Conflictos Diciembre 2007

«¡Nunca Más!» genocidio y centros clandestinos de tortura-exterminio-reducción a servidumbre
y apropiación de bebes
para despojarlos de sus identidades, nos compromete a seguir luchando por el juicio y
castigo de los militares y policías implicados.

Pero esa conquista nos plantea analizar la continuidad de la dictadura cívico-militar
en las democracias restringidas no sólo a través del Estado represor sino, sobre todo,
a través de la llamada libertad de 'Mercado'.

El folleto de la Campaña de Solidaridad con Haití por el retiro de las tropas extranjeras
y la anulación de la deuda externa explica:

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSTAH)
de
"tropas supuestamente de paz se han convertido en tropas de ocupación
que atentan contra la soberanía, la autodeterminación y derechos humanos de la población.(...)

Los informes y denuncias de la actuación de las tropas de ocupación
en tiroteos y muertes, masacres en barrios periféricos y una sistemática represión
dirigida hacia supuestos simpatizantes del depuesto presidente Aristide. (...)

No se trata sólo de una ocupación militar sino también económica.
El Informe
de la Misión de Solidaridad afirma que pudo "apreciar en cada momento
el proceso de ocupación integral de Haití, que lo conforma la fase directamente militar
y un plan de sometimiento económico y financiero que asegure la generación
de
una abundante mano de obra barata y el control sobre los bienes naturales y
la gran mayoría de la riqueza producida".

A menos de un mes del derrocamiento de Aristide se conformó
el Cuadro de Cooperación Internacional (CCI) para poner
en marcha
una nueva estrategia económica para Haití, sobre la base
de estabilización económica y ajuste estructural que el FMI
venía aplicando en el país desde hace varios años con desastrosos resultados. (...)

El CCI fue elaborado durante seis semanas por expertos en su mayoría del Banco Mundial,
el BID y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.
Se propone
acelerar la liberalización de la economía, ampliar las zonas francas, las maquilas
y desarrollar el sector agro-exportador poniendo hincapié en las políticas
de libre comercio que tanto daño han producido.

A esta situación, se suma que los recursos del presupuesto nacional
se siguen destinando para el pago de una deuda externa ilegítima.
La deuda
alcanza 1.4 mil millones de dólares, 80% de la cual es reclamada por
el FMI, el BM y el BID y la parte restante mayormente por gobiernos del G-8,
el grupo de los países más poderosos del planeta (...)".

La dictadura de quienes hoy concentran y desnacionalizan tanto la economía
como el territorio de Argentina
la inician desarticulando -mediante terrorismo de estado- a
las organizaciones consecuentes con los intereses de
la clase trabajadora y con los de los otros componentes populares.

Para su plan de desarrollo del subdesarrollo o de desindustrialización,
de expansión
dominante del sistema financiero imperialista y de superganancias por creciente explotación
de los trabajadores era fundamental someterlos física e ideológicamente.

Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas,
en
"Para qué la represión" (enero 2002), sostienen que el neoliberalismo era inviable en
la realidad social de los setenta.

"La clase obrera había comenzado a liberarse de la burocracia sindical.
Había surgido la CGT de los Argentinos y las comisiones internas respondían
a los intereses de los trabajadores y no a los de la burocracia que había
pactado con gobiernos civiles y militares traicionando a sus representados.

En junio de 1968 se produjo la alianza obrero-estudiantil entre catorce grupos
de estudiantes y la C.G.T. de los Argentinos. El estudiantado había dejado de ser una elite
y había demostrado su solidaridad y participación con las reivindicaciones y movilizaciones
de los trabajadores en los movimientos de protesta conocidos como el "Cordobazo",
el "Rosariazo", etc.

La combatividad y organización de los trabajadores y las utopías juveniles y
movilización de los estudiantes eran una mezcla explosiva. Y un obstáculo
para
la aplicación de medidas económicas dirigidas a garantizar la transferencia
de recursos desde el Estado hacia grandes grupos económicos nacionales y extranjeros.

Es entonces cuando paralelamente al "plan económico" se organiza
un "plan represivo" que sería puesto en práctica por las fuerzas armadas
y de seguridad, golpe de estado mediante.

Según estadísticas de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas),
el 69,2% de los desaparecidos eran trabajadores (48,2%) y estudiantes (21%).
Allí apuntó la represión: a eliminar toda forma de organización política.

A título de ejemplo: el 25 de marzo de 1976 -un día después del golpe-
comienzan las desapariciones en la fábrica Ford de General Pacheco y en Astilleros Astarsa.
En Acindar ya funcionaban un cuartel y un Centro Clandestino de Detención
dentro de la fábrica y habían sido asesinados 15 obreros por la triple A.

A partir de marzo de 1976 hubo allí 30 desaparecidos, 200 encarcelados y más
de 1000 perdieron sus fuentes de trabajo. En el cordón industrial Rosario-Villa Constitución
1800 trabajadores fueron desaparecidos y 2000 detenidos.

En Jujuy, el 24 de junio de 1976 se cortó (desde la usina perteneciente
a la empresa Ledesma) la energía eléctrica de todo el barrio y en vehículos
del ingenio Ledesma secuestraron a centenares de trabajadores. Treinta de ellos,
de reconocida actividad gremial permanecen desaparecidos.

En estas empresas y muchas otras,
los trabajadores quedaron sin representación gremial
ni posibilidades de discusión salarial o de condiciones de trabajo.

A mediados del '78 decenas de miles de personas fueron asesinadas, habían desaparecido,
estaban en prisión o sufrían el exilio. El plan represivo había cumplido su objetivo.

Comienza entonces
la etapa de transformación del Estado y de los sistemas de producción.
En 1979 se instala la "tablita cambiaria".
El Estado
se endeuda para abastecer de dólares al mercado de cambios y
para satisfacer la demanda de financiamiento de
grupos económicos locales y conglomerados extranjeros.
La deuda externa
pasa de 8.085 millones de dólares en 1975 a 45.069 en 1983 y se pagan
por ella intereses usurarios. Según las Naciones Unidas, la tasa de interés promedio
en 6 países industrializados era del 4,35% mientras la pagada por 6 de
los principales países deudores era del 16,8%.

También las tasas de interés subieron en el país en la misma proporción
y empieza el gran negocio de las empresas: endeudarse en dólares
(con cambio fijo asegurado por la "tablita") en el extranjero y colocarlo a interés en el país.

El endeudamiento externo fue a parar a la "Patria financiera"
y no
al sistema de producción de la Argentina.

Mientras tanto la fiesta de "lo importado" sumía en la crisis a
la pequeña y mediana industria que, como en todos los países,
es la que
ofrece mayor cantidad de puestos de trabajo.

Y la deuda de las empresas privadas fue "estatizada",
es decir,
el Estado (o nosotros) se hizo cargo de su pago.

Cuando termina la "tablita", esos grandes capitales habían
fugado del país 30.000 millones de dólares (una cifra similar
a lo pagado por los servicios de la deuda externa).

La reestructuración económico-social que comenzó en el país
durante la dictadura y continuó con los gobiernos constitucionales
reinstaurados
bajo el poder económico financiero, significó una doble transferencia de ingresos:

· desde el trabajo hacia el capital, la participación de los trabajadores
en el Producto Nacional que era, en 1975, del 42,8% a fines del 89 era del 30,2%
o sea
un 12,6% equivalente a 79.000 millones de dólares que pasaron del bolsillo de
los trabajadores a las empresas;

· desde las pequeñas y medianas empresas hacia las de propiedad de los integrantes
del nuevo bloque de poder económico.

El salario real de los trabajadores había disminuido en 1999 un -61,5 y la diferencia
entre el 10% más rico y el 10% más pobre había aumentado un 47,2 (...)".

El pacto social de Cristina Fernández viene a institucionalizar
los arreglos -durante el gobierno de su marido- de espaldas a los trabajadores en
los que se ponía tope
al aumento salarial de los trabajadores ocupados en blanco de suerte de garantizar,
a las grandes empresas, el crecimiento de sus superganancias.

Sobre todo,
persigue que los trabajadores no puedan rebelarse o se acostumbren a salarios muy inferiores
a la canasta familiar y a la flexibilidad, precarización e informalidad laboral o
a la desocupación estructural.

A pesar del notable crecimiento económico que se sostuvo durante los cincos años últimos,
la mitad de los trabajadores ocupados no tienen derecho alguno y sus sueldos son de
indigencia.

a. El pacto social es para garantizar al capitalismo mundializado
no sólo el statu quo sino su profundización en
la tendencia de:

"En los últimos treinta años, la participación de
los trabajadores europeos
en la riqueza producida se redujo del 70 al 58%
según datos de la Comisión Europea.

Así, los asalariados, autónomos y profesionales de ese continente
reciben una porción cada vez menor
de la producción.

En España,
la participación es menor, es del 54,5%.
Y con porcentajes inferiores al de la península
se ubican Italia, Luxemburgo, Irlanda y Finlandia.

El informe destaca también que este descenso
en el ingreso de los trabajadores durante las tres
últimas décadas
se repite en otras grandes economías del mundo:
en Japón y en Estados Unidos, ahora apenas supera el 60%.

La contracara de este declive social es el mayor ingreso de las empresas,
que han visto multiplicar sus ganancias en detrimento de los asalariados.
Esto significa
que el nivel de vida de los trabajadores no acompaña el progreso
experimentado.

Lo sugestivo es que todo esto se produjo
en un período de crecimiento de la economía global,
de avances tecnológicos sin precedentes, de fuerte desregulación económica y
de globalización financiera. (...)

Además, existe una persistente tendencia inflacionaria
que es sabido
erosiona con más fuerza los ingresos de los asalariados (...)".

b. El pacto social suena a paz social pero es afirmación del Estado corporativo.

No es casualidad que los Kirchner sean presidentes de Argentina
siendo sátrapas de una provincia petrolera. Veamos bases y eje de desarrollo
del Estado corporativo.

Argenpress difunde la nota "Repsol YPF por dentro" de Hernán M. Palermo:

"El proceso de privatización de las empresas estatales acarreó
no sólo la pérdida de poder del Estado
para garantizar la prestación de los servicios públicos
sino también del sentido de pertenencia del personal y
de su responsabilidad como servidores del pueblo.

En las privatizadas las administraciones trabajaron sistemáticamente
para seleccionar al personal que retenían, y disciplinarlo a
los criterios de gestión privados. Aquí el ejemplo de Repsol YPF.

Los procesos de privatización llevados a cabo en la Argentina
en los años 90,
siguen interpelando a los estudios de las ciencias sociales
y a los análisis de los investigadores.

A más de 15 años de transcurrido el vaciamiento de la empresa y su venta,
las profundas transformaciones del pacto privatista en YPF ponen de manifiesto
no sólo las múltiples y variadas fuentes de racionalización sistemática de trabajadores,
sino también aquellos dispositivos empleados para lograr adhesión y consentimiento
entre los nuevos trabajadores de Repsol YPF.

Las formas en que se ha dirimido
la puja por recomponer la hegemonía empresaria sobre el trabajo,
requieren de
un análisis detenido de los dispositivos de control social y cultural
que han buscado sistemáticamente el re-disciplinamiento de los trabajadores
en el actual contexto de la empresa.

En este sentido,
la implementación de políticas empresarias sustentadas en una nueva idea de ’sujeto flexible’,
y comprometido con los criterios de eficiencia y productividad en las firmas,
define
un escenario diferente en la gestión de las relaciones laborales y en
los dispositivos empresarios para disciplinar la fuerza laboral.

En el año 2006 se implementa en Repsol YPF la Gestión por Compromiso (GxC).
Esta política
de administración empresaria forma parte de un paquete de políticas importadas
-que Repsol YPF compra a consultoras internacionales, en este caso a la Boston Consulting Group- que luego son adaptadas por las áreas de recursos humanos.

Este nuevo programa, introducido en Argentina primeramente en la administración central de la empresa y luego en las distintas áreas productivas localizadas en todo el país, pone bajo la lupa, ya no los objetivos cumplidos por los trabajadores, sino cómo son realizadas las tareas.

Otro de los ajustes que plantea el sistema corporativo
es la necesidad de diferenciar con claridad a los trabajadores en función de su mérito.
Esta política es
entendida por la empresa y en particular por el área que le da dinamismo, recursos humanos,
como potenciadora de la responsabilidad de los empleados, a la vez que se constituye
en un potente mecanismo para ejercer una vigilancia estratégica con relación a
las posibles desviaciones
del patrón disciplinario:

“Repsol YPF está inmersa en esta corriente y dentro de ella se encuadra
el último modelo adoptado por la compañía.
Es la llamada GxC o Gestión por Compromiso, una herramienta que
se basa en el diálogo entre jefe y colaborador... …fija reglas de juego claras
a la hora de marcar y evaluar objetivos, establecer un reconocimiento
en función de méritos y fomentar el desarrollo profesional de las personas.”
(CONECTA Nº 19- 2006. Revista de difusión interna de Repsol YPF.).

En la GxC,
se explicita la necesidad de “gestionar al capital humano” de forma individualizada,
apelando a la autonomía y la iniciativa, comprometiendo más al empleado con su trabajo
y redefiniendo
el rol de las jefaturas en una función más activa en el cumplimiento de la eficiencia.
Al mismo tiempo, se apela a la colaboración para cumplir con los objetivos de equipo.
La forma de
gestionar a la vez lo individual y lo colectivo señalará un importante desafío para los mandos,
quienes deberán demostrar en forma cotidiana su “profesionalidad” y “compromiso”
para administrar y gestionar la conflictividad derivada de las normalizaciones y diferenciaciones.

A partir del cambio de política empresaria,
encarnada
en la Gestión por Compromiso, se evidencia una nueva refuncionalidad
del rol de los mandos en la empresa, quienes tendrán la responsabilidad
de medir eficientemente los comportamientos y diferenciar el personal a su cargo,
para luego aplicar los “premios” y los “castigos”.

Los trabajadores que desempeñan funciones de mando dentro de la empresa conforman los engranajes fundamentales para ejercer
una vigilancia estratégica
desde la materialidad del proceso de trabajo. Las tensiones y fisuras
en el orden empresario, se traducen en la exigencia de un rol más activo por
parte de los mandos, un papel de mayor control no sólo sobre
los objetivos cumplidos, sino en la forma en que se concreta el trabajo.

La empresa construye criterios de valorización tendientes a vehiculizar el “cambio cultural”.
Este comenzó con el proceso de privatización, primeramente desplazando sistemáticamente
a aquellos trabajadores que no formarían parte del futuro de la empresa,
y en segundo lugar,
elaborando políticas administrativas para obtener el consenso en el interior de la empresa.
Resultado de esta valorización surge una “cultura del joven profesional” con
formatos de contratación y rutas profesionales específicas.

El “cambio cultural” debe ser propiciado por los mandos, promoviendo así la implicancia de todos los trabajadores detrás de los objetivos de
la empresa.

Los instrumentos de gestión utilizados
para sostener la nueva dirección empresaria adjudican
un papel estratégico a la gerencia de recursos humanos,
que vehiculiza
los nuevos sentidos corporativos que deberán ajustarse a
los parámetros de eficiencia y productividad.

La disputa por provocar un “cambio cultural” se traduce también
en cambios fundamentales en los criterios que juegan en el reclutamiento
y movilidad ocupacional, definiendo un nuevo contexto
que busca la re-profesionalización de los mandos(...)".

El gobierno de Néstor Kirchner actuó directa o indirectamente a través de sindicatos
de la CGT para imponer el orden de los negocios espurios y contra las democracias de base
que reclamaban derechos y función social de su sector.
Ejemplos
son el Hospital Clínicas y el Hospital Francés, el último está ocupado por Gendarmería
y previamente fue atacado por una patota subordinada al gobierno, están procesados
trabajadores por imponer que no se cierre el hospital
mientras a los vaciadores del hospital se les procura impunidad absoluta
y se pretende
que los trabajadores no reclamen sus salarios no sólo los adeudados sino los que deben
recibir en vez de los actuales subsidios como producto del incumplimiento por
el gobierno de Kirchner del pase a planta del PAMI desde hace un año
y se opongan
a los despidos, al cierre de servicios y a la degradación de la atención médica.

También
en el feudo de los Kirchner mientras resultan impunes la masacre de 14 obreros en Río Turbio
a causa fundamental de la irresponsabilidad criminal de Taselli en contubernio con Néstor Kirchner y
el atropello de veinte docentes movilizados por un alto funcionario de la provincia,
se militarizó las escuelas
y se mantiene con alto costo para el erario público a la gendarmería cuidando
por el clima de superganancias de las petroleras.

Cristóbal López, dueño del Casino Flotante y estrechamente vinculado a Néstor Kirchner,
uno de los beneficiados con 14 licitaciones petroleras en el feudo de los Kirchner,
usó a la prefectura
para la violenta represión contra los jóvenes trabajadores.

El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos ( Ce.Pro.D.H.)
denuncia (05/12/07):

"Alrededor de las 23 horas del día martes 4 de diciembre,
una avanzada del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina,
arremetió violentamente
contra los cientos de trabajadores y trabajadoras del Casino Puerto Madero
que estaban ejerciendo su legítimo derecho de huelga contra decenas
de despidos arbitrarios a sus compañeros.

El operativo se realizó en forma absolutamente ilegítima e ilegal,
sin mostrar siquiera una orden de desalojo de alguna autoridad judicial.

Luego de golpear salvajemente a los jóvenes trabajadores,
entre los que se encontraban mujeres embarazadas,
los prefectos detuvieron a varios huelguistas y fueron directamente a perseguir
y detener a su abogado,
Edgardo Moyano, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos,
parte de la querella contra el genocida ex Prefecto Héctor Febres,
quien está siendo juzgado por torturas en la ESMA durante la dictadura.

El CeProDH exige la libertad de todos y todas las detenidas y detenidos y de su compañero,
el abogado Edgardo Moyano.
No vamos a permitir que esta institución reprima a los trabajadores y detenga a uno
de los abogados del CeProDH que junto a otros organismos nucleados en "Justicia Ya!"
ha venido demostrando que la Prefectura también fue partícipe
del secuestro, las torturas y el asesinato de miles de desaparecidos hace 30 años".

A las 10.15 del miércoles 5 liberaron a todos los detenidos y a las 12 del medio día
se realizó una marcha desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo".

Prensa de Frente, en "Despidos en el Casino Flotante .La salud y la integridad en juego"
historia
el conflicto antes de esa brutal represión:

"Los trabajadores del Casino Flotante de Buenos Aires,
vienen llevando adelante diversos reclamos desde hace meses.
El pedido de
encuadramiento según la actividad correspondiente, aumento salarial y
mejoras en las condiciones de trabajo son algunas de las causas que los movilizan;
represión policial,
golpizas por parte de las patotas de la burocracia sindical en disputa y despidos,
lo que encuentran habitualmente como respuesta.

El pasado lunes 5 de Noviembre,
mil doscientos trabajadores nucleados principalmente en
la Asociación de Agentes de Loterías y Afines de la Republica Argentina (ALEARA),
perteneciente a la CGT y conducido por el legislador macrista Daniel Amoroso,
se movilizaron por
el centro porteño solicitando la reducción de la jornada laboral a raíz de
que las condiciones en las que prestan tareas están generando
importantes problemas de salud.

Leandro Bonini, delegado del sector Juegos del casino,
explicó que se suceden
"casos de abortos espontáneos en un porcentaje altísimo,
compañeras embarazadas con partos prematuros que triplican los índices oficiales,
cientos de trabajadores con problemas de caderas por la cantidad de horas que están parados".

El Ministerio de Trabajo
no se mostró dispuesto a aportar soluciones y los trabajadores se declararon
en alerta y convocaron a
una asamblea para el día viernes 9 del corriente en su lugar de trabajo,
el Casino Flotante de Puerto Madero.

Ese día por la mañana una patota del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos
(SOMU),
en manos del ultrakirchnerista Omar "Caballo" Suárez,
irrumpió en plena sala de juegos repartiendo golpes contra los trabajadores.
Los empleados denuncian la complicidad de la Gerencia del Casino ya que, como afirma
Pablo Conti,
también delegado del Casino, "el viernes pasado entró una patota
con el aval tanto de la empresa como del personal de seguridad,
se identificaron como trabajadores del SOMU,
de hecho el mismo Suárez admitió más tarde que habían sido ellos.
Bueno,
entraron y comenzaron a atacar a los trabajadores a darnos con palos,
en el medio de nuestra asamblea. Los trabajadores que laburamos en el Casino
somos todos pibes jóvenes
-el promedio de edad es de 20 o 25 años- y vimos entrar tipos de contextura física enorme,
bien identificados con la burocracia sindical, con la intención de impedir nuestra asamblea".

Como resultado del ataque, dos decenas de trabajadores fueron atendidos
en diferentes hospitales de la Capital Federal.

La reacción fue una masiva movilización a los tribunales federales el día lunes 12,
denunciando la complicidad de la empresa en la agresión a la asamblea.
Consultados
por Prensa De Frente sobre la información difundida por los medios masivos
que sostenía que la marcha de repudio a las agresiones
fue convocada tanto por ALEARA como por el SOMU,
Bonini afirmó
que "nosotros convivimos con trabajadores, con compañeros nuestros que
están agremiados al SOMU, así como también de otros gremios
como pueden ser los gastronómicos.
El problema acá es la patronal y la dirección del SOMU que no pueden permitir
que los trabajadores estemos acá,
todos unidos en un reclamo único que solicita la reducción de jornada para todos."

En palabras de otro delegado,
"para desmentir lo que dicen los medios,
los que marchamos fuimos los trabajadores, agremiados o no en ALEARA.

Acá somos todos compañeros, inclusive tenemos matrimonios, parejas, amigos entre
los que uno está en un gremio y otros en otro; se comparte todo.
Quienes establecen la división son los sindicatos.
Hoy,
acá en la asamblea hay trabajadores afiliados al SOMU.
La propuesta es crear de una vez por todas
el sindicato único de los trabajadores del Casino de Buenos Aires.
Lo que pasa es que el Estado, la burocracia y todos los poderes
van en contra de este tipo de acciones."

El viernes pasado,
mientras los trabajadores se disponían a realizar una asamblea en el Parque Lezama,
ya que el Casino se encontraba cerrado desde los incidentes de la semana anterior,
poco antes de
comenzar a marchar varios empleados llegaron con la noticia de que habían llegado a
sus casas telegramas de despidos . Esta situación generó que la movilización se dirigiera
hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el fin último de lograr
la reincorporación de los despedidos, así como de garantizar la reducción de la jornada laboral.

Sobre los despidos,
y a pesar de que en los telegramas se los vincula con los incidentes,
los delegados afirman que
"hay personas que están siendo despedidas porque actuaron en
defensa propia el día de la agresión, pero hay otras que ni siquiera estuvieron
ni participaron ese día. Evidentemente se están agarrando de esto para hacer
una limpieza de gente.
Casualmente buena parte de los despedidos son quienes tienen problemas de salud,
un eje que venimos trabajando." Según Conti, las medidas de lucha
continuarán durante toda esta semana,
"vamos a marchar hoy, mañana y todos los días hasta que reincorporen al último compañero."

Al cierre de este envío no estaban confirmados la cantidad de cesanteados,
pero podrían superar los 70 trabajadores y los trabajadores
se encontraban acampando
en la puerta de su lugar de trabajo reclamando la reincorporación de los cesanteados,
a la vez que convocaron a una nueva movilización para mañana lunes 19 a las 16 horas
en la puerta del Ministerio de Trabajo".

«¡Nunca Más!» un José Martínez de Hoz ni
un Domingo Cavallo nos desafía no sólo a
rechazar
el olvido sobre la desaparición forzada de
Jorge Julio López
y el fusilamiento de Carlos Fuentealba
con la consecuente impunidad de quienes
los ejecutaron e idearon, dirigieron.
Sino también
debemos constituir una organización política,
cuyo objetivo central e inmediato sea crear
comunicación social que instale debates
orientados
a interpelar a todos los trabajadores
(desocupados, subocupados y ocupados en
distintas situaciones) para suscitar
su conciencia
de pertenencia a la clase capaz de liberarse
de la superexplotación y el sometimiento
impuestos por
el capitalismo e imperialismo a fin de
acumular en forma creciente.

«¡Nunca Más!» instauración del clima de fabulosos negocios para los grandes capitales
a expensas de degradar la vida mayoritaria y su dignidad humana y de exterminar
a niños, adolescentes, jóvenes y otras edades,
nos debe
comprometer al ¡NO, pago de la deuda externa!

El pago de la deuda pública en permanente aumento ejemplifica
el comportamiento criminal y delictivo del contubernio entre las potencias imperialistas
y todos los factores locales de poder.

Argentina: El pueblo quiere saber: ¿Qué deuda?
¿Por qué estamos pagando un millón de dólares por hora en intereses?

Campaña Continental contra el ALCA

A diferencia de lo que piensan muchos compatriotas
-y contrariando los discursos de campaña de más de un candidato o candidata- ,
la Deuda financiera
que aún se exige a la Argentina crece día a día y el conjunto de la población
la seguimos pagando con un alto costo social, ecológico y político.

Son muchos los prestamistas que se regocijan con el millón de dólares
que sólo en intereses, estamos pagando ¡cada hora!
Para el año 2008,
la propuesta de presupuesto enviada al Congreso
para su consideración contempla pagar intereses sobre la Deuda
por 19 mil millones de pesos
-más del total para invertir en educación (11 mil millones) y salud (6 mil millones)- y
aún así no se cubrirá todos los intereses devengados por lo que
se volverá a
emitir nuevos bonos y así la bola seguirá creciendo.
Y como si eso no fuera suficiente, con las negociaciones con el Club de Paris,
y los distintos laudos en contra de la Argentina en el CIADI,
puede verse que la Deuda que nos siguen cobrando
va a
seguir aumentando con los resultados ya conocidos:
Más pagamos, más debemos, menos tenemos.

Por eso,
como pueblo argentino tenemos el derecho y la necesidad de saber,
como dijo Alejandro Olmos hace 25 años cuando inició
una de las primeras acciones jurídicas en contra de la Deuda acumulada por la Dictadura:

¿Cuánto se debe?
¿A quién se debe?
¿Por qué se debe?

Preguntamos a toda la ciudadanía,
no sólo a las y los candidatos sino además a quiénes los vamos a votar,
y a todos quienes queremos un país sin hambre y con justicia social:

¿Cómo es posible que el país siga invirtiendo en un saco sin fondo?
¿En una deuda
cuya legitimidad y legalidad están profundamente cuestionadas,
cuya contratación no nos fue consultada ni corrió en beneficio nuestro,
se invierta mucho más que en la educación y la salud y los otros rubros del Presupuesto Nacional?

Frente a este escándalo,
y a un manejo deliberado de las informaciones que contribuye
a invisibilizar la mera existencia del problema,
como pueblo también tenemos derecho a saber:

¿Qué políticas van a implementar el próximo gobierno,
las y los próximos legisladores,
frente a esta deuda?

Todo esto queremos saber, para poder entre todos y todas, hacer realidad la soberanía y la justicia.

¡Suspender el pago de la deuda ilegítima!
¡Auditoría ya!
¡Somos los pueblos los acreedores!

Firmas iniciales:

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Fundación Servicio Paz y Justicia;
Nora Cortiñas, Mirtha Baravalle y Elida Meidan, integrantes Madres de Plaza de Mayo-L.F.;
Diálogo 2000; MOCASE; Museo Che Guevara; Convocatoria No al CIADI; ATTAC; Espacio Ecuménico;
MoPaSSol; Federación Judicial Argentina;
Programan de Incidencia Sobre Deuda ilegítima de la Federación Luterana Mundial;
Espacio No Deuda; Cátedra de Cultura de la Paz y los DDHH, Facultad de Cs. Soc.-UBA;
Cátedra Cultura Indígena.

La deuda argentina como delito:
un aspecto no tratado por el derecho penal(2ª Parte*)

"(...)La justicia federal, en el fallo dictado por el Juez Jorge Ballestero,
al que hiciera referencia en la introducción, determinó la ilegitimidad y
el carácter fraudulento de la deuda generada entre 1976 y 1983,
de manera tal
que las refinanciaciones de ésta y sus sucesivas reestructuraciones,
como los servicios de la misma, han permitido que el injusto de origen
continuara a través del tiempo, pudiéndose advertir que,
si se apartan sus diferencias contingentes, las formas operativas de su tratamiento
tuvieron siempre

las mismas características, y en ningún momento hubo objeto lícito, ya que existía un insalvable vicio de origen -las ilegalidades e ilicitudes registradas en la causa penal- y ese vicio de origen no desaparecía ante una renegociación, ya que el delito no puede ser materia de un acto negociable civil o estatal.

Una vez terminada la causa,
con el fallo al que se hiciera referencia, se puso en marcha otra causa
para investigar el endeudamiento externo hasta la realización del denominado Plan Brady,
que se llevara a cabo entre los años 1992 y 1995.

A esa causa se agregó un expediente tramitado en otro fuero
donde se investigaba una denuncia por contrabando, y
en el que el juez actuante se declaró incompetente
por entender
que las actuaciones estaban relacionadas con la deuda externa.
Al fundar su inhibitoria expresó:

"A través de la investigación de personal especializado de la Dirección Nacional de Aduanas
y del Banco de la Nación Argentina,
se detectaron cientos de casos de violaciones a las normas del artículo 1
del régimen penal cambiario,
cuya investigación y juzgamiento corresponde al Banco Central que no lo ejecutó.

Con respecto a la deuda externa,
se ha comprobado que un volumen del relevamiento que se expuso no tiene
un correlato con los indicadores con los indicadores que expresan un aumento de
la actividad económica, por una inversión productiva en esas condiciones.

Para decirlo de otra manera, el dinero que se prestó al país no se ve en la calle.
El problema para obtener datos confiables sobre
el ingreso de divisas y la posterior fuga de capitales,
consiste en
que en nuestro país fueron desmontados paulatinamente
todos los organismos destinados al control de este tipo de movimientos,
y es así que la autoridad monetaria
llegó a ignorar el volumen de las divisas que se encontraban pendientes de ingreso...

Desde el inicio de las actuaciones, la investigación estuvo siempre dirigida a
la determinación de eventuales conductas violatorias de las disposiciones
que regulan la operatoria bancaria en el sector exterior de cambios y
que
ahora con mayor precisión, sería posible sindicar en "prima facie" defraudatorias
a una administración pública...Cabe acotar finalmente al respecto, que del cruce de
la información contenida en el presente sumario relativa a las divisas no ingresadas
y la obrante
en poder del Banco Central vinculada a seguros de cambio, surgirían los casos
en los cuales esta hipótesis delictiva se habría realizado...

En igual sentido, y habida cuenta de las circunstancias aquí puestas de manifiesto,
corresponde proceder en orden a la posibilidad de que el Directorio del Banco Central responsable del dictado de la Comunicación 251, hubiera incurrido en una violación de
las normas de los arts. 248 y 173, inciso 7º del C. Penal".

En las actuaciones a las que me estoy refiriendo y que
se encuentran actualmente en pleno proceso de instrucción,
se agregaron
una enorme cantidad de documentos sobre la deuda privada que fuera estatizada en 1982,
a través del régimen de los seguros de cambio y prestaron declaración un conjunto de auditores
que la habían investigado en los primeros años del gobierno del presidente Alfonsín.

También pude presentar el ocultado texto completo del Plan Financiero correspondiente a 1992,
por medio del cual se reestructuró la mitad de la deuda
que era en esa fecha de 62.000 millones de dólares.
En ese Plan,
que no fue confeccionado por el gobierno argentino sin o por los principales acreedores del país,
se establecieron cláusulas violatorias del orden jurídico, contratándose a un conjunto de
bancos extranjeros para que administraran la deuda pública y privada de la Nación.

Como un ejemplo a los extremos a los que se llegó en la configuración del conjunto de ilegalidades,
los dictámenes que emitieron los abogados que la Argentina contratara en el exterior fueron redactados por los acreedores, y esto también ocurrió en el caso del Asesor Jurídico del Banco Central y del Procurador del Tesoro.

Al llegar el Dr. Fernando de la Rúa a la presidencia,
designó como Ministro de Economía al Dr. José Luis Machinea que
había sido gerente de finanzas públicas del Banco Central durante la dictadura,
y que siendo presidente de ese banco en 1985 ordenó el archivo de la auditoría de
la deuda privada.

Siguiendo con las modalidades habituales se obtuvo un blindaje financiero
de 40.000 millones de dólares
para asegurar el pago de las obligaciones externas, y ante la grave crisis que no pudo resolverse
se nombró ministro de Economía al Dr. Domingo Cavallo,
quien había negociado el Plan Brady en 1992, y que realizó un conocido megacanje
de títulos que aumentó el endeudamiento en 55.000 millones dólares.

Finalmente y después del 'default' declarado en el año 2001,
se siguieron pagando la mitad de las obligaciones externas, hasta que
en el año 2005
el actual Presidente de la Nación, Dr. Kirchner reestructuró esa parte que
se encontraba en mora, y la deuda siguió su curso aumentando nuevamente, mediante la colocación de nueva deuda para pagar las anteriores obligaciones.

No es objeto de este trabajo
hacer referencia a todas las sumas que se pagaron,
que se encuentran consignadas en las investigaciones judiciales y
en las diversas leyes de presupuesto de la Nación, pero si
es necesario decir que

de una deuda que en 1993 era de 63.000 de dólares,
hemos pasado a una deuda -en el año 2007- que excede
los 180.000 millones de dólares,
habiendo pagado en esos catorce años más de 160.000 millones de esa moneda lo que resulta un verdadero ejemplo de
cómo funciona
la usura y el 'sistema de la deuda' que sigue afectando estructuralmente la economía del país".

Fuente: Boletín informativo del M.O.R.E.N.O nº 215
20-9-07
moreno@info-moreno.com.ar
www.info-moreno.com.ar

"El premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, cumplió hoy
su tercer día de ayuno en adhesión a la Semana de Acción Global contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en Argentina,
y solicitó a los políticos en campaña electoral que definan sus posiciones ante
una deuda “ilegal e inmoral” usada como “medio de dominación por los poderosos”. (...)

En entrevista con La Jornada, Adolfo Pérez Esquivel sostuvo
que
aunque se pagaron millones de dólares para “liberarse” del Fondo Monetario Internacional (FMI),
“ahora estamos viendo cómo el Club de París y
otros exigen que se negocien esas deudas metiendo al FMI en esta negociación”.

Argentina debe a escala mundial 136 mil 700 millones de dólares
(64 por ciento del PIB),
y que sólo en lo que va de 2007 esta deuda aumentó
otros ocho mil seis millones de dólares.

“Esto -Adolfo Pérez Esquivel dijo- representa una enorme erogación para pagar intereses,
lo que significó este año un diez por ciento del presupuesto y
el próximo año el gasto será de 12 por ciento,
lo que significa sacrificar gravemente los presupuestos destinados
a educación y salud”.

Consideró que esto pone en duda el llamado “desendeudamiento” que anuncia
el gobierno del presidente Néstor Kirchner,
que “lamentablemente” debe continuar pidiendo prestado al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Mundial y
otras instituciones financieras internacionales.

“Nosotros teníamos una oportunidad histórica de hacer lo que está haciendo
el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien inició una auditoría oficial de la deuda
para no pagar lo que no se debe, y en esas comisiones hay varios argentinos trabajando.

Nosotros teníamos en nuestras manos un juicio histórico,
que llevó adelante el ya fallecido compañero Alejandro Olmos y
un juez determinó hace unos años que la deuda era
ilegal e inmoral,
demostrando cómo se había disparado durante la pasada dictadura.
Tenemos una enorme cantidad de expedientes para probar esto,
pero ningún gobierno, ni el actual, tomó esa decisión”, dijo Pérez Esquivel.

“como la deuda es un mecanismo de dominación,
los poderosos no quieren perder este instrumento para dominarnos y
hemos enviado cartas e informes al presidente Kirchner,
pero en este tema nunca pude hablar con él”.

“¿Por qué tenemos que pagar nosotros las deudas de empresas como Ford, IBM y otros similares como Mercedes Benz, la empresa Ledesma (ingenio) de Argentina –y la lista es enorme– todos ellos responsables y cómplices de
la última dictadura militar?

¿Cuál es el precio por haber apoyado a la dictadura que asoló el país?
¿Por qué
los gobiernos no se decidieron ni se deciden a investigar la deuda?

Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos, por eso hablamos de
una voluntad política y una decisión soberana que nos hacen falta”.

CAUSA PENAL 15764/04 :
¿Principio del fin de la impunidad financiera en la Argentina?

"Como era de esperar,
en los grandes medios de comunicación se le ha dado una irrelevante difusión a
la trascendental noticia que el fiscal Federal Oscar Amirante haya pedido
la citación a indagatoria
por el delito de DEFRAUDACION a los principales banqueros y funcionarios del área económica,
en la investigación iniciada en el año 2004 por la crisis bancaria del 2001 y el corralito.

(...)"a principios del año 2001 se consideraba al sistema financiero argentino como uno de los más sólidos del mundo, el que sin embargo se derrumbó sin pena ni gloria diez meses después.

Como contraparte de esta aparentemente muy sólida situación financiera
consolidada a partir de 1996,
la administración de la deuda pública externa se desarrolló en un sentido exactamente inverso.
La deuda pública aumentó desde el año 1996 al 2000 en 60 mil millones de dólares,
al pasar la deuda bruta de 80 mil a 140 millones,
como consecuencia del denominado déficit gemelo
que arrojaba la convertibilidad, fiscal y de balanza comercial.

Desde el año 1993,
y especialmente a partir de 1996 intervinieron activamente en ese proceso de colocación
de deuda interna y externa, los denominados "BANCOS CREADORES DE MERCADO",
categoría creada por el decreto Decreto 340/96, y reglamentada por la Resolución 238/96,
ambas ideadas y refrendadas por el entonces ministro Cavallo.

Con ellos sentaron los lineamientos de la emisión de IEP (Instrumentos Endeudamiento Público)
y se creó la categoría de "BANCOS CREADORES DE MERCADO",
siendo designados para este papel, por orden de abecedario,
el ABN AMRO BANK, BANCO DE GALICIA, BANCO RIO, BANK OF AMERICA, BANK BOSTON,
BBVA BANCO FRANCÉS, CITIBANK, DEUTSCHE BANK, HSBC, ING BANK, JP MORGAN
Y THE CHASE MANHATTAN,
los que a partir de allí pasaron a desempeñarse como los doce apóstoles de la deuda.

Estos bancos "creadores de mercado" tenían la obligación de absorber determinada cantidad
de IEP,
y de sostener su negociación en los mercados secundarios,
a cambio de determinados derechos (exclusividad en las comisiones,
acceso a la información, ofertas fuera de hora, etc).

Estos derechos y obligaciones fueron aumentando a medida que
aumentaban las dificultades de Argentina para colocar sus IEP en el mercado de la deuda,
como consecuencia directa del desmedido endeudamiento en que estaba incurriendo,
por las falencias del plan de convertibilidad.

Como síntesis se puede decir que entre 1993 y el 2001
se emitieron IEP externos por la escalofriante cifra de 170 mil millones de dólares.
30 mil millones entre 1993 y 19915. 60.000 mil millones entre 1996 y el 2000.

Y sólo en el año 2001,
bajo el amparo de los más estrambóticos instrumentos
(Megacanje, Conversión de deuda Decreto 1387),
se emitieron IEP por 80.000 mil millones de dólares,
un monto equivalente al total de los Depósitos que existían en el sistema financiero argentino.

En esta festival de bonos o de emisión de IEP,
tuvo una descollante actuación el ex ministro Domingo Cavallo.
Indirectamente,
como autor de distintos decretos donde se fijaron los lineamientos en la emisión de IEP;
o directamente por
haber intervenido en la emisión de ellos, participó en el proceso de emisión de IEP
por 155 mil millones de dólares, o sea casi en la totalidad de lo emitido.
Además
refrendó en forma directa decretos de emisión de IEP por 112 mil millones de dólares.
Y como ministro de Economía firmó resoluciones de emisión de IEP por 45 mil millones de dólares.

En este ranking lo sigue el secretario de Finanzas Daniel Marx,
quien intervino directamente en la emisión de IEP por 36 mil millones de dólares,
sin computar en esta cifra la decisiva participación que tuvo en la negociación del Plan Brady .

A cambio de la colocación de estos IEP externos,
bajo jurisdicción extranjera, los bancos intervinientes,
liderados por los creadores de mercado,
percibieron comisiones del orden de los 628 millones de dólares.

Esto sin considerar el paralelo endeudamiento que se llevó a cabo mediante los IEP internos,
bajo jurisdicción argentina, por el que cobraron proporcionales comisiones.

Esta evidencia lleva a la presunción de la existencia de
un contubernio entre un puñado de funcionarios emisores de deuda, y un puñado de grandes bancos colocadores de ella, integrantes de lo que se podría denominar
"la comunidad de la Deuda", que actuó activamente colocando IEP argentinos en
el mundo,
hasta el año 2000. Debe destacarse que la Asociación de Bancos Argentinos, (ABA) que nucleaba a los 40 bancos mas sobresalientes del país, estaba dirigida por
los representantes de los bancos "creadores de mercado", conducidos en el año 2001 bajo la batuta del presidente Eduardo Escasany, del BANCO DE GALICIA.

Al haberse agotado dicho proceso,
y al avizorarse en el horizonte el futuro default argentino,
este contubernio o "comunidad de la Deuda" funcionó en sentido inverso:
para sacarles
de encima a los "bancos creadores de mercado" extranjeros y
sus clientes institucionales extranjeros, los IEP argentinos que tenían en su poder.

La salida adoptada fue simple y llana: encajarles los IEP a los ahorristas argentinos, ya sea a través de los bancos; las AFJP relacionadas con ellos; o los bonos que promovían los bancos a través de Ahorr.ar.

Y en el caso particular de los bancos consistió no en llevarse, sino quedarse con las Reservas financieras y de convertibilidad de los argentinos, dado que en una confusión de roles,
esos bancos eran además administradores o depositarios de ellas.
Mediante distintos artilugios,
esas cuantiosas reservas desparecieron y fueron sustituidas por los IEP.

Los hechos que se reprochan en la presente causa,
en realidad una secuencia de hechos,
fueron perpetrados con el fin de echar mano a las cuantiosas reservas
que existían en el sistema financiero a principios del 2001.

Esas cuantiosas reservas bancarias de absoluta solvencia y liquidez,
fueron sustituidas con premeditación y alevosía por parte
de los banqueros impulsores de estas maniobras,
con títulos de la deuda pública argentina,
respecto los cuales avizoraban un inminente default.
De esta manera
se defraudó al ahorrista argentino, y se le causó un gravísimo daño a
todo el sistema financiero argentino, al punto tal de llegarse a la virtual destrucción del éste,
con el denominado "corralito bancario".

Además de eludir estas obligaciones
para con el ahorrista o depositante en el sistema financiero argentino,
los bancos impulsores de la maniobra también accionaron para eludir sus obligaciones con el BCRA), provenientes del denominado contrato de "Pases Contingentes".
A cambio del cobro
de suculentas comisiones que treparon a los 350 millones de dólares,
en caso de iliquidez del sistema financiero, como la que ellos mismo propiciaron en el año 2001,
con dicho contrato estaban obligados a proveerle divisas al BCRA por 7.000 millones de dólares.

Estos dos hechos,
echar mano a las reservas bancarias que trepaban a los 18.000 mil millones de dólares;
y desobligarse del contrato de pases contingentes con el BCRA por 7.000 millones de dólares,
constituyen el núcleo
de una serie de actos estafatorios que ante la inminencia de la crisis sistémica
que se avizoraba en el 2001 para Argentina, estuvieron destinados a salvaguardar
los intereses de un grupo de grandes bancos internacionales,
en desmedro de los más genuinos intereses argentinos, y de los ahorristas argentinos.

Dado que en circunstancias de crisis,
las finanzas son un juego de suma cero, donde lo que uno gana otro lo pierde;
todo el juego de ese grupo de bancos consistió en trasladarle a otros sus costos y riesgos,
después de haber embolsado sus suculentos beneficios.

Esta compleja operación de traslado de riesgos empezó con la firma con el FMI
a fines del año 2000, del convenio denominado " blindaje",
con el que se simuló que se iba a asistir a Argentina con 40 mil millones de dólares;
cuando en realidad en él se preveía "asistir" a los acreedores externos con
el esfuerzo de los ahorristas internos;
por un monto similar al que luego estos resultaron defraudados:
20.000 mil millones de dólares.

A partir de ese convenio con el FMI la enumeración secuencial de hechos es la siguiente:

· Instalación en el ministerio de Economía de quien iba a ser el artífice esencial de la maniobra,
el ministro Domingo Felipe Cavallo.

· Expulsión de la presidencia y directorio del BCRA de quienes podrían oponer reparos a esa maniobra,
para reemplazarlos por cómplices, quienes emitieron las normativas con las que se implemento
el vaciamiento de las Reservas, y propiciaron la caída del contrato de "pases contingentes"
que obligaba a los bancos impulsores de las maniobras con el BCRA.

· Introducción en el país y en las entidades financieras de los IEP, mediante el denominado
Megacanje,
que fue propiciado por los bancos impulsores de la maniobra. Con él paralelamente se esterilizaron
los IEP que eran indispensables para que el BCRA pudiera exigir a los bancos impulsores de la maniobra,
el cumplimiento del contrato de "pases contingentes".

· Reemplazo de la Reservas existentes en el sistema financiero argentino, con los IEP,
especialmente los que tenían pactada jurisdicción en Nueva York.

· Engaño a los pequeños ahorristas domésticos, por parte las autoridades de Economía,
los bancos, y el BCRA, respecto la cantidad y calidad de las Reservas,
la invulnerabilidad del sistema, y la intangibilidad de sus depósitos,
a los efectos de mantenerlos dentro del sistema,
a la par de que llevaban adelante la sustracción y empapelamiento de las Reservas.

· Conversión de la deuda (nuevo megacanje), especialmente de los IEP
que tenían pactada jurisdicción en Nueva York, con el cual se disimuló la evaporación de las Reservas,
al ser contabilizados por los bancos como "préstamos garantizados"
al Sector Público.
Simularon así en sus balances, que la pérdida de Depósitos había sido solventada con las Reservas,
cuando en realidad había sido solventada con el recupero de Préstamos al Sector Privado,
por lo que debían mantenerse casi intactas las Reservas.
Paralelamente,
con esta medida se protegió a dichos IEP, con jurisdicción argentina y
en los tribunales de Nueva York, del inminente evento del default que se avizoraba,
en fraude a la igualdad de los acreedores que prescribe la ley.

· Ocultamiento de la maniobra, llevado a cabo por los directorios del BCRA
que se desempeñaron en el 2001 y 2002, conducidos por Mario Blejer y Alfonso Prat Gay,
cuyos balances por las gravísimas inconsistencias que presentaban,
fueron rechazados por el auditor eterno KPMG y la AGN.. Previo a ocupar esos cargos,
Blejer se desempeñó en el FMI, y Prat Gay en uno de los principales bancos impulsores de la maniobra,
el JP Morgan - Chase Bank".

«¡Nunca Más!» una democracia que nos fuerza
a bancar el enriquecimiento fabuloso de los poderes que
se establecieron mediante dictadura genocida.
¿Cómo nos fuerza?
Nos quita ingresos por presión tributaria a través
del IVA que restringe nuestro consumo elemental
para vivir,
permite los carteles causantes de inflación que se suma
al efecto anterior, los tarifazos de monopolios que
nos tienen como su clientela cautiva
y les otorga
subsidios multimillonarios directos e indirectos. Es decir,
nos hace financiar a quienes acaparan tanto nuestra economía como nuestro territorio.

Encima, transfiere crecientes fondos públicos
a los estafadores que el gobierno legitima
llamándolos acreedores
y la deuda se incrementa incesantemente
porque es el principal mecanismo de
dominación imperialista.
Pero, además,
es el sistema para dejarnos sin escuelas,
hospitales, universidades e instituciones públicas
desamparando
completamente a los excluidos; para privatizar
lo público
y condenar a la pobreza a todos los trabajadores
del Estado y la gran mayoría de los jubilados.
Paradigma
de este funcionamiento despótico se da
en la subordinación al sistema FMI-BM-BID.

Néstor Kirchner
satisfizo al FMI haciéndonos pagarle totalmente
su mega operativo de sostén a la gigantesca descapitalización
de Argentina durante 2001. Lo hizo en nombre
de independizarnos pero siguió con el alto superávit
y la Ley de responsabilidad fiscal como maximización
de la acumulación de recursos para pagar deuda,
también persistió
con la vigencia del Consenso de Washington.
Por esta impunidad es que hoy el gobierno de
Cristina F. de Kirchner puede explicitar
sus nexos con el FMI y decir que éste nos ayudará.

Contra esta democracia, en 2001-2002,
fue el ¡que se vayan todos, que no quede
ni uno solo!.
Nos faltó constituir unidad de voluntad
de la diversidad popular en torno a
un programa mínimo para el viraje real y
efectivo
desde el neoliberalismo al proyecto de país
mirando por necesidades e intereses populares.

«¡Nunca Más!» seguridad jurídica o clima de negocios para los saqueadores llamados oficialmente
inversores, desafía a constituir:

Los organizadores y convocantes a la Marcha hacia Plaza de Mayo del 12 de diciembre
explican cómo:

"La lucha de las asambleas populares, las asociaciones vecinales,
las organizaciones sociales, movimientos campesinos,
pueblos originarios y vecinos en general en todo el territorio del país, tiene
un común denominador:

la defensa de las condiciones de vida digna de nuestros pueblos y
la preservación de los bienes comunes,
tal como llamamos a las riquezas de este planeta.

· la destrucción y el saqueo en todo el país por parte de los monopolios extranjeros
y de sus socios locales;

· la búsqueda ambiciosa de réditos políticos y económicos y la corrupción,
causas fundamentales por las que todos los días perecen muchos habitantes de nuestro país.

Sostenemos y defendemos la decidida movilización y la lucha de pueblos
como
Gualeguaychú, para impedir la instalación y funcionamiento de Botnia y el avance de la contaminación; Esquel, que detuvo a la empresa minera Meridian Gold;
Famatina, Pituil, Chilecito y Chañar Muyo que, junto con otros pueblos de la cordillera,
llevan diez meses de corte para impedir la instalación de la empresa minera Barrick Gold;
comunidades indígenas como Lonko Purrán que en la provincia de Neuquén enfrentan a
las empresas petroleras, tal como lo viene haciendo desde hace diez años
el pueblo de General Mosconi en la provincia de Salta, entre otros.

Como resultado de esta lucha y resistencia de las comunidades, ya son seis
las provincias que sancionaron leyes que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas: Chubut, Río Negro, La Rioja, Tucumán, La Pampa y Mendoza.

Continuando el camino de estas resistencias,
volvemos a esta plaza para reafirmar nuestra lucha contra la contaminación ambiental.

La Cordillera de los Andes, fábrica de agua, cuna de glaciares de roca,
se extingue debido a la actividad del depredador minero que interrumpe su ciclo natural
y contribuye así al calentamiento global, generado mayormente por el derroche y
consumismo del 20% de la población mundial que vive a expensas del 80 % restante,
los pueblos del sur.

La cordillera, en toda su extensión, es invadida por transnacionales en pos
de minerales críticos y estratégicos cuya extracción
requiere de
cuantiosos volúmenes de agua, de compuestos químicos tóxicos y de energía subsidiada
que el gobierno se comprometió a cederles.
La Barrick Gold es su principal representante.

Paralelamente, las obras hidroeléctricas proyectadas en la Patagonia tienen
el mismo fin que
la del Chocón-Hidronor SA, principal proveedor de energía de la Mina La Alumbrera,
en Catamarca. Los habitantes del interior del país saben bien a dónde va a parar
la energía que falta; de igual modo que los hidrocarburos, petróleo y gas,
toda la rapiña cruza las fronteras del país.

En este mismo marco, se halla la lucha en el litoral al recibir el impacto feroz de
las fábricas de pasta de celulosa que, curiosamente, requieren de
iguales insumos
que las transnacionales mineras: agua, suelo y energía,
que falta o escasea en sus países de origen.

Los monopolios, generadores de contaminación y destrucción del hábitat en busca
de obtener una máxima y rápida ganancia, afectan también
a los hermanos pueblos uruguayo y chileno.

El salvaje proceso de expansión de las fronteras agropecuarias
para atender a los mercados externos, fundamentalmente con la soja y
ahora
con los agrocombustibles (mal llamados biocombustibles),
destruyendo e incendiando montes y bosques nativos,
elimina economías regionales y avanza sobre tierras no aptas para la agricultura,
expulsando a miles de pequeños productores y trabajadores del campo,
que terminan engrosando las villas miserias de las grandes ciudades y
generando amplios territorios inundables.

· el hacinamiento y engorde de ganado (feed lot) que persigue un rinde
que prevalece sobre una alimentación sana;

· la pérdida de los cinturones verdes hortícolas,
proveedores de alimentos frescos a escala local y regional;

son patrones de producción agropecuaria que nos distancian cada día más de la soberanía alimentaria.

La apropiación de fuentes de agua (ríos y acuíferos);
la extranjerización del territorio;
el saqueo de nuestros hidrocarburos;
la persecución y el despojo a los pueblos originarios,
son otros ejemplos de esta grave situación.

Las pesquerías continentales y marítimas
en franco proceso de agotamiento por sobreexplotación a favor de empresas extranjeras;
la existencia de pasteras contaminantes;
la contaminación del aire, del agua y del suelo que se acentúa en los parques industriales,
con su consiguiente impacto (envenenamiento) sobre las poblaciones circundantes;
la contaminación por residuos radiactivos; los polos petroquímicos de Bahía Blanca y La Plata,
el paradigmático caso
de Dock Sud y la Villa Inflamable en Avellaneda (Buenos Aires) y en el Gran Rosario (Santa Fe);
la contaminación del Reconquista y el Luján;
la depredación y contaminación del Delta y sus humedales y
de la cuenca del Matanza-Riachuelo, con un impacto directo sobre millones de argentinos,
donde los índices de mortalidad infantil de los barrios asentados en sus márgenes,
duplican el promedio de Capital Federal,
demostrando así
que este genocidio ambiental facilitado por los gobiernos nacional, provincial y municipales,
no se soluciona con los meros paliativos propuestos.

Muchas de estas prácticas están amparadas en el secreto de los procesos industriales y extractivos y el rechazo por parte de las empresas y el gobierno a
la formación de auditorias independientes a cargo de los trabajadores y organizaciones ambientalistas y sociales.

La Argentina no es ajena a otros proyectos de dominación
que azotan a los países de América Latina,
como el IIRSA
( Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana),
plan que viene avanzando y que consiste en la construcción de
la infraestructura necesaria para concretar el saqueo de los bienes comunes.
Así, se vienen construyendo rutas, ferrocarriles, hidrovías, puertos, gasoductos,
oleoductos, acueductos, telecomunicaciones, en
cuya construcción
los estados latinoamericanos se endeudan en beneficio de los sectores económicos
que dominan el mercado mundial.

Este megaproyecto de infraestructura apunta a implementar nuevas bases de ordenamiento territorial y social en América Latina, una nueva geografía que establecerá fronteras que ignoran historias e identidades construidas a lo largo de siglos de existencia de nuestros países.

En un país con el 85% de la población residiendo en áreas urbanas,
resulta lógico que muchas de las problemáticas estén asociadas a las ciudades;
como el calamitoso manejo de residuos cuyo caso más resonante es
el CEAMSE
y los rellenos "sanitarios" asentados precisamente en áreas urbanas,
vigente desde la dictadura militar hasta el presente. También:

· la reducción de los espacios verdes urbanos y
el aumento de la polución ambiental en pos de la especulación inmobiliaria
(edificación indiscriminada);

· los transformadores, que al ser desmantelados arrojan el PCB
al río aumentando su contaminación;

· las inadecuadas condiciones de seguridad e higiene laboral a
las que son sometidos los trabajadores.

Estos son algunos de los temas que han tenido más repercusión pública,
aunque no son los únicos problemas que afectan a la población,
especialmente
a los sectores más vulnerables por su condición socioeconómica,
con altos niveles de desempleo estructural, privándolos del acceso a la vivienda,
la salud y la educación, a una vida digna, llevándolos a graves condiciones de hacinamiento, sobre todo en los barrios humildes en los que se potencia el efecto.

¿Cuánto dinero destina el gobierno para el tendido de agua potable y cloacas
que alivien la situación de los barrios afectados?
¿Cuánto al saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza que constituye
una gran cloaca abierta que contamina ahora y desde hace años?
¿Cuánto destina en concepto de pago de intereses de deuda externa
y a subsidios que constituyen ganancias de empresas privatizadas?

Este panorama nos demuestra que las tierras y los bienes comunes de nuestro país
están en la mira
de los grandes intereses capitalistas nacionales y extranjeros,
razón por la cual las comunidades que allí habitan constituyen
un obstáculo para su apropiación y explotación.

Para enfrentar las resistencias que construyen los pueblos frente al saqueo,
las poderosas corporaciones transnacionales,
con la complicidad de los poderes políticos locales, provinciales y nacionales,
utilizan estrategias también poderosas.

Así, la militarización en las zonas en disputa;
la aprobación de leyes como la llamada "antiterrorista",
intentando aplicarlas a quienes
se resisten;
y la judicialización y criminalización de las luchas,
manteniendo hoy más de cinco mil luchadores/as populares procesados,
forman parte del cuadro de situación que busca hacer desaparecer
los obstáculos que impiden concretar los grandes negociados.

Reivindicamos nuestros métodos de lucha: asambleas, movilizaciones, cortes;
son el camino que tomamos frente a gobiernos que no dan respuesta.

No nos arrodillamos. Estamos dispuestos a defender con la lucha
nuestros bienes comunes y el derecho a una vida digna para todos.

Multipliquemos el camino de la unidad que nos trajo a esta histórica plaza junto a
numerosos sectores de nuestro pueblo para gritar bien fuerte:

¡SÍ A LA VIDA DIGNA Y SALUDABLE PARA TODOS!".

Leandro del Frente Popular Darío Santillán nos aclara sobre el posicionamiento
en el conflicto con Botnia:
"el problema central pasa por si Gualeguaychú se alía o no con los otros sectores del país.
Si eso no sucede hay posibilidades de que salgan fortalecidas las disputas nacionalistas,
el chauvinismo, como si la lucha fuera contra Uruguay.

Si Gualeguaychú
puede tomar también las consignas del resto de los conflictos puede impedir
que se alimente esa falsa división entre países que hay,
porque
el problema no es con Uruguay sino con un modelo económico
que está tanto en Uruguay como en Argentina, Brasil o Paraguay".

Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora,
destaca
el papel de los principios éticos e ideales al precisar:

· "Las madres no hicimos más que levantar la bandera de lucha
de nuestros hijos y seguir acompañando la lucha popular en Argentina";

· "Cuando algunos de los hombres y mujeres que habían sido secuestrados
fueron liberados,
con valentía, solidaridad y mucho amor hacia los compañeros
que se habían quedado dentro, nos llamaban para contarnos algo
de esas vivencias terroríficas.
Aún hoy, esa generosidad y solidaridad les cuesta la vida". Se refiere
al caso del testigo clave Jorge Julio López, desaparecido hace más de un año".

La seguridad jurídica o clima de negocios para los saqueadores llamados oficialmente
inversores implica un Estado que no sólo les facilita y garantiza superganancias al costo
de trabajo no registrado, desocupación estructural, economía informal y descapitalización
del país
sino, también, reprime de distintas maneras: deja a esa patronal disciplinar a los trabajadores
como le conviene, no mantiene ni invierte en la infraestructura socioeconómica de
las mayorías y se compromete con la impunidad de la trata de personas, del narcotráfico...

"En el transcurso del mandato kirchnerista se incrementaron
los asesinatos por gatillo fácil y los casos de tortura seguida de muerte. También
existieron avanzadas represivas durante las jornadas de protesta y
la militarización de los lugares de trabajo.
Además, a raíz de la judicialización de la protesta aumentó la cantidad de procesados y presos políticos, llegando a ser el gobierno constitucional con el mayor número de militantes detenidos.

Los integrantes de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
(CORREPI),
sostienen que

"el aparato represivo no es algo conceptualmente distinto del Estado y los gobiernos que lo administran,
donde una situación podría resultar inmanejable o producto de un desborde,
sino que el aparato represivo es el estado", posición que interpela de un modo específico el análisis sobre este eje.

Resulta gráfica la interpretación que desarrollan los miembros de la CORREPI
en relación a
la metodología aplicada por el aparato estatal en el transcurso del mandato de Kirchner:

"Este gobierno
ejerció el control y el disciplinamiento social mediante el gatillo fácil,
las torturas en cárceles y comisarías, las razzias y las detenciones arbitrarias,
entre otras medidas como la saturación policial y el uso de gendarmería y prefectura
para militarizar los barrios.

También desarrolló la represión política,
mediante el hostigamiento a las organizaciones populares, las amenazas,
las persecuciones, la represión en movilizaciones,
el uso
de patotas gubernamentales y patronales,
las causas penales y el encarcelamiento por razones políticas".

Del mismo modo,
en el Informe elaborado por Alerta Argentina "Derechos Humanos en el Gobierno de Kirchner 2003
- 2004",
se explica el tipo de maniobra adoptada por el gobierno en su primera etapa,
donde "desarrolla una política centrada en
dos estrategias mayores:

por un lado,
en el medio de fuertes críticas dirigidas hacia las organizaciones
de desocupados, levanta como bandera la decisión de no reprimir
la protesta social y

por el otro,
esta política fue acompañada por un avance notorio de
la judicialización de los conflictos, que recaía especialmente sobre
los protagonistas de las protestas".

En consecuencia,
la decisión del gobierno fue "olvidar
los proyectos para tratar una reforma
o posible derogación de los tipos penales que colisionan con
las nuevas formas de protesta social (art.194 del código penal)
y optar por
manejarse con el código penal en la mano". A partir de aquí,
la tendencia a la criminalización del reclamo toma un fuerte impulso.

La represión desatada en la Legislatura en el año 2004
puede leerse como uno de los casos que más grafican esta disposición.
La aprobación de un nuevo Código Contravencional,
que penalizaba
la venta ambulante y la prostitución en la vía pública y
exigía, para realizar una movilización u otro tipo de protesta,
solicitar autorización a las autoridades como requisito obligatorio,
obtuvo
como respuesta el reclamo y la denuncia. Al finalizar la protesta 23 participantes
fueron detenidos por personal policial de civil y sin identificación,
quince de ellos fueron imputados aplicándoles
la figura de delitos de daños, resistencia a la autoridad y coacción agravada.

Los datos numéricos de la realidad que se circunscriben a este terreno,
demuestran
el afianzamiento del ejercicio de control que se expone, claramente, en

Y de manera más oculta o, bien, no manifiesta en la opinión pública,
se producen cotidianamente una enormidad de casos
de gatillo fácil
que se caracterizan por su "la función preventiva" cuyo objetivo radica en
"controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados,
sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase".

Por otra parte, el aumento de estos casos encuentra relación con
la proliferación del discurso sobre
la necesidad de «mano dura» ante la creciente «ola de inseguridad»:

"el avance de la política represiva del gobierno apareció ilustrado por la puesta en marcha del llamado Plan de Protección Integral de los Barrios, que comenzó en noviembre de 2003
con la ocupación por parte de las fuerzas de seguridad de tres grandes villas de emergencia del Conurbano Bonaerense. Esta nueva escalada de la criminalización, visible en la militarización de los barrios carenciados, naturaliza la asociación entre «pobreza» y «delito»,
a través de la categorización de las poblaciones pobres como «clases peligrosas», distinguiéndolas del resto de la sociedad y señalando sus núcleos habitacionales como mera fuente del delito".

A su vez, un desarrollo minucioso que remite a las modalidades de las detenciones,
deja en claro que
"las muertes que se generan en las comisarías continúan siendo de personas
que habían sido víctimas de arrestos policiales por averiguación de antecedentes
o contravenciones y faltas.

Estas facultades de las fuerzas de seguridad son claves
para brindar la ocasión para la tortura", aclaran los miembros de la CORREPI.

Esta modalidad de detención ejercida por las fuerzas policiales
es un aspecto que resulta intrínseco a la continuidad del aparato represivo estatal:

"El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente 'sospechosos', cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como «morocho, joven y de barrios conflictivos ».

De hecho,
actualmente en la policía de la Provincia de Buenos Aires hay 9026 que
participaron de la dictadura, de los cuales 3102 actuaron entre 1976 y 1978,
período en el que las comisarías de la provincia funcionaban como
centros clandestinos de detención.

Por otra parte, en lo que respecta a la política judicial,
sus actuaciones
en referencia a los casos de tortura se ocupan de alterar
la esencia de la metodología represiva:

"La tortura como figura legal señala con más claridad que ninguna otra,
la responsabilidad institucional.
Por lo tanto jueces y fiscales apelan a tipos alternativos como los apremios,
las severidades o las vejaciones, todos excarcelables y que permiten poner rápidamente
en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente como «homicidio calificado en concurso con apremios»
a casos de tormentos seguidos de muerte
y mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos
por la facilitación de la tortura".

Asimismo,
fueron recurrentes las persecuciones a diversos militantes de organizaciones
a partir de las investigaciones que determinados jueces y fiscales iniciaban.
Se demostraba,
en este sentido, "una clara intencionalidad de hostigar judicialmente
la actividad política de sectores que continuaban manifestándose en contra
del orden establecido"

Es preciso asentar, entonces, que
no sólo éste es el gobierno con más presos políticos desde 1983
sino que también ha dejado

"847 muertos en los 54 meses de su gestión, es decir, más de 16 por mes", datos que surgen de la investigación realizada por CORREPI,
quienes a su vez detallan:

"Néstor Kirchner, Aníbal Fernández, sus policías,
sus prefectos, sus gendarmes y sus penitenciarios
nos mataron un pibe cada 40 horas en sus cuatro años y medio de gobierno".

No sólo fueron asesinatos de pibes en los barrios, sino que la represión también llegó a los trabajadores en lucha: Carlos Fuentealba fue asesinado en un corte de ruta en abril de este año.

Con rigurosa especificidad,
en la investigación efectuada por la CORREPI, se establece que:

"en 2003
hubo 1.508 casos de torturas,
con un promedio de muertes de 12 personas por mes;
en 2004,
1.684 casos manteniendo el promedio de 12 personas por mes;
en 2005,
1.888 casos, con un promedio 15 casos por mes;
en 2006,
2.114 casos, manteniendo el promedio de 15 personas muertas por mes y
a fines de 2007
se registraron 2334, con un promedio de 16 personas muertas por mes.
En los últimos 12 meses se evalúan 192 muertes".

Represión que se suma a la impunidad de los asesinos de hoy y ayer.
Como ejemplo paradigmático de esta continuidad
es que,
a pesar de las promesas que Kirchner hizo al asumir,
los responsables políticos de la masacre de Puente Pueyrredón
no sólo siguen impunes sino que varios de ellos
ocupan bancas y aprobaron la ley antiterrorista.

En junio de este año,
la bancada oficialista con el apoyo de los radicales críticos y el peronismo disidente,
aprobó la legislación exigida por el Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI).

Según la nueva norma una asociación terrorista será aquélla
"cuyo propósito sea,
mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a
un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Dada la descripción de las células terroristas formulada por la ley,
parece obvio que muchas organizaciones podrían contar con
las características necesarias para recibir las penas previstas.

Además, la sanción de esta legislación tiene como objetivo
extender
el poder de represión a través de una herramienta legal
que aumenta enormemente las atribuciones de
las fuerzas policiales, de inteligencia, jueces y fiscales y que
es
lo suficientemente severa para con los que luchan y
lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas
como «terroristas», tal como habían denunciado desde
el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Por su parte, el abogado de CORREPI Sur
Sergio Smietniansky manifestó:
"Queda claro que sin la ley también nos van a reprimir.
Siempre nos han reprimido con ley o sin ley".

Además, agregó que la introducción de estas medidas represivas es
consecuencia de que "hay un pueblo que se organiza y lucha".

«¡Nunca Más!» una democracia que nos despoja
de seguridad jurídica
e implementa violencia institucional para
la libertad de expoliarnos y aniquilarnos de
las corporaciones imperialistas y sus socios locales.
Nos exige
reconocer que la solución a nuestros problemas
discriminados por los poderes establecidos como
ambientales, sectoriales, laborales, infraestructurales,
viales, represivos, etc.
derivan de un sistema social que nos menosprecia pero
nos necesita
de ahí que nos divida, nos engañe, desinforme,
atemorice...
y etiquete de violentos a quienes luchan contra
la impunidad e injusticia social como familiares, sobrevivientes, amigos de la masacre de Cromañón.

Urge, entonces, arraigar la nueva ciudadanía mediante
la profundización de los vínculos entre los distintos
agrupamientos
a lo largo y ancho del país que socialice experiencias
y proyectos orientados a crear la autodeterminación
socioeconómica y sociocultural de la diversidad popular.