Correspondiente a la primera hipótesis
El progreso de los de abajo hacia el buen vivir y la soberanía alimentaria plantea estructurar otro Estado por asimilación de las luchas hacia:
1. Una Constituyente Social en Argentina
“La Constituyente Social es un instrumento que venimos alumbrando, pariendo, entre todos de manera revulsiva, creativa, subversiva diría, en el sentido de subvertir lo que son las construcciones tradicionales desde hace dos años más o menos en la Argentina", define Graciela Iturraspe, secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA de la provincia de Buenos Aires, y diputada electa por Nuevo Encuentro.
"En ese marco, la verdad, en este intento de lograr la mayor síntesis posible de unidad de las distintas organizaciones populares en una dirección transformadora profundamente, de las estructuras injustas de nuestra sociedad, es creo, lo mejor que hemos alumbrado en los últimos 30 años en la Argentina. Y esto que empezamos y que tuvo su primer punto culminante en Jujuy, ya va a ser un año ahora, el 23 de Octubre, pensamos repicarlo ya con otros niveles de representación y de organicidad, seguramente el 20 y 21 de noviembre en Neuquén este año.
Nuestra ambición no termina ahí, estamos pensando para mediados del año que viene, así como algunos plantean festejar el Bicentenario en la Argentina, nosotros creemos que más que festejar hay que construir esa unidad popular que permita la transformación, por eso estamos bregando por un Bicentenario en la Argentina.
Queremos hacer el Congreso de la Constituyente en el 2010, que alumbre el programa desde todos los sectores populares organizados, que quieran participar y ser parte de este proceso abierto permanente y seguramente de allí salga nuestra propuesta de cara al 2011 en la Argentina.
Creemos que la fortaleza es el enorme entusiasmo que con esta propuesta presenta nuestro pueblo y por otro lado, la cohesión, la unidad de criterios que naturalmente se da para definir las prioridades. Hasta ahí son las fortalezas. Me parece que lo que nos cuesta, porque es nuevo, lo que todavía es una debilidad porque no terminamos de imaginarlo, de hacerlo realidad juntos, es pensar una nueva forma de institucionalidad, este de abajo para arriba que queremos plasmar y que han sido siempre las comisiones, y sigue siendo más flojito en cuanto a las propuestas concretas y ahí es donde tenemos que poner todo el esfuerzo para imaginar esa forma representativa, transparente y democrática que nos permita llenar de contenido toda la Constituyente”.
http://www.constituyentesocial.org.ar/article411.html/ 17-9-09
En el marco del Plenario que tuvo lugar el pasado Sábado 14 de Noviembre en el Colegio Nacional Buenos Aires, 400 compañeros de diferentes Organizaciones se reunieron en 10 Comisiones que abordaron los 4 ejes temáticos que se debatirán en el Encuentro Nacional Pensamiento y Acción para la Unidad Popular Hacia la Constituyente Social a realizarse en la Ciudad de Neuquén los días 20, 21 y 22 de noviembre de este año. A continuación, algunos de los temas que fueron planteados durante el trabajo en comisiones.
♣Construcción de las Asambleas Distritales y la Asamblea Nacional "Articulación organizativa del trabajo territorial" es el común denominador de las propuestas. tendientes a "integrar el pensamiento de la gente desde los barrios y compenetrarse de las experiencias generadas por las organizaciones vecinales". En este sentido "la participación será la que nos llevará indudablemente a la representación que buscamos y será desde los barrios y de ahí a las comunas y los distritos hasta llegar cubriendo este camino a la Asamblea Nacional". Es en este contexto de participación en el que "debemos contemplar siempre las particularidades que cada uno de los barrios articulándolas con los trabajos en las Comunas". Esta propuesta se pensó como un esquema de organización viable: "sabemos que la construcción es compleja pero es parte de la lógica de esta propuesta nueva de cara al nuevo país en el que queremos vivir".
"La Constituyente Social genera un cambio de actitud por ende también deberá ser considerado su impacto en toda la población". De modo que se trataría de "generar un ámbito con mayor grado de amplitud e inclusión y apuntar a un mayor de nivel de politización". Asimismo, se plantearon "algunos puntos que habrá que dirimir cómo son el logro de la representación social e institucional y los criterios de elección de delegados o representantes de las comunas".
♣Campañas públicas: Se trabajó este eje desde la concepción de que las Campañas se basan en "una consigna general que resume e integra una problemática común mostrando el carácter más profundo de las mismas, como la Campaña de El Hambre es un Crimen o Por un Bicentenario sin Hambre". En este sentido, "la estrategia es generar herramientas de comunicación junto con las organizaciones". Dichas campañas "deben estar basadas en los ejes resultantes del Encuentro de Jujuy: Distribución de la riqueza, Democracia participativa, Integración Latinoamericana, Soberanía sobre los recursos naturales y los bienes comunes".
Se enfatizó "la claridad que deben de tener los mensajes respecto de lo que implica la construcción de poder popular y la política en tanto relación de fuerzas en permanente movimiento". De este modo, "las campañas nos llevarán y permitirán fomentar el debate como espacio de discusión y acción". A su vez, se planteó que "se deberán incorporar a estas campañas todas las organizaciones del campo popular y las instituciones, las campañas deberán llegar a todos, esto es prioritario". En cuanto a los medios de comunicación que no son propios, se manifestó que "debemos imponernos en los medios y debemos asegurarnos de contar con herramientas que respondan a las diferentes formas de comunicar que se nos presenta desde los ejes orientadores". También se debatió acerca de la necesidad de articular con los medios alternativos de comunicación popular para difundir la Constituyente, "impulsando debates públicos, generando campañas de difusión y haciendo una movilización antes de fin de año".
En varias de las comisiones se planteó que "las campañas públicas nos darán la visibilidad que necesitamos en este momento para anclar en la Ciudad la Constituyente Social, se deberá llegar a todos los medios para estos a vez reproduzcan la información de las Campañas, aparte de las herramientas que deberemos desarrollar en conjunto e individualmente para presentarnos en este universo diverso que es la Ciudad de Buenos Aires".
♣Estrategia institucional: En la mayoría de las comisiones se acordó que "en la Ciudad de Buenos Aires hay que impulsar la ley de comunas ya que forma parte del proceso de democratización de la política", al igual que el presupuesto participativo, dado que "permite, aunque de una forma tangencial, intervenir en las políticas públicas de la ciudad".
También se debatió acerca de la articulación de la Constituyente con el plano electoral. En este sentido, se consideró "positivo que diputados nuestros comiencen a ocupar lugares en espacios institucionales, con una práctica y política distintas".
A su vez, muchos compañeros manifestaron que "debemos reforzar los lazos con los países que conforman nuestra América Latina abarcando la diversidad latinoamericana que está presente en Buenos Aires".
Respecto a los desafíos en la construcción institucional que necesitamos, en términos de recuperación y resignificación de las instituciones existentes se planteó la necesidad de "sistematizar las prácticas Constituyentes, desde lo sindical con la inclusión y participación de la comunidad, acompañada de acción política y desde lo electoral", trabajo que deberá realizarse "en todos los lugares de disputa y tratar de ser capaces de dar soluciones". Se acordó en la necesidad de "incorporar valores a la política y resignificar las instituciones estatales".
En casi todas las comisiones se expresó claramente la necesidad de "no delegar más" y "en vez de buscar representantes a los cuales seamos funcionales empezar a transformar la realidad para que sean ellos funcionales a las decisiones de un pueblo organizado".
♣Pensamiento y Proyecto Popular: Se habló de la importancia de generar espacios de debate múltiple e interdisciplinario, "que pueden funcionar desde el tratamiento de una temática específica o que englobe la pluralidad de situaciones que se dan en la Capital". En este sentido, "la idea es armar equipos de trabajo en los que converjan los técnicos, los dirigentes, los intelectuales, las organizaciones del campo popular, los militantes, y los vecinos para así entre todos pensar y trabajar a partir de los diversos aportes y desde las distintas perspectivas".
Se propuso, entre otras cosas: "recuperar la producción intelectual", "repensar las convocatorias a nuevos compañeros", "organizarnos para construir la línea programática por áreas estratégicas", "generar espacios para la preparación de cuadros técnicos y políticos que emanen del proyecto", "buscar estrategias comunes", es decir: "pensar estrategias para gobernar".
Se expresó que "debemos crear conciencia popular organizada porque es la forma con la cual derrotaremos el hambre, la indigencia, el racismo, la exclusión entre otros acuciantes como la vivienda, la salud, la educación y a seguridad".
Se reflexionó acerca del hecho de que "para llevar a cabo esto, es necesario formar una unidad popular organizada, siempre respetando nuestras diferencias culturales, nuestra identidad y comprender que la Ciudad de Buenos Aires es un espacio multicultural".
http://www.constituyentesocial.org.ar/article411.html/ 18-11-09
2. Una toma de conciencia mayoritaria sobre los agronegocios, la IIRSA y el modelo extractivista
Jaime Machicado, en "La Jatrofa, un ejemplo de los impactos de los agrocombustibles", explica:
"Agrocombustibles y ocupación de tierras
En los últimos años asistimos a un inquietante proceso de progresiva ocupación o usurpación de tierras en África, Asia y Latinoamérica. Estas tierras se han ido destinando a diferentes usos, y muchos de ellos están relacionados con una agricultura industrial devastadora, ya sea para plantar palma aceitera, soja transgénica, algodón o para destinarlas a la seguridad alimetaria de determinados países en claro detrimento de las poblaciones nativas e indígenas, como es el caso de la multinacional Daewoo y su intención de plantar un millón de hectáreas de jatrofa en Madagascar, o el gobierno saudita negociando la compra de medio millón de hectáreas en Tanzania para alimentar a su propia población. En algunos casos la presión internacional y el fuerte rechazo interno han paralizado algunos proyectos, pero suelen ser honrosas excepciones.
El que gran parte de estas tierras estén cambiando de uso se debe a que en la agenda política de muchos países está la consecución de una cierta independencia energética con respecto al petróleo. Los agrocombustibles (principalmente biodiésel y bioetanol) son objeto de políticas públicas e incentivos, y se ha acelerado su producción a gran escala, con la intención de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y por tanto contribuir a la mitigación del cambio climático . Por lo que los agrocombustibles están en el punto de mira de estas nuevas políticas, lo que supone más impactos para los continentes y países que mayor superficie disponible tienen para estos cultivos, y que lamentablemente coinciden con zonas empobrecidas y con una alta presión de hambrunas y epidemias. Según un informe de la FAO, recogido en el artículo “El piñón y el despojo de tierras”, entre los países con mayor potencialidad agrícola sin explotar se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia en el grupo de cabeza. Es en este contexto en el que la jatrofa aparece como la salvación de muchas comunidades al tiempo que proporciona a los estados una cierta soberanía energética lejos del fluctuante mercado de los hidrocarburos.
Lo que no dice en ningún informe oficial es que este cultivo es una nueva forma de eliminar el control que tiene el campesinado y las comunidades locales sobre sus propia actividad, despojándolas en muchos casos de sus cultivos tradicionales al amparo de promesas de pingües beneficios. Las deja así a merced del capricho programado del mercado internacional que será, en última instancia, quién decida si el pequeño y mediano agricultor obtendrá beneficios años tras año, o se verá endeudado y arruinado, atado de pies y manos por un contrato de 20 años de duración.
Valga un solo ejemplo para darnos cuenta de la dimensión real de lo que va a suponer el cultivo de jatrofa, muy lejos del aprovechamiento de “tierras marginales”:
La empresa española Bionor Transformación estaría preparando un proyecto para convertir 100.000 hectáreas de Filipinas en cultivo de jatrofa.
Si comparamos esto con la provincia de Guipúzcoa, en Euskadi, que tiene una superficie de 198.000 hectáreas, nos podemos hacer una idea de la dimensión que puede tener de este cultivo. Solo una empresa en un país puede plantar media provincia de Guipuzcoa. ¿Cuántas “provincias” podrán plantar todas las empresas en todos los países?
La jatrofa, planta de altos vuelos
Pero el piñón no solo está en el punto de mira de las empresas productoras y de algunos estados. Existen dos particularidades en la explotación de esta planta. Por un lado, detrás de su cultivo encontramos en muchas ocasiones a grupos de inversión de diferente procedencia, desde europeos hasta asiáticos, pasando por brasileños y estadounidenses. Incluso a un nivel más local es fácil encontrar muestras de interés por parte de pequeños grupos inversores que quieren poner en uso tierras sin aprovechamiento agrícola, esas mal llamadas tierras marginales, que en la mayoría de las ocasiones albergan una interesante riqueza biológica y mantienen el equilibrio natural.
La segunda particularidad es el interés que han mostrado empresas aeronáuticas y de fabricación de automóviles por esta nueva fuente de combustible, y en esta línea ya se han realizado varias pruebas de vuelos de aviones comerciales que han usado diferentes mezclas de agrocombustibles, basados en jatrofa o en otras especies vegetales. Sirvan de ejemplos los vuelos de Air New Zealand a finales de 2008, de Continental y Japan Airlines en enero de 2009, donde usaron diferentes proporciones de piñón. Técnicamente el aceite de jatrofa es idóneo para las características requeridas en aviación, lo que no es argumento para justificar el cultivo de miles y miles de hectáreas de terreno (sea este “marginal” o no) y usarlas como alimento de aviones y coches, en lugar de alimento para personas.
Jatrofa en Latinoamérica y el Caribe
Tal y como ocurre en otras partes del mundo, desde Latinoamérica y el Caribe se empieza a ver con muy buenos ojos este cultivo. Basta con hacer una pequeña búsqueda en Internet para encontrar infinidad de blogs y páginas web donde muchas personas se interesan por adquirir semillas o plantones de esta especie para transformar sus tierras en rentables cultivos de jatrofa. También es destacable la creación de la denominada Red Latinoamericana de Investigación Jatropha, un consorcio de centros de investigación, empresas y organizaciones de cooperación internacional de diversos países. Los planes para extender este cultivo llegan a Argentina, Brasil, El Salvador, Colombia, México e incluso hasta Haití.
Es interesante ver cuáles son las reacciones “sociales” al cultivo de la jatrofa, puesto que más allá de las medias verdades que rodean de un aire casi mesiánico a esta planta, en muchas zonas de Latinoamérica se ve este cultivo como una nueva amenaza a sus costumbres y formas de vida ancestralmente equilibradas con la naturaleza y el entorno. En Ecuador, por ejemplo, en zonas donde se ha cultivado la jatrofa al sur de Manabí, se ha observado que durante las épocas secas la planta deja de producir tres semillas por fruto, pasando a producir una sola semilla, debiéndose aportar agua en camiones cisternas para seguir con la producción óptima. Esto supone un alejamiento de la supuesta independencia que este cultivo aporta al campesinado, por otro lado, este monocultivo compite con especies de uso alimenticio, o incluso textil, muy arraigados en las costumbres de esos pueblos.
Si bien hasta ahora los grandes problemas con la jatrofa han venido apareciendo en la India y en África, es lógico pensar que en Latinoamérica será sólo cuestión de tiempo el que empiecen a aparecer problemas, sobre todo cuando las multinacionales fijen entre sus objetivos acaparar este incipiente mercado. Tal y como ocurrió con la palma aceitera o la soja transgénica, el cultivo del piñón no traerá independencia, ni riquezas al campesinado, sino que será otra nueva forma de someterlos al antojo del mercado. No hay que olvidar que en el momento que la producción mundial de aceite de jatrofa comience a ser significativa comenzarán los movimientos especulativos, que manejarán los precios para darle mayor beneficio a los de siempre, en detrimento de los de siempre”. Fuente: http://www.biodiversidadla.org/ 27-11-09
3. Una organización de otro orden internacional
Organización Mundial de las Crisis. La Vía Campesina lleva su mensaje ante la 7ª Conferencia de la OMC
La organización de base La Vía Campesina se hará presente en Ginebra en ocasión de la 7ª Conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), para recordarle a los ministros de los países de dicha organización que tienen una gran responsabilidad dentro del actual caos alimentario, dado que las políticas neoliberales de la OMC han sido catastróficas para el campesinado en el mundo.
“El ciclo de Doha –llamado ciclo del desarrollo- es sin más, un ciclo de desarrollo de crisis. Pascal Lamy, director general de la OMC, no ha cesado de presentar las políticas de su organización como una solución milagro para las economías del mundo. Tras 15 años de oposición a las políticas de la OMC, campesinos y campesinas en todo el mundo han rebautizado esta institución, la OMC, como la ‘Organización Mundial de las Crisis’”, señala el comunicado.
Según La Vía Campesina, la OMC es responsable de la política ultraliberal de la Comisión Europea, que amenaza con quebrar a la población agrícola. El comunicado señala que la huelga de la leche en Europa está relacionada con el abandono de las cuotas lecheras impuestas por el organismo, así como también indica que muchos campesinos en Suiza han comenzado una revuelta desde el pasado mes de septiembre “con el objetivo de denunciar la fragilidad en los precios de la producción y la influencia de los intermediarios”.
El comunicado también denuncia la influencia nefasta de los dictados de la OMC en países como Corea e India. Respecto a este último país, La Vía Campesina afirma: “Son decenas de miles de campesinos, hombres y mujeres, quienes desde comienzos de septiembre han inundado las calles de Delhi para enfrentar el gobierno a sus propias contradicciones. Mientras que de un lado, el ministro de comercio promete proteger la agricultura en la India, aprueba de otro lado una base de negociaciones en la OMC que pone en peligro los medios de subsistencia de más de 2/3 de la población en dicho país”.
Estas razones son el fundamento para que los referentes de las luchas campesinas concurran a Ginebra a fines de este mes, para denunciar los efectos de las políticas de la OMC y proponer sus alternativas, basadas en el derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos". Radio Mundo Real www.radiomundoreal.fm
Fuente: www.ecoportal.net/ 27-11-09
En consecuencia, el nuevo Estado será levantado por las luchas de todos los oprimidos y negados en sus derechos que se organizan no sólo contra la superexplotación tanto de los trabajadores como de la naturaleza sino, también, por otro modo de vida más de acuerdo con las necesidades e intereses de una convivencia en paz.
Por estos fines, se constituirá como democracias directas e indirectas que forman parte de las luchas por otro orden internacional.
Pero, a la vez, su estructura resulta de sistematizar a todas las luchas de enfrentamientos con los poderes establecidos en Argentina hacia convertirlo en garante de que las diversidades populares puedan autogestionar sus respectivos territorios en forma comunitaria y hermanadas entre sí y con los otros pueblos continentales, planetarios.
Correspondiente a la segunda hipótesis
El progreso de los de abajo hacia el buen vivir y la soberanía alimentaria plantea construir otro modo de producción desde las organizaciones que resisten a los poderes establecidos que llevan a cabo:
1. La criminalización y las industrias extractivas: hidrocarburos en la Patagonia
Diego Pérez Roig (Observatorio Petrolero Sur) informa:"El viernes 6 de noviembre fue creada en Neuquén la Asociación en Defensa de la Ley (ADeLey). La reunión inaugural contó con destacada participación de estancieros, miembros del radicalismo, Recrear y Opción Federal, y representantes de la petrolera Piedra del Águila. Preocupados por la “salud institucional” de la provincia, se presentan como víctimas de las “usurpaciones de tierras” llevadas adelante por la Confederación Mapuche. ¿Pero quién usurpa a quién? ¿A quiénes se persigue, amenaza y criminaliza? ¿En favor de qué intereses?
En recientes declaraciones el vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, informó que su Pueblo enfrenta en la provincia 32 causas penales (con más de 150 imputados), y advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente.
El fenómeno, al menos en su faceta mediática, tuvo su máxima expresión el 18 de octubre en el diario La Nación con la publicación de una nota titulada El regreso de la Araucanía. El artículo, incurriendo en una serie de mentiras y tergiversaciones, hacía hincapié en postulados que no resisten la menor contrastación. Entre otras cosas, se otorga crédito a las declaraciones de Carlos Sapag, productor rural y hermano del gobernador neuquino, quien sostiene que las comunidades mapuches reciben apoyo de las FARC y ETA en sus luchas territoriales, sin brindar la menor prueba al respecto, salvo las informaciones provistas por un diario chileno. Si bien desde el gobierno nacional condenaron este intento de criminalización, trascendió que la División Antiterrorista de la Policía Federal también está trabajando sobre esa hipótesis.
Por otro lado, en la nota en cuestión “se deduce” que las intenciones de los “indios” pasan por la instauración y el reconocimiento de un “estado mapuche”. Un proyecto de liberación nacional de esas características sólo es reivindicado por algunos sectores -como la Coordinadora Arauco Malleco, en Gulumapu (Chile)- y no es la posición hegemónica, ni el punto prioritario en las diferentes agendas del Pueblo Mapuche, incluso la Confederación Mapuche Neuquina planteo públicamente su crítica a esa posición.[5]
En todo caso, la avanzada tiene por objetivo la preparación del terreno y la obtención de consensos para reprimir más y mejor cualquier protesta, y si bien beneficia a las empresas petroleras y a otros sectores productivos que operan en territorio mapuche, se encuentra impulsada principalmente por las élites provinciales –sobre todo las rurales-, en alianza con diversos medios de comunicación.
Cabe remarcar que la persecución y la judicialización no se restringen únicamente a los pueblos originarios, sino que, en el caso de los hidrocarburos, también apunta contra aquellos trabajadores que buscan la reorganización sindical del sector, hoy dominado por grupos burocráticos aliados al poder político de turno y a los intereses de las operadoras privadas.
El avance de la frontera hidrocarburífera
La ola de reformas neoliberales que reconfiguraron el mapa hidrocarburífero argentino durante la década del 90’ resulta ineludible a la hora de dar cuenta del contexto actual y comprender la criminalización en ciernes. El proceso, que culminó con la privatización de YPF y la entrega del patrimonio nacional, presentó dos características importantes:
Un cambio de concepción respecto a los hidrocarburos, que dejaron de ser recursos estratégicos para satisfacer las necesidades energéticas del país, para convertirse en meros commodities, es decir, mercancías exportables como cualquier bien producido para el mercado externo.
La reforma de la Carta Magna en 1994, que dio rango constitucional a la federalización de los “recursos naturales”, y convirtió a las provincias en interlocutoras directas del capital privado.
En este cambio de concepción e instrumentalización fue fundamental la presión ejercida no sólo por parte de las corporaciones trasnacionales sino también por gobernadores y élites provinciales, que vislumbraban la posibilidad de contar con mayores ingresos fiscales y realizar negocios con las empresas que desembarcaran en sus territorios. Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, encabezó el lobby de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -OFEPHI- sobre los legisladores para que aprobaran la privatización de YPF en 1992.
La reforma constitucional de 1994, y más precisamente su artículo 124, representa la cristalización legal más importante del modelo de explotación de hidrocarburos vigente. Sin la provincialización hubiese resultado impracticable el proceso de desguace de YPF y el ingreso de numerosas compañías -grandes, medianas y pequeñas; de capitales nacionales, extranjeros y mixtos- y élites provinciales al “negocio petrolero”.
A contramano de su retórica nac&pop, en los seis años de gobierno kirchnerista se tendió a reafirmar todo lo establecido en la década del 90′: ni bien asumió, Kirchner promulgó el decreto 546/03[7], que puso fin a las zonas grises presentes en la legislación argentina, y que todavía continuaban generando conflictos entre la Nación y las Provincias por la explotación de hidrocarburos. También impulsó la sanción de la ley 26.197/06, conocida como ley corta, que se orientó en la misma dirección. Quizá la única diferencia significativa sea el mantenimiento de las retenciones a la exportación de crudo. Si bien este mecanismo no ha logrado detener la sangría en materia de reservas, por lo menos ha contenido los precios internos -desligándolos de las variaciones en el mercado internacional-, y ha permitido al Estado Nacional captar parte de la renta empresaria.
Del modelo heredado de los 90′, y reafirmado en esta década, se desprenden una serie de consecuencias fundamentales para la comprensión del fenómeno de la criminalización. En primer lugar, como el modelo vigente apunta exclusivamente a la rentabilidad empresarial y no a las necesidades sociales, durante casi veinte años se propició una sobreexplotación de las reservas probadas de YPF estatal, sin “reposición” -no se invirtió en nuevas prospecciones-, lo que ha llevado al país a una dramática caída de la extracción y las reservas de petróleo y gas.
De aquí se deriva la convergencia de intereses entre élites provinciales y empresas privadas respecto de la necesidad de expandir la frontera extractiva con la licitación de nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos. La connivencia no se inscribe únicamente en la posibilidad de concretar negocios privados a partir del desembarco de capitales, sino que tiene una raíz estructural. La escasa o nula diversificación económica de las “provincias petroleras” ha generado una enorme y creciente dependencia de las administraciones locales respecto de los ingresos derivados de las regalías hidrocarburíferas. Según datos oficiales, el peso de estos ingresos en el presupuesto 2009 de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut es del 8,5%, 26% y 30%, respectivamente. Más allá de las regalías, la incidencia de la industria hidrocarburífera es mucho mayor por la cantidad de actividades económicas que, directa o indirectamente, dependen de ella.
El panorama se completa con un inaudito poder de chantaje y negociación por parte de las operadoras privadas, que manipulando volúmenes de extracción y reservas, buscan obtener cada vez mayores concesiones de las gobernaciones provinciales y el Estado Nacional.
En suma, nos encontramos en un contexto en el que los ingresos del Estado Nacional -por retenciones a la exportación-, de las provincias -por regalías- y de las operadoras -por la comercialización de crudo y sus derivados en el país y el mercado externo-, dependen en última instancia de los volúmenes de extracción, que por otro lado, han quedado completamente subsumidos a la lógica y el afán de lucro de las compañías. El dominio que éstas ejercen sobre un recurso estratégico para los intereses del país y sus habitantes, las coloca en una posición inmejorable de cara a la negociación y la exigencia de un “clima favorable” para la inversión, es decir, la remoción de cualquier tipo de “obstáculo” que pudiera entorpecer la realización de negocios.
El Estado Nacional y los estados provinciales, lejos de verse eximidos de culpa y cargo, son los principales responsables de esta situación, y en última instancia, los que garantizan los intereses de las compañías privadas mediante la represión a trabajadores, comunidades y pueblos originarios.
Actores y políticas concretas
En este contexto podemos identificar una serie de actores y políticas concretas.
◘ El Gobierno Nacional: ha tomado nota de la alarmante baja en las reservas de petróleo y gas, buscando una política que subsane esta problemática y que al mismo tiempo no termine de socavar su imagen pública. Las marchas y contramarchas que se produjeron el último invierno en torno al tarifazo de gas tienen estrecha relación con este problema. En general, sus políticas han oscilado entre el beneficio de las empresas petroleras -mediante los planes Gas y Petróleo Plus, que otorgan subsidios, premios a la inversión, aumento de tarifas, etc.- y la captación de parte de la renta con las retenciones a la exportación. Finalmente, la atención a las demandas de consumidores y usuarios ha sido marginal, dependiendo en todo caso de su capacidad de movilización y presión.
Respecto a la criminalización de la protesta en los territorios directamente afectados por la explotación hidrocarburífera, observamos una complicidad que se expresa de forma variable. Por una parte, a través de la inacción y la prescindencia para poner un freno a este fenómeno, aún cuando está obligado y dispone de herramientas para hacerlo -convenios internacionales, disposiciones de la Constitución Nacional-; por la otra, con una indisimulada intervención, como ocurrió en la localidad de Las Heras en el año 2006 [11]. En aquella oportunidad, luego de la represión a los trabajadores, el lobby de las compañías petroleras y la Sociedad Rural logró la instalación permanente de un Escuadrón de Gendarmería Nacional.
◘ OFEPHI: conformada por las provincias productoras de hidrocarburos, con participación preponderante de las operadoras, y en menor medida de las organizaciones sindicales. Presenta una sólida confluencia de intereses entre las empresas, que buscan ensanchar sus márgenes de ganancia, y los estados provinciales, cuyas economías dependen en mayor o menor medida de los ingresos por regalías hidrocarburíferas. La complicidad estructural de las provincias con el modelo vigente ha convertido a los gobernadores en portavoces de las compañías petroleras en sus reclamos a la Nación, y ha colocado al conjunto de la administración pública –poder ejecutivo, legislativo, judicial y aparato represivo- al servicio de esos intereses.
◘ Empresas medianas: Se trata de empresas que cobraron relevancia a partir de la expansión de la frontera extractivista y la presencia de mayores incentivos a la exploración y explotación, ocupando aquellos bloques que las empresas más grandes descartan por sus menores márgenes de factibilidad y/o rentabilidad. El caso paradigmático en Argentina es el de Pluspetrol S.A.
Pluspetrol tiene concesiones en dos zonas de alta conflictividad. Asociada con Enarsa está presente en el centro de la provincia de Neuquén, en los bloques Zapala y Laguna Blanca, donde afecta el territorio de catorce comunidades mapuche. La otra zona candente es la cuenca del Ñirihuau, en el suroeste de Río Negro, donde ingresó asociada a Repsol. Esta compañía “argentina” tiene gran experiencia en violaciones de derechos indígenas y represión, y es uno de los focos de conflicto en la Amazonía peruana, donde se la acusa de prestar sus instalaciones para la aplicación de torturas a indígenas.
◘ ONGs y Fundaciones corporativas: están ocupando un rol cada vez más importante, facilitando el ingreso de las compañías en territorio. Asesorando o trabajando de manera conjunta con las empresas, buscan subsanar todas aquellas necesidades de la población potencialmente afectada que han quedado desatendidas ante la retirada del Estado. Su papel es sumamente importante en la medida en que estas campañas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) han allanado el terreno para la inserción “amigable” de la empresa con la comunidad, sirviendo como “amortiguadores” del conflicto social.
Conflictos laborales y la pelea por la tierra
El desarrollo de la industria hidrocarburífera permite visualizar la presencia de dos tipos de conflictos:
☼Territoriales: ocasionados por un avance de la frontera extractivista sobre áreas protegidas, poblaciones locales y pueblos originarios, que compromete seriamente su existencia o supervivencia. Precisamente, uno de los sectores más golpeados por esta expansión han sido los pueblos originarios. En todos los casos se han vulnerado derechos amparados por acuerdos internacionales -como el Convenio 169 OIT-, la Constitución Nacional y normas provinciales.
Integrantes de estos pueblos han sufrido -o sufren- persecución, por impedir el ingreso de las compañías petroleras en sus territorios, y el avasallamiento de su forma de vida. La lucha del Pueblo Mapuche es la que tiene mayor visibilidad en este sentido. Un ejemplo es la resistencia de la comunidad Huenctru Trawel Leufu -en Picún Leufú- que desde mediados de 2007 impide el ingreso a Petrolera Piedra del Águila, que intenta hacer trabajos de exploración. Ese conflicto ha pasado por diferentes instancias de negociación -en las que participaron el Gobierno provincial, la Confederación Mapuche Neuquina y la empresa- pero ninguna de ellas llegó a buen puerto. La puja está caracterizada por la judicialización y la violencia extrema, denunciándose el accionar de civiles armados al servicio de la petrolera -que amenazaron y atentaron contra la comunidad- y de la policía provincial -por liberar zonas.
Huenctru Trawel Leufu es sólo un hito en la resistencia del Pueblo Mapuche a la actividad de empresas petroleras; desde mediados de la década del ‘90 los enfrentamientos se dieron en diferentes puntos del territorio ancestral. La lucha de las comunidades Kaxipayíñ y Paynemil por la descontaminación del territorio y contra el Proyecto Mega[18], en Loma de La Lata, puso el tema sobre la mesa. Poco después el conflicto se trasladó a las cercanías de Zapala y Cutral Co, donde Logko Puran y Gelay Ko también dijeron no a las petroleras; en cada uno de estos procesos se atravesó períodos de criminalización, judicialización y represión. Se trata de una situación semejante a la que viven comunidades de los Pueblos Wichi, Tapiete y Guaraní en la provincia de Salta.
En general, pese a su heterogeneidad, observamos en el reclamo de algunas comunidades indígenas un mayor grado de “radicalidad”, entendiendo ésta como la posibilidad de avanzar en una crítica que cuestione al sistema de raíz. En efecto, la defensa de muchas pautas y formas de vida ancestrales constituye un desafío no sólo para el modelo de extracción y explotación de hidrocarburos vigente, sino también para la matriz energética del país y las relaciones sociales que sustenta.
☼ Gremiales: podemos distinguir un sector burócrata ligado a las gobernaciones y los intereses de las operadoras, que conduce los sindicatos de petroleros privados de Neuquén y Río Negro, Chubut y Santa Cruz, y otro sector vinculado a la FeTERA en la CTA. El reciente conflicto en la provincia de Santa Cruz resulta paradigmático a la hora de señalar las diferencias entre ambos grupos. Los trabajadores iniciaron la huelga ante la negativa de las operadoras de otorgar un incremento salarial del 20%. Luego de 19 días de conflicto -que implicó despidos, cesantías y amenazas para numerosos huelguistas- la conducción del Sindicato firmó un Acta acuerdo, con las operadoras y la gobernación provincial, sumamente desfavorable para los intereses de los trabajadores ya que prácticamente prohíbe y pena cualquier forma de lucha de ahora en más]. Además se inició una campaña de persecución entre aquellos sectores que buscan la reorganización sindical del sector. Uno de los casos más conocidos es el de Víctor Chamorro, trabajador petrolero de Cañadón Seco, que ha sido intimidado en numerosas ocasiones con telegramas de despido, e inclusive ha sido víctima de un atentado el 5 de octubre.
Si bien la criminalización asume diversas formas -represión directa, judicialización, discriminación, estigmatización-, no debemos perder de vista las disputas económico-sociales que la subyacen. Comprender las causas de este fenómeno resulta fundamental a la hora plantear una estrategia ofensiva que cuestione al modelo de conjunto.
* Escrito en base a la ponencia presentada por el Observatorio Petrolero Sur en el Foro Regional Patagonia: Conflictos territoriales, criminalización y derechos humanos. 6 y 7 de noviembre. Sala de prensa de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Provincia de Río Negro.
Fuente: opsur.wordpress.com /25-11-09
2. La violencia o guerra de la devastación, la catástrofe socioambiental y el empobrecimiento
Walter A. Pengue, en “El mundo no aguanta más…Cambio climático, crecimiento económico y pobreza”, asevera: "En Copenhague se tendrá que pensar mucho más que sólo en mitigar o adaptar, como se viene impulsando, sino en discutir seriamente este alocado modelo de globalización consumista. El globo terráqueo no puede ni debe seguir las metas de consumo de Estados Unidos. No nos alcanza el mundo. Debemos promover el decrecimiento económico sostenible, con más empleos verdes y solidarios en las economías hiperdesarroladas y la disminución de sus consumos desenfrenados (lo mismo que en los enclaves hipertrofiados y consumistas de los países pobres) y por otro lado, el crecimiento sostenible de las economías en desarrollo, para alcanzar una escala mínima de escala humana (alimentación, educación, salud, derechos al buen vivir)".
"Mientras las tasas de crecimiento de la economía global sigan expandiéndose en números totalmente desconectados de su base de sustentación real, la naturaleza, el camino de nuestra especie como tal es uno sólo: el abismo.
Según algunos analistas, la tierra se “inició” sin el hombre y también “terminará” sin él. Podemos concordar o no con parte de este mensaje, pero si entenderlo como un alerta temprano frente a nuestra irracionalidad económica y social. Es también un importante grado simbólico de la amenaza que representamos como especie para el planeta. Sin embargo, fue en el siglo pasado y en el que actualmente ya atravesamos, el momento en que hemos logrado desarrollos tecnológicos fenomenales y también vencido (en relación con nuestra historia), desequilibrios e inequidades humanas que eran realmente brutales.
Pero por otro lado, lamentablemente para la visión de la economía global y de la mayoría de los decisores políticos y de algunos líderes del mundo, la única manera de resolver la “ecuación económica y por tanto la del bienestar” es seguir creciendo. Y cuando, esta tasa de crecimiento sea, más alta, mejor. Sólo algunos gobiernos, por convicción real como los de Evo Morales o Rafael Correa y otros quizás siguiendo la postura de moda de algunos economistas como Stiglitz, tal el caso de Nicholas Sarkozy, comienzan a incorporar en sus discursos la idea del bienestar humano, promoviendo el cambio de índices ya tan arcaicos para medir el “desarrollo económico” como el PBI por otros, que incorporen medidas como la calidad de vida de toda la población involucrada, o el “buen vivir”.
La propuesta no es menor en los tiempos que corren, cuando prácticamente asistimos a un nuevo y muy posible fracaso en la cumbre de Cambio Climático de Copenhague, y cuyos impactos se focalizarán mucho más sobre los países en vías de desarrollo que sobre los desarrollados y en particular sobre sus poblaciones más pobres y vulnerables.
La discusión mundial de los gobiernos, muchos científicos y grupos de presión se centran en los mecanismos de mitigación y adaptación que se requerirán para hacer frente al mismo, intentando salvaguardar con estos mecanismos, tanto a la generación actual como en particular, a las generaciones futuras y (por qué no decirlo) a las otras especies y ecosistemas del planeta.
Ya en 1990 se habían asumido, por parte de una buena parte de los científicos del mundo, los impactos catastróficos por venir con el cambio climático. Prácticamente 20 años después muy poco hemos hecho y en países como la Argentina la situación puede hacerse también, muy compleja. A pesar de ser “por país”, un estado que suma poco a los gases de efecto invernadero global (estos son en particular el dióxido de carbono, pero también el metano (aportado por la ganadería o los basurales por ejemplo), el óxido nitroso (proveniente de la industria y la agricultura), los hidrofluorocarbonos (refrigeración), perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre), su perfil de aportes ha crecido en los últimos quince años, aumentando en un 50% en el caso de la energía, un 100% en relación a los procesos industriales, un 100% respecto de los residuos y un 30% considerando a la agricultura. No obstante lo más grave para el caso argentino tiene relación con los aportes dados, en particular en la última década (2000 a la actualidad) donde los cambios de uso del suelo devenidos en particular de la deforestación para liberar tierra de bosques nativos y también hasta de montes implantados para la agricultura, parece no tener freno. Incluso con la existencia ya de una legislación para la protección del bosque nativo, que por trabas burocráticas provinciales y ahogo estatal derivado en la falta de inyección de recursos económicos tiene al instrumento más en el papel impreso que en el terreno donde el bosque se hace papel.
Copenhague no es una discusión “ambientalista”. Se ha convertido en una discusión económica, donde unos países, los más ricos harán la mayor cantidad de esfuerzos por aportar la menor cantidad de dinero posible para subsidiar a las medidas de mitigación y adaptación de las economías pobres (¡y garantizarse el seguir con sus estilos de vida y de consumo!) y estas, asisten con “la esperanza” de lograr “fondos frescos” que les permitan, seguir subsistiendo.
Un tercio o poco más de la población mundial vive en áreas de borde costero hasta unos 100 km de esta línea. Es una de las porciones de la humanidad en mayor riesgo, por la llegada de mayores inundaciones y eventos climáticos extremos. Argentina no está exento de ello y los principales impactos se perciben ya en la Cuenca del Plata, en particular en su porción inferior. Pero también se encontrarán en riesgo el noroeste argentino y el noreste, situaciones a las que estamos ya sumando con claridad la mano del hombre, en particular por la implementación de un modelo extractivo agrícola, que está eliminando las áreas boscosas nativas.
El bosque no es importante sólo por su cuestión estética o paisajística. Lo es y mucho más por los servicios ambientales que presta: mitigación de las inundaciones, regulación del clima, atemperación de la sequía, mantenimiento de la biodiversidad, sostenimiento de la base alimentaria (miel de palo, carne de monte, medicinas naturales) de nuestros pueblos originarios y todo esto tiene valor y no solo el precio coyuntural de la tierra que lo sostiene.
Ese valor se entiende hoy más cuando en parte por estos efectos complejos e integrales se reflejan en la aparición de eventos extremos como sequías e inundaciones, con costos sociales y ambientales numerarios. Los más de diez millones de hectáreas afectadas y creciendo, deberían hacernos reflexionar a tiempo. Mientras en Entre Ríos y Corrientes se lucha contra la inundación, sacando ahora animales de lugares donde nunca debieron haber estado ni pastado o en el oeste, centro, sur de Córdoba, el Chaco, el oeste bonaerense, La Pampa o Santiago del Estero donde la sequía golpea sobre la soja por implantarse o recién implantada, donde tampoco debería nunca haberse sembrado o expandido hasta allí. Si no llueve de las casi 20 millones proyectadas para esta campaña, un 25% ya se verían imposibilitadas de ser sembradas.
Muchas de ellas (no todas), provenientes por supuesto, de tierras con bosque nativo, hoy deforestado. Catástrofe ambiental o imprevisibilidad humana. De ambas cosas y el cambio climático que comienza a sumarse por estas Pampas. Quizás como algunos investigadores plantean, habrá “más agua”, pero la recurrencia de fenómenos extremos obliga a prever formas de manejo más racionales y que acompañen a los ciclos de la naturaleza y no a los de la economía. En este sentido, en Copenhague se tendrá que pensar mucho más que sólo en mitigar o adaptar, como se viene impulsando, sino en discutir seriamente este alocado modelo de globalización consumista y algunos países de América Latina tienen propuestas y modelos que llevar y poder mostrar. El globo terráqueo no puede ni debe seguir las metas de consumo de Estados Unidos. ¡No nos alcanzan los mundos! China no debe tampoco seguir este modelo. Debemos seguir otro sendero. Promover el decrecimiento económico sostenible, con más empleos verdes y solidarios en las economías hiperdesarroladas y la disminución de sus consumos desenfrenados (lo mismo que en los enclaves hipertrofiados y consumistas de los países pobres) y por otro lado, el crecimiento sostenible de las economías en desarrollo, para alcanzar una escala mínima de escala humana (alimentación, educación, salud, derechos al buen vivir). Acompañar las tasas de crecimiento negentrópica (las provenientes de la única fuente verdadera de energía que es la solar), del 1 al 3% dependiendo de los ecosistemas y no mucho más. En los niveles tecnológicos actuales y de productividad global, el hecho que la tecnología haga crecer a la economía en niveles del 3,5% como mínimo, estaremos de seguro enfrentando problemas de empleo, siempre y cuando, no se piensen estos empleos de otra manera, totalmente distinta a la forma actual de ver el trabajo que es medido solo en términos de “productividad”. Es posible, que de cara al abismo, una humanidad más solidaria reconsidere la existencia de otras formas de entender el trabajo.
El último gran cataclismo financiero del año pasado tiró por la borda en poco menos de unos meses, las previsiones sobre el hambre en el mundo, planteadas por organismos como la FAO en su errática política de alimentación y aportó a la ecuación de la pobreza unos 1.100 millones de pobres y hambreados (en pocos meses, 200 millones más de hambrientos). El impacto climático, que es una consecuencia directa de las políticas de crecimiento de la economía industrial de los últimos 200 años, no puede ser pagado por ellos.
Los pobres no piensan en el cambio climático. Piensan en comer. Por lo tanto, la crisis financiera ha podido más (por lo menos más rápido) generar más daños a la población global que la crisis climática.
Pero esto ha sido solo una advertencia. El efecto combinado
nuevamente en el futuro de ambas crisis tendrá consecuencias impredecibles. Hay
que actuar ya, y la responsabilidad está en manos de las economías ricas, de la
disminución de sus pautas de consumo de materiales y de energía y en los países
pobres en resguardar sus recursos naturales, en ponerlos en valor real ya (quién
valora los nutrientes que se “vuelan” hoy en Córdoba o el Chaco, el agua virtual
consumida para productos de exportación que no necesitan los argentinos, los
servicios ambientales que disminuyen o evitan inundaciones o catástrofes!) y en
no seguir a pie juntillas, el canto de sirenas de la economía ortodoxa y la
alocada carrera por el consumo superfluo, que nos ha traído hasta este punto.
www.ecoportal.net
02-12-09
3. El embaucamiento sobre la responsabilidad social de oligopolios y la posibilidad de acotar la destrucción
Guadalupe Maqueda sintetiza la forma en que mienten para imponer el saqueo y la devastación al comenzar con la afirmación: "La megaminería no tiene control posible, es inherentemente contaminante" del presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Matías Viale, de visita en Neuquén.
Entrevista a Enrique Matías Viale con motivo de que en: Neuquén.- Hoy podría aprobarse el proyecto de ley del diputado provincial Hugo Goncálves (Alternativa Neuquina) que permite la explotación minera pero con controles medioambientales en la provincia. La iniciativa genera amplia preocupación en sectores de la sociedad que defienden el medio ambiente.
Y en su paso por esta ciudad, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AA de AA), Enrique Matías Viale, consideró que el proyecto en juego terminará por legalizar la megaminería en Neuquén.
La discusión, según dijo, se comprende como parte de un proceso de “avance sistemático” en una Argentina que, sin embargo, no tiene tradición minera. Invitado por la Coalición Cívica y el ARI, el abogado realizó una serie de actividades la semana pasada, vinculadas a la problemática.
“La megaminería no es la minería tradicional sino que es una nueva modalidad de explotación, imposible de controlar”, sostuvo Viale en una entrevista con La Mañana de Neuquén.
¿Qué la distingue?
Las características, dimensiones y modalidades de explotación. Esta megaminería se realiza a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas como el mercurio, el cianuro y el acido sulfúrico. Además, lo que hace irreversiblemente insustentable a esta actividad, es la utilización que realiza del agua y la energía.
Sin ir más lejos, la minera La Alumbrera (Catamarca), el primer emprendimiento en la Argentina de este tipo, utiliza 100 millones de litros de agua por día, lo mismo que utilizan 500 mil personas. También requiere más energía que toda la provincia de Catamarca.
¿Cuáles son los escenarios de conflicto que gesta su aplicación?
Uno de ellos es la devastación ambiental. El primero de los tres paradigmas de la megaminería. La ecuación ambiental es irreversiblemente negativa. Además de que no es posible controlarla, genera una disputa por el agua en la población.
A esto se suma una política de saqueo económico encubierta, que propone espejitos de colores. Pintan escuelas, regalan ambulancias, compran voluntades. En este contexto, la Ley Nacional 24.196 -de inversiones mineras- procura exenciones impositivas irracionales para las mineras trasnacionales.
¿Por ejemplo?
Les ofrece estabilidad fiscal por 30 años. No pagan impuestos de importación de bienes de capital y tienen un tope a las regalías. Las provincias no pueden cobrar más del 3%. Y una nueva modificación introducida a la ley redujo el valor de boca de mina, de modo que por cada 100 dólares de minerales que se llevan pagan solo 1.4% de regalías. Tampoco tienen que liquidar las divisas en el país.
Además de devastación ambiental y saqueo económico, ¿qué otro paradigma viene asociado a la actividad?
El de devastación institucional, cuyo máximo exponente es nacional: el veto presidencial a la Ley de Glaciares. Sancionada por unanimidad, esta norma prohibía la actividad en glaciares y ambientes periglaciares. Pero se veta de forma deliberada para beneficiar el emprendimiento binacional Pascua Lama (San Juan), por cuanto se desarrolla en glaciares y ambientes periglaciares.
Sirva de ejemplo para ilustrar la devastación de instituciones democráticas, proceso que promueve a su vez relaciones entre gobernadores y empresarios mineros. Es el caso del gobernador de San Juan (José Luis Gioja) y su vínculo con la empresa Barrick Gold.
El propio secretario de Minería de la Nación (Jorge Mayoral) comparte directivos con esta empresa. Por eso decimos que se debe hacer un análisis conjunto de la problemática. No es solo una cuestión ambiental sino institucional y económica.
¿Qué consideraciones realiza en el plano provincial?
Vemos con mucha preocupación el proyecto Goncálves, que utiliza el mismo lenguaje de las transnacionales, aquellas que dicen que la actividad puede ser regulada con controles. Y esta no tiene control posible, porque es inherentemente contaminante.
La provincia de Neuquén parece que se quiere encaminar hacia eso, aunque existe la forma de enfrentar esto: con una ley que la prohíba. Y no es una petición absoluta e irracional. Hay siete provincias que tienen legislación prohibitiva, producto de la gran movilización social que existe en el país.
Estas son Río Negro, Chubut, La Rioja, La Pampa, Tucumán, Córdoba y Mendoza. Queda afuera Santa Cruz, San Juan y Catamarca, las tres provincias que actualmente llevan a cabo megaemprendimientos mineros.
Estamos convencidos de que con una aplicación efectiva de los principios precautorio y preventivo, que obligan a prevenir el daño, la megaminería debería estar prohibida.
La lucha contra la megaminería se vislumbra claramente en Neuquén y en el país, donde ya hay más de 70 asambleas conformadas. Es que se está empezado a comprender que la problemática ambiental es una problemática de derechos humanos.
¿Por qué realiza esta vinculación?
Porque el ambientalismo no puede desprenderse de la cuestión social. Es la sociedad la que más sufre la degradación ambiental. La contaminación hace más pobre al pobre. Y una radiografía de eso es el Riachuelo.
¿La nada, es una visión de la realidad. Hacemos un análisis completo que incluye el desarrollo económico, social y cultural. Nosotros no estamos en contra de la producción, del des
postura que toma no es apocalíptica?
Para
arrollo de la sociedad. No queremos volver a la época del fuego. Esta minería no es tradicional en la Argentina, es importante decirlo.
Y como alternativa proponemos el desarrollo de actividades productivas, aunque sabemos que hay productores locales donde el Estado se retira. Esto no es casual. Cuando esta actividad intenta desarrollarse, se empieza a retirar para hacer creer que no hay otra forma de progreso.
¿La minería no deja nada para los pueblos?
Nosotros creemos que el actual ordenamiento legal que existe de la actividad minera en realidad lo que produce es un saqueo. La ley de inversiones mineras beneficia a las empresas con una serie de exenciones impositivas. Además, en las cuestiones ambientales no se pone muchas veces en la cuenta final a los pasivos ambientales, porque estos finalmente se terminan socializando. Ocurre, por ejemplo, con el Riachuelo.
En la provincia, a pesar del proyecto de ley de Goncálves, el TSJ suspendió el proceso administrativo de un proyecto –Emprendimientos Mineros- en Loncopué …
Estamos al tanto. Es un fallo muy importante en la lucha que se está dando en toda la cordillera contra la minería porque por primera vez se hace efectivo el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta previa de los pueblos originarios. Esto marca un hito a nivel país en la lucha contra la megaminería, aunque no termina de detener la actividad.
¿Que elementos jurídicos tiene un particular o una organización para llevar adelante su demanda?
La acción de amparo es una herramienta jurídica suscripta en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que expresamente refiere a cuestiones medioambientales. Esta intenta hacer efectivo el artículo 41 que consagra el ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Pero también existe la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
¿Los abogados tienen basamento jurídico suficiente para llevar a buen puerto esta demanda?
Hay instrumentos legales. El problema en la Argentina es la falta de aplicación efectiva. Pero existen. Está la Ley General del Ambiente -25.675- que establece principios e instrumentos de gestión ambiental. Entre ellos menciono el precautorio y preventivo. El desafío del momento en el derecho ambiental es poder difundir estas herramientas, su verdadero alcance y como transformar con ellas todo el ordenamiento jurídico".
La Mañana, Neuquén
www.lmneuquen.com.ar
Fuente:
www.ecoportal.net / 2-12-09
En consecuencia, el nuevo modo de producción se arraigará al convertir la lucha contra el modelo extractivista en una organización conjunta de la diversidad popular en cada lugar, provincia, región y país para establecer las bases socioeconómicas del desarrollo hacia la soberanía alimentaria y el buen vivir. Esto obliga a prever formas de manejo de los territorios como totalidades interrelacionadas e históricas y en armonía con los ciclos de la naturaleza en vez de acordarlos con los de la economía propia al imperialismo colectivo.
Correspondiente a la tercera hipótesis
El progreso de los de abajo hacia el buen vivir y la soberanía alimentaria plantea organizar:
1. La multiplicación de la deliberación conjunta en torno a los problemas que afligen
Argenpress.info nos introduce en la necesidad de facilitar la liberación de manipulaciones de los poderes establecidos:
Argentina, Córdoba: Crisis hídrica y shock social
por Gustavo Spedale (CCODAV* - PRENSA RED)
"La catástrofe hídrica producida en Córdoba entre octubre y noviembre del 2009, y el uso de la misma para elevar las macro ganancias del grupo Suez - Roggio, retrata groseramente aquello que Naomi Klein describiera como “la doctrina del Shock”.
“...Así funciona la doctrina del shock: el desastre original – llámese golpe, ataque terrorista, colapso del mercado, guerra, tsunami o huracán, lleva a la población de un país a un estado de shock colectivo.
“... las sociedades en estado de shock a menudo renuncian a valores que de otro modo defenderían con entereza...”
“...la doctrina del shock, es una filosofía de poder sobre cómo lograr sus propios objetivos políticos y económicos, que sostiene que la mejor manera, la mejor oportunidad, para imponer ideas radicales de libre-mercado es en el período subsiguiente después de un gran choque. Ahora bien, ese choque podría ser una catástrofe económica. Podría ser un desastre natural...”
Naomi Klein “la doctrina del Shock”
Mientras numerosos pueblos del interior provincial en las Sierras Chicas, Punilla, Calamuchita y el Norte cordobés clamaban por una gota de agua, Suez – Roggio (Aguas Cordobesas) y el gobierno de Córdoba montaban una gigantesca campaña mediática, culpabilizando a los cordobeses de la capital, de ser hiperconsumidores compulsivos de 400 lts. de agua por día/persona y responsables de lo que denominaron “crisis hídrica provincial”.
Al ritmo que “su crisis instalada” y la otra, la real, adquiría ribetes de tragedia en gran parte del territorio provincial; sin compasión los medios de desinformación capitalizaban para su proyecto imágenes, audios y relatos de personas desesperadas por sed o sitiadas por los incendios en el interior provincial, que clamaban por las lluvias ausentes.
Este juego macabro, diluía la complicidad manifiesta del gobernador Schiaretti y las responsabilidades de los pool sojeros e inmobiliarios en la desertificación de más de 5 millones y medias de hectáreas, botín de guerra para la campaña de siembra 2009-2010 del monocultivo de soja transgénica y el desordenado avance inmobiliario que transformo Córdoba en ventoso y erosionado desierto, producto de haber talado e incendiado intencionalmente más del 97% del bosque nativo, hiriendo de muerte el ciclo natural del agua y el delicado sistema hídrico de la región semiárida de Córdoba que tras años de agresiones dijo basta.
Otra clave de la puesta de escena mediática, fue la aparición repentina de un “comité de emergencia”, liderado por la inefable comunicadora de Aguas Cordobesas (Suez Roggio) Marcela Dávila, y sus letanías de marketing empresario memorizado, acusando a los “clientes derrochones” (por los usuarios de la capital).
El obediente comité, controlado por Aguas Cordobesas, también lo integraron el ERSEP (órgano de descontrol de las privatizadas), la Municipalidad de Córdoba (en proceso judicial por contaminar el Rio Suquia y arrojar líquidos cloacales sin tratamiento) y la ex DIPAS (des jerarquizada a inservible subdirección).
Su primera decisión fue otorgarle todo el poder a Aguas Cordobesas para determinar los consumos domiciliarios excesivos de la capital; así ungida como árbitro de la crisis hídrica, el rostro de la comunicadora Dávila, desde la pantalla de televisión, diariamente nos informa de su cruzada contra el derroche, con sus recetas de lavado de dientes, o ahorros en el inodoro o la ducha, para que bajemos de los 400 litros por persona que dicen consumimos, a los 250 litros por cápita que Roggio - Suez, dicen es el consumo ideal.
Otra maniobra urdida, fue la creación de una especie de “comando inquisidor del agua”, compuestos por 12 inspectores de Aguas Cordobesas Suez Roggio) y la municipalidad, bajo la cobertura legal del ERSEP (que debería controlar a AC, no a los usuarios), luego de inspeccionar 84 barrios, entre las 6 y las 24 horas durante 4 días, los sabuesos sólo encontraron 25 “derrochadores” entre las 450.000 conexiones de A. C.
La CCODAV resiste: Tanques comunitarios en hogar III (UNIDHOS) y “conexiones de pecho” en Villa los tinglados (MTR)
Lo que no dicen los inquisidores del agua:
• Aguas Cordobesas no paga el agua que nos vende, ya que el gobierno les regala nuestra agua de los diques San Roque y Los Molinos, sin que paguen un centavo de cannon.
• El mayor derroche de agua tratada lo produce Aguas Cordobesas, que nunca reemplazó cañería de red obsoleta, que hoy son un verdadero colador y tienen un derroche del 30%. (porcentaje de perdidas aceptado en ciudades que no realizan balance hídrico como el caso Córdoba)
• Desde la planta potabilizadora Los Molinos (Sur de la ciudad), salen 2.000 litros por segundo de los cuales se pierden 600 litros/segundo o sea 2.160.000 litros en una hora.
• De la planta potabilizadora Suquia (Norte de la ciudad) salen 5000 litros/seg. y en el camino a los domicilios se pierden 1.500 litros por segundos, es decir 5.400.000 litros por hora.
Según el informe presentado por A. C. y la consultora privada de Suez, JVP en algunos meses del año 2008, Aguas Cordobesas declara más de diez roturas de cañerías de diverso diámetros, con promedios de nueve horas diarias de derroches en caños de envergadura, lo que significa millones y millones de litros de agua derrochada por día y sin control, dado que el insumo agua les sale gratis.
Sólo basta verificar información periodística del 11/ 11/2009 en días de plena “crisis hídrica” cuando los sabuesos de Suez – Roggio estaban en plena faena de detectar “derrochones”, verdaderos ríos de Agua salían de un caño roto que permaneció por mas de 20 horas en calle José Superi de barrio Sargento Cabral, inundando varias cuadras del barrio; el día anterior otro verdadero río de agua corría por las calles de villa Páez durante muchas horas, en la calle Los Ticos, otro caudal de agua brotaba desde otra rotura de red.
Al tiempo que el ERSEP anunciaba las sanciones y colocación de medidores a los derrochadores, el 23/11/2009, el Polo Sanitario en Bajada Pucará, se transformaba en cauce de una gran correntada de agua desperdiciada por un caño que privó de agua durante muchas horas al hospital de Niños y al San Roque.
Los canales de Córdoba otra fuente de derroche
• Los dos ultra contaminados canales, Norte y Sur, destinados al riego del cinturón verde de la ciudad nacen en el Dique Mal Paso, aguas abajo de la Calera, fueron construidos hace mas de 100 años y pierden en su trayecto el 50% del agua que conducen por infiltración y evaporación, además de regar al igual que 100 años atrás por el método de inundación, donde se pierden otro gran porcentaje de agua en las 6.000 hectáreas que riegan estos canales.
• Cuatro mil hectáreas más son regadas por este método de alto derroche (inundación) desde el canal los Molinos Córdoba en un sector sur de la capital que de “cinturón verde” se va transformando en “sojizado desierto verde”.
Los negocios primero
El shock de la “crisis hídrica”, encontró a los gobernadores Schiaretti (Córdoba) y Binner (Santa Fe) de gira por Malasia, cerrando negociados del plan IIRSA para la llamada “Región Centro” y rápidamente sacaron provecho de la tragedia, anunciando la más traumática de las soluciones, el trasvasamiento de cuencas por el acueducto Santa Fe – Córdoba, que deberá superar más de 500 km. de distancia y más de 500 m. de altura en contra pendiente, con el objetivo subyacente de favorecer la agroindustria transnacional y el exigente regadío de monocultivos de granos transgénicos en las áreas mas productivas de las dos provincias.
Estas obras faraónicas (trasvasamientos), fracasaron en varias partes del mundo por el impacto ambiental y social que producen, a la vez que demostraron ser ineficaces para suplir la falta de agua en periodos de sequía, afectando tanto la cuenca donante como a la receptora y produciendo graves conflictos entre regiones, además de profundos daños en los ecosistemas hídricos.
Fracasos anunciados como el todavía no inaugurado trasvasamiento del dique en extinción y ultracontaminado San Roque (la Calera) a la cuenca de Rio Ceballos (dique La Quebrada casi extinguido), no presagian que los trasvasamientos de Schiaretti y Binner sean soluciones para el agua de consumo humano, y sólo se perfilan como negocios para los Pools sojeros y las empresas contratistas de obra pública.
Estado de las reservas de agua: dique la quebrada en Río Ceballos y San Roque Carlos Paz
El gobernador aprovechando la tragedia, también arremetió en la defensa del parchado canal de riego a cielo abierto (no acueducto) “Los Molinos Córdoba” destruido por déficits constructivos estructurales, ocasionados por la empresa Roggio que construyó para riego este antiguo trasvase de la cuenca del Xanaes a la cuenca del Suquia.
Continuando con sus promesas de crisis, el gobernador aseguró que duplicaría el caudal con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) una de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) que financian el plan de saqueo de la Integración de la infraestructura regional Suramericana (IIRSA)
Pero lo grave de este canal a cielo abierto es que atraviesa 64 km. entre miles de hectáreas de campos de soja transgénica, actuando como receptáculo de miles de litros de agrotóxicos que luego ingieren los 360 mil cordobeses que viven en la zona sur y consumen agua de La planta Los Molinos, sin que la justicia se expida sobre la denuncia penal por envenenamiento, presentada por numerosos vecinos e impulsada por la CCODAV.
Pareciera que a la justicia y autoridades, les basta la palabra de Marcela Dávila de Agua Cordobesas, por lo que se deberían hacer cargo junto a directivos de la empresa, gobernadores, intendentes y funcionarios por las muertes, enfermedades y malformaciones que se pudieron producir en mas de doce años de venenosa impunidad, dado que el gobierno provincial, disolvió los laboratorios de la DIPAS, otorgando licencia para que Aguas Cordobesas se controle así mismo o por su propia consultora privada llamada JVP, que anualmente presenta un informe al ERSEP que nadie lee, ya que sus análisis carecen de todo tipo de seriedad .
Otra causal de la crisis hídrica es el “vaciamiento del lago San Roque” rebajándole la cota en 2,30 metros, para favorecer emprendimientos inmobiliarios en el propio lecho del lago, como puerto San Roque y otros, ya que desalojaron en tiempo de acumulación por lluvias 60 Hm3 de agua y dado que 1 Hm3.; equivale a 1.000.000 de m3 y a 1.000.000.000 de litros. Con el agua que se tiro al cauce del Rio Suquia, se podría haber llenado más de 10 veces el dique de Río Ceballos que embalsa solo 3 Hm3, que hoy serian imprescindible para el sistema.
Una vez que consideraron que los cordobeses ya ingresamos al “estado del shock” y lluvias mediante, emergieron las intenciones del gobierno provincial y la empresa, que no son otras que los cordobeses paguemos la “indemnización” acordada entre Schiaretti y la transnacional Suez-AGBAR, propietaria del 10% de las acciones y operadora oficial de Aguas Cordobesas, que por la addenda (agregado) al contrato de renovación de concesión en el 2006, debería retirarse en enero del 2010, dejando a cargo el negociado de la privatización del agua a su controlada Roggio.
Noviembre del 2006: aprobando a balas y palos la ley (addenda) de la estafa de Suez Roggio
Éstas son las razones del show instalado con las teatralizaciones de multas a los countries, prohibiciones de llenado de piletas, cepos y disminuciones de presión, para que emerja de forma natural y con licencia social en la población “shockeada” el verdadero negociado: la colocación de 100.000 medidores y la renovación de 150.000 conexiones a cargo de los usuarios a un precio entre $ 600 a $ 800 por unidad (según Enrique Sargiotti, director de Aguas Cordobesas).
De esta manera se habilita el cobro de los 25 m3 libres (25.000 litros) sobre los 100.000 medidores nuevos y los cargos por excedentes que nunca pudieron aplicar y rigen tramposamente desde abril del 2008, el resultado serán los pagos adicionales por excesos: 65 centavos el m3 para quien consuma entre 25 y 35 m3 al mes; 82 centavos para el escalón que va de 35 a 45 m3; 1,11 centavos para el rango de 45 a 55 m3 y por encima de 55 m3, 1,49 centavos .
Otras normas del “comité inquisidor” es reinstalar conexiones y medidores que hayan cumplido 7 años de instalados todo a cargo del usuario.
También se suma el tarifazo en plena crisis hídrica del 15%, adicionado al 60% otorgado desde enero del 2008, con lo que el saqueo de Suez Roggio autorizado por el gobierno cordobés adquiere un giro exponencial en sus ganancias desde el próximo enero.
El verdadero padre de la criatura de estas operatorias de shock social y políticas de saqueo aplicadas por los gobiernos “clientes” de Córdoba, son dictados por la consultora transnacional Price Waterhouse Coopers, que aplica las mismas recetas neoliberales en países y regiones, donde las resacas de gobiernos neoliberales ortodoxos, conservan a fuerza de represión y corrupción los intereses de la transnacional Suez y sus empresas controladas.
Con la aplicación de las medidas derivadas del shock instalado, continuará la crisis hídrica definitivamente instalada en el territorio provincial, los planes emergentes del shock no contemplan ninguna de la acciones y obras necesarias al menos para paliar la crisis real y sólo aspiran a encubrir las acciones de la Suez-Roggio y multiplicar el saqueo con la instalación de medidores y renovación de conexiones en la capital, además de las obras para favorecer la industria agro exportadora (acueducto Paraná Córdoba), agravando la situación territorial de las áreas que no son rentables ni a Suez-Roggio ni a las transnacionales sojeras y que con la llegada de las lluvias dejaron de ser noticia.
Movilización de la CCODAV en medio de la crisis hídrica 11/11/2009
A pesar del optimismo puesto por el gobierno y la empresa Suez Roggio en sus políticas de Shock neoliberales, el pueblo continua organizándose para dar las batallas necesarias y expulsar a los saqueadores.
La crisis, trasunto en mayor organización popular y visibilizo con mayor claridad los caminos de la resistencia a la ofensiva, surgiendo vecinos organizados que están tomando en sus manos el destino de sus cuencas y atacando el problema en origen, como también aquellos que se organizan y por trabajo comunitario toman en sus manos la conexión a las redes publicas, recreando las practicas de construcción de poder popular.
Córdoba se prepara para resistir a los saqueos de medidores y tarifazos en el 2010 y para recuperar el agua como un derecho de todos los seres vivos e imponer con todas las herramientas populares la construcción de una empresa pública de aguas y cloacas, integrada en todo el territorio, desde las cuencas y fuentes hasta la depuración de las aguas residuales, además de comunitaria, bajo gestión y control de usuarios y trabajadores".
*CCODAV:Coordinadora Córdoba
en Defensa del Agua y la Vida.
Fuente:
2. La socialización y la nacionalización de construcciones de los de abajo
A. La Agencia de Noticias Red Acción reproduce el comunicado de la Central Popular de Lucha "Por la dignidad nacional y la soberanía popular":
¡¡Por la recuperación de nuestros recursos naturales y estratégicos!!!
¡¡¡NO a la destrucción y al saqueo!!!
La Central Popular de Lucha convoca a participar el sábado 12 de diciembre a las 12hs. de la manifestación pública que se realizará en Plaza de Mayo para repudiar el accionar criminal de las mineras en nuestro país. Como consideramos que ese accionar se enmarca en otro más general que es el avasallamiento permanente de nuestra soberanía nacional por parte de las empresas imperialistas con la actitud cómplice de los diferentes gobiernos nacionales que se vienen sucediendo en nuestro país, en el camino a Plaza de Mayo manifestaremos nuestro repudio a la multinacional Repsol, una de las empresas que marca el rumbo de la política económica de hambre y miseria para nuestro pueblo y superganancias para los empresarios que hace años venimos padeciendo y a la que sólo podremos enfrentar -con perspectivas de eliminar- de la mano de la instauración en nuestra patria de una República de Asambleas Populares.
Hay que frenar a las mineras: contaminan criminalmente enormes zonas de nuestro suelo, con cianuro especialmente las que se dedican a extraer oro, y por las enormes riquezas que se llevan al exterior ni siquiera pagan impuestos o estos son apenas simbólicos. Este gobierno y los anteriores, son responsables de esta política, también la oposición de derecha. Los hacemos responsables, entonces, de las muertes que derivan de ella. Sólo un gobierno de trabajadores basado en las asambleas populares, con funcionarios que no ganen un salario superior al promedio de un obrero industrial y a los que podamos juzgar y revocarles el mandato en cualquier momento, logrará frenar efectivamente estas políticas criminales.
En ese camino, convocamos a todos a concentrarnos el sábado 12/12 a las 11hs en el Obelisco para marchar desde allí a Plaza de Mayo.
centralpopulardelucha@gmail.com
Fuente: www.anred.org / 9-12-09
B. Ecoportal.net nos da a conocer "Rescate del valor cultural alimentario de los pueblos andinos de Jujuy –Proyecto": En zonas cuya fragilidad ambiental es extrema, como ciertas regiones de la provincia de Jujuy, hay antiguas estrategias en equilibrio con el ambiente llevadas a cabo por pobladores de comunidades nativas que en el ideario social de las ciudades permanecen ocultas bajo una aparente única forma de producir. En un país en el cual la “sojización” es un tema recurrente y de alto impacto, se intenta el camino de recuperación de antiguos saberes ya que históricamente con estas modalidades productivas fue posible cubrir demandas alimentarias de vastas regiones. Las circunstancias en las que las comunidades producían desde épocas precolombinas, resultan acordes a las actuales condiciones de cambio climático global.
La Ingeniero Agrónoma Claudia Paredes nos plantea: "Recientes cambios se han producido en la forma de producir de diferentes regiones de nuestro país. Sin embargo prevalecen antiguas estrategias en zonas cuya fragilidad ambiental es extrema como es el caso de ciertas regiones de quebrada y puna de la provincia de Jujuy. Dichas estrategias, en equilibrio con el ambiente es llevada a cabo por pobladores de comunidades nativas y a veces en el ideario social de las ciudades permanecen ocultas bajo una aparente única forma de producir.
En un país en el cual la “sojización” es un tema recurrente y de alto impacto, se intenta el camino de recuperación de antiguos saberes ya que históricamente con estas modalidades productivas fue posible cubrir demandas alimentarias de vastas regiones. Las circunstancias en las que las comunidades producían desde épocas precolombinas, resultan acordes a las actuales condiciones de cambio climático global.
Por otro lado, los procesos educativos siempre debieron aggiornarse a nuevas situaciones, y desde la óptica docente resulta complicado pensar en la modificación de programas o planes de estudios que genere una visión acorde con la realidad por parte de los estudiantes de las carreras vinculadas a las ciencias naturales. La pregunta que surge de modo invariable es, ¿cómo hacer frente a estos cambios desde la educación proponiendo no sólo el cumplimiento de objetivos pre-establecidos en los programas de estudios sino sensibilizando a los estudiantes sobre la realidad de su tierra y la problemática sobre la cual les tocará generar respuestas en un futuro cercano?
Previo a esta fase de cambios ya convivíamos con la necesidad de una nueva mirada en la formación de alumnos de las tres carreras que se dictan en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy respecto del compromiso con la recuperación de nuestra identidad cultural, productiva y gastronómica. Sin embargo los proyectos de investigación o los programas de cátedra no lograban el impacto ni el entusiasmo de los alumnos en forma voluntaria para la realización de actividades de extensión o transferencia.
Una de las instancias exitosas que nos ha permitido romper con ciertas barreras o prejuicios a la hora de establecer compromisos con estudiantes en tareas extracurriculares fue el cumplimiento de un proyecto de voluntariado universitario.
Ejes fundamentales fueron y son discutidos a diario con alumnos de las carreras de agronomía y biología que actualmente forman parte del grupo encargado de llevar adelante este proyecto, establecimos la discusión sobre los ejes: sustentabilidad ambiental, económica y social, seguridad alimentaria., producción en una situación de cambio climático global y, vulnerabilidad ambiental.
¿De qué modo hemos encarado la posibilidad de ejecutar tareas vinculadas a esta sensibilización? En primera instancia aprendiendo, recuperando saberes mediante la interacción con actores de esta realidad, como son los pobladores y pequeños productores de quebrada y puna jujeñas. Los trabajos que encaramos fueron: redescubrir diferentes modalidades de cultivos de quinua y amaranto en la provincia de Jujuy, en función de las distintas condiciones agroedafoclimáticas. En este sentido fue esencial una primera capacitación a los voluntarios, básicamente para conocer la situación actual y conocimiento agronómico de los cultivos. El aspecto práctico implicó el desarrollo de almácigos y seguimiento de ambos cultivos en la EEA de Hornillos (actual IPAF, Instituto de Promoción de la Agricultura Familiar), ubicada en el centro de la Quebrada de Humahuaca, y luego en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu en Severino. La visita a la Cooperativa de productores C. A. U. Que. Va, en Maimará, provincia de Jujuy, y luego a la EEA INTA Abrapampa permitió reconocer in situ las necesidades tecnológicas de los productores y el condicionamiento ambiental en el que deben producir.
La Organización del Trabajo de los Voluntarios, llevó a producir afiches (plotter), recursos audivisuales para el desarrollo de charlas en diferentes jornadas y folletería para difundir los beneficios del consumo, en la ciudad y en los potenciales lugares de producción, así como muestras exposicion con degustacion de alimentos a base de quinua y amaranto, elaboradas por los propios voluntarios, y distribución de folletería impresa.
Continuamos realizando nuestros micros radiales (en Radio Universidad que emite en la frecuencia modulada de 92.2Mhz para la ciudad de San Salvador de Jujuy), en la que se informa a consumidores sobre caracteristicas generales de los cultivos de grano: quinua y amaranto, lo editamos en formato CD para distribuirse en escuelas.
Finalizando este proyecto, el grupo se encuentra abocado a la realización de la Jornada de Cierre en el que compartiremos experiencias con otros proyectos de Voluntariado Universitario, al que denominamos “Recuperando Identidades”. Surgen, aspectos relevantes en los voluntarios no contemplados en la formulación original del proyecto, tales como: conciencia de la realidad local y de necesidades productivas regionales; cambio actitudinal en el grupo de voluntarios mediante un mayor compromiso y toma de decisiones, capacidad de proyectar actividades futuras, trabajo mediante mecánica de grupo, sensibilización acerca de la situación de pequeños productores y la necesidad de mejoras tecnológicas. Los resultados obtenidos no finalizan con el proyecto, se plasma en actividades de investigación y transferencia continuadores de este proyecto original de voluntariado, llevando incluso a promover la organización de redes de trabajadores en cultivos andinos, por fuera de la propia Universidad. Esta nueva estructura organizativa, es generada a partir del trabajo de los alumnos voluntarios. En este contexo, la participación vivencial de los estudiantes, es protagónica para la búsqueda de mayores conocimientos, a partir de herramientas novedosas para el grupo como la investigación participativa, que permite el abandono de la actitud abúlica de ser testigos para permitirse ser protagonistas de su tiempo.
Ing. Agr. Claudia Paredes, Co-directora del Proyecto de Voluntariado Universitario “Rescate del valor cultural alimentario de los pueblos andinos de Jujuy”, un trabajo de sensibilización sobre la seguridad alimentaria en la provincia de Jujuy, Argentina - Laboratorio de Biotecnología, LABBIO, Cátedra Mejoramiento Genético Vegetal ,Facultad de Ciencias Agrarias, UNJu . Alberdi 47, San Salvador de Jujuy.
No olvide visitar: www.quinuayamaranto.blogspot.com Fuente: www.ecoportal.net / 11-12-09
C. La Agencia de Noticias Red Acción difunde: “Si el distraído lo ve…¡dinero podrido es!” por nOTICIERO pOPULAR -Mza
"En la ciudad de Mendoza el 9 de diciembre de 2009 se llevó adelante la jornada: "La actividad minera en la República Argentina. Situación y Perspectiva"; convocada por la UNCuyo. La misma surge del despacho por minoría que se presentó ante la sesión del Consejo Superior del día 11 de noviembre, poniendo en discusión la aceptación de los fondos de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio). Aunque la universidad trató de dilatar esta instancia de debate, un grupo importante de estudiantes, profesores/as, graduados/as, militantes de la AMPAP (Asamblea Mendocina por el Agua Pura) se dieron cita para manifestarse contra la aceptación del dinero de las mineras. Pero, el eje del debate fue modificado desde la casa de estudio pretendiendo esconder, una vez más, la naturaleza de los fondos que financiarían la educación pública.
¿Qué hay detrás de este convenio?
En primer lugar, para legitimar, defender e instalar la actividad minera, las multinacionales necesitan profesionales que avalen su accionar. Por lo tanto la transferencia de estos fondos de manera directa a las universidades nacionales -bajo la denominada "responsabilidad social empresaria"-, deja al descubierto la estrategia que tienen para llevar adelante un saqueo "legitimado" por las unidades académicas. Lo que da pie para que una vez aceptado en un espacio que se supone crítico, pueda ser aceptado por el resto de las comunidades del país.
En segundo lugar, se visibiliza la universidad que tenemos. Una universidad con bajo presupuesto, que tiende a la exclusión, al elitismo, a privilegiar negocios y convertir el conocimiento en mercancía (en algo que puede ser comprado y vendido), que reproduce un modelo de país que se financia con plata sucia, abriéndole las puertas a algunos y cerrándose a otros. Así, en pos de una supuesta educación para todos y todas, acepta en este caso, fondos de YMAD, a cambio de la complicidad con los daños socio-ambientales ocasionados o realiza convenios con Repsol-YPF (poniendo a las personas y los recursos de una universidad pública al servicio de monopolios españoles, destinatarios privilegiados de la entrega menemista como Repsol que se salvó de la quiebra internacional porque se apoderó de YPF y ahora nos vende a precio internacional el petróleo que obtiene por las inversiones e instalaciones que pagó el pueblo argentino).
Pero esta situación que vivimos hoy en Mendoza, la vivimos también todas las Universidades nacionales que son tentadas a transar con las empresas y el poder.
Jugando al distraído…
La metodología propuesta para el debate constó con la presencia de cinco panelistas: Carlos Pincolini (abogado, especialista en derecho ambiental), Aldo Rodriguez Salas (abogado y ex secretario de ambiente de la provincia de Mendoza), Cayetano Fussari (geólogo, miembro del Servicio Geológico Minero Argentino), Daniel Funes (vecino de San Carlos y miembro de AMPAP) y Carmelo Cortese en representación de
FADIUNC (Gremio de Docentes de la UNCuyo). Los mismos, contaban con 15 minutos de exposición individual y luego una instancia de preguntas realizadas por escrito.
Durante sus exposiciones definieron las posiciones que tenían respecto al tema minero en general y sólo en tres casos se explicitó cuál era la decisión que debía tomar la Universidad en relación a los fondos. Cayetano Fussari a través de su exposición titulada: "Mitos y realidades de la minería argentina" habló de "falsas acusaciones" que recaen sobre la minería: "la minería seca", "la minería saquea", "la minería contamina". Y a partir de allí, reveló las "bondades" económicas que traerían aparejadas, postulando que los fondos de las actividades mineras deben ser aceptados por la Universidad.
En esta misma línea, Carlos Pincolini afirmó que "las leyes hay que cumplirlas", por lo tanto, la Universidad Nacional de Cuyo debe aceptar esos fondos porque la ley lo establece (aunque no está de más aclarar que la ley no nos obliga aunque lo permita), así lo comentó dirigiéndose directamente al rector de la UNCuyo -quien asintió con un movimiento de cabeza-. Pero por otro lado, ante el comentario de una de las asistentes de la sala que manifestó que la Universidad de Río Cuarto y Luján lo rechazaron, el abogado (a lo Poncio Pilatos), agregó que "entonces esto plantea un antecedente al respecto". Así, ¿para qué están hechas las leyes?
El representante de la AMPAP interpeló a la Universidad a cumplir con su rol social de investigar y comunicar sobre la actividad minera en nuestra provincia. La organización le reclarmó a la universidad su supuesto compromiso con los ciudadanos, más allá de los acuerdos ilegítimos que tienen con las empresas mineras y el capital transnacional, cuyo único objetivo es la ganancia a cualquier precio.
Carmelo Cortese hizo referencia al tema específico de la aceptación o no de los fondos de la empresa Alumbrera, los que indirectamente provienen de la YMAD. Además, recordó cómo llegamos a esta instancia de debate y por qué es necesario sacar a la luz el origen de los fondos que financian la educación universitaria. Reafirmando el rechazo de los mismos por parte del sector docente citó los casos de las Universidades Nacionales de Luján y Río Cuarto; agregando que hubo 23 facultades que sentaron la misma posición.
A la hora del debate, nos encontramos hablando sobre tipos de minerías, aspectos legales, desarrollo sustentable… ¿pero qué paso con los fondos?
Parece que no había mucho que discutir para las autoridades de la UNCuyo, porque de los 42 consejeros superiores sólo 10 asistieron a la jornada y el rector no se quedó en la instancia de preguntas y "debate". Esto quedó claro al enterarnos por parte del consejero superior de la FCPyS, que ese mismo día por la mañana se discutió en trabajo de comisiones del Consejo qué hacer con los $1.414.000 recibidos por la casa de estudios en enero de 2009 provenientes de YMAD del año anterior. Nos preguntamos, dónde estaba "el espíritu" y el compromiso hacia el debate sobre el tema minero de la universidad el año pasado cuando se decidió aceptar la sucia suma de más de un millón de pesos. Jugando al distraído la universidad esconde la aceptación de este dinero. Y hoy, parece que nadie supo nada.
El debate que no fue…
Como habíamos dicho, este espacio fue producto de la presencia de las organizaciones, estudiantes, gremios que quisieron que se diera el debate público sobre los fondos. Un debate que no fue porque la universidad vuelve a desconocer, vuelve a no escuchar lo que la sociedad mendocina está pidiendo.
¿Qué instancia nos queda? El próximo miércoles 16 de diciembre hay sesión del Consejo Superior a las 8.30 en el Rectorado de la UNCuyo donde nos tendremos que hacer presentes para reafirmar el rechazo de estos fondos porque sólo la organización y la presencia de los/as que luchan, hace cambiar el rumbo de los grandes capitales.
Esperamos que la Universidad Nacional de Cuyo diga NO a
los fondos de YMAD, porque si bien la misma no es soberana, si es autónoma y esa
autonomía debería ser la que le permita poner su conocimiento al servicio del
pueblo y no de los grandes capitales. Así, entendemos que es un debate que nos
tenemos que dar como sociedad toda, una sociedad que no debe aprender a convivir
con la corrupción ni con los/as funcionarios/as corruptos/as, una sociedad que
no debe dejar que gobierne el "menos peor", una sociedad que a su vez, no va a
entregarse fácilmente porque sabe que sólo a través de la resistencia, la lucha
y la organización es que puede conseguir transformaciones profundas, en serio,
para la mayoría”.
Fuente:
www.anred.org / 13-12-09
En consecuencia, el consenso propio a la gobernabilidad del sistema de expoliación y la polarización bloqueadora de la deliberación popular sobre los graves problemas en común no responden sólo a la acción de manipulación y desinformación de los grandes medios. Participan otros actores fundamentales y los propios altos funcionarios que surgen como nuestros representantes de elecciones cada vez más restringidas a hacer triunfar a los partidos servidores del poder económico e imperialista.
De modo que la comunicación social de los de abajo se forjará de la multiplicación de espacios de deliberación y toma de decisiones sobre los problemas de destrucción de las condiciones mayoritarias de vida y trabajo pero, a la vez, desenmascarando a quienes prefieren sostener el sistema capitalista e imperialista mediante la elaboración conjunta de experiencias y proyectos de los que están luchando por el cambio social.