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Interbarrial Agosto 2011 La «reforma agraria integral»,abajo y a la izquierda, acoge a la gran variedad de deseos y esperanzas de quienes componemos la diversidad popular. Nos reclama atrevernos a fructificarla en el «Nosotros» con poder para adueñarnos del proceso de construcción del buen vivir de todos sin discriminación de tipo alguno. Pero, entonces, precisamos confiar en la fuerza de liberar lo entrañable de cada cual, de cada agrupamiento social y del conjunto en vez de subordinarnos a restringir nuestra participación ciudadana en la elección de mandatarios que se convierten en mandamás o en quienes cercenan la soberanía nacional en beneficio del poder económico e imperialista.
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Otro país-mundo
requiere
«La reforma agraria integral»
Al consistir en la plataforma común de la diversidad popular para construir democracia real y efectiva. Sintetiza reivindicaciones vitales sólo de quienes se asumen sujetos de derechos y autonomía. Es decir, exige compromiso militante por la puesta en práctica del reconocimiento pleno de la dignidad humana de sus personas, sus sectores, sus etnias...Pero -debido a la esencia social de nuestra especie- la responsabilidad de esos iniciadores del camino emancipatorio (que es la desobediencia a subordinarse a las elites) les suscita multiplicar sus voluntades entre los diversos de abajo para la autodeterminación social y nacional.
En simultáneo a este recogimiento de necesidades e intereses de los diversos de abajo en pie de lucha emancipadora, la «reforma agraria integral» les da perspectivas de otro desarrollo que el capitalista y por eso, los involucra en concretar la autogestión y el autogobierno del territorio local, provincial, nacional, continental hacia otro orden mundial. Toma de decisión de adueñarse del destino común que arraiga al situarse, por ejemplo, como la Red de Resistencia a las actividades petroleras en los países tropicales (Oilwatch) Leer
Declaración de Kito
Las organizaciones de Oilwatch reunidas en Quito el 23 y 24 de julio del 2011 provenientes de África, Asia y América Latina
Reconociendo:
Que vivimos una crisis planetaria sin precedentes en la historia de la humanidad, que en muchos sentidos ya es una situación catastrófica que demanda de acciones y compromisos planetarios. Esta crisis no es solamente financiera o ambiental, es una crisis industrial, climática, social y política, y que por lo tanto las soluciones no pueden restringirse a un solo ámbito.
Que a través de viejas y nuevas hegemonías se imponen niveles de acumulación, dominación, despojo y destrucción que, en lugar de poner límites al capitalismo petrolizado, lo expanden amenazando los límites de la vida en el planeta y condenando a la violencia a centenares de pueblos alrededor del mundo.
Que es impostergable la crítica a la civilización petrolera y su tecnología dominante.
Proponemos:
-Colocar al petróleo en el centro del debate e identificar su relación con otras formas de dominación.
-Luchar contra al acaparamiento y extranjerización global de tierras, y apoyar los procesos de reforma agraria y reconocimiento del derecho de los pueblos para decidir sobre sus territorios, pues la construcción de la utopía requiere de territorios y espacios concretos para su materialización.
-Superar el reduccionismo impuesto en el debate global sobre cambio climático, que ha invisibilizado el modelo productivo basado en petróleo y sus procesos extractivos, los conflictos ambientales y la disputa por los territorios en los que este modelo se sostiene.
-Superar la nueva forma de medir al mundo: métrica del carbono; que ha impuesto como unidad de valor global al “carbono”, como una herramienta construida por el capitalismo para facilitar la creciente mercantilización del “clima”.
-Construir con urgencia nuevos patrones productivos que respeten y fortalezcan la existencia y los ritmos de la vida, que contribuyan a la emancipación de los pueblos.
-Construir alianzas con otros actores afectados por la civilización petrolera y la barbarie del capitalismo, incluyendo a trabajadores, sectores urbanos y rurales, académicos, mujeres y jóvenes para enfrentar todo el ciclo destructivo que produce el metabolismo directo e indirecto del petróleo y demás combustibles fósiles.
-Dejar el crudo en el subsuelo es para Oilwatch una estrategia para enfrentar de forma factible a toda la civilización petrolera a nivel local, nacional e internacional, de acuerdo a las particularidades de cada pueblo, nación o país.
Oilwatch (...)
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Oilwatch 10/08/2011 in Comunicados, Internacional
Fuente: http://opsur.wordpress.com/2011/08/10/declaracion-de-kito/
PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS
La «reforma agraria integral», abajo y a la izquierda, significa lucha por emanciparnos del capitalismo e imperialismo que nos interpela a "colocar al petróleo en el centro del debate e identificar su relación con otras formas de dominación" como manifiesta la red de Resistencia a las actividades petroleras en los países tropicales (Oilwatch). Esto nos desafía a instalar la deliberación pública sobre qué realidad presente y futura construye el modelo petrolero en vigencia:
1. Crecimiento de la concentración económica y de su impunidad por el papel del Estado
PRODUCEN:
A. Sometimiento estructural al desarrollo capitalista de China unida a EE.UU.
Publicación: Inversiones chinas en hidrocarburos
Por OPSur.- Vientos de cambio provienen de Oriente. El año pasado China fue el mayor inversor extranjero en el país, principalmente, mediante compras y fusiones con grupos locales del sector hidrocarburífero.
¿Avance de la extranjerización? No tanto, las compras se dirigieron sobre empresas inglesas y estadounidenses. En realidad, el proceso ha redundado hasta ahora en una “argentinización”, ya que uno de los grandes beneficiarios es la familia Bulgheroni, que aumentó su participación en la industria.
¿Concentración de capital? Efectivamente, en pocos meses, se produjo una rápida absorción y la consolidación de la segunda petrolera a nivel nacional, Pan American Energy.
¿Nuevas expansiones territoriales? Si bien todavía es temprano para especulaciones, varios indicios apuntan a esto, especialmente porque el objetivo fue la cuenca petrolera más importante del país, el Golfo San de Jorge, la única que se encuentra exportando petróleo crudo y la exploración offshore es un hecho.
¿Regulación estatal? Ausente con aviso.
Fuente: http://opsur.wordpress.com /2011/08/11/inversiones-chinas-en-hidrocarburos/
Empresas privadas, gobierno y sindicato
Entrevistada por OPSur la investigadora Adriana Giuliani (UNCo) detalló el contexto económico de la provincia que nuevamente es presentada como potencia energética de la mano de los hidrocarburos no convencionales. El juego de los diversos actores públicos y privados, las empresas operadoras como principales beneficiarias, el rol del sindicato petrolero, la desigualdad de ingresos y los escenarios que se generarían de concretarse los recientes anuncios fueron tomados como insumos para analizar la dependencia neuquina de las industrias extractivas. La economista señala como elementos centrales de su diagnóstico la desarticulación a nivel nacional de la política hidrocarburífera y la escasa voluntad por parte del gobierno local para promover otros sectores productivos.
-En la charla que tuvimos en noviembre de 2009 destacamos la preponderancia que tiene el sector extractivo en el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia, y cómo el manejo que se viene haciendo de esos recursos llevó a la economía neuquina, según tus propias palabras, “a una situación de suma precariedad”. A un año y medio de aquella entrevista, ¿caracterizarías el momento actual de la misma forma?
Sí, francamente, la situación no se ha modificado en nada. El sector extractivo sigue teniendo la misma participación, prácticamente un 50% del PBG, es decir que de la totalidad de las actividades económicas de la provincia, el sector extractivo representa la mitad. Lo cual es mucho, teniendo en cuenta además que los otros sectores de la economía tienen una muy baja participación. Esto hace que las perspectivas a futuro sean complicadas, porque lo que uno espera en una economía tan dependiente del sector de hidrocarburos es la diversificación, es decir, la posibilidad de ir desarrollando otras actividades, que con el tiempo vayan ocupando un lugar un poco más importante para ir complementando en lo posible esta relación. Pero al ser estos sectores tan débiles, un programa concreto de diversificación se vuelve difuso. Por ejemplo, el sector primario, que incluye al extractivo, es del 48-49% en la provincia, aportando la agricultura y la ganadería apenas un 1%. Pensar en una diversificación en torno a la agroindustria, que sería la primera etapa dentro de una posible diversificación, se hace difícil teniendo un sector primario tan débil.
La situación a nivel de PBG prácticamente es la misma que la que consideráramos hace un año y medio atrás. Luego, ¿qué es lo que esto trae aparejado? Como el sector extractivo aporta regalías al sector público -dejando de lado el porcentaje, que a nuestro criterio o comparado con otros países, es bajo-, el presupuesto de Neuquén sigue siendo un presupuesto alto. La situación que se genera inmediatamente es la de un sector público muy fuerte, algo que también destacábamos en la entrevista anterior, que se traduce en una gran demanda de mano de obra por parte del Estado.
O sea, para caracterizar a la economía neuquina en su estructura: tenemos un sector extractivo muy fuerte, que demanda escasa mano de obra –el sector hidrocarburífero demanda más capital que trabajo-, y otros sectores de la economía que no tienen la suficiente capacidad para absorber la mano de obra que se ofrece por parte de la sociedad, por lo que es el Estado neuquino el que sale a cubrir esa demanda. En consecuencia, tenemos un sector público muy grande, sobredimensionado, que también requiere de constantes ingresos para ser sostenido.
Esa es la radiografía, después uno puede profundizar. Es algo común en otras economías extractivas que el Estado tenga que salir a cubrir la demanda social de trabajo con ingresos públicos, a partir de un aparato burocrático muy grande, con planes sociales y de empleo, que no necesariamente satisfacen los servicios o los derechos sociales básicos.
-También veíamos que simultáneamente se producía un salto de los gastos corrientes por el incremento de la planta de personal del Estado, una desaceleración de los ingresos por regalías, y un incremento exponencial de la deuda pública. ¿Qué evolución siguieron estos indicadores?
Continúan de la misma manera. La extracción de hidrocarburos viene cayendo en la cuenca neuquina, al igual que en todo el país: desde el año 1998 a esta parte no ha habido una reactivación. A partir de 2008, con el argumento de la caída de los precios internacionales [de los hidrocarburos] en el contexto de la crisis económica global, y a pesar de que actualmente el sistema [de retenciones] separa los precios internacionales de los internos, la actividad en la provincia se retrajo, y consecuentemente, si bien las regalías no disminuyeron, tuvieron una desaceleración, al tiempo que los gastos corrientes continuaron creciendo, producto de las recomposiciones salariales y las nuevas incorporaciones. A fines de 2007 hubo cambio de gobierno, asumió otra línea dentro del Movimiento Popular Neuquino. Con los cambios de gestión siempre se producen nuevas incorporaciones, pero muchos funcionarios anteriores quedan, por lo que se van formando “capas”. Por eso hablábamos en ese momento de vulnerabilidad, de una precariedad que sigue existiendo, porque esos gastos corrientes hay que sostenerlos, son inflexibles a la baja, salvo que se decida despedir al personal.
¿Cómo se fue compensando esta situación hasta ahora? Con ingresos nacionales, por distintos programas, y con renegociaciones y prórrogas de las concesiones entre 2008-2009 que produjeron ingresos, que por ley deben destinarse a la reconversión productiva y no a otro fin, pero que al poco tiempo se utilizaron para hacer frente a diversos compromisos -salariales, aguinaldos, un vencimiento de bonos que había emitido el gobierno de [Jorge] Sobisch-, con la promesa de que serían devueltos, pero que en definitiva se utilizaron para partidas corrientes.
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-Luego del “descubrimiento” de yacimientos no convencionales de petróleo y gas, se produjeron anuncios en los que parece revivir el “Neuquén potencia energética”. Al margen de las consideraciones que puedan hacerse respecto de si son “descubrimientos” o no, tal como está configurada estructuralmente la provincia, ¿qué impactos te parece que pueden preverse de prosperar este tipo de explotación?
Durante los primeros meses del año hubo una gran cantidad de anuncios a nivel mediático, incluso en los medios nacionales, pero sobre los que no hemos podido acceder a ninguna información concreta. Hasta ahora [estos hidrocarburos no convencionales] son considerados “recursos”. Que puedan ser clasificados como “reservas”, o sea, que sean técnica y económicamente explotables, es un paso. Y luego falta que se concrete la extracción, porque está el tema de los precios, si las empresas de acuerdo a su lógica de maximización de beneficios la consideran rentable o no.
De concretarse todos esos pasos, ¿cuál sería la perspectiva?: una profundización del modelo actual. Neuquén viene llevando adelante este modelo desde hace muchos años. Si bien el petróleo se descubrió en 1918 en Plaza Huincul, la actividad comenzó a ser fuerte en la década de 1970, concretamente después del descubrimiento de Loma de La Lata, y en los últimos años, después de la privatización de YPF, que es cuando más se consolida este modelo. De poder sortearse los problemas actuales de caída en la producción y el amesetamiento de las regalías, y si el modelo volviese a funcionar como lo venía haciendo hasta hace algunos años atrás, lo que uno puede prever es que se continúe de la misma forma, es decir, que este modelo no tenga problemas de financiación.
No veo un programa concreto de diversificación. Muchas veces planteamos esto, y enseguida los funcionarios salen a contestarnos, a decir que estamos en una provincia rica en hidrocarburos, “¿qué vamos a hacer? ¿Dejar los hidrocarburos ahí abajo?”. No se trata de eso, por supuesto que la dotación de recursos naturales en un territorio debe ser aprovechada, pero hay que ver cuáles son las condiciones, cuál es la modalidad de explotación de ese recurso. No estamos diciendo que no se explote, por eso a veces comparamos la situación actual con la época en la que la explotación de hidrocarburos era estatal. Es decir, los objetivos son distintos, la lógica de explotación es diferente. Una empresa estatal, -no estamos hablando de reeditar YPF como era antes- cuyos objetivos son estratégicos, tiene un fin, mientras que la actual lógica a partir de empresas privadas, fundamentalmente multinacionales, tiene un objetivo claro que es maximizar beneficios. Y nadie les está diciendo a las empresas que no lo hagan, no podemos ir contra el sistema en este punto: si la política a nivel nacional y a nivel provincial es concesionar y dar la libre disponibilidad a las empresas, éstas van actuar con su lógica. El problema es cuál es la lógica que se plantea desde la política energética, tanto en el país como en la provincia.
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-Hablando de las empresas, hace unos años se decía que la provincia tenía una “alianza estratégica con Repsol-YPF”, ¿te parece que el marco de alianzas del MPN puede alterarse con el desembarco de empresas como Exxon-Mobil, que llegaron a la provincia para explotar estos yacimientos?
Repsol-YPF sigue siendo la más importante, la que tiene las concesiones de yacimientos de mayor envergadura, pero a partir de la última ronda de negociaciones, son varias las grandes operadoras, cada una tiene concesionadas sus áreas hidrocarburíferas, y hoy el gobierno también habla de “alianzas estratégicas”. O sea, se plantea a la sociedad que el gobierno neuquino está desarrollando esta actividad en conjunto con las empresas.
Creo que también lo hablábamos en aquella oportunidad, pero se ha visto con más claridad en estos últimos tiempos, que de aquella alianza estratégica también participa el sindicato [de petroleros] privados. O sea, cada vez que las empresas reclaman algo, como cuando reclamaban en la época de renegociación de las prórrogas -que hubo alguna discusión acerca de la pertinencia de renovar-, el sindicato salió a hablar de la necesidad [de hacerlo], de que si no se prorrogaba no iban a haber inversiones, o cuando se piden mayores precios el sindicato también sale a apoyar. Hay una alianza estratégica entre las empresas, el gobierno provincial -hablemos del caso local-, y el sindicato. En cada reclamo están presentes estos tres actores, esto es lo que se puede ver con claridad.
A nivel nacional lo que veo es que, para mi gusto, tendría que haber una política que –al menos- busque articular, porque luego de la provincialización, el hecho de que cada provincia administre individualmente sus recursos, concesione, prorrogue y negocie las condiciones de forma particular, para mí marca una debilidad de la política energética. Ya que la Ley Corta está sancionada, que por lo menos exista una articulación entre las distintas provincias productoras, porque sino cada gobierno -si es que realmente pretende negociar-, tiene poco margen, porque los acuerdos previos van marcando un camino. Cuando se prorrogó Cerro Dragón se establecieron ciertas cláusulas que eran muy difíciles de mejorar en la próxima ronda, que fue la de Neuquén. Diferente sería si lo hiciera el poder central, o a partir de una articulación mínima entre las provincias petroleras.
Mencionabas la cuestión nacional y cómo la política energética sufre una suerte de balcanización. ¿Por qué crees que el gobierno nacional puede favorecer el desarrollo de estos yacimientos? ¿En qué se vería beneficiado?
Para mí hay un déficit en el proyecto nacional en cuanto a la política de hidrocarburos. La configuración del sector es prácticamente la misma que en la época de Menem: los decretos que rigen el funcionamiento del sector son los que se dictaron en 1989. Si bien con modificaciones, la libre disponibilidad de los hidrocarburos, la posibilidad de exportar, la de mantener el porcentaje de divisas obtenida en el comercio internacional, siguen vigentes.
Lo único que ha variado es el esquema de retenciones, eso me parece favorable, ya que separa el precio internacional del interno. Supongo que el hecho de participar y favorecer estos anuncios busca demostrar que el sector está funcionando bien, que a pesar de no haberse hecho una reforma profunda, como creo que es necesario, sigue habiendo perspectivas, que estos nuevos reservorios también plantean la posibilidad de continuar aportando recursos. No conozco cuáles son sus objetivos en ese terreno, no lo han anunciado concretamente, aparentemente es continuar con esta misma política.
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-Volviendo a la provincia, ¿qué impactos crees que pueden producirse en términos inflacionarios de producirse un “relanzamiento” del modelo vigente?
El tema es que los trabajadores del sector tienen altos ingresos, y cada tanto tienen recomposiciones importantes, si se las compara con otros sectores. Cuando comienzan las clases, generalmente hay gran conflictividad de los trabajadores de la educación para conseguir un aumento, que por ahí ni siquiera logra recomponer el salario real. Tenemos que atravesar varias semanas de paro, conflicto, discusiones, de no iniciar las clases, mientras que los trabajadores del sector petrolero, con una reunión del sindicato y las cámaras, consiguieron la última vez $ 25.000 en cinco cuotas. Un aumento importante, que un poco se explica por esa alianza de la que hablábamos antes. No estoy diciendo que eso me parece mal, al contrario, qué suerte sería que todos los trabajadores pudiéramos ir acompañando con nuestro salario real el ritmo inflacionario.
Ahora, lo que veo es que hay una gran disparidad. Cómo un sector consigue recomponer sus salarios tan fácilmente y otros no, porque tienen que atravesar una lucha mucho más importante. Por otro lado también es cierto que los trabajadores del sector hidrocarburífero están sujetos a condiciones laborales sufridas, eso nadie lo discute. La vida de un petrolero no es fácil, tener que vivir en el campo, con ese régimen laboral de muchos días fuera de la casa, con todos los problemas que trae aparejado ese desarraigo. Vivir en una ciudad como Rincón de los Sauces, o en otros campamentos más pequeños, no es fácil, son ciudades inhóspitas, hay mucha precariedad, merecen ser recompensados, nadie dice que no. Pero otros trabajadores también están en una situación complicada, cumplen una función social muy importante, como los maestros de nuestros hijos, que tendrían que ser de los mejores pagos.
Entonces, los altos
salarios del sector [petrolero] empujan los precios de la sociedad neuquina al
alza, siendo además un sector con una propensión al consumo alta, y de bienes
superfluos o no. El círculo se cierra así: consiguen buenos salarios, pero a la
vez al volcarlos al consumo en un mercado pequeño, el sector inmobiliario lo
siente, los precios de todos los productos también, y eso genera una situación
inequitativa con respecto al resto de la sociedad. Lo que hablábamos al
principio, que el sector público tenga grandes ingresos y contrate muchos
trabajadores no quiere decir necesariamente que la sociedad pueda acceder a sus
servicios básicos de la mejor manera. Por ejemplo, tenemos el problema de la
educación pública, la salud, déficit habitacional. Si estos ingresos altos y la
cantidad de trabajadores en sector estatal se tradujeran en cumplir los
servicios básicos, por lo menos, de manera adecuada, pero no es así. Se generan
situaciones de mucha inequidad.
-¿Quiénes serían los principales beneficiarios del desarrollo de los yacimientos no convencionales de continuar esta estructura? Sobre todo pensando que se los presenta como una solución a la crisis energética, pero se sabe que parte de la producción estaría destinada a satisfacer las necesidades energéticas de otros proyectos extractivos, como la explotación de potasio en Mendoza.
Claramente los principales beneficiarios son las empresas operadoras, concesionaras, que son las que se llevan los beneficios de la explotación con esta modalidad. Cuando uno analiza los reportes de las ganancias, las que más beneficios obtienen son las empresas operadoras, como Repsol, u otras grandes, esas son las principales beneficiarias. Luego, los trabajadores del sector pueden llegar a tener mejores condiciones laborales porque participan de un negocio millonario, entonces acceden a mejores salarios aunque las condiciones no son las mejores. Y luego el gobierno provincial, con este modelo el MPN se ha mantenido en el poder desde su creación.
Podemos decir que el modelo ha beneficiado a la principal fuerza política de la provincia.
La que no es beneficiaria en absoluto es la sociedad neuquina: ¿los empleados públicos son beneficiarios? No, la mayoría están desaprovechados en su función, los salarios no son altos, las condiciones laborales no son buenas. El Estado suple, cubre la oferta de mano de obra que no puede absorber la principal actividad económica de la provincia. ¿Qué ocurre con quienes no trabajamos en el sector público provincial? Yo no me considero beneficiaria, ni el resto tampoco, porque nuestros hijos van a la escuela pública y sufrimos las condiciones que no son las más adecuadas para su formación, la salud pública también, la gente no puede acceder a una vivienda, y los alquileres son carísimos. La sociedad debería ser la principal beneficiaria de esta actividad económica.
Con respecto a la vinculación con otras industrias extractivas, las grandes empresas por ahí diversifican [sus inversiones], pero bajo la misma lógica. También en el sur de Mendoza hay algunos proyectos, pero hasta ahora eso no se traduce en empleos, o en una vuelta concreta hacia la sociedad. Ellos diversificarán sus negocios, invertirán de acuerdo a sus planes. Cuando uno ve los planes de negocios de Repsol, ya en 2008 Argentina no estaba entre sus principales destinos. Van buscando aquellos lugares con mayor rentabilidad, mejores condiciones, tratando de lograr mejores condiciones como el tema de los precios, que han logrado en el caso del petróleo y del gas, que en Neuquén se están pagando más de 50 dólares, o casi 60 a nivel interno. Ellos van a actuar de acuerdo a sus planes, a sus proyectos, buscando su máximo beneficio que es la lógica del capital privado.
-Por último, yendo al plano más territorial, uno observa hoy un mapa de la provincia y prácticamente está toda loteada para exploración y explotación de hidrocarburos. Y por lo que venimos viendo, estas explotaciones de petróleo y gas no convencional son mucho más invasivas en términos ambientales. ¿Cómo te parece que pueden impactar, de prosperar, en lo que hace a derechos territoriales de pueblos originarios y sobre otras actividades productivas que tiene la provincia?
Impacta negativamente, porque los intereses de estas grandes operadoras, asociados al gobierno provincial y al sindicato, que son actores muy fuertes, van a prevalecer sobre los intereses de otros sectores, por más que parte de la sociedad los acompañe.
Otras actividades productivas, por ejemplo, el sector primario, necesitan un estímulo concreto. Por ejemplo, hace poco se hablaba de un proyecto de diversificación en las cercanías de la ciudad de Neuquén, con el desarrollo de áreas bajo riego para poder comenzar a explotar algunos cultivos que luego den lugar a una posible agroindustria. Pero el proyecto que presentaba el gobierno era para adjudicar a un gran inversor. Ahora se ha detenido, ha vuelto a tratamiento porque la idea es poder lograr que sean pequeños productores los que accedan a la tierra. Porque ni siquiera se puede lograr el acceso a la tierra para el desarrollo de alguna producción pequeña. En definitiva, estas son las consecuencias de un sector extractivo muy poderoso que cuenta con el aval del gobierno.
*Adriana Giuliani, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, coautora de Petróleo y economía neuquina (Giuliani y Díaz, 2008) y La inflación en Argentina (Zambón y Giuliani, 2009).
2. Profundización de la precariedad tanto de vida como de trabajo y la vulnerabilidad económica
"La economía
neuquina se concentra en el sector extractivo que ocupa poca mano de obra y
tiene características de enclave, es decir, pocas relaciones con el resto de los
sectores productivos"
Entrevista a Adriana Giuliani, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, por OPS
"Entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, el gobierno neuquino prorrogó numerosos contratos petroleros con las empresas YPF, Pluspetrol, Petrobrás y Total. Las concesiones, con vencimiento en 2015/2017, fueron extendidas hasta 2025/2027 motivadas, principalmente, por crecientes necesidades fiscales [a]. Las mejoras obtenidas en favor de la provincia resultaron magras: ingresos extraordinarios que no superaron los U$S 340 millones, compromisos de inversión, y un aumento en las regalías que, en el mejor de los casos, llegará al 18% [1].
Al culminar la primera ronda de renegociaciones el gobernador Jorge Sapag declaró que “el 80 por ciento de la economía de la provincia está relacionada con la actividad hidrocarburífera, un panorama que requiere de manera urgente conseguir recursos para diversificar la economía y buscar en las energías alternativas nuevas fuentes de ingresos”. Sin embargo, a menos de un año de prorrogados los contratos, el dinero de los fondos comenzó a ser utilizado para gastos corrientes, echando por tierra, una vez más, las promesas de reconversión productiva. [b]
La historia no es nueva, sino que se viene repitiendo desde el despegue económico neuquino en la década del 70′, con la construcción del complejo hidroeléctrico Chocón-Cerros Colorados y el descubrimiento del yacimiento de Loma de la Lata. Desde entonces la provincia agudizó su perfil de economía petrolera, volviéndose cada vez más dependiente de los menguantes recursos hidrocarburíferos y de las operadoras privadas. Su mal manejo, lejos de traer bienestar y prosperidad, ha convertido a Neuquén en territorio de pillaje, saqueo y contaminación.
Con el propósito de ahondar en estos temas el OPS mantuvo una extensa charla con Adriana Giuliani, docente e investigadora del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Administración (Universidad Nacional del Comahue), autora de La economía petrolera y su configuración en Neuquén [en Petróleo y economía neuquina, Giuliani y Díaz, 2008] y La inflación en Argentina [Zambón y Giuliani, 2009].
OPS: Entre 2008 y 2009 Neuquén prorrogó los contratos petroleros con varias empresas que operan en la provincia. En aquel momento el gobernador Jorge Sapag declaró que los fondos se destinarían a diversificar la economía y a la inversión en energías alternativas. Sin embargo, casi la totalidad esos ingresos se están utilizando para gastos corrientes…
A. GIULIANI: Exactamente. Lo que se viene observando en los últimos años es un incremento constante de los gastos corrientes y, fundamentalmente, del gasto en personal. La economía neuquina se concentra en el sector extractivo -para el año 2006 fue más de la mitad, 52% de las actividades del PBG
[Producto Bruto Geográfico]-, que ocupa poca mano de obra y tiene características de enclave, es decir, pocas relaciones con el resto de los sectores productivos. Esto hace que el Estado haya salido a cubrir esa falta de demanda de mano de obra, lo que explica el constante incremento del gasto en personal. Gestión tras gestión ingresan nuevos empleados, quedan los anteriores, y la masa salarial va siendo cada vez más significativa. Durante los años que se pueden ver en el cuadro, este gasto en personal se iba financiando con las regalías. Hasta 2007 eran más cuantiosas las regalías que el gasto en personal, y en el 2009, según el presupuesto, el salto en el gasto en personal fue acompañado por la desaceleración en las regalías, por la caída de la actividad petrolera. Desde el año pasado [2008], con la crisis internacional y la baja en los precios, la actividad petrolera mermó en la provincia. Por eso las regalías no se incrementaron y el gasto corriente se disparó.
OPS: ¿Sólo hubo aumento de personal o también un crecimiento de los sueldos?
AG: Ambas cosas. Debido al cambio de gestión de fines de 2007 -termina el mandado de [Jorge] Sobisch e inicia [Jorge] Sapag- ingresaron nuevos empleados y otros pasaron a planta permanente. Por otro lado, estamos en una etapa inflacionaria, tanto en 2008 como en 2009, hubo una serie de recomposiciones que engrosaron la masa salarial.
El presupuesto aumentó en base a las regalías hasta 2008. En 2009 se produjo un aumento, pero no por regalías, sino que se incorporaron al rubro ingresos corrientes los fondos de las prórrogas o parte de ellos -a pesar que por ley deberían haberse destinado a la reconversión económica, obras de infraestructura, etc.
En ese sentido nosotros hacíamos la siguiente correlación: si se vinculan regalías y gasto en personal, entre el año 1997 y 2007, el coeficiente que surge demuestra en qué porcentaje el aumento en la variable “gastos de personal” se explica por el aumento de los ingresos por regalías. En esta década, un 75% del aumento del gasto en personal, se explica por el aumento de las regalías. Eso ya es complicadísimo, porque la cantidad de empleados públicos es una variable que no se puede modificar a gusto, si de pronto se frena el crecimiento de las regalías…
OPS: Implica despedir un montón de gente, básicamente…
AG: Claro, implica despedir gente o bajar los sueldos, cosa que una vez ocurrió en el año ‘96, cuando se bajaron los porcentajes de zona, y hubo un clima de alta conflictividad -los sindicatos de estatales son fuertes. Es decir que se trata de un gasto prácticamente inflexible a la baja, mientras que las regalías constituyen una variable volátil, que así como aumenta puede disminuir, como en este caso.
Veíamos que ese 75% de correlación ya era preocupante. ¿Qué pasa si correlacionamos gasto de personal y regalías, incluyendo el 2009, cuando las regalías se frenan? Aparece un coeficiente menor, un 59%. Uno podría decir que disminuye la vulnerabilidad en ese sentido. Pero ¿cuál es el problema? Esa baja o desaceleración en los ingresos por regalías no se compensa con ningún otro ingreso genuino, los únicos ingresos posibles que había eran los de las prórrogas.
OPS: Cuando hablás de gastos corrientes, ¿qué comprende además de sueldos?
AG: Todos los gastos de funcionamiento de la provincia, gastos operativos.
En el gobierno de Jorge Sapag, además, se observan permanentes reestructuraciones: los Ministerios cambian de nombre, se crean nuevas Secretarías, se contratan asesores…
Existe otro dato, que es la cantidad de subsidios que otorgan. No solamente hay agentes en la administración pública, sino que se calcula que también existen unos 50 mil subsidiados, con distintos programas, también nacionales. Así que es una situación en la que hay muy poco trabajo genuino, no se generan nuevas fuentes laborales productivas, todo depende de la actividad hidrocarburíferas -que no ocupa una cantidad importante de mano de obra- y el empleo estatal. El resto son servicios y escasa actividad secundaria.
OPS: ¿Qué perspectiva hay de compensar la baja en los ingresos por regalías hidrocarburíferas? Ahora que el Senado de la Nación flexibilizó la Ley de responsabilidad fiscal para las provincias, ¿hay posibilidades de endeudamiento?
AG: Paralelamente a esta situación, que ya era preocupante, [Jorge Sapag] está renegociando permanentemente acuerdos de refinanciación de la deuda que Neuquén tiene con Nación, el aumento del precio del gas en boca de pozo, etc. En el año 2005, a pesar de que en ese momento había ingresos constantes de regalías, el gobierno de Sobisch decidió emitir unos bonos que teóricamente eran para obras públicas -la más importante era el ferrocarril trasandino, que quedó en la nada. Lo que decían los funcionarios era que al ingreso que generaran se aplicarían impuestos provinciales para ir reemplazando las regalías. Al no haber actividad económica, no hay otro ingreso.
La economía neuquina se encuentra en una situación de suma precariedad. En el diario de hoy [Río Negro, 11/11/2009] aparecen declaraciones de la ministra de Hacienda Esther Ruiz sosteniendo que no descartan que se utilicen los fondos de las prórrogas para el pago de sueldos y aguinaldos que se viene a fin de año. ¿Cuál es el problema? Que nuevamente termina diluyéndose toda la promesa de reconversión económica en gastos de funcionamiento. El día que no haya más petróleo o, como en este caso, baje la rentabilidad de las empresas y decidan no explotar o explorar, la provincia estará en graves problemas.
OPS: Al mismo tiempo que hay un incremento de personal, también se produce un incremento monstruoso de la deuda pública.
AG: Esa es la otra consecuencia. El panorama es: aumento de presupuesto, pero por una variable volátil, que no controla el gobierno, ya que las regalías están determinadas por el precio internacional, el tipo de cambio y lo que las empresas exploten/declaren. Ese es el ingreso más importante del presupuesto. A su vez hay aumento de gastos en personal y, lo más increíble, son los aumentos de la deuda. En momentos de récords presupuestarios la deuda pública de Neuquén se incrementó, porque a pesar que aumentaba el presupuesto, incurría en constantes déficit.
En el caso de los bonos de Sobisch, el dinero se utilizó, por ejemplo, para hacer autódromos. Hace poco se inauguró el autódromo de Centenario, que se hizo con el dinero de ese endeudamiento; hay otro en Cutral-Có. Todas obras que no hacen a la reconversión económica.
OPS: Por otro lado, la actividad se concentra únicamente en la extracción de hidrocarburos.
AG:
Exactamente, no hay ningún tipo de procesamiento o transformación. El MPN
[Movimiento Popular Neuquino] gobierna
Neuquén desde el año ’62, incluso en épocas de dictadura han tenido
funcionarios- [Felipe] Sapag
fue gobernador durante un tiempo de dictadura en 1970, en la época de los
“gobernadores naturales”. Desde siempre, y
sobre todo después del ’83, se reconoció la necesidad de reconvertir la economía
provincial. Desde la dirigencia todos comparten la necesidad de ir generando
fuentes de ingreso alternativas al petróleo, por eso hubo varias proclamas o
programas que teóricamente reconvertirían la matriz productiva.
En el ’87 una de las principales propuestas
era hacer un polo petroquímico en Plaza Huincul y Cutral-Có para transformar en
origen los hidrocarburos. Se hablaba de asociaciones con empresas extranjeras,
etc. Bueno, nada de eso se concretó. Luego hubo un programa que fue muy
difundido: el
“Neuquén 2020”, que hablaba de la reconversión hacia un perfil
agroindustrial. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como todos los planes, se anunció en
etapa electoral, y como el gobierno perdió la interna con la oposición -dentro
del MPN-, quedó en la nada. Luego, con la ley 2.505/05, se endeudó la provincia
por 250 millones de dólares para obras, había toda una lista y lo único que se
hizo fueron los autódromos.
Y ahora, si uno lee la ley 2.615/08, a través de la cual se aprueban las prórrogas, existe una cantidad de artículos que dicen a dónde tienen que destinarse los fondos. Sin embargo, un año después se terminan utilizando para gastos corrientes. Por eso nosotros caracterizamos a Neuquén como una economía petrolera, con una serie de rasgos típicos. En otros lugares, donde también los hidrocarburos ocupan un rol sumamente significativo, ocurren situaciones similares; aunque no en todas, porque una economía petrolera también es Noruega. Siempre ponemos ese ejemplo, en donde la administración del recurso es estatal, con una empresa fuerte y mucho más responsable. Pero en otras economías, todas estas características que uno ve en Neuquén, se repiten. Se relaciona con el concepto que habla de la “maldición de los recursos naturales…”
OPS: O el síndrome holandés [2]
AG: Exactamente, el síndrome holandés, por el ingreso de divisas. ¿Pero qué pasa? A la maldición de los recursos naturales, muchos la toman como algo irreversible, cuando en realidad el desafío tiene que ser enfrentar esa supuesta maldición con políticas públicas concretas.
OPS: ¿Cuánto influye en esta “maldición petrolera” la dispar correlación de fuerzas con el capital privado?
AG: Cuando se privatiza YPF la situación cambia absolutamente. Partamos de la base que es una barbaridad que se haya privatizado el manejo del recurso, a partir de ese momento el Estado pierde la posibilidad de administrar la renta que se obtiene de recursos estratégicos como son los hidrocarburos. Habría que buscar la manera de recuperar el manejo del recurso, lo que pasa es que eso depende de una decisión política del gobierno nacional, que aparentemente no existe.
Obviamente, también habría que ver qué rol asumen los gobiernos provinciales que, a partir de la sanción de la “Ley Corta” de 2006, tienen la posibilidad de negociar independientemente con las empresas privadas. Esa para mí es otra dificultad o característica sumamente desfavorable: el Estado ya no tiene el control del recurso, que además está descentralizado, porque cada provincia negocia por su cuenta. Eso hace que la política en materia de los hidrocarburos sea incierta, que dependa de la decisión de cada uno de los gobernadores de las provincias.
OPS: Resulta paradójico, ya que no se llega a esta situación con una actitud pasiva de los gobernadores sino con una fuerte incidencia en lo que terminó siendo la provincialización del recurso.
AG: A veces se hacen algunas negociaciones o concesiones que no tienen la más mínima explicación concreta de por qué se hacen. Ese es el problema de la descentralización, cada uno tiene su propia perspectiva, su propia llegada con las empresas.
OPS: ¿Cómo era la situación de la economía neuquina previa a la privatización y a lo que fue el desguace de YPF? En Petróleo y Economía Neuquina señalás un punto de inflexión a partir del descubrimiento de Loma de la Lata.
AG: Lo que pasa es que la economía neuquina, como la del resto de la Patagonia, siempre tuvo una fuerte dependencia de la actividad estatal. Neuquén tuvo su despegue hacia los ’70, cuando comenzó a construirse la represa Chocón-Cerros Colorados, seguida por una serie de aprovechamientos hidroeléctricos. Hasta ese momento la economía provincial era bastante sencilla, con muy poca población, una provincia bastante marginada de lo que era la estructura económica más dinámica del país. Con el inicio de la construcción de Chocón y demás, la provincia comienza a atraer población para la construcción, que se va quedando, y empieza a tener gravitación el accionar de las empresas estatales nacionales -Hidronor, Gas del Estado, YPF. Va creciendo un Estado provincial con fuertes relaciones con el sector de servicios, el sector terciario, la incipiente burguesía comercial. Esa es la fisonomía de Neuquén en esa época.
El descubrimiento de Loma de la Lata -si bien ya había otros yacimientos en producción- fue un punto de inflexión, en el sentido que se trataba de un yacimiento con reservas muy importantes. Ahí comenzó la actividad fuerte liderada por la YPF estatal que, si bien tenía sus contratistas, era la que tomaba las decisiones. Por otro lado, su incidencia no era únicamente en la actividad económica, YPF siempre dio contención a sus empleados, con beneficios adicionales al salario, por lo que la calidad de vida de los empleados de la empresa era bastante buena.
En 1998, cuando más se profundiza el cambio neoliberal, aumentan los precios del petróleo; y en el 2002 la devaluación da inicio a una etapa de prosperidad -en cuanto al ingreso de fondos de Neuquén-, que coincide con las dos gobernaciones de Sobisch. [Él] inició su gestión a fines de 1999 con anuncios de ajuste y, al poco, tiempo subieron los precios del petróleo y la devaluación hizo que comenzara la etapa de presupuestos crecientes.
Además de este dinero, la primera gobernación de Sobisch recibió un presupuesto adicional de unos 800 millones de dólares en 2001, por una deuda que Nación mantenía por regalías mal liquidadas -que son las que Santa Cruz tiene aparentemente depositadas en el exterior. Acá directamente se diluyeron, sólo hay un gimnasio, que es el Ruca Che -en el que Sobisch hace sus actos-, que se sabe que se construyó con ese dinero; y una multitrocha -la ruta doble vía que hay en la ciudad. Del resto no hay registros claros sobre su destino.
OPS: ¿Hubo planes de reconversión productiva en la década del 70’ que hayan llegado un poco más lejos que los mencionabas antes?
AG: En los 70’, cuando comienza la expansión, tenía un rol importante el COPADE [Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo], que es un organismo de planificación técnica. Ellos fueron los que diseñaron algunas de las líneas que perduraron por un tiempo, por ejemplo, el parque industrial -aprovechando todas las leyes de promoción industrial impulsadas desde el gobierno. En aquella época, la política del MPN estuvo caracterizada por la obra pública: planes de vivienda, obras de infraestructura en el interior, rutas, el aeropuerto, hospitales, escuelas.
Era muy fuerte la actividad del gobierno provincial, sin embargo, cuando comienza el ingreso de dinero por las regalías, la obra pública empieza a ser dejada de lado, dando lugar a la contratación de empleados. Por ejemplo, hace muchos años que no se hacen planes de vivienda oficiales -y por eso cada vez son más frecuentes las tomas de tierras, se calcula que hay un déficit de 40 mil viviendas.
OPS: Caracterizabas a la economía petrolera como con poca capacidad de captación de mano de obra y con altos ingresos. ¿Cómo repercute eso si no hay una política de redistribución fuerte?
AG: Hay una clara inequidad en la distribución de los ingresos, que se ve en la cantidad de subsidios que se otorgan, la cantidad de tomas [de tierras], la conflictividad permanente que hay entre las fuerzas represivas y los sectores desprotegidos. Por otro lado, las empresas petroleras no emplean demasiada gente, que sin embargo tienen altos salarios. De todas formas, desde el año pasado, la actividad está parada y rigen los convenios que hacen que la gente esté en su casa cobrando un sueldo mínimo. Hace poco se publicó un informe que hablaba de las condiciones de vida de los petroleros, sus pautas de consumo, en algunos casos adicciones… la actividad no es la más sencilla para los trabajadores, tienen que convivir con situaciones bastante difíciles de sobrellevar. [3]
OPS: Esto que comentás echa por tierra la idea de que el petróleo “trae” bienestar y progreso.
AG: Claro, todo depende de cómo se disponga la explotación del recurso y cómo se administre la renta. Si la explotación del recurso está en manos de empresas multinacionales, que actúan de acuerdo a su propia lógica capitalista de optimización de beneficios, se produce una determinada configuración del sector. Y si por otro lado la poca renta que queda es administrada por el Estado con esta política de expansión de la planta de empleados y no con el propósito de crear nuevas fuentes de empleo, el resultado está a la vista.
No es una “maldición” que un territorio esté dotado de un recurso como el petróleo, tan valioso por ser agotable, depende de qué manera se instrumente la explotación y de qué manera se administre la renta. A partir de eso vas a tener resultados diferentes, ya mencionamos el caso de Noruega(...)".
En consecuencia, otro país-mundo requiere desquiciar al Estado, los medios de comunicación y los sindicatos que facilitan e impulsan la territorialidad de dominación de la civilización petrolera. La «reforma agraria integral», abajo y a la izquierda, nos desafía a instalar la deliberación pública sobre qué realidad presente y futura de empobrecimiento-atraso construye el modelo petrolero en vigencia.
La «reforma agraria integral», abajo y a la izquierda, se basa en la recuperación y la creación de territorios a partir de las organizaciones en lucha contra el modelo extractivo (megaminería a cielo abierto, explotación pesquera e hidrocarburífera, agronegocios, IIRSA y megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios) que tienen lugar en todo el país. Ese adueñamiento territorial se arraiga en la unidad en diversidad y complementariedad de economías comunitarias que se integren, en forma creciente, con construcciones de los de abajo en el continente y mundo. Porque nuestra emancipación y nuestro hermanamiento con los pueblos planetarios no provendrá de ganar elecciones debido a lo que, en "Democracia capitalista: La estrategia de dominio con el poder persuasivo", Manuel Freytas explica: "(...)La función más elemental y clave que cumplieron en América Latina ambas estrategias --la "militar" (dura) y la "democrática" (blanda)-- consistió en eliminar los dos factores que impedían la "gobernabilidad en paz" del sistema capitalista en la región: la lucha armada, primero, y la resistencia social y sindical, después.
Si se analiza el actual escenario socio-económico y político de América Latina, se pueden verificar cuatro fenómenos emergentes y concatenados:
A) Funcionamiento a pleno de las llamadas "instituciones" con elecciones periódicas y continuidad del sistema de "gobernabilidad democrática".
B) Ausencia casi total de huelgas generales y de conflictos sociales por reivindicaciones generales de la sociedad (sólo existen conflictos atomizados por reivindicación sectorial y algunos grandes conflictos como el de los estudiantes chilenos), y ausencia de dictaduras militares y de lucha armada (salvo Colombia).
C) Crecimiento constante de las economías capitalistas regionales, acompañadas de ganancias siderales para los bancos y empresas que hegemonizan el control económico-productivo de los países, y crecimiento desmesurado de los activos empresariales y fortunas personales.
D) Crecimiento sostenido y sin interrupción de la llamada "pobreza estructural" (falta de trabajo estable, vivienda y seguridad social) que ya afecta a más de la mitad de la población del continente, cuya mayoría permanece sometida a políticas "asistenciales" y a empleos temporarios y en negro (contratos basura).
Hay crecimiento sostenido de las ganancias y de los activos de la economía capitalista porque se mantiene la "gobernabilidad democrática" y no hay huelgas ni conflictos armados.
Esto a su vez permite que el sistema de concentración de riqueza capitalista (posibilitado por la explotación de mano de obra barata con salarios africanos, apropiación de recursos naturales y control hegemónico de todo el sistema económico productivo) genere como contrapartida: pobreza, desocupación y exclusión social en masa en toda América Latina.
Como resultante social y producto final de este cóctel interactivo (donde cada eslabón se retroalimenta con los otros) según la ONU, la CEPAL y otras instituciones del sistema, en América Latina hay más de 200 millones de "pobres estructurales" y 100 millones de indigentes que carecen de los elementos esenciales para sobrevivir.
Como contrapartida, y también a modo de emergente y "producto final" de la explotación capitalista sin resistencia armada, social o sindical, en América Latina se verifica el mayor crecimiento estadístico de las ganancias y los activos empresariales y de las fortunas personales ( por ejemplo, el mexicano Carlos Slim, está considerado como el segundo hombre más rico del mundo).
Como se puede apreciar acabadamente a través de los números y estadísticas sociales emergentes de la dominación imperial con el "poder blando" (la democracia "made in USA"), la teoría de Nye (que deslumbra a los académicos alienados de América Latina) no inventó nada.
El "poder blando" (la democracia imperial) estuvo expresado, mucho antes, en los documentos del "Proyecto Democracia" difundidos por el Departamento de Estado en sustitución de las dictaduras y golpes de Estado militares (el "poder duro").Y lo que pasa es que la mayoría de los intelectuales y académicos del sistema no leen los documentos del Departamento de Estado ni analizan sus emergentes en la realidad concreta de América Latina. Solamente leen ideologías disfrazadas de teorías políticas de moda, que siempre compran con atraso en las librerías del sistema.
Fuente:
http://www.lahaine.org/index.php?p=55632 18-08- 2011
La autoorganización de las comunidades como:
A. Modo de producción e intercambio y base de integración nacional en contra de la opresión capitalista e imperialista
En "La economía comunitaria en la nación aymara. Una ética para la reproducción de la vida", Sandra Milena Muñoz y Henry Anthony Chiroque Solano advierten:
"(...)9. Elementos desde la organización del sistema aymara y su relación con la economía social El sistema de producción y reproducción de la Nación Aymara presenta el desarrollo de la economía comunitaria a partir de organizar de manera comunal la administración de los recursos de acuerdo a sus usos y costumbres. Desde este lugar, vamos a destacar no sólo las formas de redistribución y reciprocidad -como innegables maneras de integrarse y reproducirse- sino también las formas de intercambio, y la manera de producir comprendiendo que no son sociedades homogéneas. Es decir, no tienen una identidad única y unitaria, sustentada desde el etnocentrismo y el indianismo como una mirada que no supera a lo local (Patzi Paco; 2005), pero se reivindican como un sistema económico válido para superar los antagonismos del capitalismo. (...)
La construcción del sujeto y de las relaciones económicas es ajena a la identidad mercantil. La reivindicación de la Nación Aymara se manifiesta en la participación dentro de “la Guerra del Gas”, desde el enclave territorial de El Alto, que exigieron la nacionalización de los recursos petroleros bolivianos, como uno de los elementos para contribuir a darle un giro a la historia de Bolivia. Esto convierte a los Aymaras en uno de los principales grupos contestatarios de los intereses internacionales que buscan extraer otra de las principales riquezas de su país a costa del empobrecimiento nacional, como ocurrió con la plata y el estaño hace siglos. Reivindicarse implica también, un acercamiento hacia la construcción de un lenguaje propio, más allá de la modernidad/colonialidad/capitalista de sesgo espacial (Escobar; 2006), en tanto no releva las particularidades locales que aporten en la construcción de un proyecto identitario que serían: reivindicación del indígena; reivindicación de una manera peculiar de ser, diferente de los países más desarrollados; la no intervención de estos países en América Latina y una reivindicación de la independencia y la libertad (Arnsdorff; 2006, p. 45).
Desde la modernidad/colonialidad/capitalista la construcción de nación, distribución territorial, relaciones de producción, trabajo y estructuración social se hizo a partir de la emergente Europa del siglo XVIII (Escobar; 2006, Postone; 2006), por tanto no podemos hablar de reivindicación de los pueblos originarios sin mencionar a la modernidad como el discurso hegemónico totalizante que pretende ocultar otros modelos de sociedad. En este sentido, el concepto de «economía comunitaria», se plantea un sistema estructural de producción que vincula todos los niveles del circuito económico (producción, circulación, consumo), a partir del vínculo de la naturaleza y el ser humano – pueblo, con un proyecto político de respuesta contra hegemónica a la lógica dominante del sistema capitalista de mercado.
Nail Smelser postula la modernización como una transición compleja y multidimensional que para el campo económico significaría: 1) unir las tecnologías como conocimiento científico, 2) pasar de la agricultura de subsistencia a la agricultura comercial, 3) sustituir la fuerza humana y animal por energía inanimada y producción mecanizada. Frente a ello podemos mencionar que el Ayllu -comunidad originaria base de las relaciones sociales de la Nación Aymaras- se erige como forma de cohesión institucional de un orden social básico que centra las estructuras de integración desde grupos organizados en diversas esferas, desde donde la redistribución, la reciprocidad, la participación democrática y el orden social coexisten con otro mundo en diálogo y confrontación. Los pueblos indígenas, al refuncionalizar la reciprocidad andina, toman ventaja de las jornadas laborales y del no pago de protección social, caracterizándose por el trabajo asociado, lo cual distingue uno de otro pueblo o Ayllu. Sin embargo al insertarse y compartir los elementos propios con los del sistema, desde los términos de clase y económicos, asimilan la presencia de estructuras organizativas modernas y la globalización misma, generando desestructuraciones, así como también nuevas formas de relación social y económica. A partir de ello Patzi indica que “existen trabajadores manuales ocupados en diversas actividades productivas, profesionales, comerciantes, transportistas y hasta empresarios de gran envergadura. Estos últimos se han convertido por ejemplo en una verdadera burguesía que acumula capital” (Patzi Paco; 2005; p. 161).
Si bien esta realidad forma parte de un marco importante de estructura social, la reciprocidad en forma de trabajo asociado y no asalariado es una característica en la forma de organización, desarrollado continuamente en un marco de lucha por la primacía del elemento comunitario y de solidaridad dentro del trabajo y su apropiación en forma familiar, en tanto la propiedad de los medios de producción es colectiva. Esta postura es posible dentro de un contexto de participación democrática, donde los miembros y trabajadores son al mismo tiempo quienes deciden los cambios, rumbos y gestiones comunitarias a seguir.
En este sentido, se parte de la idea de que hay que lograr contrarrestar el mercado determinando las relaciones de intercambio, el control de precios, la producción de valores de uso por sobre valores de cambio, en tanto el escenario capitalista no responde a estas formas económicas. La «economía comunitaria», debe superar sus espacios de intervención local, aunque ha tenido la habilidad de articular operacionalmente tecnologías y sistemas de administración desplegados por la lógica mercantil; en algunos casos afecta las estructuras internas, pero en otros hace de él un sistema complejo. Si bien, los retos a los que se enfrenta hoy en día la Nación Aymara son altos, a través de la construcción de una economía comunitaria, se precisa superar el principio básico del Ayllu y elevarlo a formas de mayor alcance no sólo para el ámbito rural, sino también para el urbano. En este último es aún más visible la ausencia de estrategias y acciones estatales que den cabida a los pueblos originarios en espacios de participación ciudadana y también como sujetos de la planificación de acciones y políticas de reconocimiento a su diversidad cultural.
Es clave avanzar en el reconocimiento de los derechos de estos pueblos a la diferencia, a la participación en la vida nacional sin renunciar a su identidad particular y a la integración con autonomía. Esto significaría que los Estados- Nación acepten por primera vez su condición de entidades multiétnicas. El desconocimiento de los Estados nacionales hacia los pueblos originarios es persistente. Si bien muchas veces este reconocimiento aparece en documentos escritos elaborados por organismos nacionales e internacionales, no se concreta finalmente en voluntades manifiestas ni en la apertura de espacios de consulta, opinión y participación en la toma de decisiones. Esto también llevaría a replantear los enfoques metodológicos por los que muchos antropólogos estudian el tema de tierras y territorio en pueblos originarios, como la posibilidad de una conquista en los marcos de la legislación estatal, sin considerar que hablar del territorio implica referirse a la sociedad que gestiona los recursos y organiza el poder. Este replanteo también implicaría cuestionar los criterios de los Estados para delimitar territorios indígenas, a saber: cultura común, idioma, espacio territorial. Esta delimitación surge de la concepción occidental referida a la consolidación de los territorios nacionales, que considera determinada su esencia en la gestión de recursos en forma de propiedad privada y producción mercantil, por lo que la gestión comunitaria de recursos es un tema relegado, o ignorado, por los Estados (Patzi Paco; 2005).
Esta gestión comunitaria de los recursos obedece a una visión holística, porque la alegoría básica de la economía andina Aymara es la Vida en todas sus formas: vida humana y animal, vida vegetativa y espiritual, la actividad de los muertos y del clima, y la vida de los cerros, las aguas, la tierra misma, la vida del universo mismo, llamada Madre Tierra, Pachamama. Esta cultura tradicional muchas veces no es comprendida por las sociedades europeas. Peor aún, tampoco por las sociedades urbanas locales. Esta incomprensión de su cultura se refleja en malas interpretaciones y tergiversaciones del sentido originario. Frente a estas circunstancias, que datan de tanto tiempo, José Quiroga, dirigente y profesor rural Aymara, argumenta que la cuestión andina sobre la base de la cosmovisión aymara ha sobrevivido y sobrevivirá a las grandes civilizaciones, debido al respeto que este pueblo siente por su cultura, y con el que espera enfrentar, toda vez que se produce, a la depredación perpetrada por una sociedad de libre mercado y consumo (Quiroga; 1994). En un contexto global donde las relaciones de explotación, la maximización de los beneficios individuales, la mercantilización de la vida y la ética del mercado tienen un amplio dominio dentro de la sociedad, es donde surge con la fuerza de la alternativa la propuesta sustentada milenariamente por los pueblos originarios. Pueblos que como otros tantos sectores organizados solidariamente, cumplen un rol determinante en la construcción de estrategias para la formación de otra sociedad y una economía comunitaria".
Otra Economía
- Volumen III - Nº 5 - 2º semestre/ 2009 - ISSN 1851-4715 -
Fuente:
http://www.riless.org/otraeconomia/munozsolano5.pdf
B. Poder de un
pueblo de sostener su rebeldía
En "México: Solidaridad
con la Comuna de Cherán De la Comuna de Paris a la Comuna de Cherán",
Salvador Díaz Sánchez
relata:
"Cherán es una
comuna donde la vida fluye como en una colmena. Baraúnda y rebelión. Ángeles
guardianes y hadas nocturnales pululan por esta espacio en lucha. Ir y venir de
experiencias, intercambio de cosmovisiones, trajinar de argonautas en busca del
vellocino de la libertad. Circulación interminable de sueños e ilimitado
intercambio de palabras en movimiento permanente. Enjambre de imágenes nuevas
cada día. Lugar seguro en la costa de lo infinito, defendido y custodiado de los
vendavales que acechan como engendros de Satán. Frontera natural entre el bien
común y el mal organizado. Encuentros inusitados, desencuentros amargos.
Renovación constante de afanes y metas. Cherán es un puerto con un océano de
vivencias que enriquecen a sus habitantes.
Pero de pronto me dan ganas de hacer una analogía con otros pueblos en rebeldía y vuelvo la mirada hacia atrás. Llegan a mí las imágenes de la historia como en diaporama. Se suceden paisajes revolucionarios de otros tiempos: veo, por supuesto a Atenco, que lo viví intensamente desde las tripas mismas del conflicto con mis valerosos compas; luego palpitan las aguerridas imágenes de los indios chiapanecos zapatistas combatiendo contra el ejército en los primeros días de 1994; después se deslizan lentamente las diapositivas de la epopeya de la APPO en 2006 y sus barricadas; pero de súbito se quedan en mi pantalla mental como daguerrotipos (que los hay), grabados (también los podemos encontrar) o dibujos de Gustavo Doré (que es de la época pero que no sé ilustró la revolución proletaria gala) o imágenes de Durero (que nunca dibujó ni de lejos el levantamiento francés), las vivencias nunca vividas pero sí soñadas, imaginadas y documentadas gráficamente de las barricadas de la Comuna de París.
Porque si en 1871
el pueblo pobre francés establece en jornadas memorables, mediante el voto
universal, la Comuna de París a causa de un gobierno inexistente, en Cherán, en
2011, también crean con el voto popular emitido en forma tradicional su propia
comuna, a causa de la inexistencia de un gobierno respetado y respetable que no
supo defender a sus gobernados de los ataque de los talamontes que asolaban al
pueblo desde el año de 2008.
La
unanimidad de esta decisión política le dio razón y fuerza a esta organización
política, social, económica y cultural de este territorio montañoso michoacano.
Y si la Comuna parisiense ejerció el poder soberano y
popular durante tres meses, los purépechas llevan ya más de tres meses
ejerciendo el mismo poder. Al igual que la de París, la Comuna de Cherán es
producto de extremas y complejas circunstancias que le han impreso un carácter
muy especial.
Aquí confluyen distintos sectores sociales como los
campesinos forestales, comerciantes, y artesanos, pero hay tres factores que le
dan unidad y fuerza: su origen rural, su autodefensa contra los enemigos
externos, y su lucha antielectoral.
Vida campesina. Los 20 mil cheranenses están vinculados a sus tierras y a sus montes, y la mayoría vive de ellos y de la agricultura, con costumbres, rituales, religión, fiestas y cultura ancestrales derivados de la relación con su espacio geográfico. Toda la población gira en torno a la tierra y el medio.
La autodefensa y expulsión de la delincuencia organizada. Su modo de vida y lazos comunitarios, que es decir lo mismo que sus bosques y sus tierras, su espacio común que implica también su aire y sus aguas y sus recursos naturales, se vio en peligro desde el mismo momento en que la delincuencia organizada arribó al pueblo para apropiarse de la fuente de sus ingresos: el bosque. Casi la mitad de sus montes han sido depredados, devastados e incendiados por los hampones que se instalaron (mediante el terror también organizado hacia la población civil) en esta joya de la meseta Purépecha.El poder criminal se extendió hacia todo el municipio, asesinando, secuestrando y desapareciendo a los comuneros que se opusieron a la conflagración de sus bienes terrenales; además, de que ya a cobraban "plaza" (extorsión disfrazada de la venta de "seguridad" a los comerciantes para que estos puedan trabajar tranquilamente) y a cometer abusos por toda los barrios del municipio.
Lucha antielectoral y organización política. A pesar de que existen los tradicionales actores de la política marrullera de los partidos registrados, la absoluta mayoría de los cheranitas decidió no permitir las elecciones de noviembre por la gubernatura michoacana. Conocen bien las conductas de sus adversarios y con base en eso plantean la instauración de un municipio autónomo donde los partidos no deshonren la vida comunitaria ni las normas y costumbres indígenas. Rompiendo así ese orden burgués que los había llevado a una situación insostenible.
Al igual que la Comuna de París, donde ésta disolvió
al ejército, en Cherán diluyeron a la policía municipal y han constituido una
policía popular (como en algunas regiones de Guerrero), llamada Ronda
Comunitaria, surgida desde la entraña misma de las relaciones
indígena-comunitarias, un cuerpo de élite seleccionado de jóvenes intachables
que cumplen la función de resguardar el orden y conferirles seguridad a los
comuneros en lucha y en funciones de autodefensa de los ataques, extorsiones,
secuestros y asesinatos por parte de la delincuencia organizada. Por supuesto,
"en este pueblo no hay ladrones" de ninguna especie, no hay un solo robo, abuso
o injusticia. A diferencia de los merolicos de los medios locales michoacanos y
algunos noticieros televisivos nacionales que afirman que la población vive
encarcelada en su propio pueblo, los comuneros viven en una especie de oasis
social con la tranquilidad y armonía que ya quisieran en otros lugares asediados
por la criminalidad y la delincuencia. Al igual que la Comuna de París, la de Cherán ha resquebrajado el aparato burocrático gubernamental y se ha organizado
de acuerdo a su cultura y tradiciones ejerciendo las labores sociales de los
funcionarios gubernamentales mediante comuneros voluntarios sin sueldo ni pago
por prestación alguna.
Desde abril, las clases fueron suspendidas en todo el
municipio y ahora realizan cursos y talleres por instructores que no reciben
retribución económica. Algunos pobladores aseguran que los niños aprenden más en
las fogatas, en las acciones colectivas y labores sociales que en las aulas
oficiales. Pero lo que le ha dado un impronta indeleble a la Comuna de Cherán es
la puesta en marcha de una medida que le ha dado honra y prez a este movimiento
de autodefensa: la ley seca. está prohibida la venta de bebidas alcohólicas y no
se permite tomar a nadie en las calles de la comuna so pena de encarcelamiento
preventivo y una multa que se paga con trabajo comunitario como barrer la calle
o pintar paredes. Por cierto han desaparecido los grafitis tan comunes en todos
los caseríos del país. Sólo una pequeña concesión se ha hecho en la rigurosa ley
seca, se trata de los "escuadrones de la muerte", enfermos alcohólicos que en
verdad necesitan su dosis periódica que les evita el sufrimiento innecesario.
Desde luego, quien
se encarga de poner en orden a los transgresores de dicha ley es la Ronda
Comunitaria quien se ha ganado el respeto de tirios y troyanos. Al igual que la
Comuna de París, de origen proletario, la comuna michoacana, de raíces
campesinas, es un movimiento de masas que
ha fortalecido los inquebrantables y
mágicos vínculos comunitarios, lo que ha dado cohesión a las acciones colectivas
de autodefensa y autoorganización, manifestado en el alto grado de participación
y compromiso colectivo de los hijos e hijas de la gleba y de los bosques.
Pero, a diferencia de la Comuna de París, ciertamente
la Comuna de Cherán no atenta contra el Estado como los patriotas franceses,
pues éste se ha declarado incompetente para resolver las contradicciones
sociales, como lo ha reconocido Felipe Calderón públicamente, y como lo han
confirmado los gobiernos Estatal, Federal y Municipal que han exhibido su cínica
complacencia o complicidad con el crimen organizado, esto es una verdad que se
oculta tras de los demagógicos discursos oficiales que hablan del combate a la
delincuencia, he aquí una diferencia con el movimiento francés, los cheranenses
no combaten frontalmente al Estado, sino a la inoperancia y obsolescencia de un
Estado capitalista burgués que no resiste ya el cáncer de la corrupción, lo cual
le imprime de por sí un tinte anticapitalista, lo cual lo iguala en importancia
a otros movimientos anticapitalistas que ocurren en otras partes del mundo como
en España, Chile o Grecia, aunado a que no hay cargos de dirección y las
decisiones políticas suben desde el seno familiar a las 189 fogatas existentes
(trincheras en cada cuadra o manzana de los barrios), después de las fogatas a
la asamblea del barrio (cuatro barrios) y de ahí a la Asamblea General del
Pueblo. Existe un consejo comunal que cumple las funciones ejecutivas que delega
en comisiones las tareas de organización cultural, política, económica y social.
Al paso del tiempo, la Comuna de Cherán ha logrado
terminar con la desconfianza y la incertidumbre entre sus integrantes, y casi ha
recuperado su ritmo de vida normal.
El comercio prácticamente se ha normalizado y muchos
campesinos han salido cautelosamente a cultivar sus campos donde el resguardo de
la ronda comunitaria ha mantenido alejada a la banda de delincuentes y se ha
perdido el miedo inicial; aunque, cierto es que muchas familias sí han resentido
esta crítica situación y dependen del apoyo en despensas que reciben de
organizaciones fraternas.
Pero, aun con todas las carencias propias de la
inestabilidad económica, el autogobierno se ha fortalecido mediante las
discusiones colectivas, porque en cada una de las fogatas y las barricadas se
deciden cotidianamente los pasos a seguir, las acciones a realizar, la rotación
de las comisiones, el relevo de las guardias, el desplazamiento de los rondines,
las actividades de limpieza, etcétera.
Todo ello ha reforzado la conciencia de clase y le ha
conferido al movimiento un sello democrático que empieza a ganar presencia como
un movimiento señero y ejemplar, baluarte de la resistencia popular y símbolo de
lucha que ha trascendido local, regional, nacional y hasta internacionalmente,
habida cuenta que su enseñanza fundamental ha demostrado a los políticos
corruptos de todos los niveles y aun a los sectores de la izquierda "moderada"
y
electorera, de que
hay otras formas de "hacer" política sin necesidad de que los
amos de los trastupijes, príncipes de la mofa, señores de los cabildeos y
tiburones de la política ramplona, se los traguen mediante la demagogia de la
"democracia" tutelada. Los comuneros de Cherán han optado vivir dignamente y
autogobernarse con la fuerza que les otorga la conciencia comunitaria que es la
forma más alta de la conciencia global, porque ésta ama al mundo y a la
naturaleza que permite la convivencia en una forma horizontal.
Este ensayo de
poder popular, libre y soberano, lleva dentro de sí la simiente de otro mundo
donde caben otros mundos. Esta es la gran enseñanza de la Comuna de Cherán. ¿Qué
sigue? La solidaridad de todos y cada uno de los seres que tienen principios
igualitarios, de todos aquellos que pugnan por hacer de este mundo un mundo
donde la justicia reine sobre las ambiciones personales y la sociedad civil
dignifique la práctica de eso que los charlatanes usan como trampolín de
enriquecimiento y que llaman "la política", para que ésta se transforme en una
democracia popular y que la masa y la plebe, el pueblo trabajador sea el
beneficiario real de la riqueza social".
Enviado por
laho/zyelviento@hotmail.com
Fuente:
http:/red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/categoria/tierra-y-libertad
22 Julio
2011
En consecuencia, hay alternativas al capitalismo. La «reforma agraria integral», abajo y a la izquierda, nos exige pensar y elaborar cómo organizar comunidades de emancipación y de prefiguración de la nueva sociedad que Mariátegui descubrió en el ayllu y la comunidad. Para arraigarlas y enfrentar con contundencia al sistema opresor, aceptemos el plan propuesto por la Red de Resistencia a las actividades petroleras en los países tropicales de: "construir con urgencia nuevos patrones productivos que respeten y fortalezcan la existencia y los ritmos de la vida, que contribuyan a la emancipación de los pueblos".
La «reforma agraria integral», abajo y a la izquierda, requiere compartir el análisis de cuál es la verdadera situación de los pueblos continentales que denuncia la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala en su:
Declaración de Kito (julio 2004)
"Desde el corazón del mundo, en el lugar del sol recto, en seguimiento a la I Cumbre de Teotihuacan, a los 25 días del mes de julio de 2004, los pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala auto convocados y reunidos en la II Cumbre Continental, organizada por la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Organización de las Nacionalidades Quichuas del Ecuador (ECUARUNARI) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), con la participación de delegados de 64 pueblos y nacionalidades indígenas, expresamos nuestra palabra.
Somos pueblos originarios de Abya Yala. Nuestros antepasados, nuestros abuelos nos enseñaron a amar y venerar nuestra fecunda Pacha Mama, a convivir en armonía y libertad con los seres naturales y espirituales que en ella existen. Las instituciones políticas, económicas, sociales y culturales que tenemos, son herencia de nuestros antepasados y son la base para la construcción de nuestro futuro.
Los valles y las pampas, las selvas y los desiertos, los cerros y los nevados, los mares y los ríos, el águila y el cóndor, el quetzal y el colibrí, el puma y el jaguar, han sido testigos de nuestros sistemas socio políticos colectivos basados en la sustentabilidad humana y ambiental.
Fuimos despojados de nuestros territorios originales por los colonizadores y los estados nacionales; divididos para garantizar el control político y empujados a lugares inhóspitos. Los territorios que hoy habitamos se caracterizan por la conservación de la biodiversidad y existencia de recursos naturales que son ambicionados por las multinacionales por lo que nuevamente estamos sufriendo el despojo.
Los gobiernos nacionales, siguiendo los lineamientos del FMI, BM y el BID, nos devastan con el pago de la deuda externa y están revirtiendo nuestro derecho colectivo a la tierra , modificando legislaciones para permitir su privatización, la asociación con empresas y la apropiación individual.
Denunciamos que los gobiernos nacionales de América están empleando cada vez más, la represión violenta caracterizada por violaciones de nuestros derechos humanos y derechos como pueblos; la criminalización de nuestros actos en defensa de la vida y ceremonias espirituales; la paramilitarización; los desalojos de nuestras tierras, la ocupación militar; la cooptación y corrupción de autoridades locales y dirigentes; la promoción de proyectos que tratan de “compensar” los perjuicios que realizan empresas transnacionales; el supuesto reparto equitativo de beneficios; la migración forzada; y, promueven la división, la confrontación y el enfrentamiento armado entre comunidades, para imponer su política excluyentes, racistas y opresivas.
Nos oponemos tajantemente al establecimiento de planes como el de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA); el Plan Puebla Panamá (PPP); el Plan Patriota; Plan Colombia; Plan Dignidad, Plan Andino, la creación de bases militares; así como al establecimiento del ALCA y los TLC’s, que son impulsados en el marco de la OMC y para el beneficio de los países saqueadores del planeta; ya que lo único que pretenden es la creación de infraestructura para la circulación de sus mercancías, el despojo de los recursos naturales de nuestras tierras y territorios y la protección de las empresas transnacionales. Los caracterizamos como planes de invasión para el saqueo, la destrucción y la muerte.
Rechazamos la realización de planes de ordenamiento territorial, prospección y explotación de minerales e hidrocarburos, establecimiento de Áreas Naturales Protegidas y plantaciones forestales; pago por servicios ambientales, privatización del agua y aire, fumigaciones, establecimiento de patentes sobre recursos naturales y culturales, y uso de semillas transgénicas que se realizan en nuestros territorios, ya que solo están orientados a garantizar la reproducción del gran capital transnacional en detrimento de nuestra vida.
Denunciamos que los estados nación de América se han caracterizado por violar instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en detrimento de los derechos colectivos de nuestros pueblos, como el Convenio 169 de la OIT, del cual exigimos su ratificación inmediata por todos los países de América y del resto del mundo.
Reclamamos a la OEA, su falta de disposición para modificar la Declaración Americana de los Derechos de las “Poblaciones” Indígenas con la participación y decisión de los pueblos indígenas.
Reclamamos al sistema de naciones unidas por haber declarado un decenio de las poblaciones indígenas hueco, ya que no realizó las acciones necesarias para aprobar la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas.
Ante la situación de despojo que caracteriza la existencia de nuestros pueblos:
Resolvemos
Crear un espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que nuestros pueblos y nacionalidades enfrenten juntos las políticas de globalización neoliberal.
Trazar una agenda común de acciones y movilizaciones que manifiesten nuestro rechazo al modelo excluyente y de acción conjunta y concertada ante los organismos que acordemos participar.
Establecer alianzas con otros sectores de la sociedad que nos permitan enfrentar las políticas que nos oprimen, en especial con los movimientos sociales.
Exigir la libertad incondicional de líderes y autoridades indígenas detenidas injustamente por la defensa de la tierra y el ejercicio de la autonomía; y, la reparación del daño moral ocasionado a pueblos y nacionalidades indígenas por los asesinatos perpetrados en contra de sus habitantes, así como la indemnización a las familias.
Exigir a los estados nacionales, la repatriación sin condiciones de los recursos genéticos y culturales que se han extraído legal e ilegalmente de nuestras tierras y territorios; la restitución de las tierras despojadas; el libre tránsito de personas indígenas en sus territorios cuando estos estén comprendidos entre fronteras nacionales, la indemnización a los pueblos afectados por impactos de todo tipo y despojos, así como la restitución de las condiciones iniciales de sus tierras y territorios; el respeto irrestricto a los territorios de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, en especial de los no contactados y en aislamiento voluntario.
Exigimos que los gobiernos solucionen todos los conflictos causados por la explotación de los recursos naturales y la falta de garantía territorial y de vida cuando se ejecutan políticas estatales y transnacionales tales como los casos de Sarayaku, Raposa Sierra del Sol, Plan Colombia, Río Pilcomayo, Montes Azules, Camisea, Caso del Gas de Bolivia y Margarita, Ashánica.
Participar en los Foros Internacionales como en los Foros Sociales Mundial y de las Américas, con propuestas comunes que reflejen la posición del movimiento indígena.
Solidarizarnos con la CONAIE ante la grave arremetida emprendida en su contra por el gobierno ecuatoriano del Coronel Gutiérrez que trata de socavar su lucha por la construcción de un estado plurinacional.
Solidarizarnos con el pueblo de Venezuela y el presidente Hugo Chávez, que se han caracterizado por la defensa de su soberanía nacional, ante la grave arremetida emprendida en su contra por el gobierno de los Estados Unidos, los convocamos a realizar acciones de movilización apoyo al referéndum ratificatorio del 15 de agosto de 2004.
Solidarizarnos con el pueblo Cubano por su permanente lucha antiimperialista.
Ante todo esto afirmamos:
Que los territorios que habitamos son nuestros por tiempo, por historia y por derecho y por lo tanto son inalienables, imprescriptibles e inembargables
Que poseemos modelos propios que garantizan la reproducción de nuestros pueblos y nacionalidades en armonía con la naturaleza y tienen como base nuestra herencia cultural ancestral.
Que no necesitamos el reconocimiento legal para crear los espacios autonómicos que nos permitan el ejercicio de la libre determinación de nuestros pueblos y nacionalidades.
Fuente: http://www.cumbreindigenabyayala.org/declaracion.html
En Argentina, el contexto en que la Presidenta apura la sanción de la ley de tierras es de:
1. Lógica de desarrollo y producción en contra de los derechos más elementales de una creciente mayoría
La pelea por los territorios
Por
Darío Aranda
Organizaciones e
investigadores sociales advierten sobre el aumento de la violencia en el campo
argentino. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes
están procesados por defender el terruño.
Santiago del Estero, Chaco, Mendoza,
Tucumán, Río Negro, Misiones y Neuquén fueron escenario en las últimas semanas
de intentos de desalojos, criminalización y represión de familias campesinas y
pueblos originarios. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750
referentes campesinos e indígenas están procesados por defender el territorio.
Investigadores del Instituto Gino Germani de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que la violencia rural está en
aumento. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), apuntó
al origen del mal:
“Argentina está entrampada en una lógica de desarrollo que se
basa en la agricultura industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción
interna que deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura
industrial transnacional”.
Alcides Santillán y Rafael Martín Galván, ambos campesinos santiagueños, fueron detenidos el lunes 6 de junio. El mismo día, el juez Ramón Tarchini Saavedra, del Tribunal Criminal Cuarto, ordenó la captura de otros doce integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). “Se ha desatado un raid judicial y policial, una nueva persecución política de miembros de nuestro movimiento, con procedimientos fuera de la ley”, denunció el MNCI, donde el Mocase-Vía Campesina es uno de sus miembros, y explicaron que el “crimen” fue defender la tierra donde siempre vivieron.
Una semana antes, en la chaqueña Colonia El Guanaco, el Juzgado de Sáenz Peña ordenó el desalojo de la familia conformada por Elsa Avalos y Carlos Peralta, que desde hace setenta años habitan y trabajan 250 hectáreas. “Mi madre tiene 69 años. Nació, trabajó y acá nacimos sus nueve hijos. Siempre cuidamos y trabajamos la tierra, acá nacieron sus nietos, nuestros hijos. ¿Y ahora nos quieren echar?”, denunció José Peralta y advirtió que defenderán la tierra.
La Unión de Pequeños Productores Chaqueños (Unpeproch), donde participa la familia, se movilizó para evitar el desalojo y apuntó a la contradicción política: “Mientras a nivel nacional y provincial se pregona que no habrá más desalojos, el sistema judicial hace otra cosa”.
Situaciones muy similares se repiten en Jocolí (Mendoza), Villa la Angostura (Neuquén), Colalao del Valle (Tucumán), Ñorquinco y paraje El Foyel (Río Negro), Cachi (Salta) y Puerto Piray (Misiones), sólo algunos de una larga lista.
Además de desalojos, se acentúa la criminalización. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reveló que en Neuquén hay al menos 250 mapuches procesados por defender el territorio ancestral.
En Santiago, “al menos 500 compañeros y compañeras están procesados”, alertó Deolinda Carrizo, del Mocase-Vía Campesina. La organización exigió el fin de la judicialización y criminalización de la protesta social. Y recibió la solidaridad y el llamado de alerta de la fuerte Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc).
Diego Montón integra la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, y también es referente del MNCI. Destaca que históricamente la idea de progreso de las clases dominantes estuvo asociada a la destrucción y sometimiento de los campesinos e indígenas. “Actualmente con la ofensiva del capital financiero sobre los bienes naturales se ha intensificado el nivel de disputa por la tierra, el agua y los bienes naturales”, explica Montón y asegura que la conflictividad se va a profundizar. “La disputa es por las hectáreas que aún están en manos campesinas indígenas. El agronegocio, el capital y las transnacionales quieren toda la tierra a su servicio. Todos los territorios que se resisten a la lógica del agronegocio serán escenarios de conflictos.”
El dirigente del MNCI apuntó a los gobiernos provinciales “en su mayoría con intereses ligados al modelo agrominero exportador”, pero principalmente a la “alianza Poder Judicial y poder económico” como principales responsables de la criminalización y represión.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (UBA) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física. “Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales”, explica la decena de científicos sociales que integra el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural –señalan– más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal.” “Lo que probablemente esté expresando la violencia rural, además de la existencia de débiles dispositivos democráticos, es sobre todo la intensidad con la cual el capital puja por el aprovechamiento de áreas que aún guardan una dotación importante de recursos naturales”, agregan". Fuente: http://darioaranda.wordpress.com/2011/07/04/la-pelea-por-los-territorios/
Darío Aranda, en subnota, denuncia:“Hay más violencia”
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. “En estos meses hemos relevado más conflictos que ya están en proceso de análisis y seguramente aumentarán las hectáreas en disputa”, adelantó Roberto Larrea, presidente de la Redaf, y remarcó que, aunque el informe sólo aborda la realidad del Chaco argentino, “es un proceso que se da en todo el país”. Afirmó que la cifra aumentará geométricamente si se suman los conflictos con las mineras, las petroleras y los del pueblo mapuche en la Patagonia.
Larrea afirma que la conflictividad rural aumentó, pero también resalta que en la actualidad los conflictos son más visibles que antaño por la existencia de organizaciones de base “que resisten y defienden del territorio”. “Aumentó el nivel de violencia hacia campesinos e indígenas, y también aumentó el nivel de impunidad de quienes provocan esos hechos de violencia”, afirmó Larrea.
La Redaf no es
optimista.
“Hoy todos los candidatos hablan de ‘la Argentina potencia agroexportadora’,
‘que hay que alimentar al mundo’ con el modelo tecnológico actual. Y si
traducimos eso, implica el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más
desmontes y más de este modelo que está generando conflictos y muerte.”
Fuente:
http://darioaranda.wordpress.com/%E2%80%9Chay-mas-violencia%E2%80%9D/
Publicado en Página 12 el 4 de Julio de 2011.
2. Lógica de mercantilización y acaparamiento territorial en las ciudades con exclusión social en aumento
Continúa la toma en
Chacarita.
Amenaza de desalojo
en la toma del Playón de Chacarita
Por Red Eco
La Policía está realizando un cerco para
aislar a los ocupantes por orden del Juez Oyarbide. Sin embargo, la gente sigue
resistiendo el desalojo. La falta de viviendas dignas sigue siendo una de las
principales causas de conflicto social en todos los rincones del país.
"Desde el 17 de julio, 29 familias toman el
predio del playón del ferrocarril, ubicado en Fraga al 900, por necesidad de
vivienda y para que ese pedazo de tierra deje de ser un basural.
Pero en la mañana del lunes 15 de agosto, y
por orden del juez Norberto Oyarbide, 200 efectivos de la guardia de infantería
iniciaron el operativo rodeando y vallando todo el predio; quedando 15 familias
dentro a las cuales no se le permite ni buscar agua para tomar y a las demás
familias no se las deja entrar.
Oyarbide además dio la orden de no dejar que
se instalen baños químicos o se ingrese comida a la toma.
Las familias se encuentran tomando estos terrenos llevados por situaciones extremas de tipo habitacional (condiciones de hacinamiento, alquileres imposibles de pagar con los salarios actuales, desalojos en distintas zonas de la capital).
El Movimiento Popular La Dignidad emitió un comunicado denunciando esta situación y dando cuenta del gravísimo problema de vivienda que existe hoy en la Argentina: "Esta problemática puede verse no sólo en las distintas tomas a lo largo y ancho del país de los más excluidos sino también en los cientos de miles de personas que viven con la soga al cuello por los alquileres cada vez más altos.
En las ciudades más grandes de la Argentina los negocios inmobiliarios son moneda corriente, los distintos gobiernos licitan hasta terrenos públicos legitimando la codicia de los buitres a costa de las necesidades de vivienda de toda una sociedad. No existe una seria planificación habitacional o medioambiental. Al contrario, gobiernos y empresarios hacen la ley a su medida para seguir explotando nuestros bolsillos. Mientras tanto, los precios de los inmuebles para alquilar o para comprar suben a ritmo estrepitoso y no hay ningún tipo de política que regule el desorden y el caos de este negocio.
La política privatista del ´boom
inmobiliario´ también viene aplastando la cabeza de numerosos espacios vecinales
(culturales, barriales, asambleas, etc.) que el pueblo con total legitimidad y
justicia recuperó desde el 2001. En este momento los compañeros/as del centro
cultural Flores Sur resisten frente al intento de desalojo de Macri y la
Metropolitana, un espacio del barrio donde los vecinos construyen día a día un
espacio de bienestar y cultura para los jóvenes.
El conjunto de los trabajadores/as tenemos
que comprender que la lucha en Jujuy, en Tucumán, en Córdoba, en la Provincia de
Buenos Aires y en Chacarita (como en tantos otros lugares) representan partes
del mismo todo:
Un modelo de país que sólo lleva a la exclusión y al caos".
El Movimiento Popular La Dignidad denuncia
públicamente a los gobiernos de (Cristina Fernández de) Kirchner y de (Mauricio)
Macri por el desalojo de la toma de Chacarita. Por ofrecer subsidios miserables
que no alcanzan para un alquiler, por no sensibilizarse por la situación de
salud de cientos de hombres, mujeres y niños que viven en condiciones de
hacinamiento".
Fuente original:
www.redeco.com.ar
16 de agosto de 2011
En
Argentina, la sintonía de la ley de tierras con el modelo extractivo se prueba
en que:
1. No afecta derechos adquiridos y lleva al 20% la tenencia de tierras en manos extranjeras, el doble de lo que hoy lo están
Ley contra la "extranjerización" de la tierra. Las cosas por su nombre
Por
Fabiana Arencibia
(Red Eco
Alternativo)
El proyecto de ley
presentado por el gobierno nacional de “Protección al dominio nacional sobre la
propiedad de tierras rurales”,
tal como dice su nombre, no evitará
la extranjerización de la tierra. Además de legalizar la propiedad actual de las
que están en manos foráneas, hará posible la venta de otros tantos millones de
hectáreas a extranjeros.
(-Red
Eco) Argentina- A fines de abril el gobierno nacional presentó su proyecto de
ley contra la “extranjerización” de la tierra que, junto a otros doce sobre el
mismo tema, entró hace dos semanas en la Comisión de Legislación de la Cámara de
Diputados para su debate.
Las comillas que encierran la palabra extranjerización no son un error de tipeo.
Significan que más allá del texto,
las mejores tierras de nuestro país ya están
en manos extranjeras.
El proyecto no hace más que legalizar esta situación al establecer en su
artículo 16 que “la presente ley no afecta derechos adquiridos”.
Pero, además,
posibilita empeorar el panorama existente ya que el límite máximo a la tenencia
de tierras en manos extranjeras es llevado al 20 por ciento (el doble del
territorio que actualmente se estima es propiedad foránea). Por lo tanto,
abriría la posibilidad de venta de tierras por una extensión similar a la que
hoy ya no nos pertenece.
Si bien no existen en nuestro país registros precisos sobre la propiedad foránea
de la tierra, la Federación Agraria Argentina la estimó hace algunos años en
casi 17 millones de hectáreas de las mejores tierras.
Nos preguntamos cuál es el sentido de elevar ese porcentaje cuando, tal como dice la presentación de este proyecto ante el Congreso, la tierra es un recurso estratégico natural y escaso. A nadie son ajenas las necesidades mundiales de tierras para producir alimentos y para obtener agua potable. Nuestro territorio posee ambas cosas lo cual lo hace altamente apetecible.
Por otra parte, el problema de la tierra en nuestro país no es solamente su extranjerización sino su concentración en extensos latifundios, incluso en manos nacionales. Con regularidad publicamos información sobre campesinos y pueblos originarios a quienes los empresarios - con la connivencia del poder político y de la justicia- intentan expulsar de sus tierras (a veces lo logran) para plantar soja, utilizar el agua o extraer petróleo.
Nadie puede pretender que este gobierno avance en un proyecto de reforma mas
profunda respecto a la tenencia de la tierra. Pero hay que desnudar cómo
nuevamente construyen un discurso que no refleja la realidad.
Vayamos por partes.
La propaganda que sobre este proyecto puede verse en el
canal estatal dice: “Estamos orgullosos. Los dueños de nuestras tierras
seguiremos siendo los argentinos”. Esto no es así actualmente (ver mapa)
Y este proyecto tampoco lo garantiza porque aclara que no afectará “derechos
adquiridos”, sino que habla de “regular un previsible incremento de propiedad
extranjera” y de “limitar un proceso de concentración de grandes extensiones de
tierras en manos de capitales financieros”. Regular y limitar no es detener la
extranjerización ni prohibir nuevas adquisiciones a los millones de hectáreas
que ya no nos pertenecen. El mismo proyecto da cuenta que a partir de los 90
habrían pasado a manos de capitales extranjeros tierras rurales en 19
provincias. La Federación Agraria habla de 23 de un total de 24.
El proyecto permite además que las tierras en manos extranjeras lleguen hasta el
20 por ciento del territorio nacional. Este porcentaje, además de duplicar la
extranjerización producida en la época del menemismo,
representa una extensión
equivalente a la superficie que abarcan sumadas las provincias de Córdoba, Santa
Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes!
Por otra parte, no prohíbe, sino que condiciona al consentimiento del Ministerio del Interior, la venta a extranjeros de tierras en zonas llamadas de seguridad o de frontera. Pero además elude mencionar en forma taxativa a tierras en las que puedan existir reservorios de aguas en superficie o subterráneas, petróleo, minerales, bosques nativos y menos aun a territorios ocupados por pueblos originarios. Para mencionar algunos, recordamos el litigio por Lago Escondido en la Patagonia (1) y los Esteros del Iberá en la zona del Acuífero Guaraní.
El proyecto define la realización de un relevamiento catastral y la creación, en
el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de un Registro Nacional
de Tierras Rurales. Pero no establece una auditoría de todas las operaciones de
ventas de tierras ya realizadas que permitiría saber cuáles fueron adquiridas a
precios irrisorios o haciendo uso de medidas de excepción otorgadas por los
gobiernos provinciales o municipales. Esas ventas deberían anularse porque no se
puede hablar de derechos adquiridos sobre la base de ilícitos.
Un ejemplo de esta situación lo dio el Consejo Deliberante de la ciudad de
Viedma cuando en enero de este año rechazó la venta de tierras a extranjeros y
exhortó a los gobiernos municipales, provinciales y nacional a tomar medidas que
permitan hacer un seguimiento de cualquier transacción. Entonces puso énfasis en
particular en la llamada Zona de Seguridad y tomó en cuenta un informe de la
Auditoría General de la Nación elaborado en 2008 sobre la región
Andino-Patagónica. En el mismo se revelaban irregularidades en casi un 55 por
ciento de los expedientes sobre los que se confirmaron ventas, dominios,
arrendamientos y locaciones de inmuebles.
Repasando el mapa actual de extranjerización de tierras recordamos lo ya
informado en otras notas de Red Eco (2). La familia de los italianos Benetton
tiene casi un millón de hectáreas en Santa Cruz, Río Negro, Chubut y Neuquén; el
“filántropo” Douglas Tompkins es dueño de 350 mil hectáreas en varios lugares
especialmente en los Esteros del Iberá; Ward Lay, magnate norteamericano
vinculado a la empresa Pepsico controla 80 mil hectáreas en Neuquén. Pero
también son los estados extranjeros los que vienen por las tierras. El principal
grupo agrícola de China, la estatal Heilongjiang Beidahuang Nongken Group, firmó
a fines de 2010 un convenio con el gobierno de Río Negro por el cual se le
entregarían más de 200 mil hectáreas para producir soja (3).
Mientras tanto, hacia el norte, en la provincia de Chaco, los Pueblos
Originarios Qom, Wichí y Mocoví, reclaman, desde tiempos de la Ley provincial
del Aborigen y de la Reforma de la Constitución provincial, un millón ochenta
mil hectáreas. Hasta ahora, no se ha llegado a devolverles más de 475 mil
hectáreas.
Jul. 01, 2011
Fuente:
http://argentina.indymedia.org/news/2011/07/785064.php
2. No afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual
Soja sí, indígenas no
Por Darío Aranda
"(…)Pocos
pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo,
no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de
ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios
actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia
rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos
(campesinos e indígenas) tienen muy poco.
Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias
controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las
chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3
por ciento de la tierra.
Es una reforma agraria, pero al revés.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras.
Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec
mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y
la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos
luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el
esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008
no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos
relevados. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como
válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay
modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo al
inaugurar la sesiones del Congreso.
El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre
todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra,
un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción
meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que
entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos
sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.
Sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena
nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se
menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los
“agricultores familiares”.
Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina
para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino
el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se
interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003
había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de
19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra
cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios.
En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de
200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene
gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen
estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo
Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos
rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario
integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos
del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos
sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”,
contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de
hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil
personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis
provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y
norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y
control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre
otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y
hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra
constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000.
“Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las
condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que
trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región
Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas
compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los
desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de
por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció
voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy
pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
125
La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo
agrario.
“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘sojización’, motorizada por grandes
empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el
‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes
empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador:
compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”,
explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro
agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los
economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la
estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125
cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los
chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo
largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que
siete empresas concentran el 83 por ciento de la
exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge,
LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera).
El 82 por ciento del aceite de soja se lo
reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la
Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de
seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por
la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr
importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre
otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le
interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas
razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se
mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman
Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al
menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con
su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y
sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos
centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por
acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y
falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es
notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen
reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de
dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son
“disimétricos”. Donde
empresas, personas
físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias
campesinas e indígenas,
donde los primeros controlan la información, tienen
incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y
principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al
actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el
escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención
protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o
indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la
práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra
la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani
(Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la
Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra
campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la
coacción física. “Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en
condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y
políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción
y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio
y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero
despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”,
explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural más que
evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de
los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la
respuesta estatal".
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar.
El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la
campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que
pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de
noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa
Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba
por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen
impunes.
La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de
Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas
penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender
el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por
extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por
“compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el
Poder Judicial, también todos argentinos.
País serio
“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente
claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a
aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese
momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre
extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación,
“hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.
Aviso
Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez
días. Por primera vez en 200 años un masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de
Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo Nacional.
Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer
sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el
rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance
petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir
petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático
posible.
Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional,
experimentaron una mezcla de sorpresa y decepción. Se preguntaban si la
Presidenta no había entendido el reclamo indígena o tenía una decisión tomada.
Respetados compañeros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar
explicación, y suelen terminar la discusión con un argumento: “Son las
contradicciones del modelo”.
Lo sucedido con la comunidad La Primavera señala que no se trata de
contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales.
El geométrico avance de la minería a gran escala es un ejemplo. Aunque quizá el
más evidente es el “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto
oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en
20 millones de toneladas, ampliará aún más la frontera agropecuaria y
multiplicar las consecuencias ambientales y sociales.
La decisión del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e
indígenas.
Decisiones
A cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para
negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán.
A pesar de la sistemática violación de derechos humanos, Cristina Fernández de
Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfrán. Se evidencia en la
acción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el único espacio
estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fernández limitó la
acción del presidente del Inadi, Claudio Morgado (el trabajo sucio quedó a cargo
de la vicepresidenta a María Rachid).
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente de Alicia
Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos
cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo
que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios.
Pero la más clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se
refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni
siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han
provocado un gesto presidencial.
“El genocidio actual de los pueblos indígenas ya no es más con armas. Se produce
invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión”,
afirmó en 2008 el ministro de Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.
Unidos contra los Qom
Lluvioso. Sábado 30 de abril. La muerte de Ernesto Sábato marca la agenda
mediática. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias periodísticas están al
mínimo.
La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora
una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos
antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde
para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos
se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su
sexto día de huelga de hambre.
No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el
sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión.
“Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar
presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26
de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la
comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que “adopte las medidas
necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra
posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la
fuerza pública u otros agentes estatales”.
Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de
efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.
La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores
más cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar” con los Qom. “Si
no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá
detenciones”, afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal,
de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.
“Distinta vara” suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibió
a la familia de Mariano Ferreyra y utilizó toda su estructura para buscar
justicia. Ya están presos los presuntos actores materiales e intelectuales del
asesinato.
A la familia del qom Roberto López nunca la recibió. En la escandalosa causa
judicial por la represión de Formosa hay una veintena de precesados: todos de la
comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario
del gobierno de Formosa.
Gildo Insfrán es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato.
Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo
kirchnerista.
El cómodo oficio de ocultar
“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es
propaganda”. Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de
periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayoría de
las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.
La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios
de comunicación.
Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno
enfocaron la represión como un enfrentamiento, adaptación moderna de la teoría
de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder,
apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese era el
límite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la
complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.
En contraposición, los medios que claramente actúan como partidos de oposición
(sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a
la alianza Insfrán-Cristina Fernández.
Pero nunca citaron el fondo de la
represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes,
desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan
este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en
el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
El “periodismo militante”
de la agencia de noticias Télam es un caso testigo del
periodismo actual. Télam censuró el domingo 17 un artículo sobre desalojos
campesinos de un experimentado colega. Sólo fue publicado, el lunes 18, luego de
que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo
y trayectoria.El miércoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo
cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunció que dejaba
de escribir sobre la temática hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedicó a conocer,
visitar y escuchar a comunidades indígenas. Una década de visitar el territorio
y dar testimonio sobre la realidad indígena de Argentina. No explicó por qué
tomó esa decisión dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que
recibe los despachos de Télam puede imaginar por qué.
El 19 de abril a las 20.48 la agencia Télam despachó el cable titulado “Insfrán
participó de encuentro multiétnico e inauguró obras”. Dio cuenta de que 6.000
aborígenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aportó supuestos dichos
de indígenas: “Hemos mejorado mucho en todos estos años, y eso se debe a la
sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los
pueblos originarios”.
El último párrafo no deja dudas. “(Los indígenas consideraron que) Ha sido
precisamente el gobierno justicialista de la nación y de la provincia quienes
nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos”.
Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los artículos que nos solicitan
escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por línea editorial,
edición o, también, porque la información no es verdad.
El cable de Télam no fue firmado por el redactor.
“Una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra
es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta
profesión dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, también”,
dice un viejo texto de la cooperativa periodística La Vaca, donde también se
arriesga una definición. “Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que
contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda”. Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas periodísticas.
“¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa
y ocultando lo que pasa? (…) Dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos,
esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura
también nosotros” (…)".
Fuente:
http://darioaranda.wordpress.com/2011/05/01/soja-si-indigenas-no/
En
Argentina, la lucha campesina e indígena por -y defensa- de sus tierras
tiene proyecto de buen vivir
PARTE DE PRENSA (enviado por ritavv@yahoo.com)
Las Autoridades Originarias y miembros de las comunidades Aborígenes de la provincia de Jujuy, Comisión de Participación Indígena y Consejo de Participación Indígena de los Pueblos Kolla, Guaraní, Omaguaca, Atacama, Tilián y Ocloya, nos dirigimos, a los medios masivos de comunicación oficial y alternativos del país y el mundo, para decir:
1- Que el Gobierno
de la Provincia de Jujuy, encabezado por su Gobernador el Dr. Walter Basilio
Barrionuevo miente a su pueblo cuando dice que concluyó los trabajos del
Programa de Regularización y Adjudicación de Tierras a la Población Aborigen de
Jujuy CONFORME EL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TIERRAS "PRATPAJ". Por otra
parte aduce que dio participación a las Comunidades Indígenas en el tema minero
y ambiental su impacto social y cultural, siendo esto también falso, y que esta
mentira es ratificada por un Juez de nombre Sebastián Damiano, del Tribunal en
lo Contencioso y Administrativo de Tribunales Centro de San Salvador DE Jujuy
quien en el año 2008 dio por cumplida la sentencia que garantiza los Derechos de
los Pueblos Originarios de Jujuy dictada en el año 2006. Esta resolución del
Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, fue recurrida y ratificada la
sentencia anterior, ante el Superior Tribunal de Justicia mediante Recurso de
Inconstitucionalidad, habiendo fallado los Doctores Jenefes, del Campo y Mateo a
favor de lo resuelto erróneamente por el Dr. Damiano, quien demuestra un total
desconocimiento de los Derechos de los Pueblos Originarios y de la Constitución
Nacional. nuestros abogados han interpuesto un Recurso Extraordinario para que
revoque dicha sentencia. La prueba de que el gobierno miente y que la justicia
local es cómplice, la prueba está que a más de 50 comunidades aborígenes de esta
provincia todavía no se les ha entregado los títulos, y que el gobierno sobre el
tema minero dictó 2 decretos en forma arbitraria y unilateral y sin la
participación consentida, previa, libre, e informada a pesar de estar obligado a
hacerlo.
2-
Por todo ello todas las comunidades nos
movilizamos y partir de la fecha nos declaramos en Asamblea Soberana Comunitaria
en todo el territorio de la provincia de Jujuy, para definir las acciones
jurídicas y políticas para defender el cumplimiento de nuestros Derechos.
3- Que asimismo, convocamos a todos los pueblos
Indígenas del país y de toda Abya Yala a unirse a nuestra lucha que es la lucha
de los Pueblos Originarios.
4- Que INTIMAMOS al Gobierno de la provincia,
para que en el término de quince días genere una mesa de diálogo para hacer un
abordaje participativo con las comunidades sobre las políticas públicas que
afectan a nuestros territorios y bienestar.
5- Solicitar a la Legislatura de la Provincia de
Jujuy inicie un Juicio Político al Dr. Sebastián Damiano, por incurrir en
acciones discriminatorias, xenófobas y racistas o un desconocimiento total de
los Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas de Argentina.
6- Convocamos a la realización de Asambleas
permanentes en todas y a cada una de las Comunidades Indígenas de la Provincia,
no sólo para seguimiento de estas preocupaciones sino también para cuidar la
seguridad en nuestras comunidades ancestrales.
7-
Aclaramos que la lucha por nuestras tierras,
no es un capricho de hoy ni de unos pocos, es el Derecho Constitucional logrado
con sangre de muchos de nuestros abuelos, padres y hermanos en cada comunidad,
en cada Pueblo, en cada provincia, en cada país y en toda Abya Yala, CON EL
RECONOCIMIENTO DE Tribunales internacionales.
8- La defensa de nuestras tierras tiene una
finalidad, es cuidar la Pachamama en todos sus ámbitos para nosotros y para las
demás generaciones venideras, nosotros no vendemos a nuestra madre.
PACHA
KAUSACHIWANCHEQ - PACHATA KAUSACHINA.
La Madre Tierra nos da Vida - Démosle vida a la Madre
Tierra
En consecuencia, no hay construcción y desarrollo de Argentina en la actualidad. El modelo en vigencia obedece a diseños imperialistas de agroestrategias, de megaminería a cielo abierto, de explotación hidrocarburífera y de construcción de IIRSA. En correspondencia "las políticas de Estado concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales". El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (UBA) agrega que la violencia rural creciente en Argentina "más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal".
Es un proceso de recolonización que se instaura mediante terrorismo de estado.
La «reforma agraria integral», abajo y a la izquierda, se basa en la recuperación y la creación de territorios a partir de las organizaciones en lucha contra el modelo extractivo (megaminería a cielo abierto, explotación pesquera e hidrocarburífera, agronegocios, IIRSA y megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios) que tienen lugar en todo el país. Ese adueñamiento territorial se arraiga en la unidad en diversidad y complementariedad de economías comunitarias que se integren, en forma creciente, con construcciones de los de abajo en el continente y mundo. Porque nuestra emancipación y nuestro hermanamiento con los pueblos planetarios no provendrá de ganar elecciones debido a lo que Manuel Freytas advierte: "La función más elemental y clave que cumplieron en América Latina ambas estrategias --la "militar" (dura) y la "democrática" (blanda)-- consistió en eliminar los dos factores que impedían la "gobernabilidad en paz" del sistema capitalista en la región: la lucha armada, primero, y la resistencia social y sindical, después".
La realización de la «reforma agraria integral» significa que los diversos de abajo han conquistado el poder económico-territorial para construir el país-mundo acorde con sus necesidades e intereses. Su programación precisa un enfoque político e ideológico de izquierda debido a sus contenidos y sentidos emancipadores del capitalismo, de los imperialismos, del neocolonialismo, del neofeudalismo, del racismo, del régimen patriarcal, etc.
Ya avanza esa lucha por la convivencia en armonía entre los diversos de abajo y con la Madre Tierra. Lo comprobamos con el parte de prensa donde leemos:
"(...)Por todo ello todas las comunidades nos movilizamos y partir de la fecha nos declaramos en Asamblea Soberana Comunitaria en todo el territorio de la provincia de Jujuy, para definir las acciones jurídicas y políticas para defender el cumplimiento de nuestros Derechos.(...)
6- Convocamos a la realización de Asambleas permanentes en todas y a cada una de las Comunidades Indígenas de la Provincia, no sólo para seguimiento de estas preocupaciones sino también para cuidar la seguridad en nuestras comunidades ancestrales.
7- Aclaramos que la lucha por nuestras tierras, no es un capricho de hoy ni de unos pocos, es el Derecho Constitucional logrado con sangre de muchos de nuestros abuelos, padres y hermanos en cada comunidad, en cada Pueblo, en cada provincia, en cada país y en toda Abya Yala, CON EL RECONOCIMIENTO DE Tribunales internacionales.
8- La defensa de nuestras tierras tiene una finalidad, es cuidar la Pachamama en todos sus ámbitos para nosotros y para las demás generaciones venideras, nosotros no vendemos a nuestra madre".