Gobierno y Estado a construir

"Interpretar el proceso basándose en los datos agregados
de la evolución de las cuentas nacionales en general,
o por medio de un indicador como el Producto Bruto Interno (PBI)
es por lo menos insuficiente.

Ocurre que estos indicadores no necesariamente
reflejan
la realidad social y la apropiación desigual del crecimiento".

Ariel O. García y Alejandro Rofman señalan
que
esas "cifras poco nos dicen sobre quién y cómo se apropia del crecimiento
y dónde se lo disfruta; quién consume, invierte y ahorra y dónde.

No son cuestiones menores, porque ¿qué sentido tiene hablar de recomposición paulatina
del proceso económico si éste no se refleja en la diferenciada situación social de
los habitantes de las diversas zonas «reactivadas»?

¿Qué caso tiene observar los principales rubros de exportaciones si no se consideran
las condiciones en que se desenvuelven las personas
que
con su trabajo las hacen posibles?(...)

Como el resto de la formación económico-social,
los actores del sector agropecuario argentino
han asistido a importantes procesos de transformación
en las últimas décadas, particularmente desde 1990 en adelante.

La política económica basada en el tipo de cambio fijo impuso
-al compás de las directivas del Consenso de Washington-
estrategias conducentes a asegurar el éxito de dicho modelo,
que fue el principal catalizador de la modernización acelerada de
la agroindustria y el campo argentinos, junto con su inserción en la economía global.

Sin embargo, la modernización e inserción competitiva en el comercio internacional
no implicaron
beneficios para el conjunto de los productores agrícolas y agroindustriales.
Un análisis de los últimos censos agropecuarios, los de 1988 y 2002, demuestra que
hubo una expulsión masiva de productores, pero no ocurrió lo mismo con el factor tierra,
que se redujo en menor proporción o incluso aumentó en algunas regiones.

Esto redundó en el crecimiento de la escala de las explotaciones que resistieron
a la década de 1990.(...)

Allí aparece en toda su magnitud la situación de los pequeños productores rurales,
afectados por la vigencia de un proyecto de política económica que los marginó,
condenando a muchos a la desaparición".

Ariel O. García y Alejandro Rofman dicen luego de un breve repaso
sobre
realidades de economías extra-pampeanas:

"En esta suscinta exposición hemos indagado
las relaciones de la pequeña producción agrícola
con la agroindustria y la regulación estatal
para el caso de tres economías regionales.

Uno de los aspectos que puede rescatarse de este análisis es que el efecto
de la devaluación
ha sido en gran parte favorable para aquellos actores que poseían
una previa situación dominante en sus respectivos circuitos...".

Ariel O. García y Alejandro Rofman sostienen:

"Para cambiar realmente las cosas es preciso formular una estrategia
que considere entre sus postulados metodológicos el diseño de
un instrumento flexible y participativo, en permanente revisión,
capaz de
adaptarse a la multiplicidad de cambios externos e internos de cada región,
y ejercer plenamente el criterio de solidaridad socio-territorial del federalismo.

Deberá contener objetivos básicos,
plantear prioridades y tener
como finalidad el incremento sustancial de
la calidad de vida de la mayoría de la población.

Cuanto más flexible sea esta herramienta, mayor será la posibilidad de que
las sociedades locales la tomen como propia, la defiendan y actualicen
en función
de las aspiraciones de los sectores populares de cada región.(...)

La región no puede ser entendida como un objeto en sí mismo;
su existencia es sólo función de objetivos y metodologías que tiendan
a agrupar
producciones y actores, pues éstos son los verdaderos sujetos de
una política pública con estas características(...)

Para que las propuestas de políticas públicas alternativas sean viables, deben ser aplicadas
por instituciones y estrategias de planificación que tiendan a desarticular
las prácticas económicas y políticas corruptas, prebendarias y clientelísticas.

Es preciso, entonces, alentar las alianzas entre el Estado y la sociedad local para que,
en conjunto, diseñen, implementen y controlen las iniciativas de cambio".

Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/
diciembre 2006
 http://www.eldiplo.org/.
 secretaria@eldiplo.org.

Surge aquí una cuestión trascendental para la emancipación social y nacional:
el desconocimiento de la estructura y funcionamiento del Estado o
la falsa creencia
en su imparcialidad que deriva de no dar relevancia a la concentración
y desnacionalización tanto económica como territorial que se complementa
con un Estado organizado en feudos-mafias provinciales, municipales.
Y por tanto, para "desarticular
las prácticas económicas y políticas corruptas, prebendarias y clientelísticas"
cabe asumir la lucha de clases, al principio, por reconocimiento mutuo entre
las organizaciones sociales, culturales y políticas en cada localidad, región y
el país entero hasta nacionalizar la comunicación entre los de abajo.

"En el corazón de América del Sur se encuentra
el área boscosa más grande del continente
después del Amazonas: el Gran Chaco Americano.
Sobre
sus tierras avanza la deforestación, dejando como
impronta degradación ambiental, económica y social".

Creusa Muñoz, en "Intrusos en su propia tierra", aclara:

"Punto de unión del continente y de las cuencas del Atlántico y del Pacífico,
el Gran Chaco Americano (GCA)
comprende alrededor de 1.066.000 kilómetros cuadrados que se distribuyen
en territorio argentino (62,19%), paraguayo (25,43%), boliviano (11,61%)
y brasileño (0,77%).

Allí viven cerca de 4.000.000 de personas,
entre ellos unos 120.000 aborígenes (2,5%).

La enorme riqueza en recursos naturales y diversidad biológica de la región
indica un elevado potencial productivo.
Sin embargo, la degradación y pérdida de fertilidad de sus suelos
pone en evidencia actividades económicas inapropiadas.
En efecto,
la llegada de los desmontes de grandes extensiones ha reducido significativamente
los bosques chaqueños
-al extremo que en la actualidad sólo el 30% de la superficie mantiene
la estructura y funcionamiento originales- provocando importantes pérdidas
de productividad en sus tierras.

Pero las prácticas inadecuadas no sólo constituyen
una amenaza para el monte, sino también
para sus habitantes
ya que el 60% de la población del GCA se encuentra
por debajo de los estándares de pobreza
y su supervivencia
depende esencialmente del vínculo con la tierra.

El creciente interés empresario y gubernamental por la explotación de
las riquezas del GCA -que data de las últimas dos décadas-
acarrea
una consecuencia evidente: la inseguridad en la tenencia de los predios
de campesinos y comunidades indígenas, que en general habitan y explotan tierras fiscales.

El incremento en las ventas de lotes del fisco puso de manifiesto la carencia de
un ordenamiento territorial de catastro que demuestre de forma fidedigna
las propiedades de la población rural,
de la que la mayoría posee títulos de propiedad precarios o, peor, carece de título alguno.

En suma, la centralización de los recursos económicos de la zona ha conducido
al desplazamiento de aborígenes y criollos de sus propias tierras y
consecuentemente a su marginalización económica".

Creusa Muñoz formula la solución que da el polo de privilegios:

"Ante la necesidad de reducir la degradación social, económica y ambiental,
Argentina, Bolivia y Paraguay diseñaron el Programa de Acción Subregional
del Gran Chaco Americano en 1996.

Por esta razón, se establece una base de organización operativa, institucional
y técnica para el diseño de políticas consensuadas entre los tres países
-previa concertación nacional con los diferentes niveles gubernamentales,
ONG, el sector privado y los habitantes de la zona-
y la consecuente
búsqueda de financiamiento para facilitar la gestión integrada de
los ecosistemas chaqueños, preservar el medio ambiente y mejorar
las condiciones socioeconómicas de sus pobladores. (...)

Pero a pesar de los avances en materia de cooperación internacional
y apoyo financiero
-proveniente de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos,
Fondo de Medio Ambiente Mundial, gobiernos alemán y español-
para actividades conducentes al desarrollo sustentable,
no se han producido resultados visibles en el plano de los hechos".

Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/
diciembre 2006
 http://www.eldiplo.org/.
 secretaria@eldiplo.org.

Surge aquí una cuestión trascendental para la emancipación social y nacional:
el desconocimiento de la actual etapa capitalista de recolonización de América latina
y esto también sucede con el conflicto de las pasteras en el Río Uruguay.
Es la falsa creencia
en la  "concertación con los diferentes niveles gubernamentales,
ONG, el sector privado y los habitantes de la zona"
como
si habitantes de la zona estuviesen en pie de igualdad con todos los otros en bloque
contra las necesidades e intereses populares.

Es ponerse del lado de los saqueadores y genocidas centrar la solución en "la cooperación internacional y el apoyo financiero" o en el Banco Mundial, el tribunal de La Haya y
el representante del rey de España.

En consecuencia, es soslayar que es imprescindible construir el poder popular de deliberación,
decisión
y puesta en práctica de los cambios sociales radicales.

"Recientemente el término desarrollo sostenible ha empezado estar en
el diccionario de la Real Academia Española. Como cabría esperar, la definición escogida
es la popularizada en 1987 por el Informe de las Naciones Unidas
Nuestro futuro común, también llamado «Informe Bruntland».
Dicho documento, definió el desarrollo sostenible
como
¨el modelo de desarrollo que, cubriendo las necesidades del presente preserva
la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas¨
acuñando
el significado que se le daría al término desde entones en los foros internacionales.
Cinco años más tarde, la célebre Cumbre de Río de Janeiro (1992) lanzaría definitivamente el concepto de desarrollo sostenible a la arena pública, momento a partir del cual el uso del término trascendió a las filas de los movimientos ecologistas para incorporarse no sólo al debate social,
sino también en el discurso político e incluso también en el marketing empresarial".

Erik Gómez Baggethun relata cómo el enfoque a la solución de la crisis ecológica en los '70
fue enfrentada por

"el omnipresente y entonces secretario de estado de los Estados Unidos Henri Kissinger que envió un comunicado a la comisión coordinada por Sachs vetando definitivamente la utilización del concepto de ecodesarrollo en los foros internacionales.

Las Naciones Unidas se vieron así obligadas a buscar un nuevo término que se adaptara con mayor comodidad al modelo económico de los países industriales.
En este contexto,
es presentado -en 1987- el desarrollo sostenible. Pero ahora, dicho concepto se acompañaría con una nueva lectura o reconceptualización de la crisis ecológica.

El problema ya no estribaba, como antes se había planteado,
en el modelo
despilfarrador y consumista de los países desarrollados que
estaba dilapidando los recursos naturales, sino en “la pobreza”,
trasladando la responsabilidad del problema principalmente a los países pobres.

En alineamiento con las tesis de Inglehart sobre el “postmaterialismo”, se consideraba
ahora
que la falta de riqueza imposibilitaba el desarrollo de una conciencia ecologista en
dichos países, y que la falta de crecimiento no permitía la obtención de
los excedentes económicos necesarios para
la inversión en tecnologías limpias ni el desarrollo de las políticas “verdes”.

El crecimiento económico y la sociedad de consumo perdían así el estigma adquirido en
la década anterior como causa esencial de
la crisis ecológica para plantearse ahora
como
la gran panacea que nos abría la puertas a su solución.
Los planteamientos del Informe Bruntland serían ratificados en 1992 en la Conferencia de Río.(...)

El “crecimiento sostenido” quedaba rebautizado como “desarrollo sostenible” mucho más biensonante,
sin que se revisaran los aspectos esenciales del anterior. Las voces que alertaban sobre
la inevitable contradicción que surgiría en el largo plazo entre un sistema ecológico sujeto a límites físicos y sistema económico abocado al crecimiento perpetuo, quedaban ahora acalladas gracias
al aval verde con el que el desarrollo sostenible cubriría el crecimiento. Asimismo,
el planteamiento de los años 70, que buscaba la adaptación de
la estrategia de sostenibilidad a los límites de los sistemas ecológicos planetarios,
es sustituido
-en los años 90- por uno más pragmático consistente en la adaptación
de la estrategia de sostenibilidad a los moldes
del modelo económico dominante en los países del norte.

La Estrategia de Gotemburgo firmada en 2001 que pretendía establecer
las directrices del desarrollo sostenible para la Unión Europea acogería de forma acrítica
el planteamiento indicado,
lo que le permitía complementarse sin fricciones con la Estrategia de Lisboa,
firmada un año antes y que fijaba
el crecimiento económico entre sus objetivos fundamentales, al tener
como fin último conseguir que la Unión Europea
fuera “la economía más dinámica y competitiva del mundo para el año 2010”.

Ahora también los diccionarios oficiales que homologan el castellano
han ratificado el concepto,
quizás inconscientes o quizás indiferentes ante los cuestionables principios que se ocultan tras la definición retórica con la que el desarrollo sostenible ha sido presentado a la sociedad civil".

Fuente: http://www.rebelion.org/
Ecología social
31-8-06

Surge aquí una cuestión trascendental para la emancipación social y nacional:
es fundamental el rechazo al gran negocio de convertir regiones sudamericanas
en productoras, por ejemplo, de biocombustibles para exportar al llamado primer mundo.
La alianza
de todos los factores locales de poder con las potencias imperialistas
aprovecha que los pueblos manejan un concepto erróneo de «energía renovable y limpia»
para
profundizar el modelo de monocultivos de la soja y los eucaliptos o pinos, o sea,
el exterminio masivo por hambre, desarraigo, desertización y graves desequilibrios ecológicos.

"Hoy en América Latina existe un número creciente de
conflictos ambientales
en los cuales las comunidades locales han decidido actuar.
Por lo general, ocurre cuando la situación es crítica (contaminación, depredación ambiental, degradación social, etcétera) y evidencia que los actores habituales y las instituciones vigentes en estas sociedades no incluyen ni están preparados para tratar al nuevo protagonista".

Víctor L. Bacchetta (Ecoportal.net) explica:

-Los impactos de la globalización

"La región latinoamericana arrastra una serie de problemas ambientales no resueltos,
que cada tanto desembocan en alguna catástrofe producida por accidentes o el desborde de condiciones críticas.

Los pasos dados a este respecto por los poderes públicos, las empresas y los restantes
actores sociales involucrados han sido hasta ahora insuficientes. La cuestión es grave porque, en vez de disminuir o aplacarse, estos conflictos tienden a aumentar y a agudizarse.

La mayoría de los gobiernos de la región, incluidos algunos en donde han triunfado fuerzas de izquierda, no tienen la determinación política de cuestionar las políticas del FMI, el BID y
el Banco Mundial.

Asumen la globalización económica como un hecho y que la única vía para el desarrollo nacional es la apertura, sin restricciones, al capital extranjero. Esta es la receta que facilitó hasta ahora el saqueo de
la región y hoy las características de esa inversión son peores.

A los problemas tradicionales o históricos, se agrega una nueva serie de
inversiones interesadas en explotar las riquezas naturales de la región.
Desde
el 'boom' de la minería y la expansión de la agroindustria, como el caso de la soja, hasta
las plantaciones de pinos y eucaliptos, con la instalación consiguiente de la industria de
la celulosa,
son todos proyectos de gran escala con fuertes impactos ambientales y sociales sobre
las poblaciones locales.

Extracción de minerales, gas y petróleo en zonas ricas en biodiversidad y frágiles ecológicamente (p.ej.: el proyecto Pascua Lama en los glaciares cordilleranos de Argentina y Chile); deforestación de los bosques naturales
y plantaciones
masivas de árboles para las fábricas de celulosa; patentes de productos biológicos para la industria farmacéutica y la agroindustria, son algunas de esas inversiones que enfrentan una creciente resistencia de las poblaciones.

-La resistencia de las comunidades

Lo significativo de esta resistencia es su asiento territorial, o sea,
son movimientos comunitarios, asambleas ciudadanas o juntas de vecinos de una zona o localidad.
El antecedente de
estos movimientos son los pueblos indígenas que, al conservar
su identidad étnica y cultural asociada a la tierra,
actúan siempre en forma colectiva y territorial.
Al igual que los indígenas, estos movimientos cuestionan
las instituciones políticas y a
los actores tradicionales de la sociedad.

En el norte de Perú se proyectan grandes minas en desmedro de la agricultura.
Las comunidades campesinas ven peligrar sus cultivos y el ganado, los cursos de agua y
sus condiciones de vida.

Un caso ejemplar de resistencia fue Tambogrande, donde la población, gobiernos e iglesias locales, enfrentaron un proyecto de mina de oro a tajo abierto, lo denunciaron dentro y fuera del país y
demostraron con un plebiscito su rechazo, hasta lograr la desistencia del gobierno nacional.

El 'boom' minero alentado por el gobierno peruano de Fujimori, con apoyo del Banco Mundial, multiplicó los conflictos entre las empresas y las comunidades. Finalmente, de ese proceso surgió
la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) para defender los derechos de las poblaciones y luchar por un cambio del modelo económico.
La «planificación participativa y descentralizada» fue definida como la «única vía para
el desarrollo sostenible».

En forma similar a Tambogrande, en Esquel, en la Patagonia Argentina,
la Asamblea de Vecinos Autoconvocados realizó en 2003 un plebiscito en el que triunfó,
con 81% de los votos, el NO a una mina de la Meridian Gold.

Las autoridades no respetaron ese resultado y la movilización local continúa. Las reformas legislativas de los años 90 en Argentina alentaron una proliferación de proyectos mineros, que las poblaciones resisten en defensa de su salud y del medio ambiente.(...)

El fenómeno se manifiesta en todos los países de la región y en distintas áreas.
Se autodenominan comisión, junta o asociación de vecinos, vecinos autoconvocados,
comité o red ecológica,
asamblea ciudadana o, simplemente, comunidad o población de tal localidad.
A veces, el alcalde, el párroco o concejales del municipio se suman a los pobladores.
Pueden formar federaciones o confederaciones regionales,
pero parten siempre de una realidad geográfica local.

La aparición de este nuevo actor, obliga a los restantes a modificar sus análisis, juicios y acciones habituales. Sus procesos de decisión y formas de acción son diferentes a las de
los actores sociales conocidos, como los gremios y asociaciones corporativas.
Las reuniones son abiertas a todos,
suele estar presente la familia entera, los procedimientos de discusión son más complejos
y los tiempos para tomar decisiones mucho más prolongados. (...)

-Un factor clave de la transición

No se trata de sostener, simplemente, que todo lo que venga de
las comunidades autoorganizadas será lo correcto.

Estos movimientos ciudadanos tienen muchas dificultades y carencias, entre otras cosas, debido a la aún escasa experiencia participativa, la falta de transparencia de gobiernos y empresas que dificulta el acceso a la información y a los estudios necesarios para tomar decisiones
y, por último, pero no menos importante, a la ausencia de una cultura centrada en
la sustentabilidad del ecosistema del planeta.

La cuestión principal, es establecer el eje del tránsito desde la situación actual hacia un mundo basado en la sustentabilidad social y ambiental.
En el plano del conocimiento y los medios para alcanzar ese propósito pueden existir todavía muchas incertidumbres. No obstante, se ha logrado a través de serios estudios y largos debates que la comunidad de naciones defina una serie de políticas y acciones, pero es evidente que los poderes constituidos no tienen la voluntad política requerida para ejecutarlas.

Esto confirma que la crisis ambiental es una crisis de paradigma, de los presupuestos de
esta civilización en su relación con el universo en que está inmersa.
Considerarla
un simple conflicto de intereses sociales, económicos o políticos es minimizarla en su alcance, pues afecta las nociones culturales y filosóficas del ser humano.
Por tanto, sólo se logrará que los responsables políticos actúen en consecuencia con ese fin
si las personas y sus comunidades adoptan una posición conciente y firme sobre las causas de la crisis y las formas de resolverla.

Las comunidades se pueden equivocar,
pero partimos de
una equivocación mucho mayor, de
un modelo de civilización insustentable,
y la transición
para recuperar la sustentabilidad debe ser realizada por todos
o, de lo contrario, fracasará.
Se podrá discutir entonces si son apropiados o no tales o cuales diagnósticos y soluciones, pero lo que no se puede soslayar es que
las propuestas sólo serán llevadas a la práctica y hasta sus últimas consecuencias, cuando se cuente con la participación conciente y activa de las comunidades".

Fuente: http://www.rebelion.org/
Ecología social
16-10-06

Surge aquí una cuestión trascendental para la emancipación social y nacional:
considerar que lo central es la confrontación de las clases dominantes mirando
en exclusivo
hacia maximizar sus ganancias y la perpetuidad de su clima de negocios con
la diversidad popular que procura la calidad de vida social e individual sin discriminación
de ningún tipo. Por lo tanto, la última lucha por otro sistema que el capitalista pero,
además,
por el autogobierno sobre el destino en común que la saque del subdesarrollo cada
vez más grave por las políticas imperialistas de destrucción, depredación y genocidio.

De modo que no se trata de "todos" indiferenciados, englobados, reconciliados y
de una mera "participación conciente y activa de las 'comunidades'" porque estamos
inmersos en una guerra de baja intensidad que puede pasar a declararse abiertamente
como lo denuncia Chalmers.

Púlsar/Radio Mundo Real, en "Bush señala los «estados fallidos» para intervenirlos",
informa:

Camille Chalmers de la Plataforma Haitiana en Defensa del Desarrollo Alternativo

"considera que
la administración del republicano George W. Bush «inventó» el listado de «estados fallidos»,
que incluye a 25 naciones, entre ellas Haití, para «justificar sus intervenciones militares»,
e incluso instaló una oficina en Washington especializada en ese tema.

"Bajo esos esquemas se justifican las intervenciones externas, a través de tropas de Naciones Unidas, que se encargarían de la supuesta reconstrucción de los países, o al menos a partir de lo que entienden por reconstrucción Estados Unidos y las multinacionales", agregó.

Según Chalmers, una de las principales características de la "peligrosa estrategia política de
los estados fallidos" es el debilitamiento de la capacidad de los estados nacionales de proteger los recursos estratégicos".

Fuente: http://www.rebelion.org/
El cuarto Reich 
10-12-06

Es esencial para erradicar la impunidad del sistema capitalista e imperialista

La jornada del 18 de noviembre,
convocada por
el Encuentro 30 Años, Memoria, Verdad y Justicia, tuvo su cierre con la lectura del documento conjunto, que transcribimos a continuación:

Se cumplen hoy dos meses del secuestro y desaparición de Jorge Julio López.

Durante todo este tiempo, a lo largo y ancho del país nos hemos convocado en los lugares de estudio y trabajo, en las plazas, en las calles, coreando la misma consigna de hace treinta años y exigiendo la aparición con vida de nuestro compañero.

Ante la campaña de silenciamiento que pretende sacar
el tema de la escena pública, reafirmamos que nuestro pueblo
tiene memoria.
Estamos hoy aquí firmes en el espíritu de lucha por la aparición con vida de Julio y por el castigo a los culpables, con el mismo compromiso que él y nosotros asumimos con
nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos.

Las amenazas contra los querellantes, testigos, abogados, jueces, fiscales, durante el juicio a Etchecolatz, se ampliaron en todo el país, desatando una feroz campaña intimidatoria contra militantes populares.

El gobierno nacional y el provincial han impuesto un manto de silencio ante nuestra exigencia
al Estado de aparición con vida de López y a nuestra demanda de información pública sobre
la investigación de los hechos, investigación que es su responsabilidad ante el pueblo.

Como decimos desde el primer día debieron y deben buscar en la Policía Bonaerense, en todos los organismos represivos y en la derecha fascista
que se reúne en la Plaza San Martín a reivindicar la tortura y la muerte.

Es de allí de donde provienen las amenazas a periodistas; las golpizas y detenciones de militantes populares como Pablo Giachello en La Plata; las torturas sufridas por María y Ariel Montes en la comisaría de Mármol; el secuestro durante varias horas de Ramiro González;
los ataques y pintadas fascistas a locales de organizaciones sociales y políticas.
Es allí donde
deben buscar a los responsables del cadáver baleado y calcinado que apareció en el camino negro de Punta Lara y que, en un acto exhibicionista de impunidad, se dio como
una información natural. El domicilio de uno de los testigos supuestamente protegidos
fue violentado estando la policía custodiando la puerta.

Todos estos hechos son diferentes expresiones de un aparato represivo que sigue impune.

Denunciamos también que, al amparo de este clima enrarecido, sucedieron en este tiempo hechos gravísimos que involucran al gobierno nacional, como la protección de la policía federal a la patota de Alberto Fernández que golpeó brutalmente a los trabajadores del Hospital Francés, trabajadores que hoy están procesados.

Tenemos que reiterar nuestra afirmación de hace un mes: hasta hoy no tenemos respuestas concretas a nuestras exigencias. Este silencio del, a esta altura, hace presuponer
un alto grado de complicidad.

Es responsabilidad de la derecha fascista y procesista y de sus aliados,
la desaparición de López. Y el gobierno tiene responsabilidad -por la falta de acción- para terminar con la impunidad del aparato represivo de
la dictadura que permanece enquistado en las diversas esferas del estado.

Las amenazas telefónicas y escritas, y las agresiones recibidas, no sólo no se han investigado sino que la respuesta de las autoridades es el silencio.

Kirchner tiene responsabilidad política por la aparición con vida de López y tiene responsabilidad política porque no anuló los indultos y porque siguen miles de represores en actividad dentro del aparato del Estado.

El gobierno nacional, desde que asumió, dice defender los Derechos Humanos.
El propio presidente Kirchner, en un acto en Ezeiza el 20 de octubre, dijo
que "Julio López es víctima de los que quieren la amnistía y la impunidad"
pero no dice quienes son.

Tampoco busca a Julio como víctima de un posible secuestro, sino como un extraviado más.

Tampoco informa qué hacen para encontrarlo.

Tampoco publica las listas de genocidas que aún revistan en las fuerzas armadas,
de seguridad y policiales.

Tampoco disuelve la SIDE y los órganos de espionaje.

Todo eso, que el gobierno de Kirchner no hace, facilita la impunidad.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoció explícitamente ante nuestras denuncias que un centenar de represores seguían en actividad en la policía provincial y se comprometió a exonerarlos. Sin embargo, sólo "jubiló" a una parte, cuando dicha afirmación tenia que corresponderse inmediatamente con la expulsión de la totalidad y la realización de
una urgente investigación acerca de su eventual complicidad en el secuestro de Julio.

Al llamado público del dictador Bignone, dirigido a los jóvenes para que concluyan la masacre de la dictadura, sólo se respondió con la denuncia de un fiscal dirigida a quitarle la jubilación de 15.000 pesos mensuales. El Poder Ejecutivo debió anular inmediatamente el indulto
que lo protege y el Poder Judicial encarcelarlo por su pasado y presente genocida.

En este contexto un grupo de Diputados Nacionales -a solicitud del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia- presentó un proyecto de nulidad de los indultos y pidió una sesión especial para
el miércoles 15 de noviembre.
Denunciamos que el oficialismo no dio quórum para su tratamiento.

Esta es la repuesta que el gobierno y los legisladores -que le responden- han dado a
la impunidad de los genocidas.

Sólo el pueblo movilizado y manifestando en todo el país logrará que
la desaparición de López no sea la respuesta. A las patotas asesinas responderemos con más movilización y más lucha hasta que el último de ellos termine donde le corresponde: tras las rejas.

Exigimos al Gobierno Nacional y a los gobiernos provinciales que ordenen la inmediata remoción de todos aquellos militares, policías y civiles que cumplieron funciones en los campos de concentración y centrales de inteligencia de la dictadura.

Exigimos al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal que remueva de sus cargos a los jueces y fiscales cómplices de la dictadura.

Exigimos al Gobierno Nacional y al Poder Legislativo la inmediata nulidad de los indultos a
los genocidas

Exigimos al Poder Judicial el juicio y castigo en cárcel común a todos los represores
por todos los compañeros.

Exigimos al gobierno nacional la Aparición con Vida YA de Julio López y el castigo a
los culpables.

AHORA, AHORA, RESULTA INDISPENSABLE, APARICIÓN CON VIDA Y CASTIGO A LOS CULPABLES!

EXIGIMOS AL GOBIERNO LA APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ!

NULIDAD INMEDIATA DE LOS INDULTOS A LOS GENOCIDAS!

EL APARATO REPRESIVO SIGUE IMPUNE. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES.

Fuente: http://www.anred.org/
18/11/06

Esta lucha se da en un momento en que los tres mayores atentados con implicancia
del Estado de Argentina han sido llevados rumbo a la impunidad y se han reflotado
las hipótesis iniciales sin pruebas que las fundamente.

Respecto a la voladura de la Fábrica Militar en Río Tercero se la atribuye a un accidente
cuando los estudios documentan lo contrario.
Por la masacre de la AMIA se ataca a Irán pero escuchemos a

la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)
denunciar

"el dictamen Nisman, basado en documentos que mantiene en secreto, no avanza un milímetro en esclarecer nada…

Peor aún: evita deliberadamente investigar las declaraciones públicas que realizó un ex director del FBI -ratificadas ante el Parlamento y la Procuración de Brasil- denunciando que el atentado a la AMIA se organizó en Brasil ( 'Carta Capital', entrevista a Carlos Costa, 19/03/2003).

Tampoco explica cómo es que el Estado nacional sabía en febrero de 1993 que se produciría
un atentado , seis meses antes de la fecha en que supuestamente fue decidido (Informe entregado por el ex Comisario Palacios).

Mientras el gobierno nacional sigue ocultando los archivos en los que funda
sus acusaciones, los medios de prensa han dado cuenta de la amenaza del gobierno de Irán de publicar documentación secreta obrante en su poder que, junto al pedido de captura de Galeano y Nisman, hablan de la intención de Irán de encontrar una salida negociada con el gobierno nacional al tema de la 'conexión internacional'. Tanta documentación secreta
sumada a la existente en Brasil, Estados Unidos e Israel, es la mejor evidencia de que a ningún Estado le interesa abrir sus propios archivos para conocer la verdad de lo que ocurrió con la masacre de la AMIA.

APEMIA se dirige a todas las organizaciones populares y vuelve a reclamar con insistencia: exijamos la inmediata apertura de los archivos secretos que Kirchner y sus socios internacionales mantienen en secreto y su entrega a
una Comisión Investigadora Independiente,
como única
perspectiva seria y responsable para esclarecer este crimen del Terrorismo de Estado
y lograr juicio y castigo para todos los culpables".

Fuente: http://www.lafogata.org/
21-11-06

En un comunicado los pueblos originarios dicen

"seguimos resistiendo en memoria y en la lucha de Alex Lemún.

Los pueblos originarios seguimos resistiendo. Es la razón por la que estamos aquí. Resistimos 514 años condenados al despojo, a la muerte y al silencio.

Resistimos a la imposición de este Estado Nación vertical y capitalista que nos niega.
Que para
su consolidación impuso el modelo "roquista" de desarrollo, para el cual el aniquilamiento de
los pueblos originarios era condición. Un modelo que implicó la muerte física y simbólica de miles de hermanos y hermanas que fuimos despojados de nuestro territorio, de nuestro entorno, de nuestros medios de subsistencia y de nuestra cultura.(...)

Hoy el territorio sigue en manos ajenas. En manos de magnates, de empresarios nacionales y de corporaciones multinacionales, que guiados por la búsqueda
constante de lucro impulsan la depredación de la tierra, el agua,
los minerales y la biodiversidad,
destruyendo nuestra soberanía alimentaria y
devastando consigo pueblos y culturas.
Para ello imponen,
a los descartables del modelo, muerte, represión y sometimiento
a todo tipo de opresiones.

Esto sólo es posible porque en la cultura occidental los hombres
han dejado de sentirse parte de mundo que los rodea.
Y han establecido relaciones de dominación con la Naturaleza
y con los otros.

El avance de este modelo requiere que nuestra vida cotidiana esté atravesada por
la militarización de nuestras comunidades y nuestros barrios,
y la imposición de
una lectura belicosa del mundo, que nos hace ver a los otros
como competidores a los que hay que aplastar.

No es sólo la actuación de las fuerzas de seguridad. Es el sentido común que está militarizado. La expansión de las varias formas de militarizar se hace necesaria para frenar las protestas sociales y las luchas por la defensa de los recursos naturales.

• Declarar la intangibilidad de los territorios de los Pueblos Indígenas.
   
• No a la privatización ni mercantilización del agua
  y de la madre tierra.
   
• Articular estrategias de lucha para expulsar a las transnacionales en nuestros territorios".

Fuente: http://www.anred.org/
7-11-06

Es una voluntad con la que coincidimos muchos y desde una diversidad de organizaciones e
identidades.

REDES-Amigos de la Tierra, desde Montevideo (8/12/06), aporta a esa lucha.

"Días atrás se dio a conocer un decreto del Ejecutivo a través del cual
se le encarga al Ejército nacional la custodia perimetral del predio de Botnia en Fray Bentos.

Una decisión de esta índole por parte del gobierno del Frente Amplio
cuestiona aún más
este tipo de inversión que, desde nuestro punto de vista, sólo viene a
consolidar el modelo forestal impuesto en nuestro país por
los anteriores gobiernos en connivencia con el Banco Mundial y
las multinacionales.

Se trata de una -mal llamada- 'inversión' que ya
ha recibido
todo tipo de beneficios de parte de los sucesivos gobiernos,
tales como subsidios, exoneraciones impositivas, créditos blandos,
zonas francas y puertos francos.

Este emprendimiento ha generado un conflicto binacional que ha puesto en
riesgo la integración regional y, tal como ha sido tratado,
ha enfatizando los nacionalismos desviando el eje del debate.
Ya nadie
habla del modelo forestal que se continúa consolidando -cuyos impactos
son bien conocidos por quienes los sufren en el interior del país-, sino
que la opinión pública
manipulada por los medios de comunicación y por
las declaraciones de políticos de todos los partidos, percibe este tema
como una cuestión de defensa de los intereses de la nación contra
los malintencionados vecinos que se oponen al 'desarrollo' de nuestro país.

El debate se ha ido así desvirtuando y por tanto se ha dejado de lado
lo que debería ser una discusión amplia y participativa, para que
la sociedad uruguaya tenga la oportunidad de conocer a fondo
qué proyecto
tienen para nuestro país las multinacionales que vienen a imponernos
sus monocultivos a gran escala al no aceptárseles sus emprendimientos
en sus países de origen. Sin duda este corrimiento del eje de debate
no beneficia a los ciudadanos.

Abandonado el debate sólo queda la 'convicción' de que las plantas serán
lo mejor para el desarrollo de nuestro país y por tanto el viaje del
gobierno a Washington
para presionar al Banco Mundial a fin de que apruebe el préstamo a Botnia,
y ahora la decisión de utilizar un decreto
-que además
se fundamenta en disposiciones establecidas durante la dictadura,
ya que la medida se basa jurídicamente en el decreto 574,
dictado el 12 de julio de 1974, en plena dictadura, y convalidado en
marzo de 1985-, para defender con las fuerzas militares la planta de
celulosa de hipotéticos ataques,
todo aparece como una defensa de nuestra nación.

No nos sorprende que estas medidas respondan al Acuerdo de Inversiones
firmado con el gobierno Finlandés, que establece que ¨Cada Parte
Contratante acordará siempre, para las inversiones de los inversores de
la otra Parte Contratante, un tratamiento justo y equitativo y una total
y constante protección y seguridad¨.

Pero la pregunta es:

¿qué soberanía tenemos sobre nuestro territorio, y hasta que límites se piensa llegar
para impedir la expresión de los que difieren con
este modelo de desarrollo económico?.

Ese mismo acuerdo atará de manos al gobierno a
la hora de exigirle a Botnia requisitos de desempeño tendientes a
una adecuada gestión ambiental. Porque los acuerdos de inversiones,
como
el firmado con Finlandia, otorgan todo tipo de derechos a
las multinacionales, incluso el derecho de llevar a juicio a los estados de
los países donde invierten, ante tribunales internacionales especiales,
como el CIADI que funciona en la égida del BM.

Cada día que pasa parece alejarse más la posibilidad de recorrer caminos
para
un diálogo profundo, abierto y participativo entre los distintos
actores sociales, políticos y estatales de nuestro país, que permita que
las distintas posiciones se confronten de cara a una ciudadanía que debe
ser partícipe en la construcción del modelo de país.

No se construye el futuro desde imposiciones gubernamentales o empresariales
que buscan
el éxito económico en el corto plazo".

Por más información:
María Selva Ortiz
REDES-Amigos de la Tierra
San José 1423. 11200
9022355- 9082730- 099 259 822
agua@redes.org.uy
http://www.redes.org.uy/
http://www.radiomundoreal.fm/

Fuente: tierraamiga@lists.riseup.net
http://www.amigos.org.ar/

Es prioritario el cambio radical de la agenda pública de modo acabar con
la desinformación, la censura, el desvío del eje de debate, la estigmatización a los que
luchan y la metamorfosis de imposiciones de las leyes( como la de Educación) como
producto de la deliberación pública y contrapuestas a las vigentes.

Es clave que "La defensa de la UBA" de la solicitada donde hay reconciliación con el decano
de Derecho partícipe de la dictadura genocida pueda ser creída
y no se organice la lucha
por  la democratización de las universidades públicas antes que desaparezcan como tales.