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Conflictos
Mayo 2012
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Con triunfo electoral (‘democracia’) y apoyo ‘izquierdista’ se
sancionó la Ley Antiterrorista. Se adujo exigencia del
G-20 para
el certificado de país garantizador de laseguridad
jurídica de inversores extranjeros. Ésta se basa también
en otras abdicaciones de soberanía nacional: los TBI-CIADI; el falso
desendeudamiento; las leyes de la dictadura genocida (de Entidades
Financieras, de inversiones extranjeras y de las expropiaciones); la
descentralización administrativa o neofeudalismo; los decretos
menemistas de desregulación petrolera y la falta de Régimen Nacional
de Servicios Públicos cuyo proyecto se dejó caer en agosto de 2006.
Los pueblos, comunidades y movimientos sociales en lucha contra el
saqueo, el desalojo y por la vida y los territorios definen como
«recolonización» al vigente proceso de acumulación por desposesión
de los bienes comunes naturales que
continúa a la transnacionalización de los sociales en los 90. Enfrentan
al Estado facilitador de la recolonización que
se patentiza en ENARSA, en la sociedad anónima de YPF recuperada, en
el 49% de YPF en manos de especuladores financieros, en el
vaciamiento hidrocarburífero por los concesionarios del 70% de la
actividad petrolera en el país. Se evidencia en la impunidad de
Julio de Vido que sigue adelante pese a las pruebas contundentes de
precariedad criminal de las condiciones de vida mayoritaria y su
dedicación exclusiva a IIRSA. |
PLANTEO /
IDEOLOGÍA /
PREMISAS E HIPÓTESIS
ATTAC Argentina – CADTM
nos sitúa:
"Nos encontramos frente a una crisis civilizatoria que
requiere de medidas urgentes y radicales para hacerle frente, que respondan a
una lógica anticapitalista. El centro de toda política debe estar puesto en
satisfacer necesidades humanas básicas, en armonía con la naturaleza, no en el
lucro del capital".
El 7 de
noviembre de 2011 declara:
Desde ATTAC
Argentina – CADTM venimos sosteniendo que el G20 es un ámbito ilegítimo y
antidemocrático, del cual sólo podemos esperar decisiones que favorezcan al
capital trasnacional en detrimento de los pueblos del mundo.
Acaba de desarrollarse, el 3 y 4 de noviembre, en Cannes, Francia, otra reunión
más de Presidentes de los países que integran el G20.
Obligadas por la crisis, las potencias capitalistas reunidas en el G8 decidieron
“abrir el juego” para tratar de dar apariencia de consenso a sus decisiones.
Así, el G8 decidió trasladar su base operacional al G20, sin que por ello se vea
diluida su capacidad de influencia.
Al margen de su poder militar y cultural, las potencias capitalistas y sus
multinacionales imponen al mundo su agenda neoliberal a través de diversas
instituciones capitalistas internacionales, entre ellas el FMI, el Banco Mundial
o la Organización Mundial del Comercio (OMC). Dichas organizaciones tienen
mecanismos internos que protegen sus intereses. En especial, el estatuto del FMI
garantiza, a las potencias, la posibilidad de vetar toda decisión que allí se
adopte contraria a sus intereses.
Éste es el trasfondo de la decisión del G20 de recapitalizar al FMI para que sea
el “gendarme” del sistema financiero internacional. Si bien lo decidió el G20,
son las potencias las que, controlando al FMI, controlan a qué país y bajo qué
condiciones se le presta asistencia financiera.
Desde ATTAC Argentina – CADTM venimos sosteniendo que el G20 es un ámbito
ilegitimo y antidemocrático, del cual sólo podemos esperar decisiones que
favorezcan al capital trasnacional en detrimento de los pueblos del mundo.
No hay que hacerse falsas ilusiones.
El G20 ha
sido muy claro, ya en 2009, al definir al liberalismo económico como “el único
cimiento sólido para una globalización sostenible y una prosperidad creciente
para todos”,
y al reafirmar el compromiso de no levantar “nuevas barreras a la inversión o al
comercio de bienes y servicios, de imponer nuevas restricciones, o de aplicar
medidas incoherentes de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.
Estamos en contra de intentar salvar un sistema que concentra la riqueza en
manos de las multinacionales, condenando a miles de millones de seres humanos a
la pobreza y marginalidad, y que basado en un consumo irracional degrada el
medio ambiente de tal forma que amenaza la existencia misma de la especie
humana.
Nos encontramos frente a una crisis civilizatoria que requiere de medidas
urgentes y radicales para hacerle frente, que respondan a una lógica
anticapitalista. El centro de toda política debe estar puesto en satisfacer
necesidades humanas básicas, en armonía con la naturaleza, no en el lucro del
capital.
Existen alternativas exitosas en marcha y otras deberán ser creadas. Son en
ellas donde debemos poner nuestra energía militante para crearlas, sostenerlas,
exigir su ampliación, profundización y participación ciudadana.
En nuestra Latinoamérica existen iniciativas de integración alternativa como lo
es el ALBA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América), el UNASUR y los
procesos que tienden a desarrollar una Nueva Arquitectura Financiera Regional
(Banco del Sur, el SUCRE, etc.).
Por su parte, la deuda pública y los planes de ajuste son, ahora también, un
problema de los países desarrollados. Hoy, es más necesario que nunca el
intercambio de experiencias y la acción común. Promovamos, conjuntamente, una
campaña por una Auditoría Integral Ciudadana de las deudas públicas. Sigamos el
ejemplo de la Auditoria que llevó a cabo Ecuador.
Los Pueblos, organizados y unidos, debemos caminar hacia esas alternativas
construyendo, en el camino, ese Otro Mundo Posible, Necesario y Urgente.
Fuente: http://attacargentina.com.ar/leer.php/3164594
Veamos:
1.
Cómo se construyó este orden mundial y el
Estado-nación correspondiente
En
noviembre 2000
Claudio Katz*
nos aclara
sobre
la globalización y el Estado nacional:
"LA OFENSIVA DEL CAPITAL
Los trabajadores
fueron puestos a la defensiva en las últimas décadas cómo consecuencia de
severas derrotas en los países desarrollados (especialmente durante la oleada thatcherista y reaganiana)
y una macabra escala de guerras, genocidios, saqueos económicos y devastaciones
sociales en la periferia.
Este retroceso ha permitido a las
empresas transnacionales (ET)
reforzar la presión sobre los mercados de
trabajo y usufructuar de las desigualdades salariales para incrementar sus
ganancias. La
amenaza empresaria cumple en este plano un rol más importante que el
desplazamiento efectivo de las plantas, porque este último proceso está sujeto a
muchas restricciones. Es falso que el capital puede movilizar automáticamente
sus inversiones de un país a otro en función del costo laboral, pero es cierto
que la internacionalización productiva brinda a la clase capitalista un novedoso
instrumento de fragmentación y dominación de la clase trabajadora . Las
interpretaciones que omiten este cambio de la relación social de fuerzas entre
las clases dominante y dominada ignoran que el avance de la mundialización en
curso se apoya en este cambio de escenario.
La pérdida de posiciones de la clase
trabajadora, que recompuso la tasa de ganancia y estimuló la reinversión de las
corporaciones indujo mayores negocios a escala internacional.
Cuándo se reemplaza esta evaluación de la confrontación clasista
por estimaciones estadísticas del grado de internacionalización del comercio o
de la propiedad empresaria se refuerza la fetichización de la globalización. En lugar de reconocer que los artífices del
cambio son capitalistas que buscan aumentar sus beneficios se atribuye
la mundialización en curso a misteriosas fuerzas inhumanas y se olvida que el
funcionamiento objetivo del capitalismo está condicionado por el cuadro concreto
de la lucha de clases . Sin embargo tampoco es conveniente unilateralizar la
interpretación de la mundialización con explicaciones exclusivamente centradas
en la confrontación clasista, porque en este caso se descontextualiza el
análisis. Hay que vincular el resultado de la lucha de clases con la acción de
leyes objetivas del capital para entender porque los atropellos de la
burguesía no derivaron en otras circunstancias en saltos de la mundialización.
Sólo cuándo esta ofensiva facilitó la recomposición de la tasa de ganancia y
abrió nuevas áreas geográficas a la inversión se consumó un avance mundial de la
acumulación. El mismo tipo de problemas aparece cuándo se presenta la
mundialización en curso como un efecto de la ¨fuga del capital¨ frente a la
¨insubordinación del trabajo¨. Aquí se olvida que lejos de ¨escaparse¨, el
capital reinsertó inversiones y amplió su dominación mercantil al lograr
contener la insubordinación de los oprimidos. Si el creciente ¨poder del
trabajo¨ constituyera el rasgo dominante, no tendría sentido remarcar que la
mundialización se fundamenta en una ofensiva social del capital. . Pero
reconocer este balance de la relación de fuerzas no significa interpretar que
la mundialización plasma un ¨triunfo definitivo del capitalismo¨, porque la
nueva situación crea importantes contradicciones que socavan la estabilidad de
este régimen social. La mundialización actual no prueba la eternidad del
capitalismo, ni justifica la resignación frente a su continuidad. Solamente
confirma que el modo de producción vigente
registra transformaciones cualitativas en su funcionamiento, cuándo el capital
encuentra la vía para afirmar su dominación frente a los explotados. (...)
LAS
TRANSFORMACIONES DEL ESTADO
El avance de la mundialización ha consolidado el
papel de los organismos internacionales con funciones para-estatales orientadas
a favorecer los intereses de las ET. En la última década viejas instituciones supra-nacionales como el FMI han alcanzado una influencia sin precedentes, la
OMC cuenta con más miembros y atribuciones que su antecesora del GATT, se
establecieron nuevas jurisdicciones internacionales para la ONU y se
expandió militarmente la OTAN. Las corporaciones apuntalan estas instituciones
para reforzar una nueva división del trabajo que induce a reestructurar
mercados, remodelar territorios, relocalizar poblaciones y adecuar
legislaciones. El avance de la mundialización capitalista exige drásticos
cambios de los instrumentos de dominación y como el estado nacional no garantiza
la reproducción mundial del capital, las ET necesitan dotarse de nuevas
instituciones. Estos organismos se edifican, en primer lugar, en torno al FMI,
es decir el estado mayor de los grandes bancos. Su ingerencia actual sobre las
políticas económicas de los países deudores no tiene precedentes. Ya no se
limitan a exigir el cumplimiento de los pagos, sino que definen todas las
medidas que deben adoptar los gobiernos para ¨tranquilizar a los mercados¨ .
Este intervencionismo refuerza el proceso de recolonización de la
estructura estatal de los países periféricos. Otro conjunto de instituciones
financieras (Banco Mundial, Organismo de Basilea) dictaminan las normas
bancarias que aseguran la movilidad del capital hacia los sectores jerarquizados
por las corporaciones. Por eso la vertiginosa desregulación bancaria ha sido
directamente supervisada por estos organismos. Por otra parte, la OMC ha sido
creada para establecer un código de comercio a medida de las ET, que elimine
todos los obstáculos arancelarios limitativos de la
producción internacionalizada. Se está forjando un sistema de tributación
imperialista que garantiza la apertura aduanera para las exportaciones de los
países centrales y el cobro del patentamiento por las nuevas tecnologías.
La
creciente internacionalización económica ha impuesto, además, una
coordinación permanente de las políticas económicas de las grandes potencias.
Las grandes cumbres presidenciales, las reuniones periódicas de banqueros y
economistas (Davos, reunión anual del FMI, asamblea del Banco Mundial) se han
vuelto una necesidad imperiosa para regular conjuntamente las variables de corto
plazo (especialmente los tipos de cambio y los flujos financieros). El episodio
más representativo de la tendencia a conformar nuevas estructuras mundializadas
de dominación fue el abortado intento de sancionar en secreto un ¨texto consititucional
de la globalización¨, denominado ¨acuerdo multilaterial de inversión ¨(AMI).
Este convenio aseguraba los derechos de propiedad de las corporaciones
mediante sanciones a cualquier ¨violación del libre comercio¨ y preveía
compensaciones a eventuales expropiaciones o impactos de ¨protestas sociales¨ .
Esta nueva legislación -que consagraba la sustitución de las jurisdicciones
nacionales por cortes internacionales frente a cualquier controversia que
afectara a las ET -no encontró mercanismos y organismos adecuados para su
sanción. Pero representa un objetivo estratégico que las corporaciones no
abandonarán. La formación de entes regionales al servicio de las ET complementa
la constitución de nuevos organismos internacionales. En este plano, el
acontecimiento más impactante ha sido el surgimiento de la Comunidad Económica
Europea, porque a diferencia del NAFTA de América del Norte o el ASEAN asiático
implica la constitución de una nueva entidad supra-nacional. Para enfrentar a
sus dos grandes competidores, la clase capitalista europea necesita superar su
fragmentación histórica y su carencia de un centro de decisión unificado,
intentando un programa de convergencia monetaria y fiscal sostenido en
la ofensiva contra los trabajadores. Las corporaciones europeas buscan imponer
una transferencia de poderes legislativos y ejecutivos de los viejos estados
nacionales hacia la nueva entidad regional para apuntalar sus beneficios
mediante la flexibilización laboral, la restricción del gasto social, el
reordenamiento del sistema impositivo y la instauración de un nuevo signo
monetario. La mundialización y la regionalización para-estatal son dos caras del
mismo proceso. A escala mundial las ET establecen las reglas de juego de la
competencia global y al nivel regional se forjan los organismos que agrupan a
los concurrentes de esta batalla. En la ONU, el FMI y la OMC se definen los
marcos jurídicos de esa rivalidad y en la CEE, el Nafta o el Asean se
perfeccionan los instrumentos que necesita cada bloque de competidores. En el
primer ámbito se edifica el escenario y en el segundo se organizan
los participantes de la disputa. A escala internacional o regional el aumento de
la presencia estatal es una necesidad del capital para implantar leyes
flexibilizadoras, que se convalidan en la OIT y se complementan con tratados
regulatorios de la movilidad de la fuerza de trabajo. Mientras que los
aranceles, subsidios y regulaciones monetarias ya forman parte de las
discusiones cotidianas de la mundialización, en ningún ¨foro global del capital¨
se analiza la internacionalización de un salario mínimo, de una jornada laboral
reducida o de seguros al desempleo. El carácter capitalista de este proceso es
por lo tanto explícito, aunque de ninguna manera transparente. La mundialización
refuerza y recompone las funciones estatales a nivel nacional, regional
y mundial.
Las creencias que el estado ¨desaparece¨ o ¨se retira en favor del
mercado¨ son mitos neoliberales. Sólo existen cambios de funciones y
transferencias de prerrogativas de un nivel a otro para remodelar los procesos
de acumulación. Los mercados nacionales, regionales o mundiales no podrían
existir sin la apoyatura de estructuras estatales. Cuándo esta presencia se
retrae en alguna esfera aumenta su gravitación en otro campo.
Declina, por
ejemplo, la participación económica directa del ¨estado empresario¨, pero se
refuerza la gravitación de la política impositiva, disminuye el papel de la
banca estatal pero se afirman los socorros a las empresas o bancos
insolventes. Justamente porque las funciones económicas estatales de
sostenimiento de las ET no decrecen se amplía sensiblemente la masa de
funcionarios especializados, que cuándo no son ministros actúan como directivos
de las corporaciones. Esta alta burocracia de expertos tiende también a
internacionalizarse y a formar una ¨elite cosmopolita mundial¨, que ha sido
entrenada en las mismas instituciones para actuar indistintamente como hombres
de las grandes compañías o dirigentes de organismos internacionales y
regionales. Las ET no abandonan, ni mantienen invariable la relación con sus
estados nacionales de origen. La internacionalización de sus actividades les
exige reforzar sus bases nacionales tradicionales y construir al mismo tiempo
organismos para actuar a escala planetaria. Ambos objetivos son complementarios
y coexisten, porque las coordinación mundial de las ET requiere simultáneamente
el sostén del marco nacional. Esta situación no implica el mantenimiento de la
vieja regulación estatal de posguerra, ni tampoco la consolidación de un poder
transnacional sustitutivo de ese manejo. Las corporaciones necesitan apoyar
su acción en los mecanismos nacionales existentes, mientras avanzan en la
conformación de estructuras supra-nacionales .
ESTADO-NACIÓN Y ESTRUCTURAS SUPRA-NACIONALES
La
internacionalización económica exige erigir entes supra-nacionales que erosionan
la estabilidad del estado-nación sin sustituir a estas estructuras, porque
carecen de legitimidad para ejercer sus nuevas atribuciones.
Se puede resolver
que la moneda, los impuestos o el presupuesto de un país pasan a ser manejado
por una instancia supra-nacional, pero de ningún decreto surge la capacidad
política para implementar esta gestión. El estado nacional continúa brindando el
único marco que la clase capitalista conoce para ejercer su dominación y la
compulsión a desbordar este cuadro choca con la ausencia de
instituciones internacionales alternativas o con la dificultad para erigirlas
aceleradamente. El estado nacional fue una larga construcción histórica que
acompañó el afianzamiento del capitalismo y se mantuvo cómo el marco de este
régimen social durante tres siglos. Es el cimiento jurídico-material de la
reproducción del capital y también la estructura política que permite comandar
este proceso. La clase dominante puede gobernar con una amplia variedad de
regímenes, gobiernos y funcionarios, porque logró construir una esfera
política autónoma de la economía, cuyos vaivenes no ponen en tela de juicio la
sacralidad de la propiedad, la centralidad del mercado o la preeminencia del
beneficio. Este tipo de instituciones no se erige de la noche a la mañana por el
solo avance de la mundialización, cómo ingenuamente suponen los teóricos del
¨estado-nación redundante¨. Lo que predomina son constantes conflictos entre el
estado nacional y las nuevas formas supra-nacionales, porque los organismos
regionales y mundiales son políticamente frágiles y socialmente huérfanos. Se
construyen implantando políticas neoliberales -apoyadas por las fracciones más
internacionalizadas del capital- que vulneran las formas históricas de
la dominación de la burguesía en cada región del mundo (compromiso histórico en
Europa, populismo latinoamericano, clientelismo redistributivo en Africa,
intervencionismo estatista en Asia).
El cambio en curso deteriora la cohesión de
los estados, sin asegurar las nuevas instancias . La acción del FMI es
particularmente ilustrativa de esta acción disolvente. Actuando al servicio de
los bancos acreedores, sus emisarios imponen interminables ¨ajustes¨ a
los países deudores que terminan inviabilizando el funcionamiento del estado y
la propia generación de los beneficios requeridos para cumplir con el pago de
los pasivos. Otro ejemplo es el fracaso del ¨AMI¨, cuya sanción debió ser
pospuesta ante la ausencia de una instancia supra-nacional capaz de imponer el
cumplimiento de ese convenio. Ni el FMI, ni la OMC o la ONU pueden asegurar por
el momento los requerimientos de las ET. Ni siquiera instituciones regionales
-como la Comunidad Europea- cuentan con una autoridad equiparable a cada estado
miembro y deben apoyarse en estas entidades para avanzar en el proyecto
unificador. Las nuevas instituciones detentan una ¨legitimidad restringida¨ muy
distante de la autoridad política e ideológica que las burguesías de cada nación
construyeron en largos procesos de consolidación de su dominio. Además, al
reforzar las funciones de valorización del capital en desmedro de las acciones
integradoras de los explotados al sistema, los organismos supranacionales
debilitan la estabilidad de los estados existentes. Este proceso crea un vacío
político y erosiona los mecanismos tradicionales de subordinación de
los trabajadores. No está a la vista, ni es previsible cómo las nuevas
instituciones podrían estructurar un sistema equiparable a los estados vigentes,
logrando además la adhesión estable de un segmento de ¨ciudadanos del mundo¨
.
El origen de estos conflictos es el carácter reaccionario de la mundialización
en curso. Como su principal motivación es afianzar la recuperación de la tasa de
ganancia a expensas de las conquistas sociales se desenvuelve atropellando a
cualquier institución, reglamentación u orden político que incluya expresiones o
reminiscencias de esas mejoras. Los proyectos políticos neoliberales carecen
sustento social y el nuevo personal internacionalizado acentúa este aislamiento,
porque carece de la tradicional lealtad de las burocracias nacionales. La ¨cosmocracia¨ de las empresas transnacionales y la elite de funcionarios de
organismos internacionales son sectores privilegiados, totalmente desconectados
del conjunto de la población laboriosa. Esta soledad retrata la orfandad social
que caracteriza a todo el proceso mundializador . No existen hasta ahora
indicios de la efectividad de los organismos supra-nacionales como instrumentos
coercitivos de dominación, cómo gestores de una burocracia eficiente (asociada a
las empresas transnacionales y al mismo tiempo autónomas de sus
exigencias inmediatas), cómo mecanismos garantes de la reproducción
internacionalizada del capital, o como representaciones ilusorias del interés
general. En ningún plano se vislumbran como sustitutos de la relación social
compleja que constituye el estado nacional y de sus funciones coercitivas,
administrativas, cohesionadoras e integradoras.
GLOBALISTAS Y HETERODOXOS
La
interpretación dominante de la mundialización es la tesis neoliberal de la
globalización. Sus difusores acuñaron este último término para divorciar el
análisis de la mundialización de los problemas de la dominación imperialista.
Identifican la globalización con el bienestar general (derivado del avance del
libre comercio y la desregulación financiera) y con el progreso común
(compartido por todas las naciones ¨inter-dependientes¨). Pero
estas afirmaciones contrastan con la evidente degradación del nivel de vida de
la mayoría de la población y constituyen -cómo dice Petras puras ¨globaloney¨
(tonterías), que buscan ocultar el aumento de la explotación y legitimar los
beneficios obtenidos por las clases dominantes. La globalización es
propagandizada por los neoliberales cómo un acontecimiento repentino y
totalmente novedoso. Por eso hablan de la ¨nueva era¨, de la ¨sociedad de la
información¨ o de la ¨época pos-industrial¨, cómo si el avance de la
mundialización diera lugar al nacimiento de otra forma de organización social.
El objetivo de esta caracterización es presentar una nueva modalidad opresiva del
capitalismo como un acontecimiento fatal de la evolución social.
Los argumentos
para demostrar la inexorabilidad de la globalización son los mismos que siempre
se han utilizado para pregonar la resignación frente a la miseria. Se afirma que ¨no existen alternativas ¨ con el objetivo de desanimar cualquier resistencia
y reforzar la adaptación al ¨mundo sin fronteras del libre-mercado¨".
* Internacionalización productiva en "Desequilibrios y antagonismos de la
mundialización"
Fuente:"Desequilibrios y antagonismos de la
mundialización"
en
Realidad
Económica Nº 178 febrero-marzo de 2001/
www.iade.org.ar
http://lahaine.org/katz/b2-img/Desequilibrios%20y%20Antagonismos%20de%20la%20Mundializaci%C3%B3n.pdf
2.
Cómo la institucionalidad capitalista está subordinada a las
corporaciones imperialistas
Organizaciones de la sociedad civil alertan en vísperas de Río 2012
La ONU,
“atrapada por grandes corporaciones y grupos de presión empresarial”
Social
Watch
En vísperas de Río
2012, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo alertan contra “la
creciente influencia de grandes corporaciones y grupos de presión empresarial”
dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas preocupaciones
fueron evidentes en la XIII sesión de la UNCTAD en Doha: países ricos pretenden
minimizar las potestades de esa agencia, cuyos informes han criticado
consistentemente las políticas de desregulación, liberalización y privatización
que benefician al sector privado.
“El preámbulo de la Carta de la ONU comienza con las palabras
‘Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas…’. Hoy, sin embargo, los intereses
corporativos tienen creciente prioridad sobre los intereses de los pueblos en
algunos procesos e instituciones de la ONU. Las empresas han ganado enorme
influencia sobre sus decisiones”, reza una declaración lanzada esta semana por
varias organizaciones internacionales no gubernamentales.
Los firmantes iniciales del texto son Amigos de la Tierra
Internacional, The text was initially signed by Friends of the Earth
International, Corporate Europe Observatory, La Via Campesina, Jubilee
South/Americas, el Servicio Paz y Justicia de América Latina (SERPAJ), el
Instituto Polaris, The Council of Canadians, The Transnational Institute, la Red
del Tercer Mundo (TWN) y World March of Women. Estas organizaciones pidieron a
otras adherir a la declaración, en el entendimiento de que “la ONU es
actualmente la institución global más democrática y adecuada para las
negociaciones internacionales”.
“La presión corporativa en las negociaciones dentro de la ONU
logró bloquear soluciones efectivas a problemas relacionados con el cambio
climático, la producción de alimentos, la violación de derechos humanos, el
abastecimiento de agua, la salud, la pobreza y la deforestación”, agrega la declaración, titulada “Acabar
con la conquista corporativa de las Naciones Unidas”, que demanda “un mayor
fortalecimiento de las instituciones y procesos multilaterales en el marco
de la ONU, haciéndolos más democráticos y sensibles a las necesidades de la
gente”.
“No es necesario preguntarse quién está a cargo por estos
días. Los gobiernos no consultan más a las empresas: las empresas consultan a
los gobiernos”, de acuerdo con las organizaciones firmantes. La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Rio2012) a celebrarse en junio
en Brasil “debería aprovecharse como oportunidad para […] terminar con las
discutibles alianzas de empresas con la ONU”, con “el acceso privilegiado que se
le garantizó al sector corporativo y la consecuente influencia excesiva que se
le reconoce en procesos y decisiones multilaterales”, dijeron.
La declaración destaca varias asociaciones que comprometen a
agencias de la ONU, entre ellas su Fondo para la Infancia (Unicef), su Programa
para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con “grandes compañías internacionales”.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) se asoció con compañías petroleras y mineras como ExxonMobil, Río Tinto,
Anglo American y Shell, “todas las cuales están involucradas en violaciones de
derechos humanos y con la destrucción de biodiversidad”, según el manifiesto.
La declaración cita otros ejemplos, como alianzas entre The
Coca Cola Company y el PNUD sobre protección de recursos de agua, y entre la
propia Coca Cola, la compañía química BASF y ONU-HÁBITAT en materia de
urbanización sustentable. “Estas asociaciones no sólo dañan la credibilidad de
la ONU. También socavan su capacidad y voluntad de cuestionar al sector
empresarial y de regularlo donde esté involucrado en violaciones a los derechos
sociales, ambientales y humanos”, advierte el texto.
El Pacto Mundial, definida en su página web como “plataforma
global que reúne a empresas con agencias de la ONU, con trabajadores y con la
sociedad civil”, les permite, según la declaración, a “notables violadores de
los derechos humanos participar” en organizaciones multilaterales y les ayuda “a
mejorar su imagen, en lugar de promover obligaciones que contribuyan a cambiar
el comportamiento de esas compañías”.
Esta alianza, más conocida por su nombre en inglés UN Global
Compact, “da la falsa impresión de que la ONU y las compañías transnacionales
comparten los mismos objetivos”, advirtieron las organizaciones firmantes.
En el camino hacia Río 2012, la asociación de la ONU con la
Cámara Internacional del Comercio y el Consejo Empresarial Mundial para el
Desarrollo Sustentable facilitó la presión corporativa que derivó en un borrador
de declaración final para la conferencia en Brasil que “refuerza el rol de las
empresas como promotoras de la denominada economía verde”, pero que no “atiende
el papel de las empresas en el surgimiento de las crisis financiera climática y
alimentaria, entre otras”.
La declaración de la sociedad civil reclama a la ONU y a los
países que la integran “resistirse a la presión corporativa para dar a las
empresas una posición privilegiada en negociaciones” multilaterales y “dejar de
crear nuevos cuerpos de discusión y grupos de alto nivel (y disolver los ya
existentes)” que facilitan esa poderosa participación. También recomienda que
“los representantes de empresas no sean parte de delegaciones nacionales” en
deliberaciones de la ONU.
“La ONU debe revelar todas sus relaciones y vínculos
existentes con el sector privado” y debe promover “un código de conducta” para
sus funcionarios que incluya un “periodo ‘de enfriamiento’” durante el cual los
que se retiran no podrán trabajar para empresas que ejercen presión en los foros
internacionales, añade el texto.
El sistema de las Naciones Unidas también deberá estudiar,
según las organizaciones de la sociedad civil, “los impactos de las
corporaciones sobre los pueblos y el ambiente, y establecer un marco obligatorio
en el cual las empresas puedan ser llamadas a responsabilidad de acuerdo con las
leyes de derechos humanos y laborales y sobre asuntos ambientales”.
Mientras se conocía la declaración, transcurría esta semana
en Doha, Qatar, la sesión 13 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD XIII). Allí, un grupo de economías del Norte rico
compuesto por la Unión Europea, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados
Unidos, Japón, Lichtenstein, Nueva Zelanda y Suiza procuraron que esa agencia de
la ONU aliente a los países en desarrollo a adoptar políticas comerciales y de
protección de inversiones de acuerdo con los intereses corporativos del mundo
industrializado, informó la Red del Tercer Mundo (TWN).
Organizaciones de la sociedad civil que participan en las
reuniones de Doha llamaron a la remoción de las limitaciones del espacio
político de los países en desarrollo determinadas por acuerdos de inversión y de
libre comercio, así como por condiciones que imponen donantes e instituciones
financieras internacionales.
La UNCTAD fue creada para aportar análisis y asesoramiento a
gobiernos en materia de desarrollo vinculado con el comercio, las finanzas y la
tecnología, entre otras cuestiones. Los análisis producidos por la agencia han
identificado consistentemente, a lo largo de los años, la liberalización y
desregulación de mercados y sistemas financieros como factores perjudiciales a
los que luego atribuyeron la actual crisis económica.
Social Watch
www.socialwatch.org
Fuentes originales:
Petición “Acabar con la conquista corporativa de la ONU”, en
inglés:
http://bit.ly/I42IOu
Declaración de la sociedad civil, en ingles y en formato PDF:
http://bit.ly/IQUMwZ
Foro de la Sociedad Civil de UNCTAD XIII:
http://bit.ly/JcW2rH
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=148759
3.
Por qué pueblos de Nuestra América se oponen a los gobiernos tanto de ultraderecha como a
los progresistas
Pronunciamiento “Cambio climático y preparación para Río
+
20”
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas | 26 abril 2012 | Revista
“Biodiversidad, sustento y culturas” Nº 72
(abril 2012)
Defender el agua es defender la vida.
Basta de extractivismo y de criminalización.
Por la construcción e implementación del Buen Vivir
y de auténticos Estados plurinacionales.
Nosotras y nosotros, autoridades y dirigentes de
los pueblos y naciones indígenas originarios de Bolivia, Ecuador, Colombia y
Perú, reunidos en Lima los días 14 y 15 de marzo del 2012 en el
Seminario sobre cambio climático y preparación
para Río+20 organizado por la Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas-CAOI
Declaramos:
1. Que en la Región Andina
los gobiernos abiertamente
neoliberales y los llamados alternativos o progresistas
coinciden
en insistir en el capitalismo neoliberal extractivista
que saquea y depreda la
Madre Tierra, vulnera los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas
y criminaliza a sus líderes, autoridades y dirigentes, acusándolos de estar
financiados por la derecha y persiguiéndolos penalmente por graves delitos, como
sabotaje, secuestro, terrorismo y tentativa de homicidio:
*En Ecuador los pueblos indígenas convocados por
la Conaie, ECUARUNARI y sectores sociales están realizando una Marcha por la
Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que desde el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, se moviliza desde todo el país para llegar a Quito el
22 de marzo, Día Mundial del Agua. Los pueblos indígenas y los movimientos
sociales marchan porque el Estado está vulnerando la Constitución, está poniendo
los recursos naturales en manos de las empresas multinacionales, profundizando
la concentración de las tierras, aprobando megaproyectos de infraestructura e
ignorando las propuestas de las organizaciones indígenas para la elaboración de
leyes importantísimas como la Ley del Agua. Además, estigmatiza, criminaliza,
discrimina y persigue a las organizaciones indígenas, acusando a sus dirigentes
de delitos gravísimos como el terrorismo y sabotaje.
*En Bolivia se aprueba una Ley de Consulta que
viola la Ley de Protección al TIPNIS y el Ministerio Público cita a 26 personas,
entre ellos 20 líderes y dirigentes indígenas, acusándolos de los peores
delitos, como tentativa de homicidio, por participar en la marcha del año
pasado, y lo hace precisamente cuando se anuncia el inicio de la IX Gran Marcha
Indígena. Además se promueven leyes que atentan contra la plurinacionalidad y el
Buen Vivir consagrados en la Constitución Política del Estado y en particular
contra el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, recortando
la jurisdicción y el ejercicio de la justicia indígena. La concentración de
tierras en poquísimas manos desplaza a los pueblos originarios de sus
territorios ancestrales.
*En Colombia, las fuerzas regulares e irregulares
siguen usando los territorios indígenas como campos de batalla e imponiendo en
ellos proyectos extractivos que obligan a desplazamientos masivos y producto de
los cuales más de treinta pueblos indígenas están en peligro de extinción física
y cultural. Los pueblos indígenas, dando ejemplo de organización, fortaleza y
madurez, forman parte de la Mesa de Concertación y Diálogo Nacional con el
gobierno, pero los acuerdos a los que se llega en este espacio no se cumplen por
falta de voluntad política del mismo gobierno, expresada, entre otras formas,
por la no dotación de recursos económicos para implementarlos.
*En el Perú el gobierno promulga una Ley de
Consulta basada en los intereses de los megaproyectos extractivos, insiste en
implementar los proyectos mineros en cabeceras de cuenca y zonas vulnerables,
maniobra para cooptar y dividir a las organizaciones. La criminalización
continúa y actualmente hay cerca de un millar de dirigentes y líderes de las
comunidades con persecución policial y procesos penales en su contra, por
ejercer su derecho a la defensa del agua y de la vida.
2.
Los problemas son comunes:
en toda la región
se afectan los bienes naturales, en particular el agua, los territorios y los
derechos de los pueblos indígenas, vulnerándose el derecho a la consulta y el
consentimiento previo, libre e informado reconocido por instrumentos
internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, suscritos por los cuatro Estados andinos.
Las causas
también son comunes: el sometimiento al extractivismo neoliberal, que
criminaliza para beneficiar a las grandes empresas y profundiza el modelo
primario exportador con el mismo pretexto: no ahuyentar las inversiones
extranjeras.
3.
La crisis climática y la crisis de
civilización pretenden ser resueltas profundizando sus causas, apelando a las
falsas soluciones sustentadas en los mecanismos de mercado, como REDD y ahora la
llamada economía verde, que sólo cubre con un barniz ecológico los problemas de
fondo.
Frente a todo lo anterior, acordamos:
*Expresar nuestro respaldo y solidaridad con la
Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos de los pueblos
indígenas ecuatorianos, los movimientos sociales y sus organizaciones (Conaie y
ECUARUNARI); la defensa del TIPNIS por los pueblos originarios bolivianos y sus
organizaciones (Conamaq y CIDOB); la campaña en defensa de los pueblos indígenas
colombianos en peligro de extinción que desarrolla la ONIC; y la demanda de una
auténtica Ley de Consulta que garantice el consentimiento previo, libre e
informado de los pueblos indígenas peruanos organizados en Conacami, Aidesep,
CNA y Onamiap.
*Exigir el cese de la criminalización y
persecución policial y judicial contra los líderes, dirigentes y autoridades de
los pueblos indígenas y sus organizaciones en Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú,
con el inmediato corte de juicio y garantías para el ejercicio de sus derechos,
entre ellos el derecho a la protesta.
*Reafirmamos la unidad de los pueblos y naciones
indígenas originarios y sus organizaciones, junto con nuestra decisión de lucha
articulada y conjunta por nuestros derechos y los derechos de la Madre Tierra.
Rechazamos las maniobras de los
gobiernos para cooptar y dividir a nuestras organizaciones.
*Demandar políticas públicas efectivas que
garanticen la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, nuestros glaciares, las
zonas vulnerables como los páramos y bosques de neblina, prohibiendo toda
actividad extractiva o megaproyecto que las afecte. Demandar también el
reconocimiento de la gestión y el manejo tradicional de estas zonas por parte de
los pueblos indígenas, promulgando leyes para que ese manejo y gestión esté en
sus manos, con apoyo de recursos financieros y técnicos de los Estados.
*Rechazar las falsas soluciones al cambio
climático sustentadas en los mecanismos del mercado: no a REDD, no a la economía
verde. Y reconocer que la respuesta no es tecnológica sino política, económica y
cultural. Se trata de la crisis de una civilización dirigida a la acumulación y
la única salida es rescatar y construir una civilización distinta basada en el
diálogo y armonía con la Madre Tierra: profundizar el Buen Vivir.
*Construir y consensuar nuestras propuestas en
defensa de la Madre Tierra para que éstas sean reconocidas por los Estados,
compartidas y enriquecidas por los movimientos sociales y llevadas hasta los
espacios internacionales de toma de decisión, como la Conferencia Mundial sobre
Medio Ambiente y Desarrollo Río+20 y las Conferencias de Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Lima,
15 de marzo del 2012.
Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas, CAOI
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad
Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu, Conamaq
Organización Nacional Indígena de Colombia,
ONIC
Confederación Nacional de Comunidades del
Perú Afectadas por la Minería, Conacami
Fuente: http://www.grain.org/es/article/entries/4493-pronunciamiento-cambio-climatico-y-preparacion-para-rio-20
En
consecuencia,
como dice ATTAC Argentina – CADTM:
"El
centro de toda política debe estar puesto en satisfacer necesidades
humanas básicas, en armonía con la naturaleza, no en el lucro del
capital". Pero
"el G20 ha sido muy claro, ya en 2009, al definir al liberalismo
económico como “el único cimiento sólido para una globalización
sostenible y una prosperidad creciente para todos”,
y al reafirmar el compromiso de no levantar “nuevas barreras a la
inversión o al comercio de bienes y servicios, de imponer nuevas
restricciones, o de aplicar medidas incoherentes de la Organización
Mundial de Comercio (OMC)”".
De ahí "la decisión del G20 de recapitalizar al FMI para que
sea el “gendarme” del sistema financiero internacional. Si bien lo
decidió el G20, son las potencias las que, controlando al FMI, controlan
a qué país y bajo qué condiciones se le presta asistencia financiera". Y
ATTAC Argentina – CADTM
sostiene:"estamos en contra de intentar salvar un sistema que concentra la riqueza en
manos de las multinacionales, condenando a miles de millones de seres humanos a
la pobreza y marginalidad, y que basado en un consumo irracional degrada el
medio ambiente de tal forma que amenaza la existencia misma de la especie
humana".
Contra este orden mundial y del extractivismo en los
países de Nuestra
América se levantan
CAOI, ECUARUNARI, Conamaq, ONIC y Conacami
señalando:"-Defender el agua es defender la vida. -Basta de extractivismo y de criminalización.
-Por la construcción e implementación del Buen Vivir
y de auténticos Estados plurinacionales". Sin
embargo, "los gobiernos abiertamente neoliberales y los
llamados alternativos o progresistas coinciden
en insistir en el capitalismo neoliberal extractivista que saquea y depreda la
Madre Tierra, vulnera los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas
y criminaliza a sus líderes, autoridades y dirigentes, acusándolos de estar
financiados por la derecha y persiguiéndolos penalmente por graves delitos, como
sabotaje, secuestro, terrorismo y tentativa de homicidio: maniobras de los
gobiernos para cooptar y dividir a nuestras organizaciones".
Hay criminalización de la protesta
social hasta el extremo de aplicar leyes antiterroristas como en
Argentina y otros países de Nuestra América. Prohíben la lucha por
nuestros derechos y autonomía cuando el poder actual de
los oligopolios y Estados imperialistas sobre los pueblos planetarios
fue por imponer la derrota al proletariado, al campesinado y a fuerzas
de izquierda mediante terrorismo de estado, planes de ajuste, privilegio
del honrar la 'deuda' externa pública sobre el Estado social,
desregulaciones o regulaciones en exclusivo beneficio del gran capital,
guerra psicológica,
sindicalismo empresario y partidos de Estado (como el PJ y la UCR) al
servicio de la transnacionalización o recolonización. Por eso, es
fundamental que haya unidad en diversidad de quienes se han constituido
sujetos colectivos de derechos humanos y autonomía del Estado hecho para
imponer la falta de libertad de los diversos de abajo e injusticia
social de la constante profundización de la desigualdad implícita en el
vigente crecimiento económico.
Los brasileros
ejemplifican ese rumbo anticapitalista mediante:"el
1er Congreso Nacional de la CSP Conlutas - Central Sindical y Popular
que se reunió los días 27, 28, 29 y 30 de abril en Sao Paulo.
Muchas delegaciones tuvieron un viaje agotador. Algunas más de 50 horas
de bus. Miles de kilómetros recorridos. Innumerables obstáculos
sorteados. No obstante se les veía felices de arribar a Sumaré (Sao
Paulo). Venían con la mochila cargada de esperanza. Y sabiendo para qué.
Como Sandra Madalena Ferreira, militante de base del Sindicato de los
Químicos y Farmacéuticos de Goiás: "El sindicato tiene el papel de
pelear por el derecho del trabajador, organizar a la base para luchar
por sus derechos. Ese es el principal objetivo del Congreso". Tan
simple como eso.
En el preámbulo del reglamento de funcionamiento estaban delineados
tanto el carácter como los objetivos de la entidad: "La CSP Conlutas-Central
Sindical y Popular surge en el escenario brasilero representando una
experiencia nueva de organización de los trabajadores y trabajadoras. La
propuesta de integración entre sindicatos y movimientos populares
urbanos y rurales y la incorporación de los movimientos estudiantiles y
de lucha contra las opresiones, en una misma organización de frente
único, simboliza la comprensión que acumulamos y la búsqueda por unir
todos los sectores explotados y oprimidos de nuestra clase en una lucha
común, de clase contra el capital y sus agentes".[1]
La
sesión de apertura vino con las presentaciones de rigor y los saludos
habituales. Pero ya en su bienvenida a las delegaciones, observadores e
invitados internacionales, Sebastiâo Cacau, a nombre de la Secretaría
Ejecutiva, definió acertadamente la composición del Congreso: "Aquí
está cada uno que ayudó a construir esta herramienta de lucha de la
clase trabajadora, todavía pequeña, pero activa y vigorosa". Porque
allí estaban en asamblea luchadores sociales. Como los trabajadores del
Consorcio Constructor Belo Monte de la región de Altamira (Pará) que
paralizaron las obras de la tercera mayor represa hidroeléctrica del
mundo; los peones de la construcción civil de la región metropolitana de
Fortaleza (Ceará) que van a la huelga el próximo 7 de mayo; los obreros
del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro de Petrobras, que realizaron
una huelga victoriosa en el polo petroquímico más grande de América
Latina y principal proyecto del gubernamental PAC (Plan de Aceleramiento
del Crecimiento); los activistas del MTST (Movimiento de Trabajadores
Sin Techo), involucrados en la lucha de los ocupantes del barrio
Pinheirinho, en San José dos Campos (Sao Paulo).[2] Y una delegación de
los Bomberos de Río de Janeiro, quienes durante el pasado Carnaval
protagonizaron una huelga de diez días, demandando mejores salarios y
dignas condiciones de trabajo. Había, por supuesto, muchos más
luchadores. De los sindicatos, movimientos y colectivos: trabajadores
públicos, profesores, negros, estudiantes, jubilados, pueblos indígenas,
derechos humanos,[3] lésbico-gay. Y una destacada representación del
Movimiento Mujeres en la Lucha.[4]
Durante el transcurso del Congreso se fueron divulgando los datos en
torno a la participación. Los que permitieron apreciar tanto el volumen
como la diversidad del campo de resistencia y lucha social allí reunido.
Entre delegados, invitados y observadores participaron de las sesiones
2.280 personas. De las cuales: 1.800 delegados/as electos/as
directamente en asambleas de base representando a 114 sindicatos (en su
mayoría del sector público), 2 asociaciones de clase, 118 oposiciones
sindicales; 1 movimiento de lucha por la tierra; 11 movimientos
populares urbanos; 4 colectivos de lucha contra las opresiones; 1
organización estudiantil. A su vez, el acercamiento[5] y notablemente la
incorporación de nuevos sindicatos y movimientos populares - en relación
al Congreso de fundación de Conlutas (Minas Gerais, 2008) - indicaron un
indudable avance.
Los mismos datos revelaban también las debilidades. Sobre todo en dos
espacios: el campesino y el estudiantil. En el primero de los casos, fue
evidente la ausencia de una representación significativa de los
trabajadores del campo en la medida que el MTL (Movimiento Tierra,
Trabajo y Libertad, integrante de la CSP Conlutas), cuenta con una
escasísima implantación e influencia entre el proletariado rural que
sigue ocupando tierras, realiza marchas masivas y lucha por la Reforma
Agraria. La fuerza decisiva entre los campesinos continúa siendo, sin
sombra de duda, el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra).[6] En el segundo de los casos, porque la ANEL (Asamblea
Nacional de los Estudiantes - Libre, que forma parte de la CSP Conlutas)
no expresa un amplio proceso de ruptura con la UNE (Unión Nacional de
Estudiantes, hegemonizada por los partidos aliados del gobierno de Dilma
Rousseff), sino que aparece como una cantera de reclutamiento juvenil
vinculada, orgánicamente, al PSTU (Partido Socialista de los
Trabajadores Unificado).
Herramienta pequeña, pero muy útil
El
Cuaderno de Tesis distribuido contenía 15 presentaciones distintas.[7]
Abundan en ellas los acuerdos y las divergencias. En todo caso como
registro de una cartografía donde se entrelazan experiencias sociales,
percepciones tácticas y afinidades políticas diversas. Ubicadas todas
ellas en un campo de lucha de clases. O sea,
bajo una perspectiva
anticapitalista. En esto radicó la fuerza del Congreso.
Tanto en las reuniones plenarias como en los grupos de trabajo, los
debates tuvieron como rasgo distintivo la democracia. Haciendo honor a
un activismo social que propone "Avanzar en la organización de base"
(lema del de Congreso)
poniendo en práctica la «democracia obrera» en
sindicatos y movimientos populares.
No hubo empujones burocráticos y
cada quién expuso críticas, generó polémicas, mostro coincidencias,
presentó propuestas.
No
faltaron los contrastes. Principalmente en torno al balance de la
ruptura del Conclat (Congreso de la Clase Trabajadora, realizado en
junio de 2010). Es decir, en relación al truncado proceso de unidad
entre Conlutas e Intersindical [8] que dio origen a la CSP Conlutas.
Mientras que para una amplia mayoría de los delegados (vinculada
claramente al campo de influencia del PSTU) la ruptura del Conclat no
había impedido avanzar en la construcción de una nueva central; para una
minoría (alrededor de un 12%) se había tratado de "una derrota de la
clase trabajadora brasilera" que agravó la fragmentación de las
luchas y la división del sindicalismo combativo. En esta minoría se
ubicaron delegados del Bloque de Resistencia Socialista-Sindical y
Popular, de algunos sindicatos y movimientos populares, y la parte de
Intersindical que participó del Congreso.[9]
La
resolución finalmente aprobada por esa mayoría congresal reafirmó la
apuesta de hace dos años: "La fundación de la CSP Conlutas,
unificando movimientos populares, estudiantes y de lucha contra las
opresiones, además de los sindicatos, significó un paso al frente en la
reorganización de los sectores combativos de los movimientos sindicales
y populares brasileros (.) En ese breve período de vida nuestra central,
la CSP Conlutas actuó en diversas campañas políticas, en las luchas de
las categorías, elecciones sindicales y congresos, jornadas del
movimiento popular, luchas estudiantiles, plebiscitos populares, entre
otros (.)
Esencialmente, consideramos el balance de actividades de nuestra
Central como bastante positivo.
No hay como subestimar los límites de la
realidad política en nuestro país, en particular el apoyo mayoritario de
la población a los gobiernos Lula y Dilma y el papel de las centrales
sindicales y políticas de apoyo al gobierno.
En ese escenario, mantener
y avanzar en la consolidación de una pequeña, pero muy útil herramienta
para las luchas de los trabajadores y del pueblo pobre, no es poca cosa".[10]
En
cuanto a los desafíos que se plantean el consenso fue más amplio. La
tesis mayoritaria los resume en
tres objetivos
políticos:
1) preparar a la Central y a las entidades afiliadas para el
enfrentamiento contra los patrones y los gobiernos federal, estaduales y
municipales; 2) desarrollar la organización de base en los locales de
trabajo, vivienda y estudio, en la medida que la organización de base es
un presupuesto para el ejercicio de la democracia obrera y para el
combate a la burocratización; 3) continuar buscando la unidad de todos
los sectores combativos en una central sindical, popular, clasista.[11]
No
obstante todas las limitaciones y debilidades, el Congreso constató una
realidad: la CSP Conlutas es una fuerza dinámica, con identidad propia.
Representativa de importantes contingentes de luchadores sociales,
organizados en sindicatos y movimientos populares. Si bien minoritaria
en el inmenso mapa del "mundo del trabajo" en Brasil y en
relación a las centrales sindicales satélites del gobierno y socias de
las corporaciones patronales, la CSP Conlutas no es una experiencia
"marginal" ni está "aislada", según pretenden sus críticos
malintencionados. Muy por el contrario, la CSP Conlutas expresa un
proceso de reorganización sindical y popular. Que se desarrolla en una
fase defensiva de las luchas y en un cuadro donde las desigualdades
sociales se vuelven cada vez más insoportables para una mayoría de la
clase trabajadora y de las capas más empobrecidas.[12]
El
broche del Congreso tuvo lugar en las calles. Con motivo del 1º de Mayo,
la CSP Conlutas marchó desde la avenida Paulista (icono del poder
financiero) hasta la popular plaza República, en el centro de la ciudad.
La convocatoria a la protesta decía: "A pesar de la gran campaña de
que la crisis no llegó a Brasil, que creció el número de empleados y de
que vivimos mucho mejor que antes, los trabajadores sufren todos los
días, horas de frío, con ómnibus y metro abarrotados; con una atención
de salud pública precaria, con una educación de baja calidad y una
especulación inmobiliaria absurda que impide a la mayoría de los
trabajadores tener una casa. El crecimiento económico benefició a los
banqueros y empresarios en detrimento del sudor de los trabajadores".[13]
Hubo acto y oratoria. Los espías de la Policía Federal y algunos medios
de prensa (Estado de Sao Paulo, Folha de Sao Paulo, noticieros de
televisión) registraron "más de 4.000 personas". Los dirigentes
de la CSP Conlutas, prudentes y realistas, contaron 2.500.[14]
Internacionalismo recíproco
En
sus dos años de vida la CSP Conlutas desarrolló una intensa agenda
internacional. Impulsando campañas de solidaridad (Haití, Palestina);
apoyando luchas políticas y sociales (Egipto, Chile, Argentina, España,
Paraguay); participando en congresos, seminarios, debates (Estados
Unidos, Francia, Italia, Suiza). Esta actividad le permitió un
relacionamiento fraternal con diversas fuerzas sindicales. Muchas de las
cuales asistieron al 1er Congreso como invitadas.
Por otra parte, y en ocasión del Congreso de la Unión Sindical
Solidaires (Francia) en junio 2011, delegaciones de varios países habían
acordado organizar una reunión internacional en el marco del Congreso de
la CSP Conlutas. La misma se realizó los días 2 y 3 de mayo en Sao
Paulo. Bajo la consigna "Muchas voces, una sola lucha",
participaron 22 delegaciones de América Latina y el Caribe, Estados
Unidos, Canadá, Europa, y países del Magreb y Oriente Medio. En todo
caso dos ausencias notorias: Grecia y Venezuela.
Para el secretario nacional de Solidaires, Christian Majeux, la reunión
tenía una importancia mayor para impulsar, efectivamente, "una
coordinación internacional de los sindicatos en lucha" y avanzar en
la construcción de "una red mundial de sindicatos, incluso si al
principio es pequeña". En el mismo sentido apuntó Dirceu Travesso,
dirigente de la CSP Conlutas, al hacer la presentación.
Si
bien la posibilidad de una verdadera "coordinación internacional de
sindicatos" está muy lejos - entre otras razones porque la mayoría
de los participantes en la reunión no representaban a sus sindicatos,
sino que eran parte de corrientes y agrupaciones de oposición sindical-,
se avanzó en temas mucho más concretos. Por un lado, la socialización de
las diversas experiencias de lucha en cada país; por otro lado, la
realización de actividades por sector (salud, educación, Call Centers,
ferroviarios, inmigrantes, mujeres).
La
solidaridad con la revuelta de los pueblos árabes estuvo presente, tanto
en el Congreso como en la reunión internacional. Lo que fue destacado
por Fatma Ramadan, presidenta del Sindicato Independiente de
Trabajadores de Giza e integrante de la Federación de los Sindicatos
Independientes de Egipto: "Encontrar delegados del mundo entero que
luchan contra el imperialismo, que apoyan el derecho de los indígenas,
discuten sobre los accidentes de trabajo y el problema de los sin techo,
uniendo los objetivos políticos y los ejes sociales, es una buena idea
para llevar a Egipto como propuesta de lucha".
Finalmente, la reunión aprobó una declaración unitaria que en sus
conclusiones afirma: "Nuestras organizaciones se comprometen a buscar
fortalecer en las luchas y resistencias un programa clasista, anti-opresión,
anti-imperialista, de defensa de
los derechos sociales y laborales, de
defensa de los recursos naturales y del medio ambiente; apoyar todas las
experiencias de organización donde la democracia obrera, la
participación de la base, combine la defensa de las reivindicaciones
concretas del día a día con la necesidad de construir otro orden
económico y social, que niegue de manera radical toda forma de
explotación y opresión".[15]
Fuente: http://www.lahaine.org/index.php?p=61552
ADITAL y SERPAL
difunden el:
Documento anexo del XIII Informe de Análisis de Coyuntura Latinoamericana del
Centro Gumillas,
periodo
enero-marzo 2012.
La izquierda
latinoamericana es cada vez menos roja y cada vez más marrón. La afirmación es
del sociólogo uruguayo Eduardo Gudynas. Según él,
está
quedando cada vez más claro que los gobiernos progresistas o de la nueva
izquierda se apoyan en la explotación de materias primas para alimentar el
crecimiento económico.
Nos hemos vuelto proveedores de materias primas
para
la globalización,
acota él. Se rompe así el diálogo con el movimiento verde y la izquierda roja se
transforma en marrón, destaca el sociólogo.
El
rojo, color simbólico de la lucha socialista, se subordina a la lógica del gran
capital y, asumiendo el modelo extractivo -primario exportador- provoca grandes
impactos negativos en el medio ambiente. Marrón es una referencia a los cráteres
a cielo abierto, consecuencia de los megaproyectos que están en curso en todo el
continente.
El «modelo
extractivo» patrocinado por los gobiernos de izquierda y, también, por los
de derecha en América Latina es definido por el escritor Raúl Zibechi como
"apropiación de los bienes comunes, directa o indirectamente, para
transformarlos en mercancía”. El sociólogo venezolano Edgardo Lander,
comenta que "la principal fuente de las contradicciones internas y de las
decepciones con relación a los gobiernos progresistas de izquierda es que
parecen, de hecho, dar por obvio que ningún otro camino es posible sino el
de un sistema basado en el crecimiento económico”.
Prácticamente en
todos los países de la región, desde México hasta Chile, comunidades
tradicionales y campesinas se están levantando contra los grandes proyectos de
desarrollo y de extracción natural que,
embarcados en el boom económico de América Látina y en los altos precios de las
materias primas, están promoviendo una nueva fiebre del oro en paisajes tan
distintos como el desierto mexicano y la selva amazónica,
comenta el escritor Tadeu Breda.
La obsesión por el
crecimiento, la apuesta por los megaproyectos y la flexibilización del aparato
normativo que protege el medio ambiente está en el núcleo de las tensiones
sociales a las que asistimos en todo el continente. Marchas, protestas,
ocupaciones y movilizaciones hacen parte del escenario de la lucha social en
América Latina en los últimos años y, en la mayor parte de ellas, el arranque de
las movilizaciones son los conflictos ambientales. Una pequeña muestra de todo
eso se puede ver aquí en Brasil: la agenda alrededor del Código forestal, la PEC
125 y la polémica acerca del reporte que envuelve la hidroeléctrica de Belo
Monte y que sufrió tentativa de censura por parte de la ministro Maria do
Rosário. En todos los conflictos el denominador común es la agenda ambiental.
En un breve vistazo
por los países vecinos se ve lo mismo.
La
cuestión ambiental está en el centro de los conflictos entre los movimientos
sociales y los gobiernos progresistas.
Tomemos como ejemplo lo que está aconteciendo en Ecuador, Perú y Bolivia, pero
también, con un grado diferente, en Argentina, Colombia y Venezuela.
Conflictos ambientales estallan en el territorio latinoamericano
Los conflictos
ambientales permean la coyuntura del continente latinoamericano. En Ecuador, el
gobierno de Rafael Correa enfrentó en los últimos días una marcha nacional
contra sus políticas extractivas. El escritor Tadeu Breda comenta que desde
2009, después de la aprobación plurinacional, Rafael Correa sancionó una nueva
ley de minas que abre camino a la explotación mineral en gran escala y a cielo
abierto. A partir de entonces, el movimiento indígena abandonó la coalición
política y social que había posibilitado la victoria del presidente y pasó a la
oposición.
La ira del
movimiento indígena se debe al hecho de que Correa firmó recientemente contrato
con la empresa minera Ecuacorriente (ECSA), de capital Chino, para la
explotación de un yacimiento minero en la cordillera del Cóndor, en la frontera
con Perú, una de las áreas del país más ricas en biodiversidad.
Se trata de uno de
los cinco proyectos de mina considerados prioritarios por el gobierno de Correa.
Decio Machado -citado en el reportaje de Claudia Fanti- afirma que "es el primer
gobierno que convirtió la megamineria en una actividad estratégica que deja una
marca sobre el futuro modelo de desarrollo ecuatoriano”.
El 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, el movimiento indígena ecuatoriano inició una marcha
nacional contra las políticas extractivas del gobierno. La marcha salió de la
provincia amazónica de Zamora Chinchipe, en el sur del país, recorrió toda la
región andina hasta la capital, Quito, en el norte de Ecuador, donde llegó el
día 22, Día Mundial del Agua. El presidente Correa, defendiendo el proyecto,
dice que su gobierno apalanca una minería responsable social y ambientalmente,
repitiendo su frase de que "no podemos ser mendigos sentados sobre un saco de
oro”. Los manifestantes, a su vez, no aceptan "sobrevivir en un país devastado
en las garras del miedo o de la indiferencia, un país con realidades paralelas
de ríos muertos y de personas enfermas a causa de la contaminación minera y
petrolífera, de personas que se consumen en el consumismo y de personas muertas
en vida, sin memoria ni identidad, desprovistas de sus selvas y de su condición
humana, entre árboles y animales masacrados”.
El escritor Tadeu
Breda comenta: "Todos quieren el desarrollo del Ecuador, claro: pero no
concuerdan con los métodos del gobierno. Avalan que el extractivismo de hoy es
el mismo que nortea la economía ecuatoriana desde siempre -y tienen de su lado
la verdad histórica de que vender materias primas para los países ricos puede
que haya generado riqueza, sin embargo, jamás trajo desarrollo”.
En el Perú, otra
marcha nacional, esta vez por el derecho al agua. "la movilización popular más
importante desde la época de Fujimuri”, señaló Hugo Blanco en el reportaje de
Claudia Fanti. En el centro de la marcha, que se llevó a cabo del 1 al 9 de
febrero, está la oposición al proyecto Conga, inmenso plan de minería que prevé
sacar varias lagunas de Cajamarca, en el norte del país. El proyecto es liderado
por el grupo Yanacocha, la primera empresa de extracción de oro en América del
Sur y la segunda del mundo.
En el currículum
de esa empresa se destaca, durante los últimos meses del gobierno de Fujimuri,
la devastadora fuga de mercurio en Choropampa, que costó la vida de más de
setenta personas y que aún continúa impune.
Rechazado por el
propio gobierno de Cajamarca, el proyecto Conga, que cuenta con una inversión de
casi 5 billones de dólares, amenaza con destruir las reservas de agua dulce de
la región produciendo, según los estudios de impacto ambiental del Ministerio
del medio Ambiente, daños irreversibles al ecosistema y contaminando la cuenca
del río Marañón, un importante afluente del río Amazonas. "Es un proyecto
altamente depredador afirmó Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca,
que entra en conflicto profundamente con el momento que vivimos en el mundo y
con el discurso del presidente Ollanta Humala” cuando, después de haber dicho:
"¿Qué quieren ustedes, oro o agua?” y haber recibido una respuesta clara del
pueblo: "queremos agua”, se comprometió a "defender los recursos hídricos de
Cajamarca”.
El cambio de
posición de Humala, que insiste ahora en explotar la minería, se debe al hecho
de que el precio del oro subió mucho en el comercio internacional. Cabe destacar
que en el mismo Perú, en 2009, el gobierno de Alan García promovió una verdadera
matanza de indígenas en la localidad de Bagua, en el Amazonas peruano, a
consecuencia de las protestas de los indígenas contra la entrega de sus
territorios a empresas extractivas transnacionales para la explotación de
hidrocarburos, madera y biocombustibles.
En Bolivia, a su
vez, se anuncia una nueva movilización en defensa del Tipnis. En esa crisis que
envuelve al presidente Evo Morales y al movimiento social, está la carretera de
Tipnis -el proyecto de una autopista, de 306 kms. que atravesaría 1,2 millones
de hectáreas del territorio indígena y el Parque Nacional Isidro Sécure (Tipnis)
donde habitan 13 mil indígenas moxeños, yurakarés y chimanes. Las obras del
trecho 1 y 3 ya están andando. El trecho principal, que es el 2, atraviesa 177
Km del Tipnis. La obra es de gran interés geoestratégico para Bolivia y para
Brasil, como parte de un corredor para el transporte que conecta el Atlántico
con el Pacífico. Los indígenas no aceptan la carretera y acusan al gobierno de
no haberlos consultado sobre dicha obra.
En septiembre de
2011 fue duramente reprimida una marcha indígena en contra de la construcción de
la carretera. La dura represión de la marcha desató una crisis sin precedente en
el gobierno de Evo Morales y puso en jaque al gobierno plurinacional y
pluriétnico. Para el momento el presidente anunció que estaban suspendidas las
obras y al mismo tiempo pidió perdón a los indígenas. Ahora el tema volvió a
generar tensión en el país.
El senado
boliviano, con el apoyo del gobierno, aprobó la realización de una consulta para
determinar si la carretera en cuestión podría o no atravesar el territorio
indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Los indígenas
temen el aumento de la presión demográfica y la expansión de la frontera
agrícola sobre el territorio. El gobierno argumenta que los indígenas de las
tierras altas y valles, grupo mayoritario, apoya el proyecto y apenas los
indígenas de las tierras bajas están en contra. Argumenta que esos indígenas
estarían siendo manipulados por los grupos que hacen oposición al gobierno.
El conflicto está
lejos de terminar y, en esencia, se oponen modelos y visiones diferentes.
Bolivia, con la insistencia de construir la carretera, da muestras de que
también sucumbió al modelo desarrollista. La elaboración de la estrategia
económica en Bolivia tiene como uno de los principales mentores al sociólogo
Álvaro García Linera que es el vice-presidente del país. Linera, marxista,
intelectual respetado, una especie de portavoz autorizado de los objetivos
estratégicos de Bolivia ya dice que el gobierno busca "un capitalismo con mayor
presencia del Estado”.
Según Tadeu Breda la
mejor manera de entender las manifestaciones en el Ecuador, y vale también para
Bolivia, es tener en mente el contenido de la Constitución Plurinacional de esos
países. La carta garantiza una serie de derechos innovadores en América Latina.
Tres de los que ganan gran relevancia son: los derechos de la naturaleza, la
plurinacionalidad y el bien vivir.
Tales principios no
funcionan independientemente uno de los otros, dice el escritor: "Si la
plurinacionalidad otorga a las comunidades indígenas autoridad para ejercer su
cultura (lengua, justicia, propiedad, economía) dentro de sus tierras, los
Derechos de la Naturaleza garantizan que el medio ambiente bajo ningún aspecto
pueda ser degradado más allá de su capacidad natural de regeneración. Eso
significa, obviamente, un obstáculo legal para las actividades extractivas, hoy
en día responsables por más de la mitad del PIB ecuatoriano. Por último, el
bien-vivir es el proyecto de desarrollo que resulta de un sistema que respeta
las tradiciones ancestrales y los ciclos naturales de el ecosistema en que se
insertan. De ahí que la marcha en curso en el Ecuador se opone prioritariamente
a las políticas extractivas patrocinadas por el gobierno”.
"El agua es
más preciosa que el oro”: grito que hace eco en toda América Latina.
Volviendo a los
conflictos que tienen en su núcleo la problemática ambiental en el continente
latinoamericano, también en la Argentina se manifiestan conflictos ligados a las
actividades mineras. En Catamarca, una de las provincias más pobres del país, al
noroeste de Buenos Aires, la población está en pie de guerra.
Hace algunas
semanas la mayor parte de las vías están cerradas por centenas de manifestantes
contrarios a la explotación a cielo abierto de la mina La alumbrera, por parte
de la empresa canadiense Barrik Gold. En la provincia vecina de La Rioja, los
habitantes protestan contra otro proyecto de la compañía canadiense Osisko
Mining Corporation, en el Nevado del Famatina.
También en los
gobiernos de derecha los conflictos ambientales abundan. En Colombia, una gran
movilización popular llevó al Ministerio del Medio Ambiente a negar a la empresa
canadiense Eco Ouro Minerals la autorización para un proyecto de explotación
minera a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, en Santander, un complejo de
lagunas que surte de agua a una población de 2,2 millones de personas.
En Panamá, luego
de la movilización de los pueblos indígenas Ngäbe-Buglé quienes, desde el 31 de
enero al 7 de febrero, bloquearon la vía Panamericana recibiendo un fuerte apoyo
de la población, el gobierno de Ricardo Martinelli tuvo que ceder a las
reivindicaciones indígenas, aceptando iniciar las negociaciones sobre la ley
relativa a las actividades de minería y a la construcción de plantas
hidroeléctricas.
Crítica es la
situación en América Central, donde centena de proyectos mineros están a la
espera de aprobación. En Honduras, en particular, donde ya habían sido
entregadas más de 370 concesiones, fueron presentadas, después del golpe de
2009, otros trescientos pedidos de explotación minera, también a cielo abierto.
En Guatemala, 56
municipios se proclamaron libres de la actividad minera después de una fuerte
presión popular. Como se puede ver, por los acontecimientos citados
anteriormente, en Latinoamérica el boom de la minería genera cada vez más
conflictos. El agua es más preciosa que el oro, ese es el grito lanzado en toda
la región por comunidades campesinas, ambientalistas y científicas que denuncian
el impacto socio ambiental de la explotación de minas a cielo abierto.
El caso brasileño, izquierda
autoritaria y pérdida en la agenda ambiental PEC 125, Código Forestal y la
hidroeléctrica de Belo Monte estuvieron en el centro del debate de la coyuntura
brasileña en la semana que cierra.
El caso de la PEC 125 es emblemático en esa perspectiva. En una sesión
tumultuosa, la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara aprobó el
parecer del diputado Osmar Serraglio (PMDB-PR), favorable a la admisibilidad de
la propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) que transfiere de la Unión para
el Congreso Nacional la prerrogativa de aprobar y ratificar la demarcación de
tierras indígenas. En caso de que sea aprobada definitivamente la PEC,
significará una verdadera farra para los intereses de grupos en la explotación
aún mayor de los territorios indígenas y quilombos.
El secretario
ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Cleber Buzatto, que acompañó
la votación de la PEC con delegaciones indígenas de varias regiones del país,
dice que la noticia de la aprobación fue recibida con tristeza e indignación por
el liderazgo indígena, quienes consideran que dicha propuesta es
inconstitucional. "La PEC rasga la Constitución en lo atinente al derecho de los
pueblos indígenas y quilombos sobre sus tierras tradicionales”. El Cimi acusa al
gobierno de negligencia. Para Buzatto, éste no hizo nada para evitar la votación
de la propuesta, pues el líder del gobierno no apareció durante la sesión para
intentar una interlocución.
"Ni en el
momento en que la situación estuvo tensa él apareció para demostrar
solidaridad. Estamos entendiendo que, por el contrario, al no actuar
directamente, el gobierno optó por la base vinculada al agronegocio y a la
bancada evangélica”.
La aprobación de la
PEC 125 fue encabezada por el mismo grupo en el Congreso que está por detrás de
la flexibilización del Código Forestal. "Aprobación de la PEC 215- Es el mismo
grupo que está presionando para votar el Código Forestal”, twiteo el @CimiNacional.
La PEC 125 y el
Código Forestal están en la misma lógica. El agronegocio quiere una legislación
dócil que atienda a sus intereses económicos. En estos temas el gobierno ha sido
omiso. Como destacamos en el último análisis de coyuntura, la agenda ambiental y
la agenda indígena no son estratégicas en el gobierno de Dilma Rousseff, no se
insertan en el proyecto de nación y, peor aún, están subordinadas a los sectores
conservadores. En la misma semana de aprobación de la PEC 125 el gobierno, a
través de la ministro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de
la República, María del Rosario, protagonizó un hecho vergonzoso y autoritario
contra la libre manifestación de los movimientos sociales. De nuevo, el nucleo
del choque tuvo que ver con la agenda ambiental. La ministra no concedió la
palabra a los representantes de la sociedad civil convidados a la reunión del
Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (Cddph). En la ocasión
fue presentado y votado el informe de impresiones sobre Las violaciones de
derechos humanos de la tierra y del medio ambiente, en el Pará, redactada por la
Comisión Especial designada por el Cddph. Después de apelar al reglamento
interno del consejo que dice que los presentes solo pueden manifestar sus
observaciones después de la deliberación de los consejeros, la ministro cambió
repentinamente de pauta sin ofrecer la posibilidad del derecho de palabra.
La ministra quería que Belo Monte fuera retirado del informe
En su opinión el documento debía abordar específicamente la cuestión de la
violencia en el campo, y no denuncias de violaciones de derechos humanos a
consecuencia de la construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte.
"Es un
informe sobre violencia. La cuestión de Belo Monte es un capítulo de ese
informe. Sería a una irresponsabilidad de mi parte no colocar eso en el
documento considerando que las personas que han sido escuchadas, las comunidades
indígenas, las entidades de la sociedad civil y el propio Ministerio Público
presentaron relatos de situaciones que pueden configurar violencia actual o
futura relacionada con la construcción de la planta”. Dice el periodista
Leonardo Sakamoto, de la ONG Repórter Brasil, que integró y fue designado como
relator de la comisión especial del Consejo de Defensa de los Derechos de la
Persona Humana (Cddph) que verificó las violaciones a los derechos humanos en la
región conocida como Tierra del medio, en el estado de Pará.
No es ninguna novedad que el
gobierno no tolera ni acepta crítica
acerca de la
construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. El megaproyecto es uno de los
más caros del gobierno al lado de la transposición del de S. Francisco que
también fue noticia en esos días. A pesar de las reiteradas críticas de la
Iglesia, de las comunidades científicas, de ambientalistas y del movimiento
social, el gobierno nunca aceptó echar atrás dicho proyecto.
El modelo neodesarrollista que tiene en el programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC) su síntesis y su traducción en inversiones
en infraestructura logística (carreteras, ferrovías, hidrovías, puertos,
aeropuertos); infraestructura energética (combustibles renovables,
generación de energía eléctrica, transmisión de energía eléctrica, petróleo
y gas natural) e infraestructura social y urbana (metro, saneamiento,
habitación) se desarrolla de forma autoritaria. Las voces que cuestionan el
modelo son tachadas de estar contra el progreso y la distribución de la
renta.
Gobiernos de la nueva izquierda atrapados en el mantra del crecimiento
Detrás del orden del
crecimiento económico, de la atracción de los inversionistas y de la promoción
de las exportaciones, los gobiernos de América Latina argumentan, dice Eduardo
Gudynas, que "el Estado capta parte de esa riqueza para mantenerse a sí mismo y
financiar programas de lucha contra la pobreza”. En esa óptica, continúa el
sociólogo, "la izquierda gobernante no sabe qué hacer con los temas
ambientales”, acabando por ver en ellos lo contrario, y no pasan de vagas
referencias a la cuestión ecológica y hasta de equivocaciones hacia la Pacha
Mama, que se convierte en un obstáculo al crecimiento económico y, por tanto,
"un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a
los más necesitados”. Asistencia que hace a los gobiernos cada vez más
dependientes de la exportación de las materias primas.
Como destaca Tadeu
Breda, "con algunas pequeñas características que cambian de país a país, está
cada vez más claro que los gobiernos de la ‘nueva izquierda’ y sus políticas
neodesarrollistas no lograrán corregir las desigualdades más profundas de
nuestra sociedad. Es más, no ofrecerán alternativas reales de desarrollo y
bien-estar. Por eso, los pueblos se están organizando y hablando cada vez más
alto. Es necesario escucharlos”.
Según la antropóloga
Rita Segato, en América Latina se tiene "un bloque más sensible al bien estar,
pero que no logra pensar la posibilidad de una transformación, de una mejoría en
la situación fuera del proyecto eurocéntrico. No ha habido una ruptura. Quedamos
eclipasados porque son gobiernos de izquierda, pero esa novedad no es muy
profunda. Entraran para competir, participar de la concurrencia para emerger
como bloque dentro de los mismos principios y objetivos del capitalismo global”.
Esa izquierda -en el
poder en el continente- continúa prisionera de una lectura que se reduce a la
lógica productivista, donde lo importante es el desarrollo de las fuerzas
productivas y el crecimiento de la economía. Esa concepción de matriz marxista
se aproxima al liberalismo, que también quiere el desarrollo de las fuerzas
productivas. Se distancian apenas en el instrumento de apalancamiento del
capital. Para los primeros ese papel cabe al Estado; para los segundos, al
mercado. En esa lógica la agenda ambiental no tiene lugar, porque es considerada
un freno al desarrollo de las fuerzas productivas.
Una crítica al
modelo (neo)desarrollista. Límites del modelo productivista y consumista
Hay una creciente
percepción, incluso entre economistas de mercado, que los costos ambientales del
modelo desarrollista no pueden ser ignorados.
Entre ellos, se
encuentra Eduardo Gianetti da Fonseca. Al hablar de la economía de mercado, el
profesor del Instituto de Enseñanza e Investigación (Insper) de Sao Paulo,
alerta sobre los impases del modelo productivista y consumista. Según él, es
necesario un cambio en los valores y en la forma de producir y consumir. De no
ser así, la factura recaerá sobre el medio ambiente. "Y el ambiente no acepta
desafueros”.
Gianetti es
categórico en sus críticas al "costo ambiental de las opciones elegidas en los
modos de producción y consumo”. En un contexto en que economistas y gobernantes
conmemoran el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), él afirma que " la
medida del PIB es muy estúpida, porque ella apenas registra lo que pasó por el
sistema de precios, sin saber lo que, de facto, está sucediendo con la vida de
las personas”.
En opinión de
Gianetti, "la necesaria transformación de esos patrones de consumo, en la
dirección de la sostenibilidad, solo será posible si los costos ambientales
fuesen incorporados a un sistema de precios que hoy ignora la destrucción del
planeta.” Para él, "los países que están llegando tarde a la fiesta del consumo
no van a poder participar. Nos guste o no. Y el dilema es saber cómo
compatibilizar las aspiraciones de la nueva clase media que surge en el mundo,
con los límites del patrón que nos fue vendido por el proyecto ilustrado del
progreso”.
Los gobiernos
alineados a la izquierda no han conseguido proponer alternativas que desvinculen
a la ciudadanía del ejercicio de consumir. El patrón de american way of life
continúa siendo la aspiración de la emergente clase media mundial y "el cálculo
de la salud económica de los países se volvió ciego a los problemas ambientales
que afectan la vida de las sociedades de hoy”.
Márcio Pochmann,
otro economista reconocido por sus análisis del mercado de trabajo, se suma a
aquellos que perciben la necesaria revisión del patrón de crecimiento del
consumo material global. Sin eso, dice, el proceso de cambios climáticos
continuará, perjudicando principalmente a los más pobres, siempre más
vulnerables a los efectos de la crisis ecológica. En opinión de Pochmann, "la
perspectiva de las naciones no ricas para enfrentar la crisis ecológica global
no puede ser la misma defendida por los ricos”.
El periodista y
ambientalista Washington Novaes quien hace muchos años viene alertando a los
ricos de los riesgos del modelo productivista-consumista destaca que "el consumo
global ya está por encima del 30% más allá de las posibilidades de reposición
planetaria; en el que ya se perdió también 30% de la biodiversidad total; y
todavía es necesario evaluar las consecuencias de una población mundial que
transita de los 7 billones de individuos de hoy hacia 9 billones, por lo menos,
hasta el 2050”.
Pese a todas las
implicaciones citadas anteriormente, la lentitud de los gobiernos
latinoamericanos para enfrentar los problemas ambientales persiste. Movimientos
sociales, investigadores y comunidades indígenas se ven manifestando en contra
de los grandes proyectos de hidroeléctricas, de extracción mineral y de la pifia
en las políticas ambientales en América del Sur, que insisten en seguir el
recetario de los dictados de los países desarrollados.
Desarrollo y la
izquierda. Una crítica
En estos últimos
años, la América Latina ha contado con un gran número de gobiernos provenientes
de partidos de izquierda o, por lo menos, en oposición a la tradicional derecha.
Sin embargo, la dificultad de cambio estratégico en la agenda de esos nuevos
líderes políticos ha demostrado la fragilidad en las tomas de decisiones que
trasciendan el prisma desarrollista, bastante descoyuntado de las actuales
demandas socioambientales.
En Brasil, según
José Luis Fiori, en los años 1950, tres instituciones tuvieron un papel central
para el llamado desarrollo de izquierda. Primero, el Partido Comunista Brasileño
(PCB) que apoyó la elección de Juscelino Kubtischek, en 1955, en una perspectiva
etapista para llegar a la revolución socialista. La segunda institución fue el
Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB), que reunió un número
significativo de intelectuales de izquierda para un proyecto
nacional-desarrollista. Por fin, las contribuciones de la Comisión Económica
para América Latina (Cepal), que también influyó fuertemente el pensamiento de
la izquierda desarrollista, aunque nunca haya sido una institución de izquierda.
En los años de 1970, surgió la Escola de Campinas, un centro de estudios
económicos que participó activamente en la formación del Plan Cruzado.
En este inicio de
siglo, en que el gobierno progresista se encuentra en el poder, para Fiori "el
desarrollismo de izquierda estrechó tanto su ‘horizonte histórico’ que acabó
transformándose en una ideología tecnocrática, sin ninguna capacidad de
movilización social”. La agenda neoliberal provocó un dislocamiento del debate
para el campo de la macroeconomía. En el análisis de José Luis Fiori, "el `neodesarrollismo´
acaba repitiendo los mismos errores del pasado y proponiendo un conjunto de
medidas aún más vagas y gelatinosas de lo que ya había sido la ideología
nacional-desarrollista de los años 50”. Por tanto, por lo que parece, la
izquierda continúa renuente a abandonar la vieja cartilla, en un momento en que
la sociedad global necesita reinventarse para dar cuenta de cómo garantizar el
futuro de las generaciones.
Analizando la
izquierda mundial, en uno de sus artículos, Immanuel Wallerstein destacó que uno
de los debates cruciales de hoy, justamente sucede entre la perspectiva del
desarrollismo y el de la prioridad del cambio de civilización, ligada a los
riesgos ambientales mundiales. Esa cuestión, por ejemplo, "está presente en
América Latina, en los debates fervorosos entre los gobiernos de izquierda y los
movimientos indígenas -por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela.
Se impone, por
tanto, la siguiente cuestión: ¿cómo superar las seculares enfermedades sufridas
por los pueblos latinos, en una perspectiva que trascienda el discurso
desarrollista, más allá del crecimiento económico basado en el consumo
depredador?
En opinión de Carlos
Chacho Álvarez, secretario general de Aladi (Asociación Latinoamericana de
Integración), en el momento actual, "la mayoría de los países latinoamericanos
volvió al ejercicio de pensar en sí por sí mismo, de establecer estrategias de
desarrollo a partir de sus propias necesidades y de sus intereses reales”. Al
partir de una postura positiva por el momento por el cual pasa América Latina,
Álvarez defiende que el proyecto de desarrollo para el siglo XXI, en esa región,
debe contar con el dominio de la política y de la democracia sobre el mercado,
favoreciendo la disminución de la pobreza y de la desigualdad.
Tomar decisiones
políticas que rompan con el viejo desarrollismo economicista, atendiendo a las
demandas históricas de una población excluida de sus derechos sociales,
políticos y civiles y, ahora, ambientales, continúa siendo un desafío para los
países latinoamericanos.
Río+20. La falta de
osadía
El debate de la
sobre-explotación de los recursos naturales y de sus límites se da en el
contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo, Río+20. Se
destaca en el documento de contribución brasileña a la Conferencia, que el país
no logra escapar de "una verdadera apología a la manera habitual de la
conducción de los negocios, el llamado business as usual”. Y hace un
cuestionamiento: "¿si el país que va a abrigar la conferencia no osa de
apuntalar horizontes innovadores en sus posiciones, cómo esperar que la propia
reunión despierte entusiasmo proporcional al que debería ser su importancia?”
Según Abramovay, "es
preocupante que en vez de preconizar rígidos criterios socioambientales en la
explotación de la energía, los productos básicos agrícolas y mineros, el
documento brasileño (pero eso aparece también en otros textos de la conferencia)
insista en el temor de que estos criterios puedan ser usados, en el comercio
internacional, como barreras no tarifarias”. Si el país anfitrión no parece
estar muy seguro del papel crucial que podría asumir en este momento, la
Conferencia Río+20, la Cumbre de los Pueblos, que ocurrirá en el Aterro do
Flamengo, con aproximadamente 10 mil personas, se prepara para ser un espacio
bastante propositivo. Delante del marasmo de los debates oficiales, movimientos
sociales de todas partes del mundo buscarán respuestas concretas para la
resolución de los problemas socioambientales.
Como ponderó Fátima
Mello, miembro del comité facilitador de la sociedad civil para Río+20, "la ONU
solo habla de combatir la pobreza, pero no habla de combatir la riqueza.
Lo que nosotros vamos a debatir en
la Cumbre es la tesis de la justicia ambiental. Ese concepto significa que
existe una inmensa desigualdad en los impactos ambientales del modelo de
desarrollo vigente”.
Este texto, es un
documento anexo del XIII Informe de Análisis de Coyuntura Latinoamericana del
Centro Gumillas, que comprende el periodo enero-marzo 2012.
Fuente: http://www.argenpress.info/2012/05/la-izquierda-roja-se-transforma-en.html
En
consecuencia,
la llamada «cuestión
ambiental»
está en el centro de los conflictos entre los movimientos sociales y los
gobiernos de Nuestra América. Es un enfrentamiento entre el ¡NO! y el
¡SÍ! al
«modelo
extractivo». Los gobiernos progresistas lo promueven y subsidian en
nombre del crecimiento económico, de las fuentes laborales y la
distribución de la renta. Sin embargo, la verdad es otra.
Darío Aranda,
en “Andalgalá, caso testigo”, escribe:
“Bienestar económico, desarrollo local y cuidado ambiental. Son las
principales promesas de las empresas mineras, gobiernos provinciales y
funcionarios nacionales. Es lo mismo que prometió hace 18 años Minera
Alumbrera, cuando comenzó su instalación. Los vecinos creyeron y, tras
quince años de extracción de cobre y oro, rechazan la megaminería porque
confirmaron en primero persona que no llegó el trabajo prometido, se
acumulan las denuncias por contaminación y, en una nueva etapa de la
política minera, se acentuó la represión contra los vecinos que rechazan
la actividad. Bajo la Alumbrera, ubicado entre los diez principales
yacimiento de cobre del mundo, es el caso testigo de una actividad tan
millonaria como cuestionada que, en los últimos ocho años, aumentó 1500
por ciento (…)” Fuente: http://darioaranda.wordpress.com/2012/05/06/la-alumbrera-el-caso-testigo/
Eduardo Gudynas,
en
"Alcances y contenidos de las transiciones al
post-extractivismo desde fuera", define:
"Extractivismo depredador Corresponde al estilo de
desarrollo actual, caracterizado por un extractivismo que es intensivo,
que afecta grandes áreas geográficas, volcado a la exportación, de alto
impacto social y ambiental, y dudosos beneficios para el desarrollo
nacional. Sus ejemplos son las actividades clásicas, tales como la
explotación petrolera en la Amazonia de Ecuador, la minería a cielo
abierto en Perú y Bolivia, o la expansión de los monocultivos de
exportación en los países del Cono Sur. En todos los casos se
observan altos impactos sociales y ambientales, que ya fueron recordados
más arriba. Son actividades que descansan en economías de enclave, casi
siempre desconectadas de redes productivas locales o nacionales, y que
en muchos casos deben estar protegidas por fuerzas de seguridad (sean
privadas o estatales). Es un estilo con una fuerte presencia de empresas
transnacionales, sea por emprendimientos propios de esas
corporaciones (donde los ejemplos más claros se encuentran en Perú,
Colombia y Argentina), o en asociación con empresas estatales o mixtas
(tal como ocurre en Bolivia, Venezuela o Brasil). Es un sector orientado
a la exportación de materias primas, empujado por la globalización, con
altísimas ganancias para las empresas, y aceptado por los gobiernos
sudamericanos como forma de alimentar sus economías".
Destaca:
"(...)Alternativas y
transiciones
Llegados a este punto,
frente a la seriedad de los impactos y limitaciones del extractivismo es
necesario postular una estrategia alternativa post-extractivista. Esta
alternativa debe ofrecer cambios que respondan a los diversos
problemas que encierra el extractivismo, pero a la vez, deben demostrar
que son posibles y viables. La tarea entre manos se puede ilustrar con
algunos ejemplos, a saber:
-
Los impactos sociales
del extractivismo incluyen situaciones como el aumento de las
desigualdades, desplazamiento de comunidades, violencia,
etcétera, de donde las alternativas deberán proponer estrategias
enfocadas en la calidad de vida de las personas y en erradicar la
pobreza, sin esperar por las soluciones de supuestos “derrames”
económicos.
-
En los aspectos
ambientales, las alternativas deberán impedir la destrucción de las
áreas naturales, la contaminación y otros efectos
negativos producidos por prácticas extractivistas. A su vez, en lo
que podría calificarse como una dimensión socio-ambiental, se
deberá revertir la actual externalización de los costos del
extractivismo hacia el resto de la sociedad, modificando
sustancialmente la asignación de precios. En la
dimensión territorial, se deben detener los procesos de
fragmentación y desterritorialización propios del extractivismo.
-
En el campo económico,
es evidente que se vuelve imperiosa una reforma tributaria sobre el
sector extractivista, y la aplicación de tasas y cánones para evitar
cualquier dumping socio-ambiental.
De esta manera, es posible
identificar urgencias y necesidades alternativas, que conforman un
conjunto de puntos que necesariamente deben estar contemplados
en cualquier alternativa. Varios de estos elementos se ilustran en las
siguientes secciones del presente artículo. Pero este ejercicio también
indica que las alternativas puntuales e instrumentales no son
suficientes (entendidas como “desarrollos alternativos”), y
que en realidad es necesario un cambio sustancial a toda la idea del
desarrollo contemporáneo.
Tal como ya se
adelantó arriba, es necesario enfrentarse a la base ideológica que
sustenta el desarrollo convencional
contemporáneo,
tanto en sus bases
conceptuales como en sus prácticas, institucionalidad y
discursos legitimantes.
Por lo tanto, el post-extractivismo es parte de una “alternativa al
desarrollo”. Existen muchos antecedentes que nutren estos esfuerzos.
La crítica al desarrollo ya tiene más de cuatro décadas, y existe un
nutrido acervo de reflexiones sobre los límites sociales y
ambientales del desarrollo contemporáneo, y distintas propuestas de
reorientación enfocadas en atacar la pobreza, la calidad de vida y la
protección ambiental. Son particularmente importantes los programas para
“desmaterializar” y reducir las economías, inspirados por ejemplo
en los aportes del Instituto Wuppertal en Alemania (por ejemplo, Sachs y
Santarius, 2007), en tanto implican reducir la demanda por materias
primas y energía. A su vez, se han logrado propuestas detalladas sobre
economías alternas viables que no descansan sobre el crecimiento (por
ejemplo, Jackson, 2009). En paralelo existen expresiones de la sociedad
civil con reclamos y ensayos similares. Por ejemplo, el movimiento de “ciudadanos
en transición”, originado en Irlanda y ahora difundido en
Inglaterra, Estados Unidos y otros países, se centra en reducir el
consumo de energía y apoyarse en la resiliencia local (entendida como
las capacidades de amortiguación y elasticidad ambiental local), y en
promover la calidad de vida a nivel comunitario y estilos de vida
simples (véase por ejemplo, Hopkins, 2008).
Debates similares están en
marcha en América del Sur. Por ejemplo, las demandas por reformar la
minería, incluyendo moratorias en distintas zonas, son importantes en
Perú y Bolivia; en Ecuador existe una fuerte discusión sobre
las explotaciones petroleras en la Amazonia; y discusiones similares
están en marcha en los demás países. Simultáneamente, en la región se
encuentran ensayos de alternativas al desarrollo que ofrecen insumos de
gran importancia. Estos son los casos de la agroecología, la
economía social y solidaria, la defensa de una política más
participativa y comunitarista, y los debates sobre el Buen Vivir. En
el caso de Perú, en la última campaña electoral, una sustancial
coalición de redes y organizaciones ciudadanas, elevaron reclamos por
“alternativas al extractivismo”, y generaron las primeras
reflexiones sobre “transiciones” hacia el post-extractivismo
(véanse los ensayos en Alayza y Gudynas, 2011). Las alternativas
post-extractivistas que emergen de estas condiciones deben ser
entendidas como un proceso de transiciones. Esto es necesario en tanto
las alternativas deben estar adaptadas a cada circunstancia social y
ambiental, y por lo tanto no constituyen “recetas” rígidas que
todos deben seguir. Pero a su vez, se entiende que estas alternativas
al desarrollo son una construcción política, donde el aprendizaje y la
ampliación de la base ciudadana, requiere avanzar por pasos sucesivos.
Esto no implica renunciar a los cambios sustanciales, ya que cada uno de
los pasos, incluso los más modestos e iniciales, deben alentar y obligar
a dar nuevos pasos de transformación.
Imaginar un camino
propio: cero pobreza, cero extinciones
Establecida la necesidad
de una alternativa al desarrollo que sea post-extractivista, es
necesario revisar algunos de sus contenidos más importantes. En las
secciones siguientes se ofrecen distintos ejemplos de esos contenidos,
sin pretender agotar todos los puntos. A los fines del texto es
inevitable separarlos en distintos apartados, aunque todos
ellos conforman un conjunto estrechamente interrelacionado. A su vez,
este ejercicio también puede ser útil en el caso ecuatoriano, ya que el
Plan Nacional del Buen Vivir de SENPLADES (2009) todavía carece
de precisiones sobre las vías y mediaciones concretas para alcanzar una
meta post-extractivista. Un primer paso es precisar de mejor manera las
metas que buscan las transiciones al post-extractivismo. En el
caso ecuatoriano esto es muy claro: se debe erradicar la pobreza, y
asegurar que no existirán nuevas extinciones de especies (o destrucción
de ecosistemas). Postular “cero pobreza” y “cero extinciones” puede
ser considerado como una formulación muy genérica, e incluso puede
argumentarse que dichos similares se encuentran en las clásicas
declaraciones de las cumbres presidenciales, es necesario advertir
diferencias claves. Por un lado no se postula “reducir la pobreza”,
tal como es propio por ejemplo de los Objetivos del Desarrollo
del Milenio. A su vez, la meta de cero extinciones implica una posición
de fuerte compromiso ambiental, y no aparece como una condición
subsidiaria a objetivos sociales, sino con el mismo nivel (...)"
Saca:
Conclusiones
A
partir del presente resumen de algunos de los contenidos que
actualmente se consideran en las propuestas post-extractivistas, es
adecuado subrayar ciertos aspectos. En primer lugar, es evidente que
estamos lejos de una ausencia de contenidos posibles para esas
alternativas. A lo largo de los últimos años se ha acumulado un
importante volumen de análisis y reflexiones, lo que permiten generar
estrategias más complejas, con detalles más precisos a nivel sectorial,
incluyendo medidas de implementación prácticas. En el presente artículo
sin duda no se presentan todas las que actualmente están disponibles,
pero las que se enumeran sirven para ilustrar esta potencialidad. Por lo
tanto, no se comparten las posturas que siguen encerradas en el plano de
las declaraciones genéricas o que insinúan que todavía hacen falta más
investigaciones. Por el contrario, se deberían aprovechar todas estas
opciones de contenido que deben ser puestas en discusión. Esto tampoco
implica aceptar el extremo opuesto de pensar que ya se ha completado
toda la tarea de generar esos instrumentos. En realidad, sigue
siendo necesario proseguir investigando y reflexionando en ese campo.
Pero más allá de la relevancia de nuevas investigaciones, hoy en día es
posible generar y defender planes de acción mucho más concretos. En
segundo lugar, se debe profundizar la tarea de articular cada uno de
esos elementos entre sí, asegurando complementariedad y coherencia en
promover las transiciones al post-extractivismo. A su vez, que estas
propuestas estén directamente enfocadas en las metas de cero pobreza y
cero extinciones. Un tercer aspecto considera que si bien es posible
elaborar propuestas postextractivistas con muchos detalles, de todos
modos no pueden ser propuestas cerradas, y deben mantener la
flexibilidad. Se deben al menos introducir dos condiciones: permitir
ajustes para cada contexto social y ambiental, y permitir procesos de
aprendizaje que la mejoren de manera continuada. En cuarto lugar, estos
ejercicios implican rescatar la validez de las “alternativas”. A pesar
de los tiempos de cambios que se viven en América Latina,
persisten distintas barreras en imaginar otros futuros distintos a
aquellos propios de la ideología del progreso. De esta manera, la
apuesta por el post-extractivismo requiere fortalecer las capacidades
para promover visiones utópicas que iluminen prácticas de cambio
concretas. Finalmente, como quinto punto, la construcción de
alternativas post-extractivistas requiere de sujetos políticos que las
alimenten y difundan desde sus prácticas políticas. En este terreno el
papel de la sociedad civil sigue siendo esencial, y es en muchos casos
en su seno donde están surgiendo los aportes más interesantes para
imaginar esos otros mundos posibles".
Repito el cuarto punto:
"estos ejercicios implican rescatar la validez de las “alternativas”. A
pesar de los tiempos de cambios que se viven en América Latina,
persisten distintas barreras en imaginar otros futuros distintos a
aquellos propios de la ideología del progreso". Porque el gobierno CFK y
fuerzas de la izquierda conciliadora con el capitalismo como Nuevo
Encuentro afirman lo contrario. Carlos
Heller dice: "Resulta difícil abstraerse del tema YPF, pues constituye un punto de
inflexión en la historia argentina. Esta consideración fue el eje de mi
presentación, el lunes pasado, del libro de mi autoría La Argentina
actual y los desafíos para el cambio. La aparición del libro se realiza
en un momento maravilloso, en medio de un proceso de profundos cambios,
que están llenos de tensiones; pero no podía ser de otra manera, puesto
que los conservadores, es decir la derecha, no aceptan pasivamente el
cambio. Puede aseverarse que la crispación que aparece en estos momentos
no es de quienes proponemos los cambios y trabajamos para ellos, sino de
quienes, utilizando todos los recursos, se oponen de las formas más
arteras a que esos cambios puedan llevarse a cabo (...)"
Fuente:
http://www.partidosolidario.org.ar/noticias/tiempos-de-cambios-y-de-nuevos-desafios.html
Pregunto si los tribunales
populares no deberán juzgar a las cúpulas de los partidos mayoritarios y
de la izquierda K por hacer creíble que puede haber democracia e incluso
estar avanzando a la emancipación nacional cuando se concreta el
crecimiento en la concentración y
transnacionalización tanto económica como territorial. Además mantienen
y
refuerzan el verticalismo en las organizaciones sociales y partidarias
que contribuyen a la delegación en el presidencialismo de la voluntad política
popular. A su vez, tal autoritarismo posibilita que los pueblos del país
-las víctimas de la opresión- sean señalados después como los culpables de
apoyar a los gobiernos neoliberales y neodesarrollistas.
Silvia Ribeiro
nos plantea:
Walmart, ¿manzana
podrida?
Practica una notoria política antisindical, que comenzó desde que su fundador
anunció que la base de su negocio sería pagar salarios bajos sin beneficios
laborales
El 21 de abril de 2012, el "New York Times"
(NYT) publicó un reportaje mostrando que Walmart pagó 24 millones de dólares en
sobornos, para construir tiendas y dominar el mercado en México. Altos
ejecutivos de Walmart conocían los casos desde 2005 y lo ocultaron. Por el
contrario, fraguaron una investigación contra el denunciante, un ex ejecutivo de
Walmart que renunció por sentirse discriminado, aunque había sido uno de los
encargados del pago de sobornos.
Eduardo Castro-Wright, ejecutivo
identificado por el diario como la fuerza motora de los sobornos, fue ascendido
a la vicepresidencia de Walmart México y luego a jefe de todas las tiendas de
Estados Unidos, por haber hecho de México “una de las unidades con más
ganancias”.
Ante la mala publicidad, los ejecutivos de
la empresa afirman que ahora emprenderán investigaciones. Todo indica que la
denuncia del NYT representa una mínima parte del negocio de la corrupción de
Walmart, otras grandes empresas y funcionarios. El dinero mencionado parece
cambio de bolsillo para una trasnacional que facturó 421 mil 849 millones
dólares en 2011.
Walmart es la empresa más grande del mundo y
lo ha sido por más de una década, superando a petroleras y bancos en la cima del
poder económico mundial. Tiene casi el doble de ventas globales que su
competidor más cercano, la cadena Carrefour.
En 2009, el negocio de ventas de alimentos y
abarrotes superó por primera vez al poderoso mercado global de la energía,
pasando a ser el mercado más grande del mundo. (Datos en "¿Quién controlará la
economía verde?"
www.etcgroup.org/es
) No es un rubro cualquiera. Es un mercado cautivo de toda la población global
que no produce alimentos, porque nadie puede vivir sin comer. La competencia por
controlar ese inmenso mercado es feroz y como vemos, no conoce escrúpulos.
Desde su actual posición, Walmart controla y
ejerce una influencia brutal sobre grandes sectores de la producción, el consumo
y la política. Practica una notoria política antisindical, que comenzó desde que
su fundador Sam Walton anunció que la base de su negocio sería pagar salarios
bajos y no pagar beneficios laborales. Siendo el empleador privado más grande de
Estados Unidos y México, Walmart logró bajar significativamente los salarios
medios de toda la industria. Más de 60 por ciento de sus trabajadores en Estados
Unidos no tiene cobertura médica y la cifra es mayor en países del Sur.
En pocas décadas ha acumulado un historial
impresionante de demandas que van desde no permitir la sindicalización de
empleados a muchas otras razones cubriendo casi todo el espectro imaginable de
violaciones laborales: despidos injustificados, discriminación de discapacitados
y de género, trabajo infantil, falta de cobertura de salud, no pago de tiempo
extra, empleo de trabajadores indocumentados, agresión contra vendedores fuera
de sus locales y otras. En Estados Unidos ha sido objeto de 40 “acciones de
clase” en diversos Estados, principalmente por discriminación de género,
implicando a millones de mujeres. En México tiene el primer lugar en demandas
laborales en el Distrito Federal (Laura Gómez, La Jornada, 3/5/12).
Walmart de México (Walmart, Sam’s Club,
Bodegas Aurrera, Superama, Suburbia, Vips, El Portón y Ragazzi) controla más de
la mitad del mercado de ventas minoristas en el país, superando a todas las
otras cadenas juntas. Tiene una agresiva política para eliminar competidores en
ciudades y poblaciones más pequeñas, donde se establece muchas veces contra las
protestas de la comunidad. Comienza ofreciendo precios más bajos y cuando los
comercios locales desaparecen, los aumenta incluso considerablemente por arriba
de nivel medio. Según Walmart Watch, organización de afectados por el gigante en
Estados Unidos, por cada dos empleos que genera en una comunidad, se pierden
tres.
La entrada del gigante a los contratos
agrícolas con pequeños productores significó la ruina de muchos campesinos de
Centroamérica, que seducidos por la supuesta “oportunidad”, quebraron en poco
tiempo debido a las demandas de uniformidad, cantidad, plazos, empaques y el
control impuesto de certificadoras internacionales, quedando con grandes deudas
por las inversiones que realizaron para poder entrar al juego.
Los precios bajos de Walmart se deben
también a la utilización sistemática de maquiladoras en condiciones de extrema
explotación. Una trabajadora de una maquila en Bangladesh dijo a los Los Angeles
Times en 2003 que su horario normal era de 8 de la mañana a 3 de la madrugada,
para sobrevivir con el nivel de pagos que fijaba Walmart. El gerente de esa
maquila se quejó de que “aún debían mejorar, porque Walmart conseguía mejores
resultados en China”. En efecto, ahora 80 por ciento de los productos de Walmart
son producidos en China, en pésimas condiciones laborales, a costa de la calidad
y en varios casos demostrados, usando productos tóxicos por ser más baratos. De
todas las exportaciones chinas, 12 por ciento van a los anaqueles de Walmart.
Walmart es un caso extremo de impactos
contra trabajadores, consumidores, comunidades salud y ambiente, pero no es una
excepción, es la norma del sistema industrial globalizado, particularmente en
alimentos. Al otro extremo de esa misma cadena, con un historial de abusos
semejante, están Monsanto, Syngenta y otras.
Por fortuna, la mayoría de los alimentos son
producidos fuera de esas cadenas por campesinos, pastores, pescadores
artesanales y huertas urbanas.
Apoyar esa producción y
consumir productos locales y sin químicos es fundamental para minar a estos
gigantes que quieren controlar nuestra comida, nuestra salud, nuestros trabajos,
nuestras comunidades, nuestra vida.
* Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo
ETC.
La Jornada
Fuente: http://www.lahaine.org/index.php?p=61486
۞
Emanciparnos
del sistema capitalista -cuyo funcionamiento patentiza
Walmart- no provendrá de la
integración con el Estado como lo realiza:
II FORO NACIONAL “Hacia Otra Economía” que
se realizó en la ciudad de Mendoza, los días 10, 11 y 12 de Mayo de 2012 y
antes "solicita
a los señores senadores acompañen la presente iniciativa" teniendo en cuenta los
siguientes:
"FUNDAMENTOS
El
Foro Hacia Otra Economía
es una iniciativa plural y abierta,
organizada en forma conjunta desde varias universidades públicas,
instituciones estatales y organizaciones sociales que promueven la economía
social y solidaria.
Entre
sus objetivos generales establece: 1) Contribuir a la construcción de un sujeto
colectivo a partir de una articulación permanente entre Universidades,
organizaciones socio- económicas, movimientos sociales y Estado que se
constituyan como polo de referencia promotor de otra Economía, inspirada en los
criterios y principios de la Economía Social como practica emancipadora.2)
Avanzar en la conceptualización de la otra Economía a partir de identificar y
diferenciar los modelos en disputa: “transformación social o mientras tanto”.
Los
Objetivos Específicos propuestos para tal alcance son: constituir el Foro en un
espacio de aprendizaje colectivo; facilitar la articulación y la convergencia
entre las distintas prácticas, buscando acuerdos y consensos parciales,
respetando la pluralidad y dando lugar a las controversias; impulsar políticas
públicas y normativas innovadoras en materia socioeconómica, dando cuenta de las
transformaciones en curso en el mundo de la economía, de la producción y el
trabajo, particularmente a nivel local y regional.
Como
antecedentes, durante el año 2011 se realizó el primer Foro, en la sede de la
Universidad Nacional General Sarmiento, sito en la localidad de Los Polvorines,
con participación de más de un centenar de organizaciones, donde expusieron
referentes académicos y dirigentes de diferentes organizaciones con experiencias
de base en este campo. En razón del balance realizado se estableció avanzar y
multiplicar la discusión y consensos con sentido federal, razón por la cual se
realizará este año en la provincia de Mendoza.
Ante un
escenario de crisis internacional, repensar otra economía en el marco de la
comisión de PYMES y de Economías Regionales trae como correlato la
necesidad de reconocer y ampliar el diseño y gestión de Políticas Públicas que
trasciendan su dimensión meramente asistencial con nuevos regímenes de
protección y regulación económica -productiva que incluyan la incorporación y
participación activa de estos actores en el sistema económico tanto en escalas
micro- meso y macro económica comprendiendo y acompañando su rol sustantivo en
la construcción y dinámica integral del Territorio.
Por otra
parte, esta iniciativa de alcance nacional se enmarca en un escenario en el que
se viene desarrollando en diferentes lugares del continente Latinoamericano
(Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, México) y en nuestro país un proceso de
institucionalización de las prácticas de la Economía Social y Solidaria
a través de modificaciones de nivel constitucional, leyes nacionales,
provinciales y ordenanzas municipales, practicas y procesos
asociativos-solidarios de múltiples alcances productivos, culturales,
educativos, de hábitat, entre otros en la que sujetos económicos vienen
participando e impulsando procesos de producción- trabajo –redistribución y
consumo construyendo nuevos sentidos de racionalidad económica manifestándose en
diversas prácticas a través de ferias, mercados, cooperativas, fabricas
recuperadas, emprendimientos económicos asociativos con significativo impacto en
el desarrollo territorial y regional.
Este evento,
se enmarca asimismo en un proceso global de revisión de los marcos
institucionales adecuados para el desarrollo sostenible y el diseño de una
economía de transición, ejes sustantivos de la próxima Conferencia de las
Naciones Unidas para el desarrollo Sostenible “RIO+20” (http://www.uncsd2012.org/rio20/)
y la simultánea Cumbre de los Pueblos por la Justicia social y ambiental en
defensa de los bienes comunes(http://rio20.net/),
a realizarse ambas en Río de Janeiro a mediados del próximo mes de Junio.
En razón de los argumentos expresados solicito a los señores senadores acompañen
la presente iniciativa".
A continuación
está: "El
Senado de la Nación. DECLARA. De interés parlamentario la realización del II
FORO NACIONAL “Hacia Otra Economía” ".
Fuente: http://www.ungs.edu.ar/foro_economia/wp-content/uploads/2012/04/Declaración-de-interes-parlamentario.doc
۞
Justo el Senado de la Nación que representa al neofeudalismo reinante en el país
por una ciudadanía de baja intensidad sobre todo en las provincias a la cual la mayoría
naturalizamos.
-------
A)
Veamos porqué independizar la lucha por otro país-mundo posible del
gobierno-Estado CFK:
1.
“Burguesía nacional” que el proyecto político del kirchnerismo considera
como un protagonista principal del capitalismo serio
A dos meses de la
tragedia de Once
Por: Juan Pablo Olsson
(INFOSUR)
No debemos permitir
que la efervescencia provocada por la expropiación del 51% de Repsol- YPF
encubra el significado de la tragedia de Once,
que el 22 de febrero pasado dejó 51 muertos y más de 700 heridos. Se trata de
analizar la lógica de construcción de poder económico y político del kirchnerismo, que tiene en el Grupo Cirigliano
uno de los ejemplos más paradigmáticos del crecimiento empresario a costa de
subsidios del Estado y corrupción. Al mismo tiempo, este grupo muestra la
relación directa entre corrupción y muerte de víctimas inocentes, como
consecuencia de la irresponsabilidad y la impunidad de su accionar, favorecido
por la complicidad de funcionarios del gobierno.
El fiscal de la
causa, Federico Delgado, considera que fueron las condiciones en que se prestaba
el servicio las que influyeron en el accidente, en tanto no se tomaron las
medidas preventivas y de mantenimiento que debieron tomarse; en consecuencia, al
evaluar que existió una “connivencia” entre los funcionarios y la empresa, las
mayores imputaciones de la tragedia recaen sobre los organismos del Estado
dependientes del Ministerio de Planificación: la Secretaría de Transporte y la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) junto a los dueños y
ejecutivos de TBA. Otro elemento clave será el resultado de la pericia contable
de la empresa, a fin de establecer la forma en que TBA utilizó los subsidios que
le ha aportado el Estado: en teoría, esos fondos debieran haberse destinado
principalmente al pago de sueldos y al mantenimiento de los trenes. No es esta
la única causa del Grupo Cirigliano, ya que se lo ha vinculado con el
enriquecimiento ilícito del anterior Secretario de Transportes Ricardo Jaime,
escandalosamente absuelto por el inefable juez Oyarbide, lo cual da cuenta de la
necesaria complicidad judicial. Pero los subsidios de TBA tampoco han sido la
única fuente de su acelerada acumulación de capital y su crecimiento empresario.
El grupo Plaza
comenzó en 1959 con un colectivo comprado por Nicola Cirigliano, padre de Mario
y Claudio, al poco tiempo de llegar desde Italia. Al cabo de unos años, adquirió
las líneas 61 y 62 y en 1975 les cedió la gestión a sus hijos. Desde entonces se
iniciaron relaciones con el poder militar; pero el avance decisivo llegó gracias
a sus relaciones con Menem: en 1991 la empresa Transporte Automotor Plaza
integra el holding COMETRANS, que en 1994 gana la licitación de Trenes de Buenos
Aires (TBA) y con las líneas Mitre y Sarmiento concentra el 40% de los trenes de
pasajeros metropolitanos. En 1993 instalan dos fábricas: Emprendimientos
Ferroviarios S.A (EMFER) -dedicada a la reparación y mantenimiento de carrocería
de trenes- y Tecnología Avanzada en Transporte S.A (TATSA) para armado y
refacción de vehículos de transporte público de pasajeros; lo cual les permite
facturar esos trabajos, aunque no los hayan realizado. Pero la cercanía con el
poder se incrementa aún más a partir del 2003, gracias a los aportes que Claudio
Cirigliano reúne para la campaña presidencial de Néstor Kirchner. Favorecidos
por esas relaciones, van adquiriendo sucesivas líneas de colectivos, hasta
llegar a contar con 1.500 unidades de corta, media y larga distancia, que
transportan actualmente alrededor de 200 millones de pasajeros por año.
Además de las
empresas dedicadas a cría de ganado, inversiones y transacciones inmobiliarias,
al llegar la televisión digital terrestre, la íntima vinculación con los
gobiernos Kirchner les permitió acceder a nuevos rubros. El holding COMETRANS,
que integra mayoritariamente el Grupo Plaza de los hermanos Cirigliano, fue uno
de los principales beneficiados por el gobierno nacional, para el armado de los
decodificadores que se repartieron en forma gratuita a 1.2 millones de
beneficiarios de planes sociales, antes del inicio del Mundial de Fútbol de
Sudáfrica.
Siguiendo la misma
dinámica, con su empresa Corporate Corp en 2010 proveyeron 250.000 netbooks
escolares para el plan Conectar Igualdad. Su relación directa con el Ministro de
Planificación Julio De Vido, les permitió además participar en uno de sus
últimos grandes negocios: a través Cometrans Qatar, en enero de 2011 se acordó
un proyecto para que Argentina importe 8 millones de dólares diarios de gas,
junto a la instalación de una planta de regasificación en el sur de nuestro
país. De este modo, los Cirigliano suman a sus múltiples actividades, ni más ni
menos que el transporte y la manipulación de gas licuado: una actividad
considerada de altísimo riesgo, ya que cualquier accidente generado en barcos
gasíferos por negligencia o falta de mantenimiento, equivale a la explosión de
varias bombas atómicas.
El Grupo Cirigliano
es uno de los ejemplos nefastos de esa “burguesía nacional” que el proyecto
político del kirchnerismo considera como un protagonista principal del
capitalismo serio. En los tiempos K, el proceso de acumulación primitiva y
reproducción del capital tiene dos fuentes principales: por un lado, la
corrupción, que permite enriquecerse mediante negocios privados con bienes
públicos y, por otro, las comisiones y coimas que se cobran a las corporaciones
y bancos extranjeros para garantizarles su accionar impune en el país: la
Barrick Gold es sólo uno de ellos
Fuente: http://www.argenpress.info/2012/05/dos-meses-de-la-tragedia-de-once.html
2.
"Sintonía fina" significa ante todo pasar del pacto (Gobierno y CGT con UIA)
a la deslegitimación de la lucha de sujetos colectivos de derechos y
autonomía
Sobre el 1º de mayo de 2012
Por: Julio C. Gambina (especial para
ARGENPRESS.info)
Cada celebración del
día internacional de los trabajadores nos da la oportunidad de discutir sobre el
papel de los proletarios en la sociedad contemporánea: el capitalismo en crisis.
No resulta una novedad si destacamos en la coyuntura
la ofensiva del capital sobre el
trabajo en nuestro tiempo,
el que consignamos en las últimas cuatro décadas. Hace tiempo se inició el
desarme histórico de las conquistas logradas en memorables luchas del movimiento
de trabajadores. Ese desarme histórico se inició en Sudamérica, con el golpe de
Estado en Chile y sus émulos en los países vecinos. Fue una iniciativa de
desorganización de los trabajadores para facilitar el camino de transformación
hacia la iniciativa privada y el neoliberalismo. El trayecto iniciado en
Santiago y continuado en el Cono Sur de América se proyectó a Londres y a
Washington para recalar en el primer mundo a caballo del paso de la década del
70´ a la del 80´, y desde entonces generalizarse en el mundo hasta la presente
crisis mundial del capitalismo.
En este trayecto son cuantiosas
las pérdidas de derechos de los trabajadores en todo el mundo,
especialmente de sus ingresos, agudizando el fenómeno de la explotación,
recreando la esencia del funcionamiento capitalista. La relación salarial
capitalista se extiende en todo el mundo, universalizando el régimen de
explotación.
El
capital, en la era de la transnacionalización subordina a la población
trabajadora del mundo a vender, en condiciones cada vez más miserable, su fuerza
de trabajo.
-
Es cierto que en esta década, en la región latinoamericana se verifican
mejorías relativas en los indicadores sociales, sea por salario o empleo,
aunque sin recuperar la media lograda hacia los años 70.
La mejora
relativa de este tiempo es contra el peor momento de la crisis emergente en
el cambio del siglo XX al XXI. La CEPAL informa que a fines del 2010 existen
177 millones de pobres en América Latina y el Caribe (el 30,4% de la
población), de los cuales, 70 millones son indigentes (el 12,8% del total de
habitantes). (1) La cifra era mayor en el 2002, con 225 millones de pobres
(43,9% de la población) y 99 millones de indigentes (19,3% de los
habitantes).
-
Es cierto que hubo una merma de la pobreza en la región latinoamericana
derivada del gran crecimiento desde 2003,
pero sobre la base del mantenimiento de una importante brecha entre los
sectores de mayores ingresos y los sectores sociales empobrecidos. Además,
ese crecimiento generó deformaciones en la estructura productiva y
ocupacional, que como señala la titular de CEPAL Alicia Bárcena al destacar
que “…estos logros están siendo amenazados por las enormes brechas que
presenta la estructura productiva de la región, y por los mercados laborales
que generan empleos de baja productividad, sin protección social".
La
ofensiva del capital sobre el trabajo es un fenómeno estructural que lleva
cuatro décadas y que empieza a tener límites en la múltiples indignaciones
construidas en la década,
sean los movimientos de piqueteros, fábricas recuperadas y trabajadores en
búsqueda de nueva organicidad (CTA) hacia la crisis del 2001; el movimiento
indígena en la zona andina; los estudiantes chilenos y colombianos en el último
año y una multiplicidad de protestas que definen en el ciclo de crisis un
oponente al proyecto liberalizador de las clases dominantes.
Los trabajadores en la Argentina
Hablar de los
trabajadores en la Argentina remite a un universo de 17 millones de personas que
componen la población económicamente activa (PEA), o en edad de trabajar, entre
los que se cuentan, según el INDEC, más 1.216.000 desocupados (7%) y unos
15.762.000 (93%) ocupados. La PEA incluye a los trabajadores y a los patrones, y
excluye a los estudiantes y las amas de casa, lo cual constituye una limitación,
pues existen mujeres desocupadas que reproducen la conducta impuesta de las
tareas del hogar disminuyendo el impacto del desempleo. Algo similar ocurre con
los estudiantes, cuya situación disimula el carácter de desempleado o posterga
el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo, induciendo una lectura
inadecuada de los niveles reales de desempleo.
En el cuadro puede
verse que según sea el empleador, existen 2.649.000 trabajadores del sector
público (nacional, provincial y municipal) y casi 13 millones en el sector
privado. Los trabajadores asalariados son 9.243.000; entre los cuales, se
destacan 5.257.000 (57%) trabajadores registrados y 2.866.000 (31%) no
registrados.
Situación de la PEA en Argentina 2011
PEA 16.978.000
100%
Desocupados 1.216.000
7%
Ocupados 15.762.000
93%
Planes de empleo 131.000
1%
Estatales 2.649.000
17%
Privados 12.983.000
83%
Patrón y trabajadores familiares sin remuneración
861.000 7%
Trabajadores x cuenta propia
2.857.000 22%
Asalariados 9.243.000
71%
Registrados 5.257.000
57%
No registrados 2.866.000
31%
Servicio doméstico 1.120.000
12%
En los datos
mencionados sobresale el desempleo (7%) y los trabajadores no registrados (31%),
porque hay que retroceder mucho en la historia para encontrar esos registros de
desempleo y precariedad. En los 70´ el desempleo oscila entre el 3 y el 5%; en
los 80´ entre 4 y 8%; y en los 90´ entre el 7 y el 11% en la primera mitad, y
luego pasa a los picos del 18% en 1995 y 21,5% en 2002.
El saldo, luego de cuatro décadas
de ofensiva del capital constituye una brutal transferencia de recursos desde
los salarios a las ganancias,
ya que la distribución de la renta muestra, que recién en 2011, la participación
del salario alcanza a los valores de 1999, previo a la gran pérdida de ingresos
que supuso para los trabajadores los últimos años de la convertibilidad, durante
la recesión entre 1998 y 2002, y el proceso de devaluación del 2002, agravado
con la emergencia de la inflación desde el 2006.
El balance de la última década
(2002-2011) incluye para los trabajadores
la contradicción de
la expansión del empleo a tasas no conocidas en la historia económica de la
Argentina, pero con salarios bajos y precariedad laboral, que en contrapartida
significó asegurar grandes ganancias derivadas de la reactivación de la economía
Argentina.
La mejora salarial ocurrida en la Argentina se opera desde el 2002, pero aún no
alcanza los valores relativos del 2001, y bastante más lejos del mejor momento
previo a la recesión entre 1998 y 2002. Si la base de cálculo del INDEC remite a
valores de 1993, el índice salarial marca 88,6 para 1994, y baja hasta 77,4 en
el 2001, siendo de 72,88 en el 2011. (2)
Más allá de contar
trabajadores y sus niveles de ingreso, o situación laboral, conviene considerar
las condiciones de su organicidad.
La ofensiva contra los
trabajadores supuso su desorganización social, sindical y política. El ataque
contra los trabajadores no fue sólo en la represión, o en la expropiación del
ingreso y en la mayor explotación, sino en deterioro de su capacidad de
respuesta sindical, social y política.
El resultado es
la pérdida en términos de democracia económica, política y social. Recuperar
la capacidad de organización de los trabajadores es una cuestión
democrática, necesaria e imprescindible para pensar en un pasaje de la larga
resistencia contra la ofensiva del capital a una contraofensiva de los
trabajadores. La recuperación de la economía recreó las condiciones de la
negociación salarial, no así de las condiciones de trabajo, pero sólo para
el tercio de trabajadores sindicalizados.
El
modelo sindical en discusión
Resulta interesante
comprobar que en la última década, el movimiento de trabajadores en la Argentina
contiene colectivos sindicalizados y otros en similar cantidad agrupados en
organizaciones sectoriales ó territoriales, dando cuenta de un fenómeno global
de extensión de la masa de los trabajadores por fuera de la relación laboral y
por ende de la sindicalización. Hay que destacar que en los 90´ surgió en la
Argentina la CTA, para intentar expresar ese fenómeno y constituir un nuevo
modelo sindical, superador de la contención corporativa y burocrática
persistente en el sindicalismo tradicional en las diferentes variantes de la
CGT. La CTA contiene en su seno a trabajadores ocupados o no, sindicalizados o
no, incluyendo afiliaciones individuales, sólo por su carácter de trabajadores.
La ruptura de la CTA
en el 2010 desafía al nuevo modelo sindical a expresar la necesidad histórica y
contemporánea del movimiento de trabajadores en la Argentina. Claro que es una
situación que se procesa en la disputa mundial por hacer emerger una nueva
representación política y social de los trabajadores, tal como se intenta en el
Encuentro Sindical Nuestra América, que se apresta a desarrollar su próximo
cónclave anual entre el 21 y 23 de mayo próximo en la ciudad de México (3). Es
curioso como el viejo modelo reflota ante situaciones críticas. Días pasados y a
propósito de la expropiación de YPF, la Central Sindical española, Comisiones
Obreras (CCOO) se pronunció a favor de la empresa, de los accionistas y la
“seguridad jurídica” de los inversores, todo en defensa corporativa de los
trabajadores españoles de la transnacional REPSOL (4). Es una actitud
“nacionalista” en tiempos de transnacionalización. Claro que sobraron los
ejemplos en contra desde la misma España, tal el caso de la CIGa de Galicia (5),
o LAB del país Vasco (6), por sólo considerar pronunciamientos hispanos, los que
asociaron a múltiples solidaridades de los pueblos de Europa y del mundo. No es
distinto a la solidaridad del sindicalismo europeo (tradicional) con los
bombardeos sobre Libia, o las solidaridades “humanitarias” ante variadas
invasiones imperialistas sobre soberanos países. También existe sindicalismo
alternativo en el continente europeo.
Es que la cuestión
del modelo sindical define el presente y el futuro del movimiento de
trabajadores. En este 1º de mayo conviene discutir el tema, ya que algunas
organizaciones sindicales y sus dirigentes privilegian la defensa de sus
intereses nacionales y sindicales por encima de los de la clase de trabajadores,
mayoritariamente no sindicalizados, informales y precarios en las condiciones en
que se desarrolla el mercado de trabajo en la actualidad.
Defender los
intereses de los trabajadores en 2012 supone recuperar la consigna del
Manifiesto Comunista de 1848: ¡proletarios del mundo, uníos! Pero ahora, sin la
restricción territorial que suponía un mundo “europeo” a mediados del Siglo XIX.
La transnacionalización de la economía impone la tendencia a la universalización
de la relación de explotación y la subsunción real del trabajo en el capital,
como señala Marx; una subordinación que involucra crecientemente a la naturaleza
y a la sociedad en su conjunto. Un problema de nuestro tiempo es la limitación
“nacionalista” de las reivindicaciones de los trabajadores, que subordina los
intereses de los trabajadores a la dominación “burguesa nacional”
(crecientemente trasnacionalizada). Muy distinto resulta la confrontación con el
imperialismo desde posiciones nacionales (populares), las que se asumen
articuladamente con las luchas de los trabajadores en todos los territorios,
sin
mediaciones de los Estados capitalistas y sus compromisos con las clases
dominantes locales y globales.
El comentario es pertinente ante la situación de crisis mundial del capitalismo,
ya que no hay Nación que pueda quedar al margen de la crisis y de la ofensiva
del capital para superarla.
Los trabajadores
estamos desafiados a luchar nacionalmente contra las manifestaciones de la
ofensiva del capital en cada uno de nuestros países, pero no se puede hacer al
margen de una lucha global contra el régimen del capital. Como en el Manifiesto,
164 años después se requiere elaborar un programa de transformaciones
socioeconómicas que parta de la lucha por la reducción de la jornada de trabajo
sin afectar ingresos y que renueve las condiciones de una acumulación de poder
de los trabajadores para luchar contra la explotación del hombre por el hombre.
Del mismo modo que en los comienzos de su constitución como sujetos por la
emancipación, hoy, los trabajadores debemos recuperar capacidad organización y
lucha para la transformación de la sociedad, en tanto problema social,
económico, político y cultural. La emancipación de los trabajadores es la
búsqueda de la liberación del conjunto de la sociedad.
¡Ante la crisis
capitalista, alentemos las búsquedas de
la unidad de los
trabajadores por la emancipación social!
Fuente: http://www.argenpress.info/2012/05/sobre-el-1-de-mayo-de-2012.html
B)
Veamos cómo es posible construir democracia desde abajo
De la
democracia de la calle a los Consejos Comunales: la democracia desde abajo en
Venezuela
Por
Andrés Antillano (Rebelión)
Nos proponemos en este trabajo discutir sobre las formas de
democracia desde abajo ensayadas por los sectores populares venezolanos durante
los últimos años, en un arco que se extiende desde la crisis de la democracia
representativa, a fines de los años 80, hasta la actualidad1.
Reseñar, de modo general y sin pretensiones de exhaustividad, las prácticas
colectivas en que incuban nuevas formas de acción política y de democratización,
que desestructuran las viejas figuras de la dominación y amplían los contextos y
las formas de ejercicio de soberanía popular. Preguntarse por las condiciones en
que emergen y los sujetos que las hacen posibles, las características que
adoptan –su distancia con las anteriores tácticas obreras y populares- sus modos
de socialización, sus escenarios.
Si bien nos referiremos a las prácticas y
sujetos populares urbanos en Venezuela, probablemente mucho de lo que se diga
sea común a otros contextos y procesos: los piqueteros argentinos, las luchas urbanas de las
periferias bolivianas, las revueltas de los barrios pobres en todo el
continente. Otras consideraciones, en cambio, sólo tendrían sentido para el caso
de Venezuela: la relación con el Estado y el significado de la autonomía en un
contexto como el venezolano, en que el Estado se convierte en el principal
propietario de los medios de producción y regulador de la vida social, tema que
adquiere mayor relevancia y complejidad en las relaciones entre las luchas
popular y el gobierno chavista. (...)
La crisis de la representatividad y la insurgencia de la
democracia de la calle.
A fines de febrero de 1989, habitantes de los barrios pobres
que rodean Caracas protagonizaron un masivo levantamiento que se prolongó
durante días, para solo cesar a costa de una brutal represión que dejó un número
incontable de muertos. Ésta, que fue probablemente la primera rebelión popular
contra el neoliberalismo en el continente, también divide las aguas de la
historia de Venezuela. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que poco
antes había ascendido al poder prometiendo reeditar la oferta populista de su
primer mandato para, en cambio, imponer un draconiano paquete de medidas
económicas neoliberales, cayó en una crisis de legitimidad que desembocó en su
expulsión del poder pocos años después. A la vez, se inicia un ciclo de
protestas populares cada vez más politizadas y confrontacionales, que es
determinante en los acontecimientos posteriores. Finalmente, un grupo de
militares que tienen en el llamado Caracazo su bautismo de sangre, deciden no
poner nunca más sus armas contra el pueblo, gestándose al interior del ejercito
una corriente de descontento que daría lugar a los levantamientos militares del
año 92. Febrero de 1989 cambió la historia del país.
Pero además, el Caracazo
supone la emergencia, violenta y
definitiva, de un nuevo sujeto popular. Si los episodios de luchas de masas
habían sido protagonizados hasta entonces por estudiantes y movimientos
sindicales, el 27 de febrero de 1989 es testigo de la insurgencia de un sujeto
marcado por la pérdida de la condición laboral, esencialmente desempleados o
trabajadores precarios, excluidos tanto del mundo del trabajo, del consumo y, en
tanto habitantes de las periferias urbanas empobrecidas, de la ciudad como trama
de inscripción social.
Se trata entonces de un sujeto excluido y precarizado, que no
tiene a la fábrica como espacio de socialización y organización, pues es el barrio y las relaciones de convivencia y solidaridad las que le dan forma;
ya no es la lucha por el rescate del trabajo o la plusvalía la que lo moviliza,
pues la vida toda es ahora un bien en disputa; la ciudad, y especialmente los
suburbios, es la superficie de su irrupción. No es casual que las protestas de
aquel día se hayan desencadenado en las ciudades satélites de los pobres en
contra del alza del pasaje, para luego extenderse a toda la ciudad y
diversificar sus objetivos, enfrentándose a la policía, saqueando comercios o
destruyendo vehículos e inmuebles.
Este sujeto, que tiene sus precedentes en luchas
de marcado carácter urbano como
las protestas por el agua, contra el alza del pasaje o contra
intentos de desalojo de barrios populares, desarrolladas en los años previos, se
convertirá en el actor central de los procesos históricos que vivirá Venezuela
desde entonces y hasta la fecha. Su gestación es inseparable de las nuevas
formas que adquiere el capital, el trastrocamiento del capital productivo en
capital especulativo que parasita todas las esferas de la vida; que sustituye la
ganancia, producida en la explotación directa del trabajo, por la renta,
extraída de todas las actividades y necesidades colectivas. No se trata ya de
luchas laborales. El ataque masivo a la vida supone que la vida toda, las
condiciones para su reproducción (vivienda, servicio, consumo, recreación y
afirmación simbólica), se vuelve materia de lucha.
Sus formas de lucha son propias de su naturaleza y de la
naturaleza de sus demandas: la recuperación de espacios y bienes expropiados por
la lógica del capital, privatizados o excluyentes, la toma de terrenos, de
fábricas, de espacios públicos, la apropiación violenta de bienes y servicios,
la acción directa y explosiva. La calle es su escenario. Se abandonan las formas
tradicionales de organización. El tumulto, la auto-convocatoria, la asamblea
sustituyen a estructuras formales y rígidas de pertenencia.
Tanto sus demandas, sus métodos y sus formas de organización
implican, de manera inmediata y directa, una transgresión de los límites de las
formas democráticas tradicionales, encorsetadas en la representación de
intereses y en los canales institucionales por los que discurriría esa
representación. Se trata en cambio de la puesta en escena de formas de
democracia plebeya, de calle, en que por la vía de la acción directa de las
masas se desestructuran las formas de dominación y se apropian colectivamente de
espacios y procesos de los que son excluidos.
Esta acción política de las masas supone la crisis de la
representación. Partidos, sindicatos y otras formas de intermediación conocen un
acelerado proceso de deslegitimación, al igual que los medios convencionales de
participación política (por ejemplo, la vertiginosa caída de la participación
electoral, tradicionalmente alta en Venezuela, desde fines de los 80). Toda
forma de representación e intermediación será, desde entonces, violentamente
recusada. Sólo quedarán, uno frente al otro, el sujeto popular, tumultuario e
ingobernable, y el Estado, que desnuda su rostro más cruel y autoritario. La
violencia de Estado y la represión sustituirán desde entonces a las desgastadas
formas de representación y cooptación. La masiva y cruenta represión con que el
Estado enfrenta las protestas de febrero establecerá el estado de excepción como
dispositivo permanente para el gobierno de los pobres. (...)
De la turba a los Consejos Comunales
En 2003 se crean los Consejos Locales de Planificación
Pública (CLPP), figura prevista en la Constitución de 1999. Aunque su impacto en
la vida política popular fue reducido, y el interés que en un principio despertó
se desvaneció rápidamente, su mención es importante para entender los cambios de
tácticas en la relación entre gobierno y el sujeto popular.
Esta modalidad de participación es una versión
del presupuesto participativo, instrumento que, luego de experiencias locales en Brasil,
se ha extendido a gobiernos de todo signo ideológico. Sin embargo, en el
contexto político venezolano, supuso un cambio significativo en las modalidades
de participación popular. Si las anteriores figuras de participación implicaban,
al menos retóricamente, el reconocimiento de poder de definición sobre la
gestión por parte de las bases populares, no excluían necesariamente el
conflicto. Por el contrario, lo potenciaban dentro del terreno institucional. La
participación comportaba una pérdida de poder para alguna de las partes
involucradas, y esto significó con frecuencia álgidos conflictos entre las
instancias gubernamentales y los actores populares a que se les abrían espacios.
Era habitual protestas de las cooperativas contra los organismos que las
contrataban exigiendo mejoras o enfrentando intentos de tercerización
encubiertos. En el caso de los Comités de Tierra, podían estar un día sentados
con los responsables de la políticas de vivienda, y al otro manifestándose en la
calle contra estas mismas políticas, sin que que tal contraste supusiera una
contradicción.
Pero con los CLPP esta tensión se resuelve a favor de la
institucionalización de la participación. Además del hecho de que los
participantes fueron electos por un número pequeño de activistas (un requisito
era formar parte de una organización formal, dejando de lado la práctica de
asamblea abierta que hasta ahora había prevalecido), la actividad en los CLPP se
redujo a presentar proyectos para su aprobación en el presupuesto ordinario del
municipio, lo que estimuló el conflicto entre comunidades que competían por los
recursos y las prácticas clientelares y burocráticas para lograr el favoritismo
de los decisores institucionales.
Una de las principales limitaciones de los CLPP, advertida
tempranamente, era la participación de segundo grado, que concentraba el poder
en delegados cuya comunicación con las bases populares era escasa. A la vez, su
competencia reducida a la elaboración del presupuesto local, cuando la cultura
institucional venezolana es prolífica en manejos discrecionales de recursos
extraordinarios, le restaron significación y eficacia política.
Dos años más tarde se crean, por vía de Ley, los Consejos
Comunales, como un intento de superar las limitaciones de los Consejos Locales
de Planificación Pública a través de la creación de instancias territoriales de
base, que formulan y ejecutan planes y proyectos locales. Pero su calado es aun
más relevante. Los Consejos Comunales, cuyo nacimiento coinciden con la
declaración del carácter socialista de la revolución bolivariana, se entienden
como un esfuerzo por construir una democracia consejista y una nueva
arquitectura estatal que descanse en órganos del poder popular. La propuesta
prende rápidamente y se crean decenas de miles de Consejos Comunales por todo el
país.
Como ya hemos sugerido, desde la convocatoria a una
Constituyente o la definición constitucional del régimen político como una
democracia participativa y protagónica, hasta las distintas figuras de cogestión
y participación,
la construcción de formas de democracia que superen el esquema
de la representación y promuevan el autogobierno y la participación popular en
el ejercicio del gobierno, ha sido parte del programa bolivariano desde los
inicios del gobierno chavista, por lo que la institución de un mecanismo de
participación y poder popular como los Consejos Comunales, sería una
consecuencia necesaria y esperada.
En efecto,
los Consejos Comunales pueden ser entendidos como
resultado de un proceso de acumulación y ampliación de prácticas y contenidos de
democracia desde abajo, así como de radicalización democrática del proceso
político venezolano, desde la contestación anti-neoliberal hasta la asunción del
horizonte socialista. En tal sentido, suponen un salto, en calidad y cantidad,
de los procesos de participación popular. Pero por otra parte, en tanto que su
génesis se encuentra en una iniciativa estatal, en un momento en que se culmina
la recomposición de la capacidad de comando del Estado como consecuencia de la
derrota política de la derecha y del aumento de las arcas fiscales, más que en
un proceso de auto-organización, han potenciado también el riesgo de
institucionalización y administración de la movilización popular.
Algunos rasgos que se han sido acentuado en la implementación
de los Consejos Comunales (tanto en algunas de sus definiciones, en la forma en
que se constituyen muchos de ellos, digitados por distintas instituciones
frecuentemente con el claro interés de mantener un control sobre los mismos, así
como también en el tipo de relaciones que se han favorecido desde el Estado)
contribuyen a este último efecto. Por una parte, se enfatiza en su papel en la
gestión local, comunal, con poca –o ninguna- participación en la definición de
políticas públicas o asuntos que trasciendan de su ámbito cercano. Aun en este
contexto, la tarea que fundamentalmente han cumplido los Consejos Comunales ha
sido la de formular y ejecutar, por vía de transferencia de recursos estatales,
proyectos para mejoras locales. Esto ha implicado la reducción del ámbito de
participación al reducido espacio social de la comunidad, desvinculándose de
procesos más globales y estructurales, y a una labor de gestión, intermediando
entre el Estado, que aprueba los proyectos y transfiere los recursos, y la
comunidad. Pero adicionalmente, la búsqueda de recursos para mejorar condiciones
de vida local contribuye a la competencia y aislamiento entre los distintos
Consejos, que pugnan entre sí por la aprobación de sus proyectos, favoreciendo
una relación clientelar con el Estado y de desagregación de las demandas en
iniciativas estrictamente locales.
Por otra parte, a diferencia de otras experiencias
consejistas en la historia, que nacen con un marcado carácter de clase, bien
porque su lugar de desarrollo es la fábrica, o por contar en su dirección a los
trabajadores organizados, los Consejos Comunales privilegian como contexto el
territorio y como sujeto a la comunidad, muchas veces velando el carácter
de clases de las contradicciones y, en consecuencia, de la lucha por el poder.
Las experiencias consejistas que se desarrollan dentro de las empresas, o que
tienen a la clase obrera como sujeto fundamental, responderían a una comprensión
histórica de que es la disputa por las relaciones de producción la base del
poder político. Si bien podríamos conceder que la producción, al menos la
producción fabril, ya no sería el centro ni de la dominación ni de la lucha de
clases, y así lo indicaría que el sujeto de los cambios recientes en Venezuela
no sean los obreros industriales, habría que preguntarse si este papel lo juega
ahora la comunidad, y si las relaciones de dominación, y la posibilidad de
sustituirlas por relaciones democráticas y de poder desde abajo, se expresan
principalmente en territorios acotados. En otras palabras, si es la comunidad,
desagregada en demandas locales, y sus relaciones, la fuente objetiva de una
forma de poder que le otorgue a los de abajo la soberanía y dirección de la
sociedad en su conjunto.
En la práctica, un número significativo de experiencias de
Consejos Comunales limitan su actividad a la gestión frente al Estado y
administración de recursos frente a sus bases. Por supuesto no es posible negar
los avances significativos que aún tan restringida labor implica en el
mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente en comunidades
tradicionalmente excluidas, así como en el desarrollo de aprendizaje y
capacidades locales, en una suerte de efecto “propedéutico” que permite la
acumulación de experiencias que cualifican a los actores locales para plantearse
desafíos de otra naturaleza. Pero en general, sin desconocer numerosas e
importantes excepciones, se ha impuesto un proceso de apaciguamiento,
desmovilización y despolitización del ejercicio del poder popular, en tanto que
se le desvincula de los intereses de clase y de su articulación en proyectos
generales, condición de la politización.
Se pasa de la movilización a la
gestión, del conflicto con el Estado al asistencialismo, del protagonismo
popular a la subordinación.
Es una especie común de la oposición y de sus medios,
demonizar a los Consejos Comunales por su supuesto control e instrumentalización
por parte del gobierno y sus afines, implicando en consecuencia una amenaza para
el pluralismo y la democracia. Este tipo de afirmaciones no sólo son falsas (por
su propia naturaleza los Consejos Comunales convocan a distintos actores de la
comunidad, incluyendo a opositores, y en áreas de clases medias y altas son
hegemonizados por sectores antichavistas), sino que encubren el verdadero riesgo
para la democracia (aunque en un sentido completamente opuesto al que pretende
la oposición) que por el predominio de determinado tipo de relación con los
Consejos Comunales, y en general con las distintas expresiones y formas de
participación popular, se juega en estos momentos en Venezuela. Más que el
peligro de su instrumentalización política, sería en buena medida lo contrario:
su despolitización, el vaciamiento de su valor revolucionario y transformador,
el predominio de un tipo de relación entre pueblo y Estado en que prima el
asistencialismo y las prácticas gestoras. Paradójicamente, lo realmente
amenazado, y esto estaría relacionado con los magros resultados en las últimas
citas electorales, es el propio proyecto chavista, fundado y sostenido por la
permanente movilización popular2.
La comunidad como sujeto del poder popular.
¿Es la comunidad una categoría que potencie la democracia
desde abajo, tal como se ha instalado en el discurso político en los últimos
años?
La noción de comunidad cuenta con una amplia solera en el
debate sociológico occidental. Tanto en el socialismo utópico como en las
tempranas elaboraciones de las ciencias sociales, la comunidad es vista de
manera nostálgica o como crítica al individualismo de la sociedad moderna. Por
otro lado, en América Latina, la comunidad se convierte en un constructo
político de primer orden de importancia en el desafío de la construcción del
Estado nación homogeneizante y racista, en las tradiciones campesinas, indígenas
y en los programas políticos beben de estas tradiciones, como el katarismo en el
altiplano boliviano y el zapatismo en los pueblos indígenas de Chiapas.
Sin embargo, la recepción reciente de la comunidad en América
Latina no proviene de estas fuentes, sino del influjo de los discursos
conservadores que nacieron de gobiernos neoliberales en los países centrales. En
ellos el nuevo comunitarismo ofrece una alternativa ideológica eficaz tanto a
los discursos universales centrados en la ciudadanía, propios de las posturas
socialdemócratas recién desalojadas del poder, y al discurso de las clases
sociales de las posturas más a la izquierda. La comunidad se opone a cualquier
universalismo, para despolitizar y restar legitimidad a las demandas universales
propias del Estado de bienestar o a programas políticos que pretendieran la
transformación de la estructura social.
En tal sentido, la noción de comunidad como sujeto, al menos
como se tramita en los programas políticos tanto neoliberales como progresistas
dominantes en el continente, es insensible a las diferencias de clases.
No hay ninguna diferencia entre una comunidad excluida, que lucha por acceder a
bienes y servicios básicos negados, y una comunidad de clase media que se
organiza para, por ejemplo, defenderse de los extraños y mejorar la seguridad.
La noción de comunidad despolitiza, disolviendo las demandas políticas,
universales por naturaleza, en demandas particulares, susceptibles de gestión
sin alterar las relaciones de poder y dominio. La comunidad desmoviliza:
en comunidades excluidas y empobrecidas, el énfasis en lo local encubre las
determinantes de su condición, de naturaleza sistémica, y por ello extra-local.
Finalmente, la centralidad de la comunidad en la gestión política promueve
prácticas y valores conservadores, pues la primacía de los intereses del grupo
local conduce a mirar con recelo a los “extraños”, así sean de la misma clase
social.
No se trata de desconocer la importancia de los procesos
comunitarios en el continente, ni la potencia transformadora de la forma
comunidad3,
en tanto ámbito en que se incuban nuevas relaciones sociales basadas en la
solidaridad y la equidad, sino de advertir sobre los riesgos que una recepción
acrítica del concepto puede acarrear para el ejercicio político. No es casual
que la retórica de la comunidad esté presente por igual en procesos como el
venezolano y en el discurso oficial del gobierno colombiano.
El protagonismo popular en Venezuela: desafíos y amenazas.
A partir de la derrota política del bloque reaccionario en el
referéndum de 2004, y de la recuperación del papel del Estado en la economía,
con la renacionalización de la industria petrolera en 2003 y el incremento de
los ingresos fiscales en los años subsiguientes, se culmina la derrota del
proyecto neoliberal que se había iniciado en 1989. El resultado es el
fortalecimiento de la capacidad reguladora, productiva y redistributiva del
Estado. Sin embargo, una vez derrotado el neoliberalismo, el riesgo pasa a ser
el remozamiento del capitalismo de Estado, fórmula vigente en Venezuela al menos
desde 1958 hasta los años 80, soportado en el papel del Estado en la apropiación
y distribución de la renta petrolera. Esto implica el surgimiento de nuevas
elites económicas al amparo de la inversión estatal, pero también reconducir y
refrenar la movilización popular, evitando así que ponga en peligro el nuevo
cuadro de dominación.
Así, la recomposición del Estado y el reacomodo del bloque
dominante con la emergencia de nuevas elites ha sido correlativo a los esfuerzos
por reducir el protagonismo popular, sustituyendo la movilización por el
encuadramiento institucional de la participación, y el ejercicio del poder desde
abajo por prácticas clientelares y asistencialistas. Se trataría de sustituir la
redistribución del poder por la redistribución de la renta. Vaciar la
participación popular de cualquier signo inquietante, de cualquier potencia
transformadora, reducirla a la pura gestión despolitizada que no interpele al
Estado y a los nuevos grupos de poder.
El socialismo no es sólo redistribución. Implica soberanía
popular, el control efectivo por parte del pueblo del proceso de producción
social. Si el poder popular no es poder para transformar las relaciones que
excluyen del ejercicio de la soberanía, si se reduce únicamente a la negociación
de prebendas, a la gestión de recursos, y no deviene práctica transformadora,
capaz de subvertir las relaciones de dominación y de apropiación privada de la
producción social, sea en sus modalidades pasadas o en sus nuevas expresiones,
entonces no es verdaderamente poder popular, acaso administración más o menos
benévola.
Por supuesto ésta no es una situación definida y clausurada.
A la par de las tendencias dirigidas a la cooptación, reconducción y
administración del ejercicio del poder popular, cobran fuerza prácticas de signo
contrario. La aparición de experiencias aún incipientes de control obrero en
empresas estatales, en que el problema del poder se juega en la confrontación
entre los trabajadores y el patrón, aquí bajo la figura del Estado-patrón, los
signos de desgaste del esquema asistencialista y la subsecuente movilización de
Consejos Comunales y otros sectores antes desmovilizados, son evidencias de que
se trata de un campo abierto lleno de tensiones y conflictos, y no de una
situación irreversible. Los procesos recientes de construcción de comunas, a
partir de la agregación de Consejos Comunales y ámbitos territoriales, a las que
se les atribuyen competencias legislativas, económicas y ejecutivas, abre un
espacio para superar los riesgos del localismo y la gestión. Los distintos
esfuerzos unitarios que actualmente florecen, que permiten la articulación de
sectores y demandas sociales antes dispersos, a la vez que incrementan su
capacidad de movilización, o la intensificación en los últimos meses de luchas
sectoriales pero con un intenso carácter político y de clases, como las
movilizaciones campesinas, las luchas urbanas, las tomas de tierra e inmuebles,
las protestas obreras, hablan de la vitalidad del protagonismo popular y de su
potencialidad para ejercer, a través de distintas tácticas, formas de soberanía
y autogobierno. El propio presidente Chávez ha insistido recientemente en la
necesidad de repolitizar y removilizar a las bases populares, exhortando a la
interpelación popular de las instancias de gobierno, para evitar su
burocratización.
¿Cómo evitar los riesgos de un Termidor que aniquile las
fuerzas populares desatadas por la revolución bolivariana? La tensión entre la
potencia constituyente que da lugar a la revolución, y la tentación de su
institucionalización, reduciéndola y gobernándola, quizás sea una deriva de todo
cambio revolucionario, sólo conjurado por la reactivación permanente de la
capacidad creadora y subversiva del pueblo.
No creemos en respuestas ensayadas lejos de las prácticas en
que se producen las preguntas, y mucho más cuando se trata de procesos inéditos
como el nuestro. Es al fragor de las luchas populares, del enfrentamiento con la
burocracia y la cooptación, en que se irán trillando los caminos. En todo caso,
se trataría de impulsar un proceso sostenido que permita la ampliación de la
democracia y del poder desde abajo, desafiando los límites que intenten
imponérsele. Esto pasa, al menos en el caso venezolano, por saber alternar la
negociación y el conflicto con las instituciones del Estado, con la acumulación
de experiencias y capacidades autogestionarias.
Al mismo tiempo,
exige construir intereses generales,
organización colectiva del poder, prescindiendo de la representación y de
cualquier forma que expropie al pueblo de su soberanía. Esto requiere la repolitización de los procesos y la lucha, asumiendo la perspectiva de clases.
La sociedad venezolana sigue siendo una sociedad capitalista, ahora con el
riesgo de revestirse de la forma de capitalismo de Estado. El fortalecimiento de
la democracia desde abajo pasa entonces por adoptar por parte de las luchas y
las prácticas populares, el punto de vista de las clases explotadas, tanto en
los intereses que se enarbolen, en los procesos de unidad que se construyan y en
la acción política capaz de apuntar a las condiciones que permiten la
reproducción de este carácter capitalista y que definen, a fin de cuentas, quién
detenta el poder real.
---
1 Este texto fue escrito en marzo de 2011. Aunque este último
año diversas circunstancias y acontecimientos podrían suponer nuevos elementos
en la coyuntura política venezolana y la valoración del momento de la revolución
bolivariana (elecciones presidenciales de octubre, enfermedad del presidente
Chávez, nacimiento del gran Polo Patriótico como espacio unitario, aunque con
serias amenazas de ser tutelado desde las instancias burocráticas, del
movimiento popular), en términos generales los rasgos y tendencias que aquí se
analizan tienen plena vigencia.
2 Un rasgo distintivo del proceso bolivariano, posiblemente
común a la de los otros países en que han llegado gobiernos populares por la vía
electoral, es su permanente “prueba” en las urnas electorales, que le otorga un
carácter “plebiscitario” continuado, que sólo puede ser sostenido en una intensa
movilización popular. A la vez hace que las elecciones se conviertan en un
momento de alta politización y movilización popular, a diferencia de otros
países, en que tradicionalmente las elecciones servirían para desmovilizar y
despolitizar.
3 García Linera, Álvaro (sin fecha) La Potencia Plebeya.
Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia.
Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz,
Bolivia.
* Andrés Antillano
es Activista social. Militante del Movimiento de Pobladores y de los
Comités de Tierra Urbana.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=148766
En
consecuencia, emanciparnos
del capitalismo cuyo funcionamiento patentiza
Walmart no provendrá de la
integración con el Estado como el
II FORO NACIONAL “Hacia Otra Economía”.
Un rumbo más representativo de la liberación social comenzó a impulsarse
con
el
1er
Congreso Villero.
Saludó esta
iniciativa
Carlos “Perro” Santillán, del Movimiento Tupaj Katari de Jujuy: “Este
congreso es una esperanza para unir fuerzas en la capital argentina y
llevarlas al resto del país y de la región, para que los de arriba
empiecen a temblar y a cumplir con el deber que el pueblo les exige”.
Hoy, a las seis de la tarde, integrantes de la Coordinadora volverán a
reunirse para plasmar las conclusiones de cada comisión que debatió en
el Congreso. Luego presentarán los reclamos y pedidos a las autoridades
porteñas.
Los organizadores ya evalúan un segundo Congreso y mayores iniciativas
en común. “Fue un Congreso extraordinario”, afirmó Romo y concluyó:
“Ahora el desafío es consolidar la corriente villera, darle continuidad
al espacio y empezar a luchar juntos para llevar adelante lo discutido.
Como dijimos en nuestra convocatoria, somos hombres y mujeres de
trabajo, capaces de pelearle a la vida un lugar de dignidad. Hoy el
desafío es ese, poner en pie al movimiento villero”.
Fuente: http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/89-territorio/1079-poner-en-pie-al-movimiento-villero
Sobre "La crisis de la representatividad y la insurgencia de la
democracia de la calle" en Venezuela
nos habla
Andrés Antillano
(Rebelión):
"(...)El Caracazo supone la emergencia, violenta y
definitiva, de un nuevo sujeto popular. Si los episodios de luchas de masas
habían sido protagonizados hasta entonces por estudiantes y movimientos
sindicales, el 27 de febrero de 1989 es testigo de la insurgencia de un sujeto
marcado por la pérdida de la condición laboral, esencialmente desempleados o
trabajadores precarios, excluidos tanto del mundo del trabajo, del consumo y, en
tanto habitantes de las periferias urbanas empobrecidas, de la ciudad como trama
de inscripción social.
Se trata entonces de un sujeto excluido y precarizado, que no
tiene a la fábrica como espacio de socialización y organización, pues es el barrio y las relaciones de convivencia y solidaridad las que le dan forma; ya no es la lucha por el rescate del trabajo o la plusvalía la que lo moviliza,
pues la vida toda es ahora un bien en disputa; la ciudad, y especialmente los
suburbios, es la superficie de su irrupción. No es casual que las protestas de
aquel día se hayan desencadenado en las ciudades satélites de los pobres en
contra del alza del pasaje, para luego extenderse a toda la ciudad y
diversificar sus objetivos, enfrentándose a la policía, saqueando comercios o
destruyendo vehículos e inmuebles.
Este sujeto, que tiene sus
precedentes en luchas de marcado carácter urbano como las protestas por el agua,
contra el alza del pasaje o contra intentos de desalojo de barrios populares,
desarrolladas en los años previos, se convertirá en el actor central de los
procesos históricos que vivirá Venezuela desde entonces y hasta la fecha. Su
gestación es inseparable de las nuevas formas que adquiere el capital, el
trastrocamiento del capital productivo en capital especulativo que parasita
todas las esferas de la vida; que sustituye la ganancia, producida en la
explotación directa del trabajo, por la renta, extraída de todas las actividades
y necesidades colectivas.
No se trata ya de luchas laborales. El ataque masivo a la vida supone que la
vida toda, las condiciones para su reproducción (vivienda, servicio, consumo,
recreación y afirmación simbólica), se vuelve materia de lucha.
Sus formas de lucha son propias de
su naturaleza y de la naturaleza de sus demandas:
la recuperación de espacios y
bienes expropiados por la lógica del capital, privatizados o excluyentes,
la toma de terrenos, de fábricas, de espacios públicos, la apropiación violenta
de bienes y servicios, la acción directa y explosiva. La calle es su escenario.
Se abandonan las formas tradicionales de organización. El tumulto, la
auto-convocatoria, la asamblea sustituyen a estructuras formales y rígidas de
pertenencia.
Tanto sus demandas, sus métodos y sus formas de organización
implican, de manera inmediata y directa, una transgresión de los límites de las
formas democráticas tradicionales, encorsetadas en la representación de
intereses y en los canales institucionales por los que discurriría esa
representación. Se trata en cambio de la puesta en escena de formas de
«democracia plebeya», de calle, en que por la vía de la acción directa de las
masas desestructuran las formas de dominación y se apropian colectivamente de
espacios y procesos de los que son excluidos. Esta acción política de las masas supone la crisis de la
representación. Partidos, sindicatos y otras formas de intermediación conocen un
acelerado proceso de deslegitimación, al igual que los medios convencionales de
participación política(.)".
Andrés Antillano
señala desvíos en la construcción del ejercicio de soberanía popular:
-
"(...)En la práctica, un número significativo de experiencias de
Consejos Comunales limitan su actividad a la gestión frente al Estado y
administración de recursos frente a sus bases. Por supuesto no es posible negar
los avances significativos que aún tan restringida labor implica en el
mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente en comunidades
tradicionalmente excluidas, así como en el desarrollo de aprendizaje y
capacidades locales, en una suerte de efecto “propedéutico” que permite la
acumulación de experiencias que cualifican a los actores locales para plantearse
desafíos de otra naturaleza. Pero en general, sin desconocer numerosas e
importantes excepciones, se ha impuesto un proceso de apaciguamiento,
desmovilización y despolitización del ejercicio del poder popular, en tanto que
se le desvincula de los intereses de clase y de su articulación en proyectos
generales, condición de la politización.
Se pasa de la movilización a la
gestión, del conflicto con el Estado al asistencialismo, del protagonismo
popular a la subordinación(...)".
-
"En tal sentido, la noción de comunidad como sujeto, al menos
como se tramita en los programas políticos tanto neoliberales como progresistas
dominantes en el continente, es insensible a las diferencias de clases.
No hay ninguna diferencia entre una comunidad excluida, que lucha por acceder a
bienes y servicios básicos negados, y una comunidad de clase media que se
organiza para, por ejemplo, defenderse de los extraños y mejorar la seguridad.
La noción de comunidad despolitiza, disolviendo las demandas políticas,
universales por naturaleza, en demandas particulares, susceptibles de gestión
sin alterar las relaciones de poder y dominio. La comunidad desmoviliza:
en comunidades excluidas y empobrecidas, el énfasis en lo local encubre las
determinantes de su condición, de naturaleza sistémica, y por ello extra-local.
Finalmente, la centralidad de la comunidad en la gestión política promueve
prácticas y valores conservadores, pues la primacía de los intereses del grupo
local conduce a mirar con recelo a los “extraños”, así sean de la misma clase
social.
No se trata de desconocer la importancia de los procesos
comunitarios en el continente, ni la potencia transformadora de la forma
comunidad3,
en tanto ámbito en que se incuban nuevas relaciones sociales basadas en la
solidaridad y la equidad, sino de advertir sobre los riesgos que una recepción
acrítica del concepto puede acarrear para el ejercicio político. No es casual
que la retórica de la comunidad esté presente por igual en procesos como el
venezolano y en el discurso oficial del gobierno colombiano".
Aclara sobre "El protagonismo
popular en Venezuela: desafíos y amenazas:
(...)El socialismo no es sólo redistribución. Implica soberanía
popular, el control efectivo por parte del pueblo del proceso de la producción
social. Si el poder popular no es poder para transformar las relaciones que
excluyen del ejercicio de la soberanía, si se reduce únicamente a la negociación
de prebendas, a la gestión de recursos, y no deviene práctica transformadora,
capaz de subvertir las relaciones de dominación y de apropiación privada de la
producción social, sea en sus modalidades pasadas o en sus nuevas expresiones,
entonces no es verdaderamente poder popular, acaso administración más o menos
benévola.
Por supuesto ésta no es una
situación definida y clausurada. A la par de las tendencias dirigidas a la
cooptación, reconducción y administración del ejercicio del poder popular,
cobran fuerza prácticas de signo contrario. (...) Los distintos
esfuerzos unitarios que actualmente florecen, que permiten la articulación de
sectores y demandas sociales antes dispersos, a la vez que incrementan su
capacidad de movilización, o la intensificación en los últimos meses de luchas
sectoriales pero con un intenso carácter político y de clases, como las
movilizaciones campesinas, las luchas urbanas, las tomas de tierra e inmuebles,
las protestas obreras, hablan de la vitalidad del protagonismo popular y de su
potencialidad para ejercer, a través de distintas tácticas, formas de soberanía
y autogobierno. El propio presidente Chávez ha insistido recientemente en la
necesidad de repolitizar y removilizar a las bases populares, exhortando a la
interpelación popular de las instancias de gobierno, para evitar su
burocratización.
¿Cómo evitar los riesgos de un Termidor que aniquile las
fuerzas populares desatadas por la revolución bolivariana? La tensión entre la
potencia constituyente que da lugar a la revolución, y la tentación de su
institucionalización, reduciéndola y gobernándola, quizás sea una deriva de todo
cambio revolucionario, sólo conjurado por la reactivación permanente de la
capacidad creadora y subversiva del pueblo.
No creemos en respuestas ensayadas lejos de las prácticas en
que se producen las preguntas, y mucho más cuando se trata de procesos inéditos
como el nuestro. Es al fragor de las luchas populares, del enfrentamiento con la
burocracia y la cooptación, en que se irán trillando los caminos. En todo caso,
se trataría de impulsar un proceso sostenido que permita la ampliación de la
democracia y del poder desde abajo, desafiando los límites que intenten
imponérsele. Esto pasa, al menos en el caso venezolano, por saber alternar la
negociación y el conflicto con las instituciones del Estado, con la acumulación
de experiencias y capacidades autogestionarias.
Al mismo tiempo, exige construir intereses generales,
organización colectiva del poder, prescindiendo de la representación y de
cualquier forma que expropie al pueblo de su soberanía. Esto requiere la repolitización de los procesos y la lucha, asumiendo la perspectiva de clases.
La sociedad venezolana sigue siendo una sociedad capitalista, ahora con el
riesgo de revestirse de la forma de capitalismo de Estado. El fortalecimiento de
la democracia desde abajo pasa entonces por adoptar por parte de las luchas y
las prácticas populares, el punto de vista de las clases explotadas, tanto en
los intereses que se enarbolen, en los procesos de unidad que se construyan y en
la acción política capaz de apuntar a las condiciones que permiten la
reproducción de este carácter capitalista y que definen, a fin de cuentas, quién
detenta el poder real.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=148766