apenas disimulada por la ilusión monetaria y el consumismo fugaz que alienta en sus fases de ‘auge’. Las demandas y requerimientos ecológico-energéticos que extrae de los territorios producen poblaciones desplazadas de sus propios espacios-medios formas de vida. Ello implica una nueva forma de producción de la subalternidad: mientras que en el pasado se trataba de una subordinación de los cuerpos a través de la apropiación (directa) del trabajo, hoy se trata de una subordinación que pasa por la expropiación de los cuerpos a través de la disposición sobre sus territorios. Los requerimientos ecológicos que las industrias extractivas demandan de los territorios (apropiación de los medios de vida) se trasvasan en exigencias e imposiciones identitarias (colonización de las formas de vida). Aunque no todos sino sólo unos pocos ‘trabajen en la mina’, la totalidad de la población intervenida pasa a ‘girar’ en torno a la mina. La vida social toda transcurre y se desenvuelve ahora (hasta el ‘cierre’ y más allá) por, para, en función de la ‘minera’… Más allá de las aspiraciones y voluntades locales, el proceso tiende a convertirlos en un ‘pueblo minero’… Se trata así, igualmente, de una (nueva) forma de expropiación/dominación eco-bio-política. La expropiación/alienación de los territorios se constituye en la fuente y la base de todas las expropiaciones. Es así expropiación geográfica: enajenación del propio espacio de vida; expropiación ecológica: enajenación de las fuentes proveedoras de nutrientes; expropiación económica: extrañamiento de los medios de trabajo y de sustento; expropiación política: secuestro de derechos y de la condición de ‘ciudadanos’. Es finalmente expropiación cultural y expropiación histórica: produce poblaciones que no son ‘dueñas’ de nombrarse; que no son ‘dueñas’ de su tiempo: ni de su pasado, ni de su futuro.     

Como se vio, el concepto de imperialismo ecológico refiere a los mecanismos históricamente variables de apropiación forzada y transferencia sistemáticamente asimétrica de bienes y servicios ambientales desde los territorios subalternizados hacia los centros de poder y consumo, al ‘financiamiento’ del poderío económico de las economías dominantes en base a la degradación ecológica de las periferias. El mismo está inherentemente asociado a la clasificación racial del mundo, como criterio fundamental para la jerarquización política de la población mundial (Quijano, 2000). En la narrativa colonial occidentalocéntrica, este proceso resulta justificado por el ‘papel histórico’ que a cada pueblo le toca ejercer en la realización del Espíritu: “al pueblo al que corresponde tal momento como principio natural (…) es el dominante en la historia universal y en ella sólo puede hacer época una vez. Contra éste su absoluto derecho a ser portador del actual grado de desarrollo del espíritu del mundo, los espíritus de los otros pueblos están sin derecho (…), no cuentan en la historia universal” (Hegel, Filosofía del Derecho, cit. en Lander, 2000). 
*III Jornadas del Doctorado en Geografía. Desafíos Teóricos y Compromiso Social en la Argentina de Hoy, La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata,

29 y 30 de septiembre de 2010

**Cátedra de Filosofía de las Ciencias Sociales (Esc. de Arqueología)

Cátedra de Sociología (Fac. de Humanidades)

Laboratorio Tramas – Doctorado en Ciencias Humanas

Universidad Nacional de Catamarca

Fuente: http://jornadasdocgeo.fahce.unlp.edu.ar/trabajos/Machado.pdf

"(...)A más de 15 años de transitada la experiencia social de la radicación del primer mega-emprendimiento minero metalífero a cielo abierto, nuestra sociedad local ha experimentado una drástica transformación de su entorno natural y social. La irrupción de este tipo de explotaciones –centralmente ligadas a los avatares del mercado mundial- ha significado un abrupto proceso de reconfiguración socioterritorial, que –una vez más- bajo el revestimiento legitimador de un ‘proyecto modernizador’ –esta vez, bajo la retórica de la globalización-, se ha impuesto ciegamente, con irresponsables niveles de desconocimiento por parte de la dirigencia política local y sin la adecuada participación de la población.

De hecho, las poblaciones de la provincia de Catamarca se vieron forzadas a ‘conocer’ la naturaleza e impactos de este tipo de explotaciones por medio de la vivencia directa de tales consecuencias en tanto poblaciones damnificadas. Ciertamente se verifica una radical transformación en las modalidades y condiciones de vida de las comunidades más directamente afectadas por estas explotaciones, mas no en el sentido de las promesas realizadas por el discurso modernizador oficial. La falta de empleo, la pobreza estructural y la población en condiciones de inseguridad alimentaria siguen siendo problemas crónicos en nuestra realidad provincial, agravados ahora por el drástico deterioro de las condiciones ambientales de los ecosistemas locales, la falta de acceso a la tierra y al agua, el deterioro estructural de las economías locales y la destrucción de los medios de vida y estrategias de reproducción de los grupos domésticos1.

Como en otros lugares del mundo, este tipo de explotaciones ha significado el drástico deterioro de las condiciones ecológicas, económicas, culturales y políticas de la vida en las comunidades locales. Una vasta bibliografía y crecientes investigaciones en curso dan cuenta de los graves y, en muchos casos, irreparables daños que implican las explotaciones mineras a gran escala con el uso de sustancias tóxicas; lo que, de hecho, la han convertido en una de las industrias más fuertemente resistidas a nivel mundial. La destrucción y alteración a gran escala de ecosistemas y paisajes enteros, con el consiguiente impacto negativo sobre la flora y la fauna; la afectación de la cantidad y calidad de los suelos y los cuerpos y cursos de agua; el deterioro de la calidad atmosférica por la emisión de gases tóxicos y de material particulado con presencia de metales pesados; la generación de procesos de drenaje ácido de mina y el descomunal consumo hídrico y energético que este tipo de explotaciones insume, constituyen algunos de los impactos ambientales más gravosos y más ampliamente reconocidos2.

Sumado a la destrucción y despojo ecológico-territorial que implica este tipo de explotaciones, su incidencia micro y macro económica resulta abiertamente negativa: más allá de los índices de crecimiento de los valores de mercado extraídos y de las alzas en las exportaciones, estamos en presencia de ‘economías de enclave’, de tipo netamente extractiva y que -como ha sido estudiado en profundidad desde el estructuralismo latinoamericano y las teorías económicas de la dependencia en los años ’60 y ’70-, sólo producen una dinámica de integración subordinada al mercado mundial, con actividades con muy bajo impacto en la generación de empleo, sin eslabonamientos locales que permitan la difusión del ‘crecimiento’ a otros sectores y mucho menos, que alienten el desarrollo de capacidades endógenas de la estructura productiva local3.

Como investigadoras/es, docentes y estudiantes, no nos cabe desconocer el origen de las transformaciones estructurales que dieron lugar a la repentina avanzada de la minería transnacional sobre la riqueza geológica de América Latina y de nuestro país, en particular; tampoco sus condiciones y sus consecuencias histórico-políticas. En tal sentido, no se puede pasar por alto que este fenómeno se halla profundamente ligado y forma parte de las políticas neoliberales aplicadas desde los años ’70 hasta nuestros días, y a sus siniestros objetivos geopolíticos.

Impulsadas por los organismos multilaterales y las instituciones financieras internacionales (FMI, BM, BID, OMC, etc.), y suscriptas en los países de nuestra región por las dictaduras militares de los ’70 y luego afianzadas con las ‘reformas institucionales de los ’90 (privatizaciones, apertura comercial y financiera indiscriminada, liberalización y desregulación de las relaciones laborales y del acceso y explotación de los ‘recursos naturales’, etc.), tales políticas impulsaron una masiva ‘transferencia’ y relocalización de las denominadas industrias ‘sucias’ en general, y extractivas, en particular, desde los países centrales hacia las diferentes regiones y economías periféricas del sistema capitalista mundial, como respuesta a la ‘crisis ecológica’ que empieza a visibilizarse en la agenda política mundial a inicios de los años ’70.En el caso concreto de la industria minera, el Banco Mundial propició una profunda reforma del régimen legal minero, basado en tres ejes principales: permitir el libre e irrestricto acceso del capital transnacional sobre la reserva de recursos geológicos de la región a través de un nuevo régimen de concesiones mineras4; un sistema especial de grandes beneficios fiscales y comerciales que se propician como ‘incentivos’ a la inversión minera, considerada ‘de alto riesgo’ y de ‘largo plazo’ de amortización5; y una legislación y sistemas de controles ambientales extremadamente laxos y con estándares bastante menos exigentes que los vigentes en los países centrales6. Aplicado inicialmente en el régimen dictatorial de Pinochet en Chile (Decreto Ley N° 600/74 del Estatuto de Inversión Extranjera; Ley Orgánica Constitucional N° 18.097/81 sobre Concesiones Mineras) y adoptado luego, en sus contenidos principales, por el resto de los países de la región durante la década de los ’90, tales reformas se implementaron en nuestro país a partir del año 1993, cuando se sanciona la Ley N° 24.196, de Inversiones Mineras, seguida de una serie de leyes complementarias7. El objetivo manifiesto de tales reformas fue el de propiciar la ‘recuperación’ de las tasas de rentabilidad de las empresas mineras, afectadas en sus operaciones en los países centrales por los rendimientos decrecientes de sus yacimientos, los mayores costos fiscales y presiones sociales ante los impactos ecológicos de las actividades extractivas y las crecientes limitaciones y regulaciones en materia ambiental y sanitaria en tales países8.

Las nuevas condiciones políticas e institucionales instauradas bajo la oleada neoliberal significaron la pérdida de la capacidad de regulación y control por parte de los estados nacionales frente a las grandes corporaciones transnacionales, la apropiación destructiva de los bienes ecológicos (denominados en la jerga tradicional como ‘recursos naturales no renovables’), y la fenomenal apropiación de las rentas y excedentes financieros que éstas realizan a través de este ‘modelo minero’ implantado. El territorio latinoamericano se convirtió en proveedor intensivo de bienes y servicios ambientales para abastecer la desenfrenada carrera consumista del ‘mercado mundial’.

El ‘modelo minero’ es un caso paradigmático de este proceso: tras las reformas neoliberales –aún vigentes, cabe aclararlo- América Latina no sólo se convirtió en el ‘destino privilegiado’ de la inversión minera transnacional (pasando de captar el 11 % a más del 35 % de la misma en el lapso de las dos últimas décadas) sino también en el proveedor por excelencia de recursos mineros cada vez más escasos y estratégicos a nivel mundial: en la actualidad, la riqueza geológica de la región abastece el 45 % del cobre, el 40 % de la plata, y poco más del 25 % del zinc, el estaño y el oro que se consume a nivel mundial, siendo que, en promedio, el consumo de minerales de la región representa apenas el 5 % del consumo mundial (Sánchez Alvabera et al., 1998; Sánchez Alvabera y Lardé, 2006; Campodónico y Ortiz, 2002; Moussa, 1999) . Junto a esta expropiación ecológica directa –relativa a la apropiación desigual de ‘recursos no renovables’ como los minerales- acontece una velada apropiación indirecta de bienes y servicios ambientales, ligados a los requerimientos ambientales que implica la actividad extractiva: para dimensionar este aspecto cabe señalar que una explotación a cielo abierto estándar implica la voladura de 150 mil toneladas de montaña por día, el consumo de 1000 litros de agua por segundo, alrededor de 5 MW de energía eléctrica por tonelada de mineral concentrado y entre 30 y 50 millones de litros de combustible anuales (Instituto de Estudios Económicos Mineros-GTZ, 1993; COCHILCO, 2008).

En este contexto y a la luz de los efectos observados, asumimos que la creciente resistencia social de las poblaciones a estas explotaciones constituye una legítima reacción a los daños e impactos referidos así como a las frustraciones provocadas por las vanas promesas de prosperidad económica y laboral. A lo largo de la última década puede verse, no sólo en nuestra realidad provincial sino ya en toda América Latina, la expansión y crecimiento de los conflictos sociales provocados por la instalación de mega-emprendimientos mineros. Salvo en contadas excepciones donde las poblaciones pudieron acceder al derecho a decidir por medio de consultas populares sobre la radicación o no de empresas mineras, los conflictos han dado lugar a un escenario de creciente deterioro y vulneración de los derechos de ciudadanía de las poblaciones. Gobiernos locales y nacionales desde México a nuestro país, pasando por Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, han respondido a estos conflictos con una preocupante e inaceptable distorsión de la vida democrática de nuestros pueblos, asumiendo la defensa de los intereses de las grandes corporaciones y constituyéndose en garantes de la ‘seguridad jurídica’ de las mismas, aún a costa de la represión de las demandas de su propia ciudadanía. De manera creciente, los conflictos mineros en particular, y los conflictos socioambientales en general, han desencadenado una preocupante tendencia a la criminalización y judicialización de la protesta9.

En las expresiones más ‘benévolas’, los intentos por acallar las resistencias sociales a la mega-minería transnacional han significado el despliegue de sofisticadas herramientas de marketing social y fabricación de corrientes de opinión ‘favorables’ sustentadas en los dispositivos ideológicos de la denominada ‘Responsabilidad Social Empresaria’10. La corrupción y el clientelismo público y privado constituyen elementos endémicos en las denominadas ‘nuevas localidades mineras’ producto de las estrategias gubernamentales y empresariales de asistencialización de las poblaciones a través de todo tipo de dádivas. En las actuales condiciones de desfinanciación de las instituciones de salud y educación pública y del retroceso de los derechos económicos y sociales en general, las poblaciones e instituciones locales quedan sujetas a este tipo de prácticas manipulatorias, generando nuevas formas de indefensión y subalternización.

Es en este mismo marco que tiene lugar el rol que, por acción u omisión, desempeñan las universidades públicas. Muchas de las deficiencias presupuestarias, las falencias de infraestructura, de recursos para la cobertura de servicios o actividades de formación e investigación, y aún las magras condiciones salariales del personal que aquejan desde hace mucho a nuestras instituciones académicas han sido un peligroso caldo de cultivo para la avanzada de velados mecanismos de financiación privada y de consecuente funcionalización del prestigio y los ‘productos’ de las universidades por parte de grandes intereses corporativos. Como han planteado destacados investigadores sociales contemporáneos, este tipo de fenómenos se inscribe dentro de las preocupantes tendencias hacia la reestructuración neoconservadora de las instituciones del saber, paralelas y complementarias a los cambios mencionados en las estructuras y formas de dominación geopolítica mundial, en las que la que la ciencia sufre los embates hacia la privatización y la mercantilización de sus prácticas y productos (Souza Santos, 2009; Lander, 2006).

En el caso específico de nuestra comunidad universitaria, desde distintos niveles y bajo diferentes modalidades se han venido entablando vínculos de supuesta cooperación e intercambio con las empresas mineras en particular, mediados por aportes económicos provenientes de éstas. Ya a través de la financiación de proyectos específicos, de contratos de consultoría para con docentes-investigadoras/es de nuestra Casa, de becas estudiantiles y de donativos de diversa índole que van desde materiales e insumos hasta equipamiento e infraestructura, la intervención de las empresas mineras en el aporte de recursos para el sostenimiento de las actividades universitarias se ha tornado una práctica usual y no problematizada, omitiendo las gravosas implicaciones epistémicas, éticas y políticas que las mismas conllevan11.

Ya sea a través de donativos circunstanciales, mediante las sofisticadas prácticas de ‘Responsabilidad Social Empresaria’ o a través de fondos específicos formalmente canalizados en cumplimiento formal de la letra de la ley N° 14.771 -cuyo espíritu y sentido originario se omite y se burla-, la creciente financiación directa y/o indirecta que las empresas mineras empiezan a desempeñar de modo naturalizado sobre la vida y las actividades de nuestra universidad, conllevan una serie de consecuencias y efectos que, desde nuestra formación científica, no podemos omitir ni desconocer.

En concreto, este tipo de prácticas implican no ya sólo una preocupante degradación de las imprescindibles condiciones de independencia universitaria respecto de grupos de interés y de poder privados, sino que, más aún, pueden llevar a tergiversar el sentido y el carácter PÚBLICO que debe tener y preservar nuestra Universidad en el conjunto e integralidad de sus ámbitos de actuación.

Los vínculos de cooperación y la injerencia financiera de las empresas (mineras y de otro tipo) en las actividades de la vida universitaria pueden conducir a confundir y hasta subordinar nuestros objetivos institucionales con los de las corporaciones privadas y pueden llevar al tejido de redes de relaciones y alianzas incompatibles con el carácter de servicio público que deben revestir las acciones de investigación, formación y extensión de nuestras unidades académicas. Pero fundamental y decisivamente, en el contexto de nuestra sociedad local, estos vínculos contribuyen a brindar un cuestionable aval social a la actuación de las empresas; significan, de hecho, asumir una postura que resulta manifiestamente funcional a la legitimación social que precisan las empresas para operar y que implica omitir y/o desconsiderar las voces de reclamos y protestas de nuestras propias poblaciones afectadas.

Es por eso que, en virtud de estas consideraciones, la comunidad académica de la Escuela de Arqueología resuelve democráticamente y por consenso:

·         Expresar el decidido rechazo de las políticas neoliberales que hicieron posible y que siguen sustentando la radicación y expansión de mega-explotaciones mineras con el uso de sustancias tóxicas, y que permiten que nuestras riquezas naturales sean apropiadas y usufructuadas por grandes corporaciones transnacionales a costa de la degradación y vulneración del entorno ambiental y de derechos de nuestras comunidades, reclamando una urgente revisión e imprescindible cambio de la legislación minera vigente.

·         Declarar, a la luz de las investigaciones existentes, la inviabilidad e inaceptabilidad económica, ecológica y política del modelo de minería transnacional a gran escala bajo las actuales condiciones, impuesto como supuesto ‘modelo de desarrollo’ para nuestros pueblos.

·         Manifestar nuestro más enérgico repudio a las políticas de represión y criminalización ejercidas contra las legítimas manifestaciones de protesta y resistencia social frente al modelo minero, extendiendo nuestra solidaridad a las poblaciones de Catamarca más directamente afectadas en las violaciones de sus territorios y bienes ambientales y en la vulneración de sus derechos de ciudadanía.

·         Nuestra unidad académica decide rechazar y repudiar cualesquiera donativos, aportes y toda injerencia económica –bajo cualesquiera de sus modalidades- provenientes de las empresas mineras. En particular, decidimos RECHAZAR los fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Alumbrera, bajo la excusa de la aplicación del art. 18 de la Ley N° 14.771, entendiendo que constituye una flagrante vulneración del sentido y el espíritu originarios de dicha disposición y que, bajo las actuales circunstancias, ha sido vilmente manipulado por una empresa altamente cuestionada social y judicialmente por su desempeño ambiental y social, con el manifiesto interés de solapar sus responsabilidades legales y políticas a través de la propaganda y la cooptación de sectores de nuestras universidades. Entendemos que no hay argumentos válidos ni usos legítimos de tales fondos que puedan soslayar tales circunstancias y las gravosas implicaciones éticas y políticas que de ellas se derivan. En el marco de un espíritu de convivencia democrática que saluda y cultiva la diversidad de posiciones y la confrontación argumentativa, hacemos un llamado a las autoridades de nuestra Universidad a asegurar el presupuesto necesario para el normal funcionamiento de las actividades y obligaciones académicas, apelando a la aplicación de los recursos que el Estado Nacional recauda a través de los impuestos regulares, únicos ingresos fiscales auténticamente genuinos para el sostenimiento del servicio público de la formación universitaria y la investigación científica al servicio de los intereses superiores de nuestro pueblo.

·         Hacemos pública nuestra advertencia sobre las onerosas consecuencias epistémicas y políticas que conlleva el giro privatista que se procura operar sobre nuestras universidades, forzándolas, mediante la dependencia financiera, a transformarse en productora de bienes y servicios cognitivos para el mercado. Desde el punto de vista epistémico, dicha tendencia supone e implica la imposición de un nuevo régimen de producción del conocimiento monopólicamente dictaminado por los intereses dominantes del mercado, relegando y hasta suprimiendo la rica diversidad de criterios de valoración/utilidad social del saber bajo la instauración del criterio unidimensional de la ‘rentabilidad’. Desde el punto de vista político, tales tendencias afectarían gravemente las aspiraciones a la construcción y profundización de condiciones democráticas de convivencia política, desplazando hacia lugares marginales el papel de la crítica como función de la ciencia y la apropiación colectiva y pública de los conocimientos como recursos para la participación ciudadana en la determinación del orden social.

·         Hacemos, finalmente, un llamado a la comunidad académica de la UNCa y a la sociedad en general a entablar una férrea defensa del carácter público de nuestra Universidad. Invitamos, en especial, a emprender un profundo debate sobre las distintas modalidades y circunstancias que afectan o pueden llegar a afectar el carácter de SERVICIO PÚBLICO que cualifican y debe distinguir el rol y las funciones de nuestra Universidad, solicitando en particular a nuestras autoridades universitarias, organizar y emprender un profundo debate democrático tanto sobre esta problemática en general, como en particular sobre la aceptabilidad o no de los fondos provenientes de las utilidades de la UTE YMAD-Alumbrera Ltd., y sobre el tipo de relaciones que nuestra Universidad mantiene y que debería mantener con las corporaciones mineras transnacionales, en el presente contexto.

* Universidad Nacional de Catamarca.
MAYO DE 2010.
Fuente: http://www.naya.org.ar/alertas/declaracion%20catamarca.htm

En consecuencia, la «reforma agraria integral» como producto y proceso de lucha de emancipación del capitalismo e imperialismo se da contra el modelo extractivo que desterritorializa y reterritorializa en forma de ‘economías de enclave’ y de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA) que también modifica radicalmente la geografía.

 

La otra política es la de las comunidades que se adueñan de sus territorios y de sus solidaridades constituyentes del país-mundo. Lo hacen ejerciendo la democracia directa e indirecta con base en hacerse cargo de superar el presente que Horacio Machado señala: se está desarrollando la "expropiación / apropiación colonial de la vida, en sus fuentes naturales y en sus formas sociales. (...) Las ‘inversiones’ mineras producen en realidad un ‘mundo invertido’, en el que el ‘orden de las cosas’ está dado vueltas; en realidad, una geografía ´patas para arriba’. La base fundamental de todas las inversiones, es la apropiación radical que el capital opera de los territorios; expropiación primera que quiebra los vínculos de las poblaciones-cuerpos respecto de sus territorios-Tierra. Los espacios locales dejan de ser (significar/funcionar-como) fuentes de producción de valores (económico-ecológicos) locales para el sustento de las poblaciones que los habitan/producen; pasan a ser ahora fragmentos de extracción para los ‘nuevos territorios en red’ de la economía global". 

 

Confronta con "la lógica extractivista que configura los espacios locales como ‘territorios del saqueo’. Opera una dinámica de vaciamiento territorial (apropiación/expropiación de bienes y servicios ambientales y de rentas financieras) apenas disimulada por la ilusión monetaria y el consumismo fugaz que alienta en sus fases de ‘auge’. Las demandas y requerimientos ecológico-energéticos que extrae de los territorios producen poblaciones desplazadas de sus propios espacios-medios formas de vida. Ello implica una nueva forma de producción de la subalternidad: mientras que en el pasado se trataba de una subordinación de los cuerpos a través de la apropiación (directa) del trabajo, hoy se trata de una subordinación que pasa por la expropiación de los cuerpos a través de la disposición sobre sus territorios. Los requerimientos ecológicos que las industrias extractivas demandan de los territorios (apropiación de los medios de vida) se trasvasan en exigencias e imposiciones identitarias (colonización de las formas de vida). Aunque no todos sino sólo unos pocos ‘trabajen en la mina’, la totalidad de la población intervenida pasa a ‘girar’ en torno a la mina. La vida social toda transcurre y se desenvuelve ahora (hasta el ‘cierre’ y más allá) por, para, en función de la ‘minera’… Más allá de las aspiraciones y voluntades locales, el proceso tiende a convertirlos en un ‘pueblo minero’… Se trata así, igualmente, de una (nueva) forma de expropiación/dominación eco-bio-política. La expropiación/alienación de los territorios se constituye en la fuente y la base de todas las expropiaciones. Es así expropiación geográfica: enajenación del propio espacio de vida; expropiación ecológica: enajenación de las fuentes proveedoras de nutrientes; expropiación económica: extrañamiento de los medios de trabajo y de sustento; expropiación política: secuestro de derechos y de la condición de ‘ciudadanos’. Es finalmente expropiación cultural y expropiación histórica: produce poblaciones que no son ‘dueñas’ de nombrarse; que no son ‘dueñas’ de su tiempo: ni de su pasado, ni de su futuro".     

Declaración de la Conferencia: ¡Detengamos el acaparamiento de tierras, ya!

Por Vía Campesina

""El acaparamiento de tierras desplaza y dispersa a las comunidades, destruye las economías locales y el tejido socio-cultural y pone en peligro las identidades de las comunidades. No hay forma alguna de mitigar los impactos de este modelo económico y las estructuras de poder que lo promueven. Nuestras tierras no están en venta ni para el arriendo."

Nosotros, campesinas y campesinos, pastores, pueblos indígenas y nuestros aliados reunidos en Nyeleni del 17 al 19 de noviembre de 2011, hemos venido de todas partes del mundo para compartir por primera vez nuestras experiencias de lucha contra el acaparamiento de tierras. El año pasado apoyamos el Llamamiento de Kolongo de las organizaciones campesinas de Malí que han tomado el liderazgo en organizar la resistencia local al apoderamiento de las tierras campesinas en África. Hoy, hemos venido a Nyeleni a dar respuesta al Llamamiento de Dakar que convoca una alianza global contra el acaparamiento de tierra pues estamos decididos a defender la soberanía alimentaria, los bienes comunes y el derecho a los recursos naturales de los/as productores/as de alimentos a pequeña escala".

Fragmento la Declaración para distinguir bien cómo se programa el poner fin al acaparamiento de tierras y bienes comunes:

"En Malí, el gobierno se ha comprometido a entregar 800 mil hectáreas de tierra a inversionistas empresariales. Se trata de tierras que han pertenecido a las comunidades durante generaciones, incluso siglos, mientras que el Estado de Malí existe sólo desde los años 1960. Despojar a las comunidades de sus tierras es una violación de sus derechos históricos y consuetudinarios.

El acceso seguro y el control de la tierra y los recursos naturales están íntimamente ligados al disfrute de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos - y en otros tratados regionales e internacionales - tales como el derecho a la libre determinación, el derecho a un estándar adecuado de vida, a vivienda, a alimentación, a salud, a la cultura, la propiedad y la participación. Constatamos con suma preocupación que los Estados no cumplen con sus obligaciones en esta materia y ponen los intereses de negocios por encima de los intereses de los pueblos.

El acaparamiento de tierras es un fenómeno global promovido por las élites y los inversionistas locales, nacionales y transnacionales, y los gobiernos con el objetivo de controlar los recursos más preciados del planeta. Las crisis alimentarias, financieras y climáticas globales han desatado un apuro entre inversionistas y gobiernos pudientes por adquirir y apropiarse tierras y recursos naturales ya que éstos son los únicos puertos a salvo que quedan para garantizar rendimientos financieros. Fondos de pensiones y otros fondos de inversión se han convertido en poderosos actores en el acaparamiento de tierras, al mismo tiempo que sigue habiendo guerras para apoderarse del control de las riquezas naturales. El Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo están facilitando el acaparamiento de la tierra y el agua al promover políticas y leyes convenientes a las corporaciones empresariales, al facilitar acceso a capital y garantías para los inversionistas, y al fomentar un modelo de desarrollo económico extractivo y destructivo. El Banco Mundial, el FIDA, la FAO y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo han propuesto siete principios que legitiman el acaparamiento de tierra por parte de empresas comerciales y estados inversionistas. Dirigida por varias de las corporaciones transnacionales más grandes, la Alianza por la Revolución Verde en África apunta a transformar la agricultura campesina en agricultura industrial y a integrar a los/as campesinos/as a las cadenas globales de valor aumentando así enormemente su vulnerabilidad al despojo de tierras.

El acaparamiento de tierras va más allá de las estructuras imperialistas tradicionales Norte-Sur; las corporaciones transnacionales pueden tener sus sedes en Estados Unidos, Europa, Chile, México, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Tailandia, Malasia y Corea del Sur, entre otros países. Se están acaparando tierras en Asia, África, las Américas y Europa para la agricultura industrial, las plantaciones forestales, la minería, los proyectos de infraestructuras, los embalses, el turismo, los parques naturales, la industria, la expansión urbana y los fines militares. Pueblos indígenas y minorías étnicas están siendo expulsadas de sus territorios por fuerzas armadas, aumentando su vulnerabilidad y en algunos casos incluso resultando en su esclavización. Las falsas soluciones de mercado al cambio climático están creando nuevas formas de alienar a las comunidades locales de sus tierras y recursos naturales.

A pesar del hecho que las mujeres producen la gran mayoría de los alimentos en el mundo, y de que son responsables del bienestar familiar y comunitario, las estructuras patriarcales existentes siguen provocando que ellas se vean despojadas de las tierras que cultivan y de su derecho a los recursos. Teniendo en cuenta que la mayoría de campesinas no tienen derechos a la tierra seguros y legalmente reconocidos, están particularmente expuestas a sufrir desalojos.

La lucha contra el acaparamiento de tierras es una lucha contra el capitalismo, el neoliberalismo y contra un modelo económico destructivo. Los testimonios de nuestras hermanas y hermanos de África del Sur, Brasil, Burkina Faso, Colombia, Francia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Honduras, India, Indonesia, Malí, Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger, República Democrática de Congo, Senegal, Tailandia y Uganda, nos mostraron cómo el acaparamiento de tierras amenaza a la agricultura familiar a pequeña escala, la naturaleza, el medio ambiente y la soberanía alimentaria. El acaparamiento de tierras desplaza y dispersa a las comunidades, destruye las economías locales y el tejido socio-cultural y pone en peligro las identidades de las comunidades, ya sean de campesinos/as, pastores/as, pescadores/as artesanales, trabajadores/as, dalits o pueblos indígenas. Los que se alzan para defender sus derechos están siendo golpeados, encarcelados y asesinados. No hay forma alguna de mitigar los impactos de este modelo económico y las estructuras de poder que lo promueven. Nuestras tierras no están en venta ni para el arriendo".

"Pero no estamos vencidos. A través de la organización, la movilización y la unidad en nuestras comunidades, hemos sido capaces de parar el acaparamiento en muchos lugares. Además, nuestras sociedades reconocen cada vez más que la agricultura familiar y la producción de alimentos en pequeña escala es el modelo más sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental de usar recursos y garantizar el derecho a la alimentación para todos/as.

Recordando el Llamamiento de Dakar, reiteramos nuestro compromiso a resistir al acaparamiento de tierras con todos los medios posibles, a apoyar a todos aquellos y aquellas que luchan contra los acaparamientos de tierra y a ejercer presión sobre los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales para que cumplan sus obligaciones con los derechos de los pueblos. Nos comprometemos específicamente a:

• Organizar a las comunidades rurales y urbanas contra todas las formas de acaparamiento de tierras.

• Reforzar las capacidades de nuestras comunidades y movimientos para reclamar y defender nuestros derechos, tierras y recursos.

• Reclamar y asegurar los derechos de las mujeres en nuestras comunidades a la tierra y los recursos naturales.

• Concientizar a la opinión pública sobre cómo el acaparamiento de tierras está causando una crisis para toda la sociedad.

• Construir alianzas entre diferentes sectores y regiones, y movilizar a nuestras sociedades para detener el acaparamiento de tierras.

• Fortalecer nuestros movimientos para lograr y promover la soberanía alimentaria y una auténtica reforma agraria.

Para realizar estos compromisos, vamos a desarrollar el siguiente plan de acción:

En lo relativo a la capacitación para organizar la resistencia local

• Informar a nuestras comunidades sobre las discusiones y compromisos de esta Conferencia.

• Construir nuestras propias fuentes de información sobre acaparamiento de tierras por medio de documentación de casos, compilación de información relevante y de pruebas sobre procesos, actores, impactos del acaparamiento de tierras.

• Asegurar que nuestras comunidades reciban la información que necesitan con respecto a sus derechos, las leyes, las empresas, los contratos, etc., de manera que puedan resistir más efectivamente a los inversionistas y los gobiernos que traten de despojarlos de sus tierras.

• Establecer sistemas de alerta temprana para prevenir a las comunidades sobre los riesgos y amenazas.  

• Fortalecer nuestras comunidades a través de la formación política y técnica, y recuperar nuestro orgullo de ser productores/as y proveedores/as de alimentos especialmente entre la juventud.

• Promover los derechos de las mujeres a la tierra y los recursos naturales concientizando nuestras comunidades y movimientos sobre la importancia de respetar y proteger los derechos de las mujeres a la tierra especialmente en sistemas consuetudinarios de tenencia.

• Desarrollar y usar los medios de comunicación locales para organizar a los miembros de nuestras comunidades y de otras, y compartir con ellos información sobre el acaparamiento de tierras.

• Hacer que nuestros dirigentes cumplan las normas establecidas por nuestras comunidades, y obligarlos a que rindan cuentas ante nosotros, nuestras comunidades y organizaciones.

En lo relativo a la asistencia jurídica de defensa:

-Desarrollar nuestros propios sistemas de asistencia jurídica y colaborar con expertos jurídicos y en derechos humanos. -Rechazar todas las formas de violencia y criminalización de nuestras luchas y movilizaciones por la defensa de nuestros derechos. -Trabajar por la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por causa de sus luchas en defensa de las tierras y los territorios; realizar urgentemente campañas de solidaridad con todas las personas que sufren conflictos.

En lo relativo a la incidencia y la movilización:

• Erigir el 17 de abril como el día global de la movilización contra el acaparamiento de tierras; identificar otras fechas adicionales de movilización para defender la tierra y los bienes comunes.

• Elaborar nuestros argumentos políticos para poner en evidencia y desacreditar el modelo económico que fomenta el acaparamiento de tierras, así como los diferentes actores e iniciativas que lo promueven e intentan legitimar.

• Establecer un Observatorio Popular sobre acaparamiento de tierra para facilitar la compilación de informaciones, comunicaciones, planes de acción, incidencia, investigación y análisis. Promover los derechos de las mujeres a través de programas de redistribución específicos para mujeres y otras medidas.

• Promover leyes y políticas que respondan a las necesidades de las mujeres.

• Construir alianzas estratégicas con la prensa y los medios de comunicación.

• Llevar nuestros mensajes y reivindicaciones a nuestros diputados, gobiernos e instituciones internacionales.

• Continuar involucrados en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y demandando que sus procesos, como el de las Directrices de la FAO sobre gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques contribuyan realmente a proteger y promover los derechos a la tierra y los recursos naturales de los/as proveedores/as de alimentos en pequeña escala. Identificar y enfatizar a nivel local, nacional e internacional los espacios para la acción, la movilización y la construcción de una amplia resistencia social al acaparamiento de tierras.

• Planear acciones de protesta contra corporaciones (incluyendo corporaciones financieras), el Banco Mundial y otras bancos multilaterales de desarrollo que se benefician e impulsan el acaparamiento de tierras y recursos naturales. Mantener oposición a los esquemas de auto-regulación del sector privado tales como los principios RAI del Banco Mundial.

• Expandir y fortalecer nuestras acciones para lograr y promover la soberanía alimentaria y una auténtica reforma agraria, el reconocimiento de los sistemas consuetudinarios siempre y cuando salvaguarden los derechos de las mujeres, y la realización de los derechos de los/as jóvenes a la tierra y los recursos naturales.

• Apoyar el control de los pueblos de sus recursos naturales a través de ocupaciones de tierras, ocupaciones de las empresas y corporaciones inversionistas, protestas y otras acciones de movilización de masas para reclamar sus bienes comunes.

• Exigir a nuestros gobiernos que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos, que cesen inmediatamente la transferencia de tierras y recursos naturales a inversionistas empresariales, que cancelen los contratos hechos, restituyan las tierras saqueadas y protejan a las comunidades rurales y urbanas del acaparamiento actual y cualquier acaparamiento futuro.

En lo relativo a las alianzas:
-Construir redes y alianzas fuertes de organizaciones a todos los niveles - local, regional e internacional – con base en el Llamamiento de Dakar y poniendo a los/as productores/as y proveedores/as de alimentos en el centro de las alianzas.

-Forjar alianzas con miembros de los fondos de pensiones para evitar que estos fondos inviertan en proyectos que resulten en acaparamiento de tierras.

-Establecer alianzas estratégicas con la prensa y los medios para que transmitan fielmente nuestros mensajes y realidades. Refutar los prejuicios difundidos por la prensa dominantes con respecto a la lucha por la tierra y la reforma agraria en Zimbabwe.

Hacemos un llamamiento a todas aquellas organizaciones comprometidas con estos principios y acciones para que se unan a nuestra Alianza Global contra el Acaparamiento de Tierras que hoy de forma solemne lanzamos aquí en Nyeleni.

¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!

Nyeleni, noviembre 19 de 2011

Fuente original: Vía Campesina  
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Documentos/Declaracion_de_la_Conferencia_!Detengamos_el_acaparamiento_de_tierras_ya

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En consecuencia, la política que asume la «reforma agraria integral» como recuperación por las comunidades rurales y urbanas de sus territorios para construir el buen vivir o Sumak Kawsay, precisa relacionarse con Vía Campesina en su lucha anticapitalista e internacionalista por la soberanía alimentaria y contra el acaparamiento de tierras. También necesita incorporarse al Encuentro Continental de los Pueblos Abya Yala que en su Carta de Principios explica: “(…) Este Encuentro se sustenta en la cosmovisión de nuestros pueblos originarios para la construcción de un proceso unificador en defensa del Agua y la Pachamama, en el cual estamos comprometidas las organizaciones, pueblos, comunidades, nacionalidades, colectivos y personas participantes.

Constituye un espacio abierto de intercambio, reflexión, debate respetuoso y articulación de quienes luchamos por nuestros derechos y los de la madre tierra. Aspiramos a que el Encuentro se convierta en un proceso permanente de Minka por la Vida, pues defender el agua, la soberanía alimentaria y un nuevo orden societario en armonía con la naturaleza y en el que prime la justicia y equidad, significa luchar por la Vida en su integralidad. De allí, que este Encuentro constituye un espacio vital para la construcción de propuestas que permitan detener la destrucción del único hogar que tenemos: el planeta Tierra.

La crisis civilizatoria ha puesto en evidencia la esencia depredadora del sistema, sus niveles de corrupción e inmoral acumulación de riqueza, el despojo y oprobio al que someten a nuestros pueblos, la violencia y sojuzgamiento en todos los niveles, el saqueo y deterioro progresivo de la Pachamama.

Nuestro horizonte es la construcción de un mundo en el que podamos vivir con dignidad, en armonía con la naturaleza, en solidaridad y reciprocidad con nuestros pueblos y en el que podamos construir el Sumak Kawsay; por ello aspiramos que el Encuentro Continental de los Pueblos de Abya Yala, progresivamente se constituya en un espacio mundial en el que confluyamos hermanos y hermanas de todas las latitudes para hacer realidad ese sueño.

Todas y todos quienes se sientan identificadas/os con estos postulados básicos, tienen un lugar en esta gran Minka, por la que han transitado nuestros pueblos con su resistencia histórica y que hoy la reafirmamos.

Aprobada en Guapondelig (hoy Cuenca, ciudad del Ecuador) en abril del 2011, por el Comité Organizador del Encuentro Continental de los Pueblos de Abya Yala por el Agua y la Pachamama.Leer