I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo

El gobierno K formula la consigna:

Ideología

La autoafirmación del oficialismo como emancipador de las corporaciones oculta que: 
 

Poder constituyente y contrarrevolución

Nacimiento y consolidación del Estado Neoliberal en Chile

Por Juan Pablo Carrillo Ramos (Rebelión)

1) Introducción. Algunos interrogantes

¿Cuál es el sentido y alcance del golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973? ¿Cómo explicar la ruptura y destrucción del orden constitucional vigente a la fecha? ¿Cuál fue la importancia histórica de la dictadura militar instaurada a partir de dicha ruptura? ¿Qué significó lo que se llamó posteriormente como “transición a la democracia”? ¿De dónde proviene nuestra supuesta y actual “estabilidad” como país?

Para responder a estas interrogantes debemos situar la asonada golpista de 1973 en el contexto histórico tanto interno como externo. Entendiendo que no es un mero hecho aislado, sino que fruto y expresión de un proceso histórico, que no se explica solamente por el temor de un sector de la sociedad a perder sus privilegios, ni tampoco por la fría y calculadora mentalidad militar. El golpe de Estado ha sido uno de los mecanismos más usados y a la vez más complejos en la historia de Nuestra América por las clases dominantes, por ello una breve referencia al golpismo latinoamericano me parece ineludible, como así también la necesaria conceptualización de lo que fue la dictadura militar.

2) Contexto histórico y el porqué hablar de una Contrarrevolución

En América Latina los golpes de Estado no son casuales ni meros accidentes históricos. No son simplemente producto de la “pura voluntad” de quiénes los cometen. Explicarlos a raíz de una mera coyuntura crítica resulta pues un error. Por el contrario, en general, expresan relación con momentos álgidos de procesos históricos de larga data. En el caso de la seguidilla de golpes que se inician en 1964 con el derrocamiento del presidente Joao Goulart en Brasil y que se extienden hasta fines de los años 70, éstos fueron una clara respuesta para evitar el peligro de un reformismo social avanzado por un lado, y de una opción revolucionaria por otro. En las dos décadas en cuestión los sectores populares pasaron a la ofensiva, las posibilidades de una democracia avanzada y/o del socialismo eran vistas como reales. Luego del triunfo de la Revolución Cubana la actualidad de la revolución [1] estaba a la orden del día. Es en este contexto en que se sitúa el golpe de Estado de 1973 en Chile.

Sostener que el golpe de 1973 fue el inicio de una revolución (dado que habría sido un cambio profundo y radical) me parece errado. Si lo situamos en un contexto histórico de largo aliento, la dictadura se dedicó a desarticular el viejo Estado Nacional Desarrollista y Nacional Populista, en el cual se había logrado importantes conquistas sociales. Pero las estructuras no bastaban, lo más amenazante no eran las burocracias estatales sino un poderoso movimiento popular que ponía en riesgo el entramado institucional (del cual ya estaba operando desde fuera), como también los pilares sobre los cuales estaba constituida la sociedad chilena. Esto desembocó en un vuelta hacía el pasado, al viejo proyecto librecambista de integración hacia fuera que colapsó hacia fines de la década de 1930 y a un movimiento popular que tuvo que readaptarse a las nuevas circunstancias de represión y a la nula posibilidad de incidir en las políticas del Estado.

Salazar al respecto plantea: “En rigor la ‘revolución’ de 1973 no fue ni una revolución industrial ni revolución burguesa ni revolución nacionalista, sino menos que eso – y más burdamente-, sólo una ‘contra-revolución militar’ que en el corto plazo, fue anti-proletaria, y en el mediano, pro-capitalismo internacional.” [2]

Así vistas las cosas, la dictadura militar fue más restauradora que revolucionaria, más de reacción que de creación. Por ello es que prefiero llamar al periodo que se abre en 1973 como Contrarrevolución. En 1973 se vivió lo que Antonio Gramsci llama una crisis orgánica de la sociedad capitalista chilena. La construcción de lo nuevo se enfrentó con lo viejo que aún no quería morir. Dicha crisis no fue sólo a nivel de relaciones entre clases sociales, sino que también en lo que respecta al patrón de acumulación capitalista. Ya en los años 50 un economista de Chicago, Tom Davis, planteó que para el capitalismo vigente entonces en Chile le era imposible acrecentar la acumulación y/o la real formación de capital. La situación de los salarios, las tasas tributarias y la previsión social eran según él, poderosas trabas en la formación de capital. Y no se quedaba simplemente en eso, también decía que por la vía pacífica lo anterior se tornaba imposible. [3] Era necesario un nuevo patrón de acumulación, y para ello el Estado de 1925 (desarrollista primero y populista después) y en particular la democracia, se volvían en obstáculos más que instrumentos. Así las “armas de la nación” y el poder de fuego se tornaba indispensable, la violenta restauración librecambista no se podía hacer esperar.

3) Acerca del poder constituyente y la violencia

La categoría de poder constituyente bajo la denominación de “decisión del pueblo”, suele ser para una parte importante del constitucionalismo liberal (el llamado dualismo democrático) una especie de filtro con el que se legitima o no una determinada Constitución. Así, mientras el sujeto del poder constituyente sea el pueblo, cuya voluntad se expresa en lo que se conoce como “momentos de política constitucional” el sistema tendría legitimidad democrática, para luego dar paso a “momentos de política normal” donde la participación del pueblo se reduce básicamente a elegir sus representantes. [4] Para otras visiones, más autoritarias y conservadoras el poder constituyente sería en palabras de Schmitt: “la voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión de conjunto sobre modo y forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo” [5]

La primera noción del dualismo democrático es a mi parecer demasiado localista e ingenua, pues se basa en la experiencia constitucional norteamericana, cuyo esquema es difícilmente aplicable al caso chileno, ya que en nuestro país si existió un “momento constitucional” éste no fue a raíz de la movilización del pueblo, sino por el poder de fuego de un grupo de militares. Así, el momento constituyente chileno dista mucho de aquella visión idílica. Podrá decirse que las reformas constitucionales aprobadas en 1989 dan pie para que el pueblo recupere parcialmente el ejercicio del poder constituyente [6] . ¿Pero acaso ellas cambiaron la lógica dura de la Constitución de 1980 o bien la vistieron con un ropaje democrático necesario para legitimarla? Lo segundo parece más plausible que lo primero, en el sentido de que el orden institucional planeado por la dictadura se mantuvo intacto, eso sí con pequeños maquillajes democráticos. Afirmar lo contrario tiene la peligrosa aseveración implícita de que el pueblo constituyó al menos parcialmente el Estado neoliberal vigente.

Así, tratar de extrapolar el esquema dualista al proceso en cuestión seria torcer los hechos, intentando hacerlos caber en un modelo creado a priori y para otro contexto histórico.

La definición de Schmitt, tal vez menos ingenua que la anterior, se queda corta para intentar explicar un proceso histórico tan complejo como el que es objeto de este estudio.

El poder no es pura voluntad acompañada de fuerza (monopolio de la violencia), ni tampoco es simplemente la negación de la violencia [7] . Una y otra visión desconoce lo medular de éste: las relaciones sociales, pero no cualquier tipo de relación social, sino que una que va acompañada de fuerza. El poder sería por tanto una relación social de fuerza. Por tanto el poder constituyente no sería más que aquella relación social de fuerza victoriosa que constituye un orden en el cual ella misma se perpetúa y reproduce. Es pues, una relación fundante que se proyecta en el tiempo, ahora como poder constituido [8] .

¿Cómo llevar esa definición al caso de la construcción del Estado neoliberal?

Como bien se dijo, la contrarrevolución tuvo por objeto desarticular el movimiento popular chileno de ya varias décadas de maduración. En este sentido, la asonada golpista fue resultado de la confrontación entre aquel y las clases dominantes que vieron amenazadas sus intereses y privilegios. Es sabido que los segundos controlaban el poder de fuego, resultando victoriosos y siendo capaces de constituir un nuevo orden. En cambio el vencido en palabras de Kohan:

“no tiene más remedio que formar parte de esa nueva relación que el vencedor lo obliga a constituir” [9]

La violencia por tanto pasa  a tener un rol central en la constitución el Estado neoliberal. El fuego amenazante, aquel que impone la muerte, tortura y el exilio a los perdedores, el miedo que ronda por la calles tras fusiles y cascos militares. Esa violencia constitutiva es necesaria para reconstruir el capitalismo. Gracias a ella fue posible cambiar el patrón de acumulación, regresando al viejo proyecto librecambista, que pasó a conocerse como neoliberalismo. Lo que Marx llamó la “acumulación originaria del capital” [10] vuelve sin dudarlo una vez tras otra, ante las necesidades y amenazas, el despojo sangriento parece condenado a reaparecer.

Dicho despojo no es meramente “simbólico”, sino que profundamente real. Todo el proceso de liberalización y privatización de la economía consistió en él. El renaciente capital mercantil-financiero creció en base a la especulación y a la riqueza creada por otros. Así ocurrió con los fondos previsionales de los trabajadores, los cuales se transformaron en capitales frescos para la inversión. Como también el apoderamiento de las empresas del Estado en manos de la “nueva burguesía chilena” [11] , las cuales muchas veces rentables, sucumbieron ante los dogmas neoliberales de la “eficiencia” del sector privado. ¿Acaso alguien pone en duda todo esto? ¿Era esto posible por la vía democrática? Claramente que no, el despojo no podía ser sino por la fuerza, la masacre y la represión; debiendo para sobrevivir verse cada vez más como “natural” y “normal”, purgándose así de su “falla de origen”. Es ahí donde encontramos la importancia histórica del golpe de Estado y la dictadura, en la violencia constitutiva que no sólo se limita a destruir un orden anterior sino que a constituir uno nuevo que institucionalizándose permite la reproducción de la relación de poder que lo funda y da sentido.

Sin esta violencia constitutiva no es posible explicar la génesis y consolidación del Estado neoliberal. Ella no es sólo un pecado de origen, sino también de existencia. El Estado es pues esa violencia organizada e institucionalizada. Al respecto Kohan señala:

“El nuevo orden presupone haber desordenado las relaciones anteriores. El orden se estructura desde la violencia” [12]

Existe una postura según la cual un “hecho institucional” y el poder, son ajenos a la violencia, que mientras los primeros avanzan, la segunda retrocede. Aceptando sólo excepcionalmente un “poder represivo” ¿Pero qué es precisamente lo institucional? ¿Qué significaría en esos términos el poder? ¿No será que se confunde con el consenso?

¿Desaparece realmente la violencia?

La violencia se mantiene para aplacar disidencias, tiende a racionalizarse, aparece ahí donde es necesaria, aplicándose conforme al derecho a través de instituciones especialmente constituidas para ello. No es que sólo pueda actuar “algunas veces”, sino cuando el poder se ve amenazado. Sin violencia el poder no sobrevive. Ella es la mejor arma secreta del orden constituido. Mientras la violencia constitutiva es fundante, la violencia constituida es protectora y reproductora de lo ya establecido. Una no puede entenderse sin la otra.

4) Soberanía, institucionalidad y la generación del consenso

Existe una discusión acerca de cómo conceptualizar la dictadura militar. En términos schmitteanos se argumenta que fue una dictadura soberana desde el comienzo, pues se habría arrogado el poder constituyente, al decir que se respetaría la Constitución de 1925 en la medida de lo posible. Otra postura plantea que la tensión entre ser una simple tiranía sin limitaciones, una dictadura comisaria (aquella que suspende el derecho para salvaguardar el orden institucional) y una soberana se dilucidó una vez Pinochet aceptó su derrota en el plebiscito. Tal vez, en un comienzo ella parecía difusa en cuanto hacia donde marchaba. Pero es innegable que desde el primer momento destruyó la institucionalidad vigente hasta de manera simbólica ¿Acaso alguien olvida el bombardeo del palacio presidencial? ¿Y el cierre del parlamento? Al intentar legitimar la intervención militar, se estaba saliendo claramente del orden constitucional. Tal vez podrían ser las mismas leyes pero no la misma Constitución [13] . Unos argumentaran que eso fue “pura violencia”. En realidad eso poco o nada importa para determinar la importancia histórica de la dictadura militar pues la tendencia que poseyó fue abiertamente soberana.

Como dijimos anteriormente el poder no es mera voluntad sino una relación social acompañada de fuerza. Había ya vencedores y vencidos. Para los primeros restablecer el orden anteriormente violentado era poner en riesgo su calidad de vencedores. Y eso no se estaba dispuesto a poner en juego. De ahí la necesidad de comenzar a constituir un orden nuevo, que asegurara la victoria obtenida. Para ello se miró al pasado y hacia la potencia del Norte, y los estudiantes “bonachones” que regresaban desde allí. No podía ser sino el librecambismo el proyecto histórico de la dictadura. Y su Estado uno funcional para dicho proyecto.

El nuevo Estado no podía caer el mismo error del anterior, que fue construido como liberal para terminar cediendo ante las continuas prótesis desarrollistas y populistas ya sea por la actitud peticionista de los actores sociales, como también las decisiones políticas parlamentarias. Dicha desnaturalización terminó convirtiendo a ese viejo Estado en una mera cáscara liberal para un proyecto integrador hacia adentro de corte nacionalista [14] . Por ello el Estado neoliberal tuvo que recurrir a diversos tipos de candado institucionales, que impiden una reforma sustancial de aquel (así por ejemplo los quórums de reforma constitucional de 3/5 y 2/3 [15] y el sistema binominal que hacen matemáticamente imposible que se constituya una mayoría que logre reformar la constitución). La gran política termina siendo vedada, y la acción dentro del sistema no es más que pura “política normal” [16] . Esos cerrojos se complementan con aquéllos destinados a reprimir a quién opta por enfrentarse al sistema desde afuera, al margen de éste. Una explosión civil no institucional, no tiene otro destino que ser reprimido por las Fuerzas Armadas y de Orden Público. El uso de la violencia esta vedado para los primeros, para los segundos es “legítimo” y necesario. Demostrando que todavía la relación social de fuerza continúa siendo la misma y que el poder sigue intacto. Pero aplacar las disidencias internas y externas no bastaba. Había que asegurar el predominio ahí donde es más difícil, en el ámbito de la subjetividad, en la formación de ciudadanos que sigan patrones de conducta funcionales al Estado Neoliberal. Siguiendo a Salazar: “La Constitución de 1980 por lo dicho, debería entenderse como un dispositivo mecánico para formar y gobernar ciudadanos mecánicos” [17]

Sin embargo, la dictadura no pudo disciplinar a los ciudadanos de carne y hueso, fracasando en el objetivo de convertirlos en meras máquinas funcionales al sistema. ¿Cómo fue posible que la represión desatada y el miedo internalizado no hayan podido lograr esto?

Como dijimos la dictadura militar fue expresión de una batalla librada en que el movimiento popular fue derrotado. Dicha derrota por el contrario de lo que se podría pensar no fue definitiva ni total, sino parcial. El movimiento popular a pesar de los embates recibidos se mantuvo vivo. No aceptó su condición y continúo batallando. Su resistencia lejos de ser algo meramente romántico, permitió acumular una experiencia radicalmente diferente a la vivida en todo el periodo del Estado de 1925 (entre 1932 y 1973). Al respecto Salazar dice que: “En realidad, la dictadura liberal se preocupó de destruir las formas más visibles del protagonismo histórico del movimiento popular: los partidos de izquierda, las organizaciones armadas, las cúpulas gremiales y los parámetros estructurales de las identidades sociales más activas, pero no destruyó las condiciones concretas sobre las que afloraba y crecía la clase popular en su conjunto y su actitud historicista tipo VPP (violencia política popular)” [18]

¿Cómo explicar si no es por lo anterior las 22 jornadas de protesta nacional contra la dictadura (1983-1987)?

Los ajustes estructurales, la represión, el boom económico de 1984 y su promesa de consumo, nada podía contra la tendencia hacia la organización del mundo popular. Una organización que se desencadenó en rebelión y violencia explosiva contra el régimen. Todo se transformó en acto de subversión, el proyecto histórico impuesto no era el socialismo del movimiento popular, por que no sería tolerado. De ahí la lucha callejera, los atentados de grupos armados, las barricadas en poblaciones, etc. Siendo ese movimiento la verdadera oposición al régimen (hasta 1987) y alcanzando un punto de intolerancia por el cual la dictadura fue forzada a abrir paso a la democracia liberal [19] . La retirada de los militares si se quería mantener vivo el Estado neoliberal resultaba inevitable, el movimiento popular estaba dispuesto a todo.

La llamada “transición a la democracia” fue una respuesta a esa necesidad de retiro de los militares. El Estado Neoliberal necesitaba un actor que se viera así mismo, y ante el movimiento popular como “legítimo”.El pecado original debía ser purgado, por lo menos en la subjetividad de la sociedad chilena. Ante eso recobra protagonismo la vieja clase política civil, la misma que deformó el Estado de 1925 y que ahora se aprestaba a ocupar otra vez lo que había perdido, eso sí con la radical diferencia de que en esta ocasión no poseía proyecto histórico y tuvo que aceptar el de la dictadura. Con la anuencia de los sectores medios, la clase política civil comenzó todo un proceso de legitimación de la “transición”. Para ellos el movimiento popular era pura incertidumbre, mientras que redescubrir su faceta legalista, aceptando y acatando la Constitución de 1980, les aseguraba un futuro seguro el cual anhelaban, ello los seducía considerablemente más que lo primero.

Hacia fines de 1987 el movimiento popular ampliamente se encontraba desgastado y con una nula capacidad de negociación, por lo cual terminó siendo instrumentalizado por la clase política civil en dos coyunturas electorales, el plebiscito de 1988 y la elección de Patricio Aylwin como presidente. De él sólo su potencial movilizador fue usado para afinar los detalles que quedaban del Estado neoliberal. La paradoja fue grande, el triunfo constitucional de Pinochet (o como creen algunos de Jaime Guzmán [20] ) se cimentó sobre la derrota en las urnas de los vencedores. Al decir de Salazar: “La CPC (clase política civil) le ganó la campaña presidencia a Pinochet, pero Pinochet ganó lejos la batalla constitucional. El triunfo de la CPC en el ‘combate’ de 1989 era en el fondo el triunfo de la CPM (clase política militar) en la ‘guerra’ de 1973. Y la derrota histórica por tanto del movimiento popular” [21]

Es en este momento donde la clase política civil se transforma en el administrador e instrumento de un sistema el cual gustosamente aceptó heredar. Por medio de dicha operación, montada por sobre un movimiento popular derrotado es que se genera el consenso funcional al neoliberalismo. Se impuso la política “realista” y en “la medida de lo posible”, las promesas de cambio en el seno de la institucionalidad pinochetista. Lo que nunca pudo lograr la dictadura militar, si lo hizo la Concertación (clase política civil) el poder operar en la subjetividad de aquellos que formaron parte de un movimiento de ciudadanos de carne y hueso que estuvo dispuesto a dar la vida no sólo por la salida del dictador, sino que también por la construcción de un orden radicalmente distinto al que finalmente triunfó. Ésta fue tal vez la derrota más dura y paradojalmente la menos sangrienta que ha vivido el movimiento popular chileno. Éste perdió vigor y su proyecto que aún estaba por hacerse se vio truncado. Sólo así puede entenderse la actual “estabilidad” y “legitimidad” del Estado Neoliberal, una estabilidad de derrotados que pasivamente acatan el orden impuesto.

Sin embargo el mundo popular parece haber sufrido transmutaciones que hoy lo lleva a distanciarse de la clase política civil, la misma que los instrumentalizó es ahora cuestionada, el descontento con el orden establecido y las protestas han vuelto (no con el grado de intensidad y masividad de los años 80). Con ello quizás la historicidad (esa capacidad de construir la historia) este de regreso. Tal vez el viejo topo subterráneo salga de nuevo de su madriguera y nos enseñe que no todo se encuentra perdido". 
Fuente: www.rebelion.org /Chile /15-10-09

La vieja polítiKa

Por: Fernando Herrera (INFOSUR)
"La crisis de 2001 evidenció la ruina moral de la dirigencia política argentina tradicional. El desplome de nuestro país era el corolario de un largo proceso de saqueo neocolonial implantado a sangre y fuego por la dictadura, sostenido en los ochenta por la UCR y rematado en los noventa por el PJ y la Alianza. En ese entonces, el “que se vayan todos”, articulado por una sociedad ética y materialmente inerme, no hallaba sustento político con vocación de poder. En paralelo, el bipartidismo, agazapado, sabía que para no perecer debía barnizar su pudrición, maquillarse. Efectivamente, el colapso de la Argentina obligaba a los partidos tradicionales a reciclar organizaciones y dirigentes a todas luces responsables de la hecatombe de nuestro país: de ningún otro modo que bajo nuevos ropajes, estética y discurso podía garantizarse la continuidad del modelo.

La emergencia del kirchnerismo como presunto adalid de la “nueva política” se enmarca en ese contexto. Su novedosa fachada hará posible el reciclamiento y por ende un nuevo avance de lo peor de la política argentina. Si bien la normalización del país vino de la mano de Duhalde y Lavagna, verdaderos padres del “modelo” actual, lo cierto es que en 2003 el sistema político tradicional aún no había logrado legitimarse plenamente. Con ese objetivo, la prédica kirchnerista buscará desmarcarse del pasado, erigirse como la antítesis de la tan repudiada “vieja política”. Así, su rechazo a la dirigencia tradicional hará hincapié en: una fuerte crítica de los años 90; una mirada geopolítica que privilegia la integración latinoamericana; el crecimiento “a tasas chinas”; la creación de empleo (natural tras la devaluación); y la promoción de los derechos humanos frente a los crímenes de la dictadura, entre otras cuestiones. Argumentos atendibles que, vistos en profundidad, aparecen atravesados por serios interrogantes.

Si analizamos su crítica del menemato, veremos con claridad el doble discurso del kirchnerismo: en materia de bienes naturales y recursos estratégicos no sólo ha seguido a pie juntillas las políticas antinacionales de Menem sino que incluso las ha agravado. Baste señalar que, en 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner dio el visto bueno para la reprivatización de todos los recursos del subsuelo argentino: Cerro Dragón (25 % de reservas), como ejemplo paradigmático, se reprivatizó diez años antes del fin de los contratos y hasta su extinción en 2047. Lo mismo ocurre con la minería: el código de los 90 sigue intacto, poniéndose en peligro incluso nuestra soberanía territorial. Ante ello nos preguntamos, ¿se puede ser latinoamericanista, estar asociado a la predadora Barrick Gold y entregar a las transnacionales el petróleo, el gas y los metales de nuestro pueblo sin control público y a mera declaración jurada?

Junto con la el saqueo neocolonial de nuestros recursos, la reprimarización extractivista de la economía y la subordinación al pago de la deuda externa consolidan un perfil productivo agro-minero-exportador consustancial con la dependencia; hablamos de un modelo que nos conmina a ser “la Potosí del siglo XXI”, como ha señalado el diputado y referente nacional de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas. Mientras tanto, desde la TV pública (sic.) los comunicadores del gobierno festejan el “récord de ventas de autos usados”. Descartando un plan estratégico tendiente al crecimiento cualitativo de nuestra sociedad (captura de rentas extraordinarias, petrolera estatal, ferrocarriles, seguro de empleo y formación, flota mercante, energías renovables, diversificación agrícola-ganadera, industrias base y de avanzada), el kirchnerismo nos conduce, como se ha demostrado en sus siete años de gobierno, a la vivencia cotidiana del absurdo social.

Lo indudable es que el modelo actual nos condena a ser una mera factoría de materias primas, y con destino incierto: se trata de recursos no renovables cuya explotación masiva no garantiza progreso estratégico, además de dañar la biosfera de manera irreversible. Es preciso comprender la catástrofe que supone tal modelo: como se ha demostrado en la última década, sus límites invalidan una ruptura económico-material y simbólico-cultural para nuestro país, en donde el 75 % de los jóvenes entre 18 y 29 años está desempleado o trabaja en negro. Pero, ¿no era kirchnerista la juventud argentina? La riqueza acumulada, además de estar muy mal distribuida, es más que insuficiente de cara a una multiplicación exponencial de recursos por parte del Estado y la sociedad civil, cuestión imprescindible para promover la emancipación de los sectores excluidos en el marco de una revolución cultural, moral, educativa para el conjunto de la Nación.

Al tiempo que desde Página/12 los Laclau, González, Feinmann y Forster critican con humo progresista los “poderes concentrados”, hacen mitología del fallecido ex presidente y ocultan los poderes fácticos que lo sostienen, el gobierno de CFK sigue profundizando el célebre “decálogo menemista”: las petroleras, las mineras, los bancos y las grandes exportadoras de granos son sus aliados insignes, con grandes subsidios y exenciones impositivas. ¿La política de transporte?Menemismo puro: recordemos la adquisición millonaria de locomotoras y vagones chatarra a España y Portugal por el malogrado Ricardo Jaime, el celebérrimo tren bala o la intención de comprar material ferroviario a China por la escandalosa suma de 10 mil millones de dólares (negocio en el que al grupo Macri le tocarán en gracia 400 millones). Mientras no se construye un solo barco para transportar nuestra producción, el kirchnerismo celebra el estéril crecimiento de la industria automotriz y se niega a reponer los aportes patronales de las grandes corporaciones –eliminados por Cavallo- para financiar el 82 % móvil.

En la misma línea la presidenta ha “jurado” pagar la deuda externa hasta el último dólar, pero… ¿se puede defender los derechos humanos y “honrar”  la deuda contraída por la dictadura, en gran parte ilegalmente estatizada, mientras en nuestro país hay más de 15 millones pobres del cual un tercio son indigentes? ¿Es compatible el interés nacional con reabrir el canje para pagar deuda con causas judiciales en curso y en un contexto de quiebra del sistema financiero internacional? El esperpento de contratar al Barclays Bank (accionista de la Desire Petrolium, que explora Malvinas) para gestionar la reapertura del canje sólo puede tener una explicación: negocios. Si nuestra sociedad sufre hambre, pobreza, indigencia, desnutrición, mortalidad infantil, mal de chagas, falta de vivienda, de agua potable, de cloacas, un sistema de salud paupérrimo, etc., no cabe sino afirmar que el pago de la deuda externa, su no investigación, es un crimen que atenta de manera directa contra los derechos humanos de todos los habitantes de nuestro país.

Cualquier radiografía ética de la política como ejercicio delegado del poder está en su capacidad para mejorar la vida cotidiana del pueblo, promoviendo la participación activa y crítica de la sociedad civil como fiscal de las instituciones. Hoy nada de eso ocurre: la pobreza está muy lejos de haber sido reparada en sentido estructural, y el poder no ha cambiado de manos, sino que sigue secuestrado por un sistema político corporativo cuyo único precepto es hacer negocios con el patrimonio público y desterrar a la sociedad de todo protagonismo. En materia cultural, nuestro país debe de estar pasando uno de los peores momentos de su historia, enclavado en el marasmo de la dependencia y la obscenidad más absolutas. Cerrando el círculo tengamos en cuenta, como ha destacado la diputada Alcira Argumedo, los verdaderos factores de poder ocultos tras la fachada “progre” del gobierno CFK: el PJ, el antiguo régimen de los barones del conurbano, los gobernadores ex menemistas y los grupos empresarios K (con el grupo Macri a la cabeza). ¿Progresismo? En absoluto: la vieja política".
Fuente: http://www.argenpress.info /29-11-2010

El discreto encanto de la burguesía o la política en los tiempos actuales

Por: Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

Parte I

"Son muchos los interrogantes que plantea la llamada “institucionalización” del modelo.
¿Es que acaso la política es un sinónimo de corrupción, de ejercicio arbitrario del “poder”,de frivolidad, de no participación y de exclusión?

 ¿Cuáles son los paradigmas de los partidos llamados “populares”? ¿Qué quedó del peronismo que levantaba las banderas de Justicia Social, Independencia económica y Soberanía política y del radicalismo que propugnaba una “democracia para todos”?

¿Es posible pensar y estructurar un lenguaje distinto al discurso hegemónico, que reiteran la dirigencia empresarial, política y sindical?

¿Existe un país distinto o posible, en el que se termine con la exclusión, la riqueza de pocos y la pobreza para muchos?

 Este “encanto”, que predica la burguesía, con su esquema de estabilidad ¿es el horizonte de nuestro país?

 Podemos soñar. ¿Tenemos posibilidades de recuperar el tiempo perdido, la solidaridad y porque no lograr una efectiva independencia económica y ejercer la soberanía política, construyendo una patria para todos?

A algunas de estas preguntas, que surgen de la realidad cotidiana, trataremos de darles una respuesta. Una opinión que puede ser absolutamente discutible, que tiene que servir para generar uno o más debates. Porque lo que sí tenemos claro es que se acabaron las “recetas”,y que tenemos más dudas que certezas.

I. Los políticos hoy
La recuperación de la democracia formal en 1983 alentó esperanzas. Nuevas generaciones se incorporaron a la actividad política, entendida como un quehacer en función de objetivos y con un marco ético e ideológico dirigido a pensar en la sociedad en su conjunto y no en el beneficio individual.

Nacieron, al mismo tiempo, las listas antiburocráticas en los sindicatos, se recreó un movimiento participativo en villas y barrios populares. Se empezó, lentamente, a tratar de reconstruir -en un difícil trabajo artesanal- el tejido social al mismo tiempo que empezábamos a aprender a unir la diversidad, a escuchar al otro, a convivir con puntos de vista diferentes.

No obstante, de lo que no habíamos dado cuenta, es que el Terrorismo de Estado no sólo había golpeado seriamente, en todos los terrenos, al movimiento popular que pugnaba por cambios revolucionarios, sino que, mediante el Terror y la propaganda mediática, había generado profundos cambios ideológicos y de comportamiento en la sociedad. El “por algo será” y “hacé la tuya”, eran, de alguna forma, los parámetros de vida de un sector importante de nuestra comunidad que empezaba a mirar como “nostálgicas” a aquéllas posturas que reivindicaban metas liberadoras. El militante abnegado, que dejaba de lado sus objetivos personales, para dedicar sus mayores y mejores energías a la transformación del país, fue lentamente desplazado por el político “post moderno” que con un confuso discurso, con algún contenido social, hace de su actividad un instrumento para el ascenso individual y, por que no, una forma de incrementar su patrimonio económico. Se presenta a la sociedad como un “producto”, en el que se valora más su aspecto físico, su “cintura”, su habilidad, que sus ideas. La ética se convierte en una “rémora del pasado”, y entre la práctica y el discurso se empieza a instalar una permanente contradicción, que si bien se cuestiona individualmente, comienza a tener consenso, en la medida que los ascensos meteóricos revelan la capacidad de quién participa de los mismos. Gran parte de los que expresan al oficialismo o a la ocasional oposición encuadran en esta caracterización.

Los símbolos dejan de tener el valor de tales, para convertirse en meros adornos frivolizados, en el marco de una realidad, en la que se prioriza el pragmatismo a los principios.

Los políticos del “modelo”, tiene más que ver con la Francia decadente “post napoleónica”, que con los actores de un quehacer, que más allá de cualquier posicionamiento ideológico, debe pugnar por el bien común. Se rompe la relación directa que debiera existir entre la dirigencia y los ciudadanos -para mediatizar ésta a través de los medios de comunicación- esto explica lo de Papel Prensa, la disputa con el grupo Clarín y el uso del sistema estatal. Ahora se valora la“imagen”, la rapidez en la respuesta, más que la tarea cotidiana. Se trata a la corrupción como un componente indisoluble del accionar de quiénes ocupan cargos ejecutivos, y no se condena la misma, por el contrario se ha internalizado la frase “roban pero hacen”. Socialmente las instituciones -el Parlamento, la Justicia, el Ejecutivo- pierden credibilidad. Los planteos, los debates y las decisiones que se adoptan carecen de consenso, pero este no interesa, ni se valora, ni tampoco se busca.

Se instala un mensaje permanente en el que se tramite la falta de sentido de la lucha, de la resistencia y de la oposición consecuente. ¿Para qué movilizarse, si finalmente se impone la decisión de los que mandan? ¿De qué vale luchar por la soberanía y la recuperación de nuestro patrimonio, en un planeta en el que se reemplazan las fronteras nacionales por la integración económica a través de alianzas entre poderosos monopolios económicos cuyo fin es la mayor rentabilidad? ¿Qué sentido tiene resistir, si se han derrumbado las “viejas catedrales”, no hay modelos paradigmáticos y vivimos en una crisis de reconversión del capitalismo, luego de la cuál grandes franjas de la población quedarán fuera del mercado? Es este el modelo cuya estabilidad defiende la “corporación” política, sindical y empresarial, frente a quienes seguimos pensando que es preciso recuperar la política, la confianza y recrear los sueños. Que otro país es posible. Que podemos aspirar a vivir en una sociedad igualitaria, en una nación independiente y soberana.

¿Qué pasa con los llamados “movimientos nacionales” -peronismo y radicalismo- hoy? En el próximo artículo trataremos de dar algunas precisiones para el debate".
Manuel Justo Gaggero es ex director del Diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre “y “Diciembre 20”.Fuente: http://www.argenpress.info /16-11-2010

Parte II
"(...)El Peronismo
John William Cooke, uno de los intelectuales orgánicos más claro de la década del 50 y del 60, en un conocido documento que elaborara, luego del fallido retorno de Perón en el año 1964, que titulara “informe a las bases” definió a este movimiento “como un gigante invertebrado y miope, hecho maldito del país burgués “. Señalaba asimismo, que en el seno del este se daba una verdadera lucha de clases entre la clase obrera y la dirigencia que respondía a los intereses de la burguesía. Parafraseando a Georg Luckacs, -marxista húngaro 1885-1971- consideraba que el peronismo, expresaba la “conciencia posible” de la clase obrera, la “conciencia en sí y no para sí “.

Con estos paradigmas, el firmante de esta nota, militó en este movimiento hasta el año 1974, que entendió que los mismos habían perdido vigencia y que el General ya estaba en un laberinto, junto a burócratas sindicales y representantes de la derecha recalcitrante, como José López Rega.

En el “primer peronismo”-1946 a 1955- se implementaron claras políticas sociales que, dignificaron a los trabajadores, reconociendo sus derechos fundamentales, junto a decisiones de claro contenido independentista - el desconocimiento de los Actas de Chapultepec, la no firma del pacto de Bretón Word, la nacionalización de los ferrocarriles, la creación de la flota mercante, y la incorporación del artículo 40 en la Reforma constitucional de 1949 que declaraba de propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación los recursos naturales, entre otros -, convirtieron a nuestro país en una “oveja gris" -como dijera El Che en una carta dirigida a su madre en 1952. El golpe cívico militar de 1955 y la represión posterior mostraron el sesgo claramente prooligáquico y proimperialista de los enemigos de esa primera versión del peronismo. La resistencia, la organización de las bases obreras, las guerrillas de Uturrunco y Taco Ralo, la C.G.T. de los Argentinos y la conformación de las organizaciones revolucionarias peronistas-Montoneros, FAP, FRP, entre otras -, le dieron carnadura a ese conflicto entre quiénes aspiraban a, desde este Movimiento, luchar y construir una patria socialista, y a quiénes, por el contrario, cada vez mas funcionales a las clases dominantes, trataban de despojar al mismo de sus contenidos históricos. El “segundo peronismo”, con sus frustraciones y engaños, la Triple A. y luego la Dictadura genocida, aniquilaron física y políticamente a los cuadros y dirigentes mas combativos, definiendo las contradicciones a favor de los sectores dominantes.

El reestablecimiento de la democracia formal mostró un Movimiento claramente “disciplinado”, y cooptado por la gran burguesía agro-industrial, financiera exportadora.

El “tercer peronismo”-1989-1999-, llevó adelante, en la forma más acabada, el discurso y la práctica de los sectores que se alinean en el modelo neoliberal. . A la derecha de los organismos internacionales puso por encima a los indicadores económicos, prescindiendo de los sociales.-Siempre “habrá pobres”, era la respuesta de los funcionarios menemistas, a los reclamos ante un evidente incremento de las franjas sociales excluidas del modelo. Destruyó el aparato productivo, privatizó los servicios públicos, el petróleo y el gas, y congruente con los intereses de la industria metalmecánica y automotriz, desmanteló la red ferroviaria más importante del Continente. Absolutamente alineado con los Estado Unidos, las“relaciones carnales” definieron, en lo internacional, a esta expresión funcional al modelo de ajuste económico que exige la reconversión capitalista.

Los actuales funcionarios acompañaron este proceso definiendo a Menem “como el mejor presidente que ha tenido la Argentina, después de Perón”, como dijera Néstor Kirchner, a la sazón gobernador de la provincia de Santa Cruz y uno de los principales impulsores de la privatización del petróleo.

El “cuarto peronismo “-2003 a la fecha - no ha modificado, en lo sustancial, las políticas de la “segunda década infame “.

El impulso a la minería a cielo abierto y contaminante, la sociedad con la Barrick Gold, el apoyo al sector financiero -en lo que va del año los bancos han facturado 1.200 millones de dólares de ganancias-, el pago de la deuda externa “odiosa”e ilegítima, el envío de tropas a Haití, la aceptación del informe de la CIA, en la causa AMIA, que apunta a aumentar los argumentos que justifiquen la agresión de los Estados Unidos a Irán, le corrupción generalizada, y el respaldarse en la narco política policial, opacan algunas medidas dirigidas a perseguir, criminalmente, a los responsables del Terrorismo de Estado. La llamada “columna vertebral del Movimiento”, la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas, hoy albergan“sindicalistas de negocios”, que nada tienen que ver con aquellos dirigentes obreros, honestos y combativos, como Jorge Di Pasquale o Haroldo Logiurato-secuestrados-desparecidos por la Dictadura Militar.

Las dos variantes -el “kirchnerismo” y el llamado “peronismo federal”, difieren en los métodos, pero expresan a un movimiento que no tiene relación alguna con el que naciera un 17 de octubre de hace ya 65 años.

Hoy, como el PRI mexicano que enterró los objetivos y postulados de la histórica Revolución que lideraran Villa y Zapata, esta expresión deformada del movimiento nacional, ha modificado algunos aspectos de la política exterior-la incorporación a UNASUR, la alianza con Chávez, etc., que no tienen correlato alguno en la política interna, ya que nada se ha hecho para recuperar nuestros recursos energéticos, reconstruir la red ferroviaria, gravar impositivamente a los fideicomisos agrarios y urbanos y, a la renta financiera e implementar acciones de efectiva integración social, prohibiendo la minería contaminante y a cielo abierto y generando medidas que apunten a la recuperación de los recursos naturales, de los que hemos sido despojados..

Nos merecen todo el respeto los que, honestamente, militan, desde la base, en estas expresiones de un movimiento que, más allá de la utilización oportunista de los símbolos no es lo que fue. No cabe la menor duda que las propuestas, realmente liberadoras, nacerán fuera de estas, reivindicando la rica historia del peronismo, pero con una fuerte autocrítica de aquellos aspectos de los que no se habla, para no aparecer como “gorila”, “destituyente” y funcional a la “derecha”-frases acuñadas por “intelectuales” orgánicos del poder burgués".

Manuel Justo Gaggero es ex director del Diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre “y “Diciembre 20”.Fuente: http://www.argenpress.info /29-11-2010

Parte III - Final

"(…)¿Y el radicalismo qué?

Al igual que el peronismo, en sus diferentes vertientes, no discute el esquema de reconversión capitalista ni el modelo agroindustrial exportador, lo que cuestiona es la forma de llevarlo a la práctica. En la memoria histórica nace como una respuesta democrática laica y progresista, en una sociedad, a principios del siglo pasado, en la que la política era sinónimo de fraude y el poder y la educación eran los ámbitos en los que recreaban sus propuestas los sectores más reaccionarios del país.

Leandro N. Alem e Hipólito Irigoyen expresaban la visión democrática frente a una nación gobernada por la vieja oligarquía rural. Su base social es y era la clase media, hija de inmigrantes, que incorporan las ideas socialistas y anarquistas que traían de la vieja Europa sus ascendientes. Ese radicalismo muere en el 76 cuándo, en la búsqueda de nuevas alianzas, Balbín denuncia la “guerrilla industrial” y calla frente a la represión indiscriminada. Por su parte, Alfonsín, desde su revista “Propuesta y Control “ propone ” un gobierno cívico militar para evitar los excesos “. Revela sus contradicciones cuándo, por una parte lleva adelante el Juicio a las cúpulas militares genocidas y suscribe la “teoría de los dos demonios”, y por otra parte envía al Congreso las leyes de obediencia debida y punto final que garantizan la impunidad, de las Fuerzas Armadas y de sus socios civiles, en el Terrorismo de Estado -1974 a 1983. Durante la segunda “década infame “-1989-1999- se opone a la privatización de YPF, postura que pierde credibilidad toda vez que durante el gobierno de De la Rúa, convoca a solicitud de Carlos “Chacho” Álvarez, a Domingo Cavallo, principal impulsor de la estatización de la deuda externa privada durante la Dictadura Militar y cómplice de la privatización de los servicios públicos y de la destrucción de la red ferroviaria llevada cabo por Menem. Hoy, en sus diferentes vertientes, suscribe las posiciones de la socialdemocracia europea, proponiendo un “capitalismo con rostro humano”, al mismo tiempo que condena los gobiernos progresistas del Continente -Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Ecuador - por supuestas violaciones a las libertades públicas.

Ha contribuido, desde el gobierno en la gestión de De la Rúa al aislamiento de Cuba, impulsado por los Estados Unidos, dejando atrás una de las mejores características del gobierno de Irigoyen, cuál era la de exigir relaciones igualitarias y de respeto al Imperio. Esta posición determinó que a finales de 1929, Augusto César Sandino, “el General de Hombres Libres”, que derrotara y expulsara de Nicaragua a las tropas norteamericanas que habían invadido ese país en 1923, le planteara a “Don Hipólito”, que la Argentina encabezara la convocatoria a un Congreso de los pueblos del Continente para exigir a la nación del Norte el respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestras naciones.

La socialdemocracia europea ha demostrado su verdadera esencia en las recientes crisis de España y Grecia, donde el “ajuste” se hizo a expensas de los trabajadores limitando sus derechos aumentando la desocupación etc. Ricardo Alfonsín, posible candidato a presidente de la UCR, en las elecciones del 2011, participó hace unos días en un Congreso en París de la Internacional y no efectuó crítica alguna a las decisiones adoptadas por los gobiernos de Zapatero y Papandreu.

No cabe duda de que hay radicales honestos que participan de este Movimiento, por su historia, los mismos no podrán cambiar la dirección de este partido ya que la estructura partidaria se sostiene en “punteros” y “viejos dirigentes”, que no tienen interés en modificar su alineamiento escuetamente reseñado en esta nota. En realidad quiénes siguen en las estructuras de este “centenario partido”, participan en la versión más parecida, en la política interna, a los demócratas norteamericanos que declaman el cambio para que “nada cambie”.

Reconstruir las utopías

No es fácil repensar el país, en el contexto de una apatía generalizada. No es una tarea simple pensar en las utopías en un país en el que se apuesta al éxito inmediato.

Sin embargo hay signos alentadores. La “unidad de lo diverso” que se expresó en las recientes movilizaciones por el asesinato de Mariano Ferreira por las patotas sindicales, los movimientos en diferentes puntos del país contra la minería cielo abierto y contaminante, los proyectos para reconstruir la petrolera estatal las movilizaciones contra el gatillo fácil, el apoyo social a los juicios a los represores, entre otras expresiones, demuestran que esta sociedad tiene reservar, que no han logrado adormecerla totalmente y que, si todos ponemos “ganas” podemos construir otro país posible.

Abramos el debate, propongamos soluciones que se elaboren desde las bases, colaboremos con la democratización de todos los órganos de la comunidad, rescatemos los símbolos sociales, políticos y religiosos, y empecemos a caminar, que como dice el poeta, es la manera de “hacer el camino”.

Sabemos que estas notas generarán polémicas. Son, como dijéramos al principio, reflexiones que queremos compartir".

 Manuel Justo Gaggero es ex director del Diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre“ y “Diciembre 20”.

 Fuente: http://www.argenpress.info /03-12-2010

Premisas e hipótesis

La dictadura genocida y los distintos gobiernos del período democrático desde 1984 hasta hoy hicieron posible el avance en la concentración y la transnacionalización de la economía y el territorio. Las políticas de estado fueron a favor del desarrollo de esa acumulación de riquezas e ingresos y de fuerzas armadas y de seguridad enfrentadas a los de abajo que amenazan ese avance en la injusticia social.

1. Cercenamiento y abdicación de la soberanía nacional

A. Para una relación sumisión de gobiernos provinciales a oligopolios imperialistas
Horacio Cao y Roxana Rubins se refieren a ese federalismo en favor de la gobernabilidad del sistema de saqueo en :"El Estado para uso propio

La especificidad de la periferia tiene que ver tanto con el modo en que se relacionan el uso del Estado para fines individuales, la manipulación de la vida cultural y política por individuos o familias, como con la profundidad y extensión en que operan estos mecanismos. En primer lugar, la situación de debilidad económica y social produce una sociedad civil con escasa capacidad de defensa para enfrentar este tipo de comportamientos. En segundo lugar, en estas regiones el aparato del Estado provincial ocupa un lugar mucho más preponderante como actor económico y social. Por ejemplo, en Corrientes (ver páginas 10 y 11), ocupa por sí sólo casi el 50% de la mano de obra declarada y su gasto es equivalente al 30% de lo que produce la provincia. Por último, el financiamiento del gasto estatal proviene principalmente de transferencias extrarregionales: los ingresos de las provincias periféricas son fruto de transferencias de recursos que la nación recauda en las áreas más ricas del país. Al no haber una vinculación directa entre lo que cada comunidad está dispuesta a financiar y lo que finalmente ofrece el Estado como bienes o servicios públicos, el gasto tiende a asignarse según las preferencias del gobierno y no de la comunidad.

Tal manejo de las instituciones provinciales no es nuevo. Ya el clásico libro de Roberto J. Payró "En las tierras del Inti", relataba el "alzamiento del pueblo de Catamarca" harto del manejo prebendario y patrimonialista de un gobierno provincial hacia 1900. Lo distintivo de esta etapa es que los procesos de transferencias de funciones desde la nación hacia las provincias han producido un incremento de la importancia del nivel subnacional, a la vez que el retiro de Estado central ha quitado un referente "moderno" en cada territorio periférico. Además, el manejo clientelar del Estado se retroalimenta. Estar a cargo del gobierno coloca a un partido en una posición favorable para mantener el poder: en el período 1983-1999, a pesar de la mala imagen de las distintas dinastías políticas y de las crisis fiscales, de cada diez veces que un partido puso en juego una gobernación, siete veces la mantuvo. Cuanto más años se conserva el poder, más se perfeccionan y consolidan las redes de favores y de clientela que sustentan maquinarias electoralmente imbatibles. (...)

Un federalismo particular
Al fin de cuentas ¿por qué no avanza la modernidad, desplazando instituciones políticas que impiden el despliegue de una sociedad capitalista? ¿Por qué en el marco de la continuidad democrática no se desplazan las irracionales satrapías provinciales?. Lo primero es que, contra lo que se había previsto, el capitalismo no disolvió completamente las sociedades semifeudales. La penetración de relaciones de producción más modernas redundó en una amalgama económica y política que combinó los peores aspectos del "atraso" y la "modernidad", bloqueando las posibilidades del desarrollo económico.

Las áreas rezagadas se mostraron funcionales como espacios donde pueden obtenerse tasas de ganancia extraordinarias. La existencia de desequilibrios en el desarrollo regional no es contradictoria con el despliegue del capitalismo, pero el resultado es "moderno" sólo a medias. El actual proceso genera ventajas para muchos de los involucrados. Las provincias mantienen niveles de autonomía que no se desprenden automáticamente de su nivel de desarrollo, a la vez que pueden reproducirse algunos grupos sociales que, de otra forma, serían reemplazados por actores que funcionarían como elementos subsidiarios de las áreas más dinámicas.

El gobierno central, por su parte, que no debe responder directamente a los reclamos de la población de las provincias, mantiene en cada satrapía un aliado fundamental en la tarea de incrementar la gobernabilidad nacional, porque la asimetría entre el peso de la provincia en el escenario político nacional y su volubilidad frente a las presiones financieras desde la nación, induce a que todos jueguen bajo las mismas reglas. Para decirlo en forma directa: un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) de una suma ínfima en términos del presupuesto federal hace que cualquier gobierno provincial se alinee: vota con el Ejecutivo en el Congreso Nacional, lo apoya en la interna partidaria, ayuda a morigerar el nivel de enfrentamiento interpartidario, etc. Un clásico es la distribución de recursos antes de una elección presidencial. Con esto se logra sumar a las jurisdicciones "independientes" que están gobernadas por partidos provinciales, se baja el tono de las provincias opositoras y se alienta a que las oficialistas den un apoyo más decidido. En los meses previos a la reelección presidencial de 1995, la nación desembolsó U$S 400 millones con este objetivo. Los resultados electorales eximen de mayores comentarios acerca de sus efectos. Una anécdota marca hasta dónde puede llegar la larga mano de la nación. Cuando la Convención de la Unión Cívica Radical (UCR) debía aprobar el llamado a Convencionales Constituyentes acordado en el Pacto de Olivos, un oportuno auxilio del gobierno nacional garantizó que los delegados catamarqueños votaran positivamente este proyecto, caro al gobierno central.

El "auxilio" nacional, a su vez, es determinante en el escenario provincial. Por ejemplo, a través de un acuerdo con el Estado central el senador Vicente Saadi consiguió para la provincia de Catamarca en 1987 una partida extraordinaria del FONAVI de 2 millones de dólares, en la inteligencia de que ésta volcaría una elección que se presentaba muy pareja, cosa que efectivamente sucedió. Otras veces el apoyo nacional se hace notorio por su ausencia. Algo así le pasó a Horacio Massaccesi, que mientras fue gobernador de Río Negro consiguió de Carlos Menem un tratamiento preferencial, por lo que pudo impulsar una serie de obras que lo distinguieron del escenario ajustista. Cuando fue electo candidato a presidente por la opositora UCR, el apoyo del Estado central terminó y la crisis fiscal dejó a la luz las deficiencias provinciales. Un mecanismo similar está en la base de los hechos que concluyeron con la actual intervención a la provincia de Corrientes (ver págs. 10-11).

Sátrapas, pero necesarios
Dada la lógica política en vigencia, no tiene sentido que los grupos o familias dominantes en las provincias rezagadas actúen de manera diferente. Es mucho más fácil conseguir fondos de la nación que pedir esfuerzos a sectores sociales sometidos al papel que les ha tocado a las economías regionales en la era de la convertibilidad. Y es mucho más difícil aún cuando una provincia vecina hace gala de una exitosa operación política que le permite, por ejemplo, conseguir financiamiento para una obra pública monumental que modifica sustancialmente la demanda de mano de obra del mercado local (al menos por un tiempo). Esto hace que algunos sectores justifiquen la existencia de las satrapías provinciales. Ciertos comentarios hasta hacen parecer simpática la picaresca local que sustenta el sistema político regional. Algunos, inclusive, presentan la discusión en términos de relativismo cultural… Pero todos los argumentos se deshacen cuando se cae en la cuenta de que esta casta política mantiene a la región en el atraso, mostrándose muy hábil para obtener recursos siempre que no sean aportados por la sociedad local. Además, la modalidad de funcionamiento del sistema político implica la dilapidación de medios que al país no le sobran y que la provincia nunca recuperará para proyectos más durables (...)". Fuente: Le Monde Diplomatique/ El Dipló/ agosto 2000

B. Para el desarrollo del sistema capitalista mundializado

◊Carlos M. Vilas, en "Soberanía nacional: condición de desarrollo y justicia social", señala :"(...)Desde sus inicios, la dinámica expansiva del capitalismo define tensiones y conflictos entre el encuadramiento territorial de la soberanía estatal y el principio de transterritorialidad de los mercados. Los estados más poderosos en términos militares y económicos acompañaron e impulsaron políticamente la proyección externa de sus capitales a través de dos modalidades principales: el colonialismo y el imperialismo económico. En diferentes momentos del siglo 19 las naciones de América latina eliminaron el colonialismo y se erigieron como entidades políticamente soberanas, pero la liberación del yugo colonial no impidió que la subordinación externa continuara metamorfoseada como imperialismo económico. Este consiste en el respeto formal a la independencia política al mismo tiempo que se preserva a actores extranjeros (gobiernos o empresas) el control directo o indirecto de recursos estratégicos para el ejercicio de la soberanía de los estados así subordinados. Uno de los efectos más notorios del imperialismo es el desarrollo de relaciones de alianza y complementación entre los gobiernos y las empresas imperialistas, y los grupos dominantes en las naciones imperializadas, grupos que controlan el gobierno de estas naciones y que por ejercerlo con miras a sus propios intereses y no en la promoción del bienestar general, reciben correctamente el nombre de oligarquías. 

5. Una manifestación de estas alianzas y complementaciones es el proceso de importación institucional que caracterizó a la formación de nuestros estados a lo largo del siglo 19 y buena parte del 20. Del mismo modo que hubo una importación de determinados criterios de organización económica, financiera y comercial que terminaron imponiéndose -a lo largo de un proceso de resistencias, imposiciones y transacciones- a los preexistentes, también tuvo lugar una importación de normas y doctrinas jurídicas, mucho mejor adecuadas a los modelos de inspiración teórica que a las realidades que pretendieron reglamentar. El desfase entre normas legales y prácticas sociales, que existe en toda sociedad, fue mucho más amplio en nuestro continente. A esto debe agregarse que el concepto dominante de nación alude a la delimitación territorial de la pretensión soberana del estado más que a las cuestiones de identificación cultural colectiva que usualmente se asocian con un concepto sustantivo; implicó por lo tanto el desconocimiento o la subalternización de la realidad multinacional o por lo menos multicultural de nuestras sociedades. La dominación política de determinados grupos económicos sobre el conjunto de la sociedad resulta así, al mismo tiempo, dominación étnico-cultural. El principio de unidad del estado y la igualdad ciudadana, que encubrió hasta entrado el siglo veinte las desigualdades de clase y de género, en muchas sociedades latinoamericanas significó además la ocultación, por lo tanto la preservación, de las desigualdades regionales y étnico-culturales. 

6. La dominación imperialista lleva en su seno una contradicción jurídico-política insalvable: debe observar la soberanía del estado respecto de su población y las transacciones e intercambios en los que ésta se involucra, y al mismo tiempo garantizar la perpetuación de las relaciones de dominación externa (económico-financiera, tecnológica, ideológica, etc.). El trazado de fronteras geográficas entre estados hace posible la existencia de regímenes laborales, normas de protección ambiental, normas migratorias diferenciales que reditúan ganancias adicionales a las empresas que operan transnacionalmente y a buena parte de las sociedades más desarrolladas. En particular, dificultan el desplazamiento geográfico de los trabajadores, creando así condiciones adicionales para una mayor explotación de su fuerza de trabajo en las sociedades receptoras. Pero por otro lado, el carácter jurídicamente independiente de los estados subordinados implica la existencia de una mediación político-institucional, un “filtro” que obliga a que las decisiones que se pretende imponer deban ser internalizadas institucionalmente por el subordinado para que sean de ejecución obligatoria por su gobierno y de observancia por la población. Vale decir, demandan del estado subordinado un acto de soberanía. En consecuencia la subsistencia siquiera formal de una diferenciación de estados plantea siempre la eventualidad del conflicto, porque muchas veces las élites locales, sin perjuicio de lo estrecha que sea su subordinación a las potencias hegemónicas o hacia algunos grupos económicos, se ven forzadas, por las demandas de sus pueblos, a observar o aparentar cierta autonomía de decisión y algún grado de independencia. Se trata ésta de una característica típica del estado moderno: al mismo tiempo que herramienta de dominación de determinados grupos sociales, debe desempeñarse como estado de toda la ciudadanía.

Esto último implica, como mínimo, la observancia, por lo menos formal, de los procedimientos de la democracia representativa, y por lo tanto mantiene abierta la posibilidad de que las aspiraciones y reclamos de los pueblos encuentren un canal institucional de expresión política. De ahí la proverbial desconfianza de las oligarquías y sus socios externos respecto de la democracia política y sus manipulaciones conceptuales para encerrarla dentro de algunos parámetros económicos (como las llamadas democracias de mercado en los años inmediatamente posteriores al fin de la “guerra fría”, que resultaban aceptables en la medida en que contribuían a crear las condiciones más propicias para el capitalismo transnacional) o parámetros de política internacional, como la adscripción a las prioridades de política exterior definidas por la potencia hegemónica. 

7. De esa contradicción inherente al imperialismo económico surge la necesidad de las potencias hegemónicas, de los grupos de poder económico transnacional articulados con ellas, y de las oligarquías locales, de reducir a un mínimo los ámbitos de ejercicio de la soberanía y así acotar el margen de mediación política estatal. En las últimas dos décadas las reformas estructurales de inspiración neoliberal, muchas de ellas codificadas en el llamado “Consenso de Washington”, forzaron la adopción de un conjunto de políticas orientadas a ese fin. Formalmente ejecutadas por los gobiernos latinoamericanos, la mayoría de ellas obedeció a una abdicación de la capacidad de decisión autónoma respecto de lo que convenía o no convenía al desarrollo y a la mejor consecución del bienestar general y, al contrario, a una priorización de los intereses particulares de las oligarquías locales, sólidamente integradas con los mecanismos de poder internacional.

Como producto de las imposiciones, condicionamientos y recomendaciones formuladas por los organismos multilaterales de crédito controlados por los estados del mundo desarrollado, los gobiernos latinoamericanos impulsaron vastos procesos de privatización de activos y servicios públicos, abdicando en consecuencia capacidad de decisión soberana sobre un amplio arco de asuntos y recursos estratégicamente vinculados con las perspectivas de desarrollo nacional y bienestar colectivo. El modo en que se llevó a cabo este proceso de desguace del patrimonio estatal implicó que la transferencia de la propiedad de los activos conllevara el traspaso a los directorios de las empresas y servicios privatizados la definición de la política respectiva. La mercantilización de servicios básicos como agua y saneamiento, atención en salud, educación, significó la reorientación de estos sectores en función de la demanda proveniente de los grupos con mayor capacidad de pago y la postergación de las clases más vulnerables y depauperadas, incluyendo amplios segmentos de las clases medias. Particularmente gravosa ha sido la privatización de los recursos energéticos y de los servicios de infraestructura, en cuanto unos y otros son, en cualquier sistema económico, condición de posibilidad del desarrollo económico. La explotación de estos recursos, orientada por principios de rentabilidad comercial y lucro privado, se independizó de cualquier hipótesis de desarrollo nacional. La subordinación a que se encontraron sometidos los gobiernos por su control oligárquico, tornó aún más inicuas las condiciones de la enajenación estatal. Caso paradigmático de este proceso es la reforma constitucional de 1994, que despojó al estado nacional del dominio originario de los recursos naturales y se lo adjudicó a las provincias respectivas en ejercicio de un mal entendido nuevo federalismo que cercenó la soberanía nacional, un asunto de relevancia estratégica e institucionalizó un esquema de relación bilateral entre gobiernos provinciales débiles y consorcios transnacionales poderosos.

8. El desmantelamiento del patrimonio y de las capacidades estatales de decisión soberana fue paralelo a la creación de un entramado jurídico internacional orientado a recortar adicionalmente las capacidades de decisión soberana de los estados dominados. Este entramado tiene cuatro pilares. El primero es la incorporación a los organismos financieros creados en Bretton Woods para la reactivación de las economías occidentales desarrolladas y la prevención de que la competencia entre éstas condujera a nuevas crisis y, a la postre, nuevas conflagraciones. Esto último se logró en lo que respecta a la no reiteración de conflictos armados directos entre estados desarrollados, pero el sistema de Bretton Woods no previno el estallido de crisis económicas o financieras. Para los países latinoamericanos, y en general en desarrollo, que no tuvieron arte ni parte en esos acuerdos, la incorporación a los organismos financieros multilaterales (FMI y Banco Mundial) significó la aceptación de la política económica y financiera internacional conducida por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, nueva potencia mundial, cuya finalidad primordial es la creación, en los países miembro, de las condiciones políticas e institucionales más convenientes al mayor rendimiento de las inversiones de los países desarrollados, dirigiendo y coordinando en el nivel supranacional las políticas macroeconómicas de aquéllos (...)".

Destaca que "(...)desde mediados de la década de 1990, el tribunal par excellence es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, o ICSID en inglés). Ubicado en el ámbito institucional del Banco Mundial, este tribunal arbitral es el que interviene en las demandas que empresas extranjeras privadas formulen contra los estados en los que han efectuado inversiones reales (es decir, con exclusión de inversiones financieras o “en cartera”). Creado en 1966, su auge pertenece a las décadas de 1990 y la actual. De los 154 estados que firmaron el convenio del CIADI, casi la mitad lo hizo a partir de la década de 1990; de los 14 estados latinoamericanos que lo firmaron (excluidos los pertenecientes a la Comunidad Británica de Naciones), diez lo hicieron a partir de esa misma época. En todos los casos esa aceptación forma parte de los tratados bilaterales de inversión que los estados que buscan atraer inversiones externas firman con los estados donde figuran domiciliados los potenciales inversores, otorgando a éstos, además de trato igual a los nacionales, libre remesa de utilidades y otras concesiones, la facultad de evadir la jurisdicción de los tribunales locales y acudir directamente al arbitraje del Banco Mundial, incluso en casos en los cuales lo que está en discusión son decisiones políticas del estado, de carácter general y por lo tanto no discriminatorias del inversor extranjero -por ejemplo, medidas de política cambiaria o monetaria, decisiones frente a situaciones de emergencia nacional, y similares-. Desde una perspectiva formal, estas abdicaciones de soberanía se efectúan con el consentimiento voluntario de los estados. En realidad, estas cláusulas constituyen un mecanismo convencional de presión y condicionamiento, cuya aceptación es requerida de los países que solicitan colaboración externa para resolver dificultades económicas o financieras severas-dificultades de cuyo surgimiento o desarrollo no son ajenos, según ya se señaló, los gobiernos y corporaciones del mundo desarrollado-. 

El sobreendeudamiento externo de la mayoría de los países de América latina y la aceptación de condiciones extremadamente gravosas para su renegociación, son algunos ejemplos de las profundas asimetrías que caracterizan a los acuerdos que se celebran entre estados de una y otra parte del mundo. Aunque formalmente esas normas internacionales también son de observancia por los estados más desarrollados, la circunstancia de que sean éstos quienes las promueven a partir de sus propios intereses políticos y económicos, y en función de sus propias prácticas nacionales e internacionales, convierte a estas normas en actos de imposición de quienes ocupan las posiciones de poder en las relaciones internacionales. Se trata por lo tanto de reglas producto de una asimetría económica y militar y en consecuencia política, es decir de la imposición de la ley del más fuerte en escenarios en los que ésta aparece enmascarada como negociación entre partes formalmente iguales (...)". Fuente: revista Realidad Económica N º 229 de julio-agosto 2007 www.iade.org.ar

◊Julio C. Gambina, en "Entre la coyuntura y la estructura", sostiene: "(...) Argentina vuelve a encontrarse en una situación de especialización productiva de corte primario, con un sector secundario sin mayor dinamismo en la innovación tecnológica. Lo moderno y lo atrasado en el capitalismo local hace funcional la lógica de la ganancia y la acumulación sobre la base de salarios baratos y un crecimiento de los precios de las materias primas de exportación. La"institucionalidad neoliberal"  gestada desde la última dictadura (1976-83) y especialmente en los 90, durante el gobierno peronista de Carlos Menem, reconfiguró estructuralmente y "hacia atrás" a la sociedad argentina.

La deuda pública

Un instrumento privilegiado de esa reestructuración es el endeudamiento público. La hipoteca de la deuda se asienta en renegociaciones sucesivas realizadas en todos los turnos constitucionales desde diciembre de 1983, y pesará por muchos años. La novedad en materia de renegociación de deuda pública se presenta ahora con la apertura de las conversaciones con el Club de París, para acabar con el estado de cesación de pagos declarado por el Congreso Nacional en la última semana de 2001.

El Club de París habría aceptado relegar al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el monitoreo de las cuentas argentinas para hacer operativo el acuerdo de pago. Sin embargo, es el G-20 el que asumirá esa tarea. O sea que los principales accionistas del FMI asumen la función fiscalizadora negada al FMI. Mientras se negocia

◊Cómo expulsar a los dueños originarios. 
Informe del Observatorio de DD.HH denuncia la persecución de mapuches en Neuquén

Por Darío Aranda
Un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas denuncia como “discriminación institucionalizada” la persecución a los mapuche en la provincia de Neuquén. Sostiene un total incumplimiento de la legislación vigente.

Neuquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial de la provincia, “atrevido, arrogante, audaz”. El 15 por ciento de la población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reconoce toda esa carga simbólica e histórica, pero acaba de publicar un duro informe sobre la actualidad del pueblo mapuche, donde se denuncia el accionar político y judicial de la provincia. “Discriminación institucionalizada” son las dos palabras que resumen el trabajo, donde se detalla la represión a comunidades, la judicialización de la protesta aborigen, se alerta sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena y se afirma que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.

La comunidad Plácido Puel vive en Villa Pehuenia –centro oeste de la provincia–, desde que tiene memoria. En 2003 la provincia transformó por ley al pueblo en municipio e incluyó dentro del dominio municipal a las tierras indígenas. Nunca se consultó a la comunidad, e incluso se desconoció su derecho de posesión legislados por ley nacional e internacional. El gobierno municipal comenzó un proceso de inmigración de población no indígena.

“La Municipalidad desconoció a la Comunidad Plácido Puel, fraccionó y entregó a particulares sus tierras y promovió en contra de sus miembros una persecución que aún se mantiene, mediante la violencia policial y las denuncias penales”,explica el “Informe de Situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Neuquén 2009-2010”. Es sólo uno de la decena de casos que detalla el relevamiento y da cuenta de la “ilegalidad de la política oficial respecto de los pueblos indígenas, donde prácticamente todos los conflictos que sobrelleva el pueblo mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del Estado, del derecho vigente”.

El trabajo da cuenta de la numerosa legislación que obliga el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas: Constitución Nacional y provincial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaración Universal de la ONU, entre otros. “La mayoría de las estructuras y prácticas judiciales no se han modificado para adecuarse al cumplimiento de tales derechos. Ni el estado nacional ni las provincias han adecuado sus leyes procesales para permitir que los pueblos indígenas actúen en condiciones de igualdad”, denuncia el Observatorio, creado en marzo de 2009 con apoyo de la Confederación Mapuche de Neuquén y que cuenta como miembros honoríficos a Adolfo Pérez Esquivel, Noemí Labrune (Asociación Permanente de Derechos Humanos de Neuquén) y Rodolfo Mattarollo (consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), entre otros.

A lo largo de 76 páginas se detallan violación al derecho a la educación, negación de acceso a la Justicia y la “discriminación institucionalizada” por parte del estado provincial. Se hace hincapié en el despojo de los recursos naturales y los territorios ancestrales. Denuncia que la legislación referida a hidrocarburos, el Código de Minería, los códigos de aguas y las leyes provincias referidas a tierras “en ningún caso han incorporado” los derechos de propiedad, consulta y participación establecidos en la Constitución Nacional y el Convenio 169.

“Esta omisión origina numerosos abusos por parte de las empresas extractivas y de los gobiernos provinciales, quienes no se consideran obligados al cumplimiento de las obligaciones internacionales”, afirma y explica que la situación se agrava en los numerosos casos en que los tribunales de provincias imputan como delito la resistencia de las comunidades, que rechazan las concesiones (petroleras, mineras, forestales) otorgadas sin haber sido consultadas.

La principal demanda de los pueblos originarios es el territorio. “En la protección de la posesión y propiedad de las tierras, las leyes se mantienen en el nivel declarativo y no existe una legislación y acción estatal adecuadas que los hagan efectivos”, recuerda el informe.

En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial, suspendió los desalojos indígenas por cuatro años y ordenó un relevamiento catastral en todas las provincias. La muy demorada aplicación de la norma implicó que, en 2009, fue prorrogada hasta 2013. “La ley no se aplica efectivamente. Los jueces continúan dictando órdenes de desalojo”, afirma la investigación.

Responsabiliza al gobierno provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “El INAI no ha demostrado voluntad para cumplir con la ley en caso de oposición u obstáculos opuestos por las autoridades provinciales. No está organizado para recabar información respecto del cumplimiento de la ley y no ha adoptado ninguna decisión orientada a realizar acciones tendientes a su efectividad “, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.

En 2009, el INAI y la Universidad Nacional del Comahue firmaron un acuerdo para avanzar con el relevamiento catastral. El gobierno provincial se negó a participar y luego emitió una intimación a la Universidad y el INAI para que abandonen el relevamiento.

“El gobierno provincial siempre se negó a avalar o participar en cualquier relevamiento que no estuviera dirigido y controlado por él”, explica el informe y asegura que el cumplimiento de la Ley 26.160 siempre padeció una “política de boicot permanente”, que incluyó el desconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades, la aceleración de juicios contra referentes mapuches y la conformación de grupos civiles armados que prometían defender la “propiedad privada ante la amenaza indígena”.

El relevamiento catastral se mantiene suspendido, a pesar de que la Defensoría del Pueblo de la Nación instó en marzo pasado a su urgente realización. “Esta situación agudiza los conflictos y las posibilidades de que el Estado, las empresas y los grupos terratenientes continúen despojando a las comunidades de sus tierras y, junto con los miembros del Poder Judicial, criminalizando las acciones de resistencia del pueblo mapuche”, alerta el Observatorio.

Página/12 se comunicó con el Ministerio de Coordinación de Gabinete de Neuquén. Delegaron las consultas en el Asesor General de Gobierno, Darío Moya. En un breve diálogo sostuvo que el informe no muestra la realidad del pueblo mapuche de Neuquén y solicitó las preguntas por escrito. A pesar de acordar un horario de cierre, el funcionario no envió las respuestas.

Las conclusiones del informe afirman que la provincia se caracteriza por un “racismo estructural” hacia el pueblo mapuche, que se constituye como “un aparato de agresión hacia la cultura indígena”. Explica que el “modelo autoritario”actual tiene sus raíces en la Campaña del Desierto, opera con dinámicas similares, y tiene como fin último la rentabilidad de los negocios inmobiliarios, la explotación hidrocarburífera, las empresas forestales, las grandes estancias y las compañías mineras. Todas actividades que avanzan sobre los territorios ancestrales indígenas.

Página 12 www.pagina12.com.ar  Fuente: www.ecoportal.net

◊La comunidad La Primavera nos sitúa en porqué debe hacerse cargo de investigar, está desamparada y desea entrevistarse con la Presidenta:

“Siguen apareciendo más heridos y más horror.

Queremos que haya justicia pero como en Formosa la justicia es dependiente del poder político ¿Qué podemos hacer?

Queremos saber qué pasó con nuestros hermanos Roberto López y Samuel Garcete, que se encuentra muy grave, y con el oficial de policía fallecido.

Queremos la verdad ¿Quiénes fueron los que dispararon?

La justicia ya estaría apuntando al hermano Roberto de la muerte del oficial, claro él ya no se puede defender. Pero nosotros averiguaremos.

Fuimos testigo de la brutalidad de los policías mayores no sólo con nuestros ancianos y mujeres sino con los jóvenes policías que llevaron para reprimirnos. A aquellos que se caían o se atrevían a horrorizarse por lo que nos estaban haciendo los jefes los insultaban y pegaban. Vimos con nuestros ojos cómo los caballos les pasaban por encima.

También contamos con el testimonio de uno de nuestros hermanos que vio como una bala que era dirigida a él impactaba en otro policía. No sabe si se trata del policía fallecido o no. Por eso necesitamos una investigación seria, nosotros y la familia del policía fallecido.

Tenemos miedo, mucho miedo. Permanentemente pasan hombres a caballo o en camioneta y disparan. Llegaron a gritarnos insultos con megáfonos.

¿Quién nos protege?

¿La misma policía que fue testigo del momento cuando los Celias nos disparaban y sólo nos dijeron que nos lo habíamos buscado? ¿la policía que planificó que una mujer oficial nos denunciara por abuso sexual en plena discusión por la mañana? ¿la policía que vino a reprimirnos y a matarnos? ¿que desesperadamente preguntaba dónde está Félix, a ese hay que matar? ¿a la policía que luego de reprimirnos acumuló todas nuestras pertenencias y las quemó salvajemente junto a nuestras casas? ¿a la policía que subió al hermano Roberto a un camión y ya detenido, en el suelo, y muy golpeado le preguntaba a patadas dónde estaba Félix? ¿a la policía que en la comisaría le pedían las mujeres de pasar al baño y nos respondían que sólo si les pagábamos? ¿a la que le robaron a Félix su netbook y celulares que estaban en su computadora en la comisaría?

Entendemos que en Bs. As. no nos puedan creer que somos una comunidad independiente de todo interés político partidario. Pero la verdad es que nunca nadie nos apoyó, solventó ni nos metió ideas. Nunca aceptamos formar parte de ningún sector partidario. Así pasamos cuatro meses al costado de la ruta con lo que teníamos.

Sí se nos acercó mucha gente para solidarizarse, para acompañarnos. No los rechazamos pero eso no significa que formemos parte de ningún espacio político. Cada vez que nos invitan a hablar o nos acercan un micrófono hablamos pues son pocas las oportunidades que tenemos para contar nuestra verdad. Sabemos que muchos usan nuestra lucha pero no podemos callar cuando alguien se acerca a preguntarnos qué nos pasa. Hay mucho horror del que hablar.

Las organizaciones de DDHH saben que decimos la verdad. Y también muchos funcionarios de Nación conocen la realidad de Formosa, nos lo han dicho en sus oficinas. Pero nadie se atreve a hablar salvo nosotros ¿Entonces cómo vamos a desechar una entrevista sea del medio que sea?

Nuestra actual situación es crítica. Nos destruyeron todo, antes teníamos poco pero ahora nada.

Nuestras heridas aún están abiertas. Dos voluntarias médicas se acercaron ayer a revisarnos y encontraron por ejemplo que en el Hospital de Laguna Blanca enyesaron a un hermano y aún su herida sangra a través del yeso. No lo habían curado antes.

Entendemos que no nos puedan creer desde Buenos Aires, vivimos otra realidad. No en la Argentina del 2010. Aquí la dictadura, el miedo y la represión continúan. Todos tienen miedo de hablar, nosotros también pero no podemos callar.

Le pedimos a nuestra presidenta Cristina, que como ella dijo es la presidenta de todos, simplemente que nos oiga. No para agraviar, ni insultar, no es nuestra costumbre. Somos indígenas del monte, alejados de las grandes ciudades. Vivimos junto a la naturaleza y ella no nos enseña a insultar ni agredir.

Para nosotros nuestra presidenta es como nuestra madre, la madre de todos, y necesitamos simplemente que nos escuche”. Fuente: http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/

◊La Asamblea El Algarrobo nos sitúa en cómo tienen que ir resolviendo para afirmar la vida sobre el saqueo y la contaminación porque:

"Yamana Gold formó grupos de choque

La empresa canadiense Yamana Gold - Agua Rica continua presionando y comprando a sectores de la comunidad andalgalense para expresarse en contra de los vecinos que repudian la actividad minera en la cuidad de Andalgalá, muchas veces este tipo de presión se realiza con un alto grado de violencia de parte de estos grupos de choque la minera ha venido conformando en estos últimos meses.

Por Asamblea El Algarrobo

02/12/2010.

Agua Rica con la violencia no consigue paz social

Queremos informarles a todas las personas del país y el mundo entero que están atentos permanentemente sobre lo que acontece en Andalgalá a raíz de la problemática minera, que en estos días la empresa canadiense Yamana Gold - Agua Rica está presionando al Club Aconquija de Chaquiago (Andalgalá) para que desaloje a la Asamblea El Algarrobo. El Club Aconquija argumenta ser el dueño del predio en donde está ubicada la Asamblea, lo cual no es real, Nelson Medina, integrante de la Asamblea es el dueño legítimo del terreno y cuenta con toda documentación que avala lo que acá se afirma.

Debido a que la Asamblea Choya por Siempre continua con el corte selectivo en tal distrito, y la empresa Agua Rica - Yamana Gold se ve impedida de acceder hacia el yacimiento en donde realiza actividades, desconociendo la suspensión de las mismas que mediante resolución oficial llevo a cabo el juez de minas Guillermo Cerda luego de la represión del 15 de Febrero pasado, continua presionando y comprando a sectores de la comunidad andalgalense para expresarse en contra de los vecinos que repudian la actividad minera en la cuidad de Andalgalá, muchas veces este tipo de presión se realiza con un alto grado de violencia de parte de estos grupos de choque que Yamana Gold - Agua Rica ha venido conformando en estos últimos meses, hechos que se han vivido también en el marco del Encuentro de la U.A.C. (Unión de Asamblea Ciudadanas) realizado en nuestra cuidad.

Desde la Asamblea El Algarrobo vamos a tomar las medidas necesarias desde el punto de vista legal ante estos mecanismos de amenazas por parte de la empresa canadiense Yamana Gold - Agua Rica. Y hacemos responsable a las autoridades judiciales (Juez de Garantías Rodolfo Cecenarro, Fiscal Marta Nieva) y gubernamentales de la cuidad de Andalgalá (Intendente José Eduardo Perea), como así también al gobierno de la provincia de Catamarca (Gobernador Eduardo Brizuela del Moral) y al gobierno Nacional (Presidente Cristina Fernández) de todo lo que pueda suceder, en el marco de la violencia instalada por la empresa Yamana Gold - Agua Rica, quien ha llevado a cabo un proceso de militarización de la cuidad bajo la instauración de grupos de choques y empresas privadas de seguridad.

En horas de esta mañana, en una manifestación pacífica de la Asamblea en frente de la fiscalía la empresa Yamana Gold - Agua Rica mandó al grupo de desocupados y su seguridad privada SEOC para reclamar todavía no se sabe bien que , grupo de desocupados que la misma Agua Rica dirige , mandó a enfrentarlos en las puertas de la fiscalía, llegaron con bombas e insultaron a los vecinos que estaban manifestándose, el compañero Dante Agüero fue agredido al salir del domicilio de un familiar en la desconcentración del grupo que dirige la canadiense Yamana Gold.

La Asamblea El Algarrobo hace público también su repudio al hecho de violencia desencadenado por fuerzas policiales en la provincia de Formosa hacia la comunidad Toba Qom La Primavera reprimiendo y asesinando a sus integrantes, como así también no olvidamos el asesinato del daguita Javier Chocobar asesinado el 12 de Octubre de 2009 y el asesinato de la campesina santiagueña Sandra Juárez asesinada el 13 de marzo de este año. Exigimos justicia y damos nuestro apoyo a todas las comunidades indígenas y pueblos originarios.

NO! A la minería Cielo Abierto !!!

NO! a Agua Rica !!!

Basta! de Minera Alumbrera !!!

SI! A la vida !!!

Justicia por los compañeros asesinados !!!

Castigo a los responsables de la represión a los pueblos !!!

Asamblea El Algarrobo agracede la Participación y la Difusión para colaborar económicamente con El Algarrobo: Nº de Cuenta de Banco Nación: Suc. 1060 - Andalgalá Cuenta: 1150261402

CBU: 01101153/30011502614029

www.prensaelalgarrobo.blogspot.com  www.lavozdelalgarrobo.blogspot.com  www.lavisiondelalgarrobo.blogspot.com

Fuente: Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas  3 de diciembre de 2010

Los planes para violar la prohibición judicial

Agua Rica (Yamana Gold) contrató 40 jóvenes desocupados y han sido provistos de cascos, ropa y zapatos de trabajo, para trabajar en el proyecto minero cercano a 17 kms. del centro de la ciudad. Para evitar inconvenientes con el juez Cerda, la gente contratada figuraría como empleados de la Alumbrera y trascendió que serán llevados en pequeños grupos con destino a la mina de Agua Rica, dando un gran rodeo vía camino a la Alumbrera para continuar con las tareas de construcción de las instalaciones de la mina.

Por José Jorge Aldecoa Davies

03/12/2010. Continuando con la situación de tensión en Andalgalá por los raros manejos de Agua Rica para reiniciar las suspendidas operaciones ordenadas por el juez de minas Cerda, luego de los tristes acontecimientos de violenta represión en Febrero de este año, tengo información oficiosa de mis contactos en esa ciudad, que me cuentan que, además de contratar matones para intimidar a los autoconvocados, ha tomado 40 jóvenes desocupados que pasaron el examen preocupacional y han sido provistos de cascos, ropa y zapatos de trabajo, para trabajar en el proyecto minero cercano a 17 kms. del centro de la ciudad.

Para evitar inconvenientes con el juez Cerda, la gente contratada figura (o por lo menos así se manifiestan) como empleados de la Alumbrera y se rumorea que serán llevados en pequeños grupos (para que quepan en vehículos particulares y no sean detectados fácilmente) con destino a la mina de Agua Rica, dando un gran rodeo por el norte (vía camino a la Alumbrera) y puedan continuar con las tareas de construcción de las instalaciones de la mina.

Esto está aumentando la preocupación de los anti-mineros que ven día a día el avance de la empresa minera con estrategias novedosas y compra de voluntades, como la de la comisión conformada por la fiscal Nieva, un presunto propietario del predios donde se halla ubicada la Asamblea El Algarrobo y empleados municipales y policiales, con intención de desalojar al asentamiento de los autoconvocados en el camino comunero de Chaquiago, que resultó frustrado, cuando uno de los miembros de la asamblea presentó los títulos de propiedad del predio y manifestó su plena autorización para que ese movimiento vecinal funcionara en su terreno.

Aquí podemos apreciar como la connivencia entre las empresas y las autoridades está perfectamente demostrada y que los funcionarios se prestan a este tipo de maniobras fraudulentas, en lugar de cumplir con el mandato que les fuera conferido cuando asumieron sus cargos, como es el de servir a la comunidad y proteger a los ciudadanos de abusos y maltrato.

Creo que en algún momento habrá que hacerles juicio por mal desempeño de sus deberes de funcionario.

Y como dicen los escritos judiciales: ¡¡¡PROVEER DE CONFORMIDAD, SERA JUSTICIA!!!

Un fraternal abrazo

José Jorge Aldecoa Davies

Fuente: http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-catamarca/los-planes-para-violar-la-prohibicion-judicial