La política de la militancia por la «reforma agraria integral» se basa en la propuesta de:

Dialogar para movilizar y transformar: contra el modelo del capital, América Latina Lucha
Declaración Final de la I Escuela Latinoamericana de Comunicación de la CLOC-Vía Campesina
Por: CLOC-Vía Campesina
Fecha de publicación: 06/12/11

Porque la comunicación es un derecho de los pueblos y no una mercancía, promovemos la palabra y tejemos una comunicación que construya un sentido de libertad, soberanía y dignidad.
A partir de la experiencia de esta I Escuela Latinoamericana de Comunicación de la CLOC-Vía Campesina, nosotras y nosotros, militantes de varias organizaciones miembros de la CLOC – Vía Campesina, junto con aliados, reunidos en Managua, Nicaragua, tierra de Sandino, en la Escuela de Formación Francisco Morazán Quezada, del 24 al 30 de noviembre, firmamos los siguientes compromisos en cuanto a Colectivo de Comunicación Latinoamericano:

- La importancia de la creación y estructuración de equipos que hagan parte del Colectivo de comunicación de la CLOC-Vía Campesina tal como declaramos en la Mesa de Comunicación de nuestro V Congreso, realizado en octubre de 2010, en Quito, Ecuador,

- Este colectivo, que tiene carácter orgánico, se respalda en los procesos de debates del V Congreso de la CLOC-Vía Campesina, espacio donde la comunicación fue asumida como herramienta estratégica de lucha contra el capital y contra el imperialismo. De la misma forma que no queremos que nuestras riquezas naturales y que la vida sean transformadas en mercancías, no queremos que la comunicación también lo sea. Queremos que la comunicación sea un proceso claro de resistencia a la dominación. Reafirmamos la comunicación como promotora de la articulación de nuestras luchas, dentro de una perspectiva de concretar la consigna: Globalicemos a lucha, globalicemos a esperanza!

- En ese sentido, denunciamos al modelo imperialista y mercantilista de la comunicación, y defendemos una comunicación genuinamente dialógica, popular, alternativa, concientizadora y liberadora.

- Dejamos claro nuestra visión antiimperialista y valorizamos un modelo de vida basado en los saberes de los pueblos originarios, las luchadoras y luchadores históricos y los pueblos afros a través de la preservación y convivencia armónica con los recursos naturales y el respeto a la Pachamama.

- Reafirmamos, también, la importancia de los medios de comunicación creados y mantenidos por este Colectivo de Comunicación de la CLOC-VÍa Campesina, y nos comprometemos a fortalecerlos a partir de esta I Escuela de Comunicación y las agendas firmadas colectivamente en este proceso.

- Nuestra comunicación como CLOC-Vía Campesina tiene el objetivo no solamente de difundir nuestros momentos de lucha, sino promover otros valores, otros modelos y otro sistema social, desde una perspectiva socialista defendida por la CLOC-Vía Campesina. Siendo así, destacamos la importancia de las experiencias de nuestros pueblos originarios de su cultura, lengua y de historia de resistencia, y las recuperamos para la construcción de un otro modelo de sociedad. De esa forma, nos comprometemos a promover el contacto entre esas culturas ancestrales y los nuevos saberes dentro de uma perspectiva de apropiación en respeto a los conceptos históricos y culturales

- Valoramos las más diversas alianzas construidas en cuanto a la CLOC- Vía Campesina para el desarrollo de la comunicación en nuestra América Latina, y que aquí en este proceso de formación estaban presentes, como Radio Mundo Real de Uruguay, el Tejido de Comunicación Del Valle Del Cauca, Colombia y el periódico Brasil de Fato de Brasil.

- Desarrollamos y defendemos una comunicación basada en la construcción ideológica y popular, en detrimento de una comunicación solamente tecnicista y al servicio del capital.

- Aprovechamos para agradecer la importancia y la recepción de la Escuela Francisco Morazán Quezada, en esta primera experiencia de formación.

- Nosotras y nosotros militantes venidos de la República Dominicana, México, Paraguay, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Cuba, Colombia, Bolivia, Uruguay y Suecia, reafirmamos a importancia de este primer momento de formación continental en comunicación, y la necesidad de mantenerlo como un proceso permanente de formación para la CLOC-Vía Campesina.

- En nuestros países está vigente un monopolio empresarial, que se distancia mucho de garantizar el derecho a la información convirtiéndose en una dictadura mediática que profundiza el esquema de opresión y representación tanto física como cultura y simbólica de las grandes mayorías de nuestros pueblos. Es por ello que cobra gran importancia los esfuerzos que podamos hacer desde el ámbito de la comunicación alternativa y popular en función de hacer frente a la lógica del sistema capitalista sostenido a través de sus medios masivos de comunicación.

- Repudiamos toda y cualquier tentativa de criminalización, por parte de los medios de comunicación, de las luchas y de luchadores de nuestra América Latina.

- En esta jornada de encuentro, formación e inspiración, compartimos el sentimiento general del movimiento campesino internacional por la pérdida del compañero Egidio Brunetto, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, cuyo ejemplo continuará en nuestra memoria y práctica, como herencia para las futuras comunicadoras y comunicadores que, como todas y todos nosotras sumen la lucha en sus vidas.

Comunicar para dialogar, movilizar y transformar

Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos

¡América lucha!

Managua, 30 de noviembre de 2011

Fuente: http://www.dariovive.org/?p=2359

Contra nuestro gran encuentro por la vida y la dignidad de los pueblos se halla la construcción kirchnerista de hegemonía política cuyos relatos de la realidad procuran convencer a las grandes mayorías de estar viviendo una gesta de emancipación, cuando lo cierto es que se está afianzando la recolonización. Con ese objetivo épico convierte en patriota al oligarca bonaerense, terrateniente ganadero a costa de exterminio-expulsión-cooptación de indígenas y a quien consolidó el circuito económico: latifundio-saladero-comercio de exportación monopolizado por el puerto de Buenos Aires y regido según conveniencias de Inglaterra.

"El saladero traerá el auge de la producción agropecuaria a partir de 1815, año en que Rosas abre su primer saladero, Las Higueritas, en Quilmes. El saladero rosista no tendrá un carácter feudal como se lo asigna José Ingenieros —La evolución de las ideas políticas en la Argentina—, sino que constituye una etapa en el desarrollo del capitalismo argentino. Pero al mismo tiempo, y eso lo escamotean los rosistas, marca el carácter dependiente, atrasado, semicolonial del capitalismo argentino! desde sus orígenes.

Con Rosas quedó establecido el sistema económico que convertiría al país en exportador de materias primas e importador de productos manufacturados, procedentes principalmente de Inglaterra, con la consiguiente dependencia que estas relaciones implicarán, sobre todo a partir de la aparición del imperialismo, en las últimas décadas del siglo (…)”. Fuente: http://www.portalplanetasedna.com.ar/oligarquia8.htm

Rosas fue el restaurador de la subordinación popular a la oligarquía terrateniente y a su alianza con la potencia dominante en el mundo. Sin embargo,

Cristina Fernández de Kirchner en el Día de la Soberanía Nacional en Vuelta de Obligado el 20/11/11: " (...)Recordó a Juan Manuel de Rosas y a su esposa, Encarnación Ezcurra, a quien consideró como “la verdadera inspiradora de la revolución de los restauradores”, y dijo que si bien ella estaba “oculta”, porque “a las mujeres nos cuesta aparecer, ahora, cuando aparecemos, también hacemos historia”.

“Hoy, más que nunca, debemos resignificar lo que es lo que es la lucha por la soberanía nacional, cuyo hito emblemático, está aquí, en Vuelta de Obligado”, dijo.

Definió que “durante el siglo XIX y parte del siglo XX” la soberanía “se debatía militarmente, era un concepto casi de ocupación territorial”, pero sostuvo que “hoy, la resignificación de la defensa de la soberanía debe estar dada en el campo de la lucha de las ideas, y en la decisión de cada país de construir un proyecto de nación de acuerdo a sus propios intereses, integrándose junto a sus hermanos de la región, en el mundo conflictivo y complejo que hoy se derrumba”.

Tras volver a recordar a su esposo, Néstor Kirchner, a quien comparó “con los salmones, porque nadaban contra la corriente y después de desovar, morían” destacó el hecho de que hoy los jóvenes ya no están “enojados” o perseguidos como ocurrió en el pasado, sino que sienten “alegría” porque sienten al país “como su verdadera casa, y ven a las autoridades no como enemigos, sino como quienes protegen y ayudan a todos los argentinos”.

Destacó el crecimiento de la actividad económica del país que en lo que va del año “llegó a 9 puntos, un crecimiento casi más que la tasa china”, y prometió “seguir en ese rumbo”.

Indicó que precisamente ese camino implica “la resignificación de la soberanía nacional” que “hoy se defiende haciendo crecer la economía, generando puestos de trabajo, mayor inclusión y calidad educativa, con más ciencia, tecnología e innovación, para producir más y mejor conocimiento”.

Afirmó que fechas como la Vuelta de Obligado “se ocultaban porque era necesario convencer a cada uno de nosotros de que era imposible oponerse o luchar contra las grandes fuerzas, de la misma manera que nos tuvieron convencidos hasta el 2003 de que no se podía hacer nada que no estuviera autorizado por el FMI, que no se podía hacer nada que fuera contra la corriente, porque si no, nos íbamos a sumergir en el aislamiento”.

Concluyó señalando que “en el fondo allí radica una de las claves: convencernos de que no solamente los superhombres o las supermujeres que existen en otros lados , nunca por supuesto en otro país, pueden hacer las cosas, digo que es al revés, que son los hombres y mujeres comunes, con responsabilidad, quienes junto a los grandes pueblos podemos hacer las grandes victorias que merece nuestra gente”.

Convocó entonces “a todos los argentinos que hagamos un inmenso esfuerzo para comprender este momento histórico que viven la Argentina y el mundo, que las cosas que hemos hecho estos años las defendamos con uñas y dientes, que corrijamos lo que está mal y profundicemos las que están bien, para que la equidad y la igualdad lleguen a todos los argentinos (...)".

Fuente: http://www.minseg.gob.ar/la-presidenta-llam%C3%B3-resignificar-la-lucha-por-la-soberan%C3%AD

¿POR QUÉ ESTA TERGIVERSACIÓN DE LA HISTORIA Y EL FETICHISMO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO? Precisa reafirmar la conciliación de clases, es decir, la identificación de los oprimidos con sus opresores de siempre. Pero, sobre todo, la caracterización como gobierno nacional y popular oculta que el poder real sobre Argentina  pertenece a las corporaciones y los bancos imperialistas. Veamos:

Guillermo Almeyra (La Jornada), en "Los votos y el poder", advierte:  "(...)una cosa son los sufragios y otra el poder real. Lo que Cristina Fernández llama “</!>modelo”</!> sólo es el resultado de una relación particular y frágil con el mercado mundial. O sea, de la exportación de materias primas (particularmente soya), que mantienen un alto precio porque son el refugio de la especulación, al igual que el oro y otros productos de la minería que Argentina exporta, y del aumento de la competitividad de la industria, todo lo cual es favorecido por el consumo del Mercosur y el crecimiento de los mercados chino e indio.

Pero los grandes exportadores de granos son trasnacionales al igual que las grandes empresas automotrices y de la alimentación que lideran la exportación de productos industriales, todos los bancos son extranjeros y extranjera es también la producción de petróleo y la propiedad de la aplastante mayoría de los servicios. Ellos son el poder real, porque controlan la obtención de las divisas que permiten el funcionamiento del Estado y el asistencialismo clientelista (subsidios a los capitalistas y a los consumos populares, subsidios familiares y a los desocupados, planes distributivos-caritativos para los sectores más débiles). (...)

La economía argentina depende de factores que no controla, como el precio de los alimentos y del petróleo, la capacidad de resistencia de Brasil, su principal socio y comprador, los efectos de la crisis económica y de la posible crisis social en China. Ni está blindada ni es independiente. Para quedar bien con el FMI hizo la fanfarronada de pagarle toda la deuda argentina en contante y de un solo golpe, pero ni siquiera se independizó de ese organismo porque éste es la expresión financiera organizada del poder imperialista de Estados Unidos, que subsiste y condiciona (...)".

Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2011/12/04/opinion/017a1pol

 Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140713  Argentina/ 05-12-2011

Argentina. Nueva ley antiterrorista: Una norma para reprimir al pueblo y sus luchas

Por: LA COCTELERA

Un nuevo y gravísimo intento de avance represivo ha tomado cuerpo el pasado 14 de octubre de 2011, con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un nuevo proyecto de ley "antiterrorista", que amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta ya inaugurada con la ley 26.268 sancionada en el año 2007 y que tipificaba los delitos de "asociación ilícita terrorista" y "financiación del terrorismo". (...)

Una ley al servicio del imperialismo

Debe destacarse que esta ley no ha sido el capricho del gobierno de turno sino que es promovida (como también lo fue la sanción de la ley 26.268) a pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y se enmarca en la sanción y aplicación de Legislaciones Antiterroristas a nivel continental para la persecución y criminalización de la lucha social. Actualmente estamos siendo testigos de la sanción y reforma de leyes antiterroristas en todo el continente, lo que constituye una política que no es aislada y que utiliza la categoría de "terroristas" para legitimar la persecución y la cárcel para los luchadores sociales.

Lo expuesto es evidente si vemos que esta herramienta represiva trata como un "terrorista" a todo aquel que luche por reivindicaciones del tipo que sea, que intente mediante la comisión de delitos (los jueces y fiscales interpretan siempre que cortar una calle o una ruta o tantas otras acciones enmarcadas en la lucha social son un delito) obligar a un gobierno u organismo internacional (por ejemplo FMI, Banco Mundial, etc.), a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Con esto vemos que los "terroristas" a los que se persigue, a pesar de lo que dicen los fundamentos del proyecto de ley, no son los verdaderos responsables de la voladura de la AMIA o de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero; los perseguidos son los que exigen y luchan contra las políticas anti-populares de los distintos gobiernos y que se oponen a los dictados de los organismos financieros internacionales.

Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos sociales entre los más decididos luchadores que llevan adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y el resto del entramado social. La posible privación de libertad por un lapso prolongado, el ser calificado de "terrorista", el ser perseguido con saña por el aparato estatal, el ser demonizado por los medios de comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta de persecución estatal a la lucha tanto en el plano jurídico como simbólico.

No quedan dudas que esta ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general que quieran reclamar más allá de lo tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir algún tipo de "terrorismo", se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente por la solución de los problemas que este gobierno no tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe enfrentar la enorme mayoría del pueblo.

En suma, si nos atenemos a la letra de la ley tendríamos que concluir que todos los que luchamos por un cambio social, por un mundo justo, somos terroristas. Sin embargo, los que militamos por un mundo sin explotadores ni explotados no somos terroristas, somos luchadores. El Estado apeló históricamente y apelará a distintas herramientas represivas para intentar contener, desacreditar y desactivar las luchas; este nuevo y nefasto proyecto de ley es una de ellas y denunciarla y pelear por su derogación también es una necesidad y una obligación para los que queremos construir una nueva sociedad.

Si se aprueban este tipo de legislaciones es porque hay un pueblo que lucha, que no se rinde ante esta situación de injusticia e indignidad. Ante la profundización de la crisis internacional que provoca estragos en países de Europa y el norte de África, el gobierno y sus socios empresariales requieren de herramientas como ésta para intentar poner freno a los que se rebelan y siguen luchando para cambiar la Historia. Hoy más que nunca debemos responder ante esta situación con unidad, organización y lucha.

Fuente: http://www.argenpress.info/2011/12/argentina-nueva-ley-antiterrorista-una.html

En consecuencia, Cristina Fernández de Kirchner pretende quitar razones a la lucha por nuestra emancipación social-nacional e inhibirla para que siga la continuidad de la concentración y transnacionalización tanto económica como territorial, progreso implantado con terrorismo estatal y paraestatal a mediados de los setenta.

 

CFK no es el poder real pero hace posible su afianzamiento. Contra esta viabilidad y consolidación, la política de construcción de la «reforma agraria integral» precisa centrarse en crear otra comunicación que facilite el encuentro entre los diversos de abajo por el agua y la Pachamama, o sea, por la vida de todos los seres y las generaciones humanas. Sin embargo, en simultáneo con el diálogo abajo y a la izquierda, debe participar protagónicamente en organizar la movilización y ocupación de las calles-plazas para llenarlas de deliberación, artes y dignidad en contraste con la de las policías y la gendarmería. También ayudar a la creación de solidaridades implícitas en la nueva sociedad para volver ineficaces a  las leyes anti-terroristas y los códigos contravencionales.

Cristina Fernández de Kirchner en el Día de la Soberanía Nacional en Vuelta de Obligado el 20/11/10 dijo:"(...)Yo quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas, que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones; será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas, más profundas que los cañonazos.
Porque muchas veces nos hacen ver las cosas no con el cristal de la Patria, sino con el cristal de los intereses de otros.
Por eso, quiero saludarlos a todos en este 20 de noviembre, que sea símbolo de unidad nacional, pero también de dignidad y soberanía para defender a la patria".
¡Viva la Patria!". Fuente: http://www.elortiba.org/obligado.html

Cuando:

Es fundamental reflexionar en base a: "El Juicio Ético Popular a las Transnacionales, un proceso político pedagógico de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL) y al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y organizaciones populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de Nuestra América. El Juicio Ético Popular enjuicia a las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del extractivismo, del despojo de los bienes de la naturaleza y de los derechos de las poblaciones, y al sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que son eslabones claves.El proceso de investigación-acción en el que se constituyeron los fundamentos de este Juicio Ético Popular, se articuló en las audiencias previas de:Trelew – 16 y 17 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en Patagonia

San Miguel de Tucumán – 23 al 25 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en el Noroeste Argentino (NOA).

Wanda – 30 de septiembre y 1 de octubre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en la Triple Frontera (...)".

Porque:

El "Tribunal Ético Popular ha comprobado que este modelo, cuyos actores principales son las corporaciones y los Estados, es responsable de violaciones a diferentes derechos, tanto individuales como colectivos incluyendo, dentro de estos últimos, a los derechos de los pueblos originarios, con la consecuente agudización del sufrimiento social. (...)

Respecto de las violaciones de Derechos Civiles y Políticos

 El Tribunal considera que este modelo de maldesarrollo pone en jaque a la democracia y los derechos fundamentales de los pueblos, porque avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, de divisiones en la sociedad, y una espiral de la criminalización de las resistencias que, sin dudas, abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los Derechos Humanos, y habilita la consumación de nuevos genocidios.

En consecuencia, este Tribunal considera que no se trata solamente de una discusión económica, técnica o ambiental, sino también de una discusión política sobre los alcances mismos de la democracia.

Entre las violaciones y atentados a los derechos civiles y políticos se han constatado:

*Desterritorialización del Estado y desestatización del territorio. La omnipresencia de los intereses de las corporaciones transnacionales ha implicado una significativa pérdida de la capacidad de regulación y control de los territorios, esto es una pérdida de soberanía nacional y popular. Uno de los casos emblemáticos es el de la compañía Barrick Gold, que gracias a la firma de un tratado binacional controla porciones del territorio argentino y chileno.

* Corrosión institucional y corrupción política: en tanto grupos de presión con fuerte capacidad de lobby, las empresas transnacionales intervienen activamente en la formulación de políticas nacionales, imposición o remoción de funcionarios, derogación y/o sanción de diferentes normativas en sus diferentes niveles, cooptación de medios de comunicación en función de sus objetivos económicos y en detrimento de derechos constitucionales fundamentales.

* Pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de ocultar información y/o evitar la realización de serias evaluaciones de impacto ambiental y social de sus emprendimientos además de sus métodos de producción y comercialización. Asimismo, la estrategia que se conoce como “puertas giratorias” implica que altos funcionarios de la administración del estado pasan a ocupar cargos importantes en las empresas y viceversa, lo que les otorga la posibilidad de conocer y de influir en las decisiones gubernamentales.

* Control social y estigmatización de perspectivas críticas, visiones diferentes y organizaciones y sujetos que las expresan. Este Tribunal ha podido constatar la construcción de una narrativa descalificadora y estigmatizante, a través de la difusión e imposición de un discurso hegemónico en nombre del “desarrollo” y la “defensa del empleo” (a través de medios de comunicación, universidades, fundaciones, publicaciones del sector, entre otros). Entre los dispositivos de control social, las empresas transnacionales implementan la llamada Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con proyectos “comunitarios” que les permiten realizar un “lavado verde de su imagen” y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo de las poblaciones afectadas por sus explotaciones, a fin de lograr la licencia social para las empresas. Un ejemplo de ello son los proyectos de forestación con especies exóticas de coníferas en zonas cordilleranas por empresas petroleras como YPF y Chevron, que incrementan los monocultivos forestales en campos de veranada de las comunidades mapuche y crianceros criollos. Estos generan conflictos territoriales por la afectación de las rutas de trashumancia y la reducción de los espacios de pastoreo, además de impactar sobre el bosque nativo expuesto al avance colonizador de estas especies exóticas.

* Prohibición y/o no realización de Consultas Públicas a las poblaciones sobre temas relevantes, tal como lo prevé la reforma de la Constitución Nacional de 1.994, en relación a la implementación de proyectos extractivos que afectan severamente las condiciones de vida de la población. Los casos emblemáticos analizados por este Tribunal corresponden a la industria minera. A excepción de la consulta realizada en la localidad chubutense de Esquel (2.003), todas las otras consultas solicitadas por la población y/o los municipios han sido prohibidas (Calingasta, Tinogasta, Andalgalá., Iglesias, Loncopué).

*Denegación del acceso a y ocultamiento de la información pública, acerca de los diferentes proyectos extractivos, sobre todo en lo que respecta al estadio de desarrollo e informes de impacto ambiental. Se testimonió el ocultamiento de información, como ocurrió con Monsanto en relación a las consecuencias negativas sobre la salud que trae el PCB (bifenilos policlorados), aceite químico refrigerante que se utiliza en los transformadores eléctricos, que fue el producto estrella de la empresa por más de cincuenta años, aún después de haberse demostrado que es causante de hepatitis, cáncer y diabetes. Lo mismo ocurrió en relación al agente naranja, utilizado para arrasar aldeas y cultivos, despejar los bosques y facilitar los bombardeos a la población durante la guerra de Vietnam. Su utilización trajo como consecuencia la muerte de 400.000 vietnamitas y 500.000 nacimientos de niño/as con malformaciones, además de bajas en el propio ejército norteamericano.

*Cierre de los canales de expresión pública, debido al control de los medios de comunicación por parte de sectores interesados en promover dichos proyectos extractivos, y publicidad engañosa como en el caso del glifosato, presentado por Monsanto como un producto biodegradable e inocuo para la salud.

Agravamiento de la criminalización y judicialización de la protesta social, represión y amenazas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Este dispositivo global encuentra una potenciación en el marco de la expansión de las industrias extractivas.

Entre los casos presentados ante este tribunal están los siguientes:

En el sector de agronegocios denuncia la fiscalía de Monsanto: “Desalojos compulsivos, abusos policiales, apremios ilegales, asesinatos, entre otras violaciones han sido moneda común desde la aceleración de la expansión agrícola producida por la irrupción de la soja transgénica y el paquete tecnológico asociado forman parte de las estrategias de criminalización y represión que sufren las comunidades que se oponen a la desaparición de las formas tradicionales de producción campesina ante el avance de una agricultura sin agricultores”. Estos hechos son realizados con el concurso de la represión institucional, responsabilidad de los Estados.

En el caso de la industria petrolera, los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén.

En provincias como Salta, Neuquén y Jujuy, la campaña de deslegitimación contra las organizaciones de trabajadores desocupados, llevada a cabo desde los sectores de poder y por el propio gobierno nacional, con fuerte presencia mediática, favoreció un contexto de rechazo a la protesta social, reforzando una política de represión policial que viene desarrollándose desde mediados de los ´90 en las provincias con mayores niveles de conflicto social.

Militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto las fuerzas de seguridad públicas como privadas, provinciales como nacionales, e incluso las patotas vinculadas a la burocracia sindical han intervenido violentamente en diferentes conflictos.

En el caso de las empresas petroleras, se viene registrando un despliegue de las fuerzas de seguridad, en aras de reprimir las demandas de las comunidades indígenas, organizaciones sociales y trabajadores petroleros, que afectan la producción de los yacimientos o instalaciones de procesamiento o transporte de hidrocarburos. Los controles de población en las fronteras, la creación de fuerzas policiales especiales en las diferentes provincias, las bases y operativos militares, y leyes antiterroristas nacionales forman parte de este denso dispositivo multiescalar de militarización.

En las áreas de explotación minera, la represión apunta a tildar como fundamentalistas ecológicos a activistas defensores del medio ambiente o de los derechos de la Madre Tierra. Desde la instalación del modelo minero como ‘política de estado’, se ha judicializado a más de un centenar de pobladores que, en la defensa de sus fuentes de agua y de sus tierras, han recurrido a bloqueos informativos de los transportes de insumos tóxicos de las mineras como último recurso.

Este Tribunal quiere llamar la atención acerca de la nueva ley antiterrorista presentada por el Poder Ejecutivo nacional al Senado de la Nación (14/10/2011, presentadas por el Ministro de Justicia J.Alak y el Jefe de Gabinete A.Fernández). Dicha ley deroga las figuras actuales (ya de por sí objetables), para establecer una agravante genérica para cualquier delito. Pretende, ingenua o maliciosamente, que “quedan fuera de toda interpretación criminalizante los hechos de protesta social”, siempre que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, cuando en realidad el proyecto de ley evidencia una clara potencialidad represora. Por otra parte, la figura de financiamiento al terrorismo es muy amplia, y apunta a hostigar a las ONGs que apoyan a las organizaciones y movimientos sociales, y a cortar las posibilidades de sostenimiento de estos movimientos.

Este Tribunal ha podido constatar la alarmante continuidad en las actuales empresas transnacionales, de agentes de la represión que intervinieron bajo el terrorismo de Estado. Dos de los casos más resonantes corresponden a megamineras transnacionales: Barrick Gold y Minera La Alumbrera YMAD UTE (...)".Fuente:http://www.argenpress.info/2011/11/argentina-sentencia-final-del-tribunal.htmlUAC - ACTA
 

El "Tribunal Ético Popular ha comprobado que este modelo, cuyos actores principales son las corporaciones y los Estados, es responsable de violaciones a diferentes derechos, tanto individuales como colectivos incluyendo, dentro de estos últimos, a los derechos de los pueblos originarios, con la consecuente agudización del sufrimiento social. (...)

 Respecto de las violaciones de los derechos ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Este Tribunal quiere destacar la histórica situación de opresión de los pueblos originarios y afrodescendientes, hoy agravada por la expansión de las industrias extractivas. Ésta encuentra en la Argentina una exacerbación particular o extrema a raíz de la persistente negación de lo indígena, al cual se niega o no se reconoce otro lugar que el de la exclusión y la marginalidad. El esquema de “progreso” estimulado por las políticas de Estado, no incluye a los indígenas (históricamente los ha excluido), pero lo que une los actuales modelos de desarrollo con aquellos del pasado, es que ambos conllevan la expulsión y desplazamiento de poblaciones.

En última instancia, el gobierno busca incluir a los pueblos originarios como “pobres” (en el sentido sociológico), a través de políticas sociales compensatorias, pero no como “sujeto político”, a partir de las demandas de posesión integral de sus tierras y territorios (derecho a la libre determinación). Así, la batalla por el reconocimiento de los derechos colectivos debe atravesar el camino arduo, y a veces interminable, de la judicialización, tal como ha podido constatar este Tribunal que sucede en muchas provincias.

En la actualidad, la dinámica de desposesión viene acompañada por políticas que, lejos de resolver los problemas ligados a las desigualdades estructurales, apuntan a la manipulación simbólica. Por ello, este Tribunal considera que el problema fundamental es la persistencia de dichas estructuras de desigualdad y las políticas etnocidas, las cuales no sólo no han retrocedido, sino que se han agravado en el actual contexto de acaparamiento de tierras y de expansión de las industrias extractivas y los agronegocios.

Entre los derechos conculcados, se ha comprobado la violación de derechos sociales, económicos, culturales, territoriales y políticos:

Un ejemplo ilustrativo es la violación del derecho al territorio. Se ha constatado el incumplimiento de los convenios y pactos internacionales que protegen a los pueblos y naciones originarias, tales como el Convenio 169 de la OIT (1.989), la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2.007), incorporadas con rango supraconstitucional en las constituciones provinciales, y nacional. En los últimos tiempos, se han constatado maniobras fraudulentas conjuntas entre corporaciones y gobiernos para violentar y malversar ética y políticamente el derecho al consentimiento libre, previo e informado que exige el Convenio 169 de la OIT, a través de estrategias de cooptación, clientelismo, divisionismo e intervencionismo manipulador sobre las comunidades.

Asimismo, se evidencia el incumplimiento de los artículos de las constituciones de las provincias y de la Nación, sobre el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones sobre la utilización de los bienes de sus territorios.

Por otro lado, tal como sostiene el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política, y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. El artículo 10 de la misma declaración establece: “Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible, la opción del regreso” (...)".

Fuente:http://www.argenpress.info/2011/11/argentina-sentencia-final-del-tribunal.htmlUAC - ACTA

Horacio Machado Aráoz, en "Agua y minería transnacional", explica: "(...)Siguiendo a Piñeyro (2006), se puede decir que, en términos generales, la mayoría de las culturas originarias consideraron al agua como algo sagrado, vinculado al origen y a la preservación de la vida. Los usos de la misma estuvieron mediados por relatos míticos que configuraron su significación en términos eminentemente religiosos, reconociéndola como algo sagrado y, por tanto, como objeto de veneración y culto.

En las culturas originarias de Latinoamérica, por ejemplo, Viracocha, Quetzacóalt y Pachuec eran venerados por incas, aztecas y mayas, respectivamente, por ser divinidades creadoras de la vida y protectores del agua y, a través de ella, benefactores de la fertilidad y el sostenimiento de la vida. En estos sistemas de creencias, el culto al agua estaba también asociado a prácticas vitales claves, como los ciclos agrarios, la reproducción de las especies y la ocupación estacional de los espacios. También los castigos divinos se asociaban a ‘fenómenos hídricos extremos’ como sequías o inundaciones que imponían la renovación del ciclo vital ante las faltas de los hombres respecto al cuidado y preservación de la armonía de la vida (Vargas y Piñeyro, 2005).

Igualmente, en la tradición judeocristiana que está en la raíz de Occidente, el agua fue representada también como fuente sagrada de vida y medio de salvación y purificación. Los relatos sobre la inundación masiva y el Arca de Noé; el pasaje de Moisés por el Mar Rojo que salva al pueblo judío de los egipcios; el ciclo de Desierto/Bautismo en el río Jordán que da paso a la vida pública de Jesús; las propiedades sanadoras del Agua del Templo, etc., son sólo algunos de los ejemplos más emblemáticos que dejan entrever el carácter sagrado asignado al agua de esta constelación cultural.

Con el surgimiento y expansión de las sociedades modernas, estas representaciones pasaron a ser crecientemente desvalorizadas y reemplazadas por un nuevo sistema de creencias (sensu Peirce, 1988), aportado por la ciencia empírica moderna. Ésta, partiendo de una estricta separación y jerarquización entre el mundo sagrado, el mundo humano y el mundo natural, inaugura una nueva visión sobre la ‘Naturaleza’ en general y sobre el ‘agua’ en particular. Ambas pasan entonces a ser concebidas como meros objetos: elementos y fenómenos sin vida, dotados de una simple existencia como ‘recursos’, en principio, ilimitados, disponibles para el uso humano (Machado Aráoz, 2009a).

En la transición a la modernidad, el agua sagrada deja su lugar al agua científica. En el nuevo sistema de creencias, la ciencia y la tecnología modernas se conciben como las principales herramientas de conocimiento, control y dominio que ‘deben’ ejercerse tanto sobre éste, como sobre los restantes ‘recursos naturales’. Así, las concepciones ‘no científicas’ -rápidamente desechadas como ‘creencias irracionales’-, fueron reemplazadas por la actual noción hegemónica de uso ‘racional’ de los ‘recursos hídricos’, entendido como aquel que permite el mayor rendimiento ‘económico’ posible dentro de un sistema de producción orientado por el lucro y el crecimiento continuo de la producción y el consumo de mercancías. (...)

De tal modo, el agua que es usada para la producción de un bien, circula socialmente a través del circuito comercial de ese producto. Como se indicó, las formas modernas-industriales de la producción implican un uso creciente de ‘recursos hídricos’ como insumo de los procesos productivos. (1) Con la expansión del capital en la fase actual de globalización esta modalidad de circulación social de agua mediada por los circuitos del comercio mundial de mercancías, se viene incrementando de modo sostenido: según estimaciones de Hoekstra y Hung (op. cit.), a inicios del siglo XXI aproximadamente el 15 % del agua utilizada en el mundo se destina a la exportación en forma de ‘agua virtual’. Por su parte, la FAO (2003) ha calculado que sólo en el ámbito del comercio mundial de alimentos el tráfico de agua virtual se ha incrementado en valores absolutos, de 450 km3 en 1961 a 1.340 km3 en el año 2000 (Cit. por Pengue, 2008: 66).

Ahora bien, desde el punto de vista geopolítico, la transferencia de recursos hídricos bajo la forma de mercancías tiene ciertos atributos clave: como advierte John Allan (op. cit.) se trata de un ‘comercio’ económicamente invisible y políticamente silencioso. En efecto, esta modalidad de circulación/asignación facilita el ocultamiento de los patrones distributivos en tanto dificulta visualizar realmente quién o quiénes y para qué, en definitiva, son los que usan los recursos hídricos. Cuando un país vende una cantidad dada de un cierto producto a otro país, le está transfiriendo, con ello, toda el agua que insumió el proceso productivo de dicho producto. Este tipo de cuestión hace que países con insuficiente dotación natural de agua, asuman políticas de ‘ahorro’, dejando de producir bienes hidro-intensivos y comprándoselos a otros países (Zimmer y Renault, 2003; Pengue, 2008).

En este plano, en el diseño y gestión de estos circuitos geopolíticos, las empresas transnacionales desempeñan un papel clave: son éstas las que, cada vez más, organizan los flujos productivos y comerciales a nivel mundial, más allá e independientemente de las fronteras de los países. Éstas extraen materias primas de un lugar (allí donde se encuentre económica, política y ambientalmente disponible), las llevan y las procesan en otro, generalmente donde la mano de obra es más barata y los impuestos más bajos, y terminan el circuito vendiendo ‘sus’ productos en los mercados de los países con mayor ‘poder adquisitivo’. Las desigualdades económicas entre países se sostienen en base a estos circuitos. Y con ellos, también se producen y profundizan las desigualdades ecológicas, entre ellas, la desigual distribución del agua.

Este aspecto resulta crucial en el ya mencionado contexto de crisis ecológica global. La competencia por la apropiación desigual del agua revalúa la importancia geopolítica de los territorios. Los flujos de las inversiones, las cadenas productivas y comerciales controladas crecientemente por grandes empresas transnacionales se tornan en nuevos dispositivos de transferencia de bienes ambientales entre sociedades.

Esto es particularmente relevante en el caso de los ‘recursos hídricos’ de América Latina, una región en este sentido ‘privilegiada’, que cuenta con la mayor disponibilidad de agua dulce por habitante a nivel mundial: con poco más del 15 % de la superficie terrestre y 8,5 % de la población global, la región tiene más de un tercio de los recursos hídricos renovables del planeta, estimada en 24.400 m₃ per cápita. Cuenta, además, con varias de las más importantes cuencas hidrográficas del planeta: el Amazonas, Orinoco, Paraná-del Plata, Tocantis, Sâo Francisco, Grijalva-Usumancinta. Sólo América del Sur dispone del 30 % de la escorrentía total mundial, situándose allí también la tercera reserva subterránea de agua más grande del mundo, el Acuífero Guaraní (Cepal, 2002; Fernández Colón, 2009).

No obstante, la ‘abundancia hídrica’ de América Latina puede ser motivo o factor de su vulnerabilidad económica, en tanto se erija como ‘destino privilegiado’ para la localización de industrias hidro-energo-intensivas no vinculadas con el desarrollo de entramados productivos endógenos, sino integradas subordinadamente a cadenas globalizadas de valor para el mercado mundial. En tal medida, la región pasaría a convertirse en espacio de extracción y exportación intensiva de agua, subsidiando el consumo hídrico de otras regiones y países.

Puede decirse que esta posibilidad, en gran medida, ya está en curso, con las transformaciones estructurales impulsadas por las políticas neoliberales y del Consenso de Washington, las que impulsaron un nuevo ciclo de expansión basado en un modelo primario-extractivo exportador (Machado Aráoz, 2009c; Gudynas, 2010).

Sólo a modo ilustrativo, cabe mencionar que entre 1990 y 2000, la expansión de monocultivos de exportación significó la deforestación de 467.000 km₂ en toda la región; sólo en la Amazonia brasileña, en 2004 se llegó al lamentable récord de 26.000 km₂ de bosque nativo arrasado. De la mano de las grandes industrias celulósicas y de las transnacionales agroindustriales, los monocultivos forestales llegaron a cubrir más de 5.000.000 de hectáreas en Brasil y la agricultura transgénica llegó a ocupar 140.000 km₂ en la Argentina. En Paraguay, la superficie de estos cultivos de exportación pasó de ocupar 8.000 km2 a 20.000 km₂ entre 1995 y 2003, en tanto que en Bolivia se incrementaron en 10.000 km₂ en el mismo período. Asimismo, de la mano de la megaminería, los avances del capital sobre los territorios ha alcanzado dimensiones inusitadas, llegando a cubrir, al cabo de los ’90, más del 10 % de toda la región en lo que se refiere a superficie comprometida en proyectos de exploración (...)".

Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Agua/Agua_y_Mineria_Transnacional._Desigualdades_hidricas_e_implicaciones_biopoliticas

En consecuencia, la política de construcción de la «reforma agraria integral» tiene como desafío una comunicación que favorezca el análisis del modelo de privatización y mercantilización de los bienes comunes. Permita indagar cómo el actual crecimiento económico aumenta la desigualdad y la exclusión sociales. Ayude a instalar debates sobre porqué la UAC al luchar contra el saqueo y la contaminación, lo hace por la vida y la dignidad de los pueblos. Plantee profundizar en la incompatibilidad del modelo y de su política social con la democracia.

Es fundamental reflexionar en base a: "El Juicio Ético Popular a las Transnacionales, un proceso político pedagógico de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL) y al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y organizaciones populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de Nuestra América. El Juicio Ético Popular enjuicia a las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del extractivismo, del despojo de los bienes de la naturaleza y de los derechos de las poblaciones, y al sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que son eslabones claves.El proceso de investigación-acción en el que se constituyeron los fundamentos de este Juicio Ético Popular, se articuló en las audiencias previas de: Trelew – 16 y 17 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en Patagonia

San Miguel de Tucumán – 23 al 25 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en el Noroeste Argentino (NOA).

Wanda – 30 de septiembre y 1 de octubre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en la Triple Frontera (...)".

Porque:

El "Tribunal Ético Popular ha comprobado que este modelo, cuyos actores principales son las corporaciones y los Estados, es responsable de violaciones a diferentes derechos, tanto individuales como colectivos incluyendo, dentro de estos últimos, a los derechos de los pueblos originarios, con la consecuente agudización del sufrimiento social.

2. Responsabilidades

Este Tribunal ha constatado que las formas de operar de las empresas transnacionales no serían posibles sin la complicidad y garantía de los gobiernos, de los parlamentos, del sistema de justicia, de los grandes medios de comunicación, de algunas universidades públicas; por lo tanto, denuncia las siguientes responsabilidades de esas instancias de poder:

El peso de la normativa jurídica: las leyes y decretos oficiales elaborados por los poderes políticos han beneficiado a las empresas petroleras, permitiendo libre disponibilidad, exportación e importación de petróleo crudo, eximiéndolas del pago de cualquier tipo de arancel o retención; libertad de comercialización de petróleo crudo y derivados; desregulación de los precios intermedios y finales del mercado; libre instalación de refinerías y bocas de expendio; libre convertibilidad en divisas de los ingresos; licitación de áreas centrales y marginales de YPF, convirtiendo los contratos de exploración y explotación en concesiones o asociaciones; creación de un sistema mediante el cual las propias empresas debían declarar el nivel de reservas sin ningún control por parte del Poder Ejecutivo; venta de parte de los activos de YPF (refinerías, buques, ductos) y prórroga anticipada de áreas de explotación de hidrocarburos.

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales son responsables de la profundización de políticas de Estado que implementan el modelo extractivista, reprimarizador de la economía, que favorece la presencia de las transnacionales, otorgando a las mismas garantías para el despojo.

Esta alianza, que podemos definir como estructural entre estado, gobierno y empresas, se visualiza en los discursos de las autoridades políticas que presentan a las corporaciones transnacionales como portadoras de beneficios y desarrollo para las comunidades. El estado nacional y los estados provinciales se convierten en garantes de la impunidad con la que operan las empresas para mercantilizar la vida y los territorios.

Esta connivencia también se puede observar en los proyectos relacionados con la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana). Las obras de infraestructura que favorecen a las corporaciones en general son, por ejemplo, la creación de rutas bioceánicas y la generación de energía mediante mega emprendimientos hidroeléctricos, plantas nucleoeléctricas y el uso de energías de carácter contaminante como el gas no convencional. Se trata de proyectos de gran envergadura, costeados por los gobiernos a través del financiamiento de organismos internacionales, como el BID, Bandes, Fonplata, CAF (Corporación Andina de Fomento), entre otros.

Asimismo, esta complicidad se viene expresando a través de la acción de ciertos legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, que han operado como “lobbystas” de las empresas transnacionales, así como de algunas instancias de la justicia (nacional y provincial), que han sido funcionales a las grandes corporaciones, las cuales influyen cada vez más en la redacción de las leyes referidas a la propiedad intelectual -tanto nacionales como en acuerdos y tratados internacionales y en las leyes sobre bioseguridad-.

Esta responsabilidad se expresa en el hecho de que las autoridades de los distintos niveles de gobierno no exigen ni realizan evaluaciones estratégicas de impacto ambiental de los emprendimientos productivos y de infraestructura de las transnacionales, aceptando los estudios y las declaraciones que al respecto hacen las propias corporaciones.

La complicidad entre estados y empresas puede observarse en la ya citada ausencia de consultas públicas y en el ocultamiento de información respecto de los proyectos empresariales y sus impactos sociales y ambientales. El derecho a acceder a la información pública ambiental es un requisito esencial para una adecuada participación ciudadana en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que requieren los emprendimientos de las empresas.

• La complicidad del Estado se manifiesta en los laxos controles estatales y las malas prácticas de las empresas, entre las cuales podemos mencionar, en la explotación petrolera, la avería de poliductos y oleoductos por falta de mantenimiento y/o violación de normas de seguridad, vertidos de aguas de producción, incorrecta disposición de desechos de producción que han contaminado ríos, espejos de agua, glaciares, etc.

• La complicidad del Estado con las grandes corporaciones dedicadas a los agronegocios ha quedado de manifiesto a través de las denuncias presentadas por la fiscalía de Monsanto, que ha expresado que el gobierno nacional no ha puesto en práctica mecanismos que permitan proteger a las familias campesinas e indígenas ante las fumigaciones indiscriminadas, la contaminación de sus fuentes de agua y la afectación de sus cultivos.

• La complicidad del estado en la política extractivista se manifiesta claramente en el paquete de leyes que permiten la entrega del patrimonio nacional, y mediante el Tratado Binacional Argentino Chileno de implementación minera conjunta, que cede la Cordillera de los Andes a las corporaciones transnacionales. En el caso de las mineras, la Ley de Inversiones Mineras, y las leyes, decretos y acuerdos fiscales posteriores, generaron las responsabilidades para convertir a la actividad en un saqueo económico sin precedentes.

•  La complicidad del Estado con las corporaciones se manifiesta de manera especial en la criminalización de los movimientos sociales y de las comunidades que enfrentan a las transnacionales.

• La complicidad de algunas universidades públicas con las empresas transnacionales se constata en el comportamiento que desempeñan las primeras, en relación a ocultar, tergiversar o producir conocimiento científico o informes técnicos que favorecen a las empresas, manipulando, en muchas ocasiones, los resultados de los Estudios de Impacto Ambiental en sentido favorable al proceso de colonización de la producción de conocimientos científicos por parte de intereses privados, muchas veces transnacionales.

Este Tribunal ha constatado la complicidad de una gran parte de los medios masivos de comunicación con las empresas, observable en los mensajes trasmitidos en relación a los beneficios que traerán los proyectos empresariales, entre ellos la generación de empleo y el aporte a la producción de alimentos, ocultando los impactos negativos que estos proyectos han traído en otros territorios del país y del mundo y/o en los propios territorios donde ya está en marcha el modelo de agricultura industrial.

Este Tribunal denuncia la grave responsabilidad ética que recae sobre las jerarquías de las iglesias, por la innegable conexión de lo espiritual con las responsabilidades éticas humanas. Son especialmente responsables aquellas que pueden ejercer más influencia en los pueblos, en las personas y hasta en los poderes públicos, salvo honrosas excepciones ligadas, sin duda, a la lucha por la defensa de los derechos humanos y, en algunos casos, a la defensa de los derechos socioambientales, como es el caso de algunos obispos y pastores. En nuestro país, no sólo desde las jerarquías de las diferentes iglesias se refuerza el modelo, sino que se estigmatiza a quienes puedan cuestionarlo.

Fuente: http://www.argenpress.info/2011/11/argentina-sentencia-final-del-tribunal.htmlUAC  - ACTA 

Petroleras en Territorios Indígenas: Reseña del OPSur entregada al relator James Anaya

Ref: Concesión de áreas hidrocarburíferas en territorios indígenas, creciente causal de conflictos

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2011.

Sr. James Anaya
Relator Especial de Naciones Unidas para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas

Observamos que desde mediados de la década de 1990 una de las causales de conflictos territoriales es la concesión de territorios indígenas para la exploración y explotación de hidrocarburos, así como también la construcción de obras de infraestructura que demanda esta industria (gasoductos, oleoductos, refinerías, etc.). El derecho de los pueblos indígenas al territorio y a la administración de los recursos naturales que en él se encuentran –incorporados en la reforma constitucional de 1994- no fueron contemplados por las autoridades al momento de buscar una vía de solución acorde a un estado de derecho, por el contrario, fueron recurrentes las situaciones de represión y judicialización de autoridades tradicionales.

Los primeros casos que tomaron estado público fueron los de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en la provincia de Neuquén, cuyos territorios están afectados por el yacimiento Loma de La Lata, la reserva de gas más importante del país. En 1997 tomaron estado público estudios -realizados por el sistema de salud pública provincial- que confirmaban la presencia de metales pesados en el organismo de los comuneros mapuche a raíz de la contaminación del suelo, agua y aire que sufre el lugar. La falta de respuestas apropiadas por parte de las autoridades provinciales llevó a que se presentara una demanda contra Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue aceptada por la Corte Interamericana (caso 12.010). En tanto está sujeta a resolución una causa judicial por la remediación de los daños ambientales.

El otro caso emblemático de esa década fue el tendido del gasoducto NorAndino que afectó el territorio de la comunidad kolla Tinkunaku, en la provincia de Salta.

Luego de estos primeros antecedentes se sumaron otros, principalmente en la provincia de Neuquén, donde la concesión inconsulta de territorios indígenas para la exploración hidrocarburos generó conflictos de diversa índole en las comunidades Gelay Ko y Lonko Purran que se mantienen hasta el presente, allí opera la empresa estadounidense Apache.

La ratificación del Convenio 169 de OIT por el Estado Argentino, en 2001, no produjo cambios considerables en la situación, por el contrario, esta empeoró a partir de 2006, cuando culminó el proceso de transferencia de la propiedad de los hidrocarburos de la Nación a las provincias. A partir de ese momento aumentaron los conflictos, ya que los estados provinciales se lanzaron a una vertiginosa carrera de licitación de áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esto se realizó sin implementarse los mecanismos de participación y consulta -contemplados en el Convenio 169 de OIT, primero, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, después- cuando se vieron afectados los territorios de los pueblos Mapuche y Wichí, entre otros.

Neuquén

La concesión en 2007 de las áreas Zapala y Laguna Blanca, a las operadoras Pluspetrol-Enarsa, afecta el territorio de 12 comunidades mapuche -Gramajo, Kajfvkura, Felipin, Paineo, Cheuquel, Cayupan, Millaqueo, Kimchao, Rams, Zuñiga, Marifil y Zapata. Este acto administrativo se consumó sin que se llevara a cabo el proceso de consulta previa, libre e informada.

Lo mismo sucedió en las comunidades Wiñoy Folil, Maliqueo y Marifil, donde ya realizan trabajos de exploración las empresas Chevron, Fox Petrol y Total.

Por otra parte, la concesión en 2007 de las áreas Los Leones, Ramos Mexía y Umbral a la empresa Petrolera Piedra del Águila afectó el territorio de la comunidad Huenctru Trawel Leufú. Este acto administrativo fue el origen de un grave conflicto, ya que la defensa del territorio por parte de la comunidad fue respondida con represión policial, procesos de judicializción y violencia y atentados por parte de grupos de civiles apañados por la petrolera. En febrero de este año el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cutral Có desestimó un amparo presentado por Petrolera Piedra del Águila para que se garantice su acceso al territorio de la comunidad para realizar las tareas de exploración. El magistrado interviniente entendió que no debía hacer lugar al recurso porque el gobierno provincial había adjudicado dichas áreas sin cumplir con las obligaciones que emanan de la legislación indígena.

Río Negro

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) informó en la reunión 79 (2008) de la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT, que el gobierno rionegrino concesionó 14 áreas para la exploración de hidrocarburos, a través del Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial 2006-2007, afectando territorio mapuche. Este proceso se llevó a cabo sin la aplicación de los mecanismos de consulta que garantizan a los pueblos indígenas el derecho al territorio y participación en la administración de sus recursos.

En los últimos años se han registrado diferentes situaciones de conflicto por exploración y explotación de hidrocarburos que afectan a comunidades ubicadas en los alrededores de las ciudades de Catriel y Gral. Roca. Existen, además, elementos para suponer que un futuro inicio de las actividades de exploración en la cuenca del Ñirihuau, ubicada en el ángulo suroeste de la provincia, daría lugar a situaciones de conflicto, ya que afecta el territorio de comunidades mapuche que cuentan con un vasto historial movilización en defensa de sus territorios y ya han manifestado su oposición a este emprendimiento extractivo.

Salta

En 2006 y 2007 el Gobierno de Salta realizó rondas licitatorias a través de las cuales se adjudicaron 16 áreas hidrocarburíferas, mientras que otras 11 áreas fueron concedidas de manera directa a través de la empresa REMSA, controlada por la provincia. Vale decir que este proceso se consumó sin ajustarse a la legislación indígena, ya que se ven afectados los territorios de diversos pueblos originarios. Esto ha dado lugar a conflictos territoriales en los departamentos Rivadavia y Gral. San Martín, destacándose los originados a partir de la concesión de las áreas Morillo e Hickmann, que afectan a las comunidades wichí nucleadas en la Organización Zonal Tch´ot Lhamejenpe –en el municipio Rivadavia Banda Norte- y la Federación Wichí de las rutas 81 y 53 –del municipio Embarcación. Desde comienzos de 2010 a la fecha ambas organizaciones han denunciado presiones tanto de parte de representantes de las empresas operadoras – UTE Maxipetrol y Tecpetrol, respectivamente- como de efectivos de la policía provincial para que se garantice el ingreso a los territorios comunitarios y el normal desarrollo de sus trabajos.

A modo de cierre

Hasta aquí un breve panorama de lo que acontece en Neuquén, Río Negro y Salta, pero cabe destacar que las 23 provincias del Estado Argentino persiguen el objetivo de ampliar sus áreas de explotación –donde esta actividad registra antecedentes- o de iniciarse en esta industria –ya que en la actualidad sólo en 10 provincias se extraen hidrocarburos. En ese sentido, particular atención requiere la provincia de Chaco, que fue dividida en 12 áreas como paso previo a la puesta en marcha de un proceso de exploración de hidrocarburos. Esta medida fue tomada sin la implementación de los mecanismos de consulta, debido a que son afectados los territorios de los Pueblos Qom, Wichí y Moqoit.

En esta ampliación de la frontera extractiva se cuenta, entre otros factores de peso, la promoción, por parte de las autoridades nacionales y provinciales, y el creciente interés del sector privado en la explotación de gas y petróleo de arcillas y arenas compactas –hidrocarburos no convencionales. Esto ha hecho que buena parte del territorio argentino, que no registraba antecedentes de explotación de gas y petróleo, sea ofertado en el mercado energético.

Por lo expuesto consideramos pertinente que el Estado impulse una ley para que se paralicen las operaciones en todas las áreas licitadas y concesionadas por las provincias, a partir de 2006, y se verifique si se afectaron o no los territorios de pueblos originarios –proceso en el que se deberá garantizar la participación de los mismos. En los casos en que hubieran sido afectados los territorios indígenas, la norma deberá ordenar la suspensión de las concesiones para dar lugar al proceso de consulta, previa, libre e informada. El mismo proyecto de ley deberá incluir una cláusula por la que la legislación hidrocarburífera en todo el país se adecue a las obligaciones ineludibles que le imponen a la Argentina la ratificación del Convenio 169 de OIT y la adhesión a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos.

 Fuente: http://opsur.wordpress.com/2011/12/05/26166/#more-26166 05/12/2011 in Nacional, Pueblos Originarios