Otro país-mundo
requiere
«La reforma
agraria integral»
Porque es la
plataforma común para construir democracia. Sintetiza las
reivindicaciones vitales de quienes se asumen sujetos de derechos y
autonomía. De modo que los involucra en desarrollar la autogestión y el autogobierno
-desde las comunidades en pie de emancipación-
del territorio local, provincial, nacional, continental hacia otro
orden mundial.
Porque la «reforma agraria integral»
permitirá la reestructuración socioeconómica e institucional. Parte
de erradicar la concentración y desnacionalización tanto económica
como territorial que el sistema capitalista implantó en forma de
crecimiento constante desde los setenta mediante terrorismo de
estado y que, encima, carece de perspectivas al financiarse por
aprovechamiento de las ventajas comparativas de la Pampa Húmeda que
está destruyendo.
La forma
de apropiación de la tierra en Argentina fue decisiva en la
concreción de ▪la estructura social de poder, ▪la subordinación de las
clases dominantes al imperialismo hegemónico y ▪el modo de
acumulación capitalista. Esta realidad continúa y se ha profundizado
con la fragmentación de Argentina en economías de enclave exportador
de commodities para los oligopolios imperialistas.
De ahí que persista
una democracia sustentada en la
condición semifeudal de casi todas las poblaciones provinciales sin
otro trabajo que en el Estado como componentes de aparatos
clientelares. Desde los noventa, tan calamitosa herencia se ha agravado
mediante el
proceso de descentralización administrativa que garantiza la recolonización y el entramado mafioso
del Estado con el narcotráfico, la trata de personas, etc.
Pero en
el continente como
Raúl Zibechi
advierte:
"hay cada vez mayor conciencia de que no se derrota el modelo a
escala local ni por caminos legales. El poder del capital
trasnacional es tan fuerte, tan densa la malla legal que lo protege,
y tiene tanta capacidad de corromper, que sólo será posible ponerlo
en fuga con levantamientos simultáneos en las más diversas
geografías. Quizá estemos asistiendo a los primeros pasos en esa
dirección".Leer
Aún más
como el
Tribunal Ético
Popular
sentencia hay:
Militarización, intervencionismo, golpes de estado
Las
corporaciones transnacionales promueven la militarización de los
territorios en los que están actuando, el intervencionismo y las
invasiones armadas, la desestabilización de los gobiernos, los
golpes de estado, los conflictos entre países, las acciones de
inteligencia y contrainteligencia, las guerras de baja, media y alta
intensidad, anulando la soberanía y la autodeterminación de los
pueblos.
Ha sido
evidente la posición de las corporaciones petroleras, farmacéuticas,
hidroeléctricas, del agronegocio, compañías fruteras, mineras, de la
telefonía celular, junto con los monocultivos de la palma africana,
la conspiración de las maquilas, en el golpe de estado de Honduras.
La dictadura cívico militar que emergió del mismo, recibió y
continúa recibiendo el respaldo de los organismos financieros
internacionales como el Banco Mundial, el BID, y las instancias
financieras de la Unión Europea.
El golpe
de estado se propuso restaurar los privilegios de las corporaciones,
sacando a Honduras del proceso de integración en el ALBA e
incluyéndola en las iniciativas de integración subordinadas al poder
norteamericano y europeo como los Tratados de Libre Comercio y el
Plan Mérida. Desde entonces, sigue creciendo la militarización, el
paramilitarismo, las agencias de seguridad, el narcotráfico, el
sicariato, la intervención de militares colombianos y salvadoreños
en operativos represivos, la presencia militar norteamericana a
través del incremento de las bases militares y de la participación
directa en operativos de represión. Todos los días se producen
asesinatos, torturas y otras formas de agresión, especialmente
contra las comunidades campesinas, indígenas, garífunas, negras. En
los años posteriores al golpe de estado, han crecido brutalmente los
femicidios, la violencia contra las mujeres, los y las jóvenes, el
asesinato de integrantes de la comunidad lgttbi. Hay una especial
agresión contra la libertad de expresión, que se manifiesta en los
asesinatos de periodistas y los ataques a las radios comunitarias.
Estos
hechos siguen en total impunidad y se agrava la represión que sufre
el pueblo hondureño. Tienen responsabilidad, en esta situación, los
gobiernos que han votado por el reingreso de Honduras a la OEA, a
las instancias de integración centroamericana, dando una imagen de
retorno a la “normalidad”, que no se condice con la grave situación
que vive este pueblo.
En
Colombia, el avance del militarismo, la instalación de nuevas bases
y operativos militares y paramilitares se dan en paralelo al
crecimiento de la inversión extranjera, de la implementación de un
modelo económico a favor de las empresas transnacionales, que se han
instalado a sangre y fuego en contra de los derechos de los pueblos
a la soberanía y al territorio. Esto se materializa con la incursión
de Colombia en las grandes corrientes comerciales mundiales a partir
de los Tratados de Libre Comercio, como el firmado recientemente con
EE.UU.
Algunos
de los impactos generados por las corporaciones transnacionales en
Colombia son: privatización de los servicios públicos, precarización
del trabajo (se denunció que hay 30.000 trabajadores precarizados en
la industria petrolera), concentración de la tierra (64,7% de la
tierra está en manos del 0,4% de los terratenientes), destrucción
del medio ambiente y la biodiversidad. Es alarmante la denuncia
sobre las violaciones de los derechos humanos: 4 millones de
desplazados (10% de la población), 50.000 desaparecidos en los
últimos cinco años, 7.500 detenidos y detenidas políticas
(...)".
Fuente:
http://www.argenpress.info/2011/11/argentina-sentencia-final-del-tribunal.htmlUAC
-
ACTA
En
"Argentina. Nueva ley
antiterrorista: Una norma para reprimir al pueblo y sus luchas"
Por:
LA COCTELERA
Un nuevo
y gravísimo intento de avance represivo ha tomado cuerpo el pasado
14 de octubre de 2011, con la remisión al Congreso por parte del
Poder Ejecutivo Nacional de un nuevo proyecto de ley
"antiterrorista", que amplía groseramente el campo de
criminalización de la protesta ya inaugurada con la ley 26.268
sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de
"asociación ilícita terrorista" y "financiación del terrorismo".
Cabe
recordar que en el año 2007 se sancionó la ley 26.268, incorporando
al Código Penal los artículos 213 ter y 213 quater. El primero de
ellos tipificaba como delito la "asociación ilícita terrorista" y el
segundo sancionaba el "financiamiento del terrorismo".
La ley
antiterrorista vigente
En este
sentido, no es menor que sea una ley para combatir el "terrorismo",
ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se
entiende por "terrorismo" y esto no es casual si tenemos en cuenta
que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al
opositor político, para justificar su persecución y su eliminación.
Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del
imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo
de "terrorista" para perseguir a quienes se oponen, de diferentes
formas y en diferentes lugares, a su política. "Terroristas" son los
iraquíes que resisten una invasión genocida e ilegal, "terroristas"
son los docentes que reclaman en Perú por mejores condiciones de
trabajo y aumentos salariales, "terroristas" son los mapuches que
exigen el derecho a vivir en las tierras que habitaron sus ancestros
desde tiempos remotos.
La "Ley
Antiterrorista" sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional
vino a servir a los mismos fines y faculta a los gobiernos de turno
para detener y acusar de "terrorismo" a cualquiera, sin que sea
requisito que se cometan actos que tengan como objetivo provocar la
muerte o lesiones graves a un grupo indeterminado de civiles que no
intervengan activamente en un conflicto armado (lo que en algún
momento ha sido al menos un eje para la definición de actos
terroristas). Como se puede apreciar de la lectura de la ley 26.268,
se sanciona con penas altísimas conductas aplicables a cualquier
organización social, política, estudiantil o sindical que
simplemente intente reclamar activamente ante el Estado o algún
organismo internacional.
En
primer lugar, la ley sancionada en el 2007 agregó al Código Penal el art. 213 ter, mediante el cual se tipifica las
"asociaciones
ilícitas terroristas", definiéndolas como aquellas cuyo propósito
sea "aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de
hacerlo". Es decir que la característica distintiva del perseguido
por esta norma es la del que reclama al Estado o a un organismo
internacional que haga o deje de hacer algo. Esta es la única
definición específica que se hace respecto de alguna conducta, ya
que todos los demás requisitos para configurar esta "asociación
ilícita terrorista" resultan muy difusos y quedan a interpretación
libre de los jueces. Esta norma requiere además que dicha
organización tenga un plan de acción destinado al odio étnico,
político o religioso, estar organizado en redes internacionales y
contar con cualquier medio idóneo para poner en riesgo la vida o
integridad de un número indeterminado de personas.
Estos requisitos
son fácilmente interpretables para involucrar dentro del delito de
terrorismo a cualquier organización social, política, estudiantil o
sindical que reclame firmemente por sus derechos frente al Estado o
un organismo internacional y la ley establece penas que van de los 5
a los 20 años de prisión.
El nuevo
proyecto de ley enviado por Cristina Fernández de Kirchner
El nuevo
proyecto de ley enviado por la presidenta postula la derogación de
la ley 26.268, pero al mismo tiempo requiere la aprobación de una
legislación "antiterrorista" cuyos alcances son mucho mayores y que
permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier
tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las
políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos
internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del
Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.
Específicamente se promueve la incorporación al Código Penal del art.
41 quinquies, que establecería lo siguiente: "Cuando alguno de los
delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la
finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se
incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad
fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o
gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a
realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma
escala."
Es
decir, que se tipifica como terrorista cualquier delito que tenga
como finalidad la de aterrorizar a la población; este requisito
permite a jueces y fiscales aplicar el doble de las penas de los
delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de
cualquier acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de
tierras, ocupación de la vía pública u otras acciones enmarcadas en
la lucha social y política, si entendieran que esto "aterroriza a la
población." No es difícil imaginar la facilidad con la que se puede
aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas
que muchas veces quieren asimilar la protesta con acciones que
atemorizan al resto de la población.
Por otro
lado, se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la
comisión de delitos (teniendo en cuenta que para el Estado cortar
una ruta, ocupar el espacio público, ocupar una tierra, llevar
adelante medidas de fuerza sindicales y reclamar por fuera del
ámbito tolerable constituyen delito) y que tengan como objetivo
exigir a las autoridades nacionales, gobiernos extranjeros o agentes
de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer
algo. En todos los casos se duplican los mínimos y los máximos de
las escalas penales.
Este
nuevo proyecto de ley posibilitaría calificar de terrorista casi
cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el
mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se
trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el
marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de
la libertad a los luchadores acusados. Si esta ley hubiera sido
aprobada hace unos años, hoy podríamos tener en las cárceles a
cientos de militantes y activistas, que hoy se encuentran
procesados.
Por
ejemplo, los compañeros del FAR que se encuentran procesados por
manifestarse en contra de las políticas criminales del Estado de
Israel enfrentarían una escala penal que iría de los 8 a los 26 años
de prisión. En el caso de la detención del dirigente ferroviario
Rubén "Pollo" Sobrero, las penas a las que se enfrentaría serían de
10 a 30 años de prisión.
Además,
este proyecto de ley permite sancionar como terrorista no sólo a las
acciones de grupos organizados, sino también a acciones individuales
o colectivas de personas que no sean el fruto de una organización
puntual. Por ejemplo, los vecinos de Vicente López que intentaron
impedir la destrucción y ocupación de un espacio público, o el caso
de vecinos que cortan una calle exigiendo la prestación de servicios
mínimos que deben ser garantizados por el Estado; todos ellos
podrían eventualmente ser encuadrados en esta nueva normativa. En
suma, posibilita la aplicación de penas altas a cualquier acción de
protesta y además de catalogarlas de terroristas.
Resulta
evidente entonces que cualquier tipo de protesta que lleve adelante
acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el
Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos
internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda
abarcada por esta ley,.
Por otra
parte, la ley agrega al Código Penal como art. 306 la figura de
"financiación del terrorismo", que castiga explícitamente el hecho
de colaborar económicamente con cualquier organización o persona que
haya cometido delitos a los que se califique de terroristas. La
consecuencia directa de esto es que se puede criminalizar o
perseguir cualquier campaña de solidaridad con cualquier preso
político al que se le haya aplicado el agravante de terrorismo. Es
más, la ley castiga inclusive el "financiamiento" aún cuando se
trate de personas acusadas de delitos de "terrorismo" ocurridos
fuera del país; es decir, sería financiación del terrorismo
cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos mapuches,
con docentes peruanos acusados de terrorismo, con el director de la
agencia ANNCOL y tantos otros que son perseguidos y acusados de
terrorismo en nuestra América y en el mundo. A la luz de esta nueva
legislación todos los que colaboraran económicamente con estas
campañas deberían enfrentar penas privativas de libertad de entre 5
y 15 años.
Una ley al servicio del imperialismo
Debe
destacarse que esta ley no ha sido el capricho del gobierno de turno
sino que es promovida (como también lo fue la sanción de la ley
26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a
través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se
enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas
a nivel continental para la persecución y criminalización de la
lucha social. Actualmente estamos siendo testigos de la sanción y
reforma de leyes antiterroristas en todo el continente, lo que
constituye una política que no es aislada y que utiliza la categoría
de "terroristas" para legitimar la persecución y la cárcel para los
luchadores sociales.
Lo
expuesto es evidente si vemos que esta herramienta represiva trata
como un "terrorista" a todo aquel que luche por reivindicaciones del
tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los
jueces y fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una
ruta o tantas otras acciones enmarcadas en la lucha social son un
delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (por ejemplo
FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de
hacerlo. Con esto vemos que los "terroristas" a los que se persigue,
a pesar de lo que dicen los fundamentos del proyecto de ley, no son
los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA o de la
explosión de la fábrica militar de Río Tercero; los perseguidos son
los que exigen y luchan contra las políticas anti-populares de los
distintos gobiernos y que se oponen a los dictados de los organismos
financieros internacionales.
Las
leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar
disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más
decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o
reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible
privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de
"terrorista", el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el
ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En
realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una
herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano
jurídico como simbólico.
No
quedan dudas que esta ley será utilizada para limitar, restringir y
penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y
a los luchadores en general que quieran reclamar más allá de lo
tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir
algún tipo de "terrorismo", se trata de una legislación que
desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman
activamente por la solución de los problemas que este gobierno no
tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe
enfrentar la enorme mayoría del pueblo.
En suma,
si nos atenemos a la letra de la ley tendríamos que concluir que todos
los que luchamos por un cambio social, por un mundo justo, somos
terroristas. Sin embargo, los que militamos por un mundo sin
explotadores ni explotados no somos terroristas, somos luchadores.
El
Estado apeló históricamente y apelará a distintas herramientas
represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas;
este nuevo y nefasto proyecto de ley es una de ellas y denunciarla y
pelear por su derogación también es una necesidad y una obligación para
los que queremos construir una nueva sociedad.
Si se
aprueban este tipo de legislaciones es porque hay un pueblo que
lucha, que no se rinde ante esta situación de injusticia e
indignidad. Ante la profundización de la crisis internacional que
provoca estragos en países de Europa y el norte de África, el
gobierno y sus socios empresariales requieren de herramientas como
ésta para intentar poner freno a los que se rebelan y siguen
luchando para cambiar la Historia. Hoy más que nunca debemos
responder ante esta situación con unidad, organización y lucha.
Fuente:
http://www.argenpress.info/2011/12/argentina-nueva-ley-antiterrorista-una.html
----------------
En Colombia
"Criminalizar a las
víctimas, victimizar a los genocidas
La guerra política y
jurídica: combinación de las formas de lucha del Estado"
Por Luis Javier
Correa Suárez (Rebelión)
"La
guerra invisible, los derechos humanos como arma de guerra y lucrativo
negocio"(enlace
aquí), así se titula el documento del Brigadier General RA Luis Fernando
Puentes Torres, Director de la Maestría en Derechos Humanos DICA, publicado
en la edición 218 de la revista de las Fuerzas Armadas, de Junio de 2011.
Al hacer un detallado recorrido por el contenido de esta
publicación, es fácil deducir que muchos de los escándalos nacionales, como
el de las denominadas falsas víctimas de Mapiripan, la hacienda las Pavas en
el Sur de Bolívar y quién sabe qué casos más, hacen
parte de esa estrategia
mediática del Estado de Colombia, para voltear la opinión de la población y
la comunidad internacional, para que las víctimas y la responsabilidad del
Estado, pasen a un segundo plano.
Con este pretexto y para justificar atacar legal e
ilegalmente al movimiento social, a los sindicatos y la oposición política,
califican de insurgencia a todo el que piense diferente a las instituciones,
no hay espacio para otras ideologías, reclamar, protestar, expresarse u
organizarse, pues se califica como acciones contra la seguridad nacional,
que buscan desprestigiar a las instituciones, de esta forma justifican
endurecer las leyes para reprimir y eliminar los derechos de la población.
Como la combinación de las formas de Lucha, categorizan a la
denominada guerra política, como estrategia para descalificar e
invisibilizar a las víctimas y negarles su sagrado derecho a reclamar
verdad, justicia y reparación, colocando al Estado y sus instituciones como
las víctimas.
Me hace pensar y me lleva a deducir: estamos ante una
estrategia de las fuerzas armadas del Estado colombiano que, como se
describe, sigue el concepto de Clausewitz, teórico de la ciencia militar,
quien define “que lo importante es destruir la capacidad de combate del
enemigo, bien sea por las armas o por otro medio”.
En ese escrito se reconoce que la fuerzas armadas del Estado,
se prepararon para el enfrentamiento militar, y coloca al Estado como una
humilde víctima, para resaltar, que el éxito del triunfo radica en
deslegitimar a la insurgencia, haciendo la guerra política para lograr un
alto contenido psicológico, en los diferentes componentes de la guerra
mediática, en el terreno de las organizaciones, la informática, la
diplomacia, las estratagemas, la semántica y todas las formas a usar
soterradamente para sacar ventaja y causar un daño moral, siendo la
principal arma desprestigiar no solo a la insurgencia, sino al bloque
opositor al Estado, entre ellos los sindicatos, campesinos, indígenas,
Estudiantes, los Barrios y la oposición política, entre otros, usando para
ello la guerra jurídica y guerra judicial.
Para justificar el más amplio sentimiento de odio y
represión, tipifican que la narco guerrilla, es un brazo armado de un
aparato que integra partidos políticos, sindicatos, organizaciones no
gubernamentales, que actúan dentro y fuera de Colombia, como apoyo logístico
de la guerrilla, desde adentro del estado, encubierto para actuar
públicamente en la sociedad, que presentan al estado como violador de los
derechos humanos y responsable de crímenes de lesa humanidad, señalan
claramente, que estos ataques son promovidos por actores armados ilegales y
ayudados por entidades del Estado, la justicia y las organizaciones
internacionales de izquierda conformadas por abogados, antropólogos,
psicólogos y violentologos, además buscan dañar la imagen internacional y la
cooperación para la lucha contra la insurgencia.
Para justificar la unidad nacional, la guerra total y la
llamada prosperidad democrática, identifican el divorcio de las
instituciones militares y civiles, como la causa para haber permitido
permear las estructuras de estado, causando daño moral y económico a los
integrantes de la fuerza pública, señalan que la justicia esta torcida y
responsabilizan de los montajes contra la fuerza pública al Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo, Minga, Credhos, Codhes, Justicia y Paz, Cinep.
Comisión Colombiana de Juristas, entre otros.
Todo esto hace parte del concepto de la Doctrina de Seguridad
Nacional y en la guerra contra la insurgencia, consideran que deben secarle
el agua al pez, es decir quitarle a la insurgencia el apoyo social y ello se
logra mediante estrategias como la que se describen en la mencionada
publicación.
Todo esto indica claramente la nueva estrategia del Estado,
para limpiar su imagen, eliminar la presión internacional, pasar a la
ofensiva colocando contra las cuerdas a las víctimas y sus organizaciones,
asegurar más garantías para los integrantes de la fuerza pública, logrando
que por ningún motivo sea permeable el fuero militar, se trata de colocar un
manto de dudas sobre todas las víctimas, deslegitimar el derecho que tienen,
atrapando cualquier intento por denunciar el problema, en una telaraña
jurídica y
la denominada guerra política del Estado
contra la población, que representará más impunidad y más represión.
Ya es conocida públicamente la estrategia del Estado de
Colombia, para quitarse de encima a las víctimas, perseguir y poner en duda,
entonces como trabajadores y Sindicato, nos corresponde, ser más organizados
en las denuncias, tener una mayor disciplina, preservar la información,
sistematizar los hechos, desarrollar la más amplia alianza con diferentes
sectores de la población para evitar que esta estrategia del Estado termine
por aplastar no solo las denuncias, sino invisibilizando a las víctimas y
perpetuando la impunidad.
Estamos enfrentados a una estrategia del Estado de Colombia,
para desprestigiar, deslegitimar, desmoralizar, desgastar, e impedir la
libertad de pensamiento, de expresión, de protesta y justificar mayor
represión contra las organizaciones de los trabajadores y la población en
general.
Para terminar, espero que este texto pueda servir para abrir
la más amplia reflexión y nos motive a estudiar e investigar sobre los
asuntos cotidianos de nuestra vida nacional.
(*) Luis
Javier Correa Suárez es Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL)
Notas
relacionadas:(...)
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140822
Colombia::Derechos
humanos en Colombia / 07-12-2011
La otra
política requiere de un frente cultural que aúne esfuerzos, capacidades e
iniciativas para desarmar esa estrategia de guerra contra la
autodeterminación de los pueblos y recuperar los espacios públicos como
ejercicio de resolver los problemas en común e idear ámbitos más propicios a
la vida colectiva e individual. Sin embargo, este gran encuentro
fortalecedor se arraiga en el Nunca Más que no se restringe a las fuerzas
militares-policiales del terrorismo de estado y a la Triple A como
terrorismo paraestatal del partido Justicialista. La unidad en diversidad se
afianza poniendo fin a la impunidad de la alianza de corporaciones y bancos
imperialistas con todos los factores de poder local.
PLANTEO /
IDEOLOGÍA /
PREMISAS E HIPÓTESIS
La otra
política que sostiene la «reforma
agraria integral» como toma del poder para hacer posible el buen vivir de
los diversos de abajo, se responsabiliza por hacer pública a la incompatibilidad
del actual crecimiento económico con la vigencia de los derechos de las grandes
mayorías. Procura destapar la cara oculta del capitalismo 'serio' que muchos no
queremos ver. Es asumir las luchas:
1. Contra la impunidad de que jóvenes y niños expulsados por el modelo sean sometidos a un proceso de
degradación humana
POSADAS, MISIONES
"El desafío es crear
una corriente nacional de pensamiento y acción que obligue a discutir la cárcel
en la agenda pública "
Por Alicia Rivas Zelaya,
(especial para la Agencia Walsh)
"Junto a la
desmilitarización de los servicios penitenciarios de todo el país, la educación
y los derechos negados a los seres humanos privados de libertad, la corriente de
pensamiento y acción propuesta por el periodista Oscar Castelnovo fueron los
ejes de la presentación de "Cárceles de Mala Muerte".
"El NEA es la región más
pobre del país, nuestras cárceles y comisarías están llenas de jóvenes y niños a
los que se les ha robado el futuro y las posibilidades más dignas de vida",
resumió, Hilda Presman. También participaron del panel, este viernes 11 de
noviembre en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Misiones, Jorge Rozé docente investigador de la
Universidad Nacional del Nordeste y el Conicet, Alicia Dieringer y Yolanda
Urquiza docentes investigadoras de la UNaM.
Lo destacó Oscar
Castelnovo, editor del libro Cárceles de Mala Muerte. El periodista remarcó
además que es necesario que la sociedad civil, las universidades y las
organizaciones de DD HH vuelvan a las cárceles, para auditarlas y detener el
proceso de degradación de la condición humana que allí sigue operándose. Junto a
Hilda Presman de la Red de DD HH de Corrientes y Oscar Castelnovo, participaron
del panel de presentación del libro "Cárceles de mala muerte", realizada este
viernes 11 de noviembre en el aula magna de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la UNaM, Jorge Rozé docente investigador de la UNNE y el
CONICET, Alicia Dieringer y Yolanda Urquiza docentes investigadoras de la UNAM.
Alicia Dieringer
Coordinadora del Postgrado en Políticas Sociales fue la encargada de abrir la
jornada repasando brevemente el contenido del informe convertido en libro.
Destacó que el trabajo sobre la problemática carcelaria es una deuda de la
sociedad misionera y en particular de la Universidad, "es un desafío pendiente"
y recomendó que el texto forme parte de cátedras de las distintas carreras de la UNaM y sea difundido como material de consulta y discusión en las aulas de las
escuelas de la provincia.
Por su parte, Jorge
Rozé docente investigador de la Universidad Nacional del Nordeste y del CONICET
expresó: "El libro se llama Cárceles de mala muerte, ¿habrá cárceles de buena
muerte, o cárceles buenas, (luego Castelnovo respondería al interrogante), en
estas instituciones donde prácticamente operan los crímenes en la paz"?, se
preguntó y recordó que "ya para 1940 se admitió el fracaso de todo esto porque
las cárceles no mejoraban a nadie".
"Por buenas que sean
las cárceles estamos hablando de un lugar de altísimo grado de violencia sobre
los sujetos -continuó Rozé-. A la cárcel entra un infractor y sale un
delincuente, un infractor es un hombre que produjo un acto por el que fue
condenado, un delincuente es alguien que tiene ya condenado su vida, movida su
historia, y la salida de la prisión va a construir un aparato sobre lo social
donde el delincuente va a ser un elemento funcional para el control de la tasa
de delito permitido y tolerado, los grandes delitos no son descubiertos por la
policía, por los detectives sino descubiertos por los soplones formados en el
aparato carcelario".
La actividad
organizada por la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Misiones e
integrantes del colectivo Comunicación y Debate, sirvió para abrir el debate en
Posadas sobre la situación carcelaria en la Provincia, que no está incluida en
el informe. En el diálogo
posterior, aportaron la mirada regional sobre la problemática. Graciela Franzen
Secretaria de DD HH de la CTA Misiones y estudiantes y prestigiosos abogados que
sumaron su diagnóstico del sistema judicial de Misiones, que se ubica entre los
más anacrónicos e ineficientes del país. "El libro viene a
cumplir la función de intentar romper el silenciamiento sobre lo que sigue
ocurriendo en las cárceles de nuestros país", apuntó Oscar Castelnovo,
periodista de la Agencia Walsh e integrante de la AgruPasión para la Libertad.
"Este libro tiene un por qué y para qué, nosotros somos abolicionistas"
y agregó
"el desafío es crear una corriente nacional de pensamiento y acción que obligue
a poner en la agenda publica la discusión de la cárcel, porque la muerte de
seres humanos y la tortura permanente no deben estar silenciados".
"El terrorismo de
Estado no se fue de la cárceles argentinas"
Desde la Red de
Derechos Humanos de Corrientes, Hilda Presman reiteró que una de las demandas
prioritarias para frenar la represión, las torturas, y las muertes dentro de las
cárceles es avanzar en la desmilitarización del servicio penitenciario y
fomentar la presencia de la sociedad civil auditando las prisiones. El libro describe
torturas, asesinatos, abandono de personas, violaciones, vejaciones en las
requisas a familiares, condiciones de hacinamiento e infraestructura deficiente
que se repiten a lo largo de las cárceles, penales y comisarías que componen el
sistema carcelario en la Argentina. Pero también deja ver la resistencia y los
incansables intentos de organización de presos y presas quienes junto a sus
familiares encaran hoy, casi en soledad, la pelea en contra del sistema
represivo que sigue matando en las cárceles de la democracia.
"Con el advenimiento
del kirchnerismo muchos organismos de Derechos Humanos tradicionales, los
partidos políticos llamados populares, salvo algunas excepciones desertaron de
la lucha en cárceles, dejaron de mirar este dolor tan inmenso, por eso
familiares y gente sin aparato, sin financiamiento reemplaza y retoman esta
tarea", sostuvo Castelnovo quien remarcó que
desde
el 2003 se triplicó el número de personas privadas de la libertad, la gran
mayoría sin condena.
"Durante el
kirchenerismo se triplicó el número de presos, habían 22 mil compañeros privados
de la libertad en el 2002 ahora hay 66 mil presos. Se llegó a los 70 mil y ahora
son unos 66 mil. Crecieron las muertes, las torturas y la corrupción en el
Sistema Penitenciario. Es una gran caja para el financiamiento de la acción
política", agregó el editor del libro.
Prisiones llenas de
pobres
"Un 99,9 por ciento
de los presos son pobres" fue una de las afirmaciones que aporto el abogado
penalista Eduardo Paredes quien además agregó que el Poder Judicial de Misiones
es uno de los más degradados y anacrónicos de todo el país.
Que las cárceles
estén pobladas casi exclusivamente por pobres es sin duda una decisión política,
una planificación para mantener invisibilizados a miles de excluidos sociales
para quienes la sociedad tiene reservado el aislamiento y la revictimización.
"En el NEA somos la
región más pobre del país, nuestras cárceles y comisarías están llenas de
jóvenes y niños a los que se les ha robado el futuro y las posibilidades más
dignas de vida", resumió Hilda Presman.
El encuentro
finalizó con el compromiso de diferentes sectores de avanzar hacia la
conformación de un espacio de discusión y acción que se pueda hacer presente en
las cárceles de la provincia para dar cuenta de la realidad que allí se vive y
evitar que las violaciones a los Derechos Humanos que allí se registran
continúen gozando de la impunidad que brinda el silencio y la indiferencia".
Contactos:
Graciela Franzen,
Secretaria de DD HH CTA Misiones 03752 15657790 435664
Yolanda Urquiza
Docente Investigadora de la UNaM 03752 15688460 436603
Fuente:
http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=7562:quna-corriente-de-pensamiento-y-accion-que-obligue-a-discutir-la-carce-en-la-agenda-publicaq&catid=72:pll&Itemid=114
2.
Contra la criminalización de la pobreza y la protesta social que, en
Colombia, la concreta la población carcelaria junto a organizaciones
solidarias
La
situación carcelaria: "En Colombia existe 9.500 presos políticos"
Por
Prisioneros de Guerra del Bloque Iván Ríos de las FARC- EP (Traspasa los Muros)
Podemos afirmar inequívocamente con la certeza
que dan los hechos, que Colombia está viviendo, en los actuales momentos en los
que conmemora 200 años de las batallas por su liberación e Independencia, un
despertar de las luchas de los sectores populares y de la acción conjunta de las
masas a nivel nacional, que sin duda, augura el comienzo de una nueva etapa en
la lucha conjunta por la construcción de una Nueva Colombia que abone el camino
de una Definitiva y Plena Independencia.
La población carcelaria y las
situaciones padecidas por la misma, no son de ninguna manera ajenas al devenir
social y político en Colombia, sino por el contrario se constituyen en
representación y muestra palpable de
la morfología de un sistema estructuralmente excluyente y asesino, en el que impera el afán de lucro y por lo
tanto la desigualdad.
Es por esta razón que igual a otros sectores y
actores sociales, se ha visto un despertar y flujo importante en las luchas
carcelarias que habían sido sofocadas hace años a sangre y fuego, además de una
política nacional de traslados selectivos para golpear los procesos
organizativos que generaban los reclusos al interior de las prisiones, así como
el intento de articulación entre las diferentes cárceles.
Se han presentado movilizaciones,
huelgas, protestas, denuncias y otras expresiones de descontento al interior de
las prisiones. Los familiares de los detenidos empiezan
también a tomar conciencia de la importancia de ejercer presión y lograr
difundir la problemática a grandes voces. Como ejemplos recientes se encuentra
la huelga de hambre realizada por internos de la cárcel de La Tramacúa en Valledupar y las más de 5 huelgas y
protestas que se han presentado en la cárcel de Pedregal en Medellín desde que
fue inaugurada en Junio de 2010, por mencionar algunos.
La población carcelaria ha ganado en capacidad de
acción política y en unificación de criterios para la necesaria organización.
Esto, en gran medida debido a que viene rompiéndose poco a poco el cerco
aislador tendido por el Estado sobre las Cárceles, gracias a la acción
persistente de sectores democráticos y defensores de DD.HH.
El cerco hay que derrotarlo completamente y
avanzar haciendo uso de las capacidades adquiridas, capitalizar
organizativamente y dar un paso necesario: la creación de un Movimiento a nivel
nacional, constituido por la población carcelaria y con un programa claro de
lucha. Esto permitirá que la población carcelaria pueda llegar a ser un actor
político fundamental en la definición de estrategias y propuestas en las
políticas criminales y penitenciarias, y pueda aportar así, a solucionar los
graves problemas estructurales que aquejan al sistema carcelario colombiano; y
por otro lado, ejercer un control y veeduría permanente, defender los intereses
de los internos, reivindicar los derechos de la población carcelaria y exigir el
respeto de los Derechos Humanos por parte del Estado.
Esto amerita hacer un estudio juicioso, un
diagnóstico profundo de la dramática y verdadera situación que se vive en las
cárceles colombianas, agravada al máximo como consecuencia del desarrollo y
agudización del conflicto social armado, pero sobre todo, por la utilización
sistemática por parte del Estado del aparato judicial y el sistema penitenciario
como arma de guerra contra amplios sectores de la sociedad.
Nos encontramos en este campo con serias
limitaciones tales como la poca existencia de datos oficiales, consecuencia de
la estrategia de invisibilización de la situación carcelaria; por otro lado,
cuando se encuentran, la mayoría de las veces son manipulados y maquillados por
el Estado, para dar la impresión de Democrático y respetuoso de los Derechos
Humanos.
El presente documento es un intento de generar un
acercamiento a la situación carcelaria, necesario para desentrañar la realidad
actual de las prisiones con el objetivo de ir cualificando poco a poco
conocimientos y discursos, que coadyuven al desarrollo del movimiento
carcelario.
POBLACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y HACINAMIENTO
Para comenzar hay que decir que en Colombia
existe un total de 144 centros penitenciarios de diversa índole; esto, para
tener un panorama general en términos de la división administrativa e
institucional con la que funciona el sistema penitenciario en Colombia. La
totalidad de los centros carcelarios se encuentran divididos en seis Regionales
a nivel Nacional adscritos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
encargado de brindar custodia y administrar las cárceles en Colombia.
Los 144 centros penitenciarios se encuentran
divididos en los Regionales de la siguiente manera: (...)
En Colombia se viene produciendo un choque entre
la acción administrativa y judicial, que busca en algunos casos, mejorar la
situación carcelaria, y una política criminal, impulsada por el Gobierno, que ha
optado por elevar las penas y usar de manera excesiva la detención preventiva,
lo que ha generado incremento de la población carcelaria y del hacinamiento. Pero hay que ir mucho más allá si se quieren
desentrañar las causas reales que producen el hacinamiento, pues sería demasiado
fácil decir entonces que el problema concreto es el “aumento de criminales.”
Es necesario profundizar en el origen del
problema y desentrañar los factores que lo generan. Hay que aceptar de una vez
por todas que el problema es el modelo; un sistema que ejecuta la política
criminal y penal con la visión del enemigo interno y regula el escenario
político a través de la aplicación de la pena de prisión como sanción penal
exclusiva; un modelo que privilegia la perdida de la libertad como castigo al
opositor y como arma de guerra contra la sociedad misma. El problema no es
entonces el aumento de criminales, sino el aumento de sectores que son
criminalizados y convertidos en criminales, por las políticas represivas y de
estigmatización aplicadas por el Estado en contra de diversos sectores sociales
(...)".
Fuente original: http://www.traspasalosmuros.net/node/490
Fuente:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140827
Colombia::Derechos humanos en Colombia / 07-12-2011
3.
Contra la ocupación militarizada de los barrios despojados de derechos y la
hipótesis de conflicto de las fuerzas armadas de defensa de los recursos
naturales
Militarismo en Paraguay: la otra cara del modelo extractivo
Por
Raúl Zibechi
“(…)En toda América Latina los barrios populares
como el Bañado Sur, entre la ciudad
formal y el río Paraguay,
son objeto de la permanente intervención policial y
militar[6].
La excusa son las drogas, los detenidos suelen ser jóvenes pobres, personas sin
trabajo y sin futuro, a menudo expulsados del campo por el avance de la soja, la
minería y los monocultivos.
Por diversas razones Paraguay es un buen observatorio para comprender las causas
de la militarización en la región.
En 2010 el gobierno de Fernando Lugo decretó el estado de excepción en cinco
departamentos, con la excusa de combatir un pequeño grupo denominado Ejército
del Pueblo Paraguayo (EPP)[7]. Un examen más detallado
permite develar de qué se trata.
»»Las
razones del militarismo.- En mayo Paraguay celebró su bicentenario de la
independencia. El despliegue militar comenzó el 3 de mayo. "Las Fuerzas Armadas
despliegan un megaoperativo de seguridad, con 16 puestos ubicados en distintos
puntos de la ciudad y mil efectivos militares”[8]. Lo curioso es que las
celebraciones para las que se realizó semejante despliegue fueron el 14 y 15 de
mayo. En los hechos el despliegue militar duró un mes.
Una
mirada detallada de algunas operaciones militares y policiales permite encontrar
algunas respuestas. El camino es observar el estado de excepción decretado por
el gobierno de Fernando Lugo, con apoyo del Congreso, en cinco departamentos del
país: San Pedro, Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraná, tomando
como excusa el asesinato de dos peones y un capataz en una hacienda de
Concepción, atribuida al EPP[9].
En
2009 ya se habían realizado tres operativos militar-policiales contra ese grupo:
Operativo Jeroviá (confiar), Operativo Triángulo y Sombra. En 2010 se realizó el
Operativo Jaguareté y el quinto se denominó Py’a Guapy (tranquilidad), ya en el
marco del estado de excepción. En forma paralela se realizaron operativos de
asistencia en salud con donaciones de los Estados Unidos.
En
los 30 días que duró el estado de excepción se registraron 96.330 personas
(91.834 el ejército y 4.496 la policía)[10]. Hubo días que fueron registradas
más de seis mil personas sólo en esos cinco departamentos, sobre todo en
Concepción y San Pedro que han sido epicentros de importantes luchas campesinas
y contaban con fuertes organizaciones sociales.
La
primera constatación es que los cinco departamentos tienen una población de
794.000 personas (Amambay 124 mil, Presidente Hayes 101 mil, San Pedro 355 mil,
Concepción 190 mil y Alto Paraguay 24 mil). Eso quiere decir que el 12% de los
habitantes fueron registrados por militares y policías en un mes. Si se quitan
los ancianos y niños y se computa sólo a los adultos, el porcentaje es mucho
mayor. Si se cuenta sólo a los jóvenes, es probable la mayoría absoluta hayan
sido revisados.
En
ese mes hubo 85 detenidos por militares y 142 por policías. Sólo hay datos
detallados para el segundo grupo. El resultado es que las tres causas más
importantes de detención fueron: robo agravado (15), abigeato (12) e invasión de
inmuebles (8). "Las causas tienen raíces en el alto grado de desigualdad,
concentración de la riqueza, mala distribución de la tierra y expansión del
hambre y la miseria”, explica Irala[11].
La
invasión de inmuebles es una práctica común del movimiento campesino y el robo
de ganado en pequeña escala es el modo de sobrevivencia de los campesinos
pobres. "El estado de excepción culminó sin atrapar al EPP y sin aclarar las
muertes, pero sirvió para vincular a las fuerzas armadas en las tareas de
seguridad interna”,
señala el informe.
Desde
un enfoque sociológico, Cristina Coronel del Servicio Paz y Justicia (Serpaj)
señala que el estado de excepción
"generó un clima de desconfianza en la zona, de ruptura de vínculos, de temor
entre los propios pobladores, pretendiendo visibilizar estos delitos comunes de
manera de criminalizar las luchas sociales”[12].
En
sus conclusiones, el trabajo de Irala destaca que hay un avance importante de la
"militarización en democracia”, con la presencia de asesores colombianos que son
"la principal referencia en cuanto a seguridad para el Paraguay”.
Registra un
división del trabajo por la cual las acciones de carácter humanitario de las
fuerzas armadas son acompañadas y dirigidas por organismos del gobierno de
Estados Unidos como su embajada en Paraguay.
»»La
criminalización de la protesta.- En lugar destacado señala que
el modelo
"neoliberal extractivista” conlleva una hipótesis de conflicto que no es hacia
fuera sino "hacia adentro”, cuyo protagonista es
"el enemigo interno, que
fácilmente pueden ser las organizaciones y movimientos sociales críticos al
sistema”[13].
En el
marco del Foro Social América realizado en Asunción en agosto de 2010, el
Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y BASE Investigaciones Sociales realizaron
el seminario "Desarrollo, militarización y criminalización”, cuyas ponencias se
difundieron un año después en el libro "La dimensión represiva y militar del
modelo de desarrollo” coordinado por la socióloga Marielle Palau.
Sostiene que
en Paraguay hay dos proyectos de país contrapuestos:
"Por
un lado, el lucro, y por otro, el derecho de comunidades enteras a continuar
existiendo”[14].
La principal oposición de este modelo son las comunidades y organizaciones
campesinas y los pueblos indígenas. Por eso son reprimidos.
Desde
que terminó la dictadura en 1989, hasta 2008, cuando Lugo llegó al gobierno con
un discurso progresista, "fueron asesinados 105 militantes campesinos en el
marco de la lucha por la tierra, diez de los cuales ocurrieron durante el
gobierno de Lugo”, dice Palau. En 2003 cuando de forma masiva se judicializó la
protesta, tres mil militantes fueron imputados "como estrategia para
desmovilizar la lucha campesina”[15].
Desde
que Lugo llegó al gobierno la soja siguió avanzando: en dos años la superficie
cultivada creció un 10%. La criminalización se ha agudizado. En 2010 el gobierno
y la embajada de Estados Unidos impulsaron la "Iniciativa de la Zona del Norte”
que
"habilita legalmente una fuerte presencia norteamericana en varios
departamentos del país, justamente donde existe mayor presencia de
organizaciones campesinas y donde la soja se encuentra en agresiva
expansión”[16].
Juan
Martens, abogado de la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay)
sostiene que existe un proceso de criminalización y prisionización creciente de
la dirigencia social[17]. En su opinión, un caso muy grave fue la detención en
enero de 2010 de varios dirigentes de la Organización Campesina del Norte, en
Concepción, a 420 kilómetros de Asunción, acusados de apoyar al EPP.
La
fiscalía no pudo siquiera decir en su acta qué hicieron. En este momento hay 500
militantes sociales procesados y "las torturas son cada vez más frecuentes”[18].
La justicia comenzó a usar la figura de "perturbación de la paz pública” por
realizar marchas que no cortan rutas y de "sabotaje” al bloqueo de carreteras
que supone 10 años de prisión.
De
este modo se comenzó a perseguir actores que antes no eran alcanzados por el
sistema penal. Martens denuncia además que han sido detenidas madres con sus
hijos menores, desde dos meses hasta cinco años, que los defensores de derechos
humanos están siendo amenazados y que se registra "la militarización del aparato
de seguridad” con el apoyo de USAID[19].
El
resultado, según Palau, es que los sujetos que históricamente enfrentaron el
agronegocio "hoy se encuentran más silenciados” y "las organizaciones campesinas
desmovilizadas”[20]. En opinión de Martens, "las organizaciones que no entraron
a formar parte del gobierno, que siguen en resistencia, tienen sus miembros
encarcelados por un lado, y procesados por otro”[21].
»»Modelo
productivo.-
Irala sostiene que hay tres razones que explican la creciente militarización del
país. Por un lado, el narcotráfico, "sobre todo en las zonas rurales y más
recientemente en las urbanas”[22].
En la zona donde se aplicó el estado de excepción, la soja avanza a ritmos
importantes, sobre todo en los departamentos del Chaco, por lo cual "hay un
alto grado de población sin tierra y eso genera conflictos”.
Con
frecuencia se registran enfrentamiento entre campesinos y "brasiguayos”, colonos
brasileños con tierras en Paraguay. El conflicto más reciente se produjo en
Caaguazú, en agosto, con disparos de armas de fuego. Pero el agronegocio también
necesita avanzar sobre los departamentos de San Pedro y Concepción, donde
enfrenta mayores dificultades.
Además existen plantaciones de marihuana que ocupan vastos territorios. "Al
parecer hay un conflicto de interesas en el cual el agronegocio necesita avanzar
sobre las tierras del narcotráfico y en ese conflicto la militarización juega a
favor de la soja. El campesino que planta marihuana es el último en la escala y
la mujer, cuando lo meten preso, vende ese terreno para sacarlo de la cárcel, y
se lo vende a los sojeros”, explica Irala
La
soja necesita seguir avanzando, como está sucediendo en toda la región. En
Brasil hacia la Amazonía, en Argentina hacia el norte expulsando campesinos. En
Paraguay, "el modelo se mueve hacia el Chaco, igual que en Brasil, donde la soja
desplaza a la ganadería y esta emigra hacia la selva. Eso puede cerrar el
círculo de la militarización”.
La
segunda se relaciona con el clima de inseguridad que lleva al gobierno a hacer
algo para "tranquilizar” a la opinión pública. Esto puede explicar los
operativos en los Bañados, acompañados siempre por una amplia difusión
mediática. De otro modo no se puede entender el despliegue en los días del
bicentenario, "con tanques que coparon las calles de la ciudad y tomaron las
entradas de Asunción durante varias semanas”.
La tercera razón se relaciona directamente con el terrorismo.
Se trata de un grupo que tendría no más de diez o quince integrantes, que en
modo alguno puede ser considerado una amenaza. Sin embargo, "con la cobertura
mediática de los medios masivos de comunicación para estos operativos se ha
logrado asociar a los campesinos con el narcotráfico”, enfatiza Irala.
Puede
parecer extraño que el gobierno de un obispo que apoyó con fervor la lucha por
la tierra, haya cambiado al punto de no hacer la reforma agraria y perseguir a
los movimientos. Es el mismo camino que están siguiendo los demás gobiernos de
la región: no pueden o no tienen fuerzas para cambiar el modelo productivo, pero
no quieren sufrir las consecuencias.
Paraguay creció un 15% en 2010. Una cifra asombrosa que, sin embargo, no
resuelve sus problemas. Puede, incluso, agudizarlos si no se consigue abordar la
tremenda desigualdad, que es el caldo de cultivo de la descomposición de las
sociedades.
*[ es
analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e
investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de
América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el
Programa de las Américas
(www.cipamericas.org/es)].
Fuente:
http://www.defensaterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10283:militarismo-en-paraguay-la-otra-cara-del-modelo-extractivo&catid=377:violencia-institucional&Itemid=453
En
consecuencia, el modelo extractivo no sólo expulsa hasta de la
autoorganización para sobrevivir sino que a quienes despoja de todo, los
criminaliza y degrada de distintas formas. Asumir que los condenados a
ser pobres se apropien de su condición de sujetos colectivos de derechos
es fundamental a la política
cuyo
programa es la «reforma
agraria integral» como toma del poder para garantizar el desarrollo del buen vivir
a los diversos de abajo.
La otra
política que sostiene la «reforma
agraria integral» como toma del poder para hacer posible el buen vivir de
los diversos de abajo se fundamenta en:
"El Juicio Ético Popular a las Transnacionales,
un proceso político
pedagógico de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias
Populares a la Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro
de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL)
y al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y
organizaciones populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de
Nuestra América.
El Juicio Ético Popular enjuicia a
las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del
extractivismo, del despojo de los bienes de la naturaleza y de los derechos de
las poblaciones, y al sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que son
eslabones claves. El proceso de investigación-acción
en el que se constituyeron los fundamentos de este Juicio Ético Popular, se
articuló en las audiencias previas de: Trelew – 16 y 17 de septiembre del
2011 – Audiencia del Juicio Ético en Patagonia
San Miguel de Tucumán – 23 al 25 de
septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en el Noroeste Argentino (NOA).
Wanda – 30 de septiembre y 1 de
octubre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en la Triple Frontera (...)".
Porque:
El "Tribunal Ético Popular ha comprobado que este modelo,
cuyos actores principales son las corporaciones y los Estados, es responsable de
violaciones a diferentes derechos, tanto individuales como colectivos
incluyendo, dentro de estos últimos, a los derechos de los pueblos originarios,
con la consecuente agudización del sufrimiento social.(...)
Respecto de la violación de derechos de la Naturaleza que impactan sobre la vida
Históricamente, la
naturaleza ha sido considerada como un “capital” o una “canasta de recursos
inagotables”. Esta visión antropocéntrica propia de la Modernidad, centrada en
la idea de una naturaleza inagotable e infinita, ha encontrado una nueva
inflexión en la actual dinámica de acumulación del capital, basada en la
apropiación y sobre-explotación de la vida. Desde los minerales, el agua, la
biodiversidad, hasta las semillas, los saberes medicinales ancestrales y la
fotosíntesis hoy son concebidas como “mercancías” que forman parte del mercado
global.
Contra este modelo
civilizatorio, emerge un nuevo Constitucionalismo Latinoamericano que proclama
una convivencia con todos los seres vivientes de la tierra, denunciando el
fundamentalismo de mercado desde una perspectiva más amplia y universal.
El telón de fondo
sobre el que nacen los que hoy se denominan
Derechos de la Naturaleza,
principalmente desde las sabidurías
y luchas de los pueblos originarios
es, en gran medida, la emergencia planetaria como resultado de la destrucción de
ecosistemas enteros.
En este sentido,
este Tribunal valora la perspectiva jurídico-filosófica, -que aparece por
primera vez en la nueva Constitución Ecuatoriana (2.009)-, que subraya el
desplazamiento desde una visión antropocéntrica de la Naturaleza hacia otra
“socio-biocéntrica”.
Así, la Naturaleza aparece como sujeto de derechos, a los
cuales se define como “el derecho a que se respete integralmente su existencia,
y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y
procesos evolutivos” (artículo 71). La Naturaleza posee valores intrínsecos
(también llamados valores propios), que están en los seres vivos y en el
ambiente, y que no dependen de la utilidad o consideración humana.
Dicha postura
estableció que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad tiene la facultad
de exigir el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza (Art. 71 y ss). Tal
como sostienen algunos juristas “lo que es más importante es que al reconocerle
a la Naturaleza el carácter de sujeto de derechos, adquiere ésta la condición de
tercero agredido cuando se la ataque ilegítimamente y habilita así el ejercicio
de la legítima defensa en su favor (legítima defensa de terceros)”.
Desde estas
posiciones, consideramos que el actual “modelo de maldesarrollo”, traducido por
la mercantilización de la naturaleza, es un modelo profundamente “tanático”
o
destructivo, que incorpora la vida a la muerte, en lugar de incorporar la muerte
a la vida. Es un modelo que incurre en la sistemática violación de los Derechos
de la Naturaleza (y de los Derechos Humanos), y amenaza en ello con su
destrucción masiva.
Entre otras
implicancias, este Tribunal ha constatado:
* Destrucción de
bienes naturales que agravan y aceleran el cambio climático.
* Multiplicación de
megaproyectos extractivos que producen deforestación, una de las principales
causas del efecto invernadero. Varios de los casos presentados ante este
tribunal evidencian, como consecuencia de la deforestación que, en época de
lluvias, se producen aludes de barro que arrasan con las casas y han producido
la muerte de familias enteras. Las grandes lluvias también afectan la flora y la
fauna de la zona impactando sobre la biodiversidad.
* Desaparición de
bosques nativos, deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, como
consecuencia de las actividades llevadas a cabo por diferentes industrias
extractivas juzgadas por este Tribunal, en manos de agentes transnacionales.
* Destrucción de los
ecosistemas y comunidades durante las tres etapas de prospección, exploración y
explotación de la megaminería “a cielo abierto”, como consecuencia de la
utilización de sustancias químicas, reactivos tóxicos de lixiviación y sistemas
de flotación que destruyen economías regionales, exprimen suelos, humedales y
cuencas hidrográficas no renovables. Entre otros efectos, éstas producen: -pérdida de
vegetación por la emisión de cargas contaminantes al aire y al agua y procesos
de erosión acelerados; -efectos erosivos
sobre el suelo y ruptura de las cadenas alimentarias de la que dependen la
fauna; provocados por la pérdida de vegetación de pradera;
amenaza de extinción
de especies animales y vegetales;
afectación de los
cursos de agua por la generación de aguas ácidas, o por la presencia de sólidos
en suspensión que, al aumentar la turbiedad, disminuyen los rangos de
luminosidad, afectando los procesos biológicos de fauna y flora que habita en
los medios acuáticos.
* Afectación del
suelo: -remoción
incontrolada de la capa vegetal y deforestación; -procesos erosivos
incontrolados; -cambios en el
paisaje; -alteraciones en el
drenaje;
-absorción de
contaminantes transportados por vía aérea; -desertificación y
pérdida de fertilidad de los suelos.
* Afectación del
agua: -agotamiento de las
fuentes de agua; -captación y
acumulación monopólica de los derechos de agua; -cambios en la
hidromorfología; -contaminación de
acuíferos; -alteración de la
mecánica de las corrientes de agua; -contaminación de
cuencas hídricas con metales pesados, o compuestos de cianuro; -drenajes ácidos de
minas (DAM) y drenajes ácidos de roca (DAR).
Este Tribunal
subraya la gravedad de estas violaciones y recuerda la importante decisión de
Naciones Unidas, por la cual el 28 de julio de 2.010 declaró el Derecho Humano
al Agua Potable y al Saneamiento. Esa declaración manifiesta además su “profunda
preocupación” porque
“aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso
al agua potable y más de 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento básico”.
Agrega su “alarma” porque
“cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de
niños menores de cinco años y se pierden 443 millones de días lectivos a
consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.
* Afectación del
aire: -contaminación por
dispersión de sólidos en suspensión (plomo, mercurio, uranio y arsénico, entre
muchos otros metales y metaloides);
-generación y
transporte de nubes de lluvias ácidas por emisión de minerales sulfatados.
Un caso testigo
corresponde a las actividades petroleras que contaminan los acuíferos, los ríos
y esteros por los desechos generados y porque interrumpen su flujo. La
contaminación petrolera no se limita al área inmediata de su operación; fluye
con el agua. El agua, además, es el vehículo comunicacional hacia la biósfera y
el de toda la cadena trófica.
Al respecto, este
Tribunal ha constatado que ninguna de las empresas representativas de los
modelos extractivos aquí analizados incorpora operativamente o respeta los
principios preventivo y precautorio contenidos en la Ley General del Ambiente
(Ley Nro. 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2.002), que son la base de
todo el derecho ambiental.
Éstos son:
-Principio de
prevención: a través del cual se establece que las causas y las fuentes de los
problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de
prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.
-Principio
precautorio: a través del cual se establece que, cuando haya peligro de daño
grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función
de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.
-Principio de equidad
intergeneracional: a través del cual se establece que los responsables de la
protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por
parte de las generaciones presentes y futuras".
Fuente:
http://www.argenpress.info/2011/11/argentina-sentencia-final-del-tribunal.htmlUAC
- ACTA
----------
Porque:
El "Tribunal Ético Popular ha comprobado que este modelo,
cuyos actores principales son las corporaciones y los Estados, es responsable de
violaciones a diferentes derechos, tanto individuales como colectivos
incluyendo, dentro de estos últimos, a los derechos de los pueblos originarios,
con la consecuente agudización del sufrimiento social.(...)
Respecto de las
violaciones de Derechos Culturales
La violación de
Derechos Culturales se manifiesta en una diversidad de situaciones, en una
compleja trama que incluye desde la mercantilización de la vida a la
invisibilización de las culturas consideradas subalternas y la desapropiación de
saberes ancestrales. Entre otras violaciones, este Tribunal ha constatado:
* Imposición de un
sistema alimentario global que tiene consecuencias catastróficas en la
alimentación, ya que los sistemas alimentarios locales y las prácticas
culturales y culinarias tradicionales se ven erosionadas, lo cual conduce
tendencialmente a su extinción.
* Desapropiación de
plantas y saberes asociados a ellas. Las empresas transnacionales son
responsables de biopiratería, del robo y la apropiación de los saberes de los
pueblos.
* Negación,
invisibilización y borramiento de la historia y la cultura de los pueblos y
sustitución por un pensamiento uniforme referido a un orden global hegemónico.
* Afectación del
territorio de las comunidades indígenas, que constituye la base de su
cosmovisión e identidad cultural y social. Un caso testigo presentado ante este
Tribunal es el del Proyecto Navidad, referido al traslado de un cementerio
mapuche de la zona (en la época en que el proyecto estaba en manos de la empresa
IMA – Inversiones Mineras Argentinas), palmaria demostración de que el
emprendimiento está emplazado en territorio ancestral.
Esta
ruptura de las formas de vida tradicionales ha generado el surgimiento de
refugiados ambientales que han perdido sus territorios y en muchos casos han ido
a engrosar los barrios marginales de las ciudades en condiciones de pobreza,
miseria y exclusión.
*
Generación de escenarios propicios para el incremento del consumo de drogas, el
juego y la constitución de redes de trata de mujeres para la prostitución,
debido a las condiciones laborales de estas industrias, caracterizadas por la
concentración de hombres solos en zonas de explotación petrolera o localidades
cercanas.
* Alteración de las
formas de vida de los pueblos, desconocimiento de sus usos y costumbres, y
negación de sus identidades.
* Destrucción y
afectación del patrimonio arqueológico de la región.
* Las políticas de
legitimación, como la mal llamada “compensación ambiental”, por ejemplo, a
través de los bonos verdes, significa de hecho la compra de un permiso para
contaminar, y las “disculpas” por contaminar.
Fuente:
http://www.argenpress.info/2011/11/argentina-sentencia-final-del-tribunal.htmlUAC
- ACTA
En
consecuencia,
la política cuyo programa es la «reforma
agraria integral» como poder de transformar en realidad al buen vivir
de los de abajo precisa deconstruir el menosprecio mayoritario por
el medioambiente y por las comunidades campesinas e indígenas. Es
fundamental expandir el pensamiento de asociación de ese desconocimiento
e indiferencia con la impunidad del desarrollo capitalista de condenar a
que
aproximadamente
884 millones de personas carezcan de acceso al agua potable y más de
2.600 millones no tengan acceso al saneamiento básico. Es crucial
desenmascarar que:"La
lógica perversa de este sistema ha llegado a un punto crítico. Salta a
la vista la manera en que beneficia a los inversionistas por sobre las
necesidades alimenticias de la gente (...)"
GRAIN (2008)
continúa:"En ese proceso, las tierras fértiles fueron reconvertidas
de la producción de alimentos para abastecimiento de un mercado local a
la producción de commodities
mundiales para la exportación o cultivos de contra estación y de alto
valor para abastecer los supermercados occidentales.
Hoy, aproximadamente el 70% de los llamados países en desarrollo son
importadores netos de alimentos. Y de las 845 millones de
personas con hambre en el mundo, 80% son pequeños agricultores y
agricultoras. Si a esto se le agrega la readecuación
del crédito y los mercados financieros para crear una
enorme industria de la deuda, sin control sobre los inversionistas, la
gravedad del problema queda clara (...)".
Fuente:
http://www.grain.org/articles/?id=40
La otra
política que sostiene la «reforma
agraria integral» como toma del poder para hacer posible el buen vivir de
los diversos de abajo
se fundamenta en :
"El
Juicio Ético Popular a las Transnacionales,
un proceso político pedagógico
de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias Populares a
la Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro de
Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL)
y al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y
organizaciones populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de
Nuestra América.
El Juicio Ético Popular enjuicia a
las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del
extractivismo, del despojo de los bienes de la naturaleza y de los derechos de
las poblaciones, y al sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que son
eslabones claves. El proceso de investigación-acción
en el que se constituyeron los fundamentos de este Juicio Ético Popular, se
articuló en las audiencias previas de: Trelew – 16 y 17 de septiembre del
2011 – Audiencia del Juicio Ético en Patagonia
San Miguel de Tucumán – 23 al 25 de
septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en el Noroeste Argentino (NOA).
Wanda – 30 de septiembre y 1 de
octubre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en la Triple Frontera (...)".
Para avanzar en:
3.
Condena
De
acuerdo con los fundamentos y las denuncias recibidas, este Tribunal
Ético Popular resuelve:
Denunciar y condenar ante la opinión pública como antiético y
violatorio de los derechos humanos al sistema capitalista, racista,
patriarcal, y a este modelo productivo neoextractivista que impera
en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales y en
los gobiernos –nacionales y provinciales- a sus principales
protagonistas.
Denunciar y condenar ante la opinión pública a las Empresas
Transnacionales aquí enjuiciadas, al Estado Nacional y a los
gobiernos que hicieron posible la implementación del perverso
sistema neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los
territorios de nuestros pueblos, por violación sistemática de toda
ética, de los Derechos Humanos inalienables y de los Derechos de la
Naturaleza, violación a la soberanía territorial de los pueblos,
violación de la Constitución Nacional, leyes y tratados
internacionales.
Denunciar y condenar a las empresas farmacéuticas y a los agentes
médicos responsables de la experimentación de medicamentos en seres
humanos, exigiendo que el Estado defienda la integridad y dignidad
de los argentinos y argentinas, para que no sean manipulados por
médicos inescrupulosos que entregan sus pacientes a la voracidad y
codicia de las empresas de la Big Pharma: Bayer, Novartis, Pfeizer,
Bistec, Merck, Lilly.
Denunciar y condenar ante la opinión pública las formas de operar de
las empresas transnacionales, ya que las enjuiciadas en estas
audiencias se consideran una muestra representativa de la conducta
de muchas otras presentes en este y otros territorios.
Denunciar y responsabilizar por estos crímenes a aquellos
funcionarios de los tres poderes del Estado que durante la dictadura
y posteriormente, a partir del restablecimiento de la democracia,
construyeron las condiciones históricas de posibilidad del actual
modelo neocolonial.
Denunciar y condenar a las empresas transnacionales por los crímenes
cometidos contra otros pueblos de Nuestra América, como el golpe de
estado en Honduras, la militarización, el terrorismo estatal y
paraestatal en Colombia, México, Paraguay, Perú, Honduras, Haití.
Denunciar y condenar al gobierno argentino y a otros gobiernos
latinoamericanos por la participación en la intervención militar en
Haití, a través de la MINUSTAH, y por la legitimación del régimen
golpista en Honduras, votando a favor del reingreso de este gobierno
en la OEA.
Este
Tribunal DECLARA:
El reconocimiento del derecho al
territorio y a la libre determinación como derecho fundamental de los Pueblos.
Somos territorio,
pertenecemos al territorio y ésta es la base de nuestra existencia y del derecho
a la Vida.
La
nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos
normativos y administrativos
que posibilitaron la
implementación y vigencia del actual modelo de maldesarrollo.
La
necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las
tierras y fuentes de agua
usurpadas y
expropiadas a sus pobladores legítimos, pueblos originarios, comunidades
campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades.
La
inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la
minería a gran escala, y del modelo de mega-agricultura industrial
ligada a los transgénicos y los agronegocios de exportación.
La
falsedad manifiesta de la biotecnología como ‘respuesta’ a las
necesidades alimentarias de los pueblos.
El
rechazo al Plan Nuclear Nacional, al Plan Estratégico Alimentario y
al IIRSA, como componentes inherentes a este modelo.
La
legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que
resisten los actos de violación de los derechos territoriales y
humanos básicos.
La
falacia del discurso del ‘desarrollo’ fundado en el modelo
extractivista, como arma ideológica que produce y legitima el
avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos. El
rechazo al discurso que sostiene la necesidad de entregar nuestros
bienes comunes al capital concentrado, nacional o extranjero, para
lograr adecuadas y dignas condiciones de vida.
El
derecho fundamental de los pueblos al Buen Vivir. Como pueblos
tenemos el derecho, la responsabilidad y las capacidades para
decidir con autonomía sobre nuestras formas de vida y de
organización, cuidado y utilización de los bienes comunes de
nuestros territorios.
El cese
inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios.
El cese
inmediato de la represión y la criminalización de la legítima
protesta social, el esclarecimiento y justicia para los crímenes
cometidos aún impunes.
Este
Tribunal Ético Popular condena la vigencia, continuidad y
profundización del colonialismo histórico, ahora bajo las armas y
los modos de la globalización neoliberal hegemónica en curso.
---------
4.
Recomendaciones y propuestas
Las
corporaciones transnacionales actúan a nivel global y, por lo tanto,
requieren una respuesta global. La respuesta a nivel de cada Estado
es indispensable, pero no suficiente. Es necesario garantizar la
soberanía y la dignidad de los pueblos, impidiendo la privatización
de los bienes fundamentales para la vida como el agua, el aire, las
semillas, el patrimonio genético, y asegurando el acceso universal a
los servicios públicos.
Por
estas razones, este Tribunal Ético Popular recomienda y propone:
Trabajar
en la creación de una instancia judicial popular ante la cual las
víctimas de las formas de operar de las corporaciones
transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de
justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el
poder judicial.
Demandar
a los gobiernos que garanticen la soberanía y dignidad de los
pueblos, antes que los intereses económicos de los sectores
privados; que aseguren la aplicación prioritaria de las normas
internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los
derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del
medio ambiente; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o
de inversiones sin considerar las normas de protección de los
Derechos Humanos y de los Derechos de la Naturaleza, y que
rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las
más elementales normas de esos derechos.
Exigir
la suspensión de los megaproyectos de desarrollo de monocultivos, de
agronegocios, de grandes represas, de hidrovías, caminos y puertos
de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan a un proceso de
evaluación de su impacto social y ambiental con una real
participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.
Exigir
la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos
originarios que no respetan las normas internacionales que defienden
sus derechos, y que fueron ratificadas en nuestro país.
Exigir a
los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema
judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los
delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades.
Prohibir
la explotación en los territorios indígenas, en las zonas
productoras de agua, en las zonas forestales protegidas.
Reconocer el derecho para recurrir directamente ante los tribunales
de justicia y demandar las responsabilidades por las eventuales
violaciones de derechos causados por las corporaciones
transnacionales.
Este
Tribunal hace un llamamiento a la sociedad entera para que frente a
las prácticas de las corporaciones transnacionales, opte por una
posición ética y de rechazo al hambre, a la falta de vivienda,
educación, salud, empleo, de seguridad alimentaria y, en general, de
las situaciones de pobreza y de carencias absolutas que impiden el
desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de
dignidad.
---------
En
consecuencia,
la «reforma
agraria integral» requiere de una política que tenga el:
5.
Compromiso del Tribunal Ético Popular
Al
concluir la audiencia de este Juicio Ético Popular a las
Transnacionales, las y los participantes, integrantes de movimientos
populares, de organizaciones de derechos humanos, investigadores/as,
nos declaramos en estado de movilización, de unidad, de encuentro,
de solidaridad, para borrar las fronteras entre nuestras
resistencias a las políticas de recolonización del continente, para
levantar una voz unánime en Nuestra América en defensa de la
soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el respeto a
nuestras identidades y formas de organización y de vida, de nuestros
derechos como hombres y mujeres, los derechos de las generaciones
venideras, los derechos de la naturaleza.
Desde
Buenos Aires, Argentina, nos reunimos en un grito contra las
políticas de saqueo, destrucción y muerte. Es un grito y serán
muchas las acciones por la vida, por la libertad, por la plena
emancipación.
-
Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras
voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán
robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha.
-
Afirmamos que las políticas de cooptación y manipulación de los
gobiernos –nacionales y provinciales- pueden retrasar las luchas,
pero no las detendrán, porque la vida de los pueblos en la
naturaleza, no se negocia.
-
Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo,
impulsando la realización de modelos sostenibles, y luchando para
terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo.
-
Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas
en toda América Latina y el mundo, unificando fuerzas en la acción
común, manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones, nuestra
capacidad de crear en la resistencia, y de creer en los pueblos".
Buenos
Aires, 29 de octubre, 2.011 Juicio Ético Popular a las
Transnacionales
Fuente:
http://www.argenpress.info/2011/11/argentina-sentencia-final-del-tribunal.htmlUAC
- ACTA
