En consecuencia, los de abajo estamos frente a la consolidación del subdesarrollo de Argentina. Es decir, vivimos una modernización y crecimiento económico que aumenta la dependencia al 'Mercado' de los oligopolios. Es un progreso capitalista e imperialista que nos quita vida y futuro tanto por mutilar las posibilidades juveniles e infantiles como por devastar la Naturaleza. Su incesante aumento de riquezas y poder de las transnacionales y la gran burguesía transnacionalizada requiere la impunidad y la legitimación brindadas por el gobierno de Cristina F. de Kirchner que se sostiene mediante el funcionamiento de feudos y de la CGT. De modo que en la gobernabilidad del sistema de saqueo es fundamental el Partido Justicialista (o sus derivados) de larguísima trayectoria en la cooptación de las grandes mayorías y en beneficiarse de las prácticas de desfalco, de corrupción, de tráfico de influencias y de apropiación tanto de patrimonios estatal y social, como de la riqueza natural del país.  

 

Lo nuevo del matrimonio Kirchner es, que interpretando la rebelión popular de 2001-2002, ha ganado la voluntad de casi la mitad de la población mediante la construcción de la idea fuerza de: ser gobierno que lucha por atender necesidades e intereses populares, nacionales y defiende los derechos humanos de todos. Este sentido general de realidad es complementado con otras ideas fuerzas: -adherir incondicionalmente al gobierno CFK para evitar el triunfo de la derecha restauradora; -rechazar críticas y conflictos de abajo y a la izquierda por ser funcionales a la derecha; -aceptar y colaborar con las fuerzas de seguridad militarizadas si es que se quiere vivir tranquilos.

 

La «reforma agraria integral» abajo y a la izquierda se define en la disputa central por territorios que el capitalismo e imperialismo ocupa para vaciarlos o sobreexplotarlos en sus recursos naturales. Sin embargo, no puede arraigar por simple articulación de todas las resistencias a esa ocupación totalitaria de los territorios de Argentina entera. Ni basta la socialización de experiencias, acciones, investigaciones y propuestas que llevan a cabo las organizaciones en lucha por el buen vivir. Es crucial analizar cómo situar, a una creciente mayoría, en la realidad integral del modelo que el gobierno CFK no pone en discusión, al contrario, hace cuanto puede para que no se instale.

La «reforma agraria integral», abajo y a la izquierda, como poder económico-territorial de la diversidad popular exige para su puesta en práctica que nuestra lucha anticapitalista y antiimperialista se arraigue en un amplio estado de deliberación pública y toma de decisiones sobre los problemas fundamentales a la diversidad popular del país entero. En la actualidad, el kirchnerismo bloquea este proceso de distintas maneras. Una es la que parece atender al debate pero lo fragmenta, lo descontextualiza y lo convierte en innocuo. Ejemplo:

"(GEI)-El periodista y matemático Adrián Paenza inauguró el domingo, con “El debate” un espacio de discusión de ideas que se apreció como un espacio para escuchar “al otro”. Una de las premisas del programa, que es presenciado por un centenar de personas en el estudio, pasa por lograr que los asistentes -que votan sobre el tema al inicio de la charla- puedan rever su elección después de haber escuchado las campanas en pugna....

Este ejercicio, puede atribuirse al momento sociopolítico donde se han puesto sobre el tapete una serie de temas que parecían intocables. Pero, además, se ofrece una vuelta de tuerca que evita el fundamentalismo y los argumentos chicaneros y facilistas.

A través de la Televisión Pública, el ciclo comenzó con la discusión sobre si “¿hay que despenalizar el aborto?”. Con Paenza como moderador, la disputa de posiciones corrió por cuenta de Mabel Bianco (médica especialista en Epidemiología) y de Gregorio Badeni (doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas). Además, estuvieron el científico y biólogo Alberto Kornblihtt y la periodista María O`Donnell.

Desde “El debate” se posibilita disfrutar de la discusión sin descalificaciones. Las posiciones irreconciliables no tienen por qué prescindir de una disputa donde lo ideológico y lo testimonial forma parte de un cuerpo de ideas más amplio. Los próximos debates: ¿es viable el modelo minero?, ¿son necesarias las religiones?, ¿hay que legalizar la eutanasia?, ¿el cambio climático es responsabilidad del hombre? y ¿hay que despenalizar el consumo de drogas?".

 Fuente: http://www.colonbuenosaires.com.ar/semanariocolondoce/cgi-bin/hoy/archivo/2011/00001219.html  20-07-2011

Entonces, el debate a que nos quieren llevar, nos aparta de la lucha emancipadora y nos encierra en juego diletante. Por el contrario, son prioritarias la deliberación y la toma de decisiones de una creciente mayoría respecto al modelo que:

Se nos presenta y proyecta a futuro como:

A. Plan Estratégico Alimentario que esconde mayor acaparamiento de bienes comunes para los agronegocios

Gustavo Soto (UNC): “Este modelo productivo que es concentrador de riqueza no apunta a la soberanía alimentaria”.

El ingeniero Gustavo Soto, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, advirtió que una de las definiciones del Plan Estratégico Alimentario que impulsa el Gobierno nacional tiene como base productiva llegar al 2016 con 148 millones de toneladas de cereales y oleaginosas, “cuando hoy la Argentina produce cerca de 90 millones de toneladas, de las cuales más del 50 % son de un solo rubro productivo: la soja”.

Para Soto, la sojización que está viviendo gran parte del país fuera de la Pampa Húmeda -porque es un cultivo que se ha expandido dada su alta rentabilidad en buena parte de la zona extra pampeana- “beneficia a una minoría de productores agropecuarios que están sosteniendo altos niveles de rentabilidad. Y esta rentabilidad beneficia al gobierno nacional, que a través de las retenciones a la exportación genera un buen flujo de dinero para las arcas del Estado, pero una gran mayoría de la población está pagando los costos de este modelo productivo, costos que pasan por lo ecológico, por lo ambiental y pasan también por lo socioeconómico”.

Destacó además que se trata de un modelo productivo fuertemente ahorrativo de mano obra, expulsor de pequeños productores y que elimina bosques -los pocos que quedan- para incorporarlos a la producción una serie de consecuencias negativas ambientales y sociales para una minoría que se beneficia.

Señaló entonces que la Argentina puede lograr las 148 millones de toneladas que propone el PEA, porque viene batiendo año tras año, récord tras récord. “En los últimos 20 años hemos pasado de 40 a 50 de 50 a 60 de 60 a 70 millones de toneladas y hoy se está pisando los 90 millones de toneladas. “Claro que podemos llegar a 148 millones de toneladas”, remarcó el ingeniero Soto pero "no modificando este modelo productivo que es concentrador de riqueza y que si es un modelo concentrador de riqueza, desde su punto de vista, no apunta a la soberanía alimentaria".

La sociedad, el Estado nacional, todos debemos decidir hacia dónde vamos. Si vamos hacia 150 millones de toneladas de granos que enriquecen a una minoría o si hacemos una reconsideración de este modelo para que esté dirigido -entre otras cosas- a mejorar la calidad de vida de la gente y mejorar la calidad alimentaria de la mayoría de la población que hoy sufre hambre".

Fuente: http://www.cadena3.com/post_ampliado.asp?historial=NO&post=66396

B. Gran desarrollo de la megaminería que ni aporta recursos al Estado, sólo destruye la salud pública y las posibilidades tanto de vida como de trabajo.

Premisas e hipótesis

La «reforma agraria integral», abajo y a la izquierda, como poder económico-territorial de la diversidad popular exige para su puesta en práctica que nuestra lucha anticapitalista y antiimperialista interpele e involucre a una creciente mayoría de la diversidad popular. Hoy la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) representa la articulación de las resistencias que se llevan a cabo en todo el país contra el modelo extractivo o la mercantilización total y totalitaria de la Naturaleza, también de las ciudades como Buenos Aires. Comenzó con las asambleas de vecinos autoconvocados por el NO A LA MINA y fue siendo reconocida por organizaciones en lucha contra la degradación y privatización medioambiental como consecuencia de agronegocios, de las petroleras, de IIRSA y de megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios. Hoy la UAC coincide con pueblos originarios y comunidades campesinas. Ha dado un paso muy importante con su XVI Encuentro (19 al 22 de agosto 2011) por realizarse en la central Quimili del MOCASE.

La lucha anticapitalista y antiimperialista se da contra la territorialidad de dominación que expulsa o subsume en el mal-desarrollo y la llevan a cabo los de abajo porque gobiernos-estados nacional y provinciales no sólo nos entregan a merced de las corporaciones sino sobre todo nos moldean a sentirnos, pensarnos y vivirnos en libertad en medio de una opresión mundializada, catastrófica para la humanidad entera.

Veamos la relevancia para poner fin a la impunidad de la megaminería a cielo abierto de:

Gabriel Levinas entrevista al Fiscal Gustavo Gómez, que es Fiscal general de tres provincias: Tucumán, San Juan, Catamarca y Santiago del Estero.
"-Una de las cosas que suenan raras y que parece una exageración de mi parte, es pensar que la cordillera de Los Andes, una gran parte de la cordillera, donde están estas mineras o están haciendo prospectiva y demás, es como si hubiésemos perdido soberanía allí, ya no son nuestras. De algún modo, ¿Esto es así?
 -Fiscal Federal: Bueno, es que esto es así. Uno hace análisis de cada uno de los hechos que estamos enfrentando día a día en estas situaciones de las empresas mineras te dan la razón, ¿no? Si vos, por darte un ejemplo el caso de Minera “La Alumbrera”, que tiene una guardia de seguridad privada, que puede llegar a contratar a Gendarmería Nacional para que la custodie donde ella quiere, donde como ella quiera y en los movimientos que hace, si tiene un aeropuerto privado que está exento del control de la Fuerza Aérea Argentina, si además hace exportaciones por los puertos de nuestro país y la Aduana no le controla lo que está llevando, y datos como eso te puedo señalar muchos más. Es decir que creo realmente de que se comporta como un Estado dentro de otro Estado.

GL: Si yo agarro un helicóptero y me voy hasta el río Bis Bis, por ejemplo, que es un río que yo como ciudadano tengo derecho a transitar, debiera poder acceder fácilmente. Pero vamos a suponer que bajo de un helicóptero, y quiero tomar una muestra de agua de ese río: ¿Cuánto tiempo tardan en meterme preso?

 FF: Lo que demora en llegar la custodia o la Guardia de Seguridad que están muy atenta a esos movimientos. Ellos son los primero que te detienen, y después te ponen a disposición de la Policía de la Provincia y del Fiscal provincial del lugar.

GL: ¿Pero por qué tengo que estar yo siendo detenido si ese río yo tengo derecho a estar en él?

 FF: Bueno, éste es uno de los grandes conflictos que todos estamos peleando todos en la República Argentina. No te olvides que hay lugares de la Patagonia que han sido comprados y cerrados sus caminos, que son públicos, para acceder a áreas de pesca deportiva por ejemplo, y se está peleando justamente para recuperar esos espacios.

GL: Yo conozco un caso de un… o dos casos. Uno donde un comandante de gendarmería va a tomar muestras de agua y es detenido, le sacan las muestra…¿Conocés el caso éste, vos?

 FF: Sí, sí. Claro. Lo conozco muy bien.

 GL ¿Cómo fue?

 FF: En realidad entra por un portón

 GL: Sí

 FF: Llega al río a través de el paso por la propiedad privada. En ese punto fueron muy astutos, no le imputan el hecho de que estén sobre el río sino el tema de haber ingresado por el portón, y está en discusión una cuestión de prueba concreta y puntual, el eje digamos, la discusión es si el candado del portón estaba roto o lo rompió él, que seguramente no lo rompió él, ése es un portón que ya estaba abierto. Pero es parte de una prueba que es, en ese sentido, conflictiva.

GL: Entiendo. Hubo otro caso donde fueron a hacer un allanamiento y tampoco se lo permitió. Estaban con orden judicial…

 FF: Sí, sí. En uno de los casos donde se está investigando la cuestión que tiene que ver con la calidad de los minerales que se están sacando fuera del país, hubo una orden judicial de un Juez Federal, el fiscal Emilio Ferrer llevó la orden en la mano, pero la empresa no le dejó hacer el procedimiento. Tenía que haber ido a recoger muestras en la propia planta de secado que hay en Tucumán y no le dejaron hacer procedimiento, y eso que el Fiscal iba con Gendarmería Nacional acompañándolo.

GL: Pero… La pregunta es, ¿si el Fiscal va con la Gendarmería y hay una orden judicial para llevar adelante el procedimiento, por más que a mí ese señor me diga “Usted no entra”, yo entro igual, por qué no entra él?

 FF: Bueno, yo creo que tiene que ver con todo este sistema que tiene implementado la empresa o las empresas mineras en el país donde la voluntad de los jueces y los fiscales se pone en duda claramente. Vuelvo a repetirte: los hechos te dan la razón en tu planteo de esta situación que hace que se estén manejando con autoridades propias incluso con una administración de justicia que es adicta.

GL: Pero entonces cómo se puede luchar contra algo donde, yo para poder demostrar que hay contaminación tengo que tomar muestras de agua, para poder demostrar que esto está… que el dique tiene problemas…

 FF: Bueno, yo ahí discrepo un poco con vos. Yo ahí disiento. Porque en realidad acá hay tanta impunidad que si vos vas a los informes de impacto ambiental de Minera La Alumbrera, vas a ver que los niveles de contaminación que ella misma informa, configuran los delitos ambientales, de hecho yo creo …

GL: ¿Vos decís que las propias declaraciones de ellos ya implican la aceptación de un delito?

FF: Absolutamente, absolutamente. Incluso en mis escritos, cuando yo me presento a la Cámara y la propia Cámara Federal cuando lo procesa a Julián Rooney hace hincapié que <a reconocimiento de parte, relevo de pruebas>. Para qué yo voy a ir a tomar una muestra de qué es lo que está contaminando, cuáles son los materiales contaminantes si ella misma te está diciendo, por ejemplo, que está tirando más de 1.200 Kgs de estroncio al año. Y estroncio es un material que ahora se ha puesto de moda con el tema de la planta de Japón, ¿no?

GL: Si vos tendrías que enumerar los delitos que comete Minera la Alumbrera o las mineras en general en la Argentina, ¿cuáles serían eso delitos?

 FF: A mí me parece que hay tres o cuatro áreas complicadas en las investigaciones que cometen estas empresas. La primera es la de contaminación ambiental, la ley 24.051 es muy clara, hay niveles de contaminación muy precisos para cada uno de los minerales. Esto está para mí muy claro.

La segunda cuestión importante es que están autorizados por una simple resolución de una Administración de Aduana de los años noventa a exportar sin indicar qué exportan. Lo único que hacen es señalar el tonelaje de una sustancia que se nombra como barros de cobre o molibdeno en algún caso y nada más. Nadie le controla exactamente el grado de pureza, qué otros minerales llevan, etcétera. Entonces también el daño económico del contrabando es un tema que hay que investigar en profundidad.

Otro tema importante es el tema de la estafa, que puede estar cometiéndose al no reconocerse ganancias que si reconocieran deberían repartirse con el Gobierno de Catamarca y con el Sistema Interuniversitario Nacional. Te podría llegar a hablar también en una serie de infracciones que se cometen con ciudadanos comunes, donde les invaden las propiedades, donde se las contaminan para después negociar acuerdos irrisorios de compra de predios, etcétera… Es decir, yo creo que la gama es muy amplia.

GL: Ahora si ellos están sacando metales que no sabemos que sacan ni sabemos cuánto sacan, ellos mismos hacen la declaración jurada a piacere, si el Gobierno Nacional intentase mirar eso, controlarlo ¿Estaría desatendiendo los contratos firmados con esas empresas o no?

FF: No, lo que hace materia aduanera no. Es decir, el Gobierno puede exigir derogar la resolución de la Administración de Aduanas y hacer un control del mineral que se está saliendo por el Puerto de San Lorenzo y que se lleva a China, directamente, lo que en apariencia sería antieconómico, y podría hacer un control preciso sobre esos minerales, y eso permitiría también saber exactamente cuáles son las ganancias que tiene la empresa.

GL: Si se comprobase que el dique de cola que está, según sé, fracturado, filtrando hacia las napas. Si esto se pudiese,claramente, mostrar, ¿se podría pedir que se pare hasta que se resuelva el problema, si es que puede resolverse, la explotación?

 FF. SÍ. Sí porque son normas de origen ambiental

 GL: Esas normas no pueden ser… digamos, podrían ser aplicadas para frenar la explotación

 FF: Exactamente

GL: Es decir que cualquier excusa que en este momento están dando muchos…

 FF: El delito ambiental. El delito ambiental que en este momento se está cometiendo. Es como si a vos te estuvieran robando, vos ves que te están robando y dejás que te sigan vaciando la casa. Ésta es la realidad que está pasando, están contaminando es este momento. Vos ves que están contaminando y a pesar de que los procesas y qué sé yo, siguen contaminando. Hay que hacer cesar el delito. Este es el eje de la cuestión.

GL: Ahora, si vos tomás en cuenta la forma en que se ha movido la Justicia en las provincias donde esto está sucediendo. Yo conozco el caso de un juez que decía que estaba mal ese mineraloducto que estaba en el río Bis Bis, que él había dado la orden de sacarlo y que ya no era cuestión de él si lo sacaban o no. Yo lo escuché decir eso al hombre cuando estuvimos ahí, en Andalgalá.

 FF: Sí, hay muchas resoluciones judiciales que pueden ser discutidas o no, si se cumplen o no. Yo creo que en realidad hay mensajes en este momento un tanto contradictorio si vos querés decirlo. Por ejemplo, la Cámara Federal de Tucumán, donde yo trabajo, donde yo litigo, digamos, lo procesó a Julián Rooney por el delito de contaminación ambiental, y el delito intencional de contaminación ambiental. Ni siquiera negligente o culposo. Entonces, ahí hay un mensaje muy claro de una justicia federal que se muestra claramente independiente.

GL: Por último. ¿Cuál sería entonces la única solución que vos ves como posibilidad para frenar el auge de la minería en la Argentina?

 FF: Yo creo que la militancia. La gente, la gente. El ejemplo que dio Andalagá es un ejemplo claro de que ellos pueden parar a una empresa minera, es decir: No dar la licencia social. Creo que el caso de San Jorge en Mendoza donde se juntaron 7.000 personas, me parece que también es otro mensaje claro de que no se da la licencia social. Me parece que es el eje de cualquier discusión, y a eso puede ayudar un Fiscal, un Juez, incluso algún funcionario público que se pare de manos y diga “Bueno por aquí no pasan”, qué sé yo, el administrador en la Aduana Nacional en la República Argentina que diga “Esperen, che, aquí basta. Vamos a empezar a controlar al centímetro qué es lo que se están llevando y van a tener que hacer las declaraciones juradas reales de lo que se están llevando”. Eso sería un obstáculo que seguramente las inversiones mineras se irían del país, porque la ganancia no está en el cobre que se llevan.

 GL: Muchísimas gracias.

 FF: De nada, nos vemos.

Fuente: http://www.plazademayo.com/2011/03/mineria-la-cordillera-no-es-nuestra / 

Diario Hoy de La Plata:

ARGENTINA - Debemos parar YA el SAQUEO‏

Cristina Fernández de Kirchner asegura y profundiza el saqueo

La presidenta le habría dado plenas garantías al español Aznar, director de la Barrick Gold, de que continuarían los privilegios a las multinacionales mineras en un nueva gestión de Cristina. Sigue la entrega.

Martes 19 de julio de 2011
En los últimos meses se ha escuchado en numerosas oportunidades a la presidenta de la Nación Cristina Kirchner pronunciar discursos en los que despotrica contra los monopolios y reniega de lo ocurrido en los años ’90, cuando se profundizó al máximo la extranjerización de la economía y la entrega de los recursos naturales a un puñado de multinacionales. Pero la realidad, como decía el General Perón, es la única verdad. No sólo el Gobierno nacional hizo poco y nada para desarticular el entreguismo de los años ’90, sino que en muchos casos avaló y profundizó los negociados. Uno de los ejemplos concretos es el trato preferencial que la administración K le viene dispensando a Barrick Gold, una de las multinacionales mineras más importantes del mundo que, desde los años ’90, viene saqueando los recursos naturales de nuestro país. La semana pasada, un enviado de la Barrick, el ex presidente español José María Aznar, habría mantenido una comunicación con la presidenta Cristina Kirchner. Según trascendió, la primera mandataria le habría dado plenas garantías de que una nueva gestión kirchnerista no modificará en nada el esquema impositivo que tanto la favorece. Por la ley de Inversiones Mineras sancionada en 1993 -ratificada en 2001- y por los decretos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, las compañías están exentas de la obligación de liquidar en el país las divisas de sus exportaciones. No pagan retenciones, ni impuesto al gasoil, tasa de sellos ni tasa de estadísticas. Tampoco respetan la legislación de protección del medio ambiente, por lo que en distintas provincias del país hay numerosas denuncias sobre la megaminería a cielo abierto.

El modelo riojano
Cabe recordar la primera ley de defensa de glaciares que aprobó el Congreso nacional para preservar las importantes fuentes de agua dulce de la contaminación y destrucción de la megaminería fue vetada por la Presidenta Cristina de Kirchner. La segunda ley sancionada terminó siendo judicializada por los propios gobiernos provinciales, que así frenaron su aplicación, en sintonía con la administración nacional.
Además del fuerte lobby minero que realiza el gobernador sanjuanino José Luis Gioja, que tendría fuertes vínculos con la Barrick Gold, en los últimos tiempos también se le sumó el mandatario de la La Rioja, Luis Beder Herrera. "Ganó las elecciones en 2007, con un fuerte discurso que apuntaba a controlar la minería. Incluso cuando era vicegobernador impulsó con énfasis una ley que frenaba la minería a cielo abierto, habilitaba el llamado a consulta popular para que los ciudadanos de cada uno de los pueblos afectados se puedan expresar y creaba una comisión investigadora para indagar sobre los convenios del anterior gobernador Angel Mazza, quien fue destituido por la venta de tierras estatales y la entrega de recursos mineros. Dos días después de llegar al poder, Beder Herrera cambió radicalmente, dio marcha atrás con ley y ahora no sólo está favor de la Barrick, sino que también hace acuerdos con mineras chinas", le dijo a Hoy la docente Carina Díaz Moreno, que encabeza la denominada Asamblea Famatina.
"Nuestro objetivo es proteger del saqueo al cordón de Famatina, donde hay nieves eternas, que no sólo abastece de agua a gran parte de La Rioja, sino también a San Luis, Córdoba y el Sur de Santa Fe. La realidad es que hay funcionarios nacionales y provinciales con acciones e intereses creados en torno a estas empresas multinacionales mineras", agregó Díaz Moreno. Y reveló que un estudio realizado por la Barrick Gold determinó que en el cordón de Famatina hay una importante presencia de sesenta minerales y uranio.
 

El rol de José María Aznar
El español José María Aznar, quien mantienen una estrecha amistad con Mauricio Macri, siempre tuvo una postura muy crítica hacia el Gobierno kirchnerista, pero a partir de su nueva función como director de la multinacional minera, dio fin a sus cuestionamientos. Por ello, su estadía la semana pasada en nuestro país pasó prácticamente desapercibida.

Las pesadas denuncias contra Barrick Gold
La empresa canadiense Barrick Gold es una de las multinacionales más grandes del mundo, con más de 27 minas operativas en quince países del mundo.
En 2005 instaló en San Juan la mina Veladero, además, se encuentra actualmente en construcción en la frontera con Chile el proyecto Pascua Lama, que presenta reservas de oro por 17.8 millones de onzas. Ambos proyectos aplican el sistema de minería a cielo abierto, modalidad prohibida en Canadá, que logró imponerse en nuestro país gracias a la impunidad lograda por el marco económico de la década del ’90 y la complicidad de los gobiernos locales.
En una denuncia presentada por el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, con la adhesión de Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan); Asamblea Popular por el Agua (Mendoza); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (La Matanza) y los diputados Miguel Bonasso y Victoria Donda, se habla de la afectación de las aguas superficiales y subterráneas a causa del uso de productos químicos de muy alto riesgo y los desvíos de corrientes de agua superficial y subterránea sobre las cuencas de los ríos Las Taguas, Blanco y Jáchal. También se menciona la afectación del aire debido a las voladuras de molienda y perforación que propagan partículas de polvos como rocas, metales, arsénico, entre otros; afectación del suelo por el traslado de sustancias peligrosas, el uso de maquinarias de gran porte o la afectación por drenaje ácido de actividad ligada a los proyectos.

Los denunciantes, además, hablan de la afectación a los glaciares. "En 2005 Barrick destruyó el glaciar Conconta que abastecía el río Tudcum. Además, ocultó datos sobre la presencia de otros cuerpos de hielo, renegando del papel regulador que tienen sobre el agua de los ríos del área, y soslayando que la protección de los mismos es esencial como medida contra el cambio climático; afectación a la biodiversidad: en el caso de Pascua Lama-Veladero se han eliminado muchos ambientes húmedos que resultan claves para el desarrollo de la biodiversidad del área", concluyeron. A esa situación se le agrega el impacto de los daños sociales, ya que se registran graves efectos sobre la salud de la población: en Jáchal se manifestó un gran porcentaje de población con cáncer de hígado, estómago, riñones y otros, que, se presume, son consecuencia de la explotación minera aguas arriba del río Jáchal, en el yacimiento Veladero. No sólo esto, sino que además hay que considerar los impactos en la economía regional a causa de diversos factores, como la pérdida del valor de la región como lugar turístico por la destrucción de paisajes naturales, las restricciones de acceso que impone la empresa sobre el territorio, la disminución de la cantidad de agua y electricidad de la que dispone la región, y la pérdida de la producción vinculada a la cría extensiva de ganado, principalmente caprino, el cultivo de olivos y semillas y la actividad.
Fuente original: Diario Hoy de La Plata

http://elpolvorin.over-blog.es/article-argentina-debemos-parar-ya-el-saqueo-79785366.html

Fuente: http://argentinacontaminada.blogspot.com/2011/07/argentina-debemos-parar-ya-el-saqueo.html
Publicado por Norberto Costa

Mitos y realidades de la minería

Por Jennifer Moore*

La minería de gran escala se ha convertido en una de las principales actividades económicas del mundo. En buena medida se localiza en países en vías de desarrollo, cuya legislación es supremamente favorable para los intereses privados de las transnacionales de la exploración, explotación y exportación. En el presente artículo, Jennifer Moore, autora de múltiples estudios sobre el tema y quien cuenta con una experiencia de varios años monitoreando el problema, analiza –a la luz de algunos mitos que se tejen sobre la gran minería– los perjuicios causados y los abusos cometidos en la gran minería transnacional en América Latina.

Desarrollo
Mito #1: Empleo y crecimiento económico local
– La gran minería genera oportunidades económicas y laborales para la población local. Los proyectos mineros a gran escala generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo que crea la ilusión de trabajo permanente. Generalmente el peor trabajo queda para los vecinos del lugar y los puestos mejor pagados y más altos son para gente de afuera. Ejemplo: Durante la fase de construcción de la mina San Martín en Honduras en el año 2000, hubo más de 1.000 puestos de trabajo. Ahora que la mina está en la última fase de operación (cierre), hay 76 personas trabajando.(1)La minería metálica industrial emplea 2,75 millones de personas, lo cual representa 0,09% de los puestos de trabajo a nivel mundial; la minería de pequeña escala emplea 13 millones. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, entre 1995 y 2000 la tercera parte de los trabajadores mineros en los 25 países de mayor producción de minerales perdieron su trabajo. La razón principal: la introducción de nueva tecnología que desplaza la mano de obra.(2) Además, la rentabilidad de esta actividad económica es cíclica y depende principalmente de los precios de metales en el mercado internacional. Las poblaciones locales pierden el control de las principales variables de su economía, la cual pasa a responder a intereses anónimos y especulativos. Según Derechos en Acción, la duración de una mina en promedio es de 10 a 15 años.(3)Adicionalmente, la minería impone primarización de la economía, lo que impide agregar valor y desarrollo económico. Earthworks ha observado: "Al inicio de la operación de una mina, la actividad económica local crece notablemente. Hay nuevas vías y nuevas viviendas construidas para los mineros; también se establecen pequeños negocios para atender la mina y sus trabajadores. Pero aquellas economías frecuentemente se debilitan por el fenómeno llamado company town, es decir: hay poca actividad económica independiente de la mina. Este nivel de dependencia no genera estabilidad económica a largo plazo."(4)

Mito #2: La minería invierte enormes recursos necesarios para el desarrollo.

Las empresas mineras hacen grandes inversiones en instalaciones necesarias para la extracción de metales. Pero en carreteras y otra infraestructura, que pueden beneficiar a la población, las empresas hacen los gastos mínimos y utilizan recursos del Estado para construir su infraestructura.

Ejemplo: República Dominicana, donde Goldcorp y Barrick Gold proponen reabrir la mina de oro Pueblo Viejo. Entre 1979 y 1999 la mina funcionaba bajo la empresa estatal Rosario Dominicana S.A. Ahora 100 familias viven en extrema pobreza sin acceso al agua potable en sus alrededores. Por un acuerdo entre las empresas y el Estado dominicano, el gobierno es responsable de ubicar el agua necesaria para las nuevas operaciones, reubicar alrededor de 1000 pobladores, remediar los pasivos ambientales de la operación anterior y adquirir los derechos necesarios de tierras. El solo arreglo de los pasivos ambientales tiene un valor estimado de US $100 millones.(5)

Otro ejemplo ocurre en Argentina donde Barrick Gold, que explota la mina Veladero, descuenta del pago de regalías a la provincia de San Juan todas sus acciones de "responsabilidad social empresaria" y diversos aportes de dinero a instituciones locales. Es decir que la política de relaciones comunitarias de la empresa la paga el propio Estado provincial.

Mito #3: Los beneficios de la minería se quedan en los países donde se extraen los minerales, y las empresas contribuyen con impuestos para el desarrollo del país.

Con mucha frecuencia la minería deja a su paso descomposición social, desplazamiento, pobreza, contaminación y destrucción ambiental permanente. Los beneficios se van para el Norte, a las empresas y a sus inversionistas. Por eso, se habla de la "la maldición de los recursos naturales".

Ejemplo: En el caso de Chile, conocido como país minero, según César Padilla del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), hay un marco legal que favorece a las transnacionales y 70% de la producción de cobre está en manos extranjeras. En cuanto a la tributación, constata que sólo 3 de 47 mineras extranjeras de cobre arrojan pequeñas utilidades y el resto "a través de resquicios legales, manipulan sus balances para presentar pérdidas"; por eso no pagan impuestos.(6)

Medio ambiente

Mito #4: La minería puede ser limpia, no contamina el ambiente, y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay una solución técnica para cada problema ambiental.

Las tecnologías que permiten la explotación de yacimientos son altamente contaminantes y destructivas. La minería demanda enormes cantidades de agua, que contamina permanentemente con químicos como el cianuro. El drenaje ácido, y otras formas de contaminación, son efectos comprobados y a veces comienzan después de que se retiró la empresa y se cerró la mina. En promedio se extrae un 0,51% de cobre de la roca (antes en Estados Unidos, a comienzos del siglo XX, era 2,5%) y 0,0001% en el caso del oro. Por cada onza de oro producida, se genera un promedio de 79 toneladas de desechos.

El fenómeno del drenaje ácido puede durar cientos o miles de años, y puede ser particularmente grave cuando la explotación minera está ubicada en zonas de nacimientos de agua o en cabeceras de cuencas. Adicionalmente se estima que, en el caso del cobre por ejemplo, se utilizan entre 10.000 y 30.000 litros de agua por día. (7) Muchos Estados otorgan el uso y/o control sobre el agua con las concesiones mineras sin costo para las empresas.

Ejemplo: En El Salvador hay 29 proyectos de minería metálica radicados en la región montañosa del norte. Los ríos que abastecen el país vienen de aquí, y sólo el Río Lempa, por ejemplo, sirve a más de 50% de la población de la capital, San Salvador.

En la provincia de Cabañas, en donde se encuentra el Proyecto El Dorado, una mina de oro y plata de una superficie de 144 kilómetros cuadrados en fase de exploración por Pacific Rim Mining Corp., muchos habitantes se preocupan porque la mina propone consumir 30.000 litros de agua diarios durante su existencia, dependiendo de la misma fuente de agua que abastece a la población local sólo una vez cada semana. Actualmente el proyecto está suspendido debido a la oposición que ha generado, hasta que el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales presente un nuevo estudio sobre el proyecto, el cual estudiará el Parlamento de El Salvador. Un Estudio de Impacto Ambiental de dicho proyecto realizado por el ingeniero hidrológico, Robert Moran de EE.UU., concluyó que ni la población ni el Parlamento tenían suficiente información sobre los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto. Agregó que un gran porcentaje de proyectos similares ha generado pasivos ambientales negativos a través del mundo y muchas veces aparecen después que la mina se cierra.

Bosques amenazados: Según Earthworks, 39% de los bosques en peligro están amenazados por la minería de gran escala. Además, una cuarta parte de los sitios catalogados como Patrimonio Global por su valor natural, están amenazados por proyectos mineros o de hidrocarburos futuros. Asimismo más de un cuarto de las minas activas y los sitios de exploración se superpone con (o están a 10 kilómetros) de parques, reservas y otros áreas protegidas estrictamente, según el criterio de la UICN.(8)

En cuanto al aire, la fundición de metales contribuye con el 13% de las emisiones de dióxido de azufre a nivel mundial, y consume entre el 7 y 10 por ciento de la producción de energía, principalmente en base a carbón y petróleo.

Derechos Colectivos

Mito #5: Las empresas de exploración vienen sólo a averiguar si hay metales. Si encuentran algo, es la comunidad local la que decide cómo proceder.

Si una empresa de exploración (frecuentemente llamado junior) encuentra algo, muchas veces se vende el proyecto a una empresa más grande, con mayores recursos y capacidad operativa, que lo pueda extraer. En 2006, tales empresas contribuyeron con más del 50% de la exploración minera de minerales no ferrosos en el mundo, mostrando un crecimiento de 600% en sus inversiones desde 2002 (9), lo cual pertenece al período reciente de boomen el mercado de metales.Ejemplo: En Guatemala la mina Marlin fue descubierta por Francisco Gold y desarrollada por Glamis Gold, ahora propiedad de Goldcorp Inc., a través de su subsidiaria Montana Exploradora de Guatemala.

Los compromisos que las empresas de exploración hacen con las comunidades no son vinculantes, ni siquiera en los casos donde hay diálogo con las compañías grandes, las cuales también frecuentemente venden sus proyectos. Ejemplo: En Ecuador hay más de veinte empresas juniors, algunas que ya tienen "alianzas estratégicas" con empresas grandes o que ya han vendido su proyecto a una empresa más grande. Ascendant Copper Corporation (ahora se llama Copper Mesa) tiene una alianza estratégica con Río Tinto que garantiza a la minera inglesa comprar hasta 70% de interés en un proyecto de Ascendant. Río Tinto realizó exploraciones en algunos lugares del Ecuador en los años 90, pero salió del país por razones también "estratégicas". Esta empresa comparte información con las empresas junior.

Recientemente, Aurelian Resources, que descubrió uno de los mayores depósitos de oro mundiales en el sur de la Amazonía ecuatoriana, vendió su proyecto (llamado Fruta del Norte) a Kinross Gold.

La gran minería está compuesta por carteles y consorcios que se encubren unos a otros, y hay monopolio y concentración entre los más grandes. En octubre de 2007, Latin American Newsletter destacó "una pirámide divina de la minería", refiriéndose precisamente a este fenómeno de las juniors y las empresas mineras más grandes. Basado en una entrevista con el director de Ascendant Copper Corporation (ahora Copper Mesa Corporation, la cual ha sido suspendida debido a la oposición en contra de su proyecto cuprífero en la zona de Intag, al noroeste de Ecuador). Steve Vaughn, quien lleva muchos años en la industria minera, explica que hay cuatro o cinco compañías mineras en la cumbre de la pirámide, luego hay unas medianas, y después cientos de pequeñas. Estas últimas "están encargadas de manejar los procesos antes de entrar en operación, o sea de limpiar el camino antes de que lleguen las grandes". El autor, Luís Ángel Saavedra, concluye que las pequeñas protegen a las más grandes de la posibilidad de llevarlas a juicio.(10)

Mito #6: Ningún proyecto minero se hace sin consentimiento previo de las comunidades.

Hay innumerables estrategias de engaño, cooptación y coerción social; son estrategias acumuladas por una larga historia de explotación. A pesar de existir recomendaciones durante los últimos años pidiendo que se reconozca el consentimiento de las comunidades para resolver tales conflictos, no hay prácticas ni reglamentos establecidos. Cuando las comunidades intentan realizar sus propias consultas populares, enfrentan mucha presión. Además, existen estándares internacionales sobre la reubicación forzada, que muchas veces dejan sin alternativa a las comunidades. Ejemplo: En tres municipalidades de la parte alto andina de Piura, Perú, a través de una consulta popular en septiembre de 2007, el 94% de los pobladores dijeron "no" a la actividad minera. Antes del evento, el gobierno central hizo todo lo posible para evitar la consulta y el ejercicio democrático. Dos semanas después, el gobierno declaró 20 proyectos mineros como prioridad nacional, dentro de los cuales estaba el proyecto minero de Río Blanco Copper (antes Minera Majaz, de la inglesa Monterrico Metals, hoy en manos de un consorcio chino), al que refería la consulta. Ahora hay más de 300 moradores de la zona que han participado en el frente contra la minería y quienes están enjuiciados. El gobierno peruano ha decretado una nueva legislación para implementar el Tratado de Libre Comercio con EEUU, legislación que puede negar el derecho a consultar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas en particular.

Ejemplo: En la ciudad patagónica de Esquel, en Argentina, más del 80 por ciento de la población rechazó el proyecto de explotación de oro Cordón Esquel, que proponía la empresa canadiense Meridian Gold (absorbida este año por Yamana Gold), en una consulta popular realizada el 23 de marzo de 2003. Luego de esto, la empresa declaró el proyecto "en pausa" y aseguró públicamente que no avanzaría hasta "responder a todas las dudas de la comunidad". Meses después la Asamblea Local de Vecinos local difundió las grabaciones de una reunión secreta, realizada en un lujoso hotel de Buenos Aires, donde la empresa –con el apoyo de una consultora en comunicación y la organización Business For Social Responsability (BSR) de Estados Unidos– desarrollaba estrategias para "dar vuelta a la comunidad" y desarticular la oposición social al proyecto. Seis vecinos de Esquel y dos periodistas fueron llevados a juicio por la empresa después de la difusión de esas grabaciones.

Nota de la redacción: Finalmente la justicia sobreseyó a los vecinos y a los periodistas de Esquel que fueron denunciados por la minera.

Mito #7: La minería fortalece el tejido social, y reduce la migración y descomposición de las comunidades indígenas.

Todo lo contrario. Al no respetar los derechos para decidir sobre el uso de su territorio y su derecho a la autodeterminación, en muchas circunstancias las empresas aplican otras estrategias para ingresar en los territorios ancestrales, los cuales actualmente se ven muy afectados por la expansión minera.

Contratos directos y dádivas u ofertas a comunidades particulares pueden desestabilizar las organizaciones indígenas por interferir en sus procesos de comunicación, planificación y manejo de recursos naturales. Estas actividades afectan a las comunidades étnicas fuertemente, las dividen y promueven el conflicto social para tener acceso a los minerales. Se estima que alrededor de la mitad del oro explotado entre 1995 y 2015 se va a extraer de territorios de los pueblos indígenas.(11)

Ejemplo: La mina de oro más grande en América Central de la empresa canadiense Goldcorp, llamada "Marlin", se encuentra en Guatemala en las municipalidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa en el oeste del país. Se ha convertido en un problema nacional por no consultar con los pueblos. En el municipio de Sipakapa se ha iniciado una serie de consultas populares convocadas por los pueblos mismos, las cuales han resultado en un fuerte rechazo de la actividad minera. Sin embargo, los resultados de las consultas no han sido aceptados y los pueblos sufren amenazas permanentes y otras afectaciones por la explotación de la mina. Actualmente han apelado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Interamericana por una decisión sobre las consultas.

En los pocos casos, según Derechos en Acción, en que pueblos indígenas en Canadá han negociado acuerdos sobre los impactos y beneficios con empresas mineras, el éxito ha sido "limitado". Las negociaciones son duras y, mientras algunos grupos indígenas han ganado algo de empleo, capacitación y dinero, todavía tales acuerdos ofrecen mínima protección ambiental y "es improbable que vayan a contribuir a economías sustentables después de que la mina cierre."

Agregan que las comunidades afectadas por la minería reportan mayor uso de drogas y alcohol, carencia de viviendas y más violencia contra la mujer.(12)

Transparencia

Mito #8: Las empresas transnacionales garantizan transparencia

El financiamiento de las empresas mineras, especialmente de muchas juniors, utiliza prácticas no transparentes que muchas veces son monitoreadas muy débilmente en cuanto a los impactos ambientales y sociales de sus proyectos. Además, estas empresas tienen estructuras empresariales muy complicadas, diseñadas para evitar el riesgo judicial.

Ejemplo: La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) – La Bolsa de Valores de Toronto ha emergido como fuente importante de fondos para la exploración minera. Alrededor del 57% de las empresas mineras cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto y, según sus propios informes, en los primeros seis meses de 2007 facilitó 48% de los financiamientos mineros mundiales, más que cualquier otra bolsa de valores en el mundo.(13) Está especializada en financiar proyectos en lugares riesgosos, o sea en donde hay conflicto o mucha oposición.

La TSX procura la mayoría de fondos mediante "colocaciones privadas": "ofertas de valores a un número limitado de inversionistas grandes, principalmente los que se llaman 'inversionistas institucionales' –bancos, fondos mutuos y fondos de pensiones–, que se caracterizan por un menor grado de transparencia, lo cual a su vez implica: 1) una amplia distribución de las acciones mineras en la población canadiense (se estima que 49% de los canadienses tienen acciones en la minería) y 2) resulta difícil trazar los orígenes de los fondos que se destinan a la actividad minera."(14)

La Corporación de Desarrollo de Exportaciones de Canadá (EDC) también es poco transparente. Ella es "una institución financiera para los exportadores e inversionistas canadienses en el extranjero, que en 2006 dio $66 billones [miles de millones] en ayuda a empresas canadienses, de los cuales $30 billones se invirtieron en el sector de recursos naturales. Hasta 2007, no ha estado sujeta a la legislación de acceso a la información".(15)

Respecto a las estructuras de estas empresas, las empresas juniors –que han aumentado mucho su participación en la exploración minera– pueden brindar seguridad a las empresas más grandes que van a desarrollar las minas. Incluso, por su propia constitución, estas empresas pueden evitar el riesgo judicial.

Ejemplo: Ascendant Copper Corporation (ahora Copper Mesa) ha enfrentado una fuerte oposicióncomunitaria a su proyecto en el noroeste de Ecuador, en la zona de Intag. Ha sido implicada en violaciones de los derechos humanos y denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2007 por el intento de un grupo de más de 50 guardias fuertemente armados y principalmente ex militares que trataron de ingresar por la fuerza a las concesiones mineras de Ascendant en Intag.

Pero en su sitio web la compañía reconoce que por su estructura empresarial se hace muy difícil llevar a juicio a los miembros de su directiva: "Todos los directores de Ascendant y prácticamente todas sus acciones y las de la corporación están radicados fuera de Canadá. Puede ser imposible que quienes compran seguridades... puedan notificar sobre directores que viven fuera del país en un juicio en Canadá..." Mientras la empresa se incorpora en la provincia de British Columbia, Canadá, su sede está en Colorado, EEUU. También Ascendant Copper Corporation tiene subsidiarias radicadas y/o que cotizan en las bolsas de valores del Caribe con sus operaciones principales en Ecuador.

Mito #9: Cada país es autónomo y soberano en sus relaciones con empresas mineras transnacionales. Las empresas mineras transnacionales respetan el marco legal de los países donde operan.

Muy frecuentemente no existen mecanismos, voluntad ni recursos para aplicar los mandatos legales. Además, muchas veces las mismas empresas mineras y/o sus promotores imponen un marco legal a través de gobiernos amigos.

Ejemplo: En el caso de Ecuador, donde hasta ahora no ha empezado a producir el proyecto de la minería metálica, en el año 2000 se implementaron reformas profundas a la ley minera después de un proyecto financiado por el Banco Mundial y con el apoyo de las embajadas de Inglaterra y Suecia. Las reformas derogaron las regalías de producción debidas al Estado, aumentando el plazo de duración de las concesiones mineras a treinta años renovables, y negaron al Estado la opción de revocar concesiones mineras por afectaciones ambientales o sociales.

Ahora que el país está nuevamente reformando su ley minera para reinstituir el rol del Estado en el control y manejo del sector, las empresas canadienses que dominan la inversión en Ecuador han participado extensivamente en el desarrollo del nuevo texto.

Las empresas también gozan de gran protección por medio de los tratados internacionales que protegen las inversiones (TBI), los cuales se han usado para imponer proyectos mineros cuando se ha presentado una gran resistencia. Las empresas pueden tener una ventaja grande frente a los gobiernos de países en desarrollo cuando van a los tribunales de arbitraje internacional como el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI) por el costo de los procesos y por el hecho de que no hay mecanismo para que las comunidades afectadas puedan participar.

Ejemplo: Goldcorp, a través de su subsidiaria Glamis Imperial Corporation, está utilizando el NAFTA para derogar una ley de California que apoya los reclamos del la tribu Quechan, de la reserva de Fort Yuma, que se oponen a la incursión del Proyecto Minero Imperial en sus tierras sagradas.(16)

Mito #10: Las empresas transnacionales se comportan con responsabilidad social.

Si el marco legal es desfavorable o hay una fuerte oposición a un proyecto minero, la corrupción, la violencia, la criminalización y la desestabilización de organizaciones pueden imponerse. Las empresas mineras son las transnacionales con mayor experiencia en el testaferrato.

Ejemplo: Según un informe de la Defensoría del Pueblo de Perú sobre el Proyecto Río Blanco en el noreste del departamento de Piura, la presencia de la minera en las tierras de las comunidades campesinas se considera ilegal en razón de que no ha sido aprobada por dos tercios de las asambleas de las comunidades campesinas en donde la empresa tiene sus concesiones mineras. Además las comunidades se expresaron fuertemente en contra del proyecto minero durante una consulta popular en septiembre de 2007. Sin embargo, con el apoyo del gobierno del Presidente Alan García la compañía suscribió un acuerdo de estabilidad jurídica y está buscando por cualquier manera abrir su mina, la cual pueda ser el inicio de un gran distrito minero por los dos lados de la frontera Perú - Ecuador.

Un informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú de agosto de 2008, observa que hay alrededor de 300 personas criminalizadas en Piura por su posición en contra de la minería. En un caso muy notable, 35 están enfrentando acusaciones de terrorismo. Las acusaciones fueron presentadas ante la Fiscalía por un grupo sobre el cual existen sospechas de ser montado o apoyado por la compañía. Un informe elaborado por un grupo de abogados de EE.UU. e Inglaterra ha concluido que aquel caso no podría ser presentado en una corte de estos dos países desarrollados aún si el Estado sigue con el caso en el que viola los derechos humanos de las personas involucradas.

Necesidad

Mito #11: El desarrollo minero es progreso y la producción campesina es retraso. Sin minas, no hay futuro, no hay machetes ni bicicletas.

La cuestión minera es de gran importancia pública por la destrucción que implica y por las diferencias fundamentales en las visiones sobre el desarrollo. Las comunidades deberían tener su derecho de autodeterminación, de participación en decisiones que afecten su medioambiente, la salud, la autonomía alimentaria, etc., aspectos todos que puedan ser impactados por la minería.

El mercado de los metales en gran parte es impulsado por usos desvinculados a la vida de las comunidades. En el caso del oro, se utilizó en un 85% para joyería. El níquel, cobalto y tungsteno son considerados minerales estratégicos porque son utilizados por la industria militar. "La actividad minera de gran escala es posible sólo porque está legitimada y premiada por un marco legal colonial, el cual establece una serie de beneficios e incentivos tributarios para las empresas mineras que discrimina contra las actividades económicas productivas y sostenibles, que son las que verdaderamente dirigen nuestras economías regionales."(17) (Tercer Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería en Argentina. Agosto 14 de 2005. "Vienen por oro, vienen por todo."(18))

El desarrollo minero literalmente transforma de manera radical el manejo del territorio, la biodiversidad, el agua, la generación de energía y la sociedad. Asimismo fomenta la dependencia debido a las relaciones clientelistas que mantiene y/o sostiene la minería de gran escala, las cuales en muchos casos utiliza para inhibir el potencial de construir organizaciones, procesos locales y formas de desarrollo autodeterminadas. De hecho, según algunos investigadores, se observa que un resultado de los procesos de lucha en contra la minería ha sido el surgimiento de organizaciones locales, redes de apoyo y otras formas de sostenimiento que están más cercanas a la realidad de la localidad y la gente.(19)

Y cuando tengan que imponer la minería, ¿podría constituir desarrollo? Los investigadores Anthony Bebbington de Inglaterra y María Luisa Burneo de Perú al definir desarrollo se orientan por el economista ganador del Premio Nobel, Amartya Sen, diciendo que "el desarrollo no se define por el crecimiento económico, sino por la expansión de libertades y de capacidades humanas. Se diría, entonces, que si en un proceso de cambio social no hay mejora en la expresión de la ciudadanía, no se puede hablar de un avance en el desarrollo...un crecimiento económico sin desarrollo... puede, más bien, generar conflictos sociales."

César Padilla concluye que la resistencia de las comunidades afectadas a lo largo de América Latina es parte de un proceso transformador por sí mismo, el cual busca otro modelo de desarrollo "que limite la minería así como la mayoría de las industrias extractivas".(20)

Resistencia

Las empresas mineras y las ONG se van después de que se cierra la mina. Los que sufren las consecuencias son las comunidades que quedan viviendo cerca a una mina abandonada. Debido a que los principales afectados por la minería transnacional son comunidades locales, la estrategia de resistencia debe enfocarse hacia ellas.

Hay una riqueza de experiencias de resistencia, que deben evaluarse, articularse y acumularse.

Generalmente, las comunidades y los movimientos sociales no tienen información suficiente y apropiada para actuar en consecuencia. Hay una desarticulación entre quienes tienen conocimientos sobre la minería y quienes viven en comunidades concesionadas o afectadas.

La minería es uno de los mejores ejemplos para poner en evidencia los efectos negativos del modelo económico, así como la ocupación y despojo de los territorios y sus impactos, por lo cual sirve para movilizar en resistencia a la población general (norte, sur, ambientalistas, sindicatos, académicos, estudiantes, inversionistas).

Estrategias posibles para la resistencia

• Encuentro, intercambio y articulación entre comunidades afectadas, involucradas y en resistencia.

• Apoyo y acompañamiento de intelectuales y analistas comprometidos con la resistencia y con el conocimiento del sector, y profundizar el desarrollo de saberes que respalden la movilización y la resistencia.

• Estrategias de comunicación, concientización y movilización (ejemplo: formación de un banco de materiales informativos sobre la minería).

• Montar una estrategia de denuncias sobre la acumulación de capital y los abusos efectuados por las empresas mineras.

• Establecer un equipo técnico-operativo de toda la estrategia y una estructura política-organizativa que funcione coordinada pero autónomamente. Establecer un consejo asesor que tenga un equilibrio entre procesos comunitarios y analistas comprometidos.

*Periodista canadiense de prensa y radio radicada en Ecuador. Sus documentales radiales se han difundido por la radio pública de Canadá, la CBC y The Green Planet Monitor, además de varias producciones de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Universitarias de Canadá. Sus artículos se han publicado en upsidedownworld.org, dominionpaper.ca, rabble.ca y otros.

 http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-general/mitos-y-realidades-de-la-mineria-transnacional  Latinoamérica General  23 -07-2011