I.

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS

Planteo:

«¡Nunca Más!» expresa la unidad de voluntad de los de abajo de Argentina
que 
construimos gracias a la lucha consecuente de 
los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda 
contra la impunidad de las fuerzas armadas y de seguridad e inteligencia 
que 
dirigieron y ejecutaron el plan de secuestro, tortura, muerte
y desaparición de la militancia de izquierda y del plan de
apropiación de los bebés nacidos en cautiverio.

Néstor Kirchner se pronuncia a favor de esa voluntad popular por
necesidad
del bloque dominante de ganar consenso amplio para la gobernabilidad
de su sistema de entrega del país, de superexplotación laboral y de
obediencia debida de la población a su orden.

Los hechos corroboran.

Las organizaciones que integran el espacio Justicia YA! - La Plata sintetizan la situación
que las conduce a actuar del siguiente modo.

En comunicado de prensa, reproducido por la Agencia de Noticias Red Acción (ANRed),
manifiestan que

"solicitaron al juez Corazza la indagatoria de 134 integrantes de la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires, más la de Ibérico Saint Jean y Jaime Smart, 
por los delitos cometidos contra 143 personas que estuvieron ilegalmente detenidas en la Comisaría 5ta. de La Plata durante la última dictadura".

Aclaran:

"En la mañana de ayer se presentó un escrito ante el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, 
a cargo del juez Arnaldo Corazza, 
en el que se pide que se cite a prestar declaración indagatoria a 
los 125 policías que según documentación oficial cumplieron funciones en 
la Comisaría 5ta. de La Plata mientras funcionó como centro clandestino de detención o 
que fueron reconocidos por sobrevivientes de ese CCD. 

Entre ellos se encuentran el ex capellán Christian Von Wernich, 
el médico Jorge Antonio Bergés -ambos cumpliendo condena- y 
los 11 policías denunciados por 
Jorge Julio López 
en su testimonio, que siguen en libertad. 
Se agregan a esta lista Ibérico SAINT JEAN y Jaime Lamond SMART, 
Gobernador y Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978.

También se reitera el pedido -realizado en el mes de diciembre pasado- de que 
se amplíe la indagatoria de los únicos 9 integrantes de la Policía ya procesados 
en esta causa -entre ellos Etchecolatz- para que se los acuse por 
los delitos cometidos contra 25 personas por los que aún no fueron indagados.

Se los acusa de ser autores de 
los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, torturas, tentativa de homicidio,
homicidio agravado, tentativa de aborto, retención y ocultación de menores, y 
del delito de genocidio".

Solicitan "expresamente que las indagatorias se concreten rápidamente
de modo 
que sea posible la realización de un único proceso oral en 
el que se investiguen la totalidad de los hechos ocurridos en el CCD y 
la responsabilidad en ellos de todos los funcionarios".

Les "resulta alarmante la inactividad manifiesta del juzgado en las causas 
por delitos de lesa humanidad durante el último año. 
Hace más de 11 meses 
que no se indaga ni procesa a ningún represor en la causa de la Comisaría 5ta. 
a pesar de que las pruebas necesarias para completar la investigación 
fueron aportadas por esta parte querellante desde su inicio, en julio de 2002. 
Tampoco hubo nuevos procesamientos en la causa Puesto Vasco.

En el último año sólo se procesó a cuatro represores en el marco de 
la causa Brigada de Investigaciones de La Plata 
y todavía 
no hay ningún detenido en las causas en las que se investigan 
los hechos ocurridos en Pozo de Banfield, Brigada de Investigaciones de San Justo, 
Pozo de Quilmes, Arana, COTI Martínez, iniciadas todas antes del 2005".

Justicia YA! - La Plata señala que realiza la presentación por intento de
"poner fin a esta inmovilidad y evitar que se eleve a juicio oral 
un tramo de la causa Comisaría 5ta. en el que se acuse a unos pocos responsables".

Afirma:

"Reiteramos una vez más, juzgar a los genocidas en forma fraccionada, 
desarticulando 
de manera arbitraria hechos que están indisolublemente ligados, 
reproduce y es funcional a la impunidad 
ya que:

·         Desdibuja el plan sistemático de exterminio y conspira contra 
el análisis de la responsabilidad de los imputados.
 

·         Revictimiza a los sobrevivientes y a los familiares obligándolos a 
que cada vez reiteren sus padecimientos.

 

·         Multiplica los esfuerzos requeridos a los querellantes, 
se violentan los principios de economía procesal y verdad jurídica material 
impidiendo una investigación acabada y eficiente de los terribles sucesos ocurridos.
 

·         Provoca una verdadera denegación de justicia y logra que se pierda el significado, 
la magnitud e importancia que estos juicios tienen para la sociedad toda 
en su búsqueda de 
la verdad y en la pretensión de obtener el castigo de los responsables 
del genocidio perpetrado en nuestro país.
 

·         Responde tanto a los intereses políticos de aquéllos que pretenden defender 
y reivindicar a los genocidas como a los de quienes pregonan que es suficiente 
con juzgar a 
unos pocos asesinos emblemáticos y sólo por algunas víctimas. 
Los primeros son los responsables del secuestro y la desaparición de Julio López;
los segundos; de que aún hoy, 13 meses después, esté desaparecido y
sus secuestradores en la impunidad.

Seguimos exigiendo: Cárcel común para todos los genocidas,
condena por todos los compañeros".

Fuente: www.anred.org
26-10-07

El sistema fiel a la dictadura genocida mantiene:

a) El bloqueo a la deliberación pública

La Agencia de Noticias Red Acción (ANRed) resume:

"La semana pasada se inició el juicio contra el represor Héctor Antonio Febres.
El Tribunal Federal Oral 5,
que lo juzga, prohibió el ingreso de las cámaras televisivas así como de grabadores-
lo que impide la difusión del proceso por radio.

La querella unificada de Justicia YA solicitó que se permitiera el ingreso de
las cámaras para terminar con el ocultamiento que reviste a los crímenes cometidos
durante la dictadura".

ANRed informa:

"Antes de que se diera inicio al desarrollo previsto para la segunda audiencia del juicio a
Héctor Antonio Febres,
Myriam Bregman, una de las integrantes de la querella, realizó una petición al tribunal.
Este pedido hacia referencia al carácter público de la instancia judicial:
"Para que se obtenga un alcance de lo que aquí se debate, ya que estos juicios
son seguidos masivamente por la población, solicitamos que se permita
el ingreso a los medios televisivos".

El tribunal denegó el pedido reforzando la decisión que ya se había adoptado 
en un inicio. 
Es la Policía Federal Argentina quien esta tomando el registro de todo el proceso. Prohibidas las cámaras de fotos, las filmadoras y los grabadores.

Claudia Feld trazó una descripción sobre lo público del juicio a las Juntas Militares de 1985,
esbozo que sirve para explicar la necesidad de la publicidad en todos los procesos judiciales
contra quienes perpetraron
el genocidio en la Argentina:

"La oralidad no sólo creaba la transparencia necesaria para el proceso judicial y aceleraba los tiempos, sino que además generaba una puesta en escena específica para el juzgamiento.

Las audiencias orales reunían en un tiempo y un espacio determinados a todos
los actores concernidos por el juicio: los fiscales, los abogados defensores,
los jueces, los testigos y, en algunos casos, los acusados.
Y las acciones se desarrollaban ante un público presente".

"Se prohibió el ingreso de periodistas con cámaras- fotográficas, cinematográficas
o de video-, con micrófonos o con grabadores, y se dispuso la presencia de
cuatro fotógrafos oficiales que distribuirían las imágenes que obtuviesen a
los distintos medios y agencias periodísticas".

Sin embargo, en el actual proceso contra Febres- aunque se mantienen las prohibiciones-
no hay una difusión de las imágenes de lo que pasa dentro de la sala de Comodoro Py.

Aún así el juicio al ex prefecto es grabado, quienes toman los videos son integrantes de
la Policía Federal Argentina, y no, del Canal Oficial como ocurrió en 1985
o,
hasta hace unos pocos días, en el juicio contra el ex capellán de
la Policía Bonaerense Christian Federico Von Wernich.

Desde Justicia YA!, se preguntaron: "¿Un juicio público?" ".

Fuente: www.anred.org
24-10-07

b) La usurpación de los poderes públicos

La Agencia de Noticias Red Acción (ANRed) comunica:

"Pasadas las 12 del mediodía de ayer, ingresó Enrique Fukman a la sala del Tribunal Oral Federal 5
de los Tribunales de Comodoro Py.
Llevaba un distintivo claro, lleno de exigencias de memoria:
una remera con la cara de Jorge Julio López, ex detenido- desaparecido vuelto a desaparecer
hace ya catorce meses y del que aún ni la Justicia ni los gobiernos han dado ninguna información.

Antes de comenzar con su testimonio, Fukman formuló un reclamo a los jueces:
"A mí se me ha informado que el juicio está siendo grabado por Policía Federal.
Una de las personas que me secuestró era de esa fuerza. Estoy denunciando a la institución,
la misma institución que me está grabando".

El testigo le exigió al presidente del Tribunal que la Policía no filmara su testimonio. Sin embargo, la Justicia no aceptó.
"Después de haber sido desaparecido Julio López hace ya un año,
obviamente a nosotros no nos genera ninguna seguridad",
sostuvo el integrante de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).

"La justicia argentina también es responsable de la seguridad de los testigos", sentenció.(...)

Al finalizar su testimonio, Fukman pidió permiso al Tribunal para hacer unas observaciones.

"Yo declaré que fui secuestrado casi conjuntamente con Lordkipanidse.
Quiero preguntarles a los señores jueces
por qué Febres no fue juzgado también por mi caso", interpeló.

Frente al silencio del Tribunal, Fukman sostuvo: "Lamento que la justicia no tenga respuesta como también que no pueda responder por qué no están todos los represores sentados hoy". Además, dijo: "La pregunta es cuánto tiempo más la justicia va a seguir no siendo justicia.
Es necesario que ustedes, los jueces, empiecen a juzgar. Hasta ahora no lo han hecho".

El silencio de la justicia,
la elevación a juicio de un solo represor por un puñado de casos:
todo parece atentar contra el reconocimiento del exterminio.

"Si en este país se cometió un genocidio, que sean juzgados por genocidio".
Una ausencia volvió a hacerse presente en la sala.
"Hoy lo tenemos a Julio desaparecido.
¿Cuándo los juzgarán cuando existan más Julios?". Fukman
fue contundente:

"Hoy la justicia está permitiendo que se vuelvan a reproducir
las mismas prácticas porque no está condenando.
¿Por qué no va a volver a desaparecer López?".

La exigencia de condena, el compromiso con los 30 mil desaparecidos es
lo que lleva, una vez más, a los sobrevivientes a revivir el horror,
tal como le comentó Fukman a ANRed:

"Iremos a este juicio a plantearle al Tribunal, a la Justicia y a todos los poderes 
del Estado
que lo que aquí hubo fue un genocidio, y los que lo practicaron son genocidas.
E iremos una y otra vez, hasta que -en nuestro país- las cosas se comiencen a llamar por su nombre,
y todos los genocidas estén donde tienen que estar,
en la cárcel y por todos los compañeros".

Como señaló el ex detenido-desaparecido, los juicios siguen estando silenciados,
los genocidas ni siquiera fueron indagados por todos sus crímenes y
López está desaparecido.

"Todavía los genocidas están impunes y esa impunidad la está avalando la justicia" ".

Fuente: www.anred.org
9-11-07

Ideología:

El poder judicial interviene junto con el policial en la criminalización de la pobreza y 
la protesta social que el gobierno de Néstor Kirchner
ha intensificado como lo prueban los cinco mil procesados por luchar, los presos políticos
y el incremento tanto del gatillo fácil como del súper amontonamiento de pobres dentro
de cárceles y comisarías convertidas en campos de concentración.

En el Llamamiento a la nación mexicana de
Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo y otros intelectuales
(Rebelión) advierten:

• "criminalizan las protestas sociales, 
• violan gravemente los derechos humanos, 
• disimulan la impunidad, 
• “aplican el derecho” a su arbitrio e incluso lo invocan para actos claramente violatorios de la Constitución y de las leyes de 
  la República, y van introduciendo lentamente en 
  nuestro marco jurídico un “derecho de excepción”. 

Por un lado, 
le piden al pueblo mexicano que “obre conforme a derecho”, 
y por otro 
actúan violando sistemáticamente las leyes y la Constitución, 
pretendiendo además legalizar la arbitrariedad. 

Así, con ese doble rasero quieren esconder 
la violación o 
desestructuración permanente del derecho público y privado, civil y penal, 
y sobre todo del derecho Constitucional".

¿A quiénes se refieren?

A "los distintos gobiernos y grandes empresarios, unos cuantos multimillonarios, 
grandes accionistas de las mega empresas transnacionales, encabezadas 
por 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sus subordinados y asociados, 
que se han beneficiado enormemente, a costa de la inmensa mayoría de la población". 

Fuente: www.rebelion.org
México 17-11-07

Veamos la criminalización de quienes luchan en defensa de derechos humanos
en la Argentina. 
Esteban Rodríguez dice:

"La criminalización de la protesta es una de
las manifestaciones de la judicialización de la política, 
la posibilidad de transformar los conflictos sociales en 
litigios judiciales.  
Es leer la realidad bajo la lupa del Código Penal. 
Criminalizar, entonces, es despolitizar, sacar de contexto 
los conflictos sociales".

"Criminalizar es, también, la habilitación al poder punitivo del Estado 
para encarar dichos conflictos con la lógica de la guerra, legitimar la intervención represiva por parte de las fuerzas del Estado, se trate de la Policía o la Gendarmería".

En "Fuentealba no es una consecuencia no deseada; es una manera de disciplinar"
Horacio Lara (Rio Negro on line) 
entrevista a Esteban Rodríguez, abogado y académico de la Universidad Nacional de la Plata.
Comenta:

"Al analizar la violencia que se registró en Neuquén y que semanas atrás se cobró una vida, Esteban Rodríguez
sostiene que hay un "persistente giro autoritario" del Estado que se basa en 
una Justicia burocrática y en "una pereza ética de la sociedad con pánico moral".(...)

Lo que sigue es la visión literal que Esteban Rodríguez dio a 'Debates' sobre 
la reciente protesta social neuquina, que alcanzó su punto más crítico cuando 
una fuerza del Estado neuquino asesinó al docente Carlos Fuentealba:

1. 
a) Si la realidad no se dispone para ser aceptada con resignación, 
la acción colectiva es la posibilidad de 
echar luz sobre las desigualdades sociales y buscar soluciones a los problemas que tenemos. 

Esas acciones colectivas no son espontáneas y tampoco una novedad. 
Extendidas son las tradiciones de lucha en la Argentina, 
que van desde las huelgas 
y los piquetes de fábrica de los anarquistas de principios del siglo XX 
hasta los fogoneros de Cutral Co, pasando por la movilización de los estudiantes, 
el corte de puentes o los acampes en espacios públicos de las organizaciones de desocupados, 
la ocupación de fábricas vaciadas por sus propios empresarios o 
las movilizaciones de los estatales.

b) Se ha dicho en varias oportunidades que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de 
sus representantes. 
Pero en una sociedad con los problemas sociales que tiene la Argentina, 
acotar la participación al sufragio electoral desencadenaría 
-como ya tuvimos oportunidad de corroborar muy recientemente- en 
un déficit de representación que se traduciría enseguida en 
un agravamiento de la crisis de gobernabilidad que 
nos distanciaría cada vez más de cualquier solución. 

Las organizaciones de desocupados o campesinos o los gremios 
no pueden esperar 2 ó 4 años para hacerse escuchar, 
plantear sus problemas y aguardar una solución concreta.

Sobredimensionar el lugar que tiene el voto en 
la democracia contemporánea implica clausurar y excluir de la discusión a 
los actores sociales involucrados en los problemas. En ese sentido, el sistema electoral 
se vuelve torpe para canalizar las demandas sociales y gremiales.

c) Se ha dicho también que el pueblo puede expresarse a través de 
los medios masivos de comunicación. 
Sin embargo, 
en una sociedad donde esos medios resultan prácticamente inaccesibles para 
los actores sociales, la manera de hacer visible sus demandas 
tampoco puede quedar circunscripta a la recepción por parte del periodismo empresarial.(...)

En estas circunstancias, la manera de manifestar la demanda de ciudadanía, 
el modo de peticionar a las autoridades, de reclamar los derechos que formalmente alguna vez prometió el Estado, será a través de la constitución de foros. 
Se trata 
de tomar la palabra y ponerla en los lugares públicos, sea una plaza, 
un puente, la calle o la ruta o un edificio público. 

En definitiva, la protesta social contemporánea, en todas las formas citadas arriba, constituye la posibilidad concreta que tienen los sectores desaventajados de expresar sus problemas. 
De allí que, como dice Gargarella, el derecho a la protesta sea el primer derecho; 
es el derecho a tener derechos, es el derecho que llama a los otros derechos, 
la oportunidad que tienen estos sectores de ser tenidos en cuenta otra vez, recuperar la voz para ser tomados como actores otra vez. 

El derecho a la protesta es 
la puesta en acción de la dignidad, la oportunidad de hacer valer la dignidad.

2. 
La criminalización de la protesta es una de las manifestaciones de 
la judicialización de la política, 
la posibilidad de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales, 
de leer la realidad bajo la lupa del Código Penal. 

Criminalizar, entonces, será despolitizar y, por añadidura, deshistorizar, sacar de contexto los conflictos sociales, emplazar a otras instituciones como interlocutores de los problemas sociales.(...)

Criminalizando los conflictos sociales, se busca desencajarlos de la arena política.
La criminalización 
impugna la palabra a los actores sociales para reencuadrarlos como 'activistas', elementos desestabilizadores del orden. Allí donde hay una protesta social, el Estado tenderá a ver
un delito 
consumado o en vías de consumación y no dudará en caracterizar a los protagonistas 
de la protesta como delincuentes profesionales o aspirantes y a 
la organización que la sostiene como una asociación ilícita.

3. 
La violencia institucional no es un exceso, 
no son errores de la agencia que se resuelven descabezando a 
la cúpula de turno o haciendo una purga al interior de la fuerza policial. 

La violencia institucional es la manera que eligió el Estado 
para estar en una sociedad cada vez más polarizada, 
segregada y compartimentada; 
pero también son las prácticas represivas 
que nunca se desandaron durante la democracia.

Estas prácticas constituyen una rémora de la última dictadura en el Estado 
y también en la sociedad en general. 
Porque sabido es que no hay represión sin ciertos niveles de consenso social. 

La actuación policial violenta cuenta con el apoyo de importantes sectores sociales 
de los cuales Sobisch, Blumberg, Marín, Romero, Macri, pero también Lavagna o Duhalde, 
o lo que ellos representan, son sólo algunas de las caras más visibles; 
representantes de la banalidad y la indolencia de 
una sociedad 

que nunca se pone en el lugar del otro para comprender la desigualdad y 
la relegación social,
un sector de la sociedad cada vez más atrincherado en su búnker privado, dispuesto a comprar por televisión cualquier paquete de reformas legales a cambio de más seguridad. Un paquete que reconocemos en las siguientes marcas registradas: 'Mano dura', 'Tolerancia cero', 'Orden o caos' ".

Esteban Rodríguez señala:

"La violencia institucional 
no es, entonces, un efecto disfuncional del sistema sino la manera de gobernar, 
en última instancia, los conflictos sociales que no se pueden cooptar, 
que no se pueden 'poner en caja' o gestionar a través de las prácticas políticas 
(discrecionales, focalizadas, a requerimiento de parte y de subsistencia) 
canalizadas por las redes clientelares.

Una clase dirigente 
que recala en las prácticas cotidianas de la Policía, 
que se recuesta sobre sus repertorios previos y las concepciones de mundo que 
vienen gravitando en el imaginario de esa fuerza (y no solamente en la fuerza policial) 
desde hace varias generaciones. 

Por más que la Policía de hoy no haya sido entrenada por los oficiales de la dictadura, 
tiende a reproducir aquellas prácticas (tortura, fusilamientos, secuestros, zonas liberadas, inteligencia sobre los ciudadanos organizados) cuando su accionar se organiza a través 
de la lógica de la guerra, 
cuando se postula su intervención para neutralizar a un supuesto 'enemigo', 
a los seres humanos desprovistos de su estatus de ciudadanos, 
despojados de los derechos y las garantías que el Estado de derecho 
(la constitución y los derechos humanos) le consagraron alguna vez.

El enemigo 
recibirá un tratamiento diferenciado, más allá del derecho penal liberal, 
que se averigua 

en el gatillo fácil pero también en el aumento de los presos procesados 
(presos sin condena), 
en las causas que los jueces arman a la protesta, 
en las detenciones policiales por portación de rostro, 
en el uso de las fotografías que hace la Policía para fraguar causas a los pobres, etc.

La figura del 'enemigo', 
la necesidad ficticia que se crea para defenderse de la peligrosidad inminente 
que representa el enemigo, legitima la intervención punitiva y 
reintroduce de contrabando la dinámica de la guerra. 

Se sabe, los enemigos hablan una lengua extraña, un idioma ininteligible. 
No se puede dialogar con ellos, merecen un tratamiento excepcional, 
conviene hacer una guerra preventiva.

Fuentealba, como también Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, Maximiliano Kosteki, 
Darío Santillán fueron víctimas del gatillo fácil, una de las prácticas estatales más afincadas en la fuerza policial. 

Hay dos diferencias sobresalientes entre Fuentealba y las víctimas 'anónimas' del gatillo fácil.

Fuentealba 
era un maestro y además un luchador social. 
La segunda diferencia es que había cámaras en la escena del crimen. 

Esas son las razones por las cuales los grandes medios de comunicación continúan 
hablando de Fuentealba y la razón -legítima, claro está- por 
la cual importantes sectores del sindicalismo le piden la renuncia al gobernador Sobisch.

Pero en la Argentina que nos toca -según la Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional- hay más de 200 Fuentealbas por año (2.100 muertos durante la democracia), 
más de 200 razones más para ver y postular a la violencia institucional como 
una violencia regular, 
una práctica sistemática que se sostiene en una Justicia burocrática y clasista, 
en la pereza ética de la sociedad con pánico moral y en la corrupción y el espíritu revanchista de la clase dirigente.

Fuentealba 
no es una consecuencia no deseada, un exabrupto, otra extralimitación, 
sino la manera persistente que usa el Estado para disciplinar a los excluidos o 
a todos aquellos 
que cuestionan el modelo de exclusión que después de tres décadas ininterrumpidas 
aprendimos a nombrar con el mote de neoliberalismo. 

En definitiva:

Premisas e hipótesis:

El actual capitalismo ha achicado y tiende a desmantelar totalmente al Estado producto 
de las conquistas sociales. No conserva la democracia formal sino que la sustituye
por una autocracia con consenso. En efecto:

a."La exclusión social es una cuestión central
de la agenda política" a partir de la década
de los '90.

Pedro Enrique Pérez aclara que, en su artículo, se propone
"analizar
el lugar del Poder Judicial en el proceso de exclusión social
que se planteó en la Argentina de la década de los '90.

En particular,
analizaremos dos tendencias:

·                                                             la judicialización -más precisamente la criminalización- de
las prácticas de reclamo que han impulsado los sectores excluidos;

·                                                             la eliminación -o pretensión de hacerlo- del ámbito judicial
o del fuero laboral a algunos reclamos promovidos por
los sectores excluidos y en vías de serlo".

Pedro Enrique Pérez parte de 
"que
la exclusión social es producto no sólo del hacer o el dejar hacer
de un gobierno. También otros poderes del Estado
-el judicial por ejemplo- de una manera u otra están implicados en este complejo proceso".

Evalúa necesario referirse a la reducción del espacio judicial y dice:

"En 1991, el criminalista Eugenio Zaffaroni advirtió que esa reducción del espacio judicial
era parte de un proceso por el cual el control sobre la sociedad tendía a
"verticalizarse
administrativamente, corporativamente mediante agencias ejecutivas, policiales
o burocráticas" e incluía en ello a una tendencia a minimizar y desjerarquizar
los espacios judiciales,
restándoles o desestimulando la independencia judicial tanto externa como interna.

La primera
se planteaba a partir de cierta docilidad o control
de la cúpula judicial por parte del ejecutivo, a lo que se suma
que ciertos estrados jerárquicos del poder judicial tenían
afinidad ideológica
con las prácticas dominantes de poder. (...)

La segunda
se manifiesta en cierta imposición autoritaria de los superiores
respecto de los jueces de instancias inferiores.

Consideraba, además, la existencia de otros mecanismos de reducción del
espacio judicial
como la corrupción, la manipulación de nombramientos, el deterioro salarial,
el déficit en su infraestructura, las presiones de los medios masivos,
la saturación que desnaturaliza su práctica, etc.".

Pedro Enrique Pérez insiste:

"En las democracias restringidas
no se acaba con las violaciones a los derechos humanos
que provienen de instancias estatales.

Aún más, el Estado da respuestas funcionales
a una exclusión y una violación sistemática
de derechos al establecer controles
para
reclamos que reaccionan contra ello.

El poder judicial podría entenderse, en algunas de sus prácticas,
como funcionando en ese sentido y cuando ha dado muestras de
actuar en un sentido contrario, desde el gobierno se trató de neutralizarlo.

Es evidente que la exclusión se plantea como objetivo
y las acciones de los excluidos como resistencia. (...)
El poder judicial
se constituye en un lugar de producción de exclusión.
Pero cuando se constituye en garantía de derechos vulnerados
o amenazados, se impulsa su desactivación (...)".

Fuente: revista Realidad Económica nº 178,
febrero/ marzo 2001, editada por
el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)    
realidadeconomica@iade.org.ar;  www.iade.org.ar

b. El Estado no tiene políticas 
superadoras de la pobreza 
ni la asume 
como violación de 
los derechos humanos básicos.
Al revés, la estigmatiza: todo pobre es 
un delincuente potencial. 
Y responde 
a los conflictos generados por 
la pobreza persistente y la ausencia de 
un futuro viable 
mediante su policía y su aparato penal. 

Prensa de Frente comunica:

"Un informe elaborado por el Comité Contra la Tortura, 
presidido por el fiscal de Bahía Blanca 
Hugo Cañón, 
que se encarga de vigilar el estado de los detenidos 
en las 52 cárceles de la Provincia de Buenos Aires, 
arroja como resultado varios casos de torturas y asesinatos cometidos por 
los integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (S.P.B.).

La realidad de los más de 28 mil presos de las cárceles bonaerenses 
muestra que 
dentro de los muros los detenidos corren peligro de ser violados, 
torturados, obligados a salir de las unidades con el fin de cometer delitos e 
incluso ser asesinados por realizar denuncias contra el SPB. 

El informe elaborado por el Comité Contra la Tortura 
revela una llamativa coincidencia entre los presos suicidados 
y quienes habían denunciado previamente a algún miembro policial 
por apremios dentro de las cárceles. 
También se pudo comprobar el uso de la picana eléctrica.(...)

Prensa de Frente entrevistó al fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón, 
quien también es miembro de la Comisión por la Memoria y 
comprobó los graves delitos cometidos por el SPB.

¿Cómo es el estado de los detenidos dentro de las cárceles?

-Las cárceles bonaerenses son un verdadero lugar de extermino de personas. 
Allí no hay respeto por nadie y se trata a los detenidos como basura. 
Son depósitos de carne humana sin valor alguno e incluso se los obliga a salir del penal para delinquir. Además, también se los traslada lejos de sus familias a cientos de kilómetros y 
la capacidad de los edificios está colapsada.

¿Qué delitos ha podido comprobar el Comité Contra la Tortura?

-Hemos evidenciado el uso de la picana eléctrica, torturas de todo tipo e 
incluso dos asesinatos de detenidos por parte de miembros del SPB 
quienes han querido hacer pasar los hechos por simples peleas entre presos 
o que ellos mismos se han lastimado.

¿Qué lo llevó a calificar a los presos como “desaparecidos en democracia”?

-Existe un sistema de calesita. Esto significa que pasean a los presos de un lugar a otro 
y cuando un juez o familiar quiere saber donde se encuentran, no se los puede localizar. 
En la práctica 
está desaparecido dentro del sistema. 

Por eso se habilitó un registro único de detenidos 
pero sólo se registró al 10 por ciento de la población, 
por lo cual 
hay un 90 por ciento restante que está en estado de indefinición, en el limbo. 
Además, el traslado significa ser golpeados al subir y bajar de las unidades, 
también un descenso en el puntaje de los detenidos 
para obtener libertad condicional u otros beneficios. 

Por este sistema de calesita tenemos presos que en cuatro meses 
han recorrido más de cuarenta unidades penitenciarias. 
Esto también es una forma de tortura.

Para el SPB 
no se trata más que de autolesiones o agresiones entre los detenidos, 
por eso no llama la atención que en ningún informe elevado por el gobierno de Felipe Solá 
sobre el estado de las cárceles se reconozca o haga alusión a alguna responsabilidad por parte de 
los miembros del Servicio. 
Sin embargo el Comité ha podido comprobar casos de supuestos ahorcamientos 
en lugares en donde era imposible llevarlos a cabo y 
donde sólo tenían acceso los guardiacárceles.

Por su parte el jefe penitenciario bonaerense, Fernando Díaz, 
niega los resultados de las investigaciones del Comité. 
En diálogo 
con el diario Perfil trató a los miembros de la Comisión por la Memoria 
de “mercenarios de los derechos humanos”: 
“Digo lo de mercenarios por el fiscal Cañón. 
Tienen un subsidio anual importante, el día que digan que 
en las cárceles pasan cosas positivas, se tiene que dedicar a otra cosa. 
Por eso son mercenarios”.

Díaz también apoyó una resolución que prohíbe filmar y 
sacar fotos dentro de las cárceles. 
Cañón esta en total desacuerdo con esa medida: 
“El subsecretario de Políticas Penitenciarias, Mario Rotundo, sacó esa resolución 
y se nos complica 
cuando integrantes del Comité van a filmar dentro de los penales. 
Hace dos años que está el planteo hecho pero el Ministerio de Justicia lo cajoneó. 
Lo importante no es el crimen sino que no se sepa.” 

Respecto a las acciones tomadas por el gobierno bonaerense de Felipe Solá, 
Cañón afirmó: 
“El Estado no toma medidas para reformar profundamente el sistema y 
de alguna manera avala métodos que vienen de la época de la dictadura militar: 
una forma de exterminio de los internos”.

El informe del Comité Contra la Tortura demuestra que prácticas que se aplicaban 
hace 30 años en plena dictadura militar para torturar y asesinar personas siguen 
ocurriendo hoy en día dentro de los muros de las cárceles y comisarías bonaerenses".

Fuente: www.rebelion.org
Argentina. El reino del revés 
11-7-07

c. "La sanción de la ley anti-terrorista tiene 
como objetivo 
extender el  poder de represión a través de 
una herramienta legal que aumenta 
enormemente 
las atribuciones de las fuerzas policiales, 
de inteligencia,  jueces y fiscales 
(intervención de teléfonos y detenciones 
sin orden judicial, 
confiscación preventiva de fondos a 
organizaciones populares, ampliación del tiempo de incomunicación, agravamiento de las condiciones de detención, institucionalización de los infiltrados y provocadores en 
las organizaciones populares, etc.), lo suficientemente severa para con los que luchan y lo más abierta posible 
en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como «terroristas»".

LIBERPUEBLO (Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo)
sostiene el 9 de junio de 2007:

"(...)La Ley Antiterrorista en trámite de aprobación 
se enmarca dentro de la doctrina jurídica más retrograda y 
fascista, 
reproduciendo la doctrina del «Derecho Penal del Enemigo», 
creando delitos que no penan hechos, sino a sus autores 
por el sólo hecho de ser un luchador, trabajador, o por pertenecer a 
una organización política, social, gremial o de derechos humanos.

Esta legislación 
viola todos los principios constitucionales 
(defensa en juicio, privacidad, legalidad, huelga, petición a las autoridades) 
y todas las conquistas logradas por el hombre a lo largo de su historia 
en pos del reconocimiento de su dignidad humana y del respeto por los derechos humanos.

Esta herramienta represiva 
trata como un «terrorista» a todo aquél que forme parte de una organización 
(estudiantil, barrial, política, social, gremial) que luche por reivindicaciones del 
tipo que sea, 
que intente imponer su reclamo a un Gobierno u  autoridad competente, 
por ejemplo mediante un corte de ruta, la toma de un edificio, 
así como por colaborar de manera alguna con cualquier integrante de 
esta organización «terrorista», 
independientemente que esa persona u la organización efectúe acto o hecho alguno(...)".

A su vez, la LIGA ARGENTINA POR  LOS DERECHOS DEL HOMBRE 
concluye su declaración de junio de este año:

Sólo nos resta afirmar que de sancionarse la llamada «ley antiterrorista»  
en la Cámara de Diputados se habría dado un paso enorme en 
la creación de un  cuerpo jurídico represivo que atentaría contra 
el NUNCA MAS, 
tanto como la impunidad de los secuestradores de Julio López, 
y da una vuelta de tuerca al  estrangulamiento de 
esta democracia mínima que legitima a los Macri y los Sapag, 
quienes sueñan  con multiplicar leyes como la antiterrorista".

La Agencia Periodística del MERCOSUR (APM) trata la Ley comenzando por enmarcarla: 

"Bajo la excusa de frenar cualquier amenaza del terrorismo y el narcotráfico, 
en varios países de América Latina 
se justifica el espionaje y la criminalización de las protestas sociales, 
como una vía para eliminar esos presuntos focos de peligro. 

De esa forma, la doctrina de Guerra de Baja Intensidad (GBI), 
comandada por Estados Unidos, se instala en la región.

La GBI que según el Manual de campo 100-20 del Ejército estadounidense 
se define como “una confrontación político-militar entre estados o grupos 
por debajo de la guerra tradicional y por encima de la competencia pacífica entre Naciones”.

Desde Washington se impone -hacia la región- la cultura del miedo y 
la necesidad de una seguridad tanto nacional como internacional. 
El propósito perseguido 
es llegar a la mente de la población nativa donde se lleva a cabo algún mecanismo de la GBI.

Desde los hechos del 11 de septiembre de 2001, 
el país del norte 
ha invadido y agredido países, 
ha realizado espionajes hacia ciudadanos, tanto dentro de su territorio como fuera de él. 
Todo esto, invocando, una y otra vez al fantasma del “terrorismo internacional” ".

Finaliza señalando:

"Bajo este marco, qué significado tienen estas leyes aprobadas en los países del bloque regional 
¿Es un simple guiño hacia Washington, quién hace de la “lucha contra el terrorismo internacional” 
su bandera político-militar?

Lo cierto es que, estas leyes sumadas a la GBI y la militarización de 
la región son mecanismos estratégicos de los cuales Estados Unidos 
se vale para controlar países y con ello tener acceso directo a 
los recursos naturales necesarios para sus planes imperiales".

vromero@prensamercosur.com.ar

Fuente: www.rebelion.org
Política internacional 
28-7-07

II. ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

«¡Nunca Más!» surge como conjuro formulado por los poderes establecidos cuando
necesitaban desmovilizar e imponer la creencia general en 
que «su democracia» solucionaba mágicamente todos los problemas.
Eran tiempos de
martilleo de que con la democracia se come, se educa...y 
de justificación de su terrorismo de estado con 
la «teoría de los dos demonios». 

Estas políticas del gobierno de Alfonsín, reforzadas mediante la inculcación del posibilismo, 
condujeron a la continuidad y
el progreso del proceso de sometimiento de la Argentina a la globalización financiera
que implantó la dictadura cívico-militar según la Doctrina de Seguridad Nacional del
imperialismo liderado por Estados Unidos.

Todavía hoy se pretende encubrir 
que el terrorismo de estado fue aplicado para
instalar 
la viabilidad de la concentración y desnacionalización 
tanto de la economía como del territorio.

Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo y otros intelectuales
de México, en su "Llamamiento a la nación mexicana" (Rebelión),
caracteriza:

"El momento histórico que vivimos

1°. México ha vivido y está viviendo un proceso de ocupación integral, 
a la vez abierto y silencioso, que muchas organizaciones políticas 
y grupos de la sociedad civil –entre ellas Paz con Democracia— han estado denunciando 
desde hace décadas, 
estructurado mediante reformas a la Constitución y a través de disposiciones de hecho. 

Estas políticas y transformaciones aplicadas sin un examen público informado 
–legalizadas o fuera de la ley –, impuestas por los gobernantes, 
al profundizar y extender 
la ocupación, 

han refuncionalizado nuestra nación al proyecto “globalizador” 
y hegemónico del “imperialismo colectivo” que hoy domina
una inmensa región del mundo, 
encabezado por Estados Unidos de América.

2º. El proyecto neoliberal de los sucesivos gobiernos mexicanos 
sigue todos los lineamientos del llamado “Consenso de Washington”(...).

Estados Unidos ha contado además con la unión de intereses de Inglaterra, Europa y Japón. 
Dispone 
asimismo de la colaboración de redes internas e internacionales de otras empresas y gobiernos, 
todos ellos articulados a organizaciones informales, como mafias y raqueteros políticos 
que actúan como operadores contratados, sicarios, e incluso como fuerzas paramilitares. 

La inmensa mayoría de la llamada “clase política”, de “los medios”, 
así como de otros dependientes y socios, incluso de los más bajos estratos sociales, 
han hecho del apoyo al proyecto “globalizador” su modo de vida, para obtener privilegios 
y pagos por sus servicios. 
Y si no pocos obran con cinismo y picardía, existen también quienes se engañan y 
acaban convenciéndose de que su trabajo en apoyo de neoliberales 
y señores mafiosos es para bien de su alma y de su país.

3°. Este proceso de ocupación integral, “transnacional” o “globalizadora” 
–de gran parte del mundo y de México— ha ocurrido en gran medida ya;
pero 
tiene el proyecto de extenderse y profundizarse aún más, 
y hacer que todos los sectores y las ramas del Estado, 
la economía, la cultura y la sociedad mexicana 
formen parte del inmenso complejo dominado por el imperialismo. 

Los impactos directos e indirectos, abiertos y encubiertos de las redes actuales 
del imperialismo 
han comprobado –para quien quiera verlos y oírlos, y no tema reconocerlos— las grandes mentiras 
del neoliberalismo sobre la “economía de libre mercado”, 
sobre “los progresos y el desarrollo de la nación mexicana”, 
y sobre tantas otras “bondades neoliberales” 
que nos empobrecen y someten cada vez más. 

Hoy mismo, en medio de todos los desastres y desenfrenos que sufrimos, 
hay voceros 
que defienden con fingidas razones la privatización y desnacionalización de todo México. 
En realidad, esos voceros de las fuerzas que dominan gran parte del mundo y del país, 
mienten incluso cuando llegan a aceptar los efectos perversos de sus políticas. 

Para seguir ocultándolos, unos a otros se echan la culpa y 
siguen aplicando, extendiendo y profundizando las mismas políticas 
que 
llevan a la miseria creciente de las mayorías, y al coloniaje informal e integral del país, 
acusando a los gobiernos más débiles o a los anteriores al suyo de no haber logrado las metas que ellos se proponen y que afirman estar fundadas en una presuntuosa ciencia de punta. 

Con distintos modos de engañar, buscan justificar o legalizar la continuación de las políticas neoliberales de ocupación y saqueo.

4º Este proceso de ocupación neoliberal ha provocado también 
una degradación profunda de la política y 
un vaciamiento de la democracia representativa, 
con 
la correspondiente crisis, descrédito y corrupción de los partidos, 
incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, 
que devienen útiles y funcionales al capital. 

Asimismo, el neoliberalismo fortalece sus funciones e instituciones represivas, transformándolas 
en garantes de la estabilidad social y del control autoritario de 
la fuerza de trabajo, la ciudadanía organizada y la sociedad civil. 

El fin esencial del actual Estado nacional de competencia es hacer rentable al país en el mercado neoliberal y optimizar las condiciones nacionales de rentabilidad del capital trasnacionalizado. Para ello lleva a cabo una permanente intervención económica, social, política, ideológica, cultural y militar, y, si es necesario, una guerra social interna para facilitar la penetración y explotación trasnacional.

5º. Mientras todo eso ocurre, criminalizan las protestas sociales, 
violan gravemente los derechos humanos, disimulan la impunidad, 
“aplican el derecho” a su arbitrio e incluso lo invocan para 
actos claramente violatorios de la Constitución y de las leyes de la República, 
y 
van introduciendo lentamente en nuestro marco jurídico un “derecho de excepción”(...)".

Fuente: www.rebelion.org
México 17-11-07

Ideología:

El capitalismo ha alcanzado su mundialización acorde con la revolución científico-técnica
y con su extrema concentración-centralización económica.

Desde la segunda mitad de los setenta,
a consecuencia de una aguda crisis,
el capitalismo
cambia radicalmente la organización
de los procesos productivos y
la división internacional del trabajo
aprovechando e impulsando
la revolución científico-técnica
para maximizar ganancias de sus oligopolios.

Jaime Osorio se refiere a que la producción en sentido amplio se ha hecho global:

"Grandes empresas multinacionales, bajo el sólido apoyo
de Estados nacionales
donde tienen sus sedes y de los de territorios hacia donde
extienden sus ramificaciones, se han convertido en 
las cabezas de cadenas productivas mundializadas".

El capitalismo central o imperialista ocupa los países del capitalismo periférico.
Al respecto

Jaime Osorio dice:

"El establecimiento de segmentos productivos
en regiones del mundo periférico o dependiente
y en la semiperiferia obedece a factores 
que buscan
elevar la tasa de ganancia, imponiéndose un peso
particular a aquellos aspectos referidos al
abaratamiento del capital variable.

En efecto, un lugar primordial en las decisiones de inversión extranjera
en tales economías
es la presencia de abundante mano de obra, bajas remuneraciones y
posibilidades de alcanzar largas jornadas de trabajo.

Esto es lo que está primordialmente en la base de los desplazamientos
de plantas de la industria automotriz desde la Unión Europea y de Estados Unidos
hacia
la antigua Europa oriental y hacia América latina en las últimas décadas,
así como la fabricación de partes y de ensamble electrónico que crece
en Asia Central, en el sudeste de Asia y también en América latina.
Es lo que 
sucede en la industria del vestido. El engarce -a las cadenas productivas
de grandes emporios- de pequeños talleres y la multiplicación del trabajo domiciliario (...).

A este aspecto clave en las razones que explican
las inversiones de los grandes conglomerados transnacionales,
se agregan otros
como nulos o muy bajos impuestos y facilidades para movilidad
y repatriación de ganancias; subsidios y abastecimiento de
fuentes de energía barata y en muchos casos abundante;
legislaciones laborales 'amigables' para el capital
(referidas
a la permisividad para el contrato de niños y adolescentes,
prolongación de jornadas, despidos, restricciones para la sindicalización, etc.);
plataformas de exportación con acceso a potenciales o reales
grandes mercados de consumo (...)".

Jaime Osorio destaca de las inversiones extranjeras:

• Establecen "escasa o nula vinculación con el resto del aparato productivo,
  lo que no propicia el florecimiento o crecimiento de nuevas industrias y servicios.
  Por lo general,
  se abastecen de insumos provenientes desde el exterior".
• Propician "cadenas de subcontratación donde en cada eslabón
  tienden a producirse pérdidas de derechos laborales y sociales
  y de condiciones generales de trabajo y de existencia para los trabajadores.
  La subcontratación
  constituye así un mecanismo que permite al capital redoblar la explotación,
  la que puede favorecer -en sus eslabones inferiores- incluso la multiplicación
  de formas esclavistas ejercidas sobre niños y jóvenes, prioritariamente".
• Fuerzan a "las empresas subcontratadas y las economías nacionales
  a conectarse con compañías del mundo central ya que sólo
  de esa manera podrán acceder a tecnologías, equipos o mercados,
  todo ello bajo su control".(...)
  No es difícil percibir
  que se relega la idea de un plan rector social, para asumir el plan rector
  de compañías transnacionales, en condiciones en que éstas mantienen
  para sí los aspectos más relevantes, dejando labores secundarias en
  manos de las subcontratadas. Por esta vía de ningún modo
  surgirá
  desarrollo; por el contrario, es más una modalidad para perpetuar
  la dependencia y el subdesarrollo".
• Tienden a "crear un aparato productivo que se desliga de 
  las necesidades de consumo popular".
• Imponen "reajustes en la economía de América latina desde
  la segunda mitad de los años setenta en aras de conformar
  el nuevo patrón de reproducción de capital exportador
  de especialización productiva.
  La política económica neoliberal ha sido una de 
  las principales herramientas para construir los caminos
  que el capital necesitaba en las nuevas condiciones".
  
  Fuente: revista Realidad Económica nº 230,
  agosto/ septiembre 2007, editada por
  el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)    
  realidadeconomica@iade.org.ar;  www.iade.org.ar

Jaime Osorio nos ayuda a enfocar que:

Premisas e hipótesis:

La política de los Kirchner de atraer a los 'inversores' extranjeros
y crearles seguridad jurídica es, en otras palabras, la legitimación
y legalización
de la ocupación imperialista de Argentina que 
significa exterminio, tortura e incapacitación 
de las mayorías.

Veamos en qué consiste el desarrollo capitalista actual.

Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo y otros intelectuales
de México, en su "Llamamiento a la nación mexicana" (Rebelión),
indican que

a.  "este proceso de ocupación integral se ha realizado con dos armas tradicionales: 

• la represión y la cooptación, 
• el autoritarismo exacerbado de Estado y la asimilación, asociación y corrupción. 

Esta doble política busca -hoy como ayer- que 
los propios mexicanos 
se atemoricen o se vuelvan cómplices y 
socios menores de la pérdida y sometimiento de nuestro país. 

Se aplica así de nuevo la política que un presidente de Estados Unidos llamó “de la zanahoria y el garrote”. El objetivo de la misma consiste, simultáneamente, 
en sembrar el miedo y en comprar al temeroso, sumándolo o sometiéndolo a los líderes-socios y a las fuerzas de apoyo social, cultural, político, militar, para-militar y económico del sistema. 

Esa política se aplica hasta en los estratos más bajos y miserables de 
la sociedad, con más miedo y menos pago.

b.  El proceso de ocupación integral de México, sus consecuencias y peligros, 
se advierten en 
prácticamente todas las medidas que las fuerzas dominantes 
han venido tomando desde los años ochenta, con base en 
un proyecto de represión-negociación, en el que 
los acuerdos 
se logran con la lógica pragmática de los oportunistas: 
“ganar algo hoy, aunque se esté más sujeto, corrompido y amolado mañana”; 
y aunque “mañana” los “gringos” y sus aliados ocupen mayores, 
más y mejores posiciones, fuerzas, empresas y poder. 

Hecho que se vuelve evidente a nivel mundial desde el 2005, 
año en 
el que el gran capital y el imperialismo colectivo encabezados por Estados Unidos 
han decidido aplicar (siempre que la correlación de fuerzas lo aconseje) 
la nueva “política de concesión cero” 
a los movimientos de pueblos indígenas, ciudadanos y trabajadores 
que exijan el cumplimiento de los derechos humanos integrales, individuales y colectivos, 
civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, nacionales, étnicos y de género, alcanzados en luchas anteriores (...)".

Reflexionan:

Próximos a celebrarse el Bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y 
el Centenario de la Revolución Mexicana, los objetivos de construir una nación libre, soberana y pluricultural y de garantizar la justicia social, 
han sido traicionados 
y continúan siendo un pendiente histórico. Peor aún, 
la creciente integración a Estados Unidos, 
la subordinación a los intereses de las potencias y las grandes corporaciones, 
la aplicación de las políticas neoliberales que destruyen las conquistas sociales históricas, 
y hoy la amenaza de imponernos un Plan México o la “Iniciativa Mérida”, 
han venido alejando aquellos objetivos por los que tantos cientos de miles de mexicanos sacrificaron su vida".

Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo y otros intelectuales
de México, en su "Llamamiento a la nación mexicana" (Rebelión),
contestan al
cómo ocurre el proceso de ocupación integral:

"El TLCAN -como megaproyecto- aceleró el proceso de ocupación contemporáneo, 
mediante 
la desregulación del patrimonio nacional, la extranjerización total de la planta productiva 
y la mercantilización del campo (la Madre tierra).

Le siguió el Plan Puebla Panamá, 
proyecto de infraestructura para la integración territorial, energética, biológica y maquiladora, 
con el fin 
de resolver el déficit energético de Estados Unidos, 
trasladar el problema de la migración y los trabajos precarios hacia el sur 
—creando así una nueva frontera de la conflictiva socioeconómica—, y 
para dejar 
en manos del Banco Mundial, Conservación Internacional y 
otros organismos similares la invaluable riqueza biológica del Corredor Mesoamericano, 
que es pieza central de comunicación y canal de alimentación y 
enriquecimiento entre las selvas húmedas del norte de Chiapas 
(muy particularmente la Lacandona) y del sur del Continente (la cuenca amazónica).

Estos megaproyectos, atravesados por el del corredor del Istmo de Tehuantepec, 
son acompañados hoy por otros de naturaleza distinta: los megaproyectos de seguridad, 
que comprometen ya no sólo la soberanía alimentaria o económica de México, 
sino íntegramente su soberanía como nación. 

La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), 
que no es ni tratado ni acuerdo, para eludir la sanción de la sociedad, 
pone en riesgo la vigilancia de nuestras fronteras, 
y desde allí nuestra seguridad interior, 
así como la independencia de las fuerzas de seguridad de México, 
por una supuesta amenaza del terrorismo. 

Los cuerpos de seguridad de Estados Unidos, en cambio, 
tienen la facultad de actuar para garantizar la seguridad de la región completa, 
con atribuciones en suelo mexicano, que son, por decir lo menos, inconstitucionales. 
Curiosamente, 
se agregan a la ASPAN, la integración energética (el saqueo de nuestros hidrocarburos), 
tan delicada por el valor material y simbólico del petróleo en México, 
y el libre tránsito de especies (biopiratería legalizada).

Como si fuera insuficiente, en la actualidad se refuerza la ASPAN con 
un Plan copiado de la triste y desastrosa experiencia colombiana, la denominada “Iniciativa Mérida”, 
que aportará recursos estadounidenses para el combate al narcotráfico en México, pero que serán, como los créditos atados, otorgados en especie y acompañados 
de las instrucciones de uso y de los instructores estadounidenses. 

El Plan México y las políticas de “inteligencia” y “seguridad” 
que se están poniendo en marcha son una amenaza a la sociedad mexicana. 
Se trata 
de romper tejidos comunitarios, crear una cultura de la delación y sospecha, 
y de convertirnos a todos en potenciales delincuentes a juicio de algunas 
altas autoridades que nadie controla, que no tienen sanción social, y 
que obedecen las directivas del Comando Norte de Estados Unidos.

Saqueo económico hasta la última gota de petróleo, 
hasta el último grano de maíz criollo, 
hasta el último código genético, provenga de planta, animal o ser humano; 
éste es el escenario que se construye con los megaproyectos económicos, 
y que se garantiza con los megaproyectos de seguridad. 

Disciplinamiento social, fragmentación, 
represión directa, selectiva, masiva, mediática, subliminal, simbólica, 
hasta 

• convencernos de que aislados, solos y encerrados es 
  como podemos construir nuestra felicidad;
• disuadirnos de actuar, atemorizarnos, des-sujetizarnos, es el propósito;
• colocarnos en la situación de sospechosos, 
  mediante el mecanismo “tolerancia cero”, el operativo desmovilizador. 

La disolución de la nación mexicana, el objetivo estratégico, y 
convertirnos en “estrella” de Estados Unidos de Norteamérica, el “mejor futuro posible”(...)".

Fuente: www.rebelion.org
México 17-11-07

III.   ((VOLVER))

PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS

Planteo:

«¡Nunca Más!» el pasado y tampoco el hoy que nos sacrifica en aras del 'Mercado', 
desafía -a los de abajo- poner fin a la expropiación
de

• nuestras vidas y capacidades laborales;
• nuestro patrimonio (físico y espiritual) nacional, social e individual.

Ese apoderamiento mediante violencia económica e institucional y
violación de todos nuestros derechos humanos comienza con
la imposición de
la economía especulativa cuya ley de Entidades Financieras todavía rige,
el tributo al imperialismo que es el pago de la fraudulenta deuda pública
en incesante crecimiento como sucede actualmente y
el acostumbramiento masivo
a despolitizarse que consiste en abandonar proyectos e ideales de sociedad-país-mundo
y subordinarse a lo dispuesto por los de arriba.

Sigue con la desnacionalización de las empresas y recursos fundamentales
para el bienestar social y el desarrollo o subdesarrollo del país
que, a la vez,
consolidó la desindustrialización iniciada por la dictadura cívico-militar
mediante descabezamiento del sindicalismo con independencia de clase.

En acuerdo con el desarrollo del capitalismo mundial,
los servicios y los súper e hipermercados se convirtieron
en los dinamizadores de la economía con predominio
de las actividades financieras.
Gran parte de las pymes de servicios y comercio
pasaron a operar subordinadas a los monopolios.

Pero
un 40% de las pymes comerciales e industriales
quebraron por políticas de 
las transnacionales favorecidas con privatizaciones
y del gobierno Menem-Cavallo sin interés alguno por esas fuentes principales
tanto de trabajo como de productos para el mercado interno,
al contrario,
legalizaron la apertura y las desregulaciones comerciales
en beneficio exclusivo del gran capital transnacional y sus socios locales.

Del 60% restante, la mayoría se redujo a la subsistencia, algunas se especializaron
y otras se posicionaron en las cadenas de subcontratación.

Este funcionamiento económico mirando sólo a maximizar la rentabilidad de 
conglomerados extranjeros y corporaciones transnacionales en asociación
con grupos locales, también privilegió los centros urbanos de la pampa húmeda
y
agravó la situación de las economías regionales extrapampeanas.

El sistema financiero a favor de la gran burguesía imperialista
potenció la concentración y desnacionalización económica y
la exclusión, marginación del sector industrial, de las pymes y de
las provincias periféricas
mayoritariamente con algún u otros enclaves.

El gobierno de Néstor Kirchner continúa el incremento
de la desigualdad social, la disolución nacional y el acaparamiento imperialista
de la economía.
Pero la herramienta fundamental de la actual fase para la concentración y
desnacionalización tanto económica como territorial y la exclusión e injusticia social
son los agro negocios y la mega minería a cielo abierto.

En simultáneo
con los procesos de concentración económica y consiguiente exclusión social,
se implantó el permanente ajuste estructural o incesante desmantelamiento de
los derechos y degradación salarial de los trabajadores que se convierte en política de estado
mediante
terrorismo hiperinflacionario y la conversión de los jerarcas sindicales en grandes empresarios.

Hoy la nueva presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como su marido,
hace centro en la seguridad jurídica de las transnacionales y sus socios locales.
Lo fundamental
para esa gobernabilidad del sistema de saqueo es el pacto mafioso -que llama pacto social-
entre quienes se han beneficiado y benefician de la superexplotación de los trabajadores
y del vaciamiento del país.

Ideología:

El pacto 'social', mejor dicho mafioso, pretende mantener 
el rumbo económico que fijan los oligopolios globalizados 
pese a 
que tiene gravísimas consecuencias sobre las grandes mayorías. 

Es viable y puede tener éxito si la diversidad popular concilia por no reconocer:

La Agencia de Noticias Red Acción (ANRed) nos ayuda a pensarlo al comunicar:

"La Escuela de Mecánica de la Armada es un paradigma del Terrorismo de Estado en la Argentina. 
Por ese campo de concentración pasaron más de 5000 detenidos- desaparecidos. 
Sin embargo, 
la Justicia dictaminó que sólo sería un prefecto enjuiciado por sólo cuatro crímenes. 

En los alegatos, Myriam Bregman, abogada de Justicia YA!, sostuvo: 
"Este juicio trató de ser el árbol que oculte el bosque".

Juzgar a un solo represor por un puñado de casos atenta contra 
la percepción 
del genocidio cometido en la Argentina. Juzgar a un solo represor, 
exponiendo una vez más a las víctimas, también tiene consecuencias actuales. 

"Los delitos que aquí se juzgan, fueron parte de un proceso más amplio que vivió la Argentina, 
un plan sistemático, 
ya probado (en causa 13, causa 44 y causas 2251 y 2506 del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata) 
y cuyas consecuencias planificadas de impunidad alcanzan al día de hoy y tienen 
como resultado 
la desaparición de Jorge Julio López, también hasta la fecha impune", 
sostuvo la integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). 

Además, cuestionó: 

"Cabe preguntarnos si esta forma de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país-, no se impone por ser funcional a 
los intereses políticos: 
tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes 
pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos".

"Los hechos aquí tratados, ocurridos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada,
no son delitos aislados. 
Son parte de un plan sistemático de exterminio: 
un genocidio que se llevó a cabo como parte de un proyecto económico, político y social 
que tenía como objetivo cambiar la estructura del país, disciplinar y 
aumentar la explotación de la clase trabajadora", resumió Myriam Bregman. 

Agregó: "Debemos romper con la lógica que impone el derecho común. 
Estamos ante un plan sistemático, 
estamos ante la existencia masiva de centros clandestinos de detención y exterminio, 
los delitos que cometió Febres sobrepasan los delitos comunes, son un genocidio".

La querella de Justicia YA! dejó en claro 
que 

el ex prefecto fue una pieza clave en 
el trazado criminal: 
fue quien tenía bajo su poder el sótano de la ESMA, 
donde estaban los cuartos de torturas, y fue el responsable de las embarazadas. "Cuando, decenas de esos jóvenes que nacieron en la ESMA siguen apropiados, cuando Febres sigue guardando silencio sobre su destino y el de sus padres. Debemos decir que todo lo que contribuya a sostener ese silencio, ese ocultamiento de pruebas, esa impunidad, contribuye y se hace parte del plan genocida", 
denunció Myriam Bregman.

Por considerarlo un engranaje fundamental de la maquinaria de tortura, 
desaparición y muerte que se erigió en la ESMA, 
la querella unificada de 
Justicia YA!  

·         solicitó que se lo condenara a Héctor Antonio Febres como autor del delito de genocidio,

·         exigió que 
cumpla una pena de 25 años en cárcel común y efectiva por 
la privación ilegal de la libertad agravada respecto de Alfredo Margari, 
Carlos García, Josefa Prada y Carlos Lordkipanidse; 
los tormentos agravados respecto de Alfredo Margari, Carlos García, 
Josefa Prada y Carlos Lordkipanidse y la reducción a la servidumbre 
respecto de García, Margari y Lordkipanidse.

Bregman enfatizó: 

·         "Seguiremos insistiendo en que los crímenes de Febres merecen 
la condena perpetua por genocidio".

·         Creemos que esa visión de que el delito de genocidio no contempla penas en 
el derecho interno 
muestra una media verdad y opaca otra mucho más real. 

Que esa reglamentación interna no se haya efectuado aun, 
no es imputable a las víctimas ni a los que buscamos que 
se reconozca el genocidio cometido en la Argentina. 

Es imputable a este Estado, 
jurídicamente continuador de aquel que cometiera el genocidio 
que 
no ha cumplido con las obligaciones asumidas, como 
sí lo hace -día a día- en el pago de la deuda externa contraída 
por la dictadura o en sostener más de 500 leyes 
provenientes de la misma".

Llevar a un juicio a un solo represor por sólo cuatro casos cometidos en 
un campo de exterminio por el que pasaron más de 5000 detenidos-desaparecidos 
parece ser 
una justicia a cuentagotas, una justicia a la que los sobrevivientes increpan 
y cuestionan por qué no se castiga a los genocidas por todos sus crímenes. 
Al menos, es como inquirió Enrique Fukman: 
"¿Cuánto tiempo más la justicia va a seguir no siendo justicia?". 

Ese interrogante resuena, así como la certeza de que 
es necesario que se reconozca la existencia de un plan de exterminio, 
tal como lo planteó Myriam Bregman. 

"La dictadura no "mataba a cualquiera". Vino a terminar con esas formas de participación, militancia y organización. De allí nuestra insistencia en que 
se reconozca que fue un genocidio".

Luego, Liliana Mazea, también integrante de Justicia YA!, 
se dirigió especialmente al Tribunal: 

"Esta querella entiende que 
las víctimas no están buscando sólo un reconocimiento judicial de condena a los represores, sino sobre todo, un reconocimiento jurídico a los hechos sucedidos 
en el país. 
Las condenas y las penas son aleatorias y efímeras, 
más teniendo en cuenta la edad de muchos de los procesados y 
también la de varios de los sobrevivientes. Es por ello que el reconocimiento judicial de Genocidio 
por parte de la Justicia argentina permitirá a toda la sociedad no sólo prevenir, 
rearticularse y solidarizarse con hechos que como en la presente causa ofenden a 
toda la humanidad, sino que también posibilitará la resistencia firme a cualquier intento de inclusión de estas prácticas".

Mazea dejó en claro que la exigencia es que sean castigados todos los genocidas 
por todos los desaparecidos. 

"Por lo que la condena -hoy solicitada- la piden también los 30.000 detenidos-desaparecidos, 
los más de 10.000 presos políticos, los 500 niños apropiados, 
los 200.000 exiliados y los miles de argentinos que por causa del genocidio 
murieron sumidos en el hambre y la miseria, por ellos seguimos reclamando 
y exigimos justicia. 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos PRESENTE".

Fuente: www.anred.org 
22-11-07

En el subdesarrollo, comprobamos deformación estructural por el sistema de producción, 
trabajo y comercio.  Sus consecuencias son el hambre, la miseria, el atraso, 
las enfermedades de la pobreza en buena parte de la población 
e inseguridad jurídica 
de las grandes mayorías que se refiere a la falta de seguridad alimentaria y de
salubridad alimentaria e inseguridad habitacional, sanitaria, educativa y de infraestructura
socioeconómica.

El subdesarrollo se debe a que el país está enyugado a convertirse en paraíso rentable 
de las potencias imperialistas.

¿Cómo comprobamos que en la Argentina de hoy se desarrolla el subdesarrollo?

Los ejes principales del crecimiento económico son el monocultivo de soja,
la mega minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos, la construcción
y la industria automotriz.

Se dirigen hacia la exportación o al consumo suntuario, destruyen la vida y su calidad
para los de abajo del presente y el futuro no sólo por contaminación ambiental
sino también quitan fertilidad, agua, energía, alimento, hábitat...y provocan
catástrofes ambientales por eliminación de la biodiversidad e incremento de cánceres,
enfermedades respiratorias e hídricas, etc.

Entre ellos predominan condiciones de trabajo de alto riesgo y siniestralidad, además,
tanto en la agricultura como en la construcción el 70% de sus trabajadores están despojados
de todos los derechos laborales.
Componen, junto al Estado, la única o principal fuente de trabajo de modo que
superexplotan y disciplinan a sus trabajadores mientras los otros componentes de la población
sobreviven por economía informal, prostitución, narcotráfico...ingreso a 
las crecientes fuerzas de seguridad.

Los monocultivos de exportación e industriales implican 
una agricultura sin agricultores que desaloja a los campesinos, 
los pequeños-medianos productores,
los trabajadores rurales y a los pueblos originarios hacinándolos alrededor 
de las grandes ciudades donde sufren enormes penurias y si defienden sus tierras
son criminalizados o atacados por grupos armados.

Estos motores del crecimiento económico desertifican en todos los sentidos
y conducen a exterminio masivo que, por ahora, lo producen de manera silenciosa e imperceptible.
Al mismo tiempo
que impulsan la concentración y desnacionalización tanto económica como territorial.

El Área de Recursos Naturales, Modelo Productivo y Distribución de la riqueza
de la CTA (Central de los Trabajadores de la Argentina) explica
una de las importantes deformaciones estructurales:

"Pensar hoy, un modelo de desarrollo de un país sin tener en cuenta especialmente
el sistema de transporte
sobre el cual se va a apoyar el mismo, es pura irresponsabilidad y es 
como construir una casa sin cimientos.

Más pernicioso es, aún, planificar como se realizó en la Argentina
en las últimas décadas, un sistema de transporte sobre la base del automotor
que cada tanto implicó la construcción de rutas y autopistas por cifras millonarias.

Aún más, se desatienden las redes camineras secundarias y terciarias que
son esenciales
para una auténtica integración de las regiones y se privilegian las mega carreteras
que consolida el uso, a nivel continental, del modo de transporte más caro,
concentrador y contaminante. (...)

En respuesta a las directrices de las grandes multinacionales petroleras,
automotrices y del caucho (que agudizan la dominación y la dependencia
tanto económica como tecnológica), se privilegió al automotor
sobre 
el ferrocarril y el transporte fluvial aunque éstos son más eficientes y baratos.

Un tren de carga
transporta el equivalente a 50 camiones, lo que en términos ambientales
significan 50 motores emitiendo gases de efecto invernadero, 1.000 cubiertas
desgranando y volatilizando caucho, asbestos cancerígenos 
de 
las pastillas de frenos y placas de embrague y 
miles de litros de otros fluidos siempre contaminantes.

Un tren transporta cómodamente 1.000 pasajeros,
para ello se necesitan 20 ómnibus, 
lo apuntado 
significa en uso de combustibles:
1.000 litros de gasoil con 4.000 de los colectivos.
Se despilfarran miles de litros adicionales de combustibles fósiles,
los que constituyen un recurso no renovable.(...)

Es sobre este esquema productivo que se asienta
la estrategia
del plan para la Integración de la Infraestructura Regional
de Sudamérica (IIRSA).

Los principales objetivos de este plan son crear las mejores condiciones
para la exportación de materias primas o bienes de la naturaleza en
toda América del Sur,
consolidando el modelo primario-extractivista-exportador.

Se materializa a través de 12 ejes de integración o desarrollo.
Cuatro de ellos alcanzan nuestro territorio (Ejes de Capricornio,
MERCOSUR-Chile, Sur e Hidrovía Paraguay-Paraná).

En forma imperceptible,
desde el año 2000, se lo impulsa a través de una serie de proyectos y mega proyectos
que se integran sistemáticamente en la estrategia de los grupos económicos internacionales,
muy especialmente: cerealeros, mineros y petroleros.

Se los materializa en forma aislada haciéndolos aparecer
como inconexos y con el total desconocimiento de la población.
La infraestructura
de transporte refuerza este modelo excluyente en lo social
y dependiente en lo económico y político.

IIRSA es financiado por los mismos estados que nos saquean
a través de organismos de crédito regional (CAF, BID y FONPLATA)
que responden a la estrategia del ALCA.

Está conectado con el crecimiento de los agro negocios que
condujeron a una mayor concentración de la propiedad y
correlativamente,
a mayor pobreza y exclusión, abandono de las áreas rurales
por parte de campesinos y pequeños productores,
mayor endeudamiento, mayor dependencia tecnológica
y peligro de renovabilidad de los recursos.

Incluye, también,  la energía y las comunicaciones
que se realizan en zonas de extrema vulnerabilidad
de nuestra América:
bosques que son deforestados, cursos de agua que son
y serán contaminados o transitados con mayor asiduidad
e impactados por la construcción de grandes represas,
zonas mineras sobreexplotadas y abandonadas,
tierras fértiles contaminadas y degradadas.

En esta lógica, la estrategia de integración es,
entonces,
la construcción de corredores de exportación
que generan a su paso corredores de miseria y aumento de la deuda".

Fuente: publicación n° 1
De la conflictividad y el debate
Recursos naturales, Modelo Productivo
y Distribución de la Riqueza CTA
septiembre 2007

Es fundamental cuestionar el mito inculcado, desde las usinas del poder,
acerca de 
que el Estado -a consecuencia del menemismo- es débil y 
está discapacitado para una conducta en favor de la soberanía nacional y popular.

Hoy el Estado mira en exclusivo por 
las superganancias de las transnacionales
y de los grandes grupos transnacionalizados.
Basta
comprobar cómo obró el gobierno de Néstor Kirchner
ante la oportunidad histórica de revertir al neoliberalismo
que se instaló entre 2001 y 2002.

Respecto a la ilegal e ilegítima deuda externa:

• restauró el pago a los estafadores que convalidó como acreedores;
• privilegió al FMI, al BM y al BID o sea a los programadores de 
  esa transferencia creciente de ingresos públicos a costa de desfinanciar
  al sector público y empobrecer a los trabajadores estatales y a la gran mayoría de
  los jubilados;
• perfeccionó los negocios en torno a esa fraudulenta deuda en permanente incremento;
• acumuló divisas en el Banco Central como fondo anticíclico pese a las hambrunas y
  miseria reinantes en, al menos, un sesenta por ciento de niños, adolescentes y ancianos
  y un cuarenta por ciento de las otras edades y a la extrema precariedad de hospitales,
  escuelas, universidades públicas.

También benefició enormemente al sistema financiero 
que instauró la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983
para cimentar e impulsar el desarrollo del empobrecimiento y sometimiento de la Argentina.
Le restableció
su altísima rentabilidad y forzó o indujo a las mayorías a ser su clientela cautiva 
pese a que éstas habían comprobado cuáles son las reglas de juego del mismo: 
sacar los grandes capitales del país 
y confiscar a los pequeños ahorristas.

Igual procedió con las transnacionales que se quedaron con las empresas privatizadas
y ante la puesta en evidencia de los perjuicios a la población a causa de esas concesiones,
los ha beneficiado con subsidios millonarios y entregándoles mayores negocios.

El beneficio mayúsculo a todos los poderes establecidos consiste en 
la superexplotación laboral y la inflación  
que posibilitó junto con la CGT y los medios de comunicación masiva 
por derrota infringida a los trabajadores.

Premisas e hipótesis

La concentración y desnacionalización tanto económica como territorial
implica un régimen de propiedad que no sólo bloquea totalmente
el desarrollo
del bienestar general y la justicia social sino también priva de vida
a una creciente mayoría de nosotros.

Para salir de esta condena al exterminio o al infortunio, es imprescindible
el cambio radical del modo de producción.
Analicemos:

Los oligopolios transnacionales y sus socios locales imponen

• un régimen laboral de máxima explotación y alienación de los trabajadores;
• un modelo económico y financiero que ataca-asfixia a los pequeños y medianos propietarios;
• una estructura de precios y tarifas que atiende a su despotismo llamado
  "libertad de mercado" 
  o a la impunidad de priorizar la exportación al consumo
  de la población 
  y abusar de su monopolio sobre el acceso a derechos sociales para violarlos;
• un sistema de comunicación masiva que procura la manipulación de las mentes
  y la aculturación general;
• un Estado que no sólo legaliza el crecimiento de la descapitalización de Argentina
  y la desigualdad social
  sino 
  -sobre todo- aplica su violencia para una recaudación fiscal contra el consumo popular,
  la transfiere al poder económico y mediático, despliega sus fuerzas de seguridad e
  inteligencia en la criminalización tanto de la pobreza como de la protesta social
  y
  sostiene aparatos clientelares para ganar elecciones.

Como consecuencia 
de este orden a favor exclusivo de las superganancias de oligopolios,
las grandes mayorías se ven privadas o restringidas de satisfacer
las necesidades más elementales de una familia como el alimento, 
la vivienda y otros derechos sociales que han sido mercantilizados y convertidos en servicios.

Como forma de superación de esta realidad cruel e injusta, 
unos proponen la re-estatización de las empresas privatizadas
y otros se conforman con recuperar las rentas. 

-Los primeros hablan de control de los de abajo
y de no indemnización a los concesionarios 
pero
no valoran que hoy -a raíz de la dictadura genocida de 1976 a 1983- 
el Estado compone al sistema capitalista mundializado y se ha reestructurado
conforme a erradicar la soberanía popular y nacional.

-Los últimos tienen en cuenta lo que sucede tanto en Venezuela 
como en Bolivia 
y consideran que es la alternativa más viable. 
Discrepo porque, a diferencia de ambos países,
la Argentina
no puede fundamentar el financiamiento de los cambios radicales 
en participar mejor de los beneficios de la exportación 
al conducir ésta a su ruina económica y social. 
Carece de 
la riqueza de hidrocarburos que deberían destinarse a consumo interno y los monocultivos
arrasan con las muy propicias condiciones para las actividades agropecuarias,
además de provocar catástrofes socio-ambientales y enfermedades generalizadas.

El potencial de cambios radicales está en
la heterogeneidad socioeconómica de la Argentina bloqueada y oprimida. 
Lo que nos plantea
liberarla del contubernio imperialista con todos los factores locales de poder y 
organizarla en función de necesidades e intereses de nuestra diversidad popular.

Necesidades e intereses de la diversidad popular
requieren
del Estado que delibere para planificar-concretar soluciones participativas
y por tanto, lo haga en interrelación permanente con
las autoorganizaciones de colectivos y redes socioeconómicas, sociopolíticas y culturales
de los de abajo de todo el país.

Para el éxito del programa de cambios estructurales en nuestra época
es fundamental
que científicos y técnicos asuman sus especializaciones como militancia en
humanizar los distintos aspectos de la vida social
y el enfoque integral de la producción para el desarrollo en perspectiva del bienestar general.

Es decir,
el apoderamiento de los medios y objetos de trabajo por los de abajo les exige
cambios radicales en sus actividades para acordarlas con la construcción de vida digna
sin discriminación de tipo alguno, convivencia cada vez más plena y la autorrealización
grupal e individual.

Los científicos y técnicos -hoy- deben atender a los objetivos lucrativos
de la patronal lo que los sitúa en cómplices de devastaciones,
expulsiones de poblaciones de sus modos tradicionales de vida y desintegración de las mismas.
Pero,
además, como en la Universidad Nacional de Río Cuarto, los condena a muerte. 
La CONADU HISTÓRICA exige ¡Juicio y castigo! a los responsables de la mercantilización
y debería ser una reacción generalizada de toda la sociedad del país.

Mario R. Fernández (www.alternativalatinoamericana.com)
en
"Canadá: El final de la industria pesquera" nos introduce en un ejemplo de cómo la devastación
es propia del capitalismo y no sólo del imperialismo al relatar:

"Canadá tiene la costa marítima más extensa que cualquier otro país del mundo; 
sus costas tienen 202.080 kilómetros de largo, incluyendo el Ártico, 
por lo que es un país único y privilegiado que tiene costas a ambos océanos, 
el Pacífico y el Atlántico. 
Sus litorales incluyen formaciones mayormente rocosas y variadas, 
todavía cubiertas de vegetación, bosques y playas. 

En la plataforma continental de sus costas, 
su recurso más importante fueron los peces; 
su pesca rica fue el recurso más importante que tuvieron, 
primero sus aborígenes y más tarde, los europeos que allí se establecieron. 

Esta relación entre peces y seres humanos data del fin de la era del hielo, 
unos 10.000 años atrás.(...)

Hoy, en Canadá, aquella abundancia es cosa del pasado, la industria de la pesca está al borde del colapso total, principalmente en la costa atlántica 
donde residían el 84% de las reservas de peces del país para 1990. 
Un informe 
presentado a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (American Association for the Advancement of Science) el año 2002 
pronosticaba un completo colapso de la pesca en todo 
el Atlántico del Norte del continente americano 
para el año 2010. 

La principal especie en el Atlántico es el bacalao (northern cod) 
que se consumió por siglos en muchos partes del mundo 
como alimento vital por su riqueza nutritiva. 

Para el fin de los años 50 y durante los 60 su pesca se incrementó, 
el record fue de 800.000 toneladas y fue alcanzado el año 1968. 
Este ritmo de pesca creó un “boom” gracias a que nuevas tecnologías 
fueron incorporadas a la pesca, 
los barcos pequeños y botes de pesca establecidos a final del siglo 19 
fueron desplazados por barcos factorías. 
Estos “factory trawlers” 
traídos desde otros países, principalmente de Alemania, Gran Bretaña, España y Portugal, 
pescaban legalmente en las aguas continentales canadienses, a sólo doce millas de 
la costa de Estados Unidos y Canadá. Para 1975, y debido a la irresponsable explotación 
de la pesca, 
la pesca del bacalao no alcanzó las 300.000 toneladas, 
mientras que otras especies como la merluza, el lenguado y 
el halibut disminuyeron espectacularmente. 

De un total de 775.000 toneladas de pesca en general, 
en el Atlántico canadiense en 1980, 
de 500.000 toneladas en 1988 se llegó a 50.000 toneladas en 1994, 
un declive del 90% en sólo cinco años. 

Este año la cuota de pesca del bacalao es de apenas 13.000 toneladas. 
Esto mientras que la pesca comercial del salmón nativo del Atlántico está completamente terminada por ya varios años. (...)

En los años 80 fue permitido usar un sistema de gigantescas mallas, 
del tamaño de un campo de fútbol, que tocaban el fondo del mar y 
arrasaban con todo lo que allí cayera. 
Estos arrastradores, o “draggers” en inglés, fueron una forma de crimen 
contra las especies que habitaban el océano, y fuera de arrasar con ellas, 
destruían su hábitat y desequilibraban los ecosistemas.

El gobierno federal canadiense -en los 80- no sólo no detuvo esta “cacería” de peces 
sino que promovió la inversión en la explotación pesquera dando aún más licencias y 
subsidiando 
a las grandes corporaciones para que construyesen barcos más y más grandes 
y plantas procesadoras por doquier. En forma muy sospechosa 
se reportaban 
datos supuestamente científicos que sorpresivamente, 
y a pesar de esta masacre de las especies, 
decían que los recursos de pesca eran todavía “saludables”. 

Estos reportes no engañaron nunca a los pescadores artesanales 
o de menor escala 
que denunciaban -como mejor podían- el notorio declive del bacalao. 
Recién en 1986 estudios científicos reconocieron que había una baja 
y para 1988 recomendaron una reducción de la pesca a la mitad. 
Pero el gobierno federal hizo oídos sordos incluso a estos reportes 
y retrasó las medidas de conservación hasta que la biomasa de peces 
llegó a su más bajo nivel en 1992.

Las consecuencias económicas y sociales de la masacre del mar se sintió 
en tierra, 
precisamente los más afectados fueron los pescadores artesanales y pequeños 
y los trabajadores de las plantas procesadoras, decenas de miles de ellos 
quedaron desempleados para siempre. 
Las comunidades de pescadores quedaron desoladas y convertidas en 
una reliquia turística del lugar.

El colapso 
de la industria pesquera del Atlántico canadiense demuestra una vez más 
que las ganancias y la tecnología de cualquier aventura económica frustrada 
quedan en manos de los capitalistas, son privatizadas y se las llevan ellos. 

Pero, los costos económicos y sociales de estas aventuras se socializan y 
los pagan los ciudadanos del país. 
Es una economía irracional; por mucho tiempo (después del quiebre) 
el estado canadiense ha tenido que invertir para enfrentar los costos humanos, 
para empezar tuvo que gastar dos mil millones de dólares 
-se trata de más de 40.000 trabajadores y sus familias. 
Ni hablar de los daños sicológicos, traumáticos, 
para quienes quedaron sin actividad y sin sustento (...)".

Fuente: www.rebelion.org
Ecología social 
28-8-07

Para esa transformación radical se requiere la lucha contra el sistema opresor,
la que se basa en asumir las reivindicativas mirando a articularlas en un proceso
de democratización
que las arraigue en poder popular de desarrollar la heterogeneidad socioeconómica
y sociocultural que el subdesarrollo intenta arrasar. 

Un ejemplo nos ayudará a interpretar esa simultaneidad del reclamo de derechos con
el desquicio de instituciones autoritarias y represivas. 

En la actual Argentina,
la depredación pesquera con la consecuencia de desequilibrio de los ecosistemas marítimos,
superexplotación laboral y pérdida de soberanía alimentaria  comienza a instalarse como conflicto 
por los obreros de
plantas de filetes del puerto de Mar del Plata que se rebelan contra su trabajo en negro
y en precarias condiciones laborales. Están en pie de lucha desde hace más de cuatro meses. 

Como la publicidad gubernamental martillea sobre el registro de todo trabajo,
la CGT no puede oponerse al reclamo y
justifica su posicionamiento en contra de los fileteros a causa de apoyar al respectivo sindicato.
La CTA se solidarizó pero mantuvo circunscripta la reivindicación en ese sector cuando
casi la mitad de los trabajadores ocupados en el país sufren ese fraude laboral y ella tiene
organización nacional. 

¿Sorprenden las reacciones de ambas? ¡No! 

• la cúpula de la CGT está constituida por sindicalistas empresarios y mafiosos
  que han sido y son fundamentales para instaurar la superexplotación laboral;
• la cúpula de la CTA está integrada al Estado que, 
  con el pretexto de la descentralización,
  conduce a la disolución nacional -por reinado de feudos- para favorecer
  «la entrega, el despojo y la sumisión»
  de ahí que la CTA no una la lucha de los docentes en todo el país a través
  de CTERA 
  y menos la de todos los trabajadores del sector público de Argentina
  que son los más sacrificados en aras del pago de la estafa que es 
  la deuda en incremento incesante.

Ambas, según sus respectivas modalidades, han bloqueado hasta la lucha gremial
de un sector en una localidad y en una provincia posibilitando
lo que el pacto social viene a instaurar
como orden legal
de la seguridad jurídica para las transnacionales.

A su vez, el gobierno nacional participa de los formidables negocios
en torno a la depredación pesquera que llevan a cabo 
las multinacionales y las locales asociadas.
Es que
los Kirchner constituyeron y consolidan su satrapía en la provincia de Santa Cruz.
Sus respectivas presidencias se deben bastante a esos entramados 
de intereses en contra de los populares que establecieron con
Repsol, con otras petroleras y con las corporaciones de la mega minería a cielo abierto.
El crecimiento capitalista de los Kirchner continúa.
Han otorgado, en 2007, 14 licitaciones petroleras a dos muy amigos suyos.