Contextos

«¡Nunca Más!» el Estado de las derechas nos plantea constituir unidad de voluntad
que consiste en
acordar objetivos comunes a partir de promover la autoconciencia y
la revisión crítica de concepciones falsas sobre los otros mediante profundización
y expansión de la comunicación social.

El Grito del Caladero es una asamblea que viene funcionando desde 2005,
reuniendo a vecinos, fileteros y pescadores de la ciudad de Mar del Plata.
Mediante
sus acciones tratan de instalar la problemática acerca del
recurso pesquero en las calles de la ciudad. Armaron talleres para poder
ver el tema desde lo histórico, desde lo biológico y desde lo legal.
También editaron un librito donde se plasman las perspectivas de
la problemática, no sólo localmente, sino a nivel nacional y regional.

Este año también pudieron realizar un corto cinematográfico comunitario donde
entre todos se armó la historia que se quería contar. Verónica, es una de
las asambleístas del Grito del Caladero, y nos cuenta acerca de todo esto
y cómo se organizan para romper el cerco mediático:

/// El conflicto en el Puerto de Mar del Plata empieza hace muchos años.
En los '90, las plantas de fileteado entran en quiebra a raíz de una ley fiscal
que implementó Domingo Cavallo.

Quebraron las plantas por no hacer los aportes a los trabajadores.
Luego, vuelven a aparecer con otra figura, la de
«cooperativas»,
obviamente en connivencia con la dirigencia política.
Lo que dieron en llamar cooperativas en realidad no son cooperativas,
porque los dueños siguen siendo los mismos, y ellos instalan al presidente
de la 'cooperativa', dibujan los números y los papeles para que en
lo legal parezca que son cooperativas.

A los empleados se los despidió cuando las plantas quebraron y
se los reincorporó como monotributistas,
con lo cual perdieron
todos sus derechos como trabajadores. Algunos de los trabajadores
estaban bajo el convenio del año '75, donde el horario de 8 horas y
más de 8 eran consideradas como horas extra.
Cuando
no había recurso pesquero se les pagaba un básico y todo esto se perdió totalmente.
Son cerca de 3000 a 4000 trabajadores que están en negro.

A eso se suma en estos últimos tiempos, la falta de recurso pesquero.
En paralelo, ingresaron al país barcos factoría que se llevan todo el pescado
cuando llegan a tierra. De manera que todo esto se fue agravando.

Los fileteros llegaron a su punto de saturación y empezaron a salir a la calle
a reclamar que los registren, que los pongan en blanco, y los empleadores
optaron por despedirlos. En esta situación se encuentran ahora.

Los trabajadores que protestan son echados. Concretamente la gente
no tiene trabajo. Eso impacta directamente en que no tienen para llevar
comida a su casa.
Lo que contaban los fileteros, cuando hicieron
el piquete cortando el Puerto, donde se hacían ollas populares, es que comían
mejor ahí que en sus casas, porque en sus casas no tenían para
alimentarse. No hay trabajo, no hay comida, se vive así.

Estamos acompañando la lucha que ellos vienen llevando adelante. Estamos
participando de las asambleas como observadores, para ver qué es lo que
organizan y sumar fuerzas a eso. Lo que nosotros vemos es que hay mucho
silencio.
Los medios no trasmiten absolutamente nada. Acá hay dos canales
de televisión y otros tantos de cable que no pasan la información tal cual
está ocurriendo y eso es la mayor complicidad que puede haber hacia
los empresarios, que el resto de la gente no sepa qué es lo que le pasa a
esta gente, vecinos y ciudadanos como nosotros que están al lado nuestro.

El destino del recurso pesquero es Europa. Porque acá en Mar del Plata
para encontrar una pesquería, yo tengo que caminar diez cuadras y no estoy
en las afueras de la ciudad. También esto impacta en lo que se da en
llamar soberanía alimentaria.

Nosotros no podemos beneficiarnos con los recursos naturales que poseemos.
El recurso pesquero es de todos, no sólo
de los marplatenses, sino de todo el país y se lo están llevando a
mansalva y no hay una política de presión hacia los empresarios pesqueros,
como la hay hacia los empresarios de la carne.

Este año fue el tema de la carne respecto a que bajen el precio y que
quede para el consumo interno, pero para el pescado no se exige lo mismo.
El pescado se exporta casi al 100%.

Culturalmente Buenos Aires, vivió siempre de espaldas al mar, porque
los grandes intereses estaban en el ganado. Los ganaderos, los políticos y
los que tenían la tierra. En particular Buenos Aires. Quizás hay
otras realidades que no conozco en otras provincias. No se si el pescado fue
alguna vez el sustento de nosotros y creo que eso es peor todavía.

Verónica reflexiona sobre El Grito del Caladero:

"Es un trabajo que explora nuestra parte social y comunitaria.
Son facetas
que comúnmente no tendemos a desarrollar, y que
las instituciones no hacen que desarrollemos.

Sentarnos al lado del que está sufriendo y del que está
padeciendo es importante porque te enriquece como persona.
Te das cuenta
de que no es una ayuda unidireccional,
que es importante estar al lado del otro.

Lo que está pasando con estos trabajadores está sucediendo con todo
el resto de los trabajadores, porque la política de trabajo en negro está
implementada y enquistada de raíz.
Uno los escucha y cuando ellos hablan
de que no hay unión entre ellos (los trabajadores), uno lo ve también
en su propio trabajo, donde se trabaja y no nos podemos organizar.
La problemática es general".
elgritodelcaladero@gmail.com

La Agencia de Noticias Red Acción (ANRed) difunde comunicado
del
Frente Antirrepresivo Mar del Plata en "Sigue la persecución a fileteros"
declara:

"En la madrugada del 21 fueron detenidos Ricardo "El Polaco" Muñoz,
Cisneros y Bamonte. A quienes les quisieron atribuir la quema de tres camiones
en la zona del puerto.
Mientras tanto, a las tres de la mañana del día siguiente,
100 efectivos de infantería irrumpieron en la sede del SOIP
(Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado) deteniendo a seis filetero/as.

Durante el desalojo fue también detenida la periodista Silvia Prima a quien
el desalojo le hizo recordar el accionar de la última dictadura militar.
La comparación no es forzada;
desde el gobierno de las juntas militares es la primera vez que
fuerzas de seguridad estatal toman por la fuerza una sede gremial en Mar del Plata.

Muñoz, Cisneros y Bamonte fueron detenidos cuando regresaban del acampe
frente al Ministerio de Trabajo.
El Frente Antirrepresivo Mdp, desde que se anotició de la existencia de trabajadores detenidos
se hizo presente (junto con organizaciones sociales, universitarias y DDHH) en la seccional 4ta
donde estaban alojados,
reclamando al fiscal la inmediata liberación de los detenidos.
Hasta ahora no se les hizo ninguna imputación penal y
los largaron al cumplirse las doce horas pero con orden del fiscal de turno.

Distinta es la situación de los compañeros detenidos en el SOIP
ya que quedaron involucrados en la causa por "usurpación" que inició
el secretario general del gremio, Samuel Salas .

Recordemos que el Soip fue declarado en asamblea permanente
por los trabajadores autoconvocados para exigir la regularización laboral.
Custodiado por
la bonaerense hoy se impide la entrada de trabajadores como
de delegados de las plantas de procesamiento.
La democracia participativa no está dentro de los planes
de quienes hace años vendieron los derechos laborales de los trabajadores de tierra.

Desde ya,
esto se enmarca dentro de la única respuesta de que es capaz el gobierno:
la judicialización de la protesta y la represión a los trabajadores en lucha.
Ni Carlos Tomada,
ministro de trabajo, ni Gerardo Nieto ministro de pesca y agricultura
tienen intenciones de atender el reclamo. A esto se le suma
la identificación de los trabajadores que hasta el jueves ocuparon el Ministerio de Trabajo
durante una semana.
El único objetivo del gobierno es
intimidar y desmoralizar a los trabajadores y ha sido echado por tierra, por cierto.

La lucha por la registración laboral bajo convenio colectivo 161/75 sin anexo
y por la garantía horaria no va a aflojar.

Fuera la militarización de la ciudad.
Fuera la Prefectura del conflicto en el puerto.
Por la Registración laboral.
Por la Garantía Horaria Ya!".

«¡Nunca Más!» imposición de
los negocios fabulosos para
el gran capital
mediante el despliegue de
la violencia estatal
desafía a crear
una comunicación social que ponga
en discusión la lógica mayoritaria
de conformarse con arreglárselas
por sí solos y rechazar a
los de abajo
que perturban esa vida.

Es promover la deliberación pública
de por qué la toma de partido por
el orden vigente
es contraria a sus necesidades e intereses.
Ya que culpar a los trabajadores de
quitar derechos es dar consenso
al despotismo económico, político en vez de rebelarse contra
el saqueo, la esclavitud
y
la ocupación de la ciudad con fuerzas armadas.

Es no tener conciencia de que
tal opresión les incumbe por compartir destino local y nacional.

"En estado de alerta se encuentran los pescadores artesanales.
El sector vive graves problemas ocasionados por
el modelo económico
que posibilita a los grandes pesqueros industriales:

La pesca artesanal vive momentos muy complicados.
Es probable
que lo ocurrido en la VIII Región sea el comienzo de
una cadena de protestas en todo el país.

La cantidad y calidad de los recursos
a los que tienen acceso los pescadores artesanales ha mermado dramáticamente.
Las violentas protestas de febrero en la VIII Región fueron motivadas por
la reducción de las cuotas de la sardina común y anchoveta,
lo que significa un drama para miles de familias.

Lota es una de las ciudades más golpeadas por esta crisis.
Tiene la más alta tasa de desocupación del país: 14,9 por ciento.
Para los ex mineros de Lota,
fue un “brutal error” cerrar las minas. Las áreas industriales de la ciudad están prácticamente abandonadas. Más de un 40 por ciento de su población vive en condiciones de pobreza. Las cuotas de captura para los pescadores artesanales detonaron graves protestas en Lota, Coronel, Lebu y Talcahuano.

El gobierno había prometido 440.000 toneladas de anchovetas y sardinas,
pero las cuotas de merluza también están en entredicho.
Entre enero y junio,
la extracción de merluza establecida por el Consejo Nacional de Pesca es de 7.000 toneladas.
Según el presidente de los pescadores artesanales de Caleta Lo Rojas, Omar Bustos,
“quienes trabajan la merluza quedaron en muy mala posición”.
Piden un aumento de 20.000 toneladas.

A fines de febrero los pescadores se enteraron que el decreto del Consejo
otorgaba sólo 291.000 toneladas en vez de las 440.000 prometidas.
Toda la región se movilizó:
más de tres mil pescadores cortaron los accesos a los puertos de
Talcahuano, Coronel y al sector Polvorín, de Lota,
enfrentándose a las Fuerzas Especiales de Carabineros. (...)

Los pescadores le doblaron la mano a las autoridades que, finalmente,
suscribieron un acuerdo comprometiéndose a enviar al Consejo Nacional de Pesca
una propuesta
para aumentar la fracción artesanal de la cuota de captura
de anchoveta y sardinas en la VIII Región,
respetando el acuerdo suscrito por el subsecretario Hernández. (...)

En las costas de la VIII Región los recursos se están agotando.
Sólo los grandes industriales sacan cuentas alegres:

“Ellos extraen sardinas y todo lo que pillan.
La ley los favorece, mientras a nosotros nos empuja a desaparecer”,
dice José Soto, pescador de Lota.
“2006 fue un año malo. Muy poco el producto. Eso nos obliga a estar de brazos cruzados”.
Para el dirigente de los armadores, Juan Vega, el problema es la falta de iniciativa gubernamental: “No hay iniciativas productivas.

En Lota no hay industrias ni buenos empleos.
Muchos
-prefieren vivir de subvenciones
y
-se acostumbran a sobrevivir con lo mínimo,
perdiendo toda capacidad de emprendimiento.
Esto sólo se puede solucionar con planificación e industrialización”, dice.

Franklin Alarcón Rozas,
presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales y Lancheros de Lota, agrega:
“En Lota somos más de dos mil personas las que vivimos del mar.
Nuestro futuro es cada vez más oscuro. Hay pésima administración de los recursos marinos, demasiada contaminación y sobreexplotación.
Son los grandes barcos industriales
quienes pescan antes de tiempo, antes que los peces se reproduzcan y,
a pesar de las nuevas tecnologías, siguen contaminando nuestro mar. La pesca de arrastre arrasa con todo y las autoridades lo saben”.

“Aunque algunos ven a la pesca como un salvavidas contra el desempleo, cada vez más los pescadores perdemos nuestra independencia.
Los grandes empresarios
obtienen la mejor asignación de recursos. Pueden explotar a su antojo.
Sus embarcaciones poseen mejor tecnología. Sin embargo, tampoco se da
estabilidad laboral a sus tripulantes. No hemos sabido defender nuestra actividad.
En Coronel, Lo Rojas, Dichato, Lota y otras caletas, se está perdiendo
nuestra forma de organización e identidad”,
dice.
“Sin embargo -agrega- los pescadores más afectados por la privatización del mar seguimos divididos.
En Lota se ha llegado al extremo de manifestarse para exigir una canasta familiar. Pero no es sólo una canasta lo que se necesita, sino educación, salud, trabajo, medioambiente sano, defender nuestros recursos. En Lota hay desesperanza.
Ya casi nadie cree en promesas”, dice.

Miles de familias viven en torno a la caleta de Lota Bajo,
pero no poseen títulos de dominio y podrían ser desalojados.
Debido al régimen de cuotas de captura, no trabajan más de tres meses en el mar.
Muchos no tienen previsión ni pueden acceder a atenciones de salud.

“Tenemos que pedir limosna para que nos atiendan”, dice José Soto.
“No hemos sido capaces de imponer una política que beneficie a los pescadores artesanales.
Las organizaciones sindicales de pescadores debieran unirse.
A políticos y empresarios les gusta vernos divididos, peleando,
mientras entregan el mar a los poderosos.

Las autoridades del sector ocupan los cargos por cuoteo político.
No saben de pesca.
Necesitamos una mejor distribución de las cuotas de captura,
una eficiente administración de los recursos, disminuir la contaminación,
proteger el medioambiente. Todo eso es calidad de vida (...)".

Promesas y escepticismo

La presidenta Michelle Bachelet visitó en enero la VIII Región
para anunciar el Plan Territorio Arauco:
“Esto no es un ofertón de verano ni una acción populista.
Esto se ha hecho seriamente para impulsar los motores que
hagan aparecer el desarrollo y progreso para esta zona”, dijo. (...)

Para los dirigentes sociales, se engañó a la comunidad:
“Fue sólo un aprovechamiento político.
El gobierno prometió que el ferrocarril llegaría a Lota, Tomé y Penco.
Pero sólo fue para conseguir más votos”, dice Luis Cisternas,
vicepresidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Lota.

Los lotinos sueñan con empresarios que inviertan en la zona.
Recuerdan que dieron un alto respaldo a Bachelet en las elecciones presidenciales.
“Lota estuvo entre las más altas mayorías de Bachelet.
Pero no se ven gestos hacia la zona del carbón.
Los proyectos firmados en mejoramiento e infraestructura
por la Intendencia, gobernación y municipio, son a largo plazo”.

Las poblaciones España, Isidora Goyenechea y Bannen, de Lota,
son algunas de las más afectadas por el desempleo.

En Bannen se construyeron las primeras casas Corvi y
aún hoy la junta vecinal intenta sanear los títulos de dominio.
Ya no hay terrenos donde construir más viviendas.

“Queremos levantar Lota, no sólo por nosotros sino por la juventud.
Cada año gran cantidad de estudiantes egresa de los liceos y no encuentra trabajo.
La cesantía juvenil
supera el 30 por ciento. Si pedimos que industrialicen,
lo hacemos pensando en los recursos de nuestra zona:
gas natural, carbón, agua potable, electricidad, pesca, plantaciones forestales.
Pero no hay voluntad política.
El gobierno no ha sido capaz de poner en práctica un plan de desarrollo.
Queremos que se instalen empresas para reparar embarcaciones,
sembrar el mar, explotar nuevamente el carbón…
Pero las autoridades insisten en empleos de emergencia y
no generan trabajo productivo.
Lota muere porque muchos emigran buscando trabajo”, concluye".

Fuente: www.rebelion.org
Chile. El laboratorio del neoliberalismo
27-4-07

Rocío Cerdá (www.prensamercosur.com.ar),
en "Sobrexportación de Sábalo. La pesca depredadora", señala:

"Se trata de un negocio millonario con algunos beneficiados y
un sin número de damnificados, entre ellos uno
de los recursos naturales más importantes del planeta y propio de América Latina:
el Río Paraná.

Comienza en el estado de São Paulo de la confluencia del río Grande y el río Paranaíba.
Desciende para marcar el límite fronterizo entre Paraguay y Brasil.
Recibe las aguas del Río Iguazú y traza el límite entre Argentina y Paraguay.
Desde allí, sigue bajando hasta llegar al sur y desembocar en el Río de la Plata.

Son kilómetros y kilómetros de agua que atraviesan diferentes países,
que atraviesan al Mercado Común del Sur (Mercosur).
Trayectos que no sólo configuran paisajes inolvidables sino que
también cumplen un rol específico en el equilibrio natural de cada espacio.

En medio de esto, el hombre realiza múltiples actividades que no dañan este recurso
y que forman parte de las diferentes culturas.

Sin embargo, actualmente la precipitada explotación pesquera del sábalo en
el Río Paraná es un hecho concreto que provoca un daño irreversible al medio ambiente.
En este contexto,
aquéllos que pescan sin límites y se enriquecen con el comercio de esta especie,
no parecen preocuparse por lo que implica su accionar, estando resguardados por
los vacíos legales propios de nuestro sistema.

Carentes de políticas que resguarden al Río Paraná, este abuso continúa y
se lo conoce como "El gran negocio del Sábalo”.
Los medios de comunicación originarios de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos
evidencian que se comercializan alrededor de 80 mil toneladas de pescado de río,
la mitad de ellas, en negro, evadiendo controles e impuestos.

Tales cantidades de pescado se exportan principalmente a Brasil, Colombia y Nigeria.

René R. Marconi, en una nota titulada “El papel de sábalo en el ecosistema del Paraná”,
hace referencia de forma directa a este conflicto y a una publicación de un periodista de la CNN,
quien dio a conocer la ruta del
negocio del sábalo.

“La sorpresa estaba en que los cargamentos de pescado aparecían en
Italia y Bélgica a un precio al público de hasta 6 dólares el kg,
por lo que
se piensa que el país africano y buena parte del que va a Brasil,
es sólo una etapa de una fabulosa triangulación que rinde enormes dividendos
a un pequeño grupo de empresas, algunas de ellas con viejos antecedentes en negocios que supieron estar considerados como non sanctos, tales como el contrabando y el narcotráfico. Mientras tanto,
al pescador se le sigue pagando los exiguos 20 a 50 centavos por kg y aún menos”.

Esta circunstancia no puede analizarse sin contemplar la importancia
que tiene esta especie dentro del ecosistema del Paraná.
El sábalo es un actor destacado y estructural en el funcionamiento del río,
es quien procesa sus aguas para garantizar su calidad
y a la vez,
permite la presencia de vida en ellas mientras que
se convierte en el alimento de otros peces.

“esta especie íctica juega un papel clave en el sostén del ecosistema del Paraná.
Si no existiera un agente que procese todo este caudal de materia, el río vería literalmente pudrirse sus aguas,
y por consiguiente se asemejaría al Riachuelo, es decir, no habría oxígeno suficiente
para que pueda nadar ninguna especie por sus aguas.

Para dar una solución a este problema, el ecosistema cuenta con el sábalo,
que por su gran número, y por servirse del alimento que se halla en el barro del fondo al que literalmente procesa, evita la contaminación que se produciría de no existir esta especie”.

Asimismo sus crías sirven como alimento a los peces que ocupan los lugares más altos de
la cadena alimentaria del río,
los pequeños juveniles de sábalo son el sustento de más de veinte especies,
como pueden ser el Dorado y el Surubí.
A su vez, los que viajan río abajo son los consumidores de los huevos
que han depositado las hembras.

Son estas razones las que permiten afirmar que el principal damnificado por este “abuso pesquero” es el Río Paraná. Un recurso que pierde
su principal agente de mantenimiento y junto con ello, siente la amenaza inminente de desaparecer como recurso natural.

La inmediatez de esta problemática
también involucra a los miles de pescadores de subsistencia y sus familias
que vuelven de pescar con las canoas vacías
hasta los pequeños y medianos comerciantes de pescado y operadores turísticos
que poco y nada tienen que ofrecer a sus tradicionales clientes.
Dentro de este conjunto
de actores perjudicados no puede dejar de mencionarse a los pescadores indígenas
quienes de la pesca se alimentan y mantienen diferentes actividades de los beneficios
y posibilidades que brinda este recurso natural.

Por otra parte, el director general del portal PROTEGER. S.O.S Río Paraná,
Jorge Cappato hizo mención directa de este caso en
el Foro del Agua del Defensor del Pueblo de la Nación,
explicando que

“hoy el sábalo es el pescado más exportado de la Argentina después de la merluza, un pescado de mar. Pero el río Paraná no es un mar y la extracción de pescados para exportación a una tasa insostenible conduce al inevitable colapso de la principal pesquería continental del país”.

En esta cadena de actores,
los responsables del daño provocado son los frigoríficos de Entre Ríos y Santa Fe.
Dentro de los nombres dados a conocer se encuentran: Epuyen S.A del Sr. Poletti,
Pescanor, Fish Cong de los Zapallos, El Timón, Don Quito y Mar-Fig de Gaboto.

Un informe,
publicado por el Diario El Litoral de la ciudad argentina de Santa Fe,
daba cuenta de algunos detalles de cómo se desarrolla este millonario negocio,
especificando que

“los cargamentos de pescado salen, en su gran mayoría, de
las orillas de San Javier, Cayastá, Santa Fe, Puerto Aragón, Gaboto y Rosario.
En la vecina Entre Ríos, los principales puntos son Victoria, Rincón del Nogoyá,
Diamante y Paraná.

El cargamento de pescado es trasladado en camiones refrigerados
pertenecientes -en su mayoría- a infractores reiterados,
que compran piezas de tamaño menor a la talla reproductiva.
Una vez en la ruta,
esos transportes pasan los controles sin demasiados inconvenientes,
y tienen como destino, frigoríficos del sur de Santa Fe y de Entre Ríos
que exportan a otros países”.

En este contexto, los hechos y medidas no son consecuentes con la complejidad del problema.
Frente al creciente conocimiento de tal alarmante situación y
el accionar de ambientalistas y periodistas, se logró que
-en enero de 2007- el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, autorizara la veda total de
la captura pesquera por tres meses. Se formó una mesa de acuerdo con Entre Ríos
y se pidió la suspensión de las exportaciones vinculadas a la pesca de río por ocho meses,
presentando así un aparente intento por la recuperación del recurso.

Sin embargo, sería cuestión de tiempo para que
el levantamiento de la suspensión de las exportaciones de sábalo
se convirtiera en un hecho.

“Sorprendentemente menos de seis meses más tarde,
que según expertos es un período insuficiente
en vistas de alcanzar el objetivo de la veda,
el Ministerio de Economía de la Nación autorizó la reapertura de la exportación de sábalos,
fijando un cupo máximo de 8000 toneladas para lo que queda del 2007”, informó Greenpeace.

Para Carlos Pecorari, representante de los clubes de Pesca,
“Se ha violado la Ley de Pesca 12.212, que en el artículo 36 dice que
la provincia puede hacer convenios pero con una previa consulta al Consejo Provincial Pesquero”.

En “La Codicia que seca el río”, Jorge Riani mediante las palabras de especialistas e implicados en el tema indica que “la situación de sobreexplotación lleva a un estado de alerta. Es por eso que investigadores del Conicet apuntan, sin dudas, que la falta de responsabilidad ante las pesquerías del Paraná conduce al colapso. Biólogos y proteccionistas consultados coincidieron en señalar que, según las versiones circulantes, la suma de los frigoríficos está bajo las mismas manos. El negocio está concentrado y las riquezas son tan voluminosas que logran frenar cualquier tipo de accionar estatal que las amenace”.

Por su parte, el director de la Fundación PROTEGER,
coordinador nacional del Comité Argentino de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)
y Punto Focal para la Argentina de la Convención Ramsar ,
Jorge Capatto
expresó en una de sus notas de opinión que “el Sr. Poletti ,
dueño de Epuyen, sigue matando los sábalos del Paraná porque el Sr. Busti
(Gobernador de Entre Ríos) decidió dar marcha atrás con el cese de
la exportación de Entre Ríos y desoír al gobierno nacional,
noticia que no ocupa ni dos renglones de la prensa nacional…”.

Esta ausencia de la problemática en los medios nacionales
resulta
significativa y poco casual. Pareciera encubrir la falta de medidas
que preserven el ambiente y los recursos naturales,
permitiendo el abuso y la explotación en manos de unos pocos.

Idea que no puede dejar de contemplarse,
más aún teniendo en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional
donde se especifica y resguarda
que
“El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho,
a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a
la información y educación ambientales”.

Se está frente a una situación que implica un accionar rápido y consistente,
que por sobre todo, logre colocar como tema de agenda la precipitada explotación pesquera
del sábalo en el Río Paraná.
Se trata tanto del abuso por parte de los frigoríficos como del daño creciente y
constante que se efectúa sobre uno de los recursos más importantes del planeta.

En pocos años, se terminará con todo tipo de emprendimientos dependientes del río,
la desaparición de las especies será un hecho concreto y el deterioro ecológico irreversible.
Será un río sin vida, con agua muerta".
rcerda@prensamrcosur.com.ar

«¡Nunca Más!» sometimiento de nosotros
-las grandes mayorías- a expulsión, marginación, degradación y menoscabo de nuestra vida digna.
Desafía a
emanciparse del capitalismo comenzando por crear
una comunicación social desde el sentirnos, pensarnos y obrar como responsables de
posibilitar la convivencia y el porvenir de nosotros e hijos, nietos...

Se trata de revisar críticamente nuestro
acostumbramiento al capitalismo para
ser capaces
de establecer la reciprocidad de
las relaciones sociales e interpersonales
y de
apreciar las actividades conjuntas dentro de
un territorio y del país que tiendan a optimizar
el uso espaciotemporal de los mismos que
los preserve
tanto de base de la salud pública como de fuente de la producción para el presente y
el futuro.

«¡Nunca Más!» el Estado de las derechas nos plantea asumir la batalla cultural e ideológica
mediante
una organización (podríamos denominarla frente) que derrote a la que apoderándose de
los medios masivos y de las ciencias-artes-técnicas
manipulan la opinión pública y las mentes.

Implica construir de mancomún con cada sector de los de abajo
su respectiva percepción
( o conciencia, reflexión dialogante y valoración comprometida)
de las posibilidades de la unidad en diversidad de concretar
la soberanía política e independencia económica
del país
o de terminar con los monopolios y latifundios.

Esa elaboración conjunta requiere no aislarse de la trascendencia y el poder de
los medios de difusión masiva en viabilizar:

Los grandes medios son programados para distorsionar la realidad en
acuerdo con mantener los privilegios de los oligopolios y hacer creíble
esas tergiversaciones
estimulando las modalidades conductuales que induce el sistema
como las tendencias a simplificar el análisis político, prejuzgar...

Pablo Gandolfo, en "Venezuela:¿qué se vota en el referéndum?", destaca:

"Por primera vez en la historia, un país opta -mediante elecciones- entre
dos sistemas antagónicos: socialismo o capitalismo.
Sin embargo,
nada de esto aparece reflejado en la cobertura del tema
que realizan los grandes medios de comunicación y tampoco en buena parte de
las publicaciones de la izquierda.

La prensa comercial sólo menciona que la nueva constitución
permite la reelección indefinida del presidente.
Interesadamente se ocultan muchas cosas,
pero
una es particularmente reveladora: el nuevo texto consagra
un nuevo horizonte histórico para los trabajadores de todo el mundo:
la jornada laboral de 6 horas.

Una nota publicada en el minuto a minuto de la página de internet
del diario argentino Clarín a las 21:24 del viernes 30 de noviembre,
con motivo del cierre de campaña encabezado por Hugo Chávez,
constituye
un compendio del periodismo prostituido, avieso, mentiroso y mal intencionado
que a diario nos desinforma manipulando datos, con el objetivo de proteger
los intereses de las clases dominantes.

Relata una marcha y un acto del que participaron cientos de miles de personas
y que tenía como trasfondo
una modificación auténticamente revolucionaria de la constitución del país.
Chávez habló de gran cantidad de temas. Sin embargo, de un modo descontextualizado,
la nota de Clarín se titula
"Chávez cerró su campaña para el referendo con amenazas a los gobiernos
de Estados Unidos y España".

Las "amenazas" (que no son tales sino definiciones políticas) tienen su historia.
Los gobiernos de esos países fueron los principales impulsores del golpe de estado de 2003.
Además, en su discurso Chávez describió detalladamente
la "Operación Tenazas" impulsada por la CIA para crear actos de violencia,
sabotaje y desconocer el triunfo del SI en el referendo de mañana.
Nada de esto aparece en la nota del "gran diario argentino".

El parte consigna también que Chávez, "ordenó además al Ministerio de Defensa,
poner en marcha un plan especial de protección de los campos petroleros y de refinerías,
que incluye el despliegue de tropas del Ejército."

"A partir de esta noche serán tomados por el Ejército los campos petroleros
de Venezuela,
junto con los trabajadores venezolanos, junto con los trabajadores de PDVSA".

Eliminar el papel de los trabajadores es un componente de la estrategia mediática
para dar una imagen de un régimen militarizado y autoritario
cuyo principal sostén es el ejército.

En el copete, y en el resto de la nota, sólo se menciona
una modificación de la constitución:
la que permite la reelección indefinida del presidente.

Más allá de esa única mención,
el tratamiento de la reforma constitucional por el conjunto de los grandes medios
ha estado caracterizada por alusiones a una supuesta concentración
del poder en manos de Chávez.

No aparece que el nuevo texto da rango constitucional a
una nueva conquista de carácter histórico para los trabajadores venezolanos,
y abre una perspectiva de lucha para los trabajadores de todo el mundo:
la jornada laboral de 6 horas.

¡Vaya detalle, revelador de intenciones e intereses,
que las grandes empresas del periodismo mundial no mencionen el artículo!

El nuevo texto
avanza en la creación de un nuevo poder.
Al nacional, estadal y municipal, se suma el Poder Popular, que consiste en
el ejercicio directo del poder por parte de la comunidad.

Entre los miles de ejemplos posibles
esto incluye por ejemplo, que una comunidad puede decidir
que
la recolección de basura en su territorio no la realizará más una determinada empresa
y en su lugar, los propios vecinos pueden crear una empresa social,
conformada y dirigida por ellos mismos que se encargue de la tarea.
¡Todo un ejemplo de autoritarismo!

A los organismos tradicionales del estado,
que denomina "Administraciones públicas burocráticas" suma
las "Misiones" (artículo 141).
Les otorga rango constitucional como parte del Estado a
las Misiones actualmente existentes, destinadas a atender demandas urgentes de la población,
pero además crea una forma jurídica para encuadrar nuevos emprendimientos similares.

No es un detalle desde el punto de vista de la teoría revolucionaria.
Las misiones
surgieron ante la ineficiencia y la incapacidad por parte de
-lo que la teoría marxista denomina- el estado burgués,
para dar solución a los grandes problemas de la población,
aun cuando exista voluntad política para hacerlo.

Así las misiones constituyen una suerte de "by pass" institucional para
que el estado dé respuesta allí donde no puede llegar,
mediante las instituciones aun existentes y propias del orden anterior.

Puesto también esto en términos teóricos, de lo que
estamos hablando es de una transición plagada de contradicciones,
desde el estado burgués hacia el nuevo estado que
la Revolución busca crear.

Otro punto importante
es la creación de nuevas formas de propiedad: a la pública y privada,
suma
la social directa, social indirecta, ciudadana y colectiva.
Nuevamente desde una mirada teórica, la definición, sumada a
los múltiples planes efectivamente existentes para promover
las formas "no privadas" de "propiedad" constituyen
un avance contra los fundamentos mismos de la sociedad capitalista.

El texto
avanza también en definiciones sustantivas,
que si bien es evidente que deben ser ignoradas por la prensa comercial,
es aún más grave que no se le atribuya valor en la prensa de las organizaciones
que se autoproclaman revolucionarias y socialistas.

Algunas de las expresiones que se pueden leer en el texto,
son "crear la Democracia Socialista" (artículo 158),
"el poder popular" (artículo 156) y
de construir una "Economía Socialista" (artículo 112).

El texto
tiene expresiones tan propias del autoritarismo como el artículo 90
que afirma que para que

"los trabajadores y trabajadoras dispongan de tiempo suficiente
para el desarrollo integral de su persona la jornada de trabajo diurna
no excederá de 6 horas diarias ni de 36 semanales"

Además obliga a las patronales a
"programar y organizar los mecanismos para la mejor utilización del tiempo libre
en beneficio de la educación formación integral, desarrollo humano, físico,
espiritual moral cultural y técnico de los trabajadores y trabajadoras"

Tal vez la mayor muestra de autoritarismo,
se encuentra en el artículo 112,
que luego de llamar a la construcción de un modelo económico productivo
basado en valores humanísticos, se propone
como objetivo:

"Culmina el mandato presidencial de Néstor Kirchner y
la Ley de Radiodifusión
creada por la última dictadura militar continúa aún vigente y
sin perspectivas concretas de que se modifique.

La norma decretada en 1980,
que lleva la firma del genocida Videla, está inspirada bajo
la Doctrina de Seguridad Nacional y se la califica como verticalista,
centralista y autoritaria.

La ley de la dictadura
excluye la participación ciudadana y de las instituciones públicas en
los organismos encargados de la gestión y control de los medios de comunicación,
le da poca preponderancia a los medios públicos y concibe a la radio y a la televisión
como un negocio
destinado a las empresas comerciales, al impedir que
las asociaciones civiles sin fines de lucro o cooperativas
puedan acceder a las licencias de radiodifusión.

Lejos de democratizar las comunicaciones a través de
los instrumentos legales, desde 1983 los diferentes gobiernos
-sobre todo el de Menem-
realizaron reformas parciales a la ley que tuvieron
como consecuencia
la consolidación de un sistema de medios privado, cada vez más trasnacionalizado y concentrado a medida de los grandes medios
que se fueron transformando en multimedios, en desmedro de los medios de comunicación independientes.

Pero a diferencia del actual gobierno,
los anteriores presidentes surgidos a través del voto
-me refiero a Alfonsín, Menem y De la Rúa- se tomaron el trabajo de elaborar
cada uno su proyecto de ley de radiodifusión y por lo menos fingir que
se quería encuadrar la norma elaborada por un gobierno de facto a
la institucionalidad democrática,
porque ninguno de esos proyectos alteraba sustancialmente el sistema de medios en Argentina.

Al igual que más de cuarenta proyectos
de ley de radiodifusión que presentaron los legisladores
en casi un cuarto de siglo de sistema democrático,
esos proyectos se archivaron en el Congreso Nacional sin nunca ser ni siquiera discutidos,
cuestión que sin dudas favorece a las actuales empresas privadas de los medios de comunicación.

La actual gestión presidencial se muestra a sí misma
como si
fuera el producto de una ruptura en relación a las políticas neoliberales
que se implementaron en los '90. En ese sentido el único canal de TV
que quedó en manos del estado después de la ola privatista -Canal 7- se presenta
como el "canal público", mejora la programación,
invierte luego de muchísimos años dinero en equipamiento y
abre nuevas repetidoras a lo largo del país.

Si bien esos aspectos contrastan claramente con
el vaciamiento y con los intentos de privatizarlo
que hubo durante la presidencia de Menem, es evidente
que

no se trata de un medio de comunicación público en la acepción clásica del término,
que implica una independencia de los poderes del estado y los intereses políticos, integrando claramente ese canal la categoría de medio oficial.

El gobierno argentino además interviene en el canal Telesur que impulsa Venezuela.

Cuando parecía que quedaban en la nada los debates y
las propuestas generadas en América Latina hace más de treinta años
a través de
las Políticas Nacionales de Comunicación y luego la elaboración del Informe Mc Bridge,
que en el seno de la UNESCO denunció las asimetrías a nivel comunicacional
que había entre los países centrales y los periféricos,
proponiéndose distintas medidas de fondo que
implicarían un Nuevo Orden Mundial en la Información y la Comunicación,
que
exista un medio de comunicación multiestatal,
cuya información contrasta con la que se brinda desde los medios comerciales hegemónicos
y que se conciba así mismo desde una matriz latinoamericanista como lo es Telesur,
es la noticia
más importante en la materia de los últimos treinta años,
aunque las organizaciones sociales de Argentina que se enfrentan al actual gobierno
tengan que pagar el precio de la invisibilidad.

Pero más allá de que desde el estado se participa del proyecto,
el canal estatal dejó de transmitir hacia todo el país al mediodía
-en transmisión simultánea desde Caracas y Buenos Aires-
y
a la medianoche emisiones diarias del noticiero de Telesur,
condenando a que el canal sólo se pueda ver a través de
los sistemas privados de televisión por cable y satelital.

Precisamente en este último sistema luego de la señal de Telesur
los usuarios argentinos tienen la posibilidad de sintonizar también el canal Globovisión,
que se transmite también desde Venezuela, seguramente puesto así para 'equilibrar'
la información.

Las normas dictadas en materia de radiodifusión sirven como ejemplo
para demostrar
como en el gobierno de Kirchner se expresa un discurso diferente al neoliberal
pero se continúan aplicando las políticas de los '90.

Bajo el argumento de defender la cultura nacional,
el gobierno sancionó la Ley de Defensa de los Bienes Culturales,
que teóricamente ponía trabas a la adquisición de medios de comunicación
por parte de empresas extranjeras.
Pero
como el país había firmado varios tratados de inversión recíproca y
las normas operan hacia adelante, esa ley no fue obstáculo para que
este año canal 9 pase a manos de un empresario mexicano-norteamericano,
dueño de varios canales en toda Latinoamérica.

Sí bien el Congreso Nacional derogó el obstáculo que impedía a
las organizaciones comunitarias acceder a las licencias de medios,
al no establecer cupos para emisoras de esa característica
se compite en inferioridad de condiciones en las licitaciones con los grandes medios.

También pasaron dos años de esa reforma y no se ha alterado el sistema de medios,
en el sentido que siguen bajo las mismas manos y el gobierno otorgó sólo dos licencias
a organizaciones no comerciales.

Sin embargo, el hecho que grafica más claramente lo que fue la política de Kirchner
sobre la radiodifusión fue la firma del decreto 527 del 2005 que suspendió
los plazos de las licitaciones
de los medios que se habían privatizado bajo el menemismo -casi todos- y
que estaban por vencer,
por lo que esos adjudicatarios se vieron beneficiados con
una renovación automática de las licencias por diez años más,
perdiéndose
una clara oportunidad de reconfigurar el sistema de medios en Argentina.

Los fundamentos para justificar el decreto,
hacían referencia a la disminución de la rentabilidad que
los medios habían tenido durante la crisis económica y
su alto endeudamiento externo.

No se tuvo en cuenta que durante la década del '90
el sector de las comunicaciones fue uno de los más dinámicos de la economía
y, una vez que se devaluó la moneda nacional, la abultada deuda en dólares fue pesificada.

Los grupos mediáticos aplaudieron esa decisión y el gobierno se garantizó así
una prensa obsecuente.

Porque por más que existan columnistas de los medios más importantes que critiquen al gobierno las observaciones que se hacen siempre apuntan a la calidad institucional, el manejo personalista en algunos asuntos y sobre ciertos personajes impresentables.

Pero nunca en los medios aparecen cuestionamientos a la política de estado que permite el saqueo de los recursos naturales como son
el suelo, el petróleo y la minería -que por sobre todas las cosas contamina-
ni el aumento de la brecha que se produce entre los pocos que
más ganan y la mayoría que cada vez tiene menos. Por supuesto
que tampoco se refleja las luchas de quienes se oponen
y resisten a esas políticas.

Así, el gobierno elige como oposición a algunos editorialistas y los corre por izquierda,
a la vez que desde los mismos medios de comunicación
se desarrolla una agenda temática favorable al gobierno.(...)

En Argentina,
gobierno y prensa coinciden en un concepto: no alterar el sistema de medios que
favorece a los grandes grupos privados nacionales e internacionales.

Si bien en el país
hay iniciativas generadas como la del Foro Argentino de radios Comunitarias (FARCO) y
otras organizaciones destinadas a democratizar las comunicaciones,
esta temática
es abordada sólo en ámbitos académicos específicos y
ni siquiera las organizaciones gremiales de prensa incentivan el debate,
para no contraponerse a los intereses de sus patrones.

El debate sobre los medios está ausente en el conjunto de la sociedad
- así pasó desapercibida
la renovación automática de las licencias de los grandes medios-
cuando

lo que está en juego es el derecho humano a la comunicación, que se efectiviza
a través del pluralismo informativo y comunicacional,
con la posibilidad de que organizaciones que no buscan el lucro gestionen medios de comunicación social.

Mientras existan gobiernos que legislen a favor del mercado,
el debate sobre

debe ser asumido por las organizaciones sociales,
ya que no se trata (sólo) de un problema comunicacional,
sino que en este aspecto intervienen cuestiones mucho más amplias y
que tienen que ver con las relaciones de poder y sobre quién tiene el derecho
a expresar la palabra en Argentina".

Stella Calloni (Cubadebate), en "La información como arma de guerra: La palabra que mata",
advierte
bajo el subtítulo de Impunidad:

"Estamos constantemente hablando de estos sucesos,
de temas como las consecuencias de
la enorme concentración del poder en los medios de comunicación.
Tenemos cifras,
datos incuestionables, denuncias que vienen desde hace tiempo en distintos congresos,
pero en este punto es escasa la reflexión sobre qué hacer frente a
esta ofensiva mediática,

mucho más peligrosa a partir de que la información es parte clave
del engranaje
del nuevo esquema de seguridad del trazado imperial.
Es en estos momentos donde se puede ver con mayor claridad,
cómo se ha logrado anular la conciencia de buena parte de las sociedades,
en especial de las clases con mayor poder de consumo.

Pero también existe impunidad
en el tipo de programaciones similares que impusieron los medios privados.
Estos programas
se diseñan en las oficinas mismas donde se trazan las contrainsurgencias,
las políticas de control, que incluyen todo tipo de espionaje como el electrónico, entre otros.

Desde esas oficinas en Washington se diseñan programas de destrucción cultural para los pueblos de aquellos territorios sobre los que se han elaborado planes de reconquista colonial, como sucede con América Latina y otros países del llamado Tercer Mundo.

Por una parte la impunidad
protege a todos esos medios y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
que no es nada más ni nada menos que una asociación de dueños o
testaferros de los verdaderos dueños de los medios masivos de comunicación,
es la encargada de dar el primer paso,
cuando Washington realizará una embestida
sobre algún gobierno “inconveniente” a sus intereses.

La SIP también es responsable de los crímenes de lesa humanidad
que se han cometido contra los pueblos del continente,
así como de intervenciones militares y de la implantación de dictaduras.

Un libro blanco sobre su actuación en el continente a partir de su alianza
con la CIA de Estados Unidos, sería una verdadera galería de horrores.

Entre los programas de destrucción cultural o
de experimentos
para convertir a una sociedad en fácilmente manejable
para los fines coloniales o neocoloniales
podemos ver algunos de gran difusión a lo largo de toda América en estos tiempos,
pero que también alcanzan a los países del llamado Primer Mundo.

Un ejemplo de esto son las telenovelas de facturas degradantes o programas
como “Gran hermano”
o el famoso “Bailando por un sueño”.
Gran Hermano no es sino una experiencia similar al encierro de un grupo de ratas
en una enorme caja en el espacio de un laboratorio para estudiar cómo sobreviven,
los mecanismos de esa sobrevivencia, la desesperada carrera por la comida o por
ganar espacios.
Esto permite estudiar los diversos estímulos que pueden aplicarse para
conocer las reacciones de un grupo o de una sociedad determinada.
En Gran Hermano como en Bailando por un Sueño, se enseña que
toda humillación vale si alguien puede ganar algo. No importa cuanto se degrade
cada uno de los participantes.

Después de todo el colonialismo se implanta mejor y sin mayores problemas
sobre una población acostumbrada a
la humillación o degradada al punto de la inmovilidad.

El “buen aliciente” es la competencia brutal.
El que juega a ganar y abandona todos sus principios de convivencia y solidaridad, gana.
No importa en ese juego lo que haya que hacer, ni las humillaciones a las que un ser humano
es sometido festivamente.

Instalar apetencias por una fama que dura lo que una vela encendida es un modelo del sistema.
Sin embargo,
también hay que decir algo sobre lo que no se habla.
Y es la fuga de información de ese sistema orwelliano de control que ejercen Estados Unidos
y sus socios.
El fracaso de ese gran aparato del poder se ha visto en América Latina,
donde la ola de transformaciones políticas y sociales logran vencer
los mecanismos de la contrainsurgencia mediática brutal que se nos aplica.

Si ese conglomerado de medios en manos de la potencia que se revela como una dictadura mundial, y practica el terrorismo de Estado a nivel universal,
hubiera sido tan efectivo en sus accionar no tendríamos presidentes como Hugo Chavez, Evo Morales, Rafael Correa sólo para citar a los que estuvieron en la línea de ataque más duro de
la Guerra de Baja Intensidad mediática
de los medios masivos en los últimos años(...)".

«¡Nunca Más!» uso criminal de los grandes medios
para manejarnos
a través de los estereotipos, prejuicios
y miedos que nos meten subrepticiamente y que, a la vez, refuerzan
nuestra visión rutinaria de la cotidianeidad por no indagar
experiencias en profundidad e interpelarlas sin cesar.

Desafía a tomar posesión de todos los espacios públicos
que en nuestro nombre
o del funcionamiento de sociedad respetuosa de
las autoridades elegidas por voto mayoritario son convertidos en poder de negocios y represión.

Implica abrirlos a la comunicación e información mirando
a constituir una sociedad participativa por
comprensión honda entre los involucrados
en liberar cada espacio
al encontrarse con su potencial plebeyo y conciencia del país a construir por hermanamiento de los de abajo.