PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS
A fin de saber porqué constituir otro territorio, situémonos en el avance de la desintegración de comunidades y de la desertificación o destrucción de las condiciones de vida y trabajo a que conduce el actual desarrollo capitalista e imperialista tanto en Argentina como en Sudamérica mediante su 'progreso':
Del monocultivo a la monocultura
Por Emiliano Bertoglio (Rebelión)
"El crecimiento exponencial del cultivo de soja transgénica supone el desmontaje implacable de numerosas prácticas socio-económicas de pequeña escala, sinónimos de autogestión de la existencia, de identidades culturales regionales, de diversidad biológica y cultural. Todo andamiaje productivo –así como las relaciones de producción que le son inherentes- es igualado hoy al dominante".
En efecto, el crecimiento a favor exclusivo de quienes dominan el sistema de agronegocios:
1. Se realiza por inculcación de la lógica e ideología capitalista
"Todo monocultivo somete a los pueblos a la dependencia económica, a la par que los desarticula como tales.
A lo largo y a lo ancho de Argentina la expansión progresiva de las nuevas tecnologías agrícolas promotoras del monocultivo de soja transgénica allana geografías, prácticas tradicionales, modelos de subsistencia, flora y fauna autóctonas, empobrece la tierra, y prescinde del hombre y de sus saberes diversos:
Año tras año se suceden los anuncios de cosecha récord, dando por descontado que ello es sinónimo de desarrollo para el país. En la defensa –propuesta o no- de los intereses del gobierno nacional, de los grandes terratenientes, de los empresarios del rubro y de los propios medios de comunicación que representan, hay algo que las voces de los noticieros no dicen, tan preocupadas por dejar en claro sólo el valor de las toneladas de oleaginosas exportadas: se ha pasado de siete millones de hectáreas de soja en 2003, a 20 millones en 2009-2010. “Se calcula que en toda Argentina hay aproximadamente 31 millones de hectáreas de uso agrícola, lo que quiere decir que la soja ya ocupa este año cerca del 64% de la superficie cultivable total”.
Esta ampliación de las áreas labradas implica la homogeneización de la producción y de las relaciones de producción al “parámetro soja”, con el consecuente silenciamiento de andamiajes simbólicos tradicionales y sus prácticas, destrucción de espacio nativo, concentración de latitudes fértiles.
La imposición de la razón moderna se reedita con este rostro. Dentro de ella “el crecimiento económico es un objetivo racional incuestionable” que no reconoce medios inválidos. La extensión y auto-legitimación de esta lógica genera la no existencia de lo que no encaja en sus límites racionales, acusado de improductivo: la naturaleza no traducible a mercancía es esterilidad, y el trabajo no alineado es pereza o descualificación profesional.
En vastos horizontes de Argentina se impone el color monótono de la producción genéticamente modificada, implantada industrialmente. Por un lado, este sistema imperante es no-cultura, resultante de la negación de las gentes diversas en la tierra, de la ruptura de lo ancestral, de la simplificación de la existencia a variables cuantificables, del vaciamiento de la vida misma. Y, por otro lado y paralelamente, es supremacía extendida de la cultura de lo mercantil, concentración excesiva de suelos, radical separación entre hombre y entorno biológico, importancia del espacio en tanto valor productivo-económico individual, alteración de las condiciones intrínsecamente naturales (manipulación genética). Así se va del monocultivo a la monocultura. Semejante matriz de estandarización se encarna tanto hacia el interior de las propias fronteras de la región argentina tradicionalmente agro-exportadora –la pampa-, como en entornos que exceden a ésta (proceso manifestado en la avanzada indetenible del modelo hacia nuevas regiones). Con todo, frente a la creciente homogeneización, esta diferenciación espacial es ya meramente analítica antes que cierta".
2. Incrementa la monopolización de tierras y la vuelve aceptable al promover el racismo y la discriminación
"Puertas adentro
Con los procesos políticos y económicos de las décadas recientes en la zona pampeana “se fragmenta el espacio rural, y el campo, además de atravesar procesos de despoblamiento también es ‘vaciado’ de actores y relaciones sociales históricas, concentrándose básicamente en sus funciones productivas y generando una redefinición de su entramado asociativo”3.
La falta de apoyo al sector durante los años noventa, y luego las nuevas tecnologías en semillas y agroquímicos que ayudaron a prescindir de horas y procesos de trabajo, se tradujeron en des-ruralización.
Las familias asalariadas fueron expulsadas del medio rural, antiguo espacio de la vida.4 “[…] cada vez hay menos productores rurales en Argentina. Según datos de 2009, en todo el país hay censados 276.581 productores agrarios, la mitad de los que había registrados en 1969, cuando llegó la primera soja”5. “[…] en los últimos 15 años han desaparecido 100.000 productores pobres y campesinos, que hoy pueblan las villas miserias de los centros urbanos”6.
Los réditos que aporta el mercado internacional de oleaginosas hacen que se socaven y desestimen otras formas de sustento, las cuales sí necesitan del factor humano. Dejan de producirse cultivos diferentes (maíz, sorgo, algodón, legumbres, etc.), ganado (vacuno, porcino, ovino), tambo otras y actividades como la horticultura, la fruticultura o la apicultura7.
Las holgadas ganancias se traducen a una renta agraria sojera excesiva. Ésta favorece además la concentración de tierras a manos de pooles de siembra (grupos de inversores), quienes alquilan las extensiones fértiles en detrimento de muchos medianos o pequeños propietarios de tierras que prefieren arrendar su tierra antes que habitarla y trabajarla. En la pampa argentina 6.200 terratenientes poseen el 49 por ciento de la tierra8.
Con esto se uniforma también la concepción de la economía agraria en tanto capitalización privada de un pequeño sector excluyente.
Los pequeños
poblados que se sostenían con las ganancias generadas por el peón o el pequeño
productor también se encuentran en riesgo.
“Hay más de 60 municipios en peligro de extinción en la provincia de Santa Fe”.9
(He aquí, en este apartado, la contra cara de lo que la
sociología citadina frecuentemente estudia como creciente urbanización,
exclusivamente preocupada por el crecimiento de las urbes.
Se
desconoce así no sólo el origen de dicho fenómeno, sino también y
fundamentalmente la desarticulación del espacio rural.)".
3. Expropia tierras para la expansión de la agroexportación a costa de destrucción de las sociedades y la naturaleza
"Pampeanización
Mientras tanto, hacia el exterior de las ahora desdibujadas fronteras agrícolas tradicionales de Argentina, el proceso de homogeneización adquiere una fuerza mucho más violenta y repentina. Los desalojos y desplazamientos de comunidades aborígenes y campesinas, así como las apropiaciones de sus tierras, no se resuelven con procedimientos o estrategias sutiles: los pueblos originarios no venden sus tierras ni se van a las ciudades en busca de “comodidades y confort”, tal se argumenta para el caso de los productores o peones pampeanos.
Las opulentas ganancias que promete el cultivo de la soja y la generación de especies más resistentes a condiciones poco favorables han llevado a colonizar –a pampeanizar- zonas hasta ahora inexploradas, como algunas partes de Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, el norte de Córdoba, entre otras.
Por caso, “En los últimos doce años, la superficie de las tierras fiscales existentes en la provincia de Chaco ha disminuido de 3.900.000 a 660.000 hectáreas. Pero estas tierras no fueron otorgadas, de acuerdo a la Constitución provincial, a las comunidades indígenas o a criollos que desarrollan actividades rurales, sino que fueron vendidas (en ocasiones con los propios indígenas adentro) a empresarios madereros y sojeros, principales responsables de la drástica reducción de los montes ocurrida durante la última década […] El monte ya no es el antiguo vergel de recursos que brindaba alimentos y medicinas, que permitía la vida y la hacía posible. Van desapareciendo los árboles que han acompañado las tradiciones y los mitos del pueblo toba. Hay menos lapachos, menos algarrobos, menos itines, menos quebrachos. Disminuyen las especies animales y vegetales, no hay más marisca, se restringe la pesca. Las abejas, que tradicionalmente han formado parte sustancial de la economía y la alimentación toba, huyen a otros sitios a causa del desmonte. La depredación avanza y la gente no tiene sustento”10.
La agricultura que promete generar alimentos para todos quienes habitan el bendito suelo argentino deja a la geografía hecha páramo y desolación. Lejos de servir a las mayorías, el noventa y cinco por ciento de la soja que se produce a nivel mundial se utiliza para alimentar el ganado de Europa y Asia11".
4. Enfrenta la lucha de los pueblos, campesinos e indígenas
"En busca de la tensión transformadora
Este es el paisaje que se impone hoy en Argentina, monoproductivo y monocultural. Sin embargo, el espacio agrario ha sido históricamente y es incluso hoy un terreno de disputas y de luchas entre el pequeño campesinado, el mercado y el Estado (o el poder colonial-feudal, antes de los Estado-nación).
El mañana se escribe en clave de resistencia y creación. No pocos sostienen que el foco de las luchas antiimperialistas (anti Estados y anti mercado) se halla hoy en la ruralidad y en el campesinado de la periferia12.
Ahora, ¿puede seguir considerándose tierra –y, por lo tanto, espacio de rebeldía y vida- a los inmensos llanos de la patria sojera, al campo vaciado?
Mientras tanto, en donde los hombres aún habitan, son ellos los que levantan la voz y el puño para que la tierra siga incluyendo a las gentes.
Están en los puntos de sutura entre las regiones amenazadas por la pampeanización vecina y las propias extensiones “sojizadas”. Pero también en el propio corazón del sistema, con quienes quedan dentro de las latitudes asaltadas por el monocultivo e, incluso, con los elementos urbanos de pensamiento decolonializado. Son los que piden una ley de bosques justa y respetuosa de lo natural, son los pequeños productores que luchan por defender las prácticas de una economía alternativa, es la civilidad que se moviliza contra las fumigaciones asesinas o por una alimentación sana. Al fin y al cabo todas las fuerzas totalizantes de la historia han mostrado tarde o temprano sus fisuras. Fueron estas grietas las que imposibilitaron su perpetuidad".Fuente: www.rebelion.org Argentina/ 21-07-2010
En consecuencia, preguntémonos sobre ¿qué constitución de territorios romperá con el actual desarrollo que marcha hacia hundirnos en páramos y desolación? y ¿cómo constituirlos?
Precisamos apreciar la constitución de cada uno de los territorios como:
Organización de la comunidad local al afirmarse ésta como sujeto colectivo de la vida y el destino en común
Ricardo Abramovay*, en "Para una teoría de los estudios territoriales",saca las siguientes:"Conclusiones Es extremadamente saludable que la noción de «territorio» (oriunda de la geografía y, especialmente, de la geopolítica) haya sido incorporada por otras ciencias sociales, sobre todo por la economía y por la sociología para el estudio de los sistemas productivos localizados. Una parte importante de la literatura sobre el tema tiene una naturaleza marcadamente normativa, lo cual se explica – y ésta es la idea central de este artículo – por la ausencia de una teoría de la interacción social, como base para la explicación de los lazos sociales que están en el origen de la propia formación de los territorios.
La propuesta teórica que emerge de la aplicación de la sociología económica de Neil Fligstein a los estudios territoriales es plantear a los territorios como campos en los que se ponen frente a frente protagonistas con intereses diversos e investigar los procesos localizados de cooperación no como expresión idílica de virtud cívica sino como forma de dominación. Especialmente fértiles en este sentido serán los análisis de los mercados locales y de las iniciativas llevadas a cabo por las propias organizaciones populares – que se piense, por ejemplo, en la impresionante y reciente experiencia argentina de las monedas locales – en el sentido de alterar las condiciones en las que una determinada región se reproduce. El estudio de los territorios desde el ángulo de las fuerzas sociales que los componen no es sólo una invitación a análisis empíricos bien fundamentados sobre su constitución – más que de recomendaciones de política – sino que allana el camino hacia la comprensión de los cambios que nuevas fuerzas sociales pueden imprimir a la manera como están hoy organizados".
Evalúa la formación de lazos sociales para la puesta en marcha de un sistema productivo localizado. Esto requiere partir de que:
Los territorios son el resultado de la manera como las sociedades se organizan para usar los sistemas naturales en los que se apoya su reproducción, lo cual abre un interesante campo de cooperación entre las ciencias sociales y naturales para el conocimiento de esta relación.
El estudio empírico de los actores y de sus organizaciones se vuelve absolutamente crucial para comprender situaciones localizadas. Está claro que estos actores provienen de varios sectores económicos y poseen orígenes políticos y culturales diversificados.
La falta una teoría de la interacción social (como fundamentos consistentes para la noción de territorio y desarrollo territorial) se sublima mediante esfuerzo por localizar trazos generales del comportamiento de los actores, de las organizaciones y de los ambientes, capaces de explicar situaciones particularmente virtuosas, en contraste con la estagnación de tantas otras. El resultado puede ser muchas veces empíricamente interesante, pero es evidente la precariedad del andamiaje explicativo.
El problema importante consiste en el riesgo de sustituir el estudio de las fuerzas sociales, de su interacción, de sus intereses y de sus conflictos, por la observación de la presencia o ausencia de elementos constitutivos de la cohesión de los territorios, sin tener una teoría que permita trazar hipótesis acerca de la naturaleza de estos elementos. Más que poner el énfasis en un sentimiento general de territorialidad, de pertenencia o de identidad, lo importante es dotarse de medios teóricos que estimulen el estudio empírico de los conflictos sociales y de su desenlace por medio de instrumentos usados por cada uno de sus protagonistas.
En procura de atender ese problema, señala: "La contribución de la nueva sociología económica La idea de que el territorio está formado por un conjunto de lazos capaces de fortalecer la identidad de sus actores y, por lo tanto, el emprendimiento de acciones en común sobre la base de la confianza que pudieron construir por su interacción es importante, pero insuficiente para explicar procesos localizados de desarrollo. El ítem anterior de este artículo trató de mostrar las falencias originadas en dos tentativas – de peso en la literatura reciente sobre el tema – de interpretar los territorios sobre la base de estas referencias. La sociología económica contemporánea ofrece herramientas especialmente importantes para el estudio de la vinculación entre los territorios y las fuerzas sociales que los componen. Los trabajos del sociólogo norteamericano Neil Fligstein brindan instrumentos teóricos consistentes para la comprensión de dinámicas territoriales. Dos temas fundamentales pueden ser evocados en este sentido:
1. Naturaleza de la cooperación a establecer
La naturaleza de la cooperación ¿Cuál es la naturaleza de los lazos sociales establecidos por los autores en su interacción localizada? Inspirado en gran medida en la obra de Pierre Bourdieu, Neil Fligstein (2001a:2) estudia la vida social a partir de arenas o campos que corresponden a la construcción de “órdenes sociales locales basados en las relaciones sociales entre grupos de actores”. La idea central de Fligstein es que, en cada campo, “el objetivo central de la acción está en la tentativa de alcanzar cooperación con otros actores… Las personas que actúan como líderes en los grupos necesitan estabilizar sus relaciones con los miembros de sus grupos para conseguir que éstos actúen colectivamente y necesitan estructurar sus movimientos estratégicos hacia otras organizaciones en sus campos. La habilidad de los actores para analizar y conseguir tal cooperación puede ser vista, genéricamente, como habilidad social (social skill)… Algunos actores están más habilitados socialmente para obtener la cooperación de los otros, para maniobrar en torno a actores poderosos y de saber cómo construir coaliciones políticas en la vida” (Fligstein, 2001a:3).
«Habilidad social» (social skill) es la capacidad de inducir, de obtener la cooperación ajena. Es en base a esta capacidad como se construyen órdenes locales que serán decisivos para el funcionamiento de las organizaciones y, en particular, de los mercados. La cooperación social deja de ser un producto virtuoso generado por ciertas circunstancias históricas especialmente favorables (como en la obra de Putnam, 1993/1996, por ejemplo) o por ciertas políticas especialmente bien construidas (como ocurre tan frecuentemente en la literatura sobre capital social) y pasa a ser el resultado del intento de los diferentes grupos sociales de moldar sus reglas básicas. «Cooperación» supone capacidad de persuasión, de interferir en la propia formación de los significados en torno a los cuales se organiza la acción social. (...)
La habilidad social (social skill) capaz de construir los procesos de cooperación allana un importante camino a las iniciativas de los actores (agency) que no se doblan simplemente ante condicionantes estructurales opresivos. Pero esta habilidad no está igualmente distribuida entre ellos y el éxito de su ejercicio depende no tanto de buenas “políticas” (policies), sino, sobre todo, de la capacidad de construir coaliciones políticas que reflejen la fuerza de cada grupo social. “Allí donde hay mayor turbulencia social o incertidumbre, explica Fligstein (2001a:4), la habilidad social puede desempeñar un papel importante en el mantenimiento del orden local (in holding local orders together). En la fundación de órdenes sociales, la habilidad social adquiere una función prominente. No es casual que se hable de emprendedores en la vida económica, social y política”. Estudiar el emprendedorismo no sólo privado sino, sobre todo, público y asociativo es uno de los caminos primordiales, en esta perspectiva, para comprender la capacidad de diferentes grupos sociales de establecer liderazgos y consolidar proyectos. Lo importante aquí es que los actores no son meros reproductores de las estructuras en que están insertos, sino que tienen la capacidad de alterar la correlación de fuerzas dentro de un determinado campo, imponiendo un nuevo modelo de relacionamiento recíproco como base de su cooperación. Es fundamental, entonces, no sólo comprender la manera como los actores se insertan en ciertas realidades e incluso roles sociales, sino también cómo adquieren el poder de alterar las relaciones de fuerzas de los campos en los que estos roles son desempeñados. (...) El abordaje inspirado en la teoría de los campos de Pierre Bourdieu – esferas más o menos institucionalizadas de la vida social que se caracterizan, antes de todo, por la existencia de fuerzas opuestas, organizadas en torno a intereses y a ciertas representaciones sobre el funcionamiento del propio mundo – entiende la cooperación humana no como un ideal sino como modelo de acción: la vida social es el intento permanente de obtener cooperación ajena, o sea, de imprimir a cierto campo de acción patrones de conducta correspondientes a determinados intereses.
2. Mercados a construir en base a la cooperación
Mercados en tanto campos Si la acción social es la “habilidad de inducir a la cooperación con los demás” (Fligstein, 2001a:15), ¿cómo puede ser definida esta forma específica de cooperación que son los mercados y de qué manera su construcción se apoya sobre las fuerzas sociales que moldan los rasgos de los propios territorios? Si es cierto que los territorios pueden ser estudiados a partir de los lazos sociales entre sus actores, entonces es fundamental – para superar el carácter tan frecuentemente normativo de la literatura actual sobre el tema – que se comprenda teóricamente la naturaleza de estos lazos, o sea, la naturaleza del proceso de cooperación en torno al cual se construyen los territorios. Este proceso será importante para la comprensión las instituciones públicas y de los propios mercados que marcan la vida de una región. Está claro que los territorios son más que mercados e incluyen al Estado, sus diferentes agencias, los electos locales, los varios tipos de organización de la sociedad civil. La forma como los mercados son constituidos y cómo funcionan representa, sin embargo, una síntesis de estos diferentes elementos. En otras palabras, mercados no son puntos neutrales de equilibrio entre oferta y demanda, sino, al contrario, deben ser entendidos como estructuras sociales capaces de proveer a sus participantes reglas de interacción y referencias cognitivas que moldan sus acciones (Smelser y Swedberg, 1994). Es lo que desde trabajos pioneros de Karl Polany (1957/2001) quedó conocido, en la literatura de las ciencias sociales, como embeddedness, inmersión o inserción: la economía no es una esfera autónoma de la vida social, cuyo funcionamiento obedece a leyes que pueden ser conocidas independientemente de las determinaciones no económicas de los comportamientos de los actores (Granovetter, 1985; Swedberg, 1994 y 2003).
Desde el ángulo sociológico, “mercado” es una palabra que jamás debería ser pronunciada en singular: no existe una entidad abstracta, funcionando bajo leyes universales y que sea capaz de imponerse de forma soberana a cualquier situación, independientemente de la organización social y de sus raíces históricas. Mercados no son formas fijas que vienen a plasmarse en realidades variadas, ni un mecanismo que envuelva a todas las relaciones sociales, sino el resultado de la manera como se hacen las instituciones. Lo que hay, por lo tanto, son mercados cuya construcción y funcionamiento es el producto histórico de formas determinadas de interacción correspondientes a ciertas relaciones de fuerzas entre grupos sociales. De no ser así, la historia de las sociedades contemporáneas no sería más que la monótona descripción de la forma como el mercado se va adueñando, de manera creciente y avasalladora, de todas las dimensiones de la vida social. Bajo esta óptica, no habría razón para el estudio de los territorios. ¿Pero será posible una teoría del funcionamiento de los mercados que vaya más allá de la manera abstracta como la economía en general los presenta y que no sea un mera descripción empírica de su funcionamiento caso a caso? Las dos más importantes tentativas de construir una teoría sobre el funcionamiento de los mercados, en las ciencias sociales contemporáneas, vienen de la nueva economía institucional, por un lado, y de la nueva sociología económica, por el otro. En la nueva economía institucional, los mercados funcionan a medida que los costos de transacción entre sus actores son reducidos por medio de instituciones capaces de abalizar y regular sus acciones. La organización de los mercados es una solución eficiente producida por la manera como las instituciones logran enfrentar los costos de transacción. Es un punto de vista bastante conocido y que no será expuesto aquí.
La nueva sociología económica, en cambio, ofrece una contribución más reciente y – para el estudio de los territorios – más importante. Ésta desarrolló lo que se puede llamar abordaje estructural de los mercados: la idea central es que los mercados no son mecanismos espontáneamente autorregulados de interacción, sino que funcionan a partir de la observación permanente que sus protagonistas principales hacen los unos de los otros. Lo más importante no es el infinito número de transacciones entre compradores y vendedores que produce mágicamente un precio de equilibrio, sino, al contrario, la coordinación entre los propios vendedores, sin la cual ningún mercado puede adquirir durabilidad: “mercados son cliks tangibles de productores observándose recíprocamente. Las presiones del lado del comprador crean un espejo en el cual los productores se ven a sí mismos y no a los consumidores” (White, 1981:543). Esta observación de base, presente en un artículo ya clásico de Harrison White, fue desarrollada de modo especialmente interesante por Neil Fligstein en trabajos recientes. La capacidad de obtener de los demás comportamientos cooperativos permite una saludable politización de los procesos subyacentes a la propia cohesión de los territorios y con esto constituye una respuesta sólida a las críticas pertinentes que Meyer-Stamer (2004) dirige a la propia idea de desarrollo local.
La «cohesión territorial» se apoya siempre en formas localizadas de cooperación que corresponden a la capacidad de diferentes grupos de ofrecer los patrones alrededor de los cuales se estabiliza la interacción social. Los participantes de cualquier mercado buscan, permanentemente, estabilizar sus relaciones o, en otras palabras, reducir al mínimo los riesgos que corren por el hecho de estar expuestos al sistema de precios".
Mientras hoy: "Los protagonistas de los mercados son fundamentalmente maximizadores de ganancias viviendo en un mundo atomizado en el que las oportunidades son aprovechadas bajo la forma de una subasta permanente establecida entre participantes anónimos e impersonales. Por el contrario, la construcción de los mercados consiste en “encontrar caminos para estabilizar y rutinizar la competencia. La mayor parte de la historia de las grandes corporaciones puede ser leída como intentos de estabilizar mercados para estas firmas frente a la competencia ruinosa y de los vuelcos de la economía… Encontrar caminos de competencia que no giren apenas en torno a los precios ha probado ser fundamental para producir estabilidad para las firmas en todas las sociedades avanzadas” (Fligstein, 2001b:5). Son éstas las bases de lo que Neil Fligstein (2001b) llama “abordaje político-cultural de los mercados”. El mayor objetivo de los protagonistas de los mercados es estabilizar las relaciones con sus proveedores y, cuanto sea posible, con sus clientes. Sobre esta base, ellos buscan, permanentemente, estabilizar también las relaciones entre sí, a fin de reducir los riesgos provenientes de la exposición de todos a las oscilaciones del sistema de precios. Esta estabilización es una forma de consolidar aquello que Max Weber llamaría dominación legítima al interior de cada mercado. La estructura de los mercados contiene una dimensión cognitiva – la comprensión común de aquello que se hace, la manera como se organizan las firmas y las formas legítimas de competencia – y relaciones concretas entre los actores – resultantes de la historia de su interacción. Esta estructura responde a cuatro reglas básicas. a) Ningún mercado puede estabilizarse si no hay una clara definición entre sus participantes con respecto a los derechos de propiedad en él practicados. b) Ningún mercado se estabiliza sin que su estructura de gobernanza – las reglas generales que definen las relaciones de competencia y cooperación entre las firmas y la propia manera como las firmas deberían organizarse – esté claramente definida. c) La estabilización de cualquier mercado exige un acuerdo en torno a las reglas de intercambio, que van desde pesos y medidas hasta la manera como se hacen los pagos y los mecanismos que aseguran el cumplimiento de los contratos. d) Mercados estables consolidan ciertas concepciones de control, una concepción de mundo que permite que las relaciones entre dominantes y dominados pueda se establecida y reproducida a lo largo del tiempo. Es importante subrayar que la estabilización de las relaciones entre los componentes de un mercado no lo deja inmune a cambios.
El trabajo de Neil Fligstein sobre la habilidad social tiene la inmensa utilidad de mostrar que la estabilidad de los mercados corresponde a un objetivo central de sus protagonistas, pero sólo es obtenida de forma inestable y sujeta a cambios. La estabilidad de las relaciones entre los participantes de un mercado puede ser contrastada por la aparición de organizaciones capaces de desafiar las bases en que se asienta un determinado modo de su funcionamiento.
En otras palabras, mercados son enteramente dependientes de instituciones, que, a su vez, reflejan la propia correlación de fuerzas y la manera como, a cada momento de su historia, una sociedad define las cuatro reglas mencionadas arriba – derechos de propiedad, estructura de gobernanza, reglas de intercambio y concepción de control – en torno a los cuales se organiza la interacción de los individuos y de los grupos sociales en los mercados. De allí el vínculo tan íntimo entre territorios y mercados: resulta que las reglas en torno a las cuales funcionan los mercados de una determinada región reflejan la correlación entre los diferentes grupos sociales que de ellos participan y dependen. Las estructuras de las que dependen los mercados no son constituidas en un orden propio y autónomo del restante de la vida social. Ellas son jerarquizadas, ya que la estabilización de cualquier mercado se hace en torno al reconocimiento y legitimación de los procesos de dominación que lo constituyen. Los mercados se estabilizan alrededor de lo que Neil Fligstein no duda en llamar coaliciones políticas, que incluye el reconocimiento de aquellos que son líderes a su interior, pero también la legitimación de los procedimientos a partir de los cuales este liderazgo se implanta y se estabiliza – de manera siempre precaria, claro está. La presencia allí, tanto del Estado como de organizaciones (de los más variados tipos) de la sociedad civil y de los propios productores, es absolutamente crucial. Los propios movimientos sociales, en este sentido, pueden ser pensados como formas sociales de organizaciones capaces de alterar la distribución de los recursos y la legitimidad misma de los procedimientos que atañen a la interacción social en una determinada región. Tan importante cuanto las movilizaciones que promueven son los cambios que pueden llevar a la alteración de las reglas básicas de funcionamiento de los propios mercados".
* Profesor titular del Departamento de Economía y del Programa de Ciencia Ambiental de la Universidad de São Paulo – Investigador de CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) – Investigador del Proyecto Territorios rurales en Movimento (TREM) de RIMISP - Home page: www.econ.fea.usp.br/abramovay/ - Traducción de Celina Lagrutta, con apoyo del Departamiento de Economía de la FEA/USP.
http://www.rimisp.org/FCKeditor/UserFiles/File/documentos/docs/pdf/abramovay_2006_teoria_estudios_territoriales.pdf
En consecuencia, los territorios emancipadores se constituyen en la medida que la unidad de la diversidad popular asume la autogestión y el autogobierno sobre las cooperaciones intracomunitarias e intercomunitarias que hagan posible el buen vivir de los de abajo en Argentina pero, también, en América Latina y el Caribe y en el mundo entero.
Nos urge, para crear esas cooperaciones, reelaborar nuestras percepciones y lógicas respecto a la alteridad, los "otros", los "diferentes" descubriendo las relaciones de poder en vigencia. Con este fin, reflexionemos respecto al:
Eje temático: Espacio social, tiempo y territorio
Por César A. Gómez y María Gisela Hadad (Instituto de Investigaciones Gino Germani – UBA/CONICET) donde nos aclaran:
1. El encubrimiento de la situación de sometimiento y explotación mediante focalización de las diferencias
GLOBALIZACIÓN E IDENTIDAD: LA DESIGUALDAD COMO DIFERENCIA
"(...)Señala García Canclini que la diferencia indígena es muchas veces exacerbada por las condiciones de desigualdad y desconexión, por lo que estas últimas, referidas a situaciones particulares de exclusión, deben distinguirse de la primera: “…los indígenas no son diferentes sólo por su condición étnica, sino también porque la reestructuración neoliberal de los mercados agrava su desigualdad y exclusión. (..) son desempleados, pobres, migrantes indocumentados, homeless, desconectados.” Evidentemente el problema pasa por la distinción entre las diferencias culturales y étnicas que los definen y quieren defender, y la reducción de las desigualdades sociales en las que están inscriptos – producto tanto de su inserción marginal y subordinada en las sociedades nacionales, como de las históricas relaciones de explotación y dominación. De este modo, lo que esta distinción permite consignar es el mecanismo de ocultamiento por el cual el discurso de la diferencia, tan caro a los planteos multiculturalistas de los últimos años, termina opacando y escondiendo las profundas desigualdades que subyacen a la inserción de grupos tales como indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, desocupados, sin tierra, entre otros, en el sistema económico, social, político y cultural hegemónico y globalizado.
Desde este planteo creemos que existe un notable paralelismo entre esta – para nada ingenua – operación discursiva y de construcción sociocultural de la desigualdad como diferencia, y aquellos discursos tan en boga que remiten a la globalización como proceso de des-territorialización creciente. Segato apunta que es este un movimiento contemporáneo que representa una invitación a pensar la idea del no-lugar, del vaciamiento de la cualidad territorial del que son objeto las subjetividades modernas, de la pérdida del anclaje en los territorios tal como los conocíamos hasta ahora. Y esto no es más que una manera de relativizar, y aun desestimar, el rol que los anclajes territoriales juegan para los actores hegemónicos dominantes, que lejos de no pertenecer a ningún lugar, avanzan hacia un creciente control y manejo de los recursos territoriales, y los bienes naturales asociados a estos. Es importante destacar la necesidad de asumir este punto de partida para referirnos a las identidades sociales en un contexto signado por el discurso del multiculturalismo y la tendencia a concebir a la cultura como sustantivada. Al señalar las implicancias de una mirada que se posiciona desde la interculturalidad, García Canclini nos permite desplazar el centro de atención de la diversidad, como cualidad sobresaliente de nuevas subjetividades en el mundo globalizado, articulando en el análisis elementos que dan cuenta tanto de la diferencia como de la desigualdad y la desconexión. Esto abre la posibilidad de abordar los procesos de globalización ampliando el espectro de análisis al considerar la incidencia de procesos políticos y económicos en la configuración de nuevas identidades. Concentrarse en la diversidad como referencia fundamental de las configuraciones identitarias contemporáneas implica un solapamiento, sino muchas veces un refuerzo de las desigualdades que reproduce la “lógica de la identidad”, y este aspecto problemático del multiculturalismo tiene una serie de correlatos que resulta necesario desentrañar. Por esta razón, consideramos que la noción de territorio es una dimensión clave que nos permite articular - en un enfoque multidimensional - el análisis las relaciones de dominación, las disputas por recursos, y la conformación de identidades sociales, de forma que dichas problemáticas aparecen intrínsecamente relacionadas y mutuamente imbricadas(...)".
2. La territorialización como construcción de identidades colectivas del otro país-mundo posible
LA CULTURA MUNDIALIZADA : ¿DES-TERRITORIALIZACIÓN DE LAS IDENTIDADES?
"(...)«El territorio» debe ser pensado como la manifestación objetivada de una determinada configuración social, no exenta de conflictos que involucran a una diversidad de actores que comparten el espacio. Si pasamos de considerar las diferentes escalas geográficas como mera expresión de una dimensión de análisis, al análisis concreto de las formas territoriales que resultan de la dinámica de las relaciones sociales en la etapa actual, nos encontramos con que hay una desigualdad manifiesta en la capacidad de definir la escala sobre la que se fundamenta la construcción del territorio. Encontramos sugerente el análisis de Boaventura de Sousa Santos (2001), quien en su definición de los procesos de globalización hace referencia al comportamiento hegemónico de un localismo. Así es como el punto de vista des-territorializado puede ser aprehendido más bien como el discurso de los vencedores ante la configuración de un nuevo mapa de las relaciones de dominación. Eso que llamamos globalización, sugiere De Sousa Santos, es siempre la globalización exitosa de un localismo dado. “En otra palabras, no existe condición global alguna para la que no podamos hallar una raíz local, un fondo cultural específico”. En relación con esto, conviene tener presente entonces que la configuración que asumen las relaciones de dominación en un contexto específico se expresan a través de una territorialidad que le es inherente.
Un aspecto que subyace a los comentarios anteriores sobre la producción del territorio como un correlato necesario de la des-territorialización, es nuestro interés en someter a consideración la confluencia en la mirada de algunos intelectuales en torno a la caracterización de los nuevos movimientos sociales latinoamericanos, al presentar como uno de sus rasgos más sobresalientes su territorialización. En estos análisis, inscriptos en la línea interpretativa que retomamos al referirnos a Haesbaert, la territorialización emerge como común denominador porque se da como una manifestación del proceso de reestructuración de las relaciones sociales que se desarrolló durante las últimas décadas. Frente a la crisis de la territorialidad estatal, ahora se habla de territorialidades diversas, o como señala Porto Gonçalves, se trata de pensar en términos de tensión de territorialidades, aludiendo con esto a procesos que, lejos de evidenciar una dinámica unívoca, están marcados por conflictos que se instalan en torno a la producción del espacio, en la nueva geográfica del capitalismo contemporáneo. Dice el autor que “Si la diferencia siempre fue un atributo esencial del espacio, lo que tenemos actualmente, dentro del proceso de reorganización social en curso, es una lucha por su instrumentalización mercantilizada”. Precisamente, cuando Zibechi se propone ensayar una caracterización de los movimientos sociales contemporáneos, hace referencia a su arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas, como una respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda. Agrega que la desterritorialización productiva hizo entrar en crisis sujetos que vieron evaporarse territorialidades (identidades) en las que habían ganado poder y sentido en la etapa anterior, por lo que la referencia a la territorialidad resulta una manifestación de un proceso de reacomodamientos y de reconfiguración social. Por su parte, el geógrafo brasilero Bernardo Mançano Fernandes (2005) profundiza en esta clave interpretativa para proponer lo que considera como una perspectiva geográfica para avocarse al análisis de los movimientos sociales. Después de recuperar el carácter multidimensional de la noción de territorio, así como los aspectos que refieren a la conflictividad como un rasgo inherente a los procesos de territorialización, este autor propone los conceptos de movimiento socio-territorial y movimiento socio-espacial.
CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIDAD Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Ahora bien, llegados a este punto nos detendremos brevemente en la caracterización de la noción de identidad que guía nuestra indagación, ya que la misma nos permite dar cuenta de la subjetualidad que vehiculiza los procesos de territorialización que mencionamos en el apartado anterior. Uno de los análisis más interesantes para abordar la cuestión de la construcción de las identidades colectivas es la que propone Alberto Melucci, que conceptualiza la noción de identidad como un elemento central para dilucidar el por qué del surgimiento de un movimiento social y las variables explicativas internas del movimiento, que se ubicarían, precisamente, en la construcción identitaria.
Melucci propone analizar la acción colectiva como un proceso en el cual los individuos construyen el significado de la acción, la cual es “…el resultado de intenciones, recursos y límites, una orientación intencional construida mediante relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones.” (1994: 157). Desde esta perspectiva, la acción social y la construcción de la identidad que la sustenta se van dando en un proceso simultáneo, no exento de luchas y tensiones. En ese mismo proceso, los individuos “…definen en términos cognoscitivos el campo de posibilidades y límites que perciben, mientras que, al mismo tiempo, activan sus relaciones como forma de dotar de sentido a su ‘estar juntos’ y a los objetivos que persiguen.” (Íbidem).
Esta caracterización de la acción social implica tomar como punto de partida la propia definición de un “nosotros”, del sujeto social que lleva adelante la acción. Y en el proceso de construcción de esa identidad de sujeto social es que se va conformando la acción. La definición de un “nosotros” implica posicionarse respecto de los “otros”, de aquellos que lo rodean y/o contraponen – uno de los elementos centrales es precisamente este, la capacidad de diferenciarse a nivel subjetivo, como veremos más adelante. Es en la propia construcción identitaria que se van definiendo los alcances del movimiento, sus objetivos, sus medios y su estrategia.
A su vez, la identidad del movimiento se va conformando en el transcurso de las negociaciones, discusiones, idas y venidas que caracterizan este tipo de construcciones. La definición que el sujeto social hace de sí mismo parte de la evaluación que efectúa de sus fines y orientaciones, el por qué de la acción, de los medios que posee o puede alcanzar – y de los que necesitaría y no posee – y del ambiente que lo rodea, del contexto en el que se inserta su accionar. Este reconocimiento es hecho desde su perspectiva particular, desde su subjetividad colectiva, y como bien dice Melucci, no está exenta de tensiones. Evidentemente el movimiento social está constituido por individuos, los cuales tienen su propia subjetividad, su identidad personal, e intereses ligados a estas. A partir de la puesta en común de las individualidades – conflictiva o pacíficamente – se va acordando el carácter del movimiento, se van negociando, discutiendo, las distintas posturas que luego permitirán alcanzar el consenso necesario para la acción.
Dicho esto, explicitamos el concepto de identidad colectiva de Melucci, según la cual esta es una “… una definición interactiva y compartida, producida por varios individuos y que concierne a las orientaciones de acción y al ámbito de oportunidades y restricciones en el que tiene lugar la acción: por «interactiva y compartida» entiendo una definición que debe concebirse como un proceso, porque se construye y negocia a través de la activación repetida de las relaciones que unen a los individuos(...)".
3. Resignificación de su «ser indígena» por autoorganizarse contra el sistema de despojo y discriminación
CONSIDERACIONES SOBRE LA IDENTIDAD Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
(continúa)
La sola entidad de un grupo de individuos que comparten rasgos culturales, formas de vida, lengua o territorio, no conlleva por sí misma acciones colectivas del tipo de las que caracterizamos como movimientos sociales. Dice Marisa Revilla que “La existencia de una condición étnica común a los participantes en el movimiento no explica la constitución de un nosotros que, en la afirmación de su condición compartida y en su reivindicación de demandas, construye un actor social y político que demanda reconocimiento como tal. En otras palabras, (..) la existencia de grupos étnicos diferenciados no explica la existencia de un conflicto político ni la movilización de algunos de esos grupos.” (Revilla, 2005: 52) Lo que necesitamos consignar es cómo se constituye la identidad colectiva que subyace a los movimientos, es decir, como se resignifica el “ser indígena” para revertir la connotación negativa y discriminatoria que se ha mantenido durante varios siglos.
La condición étnica es el punto de partida para la construcción identitaria de los movimientos indígenas. Como dice Manuel Castells “…La etnicidad ha sido una fuente fundamental de significado y reconocimiento a lo largo de toda la historia humana. Es una estructura básica de diferenciación…” (Citado en Revilla, 2005: 50)12. Pero no estamos frente a la prolongación de las luchas étnicas que han tenido lugar a partir de la irrupción del blanco en América. De hecho, postula Revilla, las acciones de las organizaciones indígenas actuales no tienen que ver ni siquiera con las que se han formulado en gran parte del último siglo. Estamos frente a un nuevo tipo de movimientos, que se basan en nuevas pautas de identidad colectiva. No ha habido una evolución identitaria lineal hasta llegar al momento actual, sino una transformación, basada, entre otras cosas, en la apropiación y resignificación del término indígena.
Precisamente, lo que caracterizábamos anteriormente como un segundo momento en la constitución de la identidad étnica es la condición de posibilidad de la concepción de la identidad como proceso de construcción ligado a la acción colectiva. Dice Bello “…la identidad es, por tanto, un producto de contextos sociales e históricamente estructurados. Pero con relación a la acción colectiva y los movimientos sociales, la identidad étnica es también un producto de las regulaciones que ciertos actores, en determinados momentos y bajo ciertas condiciones, hacen de ella (..) son construcciones sociales surgidas (..) dentro de un marco relacional y de lucha por el poder.” Esto último es el elemento específico de la identidad étnica ligada al proceso de organización y lucha de los movimientos indígenas.
Llegados a este punto nos parece adecuado exponer que entendemos por «identidad étnica» a “…un conjunto de repertorios culturales interiorizados, valorizados y relativamente estabilizados, por medio de los cuales los actores sociales se reconocen entre sí, demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado.” Es decir, la identidad étnica es una construcción histórica y relacionada con el contexto estructural en la que está inserta. Es un proceso colectivo de demarcación de fronteras, que Fredrik Barth denomina fronteras étnicas, en el cual el sujeto social construye una caracterización del nosotros – con la correspondiente línea que divide del “ellos” – a partir de sus rasgos compartidos, y donde es fundamental la dimensión de la autoadscripción.
La «identidad étnica» gira en torno a la valorización de la diferencia y al establecimiento de un imaginario propio, en el que el sujeto colectivo ocupa el lugar central, revirtiendo, en cierto sentido, la lógica del imaginario dominante. Si bien implica cierta estabilidad, esta construcción sigue siendo relacional y contextualizada, por lo que está sujeta a redefiniciones y confrontaciones, además de no dejar de estar anclada al contexto histórico social en el que se inserta. Sin embargo, esta construcción identitaria es lo suficientemente constante como para ser aprehendida por los individuos, interiorizándose al punto de subjetivarse y hasta naturalizarse De allí que muchas veces se cometa el error de considerar a la identidad étnica como una característica fija de los grupos indígenas, error que termina ocultando el proceso de construcción – que en sí mismo, como proceso, es lo que da entidad a la identidad étnica, y a la identidad colectiva en general.
“No existen (..) identidades antiguas resurgidas; por el contrario, la identidad está en permanente transmutación”, señala Bello (2004: 33). Y precisamente de ello se trata, de apreciar el carácter de proceso y construcción de la identidad. El peso del análisis está puesto en la apropiación subjetiva que implica la construcción identitaria. Es reveladora la frase de Max Weber según la cual se puede pensar la identidad colectiva como “…una creencia subjetiva en una procedencia común…”. Lo trascendente es que, más allá de que se trate de individuos que comparten una verdadera ascendencia común, o que se trate de una “consanguinidad imaginaria”, la construcción identitaria los identifica como parte de un mismo colectivo. Si nos remitimos a los términos acuñados por García Canclini (2006), la identidad étnica es precisamente el lugar de la diferencia como defensa de la especificidad del colectivo, como la demarcación de la singularidad, hecha por los propios grupos étnicos, a partir del trazado de las mencionadas fronteras étnicas (Barth), pero no implica – y allí se aprecia la lucidez del análisis del autor – un renunciamiento o combate hacia la modernidad como principio, ya que no se trata de una mirada que añora un pasado ideal ni de una identidad esencialista, sino, por el contrario, de revertir la desigualdad que los oprime desde su propia especificidad identitaria. En este sentido, si algo pone en evidencia el discurso de la dominación es su negativa a pensar la problemática como una lucha por la inclusión social y/o autodeterminación que se apoye en la supresión de la desigualdad, y no como una defensa exacerbada por el mantenimiento de las diferencias culturales, como sugieren los discursos multiculturalistas que terminan incurriendo en un relativismo cultural a ultranza.
Por lo tanto, y según este planteo, la «identidad étnica» no es la resultante de la defensa de los rasgos históricos naturalizados y desprovistos de toda movilidad, sino por el contrario, es necesario ver el proceso de construcción de la identidad como algo inacabado y mutable, en permanente definición. Decía muy adecuadamente Miguel Bartolomé que lo que permanece inalterable no es la identidad, sino los lugares que éstas ocupan socialmente: “…las formas culturales como las ideaciones que las reflejan se transforman con el tiempo; lo que permanece son los campos sociales alternos que construyen. El proceso de configuración de la diversidad no nos remite entonces a identidades esenciales que deben ser preservadas, sino a la vigencia de espacios sociales diferenciados cuyos límites tienden a mantenerse.”
De este modo, tanto a nivel de la «identidad étnica» asociada a un grupo indígena, como al nivel de la identidad colectiva que da lugar a la acción política del movimiento social, estamos hablando de proceso y de construcción colectiva. Y es sólo de este modo que podemos considerar en toda su magnitud los cambios que en las últimas décadas vienen configurándose en torno a los pueblos indígenas. Precisamente, y en esta línea, Segato propone analizar el surgimiento de las identidades políticas transnacionales como un producto de la globalización, en tanto, o bien serían emergentes de un proceso de etnogénesis, o bien, de procesos de irrupción de características identitarias por mucho tiempo invisibilizadas o latentes. También en este sentido se manifiesta José Bengoa (2003), que en el marco de una sugerente propuesta para pensar la cuestión rural en las últimas décadas, señalando que uno de los cinco desplazamientos temáticos de esta cuestión es precisamente el que se da desde lo campesino a lo indígena. Dice el autor que en este período se vienen dando cambios en el mundo rural que nos permiten pensar este escenario desde nuevas perspectivas, es lo que él llama desplazamientos temáticos. Para nuestro caso particular, nos interesa detenernos en el proceso por el cual lo indígena hace su irrupción “de entre las ruinas” de la identidad campesina, arquetípica de América Latina y hasta ese momento bastante indiferenciada.
Dice Bengoa que “los movimientos campesinos sepultaron la etnicidad del indio. Eran movimientos de sujetos que probablemente pertenecían en forma individual a alguna etnia pero que no lo expresaban en su discurso. (..) lo indio estaba oculto, medio oculto podríamos decir, tras lo campesino.” (2003: 84-85). Desde este lugar se produce una emergencia de lo indígena que redefine identidades y genera nuevas estrategias discursivas y de acción, ahora desde una condición de pertenencia étnica. Este sujeto, que hasta ese momento había sido mestizo, criollo, paisano, poblador, era ahora, nuevamente, indio. Lo expresa en su discurso, en su definición de sí mismo, en su demanda y fundamentalmente en su acción política, que aparece ahora redefinida desde los elementos propios de la etnicidad (...)".
4. Avance hacia la voluntad de autodeterminación desde la defensa de los derechos territoriales colectivos
"....Dos elementos destacamos ahora para dar lugar a la discusión sobre la conceptualización del territorio: en primera instancia, el lugar que este concepto ocupa en los discursos sobre globalización, donde esta última se presenta – lisa y llanamente – como sinónimo de des-territorialización, y lo que esto implica en la explicación de los procesos culturales, y específicamente en la construcción identitaria. Y en un segundo momento, la relevancia de la dimensión territorial en la definición de las identidades colectivas y de los movimientos sociales, que tal como señaláramos más arriba. Por esta razón, pasamos ahora a considerar la dimensión territorial de los movimientos indígenas, como la forma más concreta y evidente de expresión de la territorialidad de los movimientos sociales.
LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA IDENTIDAD: LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS.
Llegando ya al núcleo de nuestra problemática queremos ahora ahondar en la relación de la identidad colectiva y su inscripción territorial. La problemática indígena constituye, en este sentido, un caso paradigmático por su arraigada tradición en la defensa territorial y las múltiples relaciones con la tierra, a partir de la que se entrecruzan distintas dimensiones de análisis, como la autonomía y autodeterminación del pueblo indígena, la defensa de la biodiversidad y medio ambiente, los derechos colectivos, el debate sobre la ampliación de la ciudadanía, entre otros aspectos. Como bien dice Bello, “La demanda por el territorio se encuentra presente en casi todos los países en que existe población indígena (..) pues agrupa a un conjunto de otras demandas como la gestión de recursos naturales, el autogobierno y el desarrollo de las identidades.” Señala el planteo de Bengoa (2003) que la cuestión de la tierra tradicionalmente se limitaba a la demanda de protección ante la avidez de la apropiación por parte de los no-indígenas, pero en la actualidad el asunto se ha vuelto más complejo. Se trata de analizarlo en varios aspectos interrelacionados:
el territorial que “…consiste en comprender la tierra como un recurso material, cultural y soporte político a la existencia de un pueblo”;
el ambiental, que a partir de un nuevo discurso intenta “…conservar, mejorar y recuperar [las tierras] en la medida que por lo general están muy dañadas, y (..) llevar a cabo un desarrollo de carácter sustentable.” (p. 27);
el político, que connota la defensa por la autodeterminación y los aspectos referidos a la dicotomía inclusión social - autonomía, entre otros.
Aunque la lucha por la restitución y/o reconocimiento de las tierras ancestrales indígenas es de larga data, la perspectiva que la ubica como una idea que trasciende lo exclusivamente material, señala Bello, es relativamente reciente, coincidiendo con la resignificación de la lucha indígena de las últimas décadas. La construcción identitaria en torno a esta cuestión ha dado un salto cualitativo, comprometiendo su propia existencia y permanencia como pueblo a la defensa de la tierra. Esto ocurre en casi la totalidad de los pueblos indígenas de América Latina, como parte de la redefinición de su identidad colectiva: “… el territorio no es una abstracción, sino más bien un referente – simbólico y material – ligado a experiencias concretas…” (2004: 101). El mismo autor habla de un “espacio vivido” por los grupos sociales, para referirse al territorio, lejos de ser un reivindicación de los derechos territoriales como mera posesión de cierta cantidad de hectáreas.
Y en este sentido, precisamente, Víctor Toledo Llancaqueo (2005) apunta que los derechos territoriales lejos de tener un significado unívoco, pueden ser entendidos como “…identidad cultural, tierras, recursos naturales, biodiversidad, medio ambiente, organización social del espacio, jurisdicción y control político, soberanía, etc.” (p. 86).En la opinión de George De Vos, el territorio es un factor de cohesión que se mantiene a pesar de que el grupo étnico ya no se encuentre en posesión de todo el espacio físico que alguna vez tenía. La conciencia de la pertenencia es lo que sigue en pie y permite la unidad en torno al “territorio histórico” (Bello, 2004: 99). Coincidentemente con la línea que venimos desarrollando, Bello considera al territorio como una construcción, es lo que el pueblo indígena crea en torno al espacio donde habita o habitaban sus antepasados. Lo que, en absoluto, implica que sea algo artificioso, sino más bien, el producto de las relaciones sociales y políticas en torno a un espacio. Dice el autor “El territorio tiende a ubicarse sobre el espacio, pero no es el espacio, sino más bien una ‘producción’ sobre éste. Esta producción es el resultado de las relaciones y, como todas las relaciones, ellas están inscriptas dentro de un campo de poder.” (Íbidem).Este proceso de construcción, que con el paso del tiempo se va reforzando, contrasta precisamente con las tendencias actuales a pensar la permanente reconfiguración territorial como des-territorialización. Señala Toledo Llancaqueo que la globalización económica y cultural y las tendencias neoliberales generan un fenómeno de permanente redefinición del espacio social, y paralelamente, de reconfiguración de los colectivos sociales que se asientan en dichos espacios. Este proceso, que es característico de todo devenir histórico, toma una nueva dimensión en el contexto actual.
Citamos la idea central del planteo: “Si las territorialidades son constitutivas de lo social, parte de la explicación de esa capacidad destructiva de colectivos sociales se encuentra no en un programa premeditado en un escritorio corporativo, sino en esa incesante (des/re)territorialización de economías, sociedades y poder, que sería uno de los aspectos distintivos de la globalización económica en estado puro.” Esto tiene dos implicancias fundamentales, a saber, que los capitales económicos y sus poseedores, lejos de presentar características de no-territorialidad, se encuentran perfectamente ubicados espacialmente, y que aun con una inmensa capacidad de maniobra para movilizarse de acuerdo a sus intereses, hacen del territorio un aspecto central de sus políticas de expansión y dominación. Por otro lado, y muy a pesar de estos capitales y poderes hegemónicos, este fenómeno tiene en su reverso el germen de la movilización. Al ser atacados sus espacios históricos, muchos pueblos indígenas reaccionan organizándose para la defensa, generando ellos también un fenómeno de reconstrucción “etno-territorial” y de activación de las antiguas y generación de nuevas territorialidades.
Por otro lado, la territorialidad está claramente asociada a la libre determinación de los pueblos, y es a partir de la defensa de los derechos territoriales colectivos que los pueblos indígenas estructuran sus demandas. La noción de territorio ha sabido absorber la antigua lucha por los derechos a la tierra, y en la actualidad se reconoce como el eje donde todas las demás dimensiones tienen su anclaje. Dice el relator del proyecto de Declaración Americana de Derechos de los Indígenas, que “…los derechos territoriales son una de las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas en el mundo. Esos derechos son el sustrato físico que les permite sobrevivir como pueblos, reproducir sus culturas, mantener y desarrollar sus organizaciones y sistemas productivos.” (Citado en Toledo Llancaqueo, 2005: 86). De esta forma podemos darnos cuenta de por qué la defensa territorial está en las bases de la organización indígena y de su identidad colectiva. Evidentemente, su territorio, constituido a partir de un espacio físico determinado, es el lugar donde se asienta su estructura social y desde donde se organiza la acción colectiva. Toledo Llancaqueo (2005) señala que es posible distinguir cinco usos principales de la noción de territorio indígena, a saber,
territorio como espacio geográfico. Se refiere a la reclamación de un espacio geográfico sobre el cual ejercer posesión y titularidad de las tierras. Es el lugar que debe ser restituido o legalmente ocupado, en el caso de estar en posesión irregular del mismo;
territorio como hábitat. Es el basamento sobre el que el pueblo indígena reproduce sus condiciones de vida. También tiene que ver con la capacidad y posibilidad de hacer uso de los recursos naturales del medio;
territorios simbólicos e históricos. Es el aspecto que más hemos desarrollado hasta ahora, la dimensión identitaria del territorio, su capacidad para ser eje de la articulación de la construcción social colectiva;
territorio como jurisdicción. Se refiere a la capacidad de ejercer el dominio legítimo de la región. Es el aspecto vinculado con la autonomía y autodeterminación del pueblo indígena; territorio como biodiversidad. Se refiere a la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza y el medio, su conocimiento sobre el mismo. También está vinculado con la propiedad intelectual de los conocimientos naturales.
Con esto no sólo queremos evidenciar la riqueza de la caracterización territorial para la comprensión de la identidad colectiva de los movimientos sociales, sino también la importancia que ha cobrado esta dimensión en los últimos tiempos tanto para un análisis de los procesos sociales como para estructuración de las luchas. Nos quedará pensar ahora, a partir del análisis que proponemos para el caso indígena, qué lugar ocupan los procesos de construcción, definición y reconfiguración territorial en el marco de la acción política de la generalidad de los movimientos sociales (...)".
yutuyako@yahoo.com.ar - giselahadad@hotmail.com
5. Importancia de rumbear hacia la política y la gestión económicas de cada una y todas las comunidades
Marcus Eduardo de Oliveira (Rebelión) nos sugiere pronunciarnos: “Por una economía comunitaria y social: la vida es el valor central
Mientras escribo estas líneas, ocho niños menores de cinco años están muriendo en la Argentina, diez en Brasil, todos por desnutrición. La realidad hoy, entre Norte y Sur del planeta, es cruda e hiriente. Incluso en países desarrollados afloran múltiples formas de desigualdad, como en los EE.UU., Reino Unido y Australia que tiene, según la ONU (datos de 2008), nueve millones de hambrientos.
El desarrollo desigual de países y regiones en la economía mundial capitalista se ha profundizado. El desarrollo desigual se manifiesta con más velocidad y se presenta en todos los niveles en que se ubican los países y regiones. Las modificaciones en el desarrollo desigual es una de las características principales de la etapa actual de globalización de la economía mundial.
Comencemos señalando que los datos son cada vez más desafiantes: cada día mueren 70.000 personas por hambre en el mundo. Cada cinco segundos (solo cinco segundos) muere de hambre o por sus secuelas inmediatas un niño menor de diez años. Más de 6 millones de niños murieron en 2009. Hay 900 millones de seres humanos viviendo en situación de hambruna. De acuerdo con el Banco Mundial (año 2009) 1.100 millones de personas sobreviven con menos de 1 dólar diario y 2.800 millones con menos de 2 dólares. Las previsiones para 2015 indican que 750 millones estarán en situación de degradación social – 15% de pobreza a nivel global comparado con 28,3% calculado para 1990. Hay hoy (2010) 52 millones de latinoamericanos y caribeños viviendo en pobreza extrema, sufriendo las secuelas del hambre. Solamente en Brasil, según cifras gubernamentales, el hambre afecta a 25 millones de personas, en un total de 193 millones de brasileños.
Con eso hay preguntas inevitables: ¿De quién es la culpa? ¿De los mercados financieros mundiales, del capitalismo, de la liberalización de los mercados de capitales, del hombre insensible, de la economía mercantil? ¿Hay sólo un responsable?
Cambiar esa situación es posible
En cierta medida, la teoría económica, tal como se enseña desde los años 1980, ha fracasado miserablemente en relación a entender las fuerzas determinantes de la crisis económica y humana y, sobre todo, de la degradación social. La reciente teoría económica de las finanzas, es ciega respecto de todo esto, en especial en el no desarrollo humano y la perpetuación de la línea de pobreza relativa (fijada de forma tal que una persona es considerada pobre si su ingreso es inferior en cierta magnitud al ingreso promedio que reciben los individuos en sociedad) y absoluta (se establece de manera que refleje la cantidad de dinero necesario para alcanzar un nivel mínimo de vida, no que depende de la distribución del ingreso). La teoría económica sólo analiza acciones, bonos, opciones, derivados, etc., como si fueran títulos cuyas propiedades pudieran aceptarse sin mayores problemas por el valor declarado y cuantificarse en términos de rendimientos y riesgos. Creemos, sin embargo, oportuno llamar la atención que es necesario establecer una política pública de fomento de la economía social y utilizar, además, las palabras ‘solidaridad’ y ‘reciprocidad’. Ésta es una de las razones determinantes en la construcción de estrategias para la formación de otra sociedad (de una nueva sociedad) y una economía comunitaria que sea capaz de crear un mundo donde quepan todos los mundos.
Mercado social
Otro aspecto que aparece en nuestro horizonte y en nuestro tiempo es el desafío de crear un modelo de desarrollo humano - que sea comunitario y solidario- que pretenda armonizar lo económico, lo social y lo ambiental. Tal desafío requiere la creación de estructuras de gobierno aptas para abordar esta complejidad, y, por otra parte, una activa participación ciudadana en las cuestiones públicas. Esta afirmación se basa en un argumento: la participación de la sociedad civil en las decisiones sobre el desarrollo es fundamental para lograr soluciones duraderas y viables. Sólo así será posible alcanzar un camino mejor, con acceso a los recursos sociales y económicos, acceso a los recursos educativos, con participación de todos en las redes sociales, con la eliminación total de toda forma de exclusión social.
El desarrollo humano y social (¡este es el camino!) se refiere a un enfoque que se centra más en las personas que en el crecimiento económico. Las personas son primero. En resumen, el crecimiento social – con la promoción de políticas de inclusión social - enfatiza el desarrollo del potencial humano, a través de estrategias que permiten a las personas y comunidades realizar sus visiones de desarrollo, superar las condiciones de su marginación, e integrarse plenamente en sus respectivas sociedades. Enfatiza, también, la existencia de un mercado social y de la economía comunitaria (con la participación de todos). La participación de todos es muy importante. Cada uno puede participar según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, promoviendo el bien común. Cada uno está llamado a "colaborar, según las propias capacidades en su consecución y desarrollo".
Además, por otra parte, se hace necesario entender los principios básicos de una economía comunitaria y del mercado social. Según Jordi García Jane, mercado social es “una red cuyos nodos serían las empresas solidarias y los consumidores y ahorradores responsables (personas, entidades, empresas y instituciones) y cuyos flujos serían los intercambios regulares de bienes y servicios en un territorio determinado, producidos con criterios democráticos, equitativos, ecológicos y solidarios, que permitieran cubrir una parte significativa de las necesidades de los nodos, desconectándose parcialmente de la economía capitalista” (JANÉ, 2010).
La economía comunitaria y social
Para la economía comunitaria, el control es llevado por la colectividad y no por una persona o un grupo de elite, tal como ocurre en las sociedades capitalistas. Dentro de la concepción de su sistema, la gestión económica y política comunal de los medios de trabajo y los recursos naturales que son de propiedad colectiva, contando con una distribución privada de la posesión, donde los miembros de la comunidad se articulan unos con otros.
En la economía comunitaria, el sistema socioeconómico está basado en la solidaridad, la reciprocidad y la redistribución. Estos últimos dos principios no son antagónicos, por el contrario, se complementan: se practica una ayuda real muy concreta y la redistribución no es un acto paternalista y justo, sino el resultado de un acuerdo conjunto e igualitario entre los miembros de la comunidad.
La economía social y comunitaria, a mi juicio, se presenta como una realidad en la cual se van configurando nuevas prácticas económicas que a su vez operan como estrategias alternativas de combate contra la pobreza (absoluta y relativa) mediante la movilización de la población. Los gérmenes de esta Nueva Economía, (este nuevo modo transformador) son las comunidades de desplazados, inmigrantes, campesinos empobrecidos, sin tierras y reubicados, profesionales expulsados del sector moderno.
Por otro lado, hay que preguntarse: ¿Qué se persigue con la economía social y comunitaria? Primero: El crecimiento económico con equidad, la sostenibilidad ambiental y la cooperación de los países centroamericanos. Segundo: Proponer oportunidad para crecer; oportunidad para transformar las reglas del juego económico y afirmar la condición de vida, a la final, la vida es el valor central.
Esas son las bases necesarias para la construcción de una comunidad pluralista de seguridad humana. La economía social y comunitaria (esta comunidad pluralista y solidaria) tiene la clara perspectiva de lograr insertar en el flujo económico a los pobres, a los excluidos del mercado global. Es, además, un modelo económico que pretende una transformación social y permita llegar a una sociedad en la que se valoriza la vida humana; una vida regida por valores y lógicas de funcionamiento de cooperación y compromiso social, con sostenibilidad y comercio justo, en resumen, una sociedad que respete el medio ambiente, genera empleo para todos, y tenga como único fin el beneficio económico y social. La dimensión cooperativa – social y comunitaria- desea ser también una pequeña contribución a todo este proceso.
De acuerdo con Leonardo Boff, teólogo brasileño: “Nuestra percepción de fondo ha cambiado: somos todos interdependientes, habitamos juntos la misma Casa Común, la Tierra. Nadie tiene un futuro particular y propio. Surge un destino común globalizado: o cuidamos de la humanidad [y de la economía humana] para para que no se bifurque entre los que comen y los que no comen, y protegemos el planeta Tierra [nuestra casa] para que no sea destruido por el calentamiento global, o no tendremos ningún futuro. Estamos vinculados definitivamente unos a otros”. (Boff, 2010)".
- Marcus Eduardo de Oliveira es Economista brasileño y profesor de la Teoría Económica.
Notas:
BOFF, Leonardo. “Lula inaugura la diplomacia de la nueva era”. Revista Fusion.com. Junio de 2010.
JANÉ, Jordi G. “Superar las crisis.. Con más de lo mismo? XV Jornadas de Economía Solidaria, Junio de 2010
Fuente: http://www.rebelion.org / Economía / 04-08-2010
En consecuencia, constituiremos los territorios emancipadores cuando nuestras comunidades locales se organicen para la autoafirmación como sujetos colectivos de la vida y el destino en común. Se trata de que nuestros pueblos vayan creando hermanamiento con origen en sus bases locales pero cada vez más extendido y profundizado en el país, continente, mundo.
Aclaremos porqué local. Por «lugar» entendemos al espacio de la vivencia y la convivencia en una cotidianeidad compartida de modo presente e histórico cultural. Quienes estamos siendo parte del trajinar diario, precisamos comprometernos y romper con nuestro extrañamiento de esta realidad vital para nosotros como conjunto e individuos. Es cuestión de que nos desencadenémonos del carácter obligatorio de nuestras relaciones sociales para percibirlas con el potencial de cooperación a construir. De suerte que impulsaremos un relacionamiento tendiente a crear y desarrollar la reciprocidad del hermanamiento y de un funcionamiento político económico que concuerde con un progreso en la satisfacción de necesidades de nosotros, los de abajo y en la puesta en práctica de la igualdad de oportunidades para todos.
Sin embargo, para concretar esta voluntad de unidad revolucionaria hay que asumir la lucha contra los poderes establecidos, mediante Estado terrorista, para la invasión y ocupación imperialista de Argentina en forma 'democrática'. Esa lucha ya la llevan a cabo: la Unión de Asambleas Ciudadanas, el Movimiento Nacional de Campesinos Indígenas, la Red Nacional de Medios Alternativos y organizaciones de los pueblos originarios, los trabajadores, los estudiantes, los artistas, los espacios culturales, etc. También esta lucha contra los opresores y represores requiere de la convicción de que otro sistema social es posible. Para ello, conviene enfocar y hacerse cargo de la economía comunitaria, es decir, que sea obra de la población como sujeto colectivo, plural, multisectorial e intercultural...
En la lucha contra la expulsión de vivir dignamente, los trabajadores desocupados y los pueblos originarios van adquiriendo autoconciencia de su importancia en hacer posible la sociedad con buen vivir para todos los de abajo. Es que confrontan con los poderes establecidos, esencialmente, constituyendo territorios o nuevas relaciones entre ellos y con los otros de abajo.
II.
PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS
A fin de averiguar qué territorialidad defienden los K y la oposición de derecha, prioricemos que (a lo largo y ancho de Argentina como en América Latina) se expulsa a los pueblos originarios, los campesinos, los pequeños y medianos productores, las comunidades rurales y las poblaciones de las provincias. Y alertémonos ante la ocupación integral de la Capital Federal y el conurbano bonaerense por los shoppings y negocios turísticos e inmobiliarios que desalojan y arrinconan a una creciente mayoría. Rompamos con el embelesamiento que inducen como símbolos de modernidad y confort. Es hora de viabilizar el Nunca Más a la impunidad de implantar súper negocios quitando vida y derechos que, por ejemplo, atacan:
1. En el norte a la Comunidad La Primavera del Pueblo Qom
La Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh nos permite conocer sobre la "situación de desesperación de querer tener respuesta del reclamo que afecta nuestra vida, nuestra cultura y también nuestro bienestar" que se relata a continuación:
Formosa, 27 de julio de 2010 (http://comunidadlaprimavera.blogspot.com/) En este momento la comunidad La Primavera se encuentra en la ruta nacional 86 a la altura Km. 1341 departamento Pilcomayo. Estamos instalados en este espacio de la ruta tomando la decisión por la impotencia de tantos avasallamientos de los derechos indígenas.
Estamos cansado de no saber a quién acudir cuando se violan nuestros derechos. El estado no tiene presente estos pueblos sufridos abandonados en todos los aspectos sociales habiendo sido reconocidos a través de la constitución nacional como un pueblo preexistente ante el estado.
Por esa razón nos manifestamos haciendo un corte de ruta para demostrar nuestro enojo hacia el poder político de la provincia que ha tratado de ocultar este triste pueblo que no ha logrado conseguir justicia a través de tantas notas para poder exigir al estado.
Hemos puesto nuestro cuerpo en este espacio donde pasan muchos ciudadanos argentinos con lujosos autos, funcionarios provinciales y municipales los cuales pasan al lado nuestro con la burla a esta manifestación. Entonces estamos esperanzados de que algún funcionario que tenga un corazón de carne entienda esta situación de desesperación de querer tener respuesta del reclamo que afecta nuestra vida, nuestra cultura y también nuestro bienestar. Nos sentimos impotentes viendo nuestros montes tirados abajo por una topadora contratada por la Universidad de Formosa donde se va a instalar el instituto Universitario de la provincia.La única respuesta que nos da el gobierno de la provincia es la presencia de muchos policías de la provincia demostrando que es la autoridad la que decide los derechos de los formoseños y no nos dan el derecho de manifestarnos pacíficamente, ni el derecho a la información.
Día y noche sufrimos durmiendo en el piso de la ruta sin nada, sin frazadas, sin abrigos rodeado del humilde fuego que es nuestra compañía, que nos da fuerza para seguir sin comer nada.
Esperanzados de que tengamos respuesta ante este dolor que sufrimos como pueblo, tanto mujeres, ancianos, jóvenes que están unidos por la causa de la recuperación de la tierra. El lema es la devolución del territorio a nombre del pueblo qom de La Primavera. Elevamos nuestra plegaria a nuestra madre tierra, los montes, el agua para que no nos maten con la destrucción de este recurso natural tan preciado que hoy se ha tirado para abajo. Y como pueblo es como si no sabemos derramar lágrimas por que este atropello es como algo natural y eso es lo más doloroso, ver a un indígena bajar el rostro, mirar al aire es como sentir estar en un desierto, sin compañía.
Siendo rodeados por 3 municipios Laguna Blanca, Laguna Naineck y Siete Palmas a pesar de estar cercados por ellos no tenemos asistencia médica, agua potable, no tenemos acceso a programas sociales y para completar el dolor nos sacan lo más sagrado: un pedazo de tierra.
A través de ese despojo nos están matando con la injusticia y ya no tenemos esperanza de que algún funcionario pudiera sentir este dolor, entender y verificar esta triste realidad.
Nos hemos autoconvocados para tomar esta determinación de instalar hasta que alguien nos escuche y que nos ayude a devolver nuestras tierras, para darnos esperanza de una vida mejor.
Tener la oportunidad de recorrer nuestro territorio sin presencia policial ni presión de los guardaparques, ni de nadie.
Pedimos al estado nacional que si tiene autoridad suficiente como para poder intervenir en estos hechos de violación de derechos humanos que nos de esperanza de construir un mundo mejor para todos, para que podamos convivir con la sociedad sin egoísmo, ni discriminación, para que podamos disfrutar del ambiente con todos los habitantes de esta tierra. Esperando que este mensaje les llegue a toda la gente que tenga humanidad que pueda sentir este dolor como si estuviera viviendo al lado nuestro y que pueda escuchar su corazón porque la vida no depende del dinero sino del medio ambiente en que convivimos.
Saludando a todos los que han tenido la posibilidad de leer este humilde mensaje para que se solidaricen con esta causa indígena y con este grito para que podamos caminar juntos y llegar hasta la justicia para poder solucionar este gravísimo estado en que nos encontramos.
No queremos morir en la ruta viviendo como si fuéramos extranjeros por el hecho de reclamar nuestro derechos.
Queremos volver a nuestras casas con una respuesta favorable para poder disfrutar de la vida y poder construir un mundo mejor para todos.
En el blog de la comunidad hay más información: comunidadlaprimavera.blogspot.com
Saludos a todos y gracias por difundir nuestra situación.
Félix Díaz
qomleck de la comunidad La Primavera, Formosa
0371815544050, 1553195747
27 de julio 2010 Fuente: http://www.agenciawalsh.org
2. En el sur a comunidades del Pueblo Mapuche de Neuquén
Cómo expulsar a los dueños originarios.
Informe del
Observatorio de DD.HH denuncia la persecución de mapuches en Neuquén
Por Darío Aranda
Un reciente informe del
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas denuncia como
“discriminación institucionalizada” la persecución a los mapuche en la
provincia de Neuquén. Sostiene un total incumplimiento de la legislación vigente.
Neuquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial de la provincia, “atrevido, arrogante, audaz”. El 15 por ciento de la población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reconoce toda esa carga simbólica e histórica, pero acaba de publicar un duro informe sobre la actualidad del pueblo mapuche, donde se denuncia el accionar político y judicial de la provincia. “Discriminación institucionalizada” son las dos palabras que resumen el trabajo, donde se detalla la represión a comunidades, la judicialización de la protesta aborigen, se alerta sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena y se afirma que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.
La comunidad Plácido Puel vive en Villa Pehuenia –centro oeste de la provincia–, desde que tiene memoria. En 2003 la provincia transformó por ley al pueblo en municipio e incluyó dentro del dominio municipal a las tierras indígenas. Nunca se consultó a la comunidad, e incluso se desconoció su derecho de posesión legislados por ley nacional e internacional. El gobierno municipal comenzó un proceso de inmigración de población no indígena.
“La Municipalidad desconoció a la Comunidad Plácido Puel, fraccionó y entregó a particulares sus tierras y promovió en contra de sus miembros una persecución que aún se mantiene, mediante la violencia policial y las denuncias penales”, explica el “Informe de Situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Neuquén 2009-2010”. Es sólo uno de la decena de casos que detalla el relevamiento y da cuenta de la “ilegalidad de la política oficial respecto de los pueblos indígenas, donde prácticamente todos los conflictos que sobrelleva el pueblo mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del Estado, del derecho vigente”.
El trabajo da cuenta de la numerosa legislación que obliga el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas: Constitución Nacional y provincial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaración Universal de la ONU, entre otros. “La mayoría de las estructuras y prácticas judiciales no se han modificado para adecuarse al cumplimiento de tales derechos. Ni el estado nacional ni las provincias han adecuado sus leyes procesales para permitir que los pueblos indígenas actúen en condiciones de igualdad”, denuncia el Observatorio, creado en marzo de 2009 con apoyo de la Confederación Mapuche de Neuquén y que cuenta como miembros honoríficos a Adolfo Pérez Esquivel, Noemí Labrune (Asociación Permanente de Derechos Humanos de Neuquén) y Rodolfo Mattarollo (consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), entre otros.
A lo largo de 76 páginas se detallan violación al derecho a la educación, negación de acceso a la Justicia y la “discriminación institucionalizada” por parte del estado provincial. Se hace hincapié en el despojo de los recursos naturales y los territorios ancestrales. Denuncia que la legislación referida a hidrocarburos, el Código de Minería, los códigos de aguas y las leyes provincias referidas a tierras “en ningún caso han incorporado” los derechos de propiedad, consulta y participación establecidos en la Constitución Nacional y el Convenio 169.
“Esta omisión origina numerosos abusos por parte de las empresas extractivas y de los gobiernos provinciales, quienes no se consideran obligados al cumplimiento de las obligaciones internacionales”, afirma y explica que la situación se agrava en los numerosos casos en que los tribunales de provincias imputan como delito la resistencia de las comunidades, que rechazan las concesiones (petroleras, mineras, forestales) otorgadas sin haber sido consultadas.
La principal demanda de los pueblos originarios es el territorio. “En la protección de la posesión y propiedad de las tierras, las leyes se mantienen en el nivel declarativo y no existe una legislación y acción estatal adecuadas que los hagan efectivos”, recuerda el informe.
En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial, suspendió los desalojos indígenas por cuatro años y ordenó un relevamiento catastral en todas las provincias. La muy demorada aplicación de la norma implicó que, en 2009, fue prorrogada hasta 2013. “La ley no se aplica efectivamente. Los jueces continúan dictando órdenes de desalojo”, afirma la investigación.
Responsabiliza al gobierno provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “El INAI no ha demostrado voluntad para cumplir con la ley en caso de oposición u obstáculos opuestos por las autoridades provinciales. No está organizado para recabar información respecto del cumplimiento de la ley y no ha adoptado ninguna decisión orientada a realizar acciones tendientes a su efectividad “, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.
En 2009, el INAI y la Universidad Nacional del Comahue firmaron un acuerdo para avanzar con el relevamiento catastral. El gobierno provincial se negó a participar y luego emitió una intimación a la Universidad y el INAI para que abandonen el relevamiento.
“El gobierno provincial siempre se negó a avalar o participar en cualquier relevamiento que no estuviera dirigido y controlado por él”, explica el informe y asegura que el cumplimiento de la Ley 26.160 siempre padeció una “política de boicot permanente”, que incluyó el desconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades, la aceleración de juicios contra referentes mapuches y la conformación de grupos civiles armados que prometían defender la “propiedad privada ante la amenaza indígena”.
El relevamiento catastral se mantiene suspendido, a pesar de que la Defensoría del Pueblo de la Nación instó en marzo pasado a su urgente realización. “Esta situación agudiza los conflictos y las posibilidades de que el Estado, las empresas y los grupos terratenientes continúen despojando a las comunidades de sus tierras y, junto con los miembros del Poder Judicial, criminalizando las acciones de resistencia del pueblo mapuche”, alerta el Observatorio.
Página/12 se comunicó con el Ministerio de Coordinación de Gabinete de Neuquén. Delegaron las consultas en el Asesor General de Gobierno, Darío Moya. En un breve diálogo sostuvo que el informe no muestra la realidad del pueblo mapuche de Neuquén y solicitó las preguntas por escrito. A pesar de acordar un horario de cierre, el funcionario no envió las respuestas.
Las conclusiones del informe afirman que la provincia se caracteriza por un “racismo estructural” hacia el pueblo mapuche, que se constituye como “un aparato de agresión hacia la cultura indígena”. Explica que el “modelo autoritario” actual tiene sus raíces en la Campaña del Desierto, opera con dinámicas similares, y tiene como fin último la rentabilidad de los negocios inmobiliarios, la explotación hidrocarburífera, las empresas forestales, las grandes estancias y las compañías mineras. Todas actividades que avanzan sobre los territorios ancestrales indígenas.
Página 12 www.pagina12.com.ar Fuente: www.ecoportal.net
En consecuencia, preguntémonos ¿por qué esta expulsión y arrinconamiento de las grandes mayorías es una política a escala nacional dentro del proceso de transnacionalización o recolonización? y ¿por qué encaminar el proceso de emancipación del capitalismo e imperialismo o del Nunca Más al actual predominio de los súper negocios sobre la vida poniendo en debate a quiénes beneficia el desarrollo capitalista en la Argentina de hoy y cuáles son sus consecuencias sobre todos los de abajo?
Tengamos en cuenta que la etapa actual de desposeimiento y acaparamiento territorial por oligopolios y Estados imperialistas, gracias al contubernio con sus socios locales, se vertebra mediante la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). La IIRSA es:
1. La territorialidad de la dominación imperialista y del afianzamiento en el subdesarrollo
Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto, en “Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)” explican a principios de 2008: "La Tierra se va transformando con la historia que le imprime marcas, le coloca fronteras y diques, la contiene o, en ocasiones, la potencia y la libera. La Tierra contiene una y mil historias en los cauces de sus ríos, en sus manchas selváticas, en sus desiertos, montañas y glaciares. La exuberante selva del Amazonas, que hoy se retrae para dar paso al “progreso” capitalista, fue producto de miles de años de asentamientos que fueron creando la terra preta, tierra mejorada y fértil que permitió ir extendiendo la mancha verde de millones de especies. Un número cada vez más grande de investigadores ha llegado a la conclusión de que la cuenca del Amazonas […] Lejos de ser la tierra virgen intemporal y con un millón de años de antigüedad que muestran las postales, […] es el resultado de una interacción histórica entre el medioambiente y el ser humano. (Mann, 2006: 378). …durante mucho tiempo unos pobladores inteligentes, que conocían trucos que nosotros aún estamos por aprender, utilizaron grandes parcelas de la Amazonia sin destruirla. Ante un problema ecológico, los indios lo resolvían. En vez de adaptarse a la naturaleza, la creaban. Estaban en pleno proceso de formación de la tierra cuando apareció Colón y lo echó todo a perder. (Mann, 2006: 410).
La vida se escribe sobre la tierra, geografiando, como nos recuerda Carlos Walter Porto Gonçalves. Y si bien algunas sociedades lograron crear el maíz, el pejibaye, la terra preta y un sinfín de híbridos, variantes y tecnologías que enriquecían el fortalecimiento y diversificación de especies, otras, como la occidental capitalista, se han ocupado de simplificar la naturaleza buscando su ordenamiento o su legibilidad. Dentro de éstas últimas, la naturaleza se pone al servicio del progreso, y para ello tiene que ser inteligible y legible. Es necesaria la transformación de la naturaleza mediante criterios de orden y eficiencia, trocando o simplificando sus códigos de comportamiento para adecuarlos a las herramientas de lectura y apropiación desarrolladas por la clase dominante: El discurso utilitarista reemplaza el término “naturaleza” con el término “recursos naturales”, focalizándose en aquellos aspectos de la naturaleza que pueden ser apropiados para el uso humano [...] las plantas valiosas devienen “cosechas”, mientras que las especies que compiten con ellas son estigmatizadas como “maleza” y los insectos que las ingieren como “plaga”. (Scott, 1998: 13) La agricultura es, después de todo, una reorganización radical y una simplificación de la fl ora para adaptarla a objetivos humanos. (Scott, 1998: 2)
La manera como las diferentes sociedades conciben, entienden y escriben la tierra se relaciona con los modos de organización social en sí mismos, con las relaciones de socialidad y de poder que les son propias. Sociedades plurisujéticas, que reconocen la multiplicidad de agentes sociales, tienen un modo de relacionarse con la naturaleza y crear el territorio muy distinto al de sociedades como la capitalista, que tiende a la objetivación para establecer su dominio. La objetivación de la naturaleza y el territorio conduce a su racionalización o, en otras palabras, a su apropiación racional. Una vez que el territorio, la naturaleza y la sociedad adoptan carácter de objetos pueden ser organizados funcionalmente. Tanto las capacidades tecnológicas como los alcances políticos determinan las condiciones y el ambiente en el cual se definen las dimensiones y posibilidades de uso y ordenamiento de los territorios. El neoliberalismo, como proyecto de solución de una crisis que tocaba todos los ámbitos de las relaciones capitalistas, llegó acompañado de su propia manera de apropiarse los territorios y refuncionalizar el espacio.
Los planes económicos La batalla de Estados Unidos por mantener una hegemonía amenazada por las versiones orientales del capitalismo lo llevó a revitalizar la vieja (1823) pero totalmente vigente doctrina Monroe (América para los americanos) y a voltear hacia el continente como auténtica plataforma de guerra, así sea guerra comercial, frente a la competencia del exterior. Tímidamente, este nuevo diseño continental inicia por los territorios más cercanos: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) marca las pautas de una expansión que se irá ampliando geográficamente y profundizando dimensionalmente. Del comercio se pasará a la infraestructura, a las políticas económicas, a la normatividad, a las comunicaciones y…. a la seguridad. De América del Norte se salta hacia Sudamérica, el Caribe y América Central, siempre con especial cuidado de incluir las zonas que pueden ser catalogadas como estratégicas no sólo dentro de uno de los tratados, planes o proyectos sino en varios a la vez. Así ocurre con la región tropical de América, que abarca desde el sur de México hasta la Amazonía, y que está comprendida en el TLCAN, en el Plan Puebla Panamá, en el Plan Colombia, en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD), en la IIRSA y, como toda América, en el temporalmente abortado proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Estos megaproyectos se han ido desplegando poco a poco sobre el territorio latinoamericano. El TLCAN funcionó como mecanismo de recuperación de la competitividad estadounidense para enfrentar el bloque que se había formado en la cuenca asiática, pero simultáneamente fue una experiencia comercial, de inversiones, jurídica y demostrativa, que constituyó la base sobre la cual se diseñaron el resto de los tratados impulsados en el continente, entre los que habría que destacar, por su envergadura, el ALCA. Una vez echados a andar los planes estratégicos directamente económicos (TLCAN, CAFTARD, TLC Chile-USA), precedidos por profundas transformaciones de los marcos constitucionales nacionales que desprotegieron los acervos patrimoniales y la soberanía de las naciones sobre los bienes que por naturaleza, geografía e historia les pertenecían, se avanzó hacia la cobertura de áreas fundamentales que no habían podido ser incluidas en esos primeros tratados.
Los planes de control militar Un segundo momento en estos planes estratégicos combina intereses económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus dotaciones materiales, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes. Así es como el control de algunas rutas porosas de negocios no regulados y altamente rentables, junto con el interés de penetrar la cuenca amazónica y supervisar la conexión entre el norte y el sur del continente, en esa pequeña cintura donde América se quiebra, por un lado, y por otro la impronta de combatir insurgencias de larga historia, lleva al establecimiento del Plan Colombia, que hoy abarca desde la frontera entre Colombia y Panamá hasta el sur de Perú, aunque con la reciente autoexclusión de Ecuador.
Los megaproyectos de infraestructura El tercer momento, aunque temporalmente sobrepuesto, como los otros, es el que busca trazar nuevas rutas, adecuadas a la geografía económica del siglo XXI: las nuevas venas abiertas hacia el imperio que responden a nuevas necesidades y a una diferente selección de las materias primas y los llamados recursos estratégicos.
Caminos que conecten los grandes centros de producción y consumo del mundo, que abaraten y aceleren los traslados y que al mismo tiempo refuercen la vigilancia y el control sobre los mismos es el objetivo. Hacer fluir el corazón de las selvas o las profundidades de las minas hacia los centros industriales y, a la inversa, llevar el espíritu industrial y competitivo hasta el centro de las selvas y minas. Agilizar los desplazamientos diversificando sus medios: ferrocarriles, autopistas, ríos, canales y cables de fibra óptica.
Transformar el territorio. Adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo. Ese es el modo capitalista de entender la naturaleza y relacionarse con ella. Objetivos prácticos habían animado al utilitarismo matemático, que parecía promover la perfección geométrica como el signo distintivo de un bosque bien administrado, al tiempo que el ordenamiento racional de los árboles ofrecía nuevas posibilidades para el control de la naturaleza (Lowood, Henry, en Scott, 1998: 15) Hacer de las nuevas rutas lugares de trabajo instalando plantas ensambladoras a lo largo de los caminos o utilizando barcos-fábrica; hacerlas adecuadas al movimiento de petróleo, gas y minerales tanto como al de información; multiplicar los usos de la naturaleza haciendo del agua medio de traslado y mercancía; establecer nuevos ordenamientos lógicos y, en la práctica, nuevas fronteras. Eso contiene esta otra modalidad de planes estratégicos infraestructurales. Dentro de esta línea, dos planes que se anuncian como iniciativas locales independientes y de cuño autóctono, tienen la curiosa virtud de abarcar desde la zona más austral hasta México, vinculando y reorganizando todo el espacio latinoamericano. Curiosamente también, aunque tenían diversos antecedentes sueltos, fueron presentados ambos como planes articulados en el año 2000: el Plan Puebla Panamá (PPP) y el proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA).
Las nuevas fronteras sudamericanas La iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), que parece estar diseñando nuevas fronteras internas para el Sur del Continente, se anuncia públicamente en agosto-septiembre de 2000 en una reunión auspiciada por Fernando Henrique Cardoso en Brasilia, con la presencia de los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID fue creado en 1959 para apoyar el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, justo cuando la revolución cubana empezaba a abrir nuevos cauces. En 1961 se lanza la Alianza para el Progreso (ALPRO), iniciativa contrainsurgente que intentaba impedir otra experiencia como la de Cuba, junto con la siniestra USAID como su brazo operativo, con un objetivo similar al del BID pero con dos líneas de financiamiento: la del desarrollo económico y social y la militar. Hoy ya no se habla de la ALPRO sino del ALCA, el PPP y la IIRSA, pero la USAID y el BID siguen funcionando y, en términos generales, el marco sigue siendo el mismo, aunque los objetivos específicos y las modalidades operativas son otros.
Megaproyecto de enormes implicaciones, el IIRSA pretende “…construir un nuevo paradigma para el desarrollo de la infraestructura regional, sustentado sobre los requerimientos de la demanda…” (Fonplata, 2007. Cursivas nuestras), logrando posicionarse ágilmente en los mercados europeos y los del Asia Pacífico, y en los dos flancos territoriales de la economía estadounidense. Para lograr todo ello, y ante la esquizofrenia de tratar a la naturaleza a la vez como objeto del deseo y obstáculo, el territorio sudamericano ha sido subdividido de acuerdo a sus virtudes económicas y estratégicas. Destacan dos regiones por su actividad industrial y concentración poblacional, es decir, por la fuerza de trabajo real y potencial que ofrecen, y el resto por las dádivas de la naturaleza, puesto que se trata de poner en ruta la explotación de yacimientos hidrocarburíferos, minerales, genéticos, acuáticos y también agropecuarios. Justamente porque la IIRSA está pensada a partir de la demanda tiene un diseño centrífugo, extractivo, de expulsión de riquezas hacia los centros de demanda. De la misma manera que el Plan Puebla Panamá se construye desde Panamá hacia Estados Unidos, la IIRSA se piensa desde el centro hacia las costas o hacia los ríos que fluyen rumbo al mar. No obstante, como bien nos recuerda Raúl Zibechi, es un proceso de doble orientación, en el que no hay que dejar de considerar las lógicas regionales, a pesar de que la dinámica global está marcada por los intereses y perspectivas del gran capital mundial y de su centro hegemónico. Así, en el caso de IIRSA “[se trata] de una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y el empresariado mundiales.” (Zibechi, 2006) En este proyecto los puertos se convierten en piezas clave de organización regional. Puertos en las costas, pero también sobre los ríos de gran caudal, como puede observarse en el mapa (pág. 19). En total se han diseñado ocho ejes transversales y dos longitudinales, con un enfoque profundamente estratégico que determina que algunas regiones particularmente importantes por su dotación de recursos se encuentren bajo el manto de dos o tres ejes simultáneamente. Una visión económica formal, que a la vez considera los intereses regionales, indica como ejes principales los de la zona del Cono Sur que concentran la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB) sudamericano; sin embargo, a partir de una visión estratégica los ejes principales son el Amazonas y el Capricornio, por sus riquezas naturales, y sus conexiones a través del río Madera hasta Beni y de la Hidrovía Paraguay-Paraná". Fuente: Publicación de Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. http://alainet.org/images/IIRSA.pdf
2. El refuerzo de los irreversibles cambios territoriales para asegurar la recolonización de Argentina y el continente
Gustavo Spedale (Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida), en "IIRSA, crisis capitalista, región centro, invasión, conquista y recolonización de Argentina", explica: "El denominado plan "Integración de la Infraestructura Regional en Sur América" (IIRSA), que un sector imperialista ha implementado sigilosamente en 12 países de Sur América, ha cobrado inusitada fuerza ejecutiva en Argentina a partir de la crisis capitalista global.
La presidenta Cristina Kirchner sin nombrarlo, ha tomado la ejecución del plan IIRSA como eje del intento del salvataje capitalista de Argentina. En alocada carrera provincia por provincia, anuncia e inaugura obras de infraestructura, que las corporaciones transnacionales consideran bastiones para el saqueo de nuestros bienes naturales comunes. Los gobernadores de la región centro apresuran las obras que tienen como eje la Hidrovía Paraná Paraguay y obras conexas.
Este "ordenamiento" territorial "ordenado" por las transnacionales, pasa inadvertido para la oposición política e incluso para algunas izquierdas; desde estos sectores son escasas las menciones a tan evidente plan de saqueo. La fragmentación de la información y el adelantamiento de elecciones legislativas, contribuyen a que organizaciones políticas de oposición entren en una dinámica de acusaciones cruzadas, que aportan a sacar de la agenda pública el significado y profundidad de la IIRSA ; confundiendo un plan estratégico de ordenamiento territorial dictado por el imperialismo norteamericano, con oportunismo electoral gubernamental basado en la obra pública.
Organizaciones sociales, asambleas y afectados, levantan sus voces y resisten en sus territorios urgidos por el avance del saqueo.
Se trata de intensificar el debate, es la oportunidad para la tan declamada batalla de ideas, pero al mismo tiempo también articular acciones de lucha.
El territorio está en el centro de la disputa, la crisis capitalista mundial presenta un momento único para que emerjan otros paradigmas, caso contrario sólo la barbarie.
"...Los colonizadores se preocuparon casi únicamente de la explotación del oro y la plata peruanos.
Me he referido más de una vez a la inclinación de los españoles a instalarse en la tierra baja.
Y a la mezcla de respeto y de desconfianza que les inspiraron siempre los Andes, de los cuales no llegaron jamás a sentirse realmente señores.
Ahora bien. Se debe, sin duda, al trabajo de las minas la formación de las poblaciones criollas de la sierra.
Sin la codicia de los metales encerrados en las entrañas de los Andes, la
conquista de la sierra hubiese sido mucho más incompleta...".
José Carlos Mariátegui
Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana
"...Las técnicas arcaicas, en manos de las comunidades, habían hecho fértiles
los desiertos en la cordillera los desiertos en la cordillera de los Andes. Las
tecnologías modernas, en manos del latifundio privado de exportación, están
convirtiendo en desiertos las tierras fértiles en los Andes y en todas partes.
Resultaría absurdo retroceder cinco siglos en las técnicas de producción; pero
no menos absurdo es ignorar las catástrofes de un sistema que exprime a los
hombres y arrasa los bosques y viola la tierra y envenena los ríos para arrancar
la mayor ganancia en el plazo menor. ¿No es absurdo sacrificar a la naturaleza y
a la gente en los altares del mercado internacional? En ese absurdo vivimos; y
lo aceptamos como si fuera nuestro único destino posible...". Eduardo
Galeano
Cinco siglos de
prohibición del arco iris en el cielo americano
La actual crisis capitalista es el colapso de un sistema global, incapaz de
continuar reproduciendo el modelo de acumulación, en las actuales condiciones
que él mismo ha creado. Es la sumatoria combinada, desigual y descontrolada de
crisis energéticas, financieras, económicas, sociales, ambientales, agrícolas,
militares y culturales de dimensiones gigantescas e inéditas, es una crisis
civilizatoria cuya magnitud aún no alcanzamos a mensurar.
A más de cinco siglos de saqueos continuados en América, el imperialismo, insiste que el salvataje del sistema capitalista, es posible, descargando sobre la Región Suramericana , una vuelta de tuerca final sobre las formidables riquezas en bosques, minerales, ríos, selvas, humedales, tierras fértiles y poblaciones nativas, consideradas como "recursos naturales y humanos" todavía exprimibles, superando y removiendo a cualquier precio todo "obstáculos o barreras", sean físicas, humanas, culturales o de cualquier tipo, que interfieran sus proyectos extractivos.
Bajo esta lógica y
con la región concebida como "único espacio económico" integrado, seria
factible reducir "barreras internas" al comercio global y sus "cuellos
de botella", desfragmentando la infraestructura existente y otorgando mayor
liberalización (léase desregulación total) a los sistemas de operaciones. Esta
concepción es nada más ni nada menos que un proyecto de segunda invasión,
conquista y colonización a gran escala que permitiría en esta fase senil del
capitalismo, una suerte de reedición de la acumulación originaria a la que
contribuyó la primera invasión europea en América. Alentados por estas visiones
imperiales, algunos gobernantes se entusiasman convencidos que serán
generosamente gratificados por sus amos y se apresuran a ser los campeones de
este nuevo orden regionalizado, amontonándose en "pretendidas regiones",
que no superan la simple yuxtaposición de provincias.
Inspirados en la propuesta del manual que firmó Menem " La Argentina por Regiones" (Ediciones Ciudad Argentina, abril de 1997), donde proponía la unión de Santa Fe con Córdoba y Rosario como capital regional. Tres mandatarios de provincias, se reunieron en la "sexta reunión de gobernadores de la región centro" en Córdoba (septiembre de 2008) confirmando la voluntad política de dar continuidad ejecutiva a la IIRSA. Las confesiones de partes de los gobernadores Binner de Santa Fe, Schiaretti de Córdoba y Uribarri de Entre Ríos, dejaron en claro sus compromisos en la ejecución de algunos de los ejes estratégicos del plan "Integración de la Infraestructura Regional en Sur América" (IIRSA).
En discursos articulados y provenientes de la misma matriz, explicitaron detalles y avances de uno de los dos ejes hídricos que atravesarán América del Sur. La hidrovía Paraná Paraguay, y otros "corredores multimodales", que acompañan y conforman parte del sistema extractivo de la IIRSA. Mostrándose preocupados por lo social, el agua, la salud, la educación, la espiritualidad y el amor al Río Paraná, expusieron sus conceptos del "desarrollo sustentable", en el intento de salvataje capitalista, que les toca administrar a nombre de las transnacionales.
El gobernador Binner
de Santa Fe, abordó prioritariamente el eje estructurante de la Región : la
"Hidrovía Paraná Paraguay" y su conexión con la "hidrovía Paraná Tietê"
[3]"...algunos temas nos parecen vitales en la construcción de la Región Centro.
La primera, la hidrovía Paraná - Paraguay.; entonces tenemos que impulsar esta
hidrovía, que llega a Paraguay, Bolivia y al corazón de Mato Grosso do Sul. Es
una extraordinaria vía y una gran posibilidad", señaló Binner y advirtió que
"no tenemos que perder la oportunidad de pensar en la hidrovía Paraná -
Tietê, que llega al corazón de San Pablo, porque ahí esta la represa de Itaipu.
Hoy el costo de la hidrovía como transporte de cargas es indudablemente el más
barato; entonces tenemos que impulsar esta hidrovía, También creemos que hay que
reactivar el ferrocarril, sobre todo el Belgrano Cargas, entre Santa Fe y
Córdoba...".
El gobernador socialista, comparte las estrategias de sus mandantes
transnacionales "no tan socialistas", por los costos de transportes que
afrontan los dueños de la soja (y otros cereales genéticamente modificados) como
Monsanto, Cargill, Louis Dreyfus, Nidera, Toepfer, etc. y sus asociados de
origen nativo como Aceitera General Deheza, Grobocopatel, Bunge, Molinos Ríos de
la Plata etc.
Binner, alude de esta manera a la privatización de ríos y territorios en un área de influencia de 3.500 Km2, entre Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, convirtiendo sus principales ríos en 3.400 kilómetros de "hidrovías" ( 1.240 kilómetros en jurisdicción Argentina) entre Puerto Cáceres (Brasil) y Nueva Palmira (Uruguay), que serán navegables las 24 horas del día, los 365 días del año, acompañados de mega represas como Corpus Christi, Salto Grande, Yaciretá, Garabí -Roncador y otras, que generaran energía a medida de mineras, pasteras, etc. y regularán la navegabilidad para "trenes o convoyes", formados por "empujadores" de 20 o más barcazas de aproximadamente 300 metros de largo por 48 ms. de ancho.
"Trenes fluviales"
con gran capacidad de cargas que abaratan costos y agilizaran los recorridos
de granos y otros cargamentos a sus destinos de exportación, equivalentes al 70%
de las cargas que se trasladarán por la hidrovía (el treinta restante,
destinados a minerales, producción de pasteras, maderas y otros).
Córdoba es la primera provincia productora de soja, Santa Fe ocupa el tercer
lugar y con Entre Ríos, completan el 63 por ciento de la producción nacional.
La siembra de soja alcanza récords históricos y representa más de la mitad de la
superficie cultivada Argentina, con 16,9 millones de hectáreas en el 2008 y
metas superiores a los 100 millones de toneladas de granos a exportar. Otro
objetivo en mira, es adicionar las cargas de minerales, maderas y pasta de papel
que provengan de Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia, a despacharse por la
cuenca del Plata vía Atlántico.
Invertir la ecuación en costos de transporte terrestre a fluvial, implicó determinar las prioridades de obras convergentes, de toda la región que confluyan a la cadena de depósitos o puertos receptores, concentradores de carga o trituradores de granos para aceites, puntos del encuentro "multimodal" entre carreteras, ferrocarril y puerto desde donde se despacharán los trenes de barcazas.
Bajo este concepto,
Binner pone especial énfasis en la autopista Rosario - Córdoba (ruta 9) y el
ferrocarril Belgrano cargas, que jugarán otro rol importante en el esquema
extractivo regional. Entre las exigencias
transnacionales, está aumentar la producción y/o pasar a otros
cultivos transgénicos dominantes impuestos, como granos o caña destinados a
biocombustibles y expandir las fronteras del monocultivo, por ello Binner se
expresó sobre los
mega acueductos y trasvasamientos de cuencas:
"... hemos hablado del aprovechamiento del río Dulce desde Santiago del
Estero, con Santa Fe y Córdoba, que indudablemente va a mejorar toda esa región
que no tiene otra forma de tener agua para consumo animal incluso, que hoy es un
río que muere en la salina de mar chiquita, y que se podría aprovechar por ser
agua de mejor calidad..."
Fue la ocasión para que el ex interventor menemista de Santiago del Estero
Schiaretti, coincidiera con lo expresado por el santafesino y poniendo énfasis
en el mega acueducto "Rio Paraná Córdoba - Capital", confesó: [4]"...Córdoba
no es una provincia que tenga mucha reserva de agua y todos los estudios indican
que en 20 o 30 años tendremos dificultades de abastecimiento, por lo que ante
esta situación, nuestra principal fuente, más cercana y con capacidad de llevar
agua a Córdoba, es el río Paraná...".
La afirmación del menemista sobre el trasvasamiento de cuencas, podría
considerarse un disparate si no fuera planteada en el marco del Plan IIRSA, ya
que se trata de traer agua desde el río Paraná situado a 400 kilómetros de la
ciudad de Córdoba, en forma ascendente y salvando una altura de 600 metros , con
un formidable costo energético de bombeo.
El mandatario cordobés pretende, autoexcluirse de su responsabilidad en la crisis hídrica terminal a que sometió a la provincia y su capital, como ministro de producción primero, vicegobernador y actual gobernador, en mas de 11 años de desguace del agua y saneamiento en la provincia, tras sus oscuros negociados con la transnacional Suez - Roggio.
Es de esperar por los
antecedentes de Schiaretti, que el megaacueducto, sirva para el riego de "su
protegido complejo agroalimentario", como gusta de llamar a los
especuladores sojeros. Los cordobeses se conformarían con obras más modestas,
como preservar la vida prohibiendo las fumigaciones con agro tóxicos sobre el
agua para consumo humano (canal a cielo abierto los Molinos)[5], o sanear y
preservar cuencas y lagos de envenenamientos o de la voracidad inmobiliaria
desertificante, producto de las regalías sojeras, y su efecto de contra reforma
Urbana descontrolada en toda la provincia.
Lo que no mencionan los gobernadores en sus declaraciones de amor al río,
son las catástrofes ambientales a que someterán a los
ecosistemas en 3.500Km2 de influencia territorial de la Hidrovía ,
que impactarán sobre la pesca, el agua, la selva y los humedales. El
dragado y extracción de rocas, con explosivos en lechos de ríos para aumentar
capacidad de calado, tendrán efectos devastadores. Los impactos en inundaciones
y sequías que potenciarán las obras en poblaciones ribereñas, pueblos indígenas,
pescadores, serán catastróficos.
El 17 de marzo del 2008 Cristina Fernández hizo público en Argentina el plan IIRSA, presentando el proyecto ejecutivo del "Plan Estratégico de Desarrollo Territorial Argentino del Bicentenario" (PET), así llamado eufemísticamente el IIRSA en su capitulo Argentino. Con un discurso plagado de vulgarizaciones sobre el planeamiento estratégico, advocaciones al plan quinquenal peronista del 45, argumentaciones por los derechos humanos y apelando al sentido común instalado, con hincapié en la prevención de accidentes de transito, señaló algunos de los ejes estratégicos definidos por IIRSA para la pretendida recomposición capitalista a implantar en territorio argentino. http://www.planif-territorial.gov.ar/paginas/presentaciones/palabras_presidenta.php
"...La
infraestructura es todo lo que da marco y posibilidades de viabilidad al modelo
económico, social y cultural, que uno ha elegido vivir. No es la obra pública,
es el entorno que nos permite dar viabilidad, ejecución al modelo social,
económico y cultural, que hemos elegido. Eso es una planificación, en
definitiva, de la infraestructura".
La Sra. Presidenta, se refiere al modelo capitalista, bajo el entorno neoliberal y la infraestructura planificada para su sostén, que impuso el imperialismo y condujo a la catástrofe del modelo económico social y cultural, que la pareja presidencial dice, eligieron para vivir y planifican continuar. "... ¿Y esto qué significa? Significa, primero, lograr la participación democrática de los argentinos, a través de sus representantes, elegidos en elecciones libres para pensar y diseñar esos objetivos estratégicos ..." . La participación democrática a través de los representantes que invoca la Sra., fue violada por ella misma, con el veto que impuso (decreto (1837/08) a la ley de protección a los glaciares aprobada en diputados y senadores por unanimidad de los representantes que elegimos.[8] Al tiempo que marca los límites de la democracia neoliberal argentina, es conocido como el "veto de la Barrick Gold ", que tienen dos proyectos en marcha de minería química contaminante para extraer oro y otros minerales en los glaciares de alta montaña cordilleranos: El proyecto Pascua Lama, compartido por San Juan y Chile y otro en Famatina, La Rioja.
La democracia que invoca la señora, también fue violada en el caso de la ley de bosques, aprobada por el parlamento argentino el 28 de noviembre de 2007, bajo presión de un millón de firmas ciudadanas.
La presidenta "cajoneó" un año y medio su reglamentación y finalmente accedió a permitirla, tras el aluvión evitable, que produjo la tragedia que arrasó a Tartagal (Salta), producto de las deforestaciones, con el fin de ampliar las fronteras sojeras, la explotación petrolera y la expansión inmobiliaria.[9] "...para pensar y diseñar esos objetivos estratégicos, para que al próximo gobierno no le pase lo que le pasó, por ejemplo, al gobierno del presidente Kirchner, que para poder comenzar la ejecución de la Ruta 14, una obra central, denominada "la ruta de la muerte", uno de los caminos, por no decir el centro del camino vial del MERCOSUR, tardamos dos años en poder hacer porque no había proyecto, estaba la necesidad de la obra, pero no había proyecto. Hace poco, me tocó inaugurar junto a los gobernadores de Salta y Formosa la Ruta 81, definida por el Foro Regional como uno de los tres ejes de integración de la Argentina , el Eje de Capricornio, que comunica nuestro país, Paraguay, Bolivia, Chile y, finalmente, el Pacífico, la Ruta 40, la Ruta 9, todas cosas que fue necesario pensar en el proyecto ejecutivo..."
La presidenta, piensa en voz alta el diseño de los objetivos estratégicos de su período presidencial, que no son sociales ni culturales, sino los principales ejes extractivos de la IIRSA , que le fueron impuestos en los almuerzos de Nueva York.
El eje Mercosur, la ruta nacional 14 que bordea el Rio Uruguay desde Entre Ríos a Misiones y melancólica, menciona el tramo donde su esposo venció a la muerte, con la nueva autopista desde Gualeguaychu a Paso de los Libres, punto de entrada para el tráfico comercial desde y hacia Brasil.
Eje del Capricornio: la Ruta Nacional 81 que atraviesa la Provincia de Formosa, y finaliza en el este de la Provincia de Salta que forma parte del, definido por IIRSA como uno de los tres ejes en Argentina que conectarán a Paraguay, Bolivia y Chile. La Ruta Nacional Nº 40, que recorre 5.000 Km ., en paralelo a la cordillera de los Andes, llamado el corredor minero, y columna vertebral terrestre de la IIRSA en Argentina, que cruza 11 provincias: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja , Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, extendida desde Cabo Vírgenes Santa Cruz, hasta el límite con Bolivia.
Región centro, con la Ruta Nacional nº 9 que une la Ciudad de Buenos Aires, con Bolivia, atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy
La gran pregunta: cómo será el financiamiento de las obras, en tiempos de crisis capitalista, a lo que la Sra. dio la respuesta en conferencia de prensa 6 meses después de presentar el "Plan Estratégico de Desarrollo territorial Argentino", (15 de diciembre de 2008). Adelantándose 2 meses al mismísimo Barack Obama, que en su intento de salvataje financiero en EEUU, lo bautizara con el mismo nombre que Cristina: "Plan de Estímulo Económico";[10] explicitó el programa para financiar obras de infraestructura dirigidas a la IIRSA , por valor de 111.000 millones de pesos (32.000 millones de dólares).[11] El 60 por ciento de esos fondos, serán destinados a obras de infraestructura vial y 40 por ciento, en proyectos para mejorar y ampliar sectores de energía eléctrica, gas natural, o sea infraestructura a medida de las transnacionales. Se aclaró, que $71.000 millones están asegurados, que $33.000 millones ya están en el presupuesto anual, $12.000 millones provienen del fondo de las "estatizadas jubilaciones privadas" (ANSES) y $5.500 millones, de ahorros por recortes de subsidios. Sólo $2.500 millones vendrán de organismos internacionales de crédito y $6.000 millones de inversores privados.
El total de las inversiones saldrán del bolsillo de los argentinos y nuevos endeudamientos engrosarán deuda externa, de hecho financiaremos las obras para nuestro propio saqueo, como devolución tendremos planes canjes para electrodomésticos o bicicletas.
Estas iniciativas no son autoría del gobierno nacional o gobernadores, sino del imperialismo, sus Instituciones financieras Internacionales (IFIS) y la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) que venían pergeñando un salvataje capitalista y durante años efectuaron prolijos relevamientos.
Identificaron 335 proyectos de infraestructura (muchos de ellos existentes pero fragmentados), pasibles de ser integrados y entre ellos, más de 40 a mega escalas, con costos estimado en más de $37.4 mil millones de dólares, probablemente, cifra a que alude la presidenta en su discurso de diciembre del 2008.
El saqueo y transporte de los bienes naturales comunes al igual que en la primera conquista americana, son estructurantes de las estrategias diseñadas no por un capitalismo naciente, sino por un capitalismo agónico. (…)
IIRSA
será integrado a su similar Mesoamericano (áreas de México y América Central);
el plan Puebla Panamá (PPP) y conectado por el nuevo canal interoceánico de
Atrato-Cacarica-San Miguel, que estará en manos de los Estados Unidos en la
frontera de Colombia y Panamá( el actual canal está en manos de China ).
Resulta el mayor intento de ordenamiento territorial
recolonizador, que se haya desarrollado en el mundo, tendiente a
reoriginar una acumulación del capitalismo, pero esta vez en su etapa senil, por
lo tanto más brutal.
Ejes en territorio Argentino
-Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná , una nueva versión de la antigua ruta El Dorado, que intentaron utilizar los conquistadores españoles para llevarse el oro y la plata, hace cuatro siglos. Hidrovía que se conecta al potencial que tiene el acuífero Guaraní, la tercera reserva de agua subterránea más grande del mundo, que actúa como nodo hídrico referencial de la región productiva mas "fuerte" del Mercosur.
-Eje del Sur (Talcahuano-Concepción/Chile-Neuquén-Bahía Blanca/Argentina)
-Eje Interoceánico Capricornio (Antofagasta/Chile-Jujuy/Argentina-
Mega proyecto de
hidrovía para unir las cuencas del Orinoco, el Amazonas y el Plata, a través de
la interconexión de 17 ríos, que permitiría el transporte fluvial entre el
Caribe y el Río de la Plata con 50.000 Km. navegables de Norte a Sur.
Asunción/Paraguay-Porto Alegre/Brasil)
·Eje Andino (Venezuela-Colombia-Ecuador-Perú-Bolivia)
·Eje del Amazonas (Colombia-Ecuador-Perú-Brasil)
·Eje Interoceánico Central (Perú-Chile-Bolivia-Paraguay-Brasil)
.Eje del Escudo
Guayanés (Venezuela-Brasil-Surinam-Guyana)
.Eje Amazónico del Sur ( Perú-Brasil-Bolivia
.Ejes Marítimos del Atlántico y Pacífico (todos los países).
Esta segunda conquista de Sur América, a diferencia de la primera, prescinde de carabelas, mulas y ejércitos; remplazados por complejas y sofisticadas redes de transporte, energía y telecomunicaciones, que mediante "grandes canales multimodales", interconectarán vías fluviales, carreteras, aeropuertos, represas, ductos, poliductos, acueductos, puertos fluviales y marítimos, combinando múltiples "modos" de transporte, aplicados a la extracción y el comercio a escala global .
Los modernos Jesuitas, ya no portarán cruces ni biblias.
Poderosas fundaciones de las transnacionales como AVINA, financian un nutrido menú de fundaciones y ONGs, tentando con generosas becas, premios subvenciones, figuración mediática desde "intelectuales post modernos a desarrollistas progres", cubriendo un arco social que va desde el ex "temible" piquetero, hoy diputado y líder socio AVINA "Toti" Flores[12], que mansamente cocina pan dulce por TV con Maru Botana, al ex teólogo de la liberación y ecólogo Leonardo Boff[13], devenido en místico predicador de Boff en gira con AVINA las pretensiones sub-imperialistas de Brasil al servicio de Lula y fervoroso defensor de la teoría del derrame de las retenciones de la soja kirchnerista .
La designación de los "nuevos evangelizadores" ya no corre por cuenta del Vaticano, sino por aparatos mediáticos de conglomerados transnacionales como "Grupo Nueva" o VIVA Trust, fideicomisos del suizo Stephan Schmidheiny, fundador e inspirador de AVINA y su similar ASHOKA[14] y dueño de una de las 200 mayores fortunas del mundo, heredero de Nestlé (Líder mundial en el mercado de aguas envasadas, leche en polvo) y accionista de empresas como Eternit, hoy Amanco, ex fabricante de caños cancerígenos de asbesto cemento o la maderera Terranova-Massisa. Bajo estas coberturas, aparecen "congregaciones" como la Fundación los Grobos, conducidas por monjes de "la religión biotecnológica" como el designado Líder socio AVINA, autodenominado "sin tierra" (por sus negocios de pool agrofinancieros) y "rey de la soja"; Gustavo Grobocopatel[15], que bajo ropajes científicos, expande sus biblias de organismos genéticamente modificados y venenos agro tóxicos a lo largo y ancho de Sur América.
El Imperialismo sólo concibe la participación de la difusamente llamada "sociedad civil", bajo estos "corsés de círculos virtuosos", que nos venden en celofán; sus curiosos "desarrollos sustentables", excluyentes de cualquier razonamiento político, al tiempo que sus organizaciones comerciales y civiles se aseguran mayores mercados, más estables y alejados de todo peligro de resistencia social.
La participación social es sólo tolerada bajo mediación de sus fundaciones y ONGs. A lo demás: ¡¡¡ garrote !!! (...)
Felipe II en 1569 creó los tribunales de la Inquisición en América y bajo dictaduras o democracias estuvieron siempre presentes, (Plan Cóndor) respondiendo a diferentes amos imperiales, esos tribunales también están presentes en esta megaempresa colonial, no otra cosa es la vigente ley antiterrorista, aprobada por el Congreso argentino, impulsada por los Kirchner a solicitud de Bush.
Algunos de sus
efectos son:
-La deportación de Argentina de los seis campesinos paraguayos, que luchaban por
la defensa de los bienes naturales en su país y los dos años presos por
solicitar asilo en Argentina. -Los dos Prisioneros Políticos en Neuquén, de
origen chileno que luchaban por los derechos del pueblo mapuche, Freddy
Fuentevilla Saa y Marcelo Villaroel Sepúlveda, a quienes se les rechazó el
pedido de asilo, y el Gobierno Argentino libró orden de expulsión.-El ciudadano
de origen peruano, detenido en Córdoba Mario Liñán Vázquez, que espera la
extradición en la cárcel de Bower (Córdoba) a pesar que ya fue juzgado dos veces
en Perú y resultó absuelto. -Los miles de luchadores populares, pueblos
originarios y sectores obreros, que son arrestados, perseguidos o vigilados,
como victimas de la judicialización de la protesta social.
-El secuestro
del presidente de Haití por tropas norteamericanas y la intervención militar
posterior del país, por un ejercito cipayo, donde participan tropas
latinoamericanas incluso Argentinas, bajo el mando de Brasil, con la cobertura
de las Naciones Unidas.
Estas, son sólo
muestras de la inquisición global que rige en nuestros territorios.
Tampoco se han descuidado las fuerzas militares que custodiarán conquistas y
nuevas fronteras, por ello se reactivó desde julio del 2008 la poderosa 4ª flota
de EEUU que patrullará ríos interiores y territorios de América del Sur y el
Caribe. Al tiempo, se consolidan enclaves terrestres como la base norteamericana
de Mariscal Estigarribia de Paraguay, cercana a Bolivia y a la estratégica
triple frontera (Paraguay, Argentina y Brasil), sobre el acuífero Guaraní.
Joseph Kernan[23],
comandante en jefe de la flota, precisó que las naves llegarán hasta el
intrincado sistema de ríos de América del Sur, navegando en las "aguas
marrones" más que en las tradicionales "aguas azules". La Cuarta
Flota está compuesta por un portaviones nuclear y equipada con submarinos,
fragatas
misilísticas, sistemas de defensa aérea, docenas de aviones bombarderos F-14,
lanzadores de misiles y el grupo de comandos de elite SEAL.
Según declara Estados Unidos, todo el armamento y las tropas asentadas en las
regiones Latinoamericanas y el Caribe, sólo son para "ayuda humanitaria".
La claves de penetración en territorios y "aguas marrones" del eje Hidrovía Paraná Paraguay y la actuación de los Marines asentados en la base Norteamericana de Mariscal Estigarribia[24]., la dio el embajador de Estados Unidos en Argentina; Earl "Tony" Wayne, en su visita el 13 de agosto del 2008 al Chaco, donde anuncio junto al gobernador kirchnerista Capitanich: "...Chaco fue elegido por el gobierno Argentino para trabajar junto a la Embajada Norteamericana en un programa de asistencia humanitaria que involucra a seis municipios: San Martín, Sauzalito, Villa Ángela, Puerto Tirol, Barranqueras y Tres Isletas..."
Embajada de Estados Unidos en Argentinahttp://spanish.argentina.usembassy.gov/evento_chaco.html "...Los ríos son un canal de penetración muy distinto al que se estaba utilizando cuando se hacían los ejercicios directamente en tierra y permiten además no sólo la utilización de fuerzas anfibias sino la definición de actividades tanto en agua como en tierra, matando dos pájaros de un tiro. En esta situación se encuentra la zona del río Paraná. Curiosamente, cuando se trata de ejercicios ribereños, es más fácil evadir la aprobación de los Congresos de los países limítrofes porque el río aparece como territorio relativamente neutro. Es como si se estuviera ante una legislación ausente o vacía ya que se refiere a un territorio fluido y no fijo...", aclara Ana Esther Ceceña (Los paradigmas de la militarización en América Latina http://alainet.org/active/10216&lang=es )
El humanismo norteamericano, será financiado y supervisado por el Comando Sur de los Estados Unidos con asiento en Miami, el mismo que dirige las operaciones militares suramericanas de la cuarta flota. Cabe consignar que el humanitario embajador Wayne Entre 1989 y 1991, ocupó el cargo de Director de Asuntos Regionales para el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para la Lucha contra el Terrorismo y también analista sobre China en el Departamento de Inteligencia e Investigación (...)".
*gustavospe@gmail.com
**www.tinkuyaku.org
Fuente:
http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2009/04/08/iirsa-crisis-capitalista-regi-n-centro-invasi-n-conquista-y
En consecuencia, el capitalismo e imperialismo impone el acaparamiento de territorios para la optimización de súper negocios de sus oligopolios globales y socios locales. Dispone de los territorios sin importarles los pueblos que los componen ni las consecuencias de vaciarlos de recursos naturales o arrasarlos. Al respecto Gustavo Spedale dice:"A más de cinco siglos de saqueos continuados en América, el imperialismo, insiste que el salvataje del sistema capitalista, es posible, descargando sobre la Región Suramericana , una vuelta de tuerca final sobre las formidables riquezas en bosques, minerales, ríos, selvas, humedales, tierras fértiles y poblaciones nativas, consideradas como 'recursos naturales y humanos' todavía exprimibles, superando y removiendo a cualquier precio todo 'obstáculos o barreras', sean físicas, humanas, culturales o de cualquier tipo, que interfieran sus proyectos extractivos".
Degrada los territorios adecuándolos a los objetivos lucrativos del bloque dominante, de esta manera conduce a la extinción no sólo de especies biológicas sino, también, a genocidios y a un planeta inhabitable.
Preguntémonos cómo los oligopolios usan los territorios de Argentina bajo gestión K desde 2003 y porqué tienen impunidad oficializada como "seguridad jurídica". Comprobemos en qué consiste la planificación y ejecución de poner el país al servicio del capitalismo mundializado:
1. Fases y contubernios del proceso de invasión y ocupación territorial
Diario Los Andes(03/08/2010): La Presidenta destacó que "la principal actividad, el principal ingreso de Chile es de la minería, el cobre". "No me cerraba ese elogio a Chile como modelo a seguir (que no digo que no podamos resaltarlo), pero llama la atención que se impugne -en Argentina- una actividad que ha tenido muchísimo desarrollo. No se puede generalizar y condenar a una actividad", enfatizó.
Fuente: http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-general/cristina-pro-minera-vacia-de-fundamentos 04-08-2010
Otra es la realidad que analiza la entrevista de Gustavo Pablos a Maristella Svampa y Mirta Antonelli:
"Mega-minería:
la tierra devastada (I)
"Corporaciones sin fronteras
No hace mucho tiempo en nuestro país comenzaron a
escucharse y leerse palabras y expresiones como “mega-minería” y
“minería a cielo abierto”. Ingresar en estos conceptos es una forma de
entender lo que Argentina y otros países de la región están haciendo con sus
recursos naturales y con el medioambiente.
En el libro
colectivo Minería Transnacional, Narrativas del Desarrollo y Resistencias
Sociales (Editorial Biblos), Maristella Svampa y Mirta Antonelli, sus
editoras, recopilan un conjunto de trabajos que describen y analizan
exhaustivamente la instalación y la situación de la mega-minería en Argentina.
En la introducción la autoras escriben que
tres son los “«modelos de desarrollo»
que caracterizan la Argentina contemporánea: el modelo agrario, el industrial y
el extractivo-exportador”.
Y también señalan que si bien
“los
dos primeros han sufrido drásticas transformaciones en las últimas décadas, y
continúan operando de manera explícita o implícita como narrativa social
fundamental y horizonte de expectativas de nuestras sociedades, el perfil del
tercero, ligado a la explotación de los recursos naturales, pese a su expansión
exponencial, aparece desdibujado y apenas está presente en el imaginario
cultural de los argentinos”.
Para que en este momento estemos hablando del “modelo extractivo-exportador”,
fue necesario que durante los años ’90 la mayor parte de los países de América
Latina llevaran adelante “una profunda reforma del marco regulatorio” que
se tradujo en “amplios beneficios a las grandes
empresas transnacionales”. La expansión
de este modelo (como también la del relativo al de agro-negocios) no puede
comprenderse “sin involucrar también la perspectiva histórica, y muy
especialmente, la política de privatizaciones”, ya que fue precisamente esta
política, aseguran las autoras, la que “estuvo orientada no sólo
hacia los servicios públicos, sino también hacia los hidrocarburos, y de manera
más amplia, hacia la totalidad de los recursos naturales”. En ese sentido,
con las reformas constitucionales y legislativas
las nuevas normas
jurídicas institucionalizaron “la auto-exclusión del Estado
como agente productivo y
la consecuente exclusividad del sector privado como único
actor autorizado a explotar los recursos naturales”.
En esta entrevista, Svampa y Antonelli presentan los temas del libro que reúne
trabajos realizados por investigadores de las universidades nacionales de
General Sarmiento, Córdoba, Catamarca y Buenos Aires.
La nueva forma de explotación minera
-
¿Cuáles son las condiciones que dieron lugar a la “mega-minería”?
M.S.: Un elemento principal que explica el pasaje de la minería
tradicional a la moderna, está dado por el progresivo agotamiento –a nivel
mundial– de los metales en vetas de alta ley. Si bien las consecuencias
económicas pueden ser homologadas, lejos estamos de aquella minería de socavón,
propia de épocas anteriores, cuando los metales afluían en grandes vetas, desde
el fondo de las galerías subterráneas. Pocos países, entre ellos Bolivia,
conservan una minería tradicional, a pequeña escala, fundamentalmente basada en
el estaño. Al disminuir la concentración del mineral contenido en las rocas deja
de ser rentable la explotación mediante socavones. La explotación minera a cielo
abierto con técnicas de lixiviación es la que permite extraer los minerales
diseminados en la roca portadora, ya que la utilización de dinamita produce
voladuras de montañas que posibilitan remover grandes volúmenes de roca. Así se
forman escalones que dan lugar al “tajo abierto” u “open pit”.
Esta forma de extracción ocasiona que se movilicen tonelajes de roca
crecientemente superiores a los directamente utilizados, acentuando el deterioro
ocasionado en el medio, al que se suma el provocado por los residuos.
- A grandes rasgos, ¿cuáles son las consecuencias
negativas más notorias que produce en el medioambiente esta clase de
explotación?
M.S.: A lo ya señalado,
hay que agregar el uso desmesurado de recursos,
fundamentalmente de agua y energía, ambos imprescindibles para la
implementación de este tipo de explotaciones. El agua, principal insumo en el
proceso extractivo, es obtenida de ríos, glaciares y acuíferos cercanos a los
proyectos a razón de varios cientos o miles de litros por segundo. Por eso las
explotaciones se sitúan en el origen de las cuencas hídricas y en las
proximidades de las reservas de agua fósil.
El agua y la energía son aportadas a bajo costo o directamente sin ser
cuantificadas en términos económicos, ya que su inclusión en la
contabilidad del proyecto pondría en duda la rentabilidad del método. Hay que
tener en cuenta que estamos hablando de mega-minería metalífera, esto es de
minería a gran escala orientada a la extracción de oro, plata, cobre y otros
minerales estratégicos, por lo tanto la utilización de recursos es mayor y
también los impactos económicos y socio-ambientales.
- ¿Cómo afecta y/o determina a las economías
regionales?
M.S.: Un tema que suelen minimizar los informes de impacto ambiental de
estas compañías es que este tipo de minería entra en competencia con otras
actividades económicas regionales (agricultura, ganadería), por los mismos
recursos (tierra y recursos hídricos). Por ejemplo, para el caso del agua, la
Minera Bajo La Alumbrera, situada en el noroeste argentino, una de las mineras
más grandes de América Latina, utiliza 1200 litros por segundo (alrededor de 100
millones de litros por día) en una zona desértica, extraídos de una reserva
natural de agua fósil. Además, según datos recientes, este yacimiento estaría
consumiendo el equivalente al 25% de la energía de toda la región del noroeste,
que incluye nada menos que cuatro provincias argentinas.
- ¿Por qué se habla de "minería transnacional"?
M.S.: Si las implicaciones socio-ambientales son ciertamente
gravosas y nos colocan ya en el centro de un paradigma extractivista,
cuestionado desde diferentes vertientes del pensamiento (ecología política,
indigenismo, economía social), hay que añadir que también
estamos lejos de asistir a la expansión de un
modelo “nacional” de desarrollo.
El modelo de la “nueva minería” se enmarca en un Estado profundamente
trastocado por el marco regulatorio de liberalización de los `90, con un proceso
de inversiones extranjeras directas que continúa –y se proyecta– en acelerado
ritmo de concesiones. Y este escenario no es privativo de la Argentina. Desde la
liberalización del marco regulatorio hasta las fases de implementación en curso
corresponden a procesos multiescalares de la corporación minera trasnacional en
la región. Por ejemplo, en Argentina y Perú, gracias a la continuidad del marco
normativo sancionado en los `90, la expansión y control de la nueva mega-minería
a cielo abierto es potestad exclusiva de las grandes empresas transnacionales.
Aún en un país como Chile la minería sufrió un proceso de desnacionalización a
partir de la ley 19.137, y es bajo el gobierno de la Concertación que se efectuó
el traspaso de los yacimientos de Codelco, que aún no estaban en explotación.
-¿Cómo caracterizarían a estas empresas, que son los
principales actores en este escenario?
M.A.: Se trata de la corporación transnacional, es decir, corporaciones
que se involucran en actividades económicas a través de las fronteras
nacionales, que cuentan con formidables activos y recursos a disposición, en las
que las finanzas y
el capital de producción trabajan en sinergia para sostener y alimentar al
sistema capitalista global. Si bien este tipo de corporaciones
varían en términos de tamaño, cobertura nacional, origen y área de
concentración, suele admitirse que este último criterio –el área de
concentración– es quizá el más relevante en cuanto a los efectos de las
corporaciones en distintas partes del mundo y a nivel global. Como dice Sklair,
transnacional hace referencia a “fuerzas, procesos e instituciones que cruzan
fronteras pero que no derivan su poder y autoridad del Estado. La corporación
transnacional es la más importante de estas fuerzas”.
La complicidad de los gobiernos
-¿De
qué manera se construye la alianza entre las empresas mineras, el gobierno
nacional, y los gobiernos provinciales?
M.A.: La llamada “alianza” es sobre todo un proceso de acumulación
y ejercicio de poder por parte de las transnacionales, de cooptación de y/o
presión sobre la clase política que atraviesa al Estado y a sus instituciones en
sinergia con el modelo extractivo, y
termina produciendo una desterritorialización
del Estado. Un fenómeno que la mega-minería ilustra casi literalmente al
usufructuar la renuncia por parte del Estado al lazo que unía soberanía y
territorio.
Este proceso hace
evidente etapas y fases del mismo.
- ¿Cuáles las fases que se perciben en el proceso?
M.A.: Un primer
momento público es definido como “hacer la ley”,
producir el marco regulatorio,
el corpus normativo que define el “estado de derecho” y funda la
“seguridad jurídica”. Ese marco regulatorio “fundante” ha sido
denominado “leyes de primera generación”, las que fijaron los beneficios
para los inversores en base a la entrega del subsuelo, y corresponden al
escenario dominado por inversiones extranjeras directas de los `90, y éstas,
cuando ya se tenía inventario de “la maldición de la abundancia”
(Acosta), esto es, de las reservas de minerales de nuestros países. En verdad,
esa legislación exhibe más bien la capacidad de lobby de las empresas con la
clase política, como lo muestra el protagonismo de ciertos funcionarios y
entonces legisladores, según las demandas de la corporación, en el ámbito de las
Comisiones de Minería del Congreso Nacional, como el actual gobernador de San
Juan, protagonista destacado en dicho marco. Estas leyes instituyen lo que los
propios actores mediadores de la corporación como el director del Área de
Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, ex ministro de Fujimori y
autor entonces de las leyes mineras del Perú de los`90 han denominado el inicio
de la “institucionalidad” extractivista.
- Una vez que está la legislación, ¿cuál es la
siguiente fase?
M.A.: Desde 2000 para otros países de la región, y desde el 2002 para
Argentina, la siguiente
fase fue el endeudamiento de los Estados de la región para llevar adelante la
infraestructura interconectada que, tanto la mega-minería, como el modelo
sojero, las pasteras, etc., requieren para extraer y sacar las materias primas.
Este neo-mapa de la región en clave extractiva –de acumulación por desposesión
(Harvey)– se denomina
IIRSA
–la Iniciativa de Infraestructura Interconectada para la región de Sud América–
de la que no se habla, de la cual no hay datos para hacer estudios de derechos
humanos y ambiente, y del que saben más las empresas contratistas y proveedores
que la ciudadanía. A lo largo de aquella y de esta década, se han ido
produciendo las disposiciones y normativas necesarias para viabilizar el modelo,
e introducir diferentes componentes del aparato de Estado; regulaciones y
facilitación de recursos -naturales, en especial, los reservorios de agua dulce;
territoriales, políticos, sociales, profesionales–, entre los que se incluyen
ciencia, tecnología e infraestructura. En el proceso abierto, ya el tratado
binacional argentino– chileno compromete investigación minera para las empresas.
Por otra parte, y en la misma década del 90, un punto de inflexión para la
privatización y mercantilización de conocimientos lo instaura el Decreto-Ley del
menemismo por el cual se crean las denominadas fundaciones, o unidades de
servicios. Se trata de espacios de tráfico de la privatización y
mercantilización que muestra, desde entonces, que muchas experiencias de
“unidades de servicios” han devenido “unidades de negocios”.
-En el caso de Argentina, ¿cuándo comenzaron a dictarse
leyes favorables para este sector?
M.S: Durante las dos presidencias de Menem se aprobaron una batería de
leyes nacionales que establecieron la autoexclusión del Estado para llevar a
cabo la actividad minera y en el otorgamiento de beneficios y exenciones al
capital transnacional. En Argentina, primero se reformó el Código Minero y luego
se sancionó la ley de inversión minera, pero el punto de inflexión fue la
reforma de la Constitución en 1994, con la provincialización de los recursos
naturales. Esto significó la renuncia del Estado nacional a la explotación de la
minería y la posterior autoexclusión de las provincias, que abrieron la
explotación al capital privado.
Este modelo de transnacionalización encontró
continuidad en la política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El primero declaró en 2004 el Pan Minero Nacional un “objetivo estratégico”
y avanzó incluso en la exención total de IVA para la minería y otros puntos
estratégicos para el desarrollo del sector, y la segunda aplicó el Veto
Presidencial, a fines de 2008, a la Ley de Protección de los glaciares (ley
24.618), votada por una amplia mayoría del Congreso Nacional. Esto constituyó un
claro gesto de apoyo a los intereses de la minería transnacional, en este caso
en favor de la compañía Barrick Gold, quien a través del proyecto binacional
Pascua-Lama, compartido con Chile, se encamina a desarrollar una explotación de
oro y plata que afectaría a los glaciares de altura en la región cordillerana.
Sin beneficios, sin compensación
- Más allá de los aspectos negativos, ¿los estados
provinciales y nacionales obtienen algún beneficio por la instalación de las
industrias mineras? ¿Influyen significativamente en la creación de empleo, o por
el porcentaje de las regalías?
M.S.: Las regalías provinciales son del 3%, aunque hay proyectos en
algunas provincias (como en Neuquén) donde las regalías serian reducidas al
1,5%. Lo sucedido en Catamarca es emblemático, ya que Minera La Alumbrera, como
caso testigo, mostró los límites de un modelo de desarrollo asociado al enclave
de exportación. Cuando en 1997 se instaló Bajo la Alumbrera, la gente creyó en
las promesas de empleo y desarrollo, con la expectativa de que, pese a que era
un proyecto transnacional, la minera dejaría algún beneficio. Pero esas promesas
fueron una gran mentira. Según un estudio de la Universidad de San Martín, el
empleo directo fue de 831, 795 y 894 puestos de trabajo para los años 2000,
2001, y 2002 respectivamente. Y según la página de la empresa, en el yacimiento
minero trabajan actualmente 1800 empleados. Y Catamarca sigue siendo una de las
provincias más pobres y desiguales del país. Con los años, a la par que fueron
cayendo los índices industriales y de la construcción, los niveles de pobreza de
los catamarqueños continúan siendo muy elevados y la tasa de desocupación
aumentó visiblemente. Hacia 2006, sólo en Andalgalá, ascendía a más del 25%.
Basta añadir que Andalgalá, que se encuentra a tan sólo 60 kilómetros de la
mina, fue declarada a mediados de 2009 en Emergencia Económica por la gravísima
situación financiera que enfrenta el Municipio.
M.A.: También hay que decir de un hecho que contrasta con la declamada
responsabilidad económica y social enarboladas por las empresas. En diciembre
del 2007, cuando el gobierno decidió aplicar una retención de 5-10% a las
exportaciones mineras de las empresas que hasta entonces estaban exentas por 30
años por los contratos de estabilidad tributaria a largo plazo, se da el
respaldo corporativo a “las acciones legales iniciadas por las empresas
afectadas por las alteraciones introducidas al régimen fiscal minero”. Lo que se
estudiaba entonces era un esquema de retenciones móviles similar al que se
utiliza en el petróleo. A mayor precio de los minerales, mayor debía haber sido
el porcentaje para el fisco. Una de las empresas que inició una causa es Bajo La
Alumbrera. En su defensa corporativa, el discurso empresarial usó el “imaginario
del pueblo”, construyó como sinónimos “pueblo sanjuanino” y “pueblo minero”,
para enunciar el rechazo al aumento de las retenciones, por considerarlas “un
palo en la rueda del desarrollo”. El contraste surge cuando a comienzos de este
año, el gerente de Barrick Pascua-Lama, en entrevista internacional para una
publicación destinada al sector de inversores, proclama que con el actual precio
de la plata, el oro a extraer tiene costo negativo, es decir, costo cero, su
extracción les resulta gratis.
-¿Qué es lo que está sucediendo en Córdoba respecto a la
actividad minera y la extracción de Uranio?
-M.A.: Existe una profunda preocupación en la ciudadanía y, en especial,
en las localidades y comunidades de nuestras serranías, ante la decisión, por
parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, de admitir
formalmente la acción declarativa de inconstitucionalidad entablada por la
Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (CEMINCOR) y la Asociación
de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad
Nuclear (APCNEAN) en contra de la Provincia de Córdoba. Solicitan que se declare
“inconstitucional” la ley 9.526, que prohíbe la actividad minera
metalífera en la modalidad a cielo abierto y en todas sus etapas, también
respecto de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha
prohibición rige, asimismo, para las minas concedidas, las que debían proceder
al cierre, y en relación con el uso de cianuro y toda otra sustancia química
contaminante, tóxica y/o peligrosa. Esta ley fue aprobada por la Legislatura
Provincial a fines de septiembre 2008, luego de un profundo trabajo técnico y
legal de meses, con la participación de todos los actores involucrados, en
nombre del bien común y sin poner en riesgo el derecho al trabajo de los
trabajadores mineros de las restantes actividades mineras autorizadas.
La preocupación de la ciudadanía cordobesa es fundada si tenemos en cuenta,
además, que en el caso de nuestra provincia la zona comprometida con el uranio
se encuentra sobre la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, donde nacen el
río Chico de Nono y varios afluentes del río Mina Clavero, principales
tributarios del embalse Medina Allende, que proveen de agua potable a
localidades de los departamentos San Javier y San Alberto de la Provincia de
Córdoba. La CNEA solicitó un pedido de exploración sobre una superficie de casi
5 mil hectáreas en las afueras de la localidad de Nono.
- A partir de la consideración de los “pasivos
ambientales”, ¿existe alguna clase de compensación?
M.A.: En cuanto a las cifras declaradas por la CNEA sobre la cantidad de
“pasivos ambientales” no hay certezas, si tomamos como referencias los
datos aportados por este ente en diversas oportunidades. En proyectos en Mendoza
y Córdoba, según la propia CNEA las minas han quedado sin remediar. Y ya la
narrativa de fines de los `90 y de fin de la doble presidencia de Menem también
aludía a destinos inciertos de fondos destinados a la remediación, en medio del
cuestionado, por oscuro, traspaso de la política nuclear a empresas
transnacionales. Los denominados "pasivos ambientales" hoy son
reconocidos por el Estado y busca afrontarlos con el Proyecto de Restitución
Ambiental de la Minería de Uranio (PRA-MU), que está a cargo de la propia
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y para el cual el Estado se ha
endeudado con un crédito del BID por 30 millones de dólares.
-Uno de los aspectos que analiza el libro es cómo los
medios de comunicación, las agencias científicas y universidades nacionales
justifican el modelo extractivista. ¿De qué manera actúan estas empresas para
alcanzar esta clase de alianzas?
M.A.: Estas relaciones no son isomórficas ni homogéneas. Un específico
macro proceso involucrado es el de la privatización y mercantilización del
conocimiento público, en especial desde los ‘90, si bien comienza a perfilarse
en los ‘80, y que consiste en la retracción del Estado, vía el
desfinanciamiento, con el concomitante protagonismo del actor empresarial. En
ese marco, y luego con la nueva Ley de Educación superior del menemismo, los
profesionales de varias ramas de las ingenierías –geología, recursos hídricos,
vial, minería, etc.– producen relevamientos y sistematización de datos que se
destinan a los capitales extractivos, recordemos que el Estado se autoinhibió.
También las diversas formas que adoptó la venta de conocimientos –vía
fundaciones, unidades de transferencia, etc.– afianzaron no sólo la atención de
los intereses del sector, sino también la privatización encubierta, no
explicitada, de las universidades. En el año 2005, del presupuesto total de la
UBA, por ejemplo, un 40% provenía del financiamiento privado. Este modelo
general es, también, el que se verifica en el caso de la mega-minería,
incluyendo la del uranio. Desde 2005 se han intensificado las normativas que
transfieren y condicionan lo público a lo privado, según las lógicas e intereses
del mercado. Una lectura del organigrama del Estado nacional hoy, es elocuente
respecto a que la producción orientada a las empresas tiene envergadura
ministerial.
De esta manera, profesionales de doble inscripción, o financiados por las
empresas, resultan estratégicas voces universitarias y de agencias
científico-tecnológicas públicas que autorizan el modelo extractivo, co-implican
en ello la legitimidad de instituciones del Estado en un proceso de oposición y
réplicas a los movimientos socioambientales y de descalificación de la sanción
de leyes de prohibición de esta minería a cielo abierto y con sustancias tóxicas
en numerosas provincias argentinas. También estigmatizan o descalifican las
voces de científicos críticos. Y esto último, no sólo respecto a los intereses
corporativos mineros.
Una de las excepciones más recientes a la cooptación aludida ha sido expresada
por la UNC, en los considerandos de la resolución por la cual el HCS rechazara
los fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Bajo La Alumbrera, en
diciembre pasado. Llamativamente, medios locales y nacionales se abstuvieron de
darlos a conocer.
-¿Cuál es la situación actual de la legislación, tanto a
nivel nacional como en las provincias afectadas por este problema?
M.S.: En nuestro país, luego de la consulta popular de Esquel, y gracias
a la articulación de las resistencias, siete provincias argentinas sancionaron
una legislación que prohíbe la minería, con algún o varios tipos de sustancias
tóxicas. Sin embargo, como lo muestra de manera escandalosa el caso de La Rioja
(donde la ley de prohibición a la mega-minería fue sancionada en 2007 y derogada
un año más tarde, por el mismo gobernador), en Argentina las diferentes leyes
provinciales lejos están de constituir una garantía absoluta, frente a los
grandes intereses económicos en juego.
M.A.: En efecto, en el caso de la Rioja, la ley de prohibición de la
mega-minería sancionada como promesa a la ciudadanía en campaña electoral de
Beder Herrera, fue derogada en agosto de 2008, por la capacidad de lobby de la
corporación minera, directa beneficiaria de los minerales, incluido el uranio.
Cabe recordar que, con pasmosa celeridad, al día siguiente de derogada la ley de
prohibición, la CNEA firmaba el convenio con la provincia de La Rioja para
explotar el uranio, y al mes, en setiembre de 2008, se iniciaba la actividad
privada transnacional.
Ciudadanía auto-organizada
-En
este contexto de explotación desmedida de los recursos y de crisis ecológica,
surgen las organizaciones y las asambleas de ciudadanos que buscan la protección
del medioambiente y se oponen a la explotación minera. ¿Cuáles han sido los
logros que han obtenido estas asociaciones y cuáles las limitaciones
que han encontrado?
M.S.: Entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias
regionales, siete provincias sancionaron leyes prohibiendo, en algunos aspectos,
este tipo de minería. Nos referimos a las provincias de Chubut (2003), Río Negro
(2005), La Rioja (2007, anulada en el 2008) Tucumán, Mendoza y La Pampa (2007 -
año electoral) y, por último, (2008) Córdoba y San Luis.
Tres factores
clave jugaron en favor: movilización multisectorial, información y
redes territoriales. Hoy existen unas 70 asambleas de vecinos autoconvocados,
que incluyen desde amas de casa, comerciantes hasta productores y profesionales.
Contrariamente a lo que divulgan gobiernos y empresas transnacionales, y gracias
a la elaboración de un saber experto independiente realizado por profesionales,
cada vez son más las comunidades informadas que toman conciencia de lo que
significa la instalación de un emprendimiento minero a cielo abierto, tanto en
lo que se refiere a su impacto económico y ambiental, como al enorme consumo de
agua y energía que éstos conllevan.
M.A.: -En tal sentido, recientes “contra-informes,” tal la
denominación en uso, están produciendo un saber controlado y plausible sobre los
impactos, pero también, sobre las falacias, omisiones, etc., de los informes de
impacto ambiental presentados por las empresas y rubricados por profesionales
vinculados al sector. Además de biólogos y economistas, entre otros, equipos de
arqueólogos han demostrado –con el aporte del conocimiento de los
“rastreadores de territorio” que son los propios pobladores– el patrimonio
en riesgo o dañado, y negado por empresas. Por ejemplo, en Veladero (Biósfera de
San Guillermo, San Juan, entregada por decreto de Gioja, en 2002, a Barrick
Gold); y también en Sanagasta, provincia de La Rioja, donde se pretende extraer
uranio. De igual manera, con datos, registros y testimonios, recientes informes
de derechos humanos no estatales arrojan indicadores preocupantes respecto a
violación de derechos
vinculados a la tierra, al territorio, a la igualdad ambiental,
etc. Y tanto o más preocupante, el informe reciente sobre infancia, donde se
afirma que más de 5 millones de niños en Argentina están en riesgo ambiental,
sin poder ponderar el daño producido o en curso por la minería, porque no hay
datos oficiales ni empresariales.
- ¿Hay provincias o regiones más sensibles a la
situación?
M.S.: -Sí, por supuesto. La conflictividad y la configuración de
escenarios de lucha deben ser leídas en clave provincial y regional, antes que
desde una perspectiva nacional. Una cuestión importante es que, pese a que la
provincialización de los recursos naturales trajo consigo una gran
fragmentación, visible en la posibilidad de un mayor enclaustramiento en las
dinámicas locales, la minería se topó con “eslabones fuertes” en aquellas
provincias y regiones que cuentan con una economía más diversificada y una
matriz social más abierta. En otros términos, allí dónde había una pequeña o
mediana burguesía arraigada al territorio y la producción local era medianamente
competitiva, la resistencia al gran capital internacional extractivista resultó
ser más efectiva que en aquellas otras regiones y/o provincias muy sumergidas, o
ya colonizadas o devastadas social y ambientalmente. Por otro lado, la
provincialización abrió a nuevas oportunidades políticas, y en esa brecha, las
legislaturas de siete provincias (con avances y retrocesos, en un escenario
todavía abierto), presionadas por las asambleas socio-ambientales y algunos
políticos locales, sancionaron leyes que prohíben la mega-minería a cielo
abierto. Vinculado con lo anterior, la existencia de espacios regionales, con
similares características socio-demográficas también devino un factor relevante
en el proceso de articulación de las resistencias, contribuyendo a la ampliación
de oportunidades políticas. Por último, tanto “el efecto Esquel” (en su
dimensión positiva, como “modelo ejemplar”), así como “el efecto La
Alumbrera” (los efectos negativos están ahí, como contramodelo), jugaron un
rol innegable, lo que sumado a la articulación de los colectivos y la
construcción de redes territoriales le otorgó al movimiento una importante
potencialidad.
-¿Cómo reacción las empresas y los gobiernos
provinciales frente a los logros de las organizaciones?
M.S.: Las empresas y los gobiernos apuntan no sólo a las brechas abiertas
que han dejado las diferentes leyes prohibitivas a fin de llevar a cabo los
emprendimientos (con propuestas de zonificación territorial, que incluyen
“áreas de sacrificio”, o llevando a cabo metodologías de extracción sin
cianuro), sino que desde 2009 existen numerosas presiones para derogar las leyes
“del no” (como ahora se advierte para el caso de Córdoba y Mendoza).
Desde 2009, se han acentuado los episodios represivos (como en La Rioja y
Catamarca) y, por supuesto, se ha instalado una política de judicialización y
criminalización. En un momento en el que se está definiendo la figura del nuevo
adversario, se busca instalar la figura del “ecoterrorista” a nivel
continental, lo cual es particularmente preocupante.
- ¿Cuál es, en líneas generales, la situación de países
como Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, que tienen una tradición minera mucho más
extensa que la nuestra?
M.S.: Hasta hace poco tiempo, en América Latina había sólo cuatro países con una
tradición minera importante: Chile, Perú, Bolivia y México. Sin embargo, la
reforma de los `90 incluyó a países que no eran “tradicionalmente”
mineros, como Argentina, Ecuador, Venezuela, Honduras y Guatemala. En países
como Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra –entre otros– la actividad minera se
ha ido retirando de manera acelerada en los años `70 y `80 y hoy en día solo
quedan algunos pequeños rezagos. La exigente normativa de la Comunidad Europea
(recientemente, en una declaración de mayo de 2010, el Parlamento Europeo
propone la prohibición de este tipo de minería), que conlleva a que los
proyectos sean rechazados por implicar un alto costo ambiental, es presentada en
América Latina como una suerte de oportunidad “histórica” para los
territorios. Así, entre los diez países que recibieron inversión minera entre
1990 y 2001, cuatro de ellos son de América Latina: Chile (en el primer puesto),
Perú (sexto), Argentina (noveno) y México (décimo). Esta expansión se concentró
en Sudamérica, pero cada vez hay más indicios de que en años venideros
Centroamérica también verá un marcado incremento de inversión minera, proceso
que ya comenzó en Guatemala y Honduras, teniendo en cuenta el crecimiento de la
demanda de países como China e India.
Asimismo, las resistencias sociales a este tipo de emprendimientos, se han
extendido en toda América Latina, desde México a la Argentina".
Fuente: http://cordobacontaminada.blogspot.com/2010/08/mega-mineria-la-tierra-devastada-i.html
Boletín de Noticias de Movida Ambiental
2. Futuro proyectado en consonancia con aumentar la exclusión y la desigualdad sociales
Durante el acto en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, Cristina Kirchner argumentó su decisión de crear el Ministerio de Turismo frente a empresarios del sector y funcionarios de ciudades turísticas de todo el país, destacó:-El rol del turismo para la economía de los países al señalar que representa entre un 6 y 7 por ciento del PBI mundial. En los países desarrollados, el turismo representa al 30 del PBI y en los países en vías del desarrollo alcanza hasta el 45 por ciento en materia de servicios. –El crecimiento exponencial del turismo en la Argentina entre 2003 y la actualidad y "dio un 14 por ciento más de mano de obra".
Pero veamos cuál es la realidad para los de abajo mediante el análisis que comunica Giorgio Trucchi (ALBA SUD/Rel-UITA):
"República Dominicana
Un desarrollo turístico a la medida del capital transnacional
Las contradicciones de un modelo que concentra riqueza y redistribuye pobreza
El segundo Seminario sobre
Turismo y desarrollo en Centroamérica, México y El Caribe, organizado por
ALBA SUD, el Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio de la
Universidad de las Islas Baleares (GIST) y Fundación PRISMA el pasado
mes de julio de 2010 en República Dominicana, volvió a evidenciar la
aparente paradoja de un modelo
turístico de enclave
que, en lugar de
producir desarrollo humano y beneficios para las poblaciones, acentúa los
índices de pobreza y concentra la riqueza en pocas manos. República Dominicana,
uno de los más importantes destinos turísticos a nivel mundial, es el espejo que
refleja esta contradicción.
El turismo constituye la
mayor industria del mundo.
Si incluimos las actividades auxiliares, genera el 11 por ciento del Producto
Mundial Bruto y de las exportaciones.
Según
datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en medio siglo ese sector
aumentó en 28 veces sus números, pasando de 25 millones de turistas en 1950 a
casi 800 millones en 2004. Las previsiones para 2010 son abrumadoras. Con un
aumento del 4.1 por ciento, los turistas en el mundo llegarían a 1,018 millones.
En América Latina y El Caribe se concentra aproximadamente el 9 por ciento del
turismo mundial y buena parte de este fenómeno es de origen transnacional, sobre
todo español y en su mayoría balear. Empresas como Sol Meliá (la primera
cadena hotelera en el continente), Barceló, RIU, Iberostar,
NH, entre otras, han impulsado sus modelos “sol y playa” y “todo
incluido”, extendiendo el número de habitaciones y de establecimientos, y
multiplicando sus ganancias (en 2008, estas cinco cadenas hoteleras facturaron
casi 5,800 millones de euros a nivel mundial, según datos recogidos por
Hosteltur.
El caso de República Dominicana
La República Dominicana es un
claro ejemplo de país en vías de desarrollo que ha experimentado un
extraordinario crecimiento turístico. Con un incremento anual promedio del 9 por
ciento en visitantes extranjeros y una expansión agresiva de la capacidad
hotelera (casi 65 mil habitaciones en 2008), este país caribeño se ha
transformado en las últimas décadas en uno de los principales destinos
turísticos de la región.
Las inversiones en el sector turístico superaron los 11 mil millones de dólares
en 2009 y ese mismo año se duplicó el presupuesto nacional destinado a la
promoción exterior de República Dominicana como destino turístico (de 22 a 44
millones de dólares). 4.3 millones fueron los visitantes en 2008 (el 34 por
ciento proveniente de Estados Unidos), de los cuales medio millón de personas
llegaron en cruceros. Asimismo, la Tesorería Nacional de la República Dominicana
anunció que en 2007 los ingresos fiscales provenientes de la actividad turística
en el país alcanzaron los 170 millones de dólares.
Según el ministro de Turismo de ese país, Francisco Javier García, la
República Dominicana se ha convertido en una especie de imán:
“El turismo es el sector más pujante y decisivo de la economía dominicana, y se
consolida como la 'locomotora' del desarrollo económico del país caribeño”.
Sin embargo, para muchos dominicanos y dominicanas esta ‘locomotora’ transitó
muy lejos de su casa, y se perdió en el horizonte sin dejar rastro alguno.
Desarrollo turístico vs. Desarrollo humano
En sus dos últimos informes
sobre República Dominicana (2005 y 2008), el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) revela una situación cuanto menos paradójica, en
la que se evidencia cómo el crecimiento turístico ha sido un desarrollo
excluyente.
Según Pável Isa Contreras, funcionario del PNUD en el país, “aunque
constituya una importante alternativa para la economía nacional en términos de
generación de recursos y divisa, la actividad turística no ha generado un
desarrollo que involucre a la comunidad, a la economía, para que contribuye a
dinamizar el aparato productivo. Además, no ha producido un aumento importante
en el nivel de empleo”.
Entre los factores que generan esta situación, el también economista señaló el
modelo turístico de enclave, basado en grandes complejos turísticos que son
ajenos a la realidad social que les rodea, y la ausencia de políticas públicas
que fortalezcan los servicios sociales y el involucramiento de las poblaciones
que viven cerca de dichas localidades turísticas.
“Estas poblaciones quedan totalmente ajenas al desarrollo turístico.
Estamos hablando de un
modelo excluyente, que concentra los beneficios en manos de las cadenas
hoteleras y de los tour operador. Un modelo basado en la recepción de grandes
cantidades de turistas y con un escaso respeto por el medio ambiente. Asimismo
–continuó Isa Contreras–, tenemos una política pública que no empodera a la
gente, para que pueda ser participe de forma creciente de los beneficios del
sector turístico. Todo eso se traduce en una situación paradójica: las
provincias que han sido las protagonistas del desarrollo turístico están en los
lugares más bajos en el Índice de Desarrollo Humano
(IDH)”.
Una situación y un contraste inaceptable. Por un lado un crecimiento
extraordinario del turismo y de la infraestructura hotelera y por el otro, la
difusión masiva de asentamientos marginales donde la gente, mucha de ella
empleada en el sector turístico y en la construcción, sobrevive en condiciones
de extrema pobreza y de desamparo.
“Trabajos de haitianos”
Los bateys son
asentamientos que surgieron a raíz del boom de la producción agroexportadora,
sobre todo de la industria azucarera (caña de azúcar). Pequeñas ciudadelas, muy
pobres, situadas en los alrededores o en medio de los cañaverales del país,
donde se concentra la mano de obra proveniente de Haití. Se calculan en más de
500 mil los haitianos que sobreviven en condiciones misérrimas en los bateys.
Con la crisis de la industria azucarera y su privatización, decenas de miles de
trabajadores agrícolas perdieron su trabajo y comenzaron a buscar alternativas.
Se desplazaron hacia el Este de la República Dominicana, donde el desarrollo de
la actividad turística necesitaba de mano de obra para la construcción de los
grandes complejos hoteleros y el impulso de la incipiente actividad
inmobiliaria.
“La ley establece que para el trabajo se debe emplear sólo un 20 por ciento
de mano de obra extranjera, sin embargo nunca se cumplió. Hay trabajos, como en
la industria azucarera o en la construcción, que ya los dominicanos no quieren
hacer, porque están estigmatizados como ‘trabajos de haitianos’”, explicó
Faruk Miguel, director ejecutivo del Centro de Investigación y Apoyo
Cultural (CIAC).
Pese a que en la construcción se respeta el salario mínimo previsto por la ley,
los empleadores violentan constantemente los derechos laborales y sindicales
previstos por las leyes laborales y el Reglamento de la Ley de Migrantes. “No
les garantizan las condiciones de alojamiento saludable tal como prevé el
Reglamento de la Ley de Migrantes, no les hacen un contrato legal, no hay ningún
tipo de prestación social y se violentan abiertamente las normas de seguridad e
higiene laboral”, dijo Miguel.
El director ejecutivo del CIAC señala también el alto índice de accidentes
laborales. “Nadie cotiza para el Fondo de Pensiones de Trabajadores de la
Construcción. De esa manera, cuando un trabajador se accidenta acude al sistema
sanitario público, donde es atendido de forma muy precaria y prácticamente sin
acceso a medicamentos”.
La situación de ilegalidad en la que viven los haitianos contribuye, además, a
que sean objeto de cualquier tipo de chantaje por parte del patrón. “Por un
lado ciertos sectores productivos nacionales ya no pueden prescindir de la mano
de obra extranjera, por el otro, la situación de ilegalidad los deja muy
vulnerables ante el empleador. Finalmente, la necesidad prevalece y quedan
aceptando condiciones infrahumanas”, concluyó.
La otra cara de la moneda
Según Ernest Cañada, coordinador de
ALBA SUD, la construcción de nuevos espacios funcionales con los intereses del
gran capital privado ha transformado el territorio y las relaciones sociales.
“La zona es un
exponente privilegiado de una profunda desigualdad, donde lujo elitista y
exclusión social están íntimamente relacionados,
en una relación de causa-efecto directa.
El turismo crea su propia lógica territorial:
una línea de
costa privatizada, hoteles cerrados creando microespacios y detrás la pobreza,
falta de infraestructuras, urbanización informal, hacinamiento de la fuerza de
trabajo que permite ese desarrollo turístico”.
“El recurso a la mano de obra inmigrante, mayoritariamente en condiciones de
ilegalidad, desarraigada y con una débil red de apoyo social, es una constante
en el mundo de la construcción para el turismo. Lo que ocurre con los haitianos
en República Dominicana es muy parecido a lo que ocurre con los nicaragüenses en
Guanacaste, Costa Rica, o con los centroamericanos y chiapanecos en Cancún y la
Riviera Maya, México. No es casualidad. Es la apuesta consciente de un
empresariado que busca cómo abaratar al máximo sus costes aprovechándose de las
condiciones de pobreza estructural existentes”, explicó Cañada.
Es la otra cara de la moneda. Centenares de miles de turistas encerrados detrás
de los altos muros perimetrales de los complejos turísticos, fuertemente
custodiados por guardias privadas y la infaltable presencia de la Policía
Turística (POLITUR), gozan de los privilegios de una actividad que deja pobreza
y abandono en las zonas en que se instala. A menos de dos kilómetros, los
bateys recuerdan a las autoridades locales, nacionales y al mundo que ese
tipo de modelo de desarrollo tiene sus ‘efectos colaterales’.
El Hoyo de Friusa
Entre la Avenida Barceló, a lo
largo de la cual surgen los principales Resorts de las cadenas hoteleras
españolas, y el batey Hoyo de Friusa, Bávaro, hay una distancia que
perfectamente se podría recorrer caminando.
Casas hechas pedazos, caminos de tierra y basura por todos lados. Niños y niñas
corren entre los escombros. Muchas personas, todos haitianos, recorren las
calles sin rumbo aparente. Otras están sentadas cerca de su casa, protegiéndose
del sol.
Eliezer es muy joven. Tiene seis años de estar viviendo en el Hoyo de
Friusa y casi tres meses de no estar trabajando. Vive con dos amigos en un
pequeño cuarto que alquilan a 85 dólares mensuales. En todo el alrededor hay
escombros y otros pequeños cuartos donde la gente vive en un estado de
hacinamiento.
“Yo quisiera vivir y trabajar en mi país, pero no es posible. No se encuentra
trabajo. Ahora estamos todos esperando que nos den de trabajar. Estamos
buscando. Vamos en los puntos donde pasan los ingenieros para ver si nos ofrecen
un empleo en la construcción. A veces hay que investigar dónde están dando
trabajo, pero por el momento no hemos encontrado nada”.
Eliezer y sus amigos han trabajado en la construcción de las grandes
instalaciones turísticas. Cuentan que les pagan cada quince días. La cantidad
depende del tipo de trabajo. No tienen contrato, no tienen derecho a ninguna
prestación social, ni acceso a las más elementales medidas de seguridad e
higiene laboral. Hay una gran cantidad de accidentes laborales. Cuando se les
pide si en los lugares en que han trabajado hay presencia sindical, su mirada es
más que suficiente para entender que siquiera saben de lo que estamos hablando.
“A veces te contratan por algunos días o una semana. Después tenemos que
esperar. Para mientras tenemos amigos que nos ayudan, que nos dan de comer. A
veces pasamos cerca de los centros turísticos, pero no tenemos acceso. No
podemos entrar a las playas. Tengo seis años de vivir aquí y nunca pude ir a la
playa”, dijo Eliezer.
La otra cara de la moneda. Una cara velada de tristeza y esperanza al mismo
tiempo. “Quisiera entender el por qué de estas preguntas. ¿Están necesitando
de alguien que les trabaje?”, me preguntó Eliezer. No es fácil explicarle
que es para un reportaje, para dar a conocer qué hay detrás del mágico mundo del
“sol y playa” y del “todo incluido”.
Dando la vuelta en la esquina y dirigiéndome hacia el vehículo, ya sé que esta
noche, y mañana, y pasado mañana y todos los días venideros, Eliezer y sus
amigos seguirán esperando que un capataz los escoja para trabajar, para levantar
muros y paredes que privatizarán otra playa a la que seguirán sin tener acceso.
Beneficios por goteo
La actividad turística en
República Dominicana concentra riqueza y distribuye pobreza. Los beneficios
llegan por goteo a las poblaciones.
Yolanda León, profesora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), realizó una investigación para estudiar los impactos del turismo en
las comunidades rurales costeras. Los resultados no fueron homogéneos. Algunas
comunidades valoraron como extremadamente positiva la presencia del turismo,
mientras que para otras el impacto fue desastroso. Entre los dos extremos hubo
comunidades que presentaron efectos positivos y negativos de la actividad
turística. “Es evidente que el proceso de desarrollo turístico de enclave
conlleva una serie de graves problemas. Hay comunidades desplazadas, ruptura de
la cohesión social, pérdida del acceso a lugares de pesca, graves afectaciones
ambientales y laborales”, dijo León.
Un ejemplo de ello es la comunidad de Juanillo. Fue desplazada por el desarrollo
del complejo de Cap Cana, que tiene una parte inmobiliaria, una marina, hoteles,
campo de golf. La gente fue reubicada a 8 kilómetros tierra adentro y se quedó
sin medios de subsistencia. “En este contexto –recordó la investigadora– hay
gente que vivió su segundo desalojo, ya que en el pasado les había tocado vivir
la misma experiencia cuando se construyó el aeropuerto de Punta Cana. Son
verdaderos refugiados del turismo”, dijo.
Según la profesora del INTEC, los casos en que la presencia del turismo crea
molestia son, sobre todo, cuando ese modelo de enclave se apropia de bienes o
espacios públicos de los cuales dependía el bienestar de las comunidades. “Otro
ejemplo es la comunidad de Boca de Chavón, que está frente al desarrollo del
complejo turístico de Casa de Campo, en los Altos de Chavón. Para construir la
marina –explicó León– los constructores quitaron la barra de arena que conectaba
la comunidad con el pueblo más cercano (La Romana), obligándola a dar una vuelta
de más de 20 kilómetros. Esta situación trajo graves daños a la comunidad”.
Ante estas situaciones, las alternativas son escasas. “Son comunidades que
históricamente han vivido en la pobreza, dependiendo de actividades
tradicionales, como la agricultura y la pesca, que están en declive desde hace
dos décadas. Asimismo, no existen políticas públicas que apoyen a estos sectores
y el turismo se perfila como la única solución a sus problemas, su oportunidad
para subsistir”.
Sin embargo, en medio de impactos ambientales, laborales y sociales importantes,
la investigación evidenció que en las comunidades hay muy poca percepción de
ello. “Eso tiene que ver con la falta de educación, de empoderamiento
sobre información, pero sobre todo con la necesidad de sobrevivir. Estas
comunidades necesitan del turismo, aunque la mayoría de los beneficios se quedan
en manos de las grandes cadenas hoteleras. A ellas les llega solo el goteo de
esta actividad lucrativa, pero este goteo es su única oportunidad y hay que
tomarlo en cuenta”, recordó la profesora.
Ante esta situación, Yolanda León planteó la necesidad y la obligación para el
Estado de impulsar nuevas estrategias “para ir, poco a poco, construyendo
alternativas y otras posibilidades que a largo plazo rompan con este modelo”.
Turismo y cambio climático
La importancia de pensar e impulsar otro modelo, tiene que ver también con la
urgente necesidad de contrarrestar el avance del cambio climático. República
Dominicana, como el resto de la región, son entre las zonas más vulnerables ante
este fenómeno.
La enorme desigualdad social que existe en estos países y la receta fracasada de
generar desarrollo a través de la industrialización turística proveniente del
exterior, contribuye a acentuar su vulnerabilidad.
Según Joan Buades, investigador sobre turismo y cambio climático de ALBA
SUD y miembro del Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio (GIST)
de la Universidad de las Islas Baleares, hay muy poca conciencia de la extrema
vulnerabilidad que existe ante el cambio climático en el área de Centroamérica,
México y El Caribe. “Todos los estudios indican que van a ser zonas muy
afectadas en el futuro. Buena parte de su población vive en los litorales y uno
de los fenómenos colaterales del cambio climático, es la correlación que existe
entre el aumento de la temperatura del agua en los mares y la acidificación de
los océanos. Esto –explicó Buades– va a incrementar la cantidad y la fuerza de
los huracanes. Estamos en una situación de máxima alerta, acentuada por la
enorme desigualdad social que existe en esta región. El impacto económico y
humano va a ser aún más desastroso”. No son pocos los que se preguntan qué
tiene que ver el turismo, las millones de personas que, todos los años, cruzan
océanos para relajarse bajo las palmeras caribeñas, con el cambio climático.
Pero en realidad, “tiene mucho que ver –apunta el investigador–,
porque las sociedades de estas zonas altamente vulnerables apuestan ciegamente
por el turismo para desarrollarse. El turismo que viene de lejos, en aviones,
con paquetes todo incluido, es insostenible por motivos climáticos. Es un modelo
que, además, incrementa la deuda climática, porque es científicamente comprobado
que los vuelos contribuyen al efecto invernadero. El turismo masivo hacia estas
regiones actúa como un acelerador del cambio climático”, concluyó.
Necesidad de un cambio
La experiencia turística dominicana debería servir de ejemplo. “Los
resultados de la investigaciones del PNUD no dejan lugar a dudas de que más
turismo no significa necesariamente mayor bienestar social y desarrollo, más
bien al contrario. La apuesta ciega de muchas autoridades políticas en el
turismo masivo, como una fuente privilegiada para atraer divisas, es un error
gravísimo que van a acabar pagando sus pueblos”, sentenció Ernest Cañada.
Según el coordinador de ALBA SUD, “todas
estas formas de turismo basadas en cadenas hoteleras internacionales, cruceros,
marinas, complejos residenciales, suponen una ocupación elitista del territorio,
que destruye los medios de vida y la territorialidad de las poblaciones locales,
y al fin y al cabo sólo genera empleo precario y una sobreacumulación de
problemas ambientales.
El desarrollo de esta industria en lugares como El Caribe o Centroamérica se
fundamenta en la desposesión de los de ‘abajo’. La situación es, en definitiva,
muy grave”, expresó.
Ante esta situación, el funcionario del PNUD, Pável Isa Contreras, propone una
estrategia de doble vía. “Por una parte hay que hacer cumplir las leyes
ambientales, laborales y los derechos en general. Por la otra, hay que impulsar
un profundo trabajo educativo para concientizar a la ciudadanía. La gente tiene
que ser el motor que empuja hacia un modelo de turismo sostenible”,
concluyó. Fuente
original:
http://www.albasud.org/
Fuente: http://www.rebelion.org / América Latina y Caribe/07-08-2010
En consecuencia, constituiremos los territorios emancipadores cuando comprendamos que estamos apartándonos de asumir al arrasamiento de las condiciones de vida por los poderes concentrados cuando colgamos la etiqueta de ambientalistas a quienes lo resisten. Entramos a coincidir con el bloque dominante que la coloca para desprestigiar y aislar esa lucha de esos otros de abajo. Así consigue evitar la deliberación y toma de decisiones de una mayoría creciente de quienes componemos la diversidad popular respecto a la construcción del buen vivir.
Si nos comprometernos no sólo con la resistencia de la Unión de Asambleas Ciudadanas sino con la puesta en práctica el buen vivir de todos los de abajo o sea con el otro desarrollo, el de los pueblos, precisamos:-debatir respecto a los contenidos y sentidos de las luchas que organizaciones llevan a cabo por condiciones dignas de vida y trabajo; elaborar en forma conjunta cómo posicionarnos ante nuestra situación caracterizada por la entrega del país, por el despojo de nuestros derechos humanos y por nuestra sumisión a empobrecernos en aras del enriquecimiento creciente de los poderes que se han establecido mediante Estado terrorista y permanecen con total impunidad por instaurar una democracia restringida.
Con el objetivo de esclarecernos mutuamente sobre proyectos en común a realizar, lo fundamental de la comunicación social para concretarlo, es interpelar a la identificación con esas organizaciones en lucha. Es suscitar la conciencia de la necesidad de ejercer el protagonismo popular para transformar la cotidianeidad en común de modo que atienda a nuestras necesidades y aspiraciones. Es comparar este hacerse cargo de resolver problemas que nos son vitales con el de estar subordinados a los discursos, los chantajes de la Presidenta y la agenda pública que instalan tanto el oficialismo como la derecha calificada como la oposición.
III.
PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS
A fin de introducirnos en cómo la concentración y transnacionalización económica da origen a la territorialidad expulsora de una creciente mayoría,
comprobemos la lucha de clases que se entabla y los rumbos a decidir al politizarnos o comprometernos con los sujetos del bien común. Por ejemplo, en Corrientes están:
1. Los desposeídos que representan las posibilidades del desarrollo acorde con necesidades populares
"Argentina,
Corrientes: Campesinos se movilizan por tierras y contra el monocultivo"
Por: MOMARANDU
"Campesinos de San Miguel se movilizan hacia el ICAA y el Ministerio de Producción de la Provincia para plantear reclamos sobre la tenencia y regularización dominial de las tierras, ayuda para la producción, y la "dramática" situación provocada por el monocultivo forestal en el campo. Los trabajadores agrarios nucleados en la Unión Campesina tienen previsto entrevistarse con legisladores, mientras esperan por respuestas a un petitorio entregado el gobernador Ricardo Colombi.
La Unión Campesina afirma que Corrientes se encuentra dentro de las cinco primeras provincias con mayor cantidad de pequeños productores. En 2002 había censadas 15.244 explotaciones agropecuarias, entre pequeñas, medianas y grandes y de ese total, que ocupa más de seis millones de hectáreas en producción, 10.929 explotaciones corresponden a pequeños productores. Pero según datos oficiales, más de 160 mil hectáreas en la provincia se encuentran bajo situaciones de precariedad dominial.
El departamento de San Miguel, ubicado en el centro norte de la provincia está conformado por los pueblos de San Miguel y Loreto a los que se suma un importante número de colonias y parajes distribuidos a lo largo de su territorio, siendo algunas de ellas: Caimán, Montaña, Capilla, Ya Taití Poí, Silvero Cué, Santa Bárbara, Curupay ti y San Antonio en la que viven cientos de familias dedicadas, históricamente, a la producción de mandioca, batata, maíz, poroto, zapallo, sandía, aves de corral, porcinos, ovejas, lecheras, todas destinadas para el autoconsumo y la venta en el mercado local.
"Somos campesinos pobres con lotes de 12 ó 15 hectáreas en promedio, algunos con medio lote de 7 hectáreas o menos. A esto se le suma la existencia de un solo tractor para toda la zona y el mal estado de los caminos a nuestros parajes, lo que dificulta enormemente el traslado de nuestra producción", relatan en la carta entregada al gobernador Colombi .Le informan que por nuestras condiciones económicas, la mayoría no pudimos finalizar los trámites legales de sucesión o prescripción para obtener los títulos de propiedad de nuestras tierras. La falta de regularización dominial nos impide recibir créditos o programas de viviendas rurales.
La Unión Campesina revela que las condiciones económicas "se han deteriorado" en los últimos años, todavía más " por la forestación que han implantado dentro de las colonias, en campos vecinos a los nuestros". "Ello trae como consecuencia un desequilibrio en el medio ambiente local y una extracción compulsiva de riquezas de nuestros recursos naturales; esta forestación tiene una inmensa absorción de agua de esteros y napas superficiales, lo que daña la calidad de los suelos y perjudica directamente nuestra calidad de vida y nuestra producción. Además, ante los incendios que se producen eventualmente, aumenta el peligro de la población local rodeada de árboles", indica
El sector ha denunciado un " enorme saqueo de de tierras públicas junto al crecimiento del modelo forestal ,subsidiado por el gobierno nacional". Reclama que la falta de apoyo a las organizaciones de pequeños productores, destierra a campesinos hacia los centros urbanos buscando un trabajo que no consiguen y la satisfacción de necesidades básicas de alimentación, agua, vivienda, educación y atención de la salud, que tampoco consiguen. En concreto recuerda que por ley el Instituto Correntino de Colonización (ICC.) debe garantizar que los pequeños productores tengan acceso a la propiedad donde trabajan, y que “la propiedad de los inmuebles rurales sean ejercidas en función social”, al tiempo que propicia que "la ruptura con el monocultivo".
"Ante este
panorama, los productores han recurrido al ICAA solicitando parcelas de tierra
las que en muchos casos han sido denegadas, otros sutilmente rechazados ya que
los costos de los terrenos son muy elevados, con lo que las obligaciones
económicas y las de mejoras de la finca con las que el productor debe cumplir
son imposibles", indica.
Fuente:
http://www.argenpress.info /09-08-2010
2. El acaparador de territorios que expulsa pueblos y familias o quiere exterminarlos para quedarse con los bienes naturales
Gustavo Spedale (Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida), en "IIRSA, crisis capitalista, región centro, invasión, conquista y recolonización de Argentina", se refiere a:
"(...)La figura
"del adelantado", al igual que el acaudalado "filántropo" Don Pedro
de Mendoza (1535-1537), designado por la corona española para fundar ciudades,
encontrar caminos al pacífico y evangelizar indígenas, son cubiertas por nuevos
y también acaudalados filántropos, entre otros, el norteamericano
Douglas Tompkins,
que representa el modo mas inteligente y peligroso de penetración bajo cubiertas
ecológicas.
El sustento ideológico de las apropiaciones territoriales de Tompkins no es
extensión territorial para la "civilización cristiana", sino sesgadas
plataformas ecológicas en defensa de la biodiversidad, afirmadas en pretendidas
"ecosofías" como la del noruego Arne Naess[16] que en 1973 dio a conocer,
los 8 mandamientos del llamado "movimiento de ecología profunda ", (Deep
Ecology) de la que Tompkins dice ser un apóstol.
El mandamiento Nº 4, resume los objetivos de esta "sospechosa ecosofia" : "... El florecimiento de la vida humana y de las culturas es compatible con una disminución sustancial de la población humana. El florecimiento de la vida no-humana requiere tal disminución..."[17]
En los territorios apropiados por el adelantado, las determinaciones son tomadas por el "humano Tompkins", sus ocultos mandantes y una intrincada red de fundaciones y ONGs como Vida Silvestre y Eco que determinan las especies humanas a disminuir, las especies no humanas a hacer florecer y las nuevas culturas a imponer en los territorios colonizados.
Los desplazamientos
humanos basados en este fundamentalismo, a favor del oso hormiguero, carpinchos
u otras especies, aplicados en tierras, apropiadas por el magnate, lleva a
conflictos con hombres y mujeres expulsados de territorios ricos en agua,
biodiversidad y bienes naturales, que ven amenazadas sus culturas y
cosmovisiones ancestrales.
El rol de clase que privilegia este fundamentalismo ecológico, desnuda una
particular discriminación hacia "algunas especies humanas", ya que los
expulsados de sus territorios, son pueblos ancestrales, clases sociales bajas,
campesinos pobres y aborígenes, pero nada se dice del reducido y selecto grupo
de magnates y empresarios ¿humanos?, que se benefician de estos paraísos de la
biodiversidad.
Las empresas de Tompkins, son dueñas de 100.000 hectáreas
en los Esteros del Iberá 100.000 hectáreas en Corrientes y 4.000 en el Delta del
Paraná.
Las tierras son administradas por DRT Investment LLC y Vacas LLC, empresas
forestales o ganaderas, digitadas por el magnate norteamericano y su esposa Kris
Tompkins, directora de fundación Conservación Land Trust (CLT), además poseen
miles de hectáreas en la Patagonia argentina y chilena.
( 80.000 hectáreas ), y en el sur de Chile (460 mil hectáreas), parten al país
en dos intentando conectar ambas fronteras desde el Atlántico al Pacifico.
Las tierras compradas por Tompkins, son transacciones con antiguos apropiadores
de la oligarquía nativa como los Blaquier o Pérez Companc y otros
terratenientes, sin consulta ni acuerdo alguno con los habitantes ancestrales de
esos territorios.
La utopia ecologista de que un capitalista, invierta su fortuna para recuperar
biodiversidad en remplazo de la lucha de los pueblos y de una forma incruenta,
hace que Tompkins, no deje de tener adeptos locales, como Lucas Chiappe,[18]
otro emprendedor (Fellow) designado por la ONG Ashoka , con el cual comparte el
"Proyecto Gondwana", que tiene por objetivo, la creación de un parque
mundial austral, al sur del paralelo 40 entre Chile, Argentina, Nueva Zelanda y
Australia, para colocarlo bajo jurisdicción internacional.
Dada la adscripción de Chiappe a la fundación Ashoka[19], los territorios, serían subordinados a. las visiones comunes de Schmidheiny (Avina) y Bill Drayton (Ashoka) sobre los:
"...desarrollos del concepto de cadenas de valor híbridas, donde organizaciones de la sociedad civil colaboran con empresas para generar nuevos negocios rentables y con impacto social..."[20]
Estos planes que dicen confrontar (en
el discurso y temporalmente), con planes híper desarrollistas, como IIRSA, son
sólo variables de proyectos imperiales, en este caso más brutales, ya que
contempla la reducción de la especie humana, algo así como un "plan B"
imperial y ecofascista.
Estas diferencias son
emergentes de empresas coloniales de gran envergadura, que colisionan, pero de
fondo, responden a luchas intestinas imperiales. Al igual que la expulsión de
los jesuitas de América, por Carlos III (1767) por la diferencias de tipo de
modelo colonial a aplicar, que se daban justamente en las misiones situadas en
las riberas de los ríos Paraná y Paraguay (hoy hidrovía privilegiada de IIRSA) o
en el área del eje Interoceánico Capricornio en Misiones, Corrientes o Asunción,
donde Tompkins intenta asentar uno de sus "santuarios ecológicos" (...)".
*gustavospe@gmail.com
**www.tinkuyaku.org
Fuente:
http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2009/04/08/iirsa-crisis-capitalista-regi-n-centro-invasi-n-conquista-y
En consecuencia, ante esta situación en Corrientes que es semejante a la imperante en cualquier lugar del país, preguntémonos: ¿cómo los grandes propietarios imponen sus súper negocios en detrimento de la producción para satisfacer necesidades populares y en perjuicio de la naturaleza? Y ¿ cómo ese poder económico e imperialista puede llevar a cabo la ocupación territorial que destruye las condiciones de vida y trabajo para una creciente mayoría al punto de practicar cambios genocidas e irreversibles de la naturaleza?
Analicemos cómo el oficialismo K construye consenso para que la política económica de las transnacionales respecto a Argentina aparezca como lo que necesitan el país y su diversidad popular. Partamos de la propuesta de Enrique M. Martínez*, en "El campo somos todos", sostiene: "Vuelve a plantearse la discusión sobre las retenciones de la soja y demás granos. Esta vez desde la apetecida situación para algunos, que imaginan conseguir la soñada transferencia de ingresos que llegará por reducción del tributo. Creo que nos estamos equivocando fiero al poner el foco en la forma de distribuir la renta actual del muy buen negocio agrario.
La soja sigue siendo la alternativa más rentable, aún con los niveles de retención vigentes. Esto no sólo tiene su origen en los precios del producto, sino también en el bajo costo de labores y de fertilización. Sin embargo, esto último no es a consecuencia de que no necesita buen suelo, sino que no se puede fertilizar con nitrógeno sintético, porque es contraproducente. La soja retira mucho nitrógeno en el grano cosechado, del cual la mitad lo fija del aire y la otra mitad lo retira del que estaba incorporado al suelo. Por lo tanto, el efecto neto del cultivo de soja es que inexorablemente disminuye el contenido de nitrógeno en el suelo. Empobrece el suelo.
Si la ecuación económica señala que siempre la soja es lo más conveniente y se instala el monocultivo en un campo, éste pierde materia orgánica, pierde fertilidad acumulativamente a lo largo de los años. La solución para esto es únicamente rotar con otro cultivo como trigo o maíz a los cuales se fertilice con nitrógeno y dejen un excedente en el suelo para que luego lo use la soja. O rotar con ganadería.
¿Por qué tanto detalle? Porque lo que quiero mostrar es que si se reducen todas las retenciones en la forma que se propone, se producirá una transferencia de recursos hacia los que ya están ganando, y eso es todo. Si se mantiene la ventaja económica de la soja, el problema persistirá. Los 12.000 grandes productores pampeanos que dominan la actividad sojera tendrán mucho más pan hoy; pero a través de la caída sistemática de la fertilidad global, todos tendremos más hambre mañana.
La mirada debe ser totalmente distinta. La fertilidad del suelo agrícola argentino debe ser considerada patrimonio colectivo. De ella depende la producción global, que aunque sea administrada por actores privados, aporta de manera relevante a la comunidad a través de los impuestos. Todo lo que la mantenga o mejore, bienvenido. Lo contrario, evitado. Lo contrario, es esencialmente el monocultivo. Sólo una ley de uso racional del suelo agrícola, que establezca un estricto menú de rotaciones posibles y permitidas, puede evitar el deterioro de la fertilidad.
La aplicación de este concepto obligaría a los productores, cualquiera sea su dimensión, a planificar su negocio en función de rentabilidades promedio entre los diversos granos y la ganadería, sin poder correr hacia el negocio ganador de hoy, que –reitero– nos convierte en los perdedores del mañana. A todos. Porque en el país con mayor superficie arable por habitante del mundo, el campo somos todos".
* Presidente del INTI. Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/43-4533-2010-08-08.html
Tiene una visión de capitalismo inviable en nuestra época y en la actual etapa de Argentina. Reflexionemos sobre:
1. La cosecha record de soja como principal factor del crecimiento económico
"La economía crece como un yugo"
Informe:
Javier Lewkowicz
"La
economía creció en mayo 12,4 por ciento contra igual mes del año pasado, un
grado de avance que no registraba desde 2004. El principal factor que lo explica
fue la cosecha record de soja, que contrastó frente a la campaña previa afectada
por la sequía. (...)
Según Marina Dal Poggetto, directora del Estudio Bein, “5 ó 6 puntos del crecimiento de mayo se deben exclusivamente al aumento en la cosecha de soja, y del avance acumulado del año de 8,6 por ciento, 2,5 puntos se explican por este cultivo”.
La producción de la oleaginosa fue de 33 millones de toneladas en 2009 y llegaría a 55 millones este año, un nivel muy superior incluso a los 46 millones de 2008. Según las cifras del comercio exterior, las exportaciones avanzaron en mayo un 25 por ciento y, en especial, los despachos de productos primarios lo hicieron 94 por ciento. Como la liquidación de la cosecha sojera continuará en los próximos meses, se espera que el salto en la producción respecto del año pasado siga la tendencia actual. También tiene su correlato en la entrada de divisas en el Banco Central, cuyas reservas pasaron el record de 2008 y llegaron ayer a 50.710 millones de dólares (...)".
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-149682-2010-07-17.html
2. El control de oligopolios imperialistas como causa de la Argentina destinada a producir commodities
"El
Plan Espiga"
Por
Pablo
Lavarello * y Evelin Goldstein **
"Argentina es el único país entre los principales exportadores de cereales (los otros cinco son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Rusia, Australia) que no cuenta con mecanismos integrales de regulación del comercio de granos. Estos países han mantenido distintas formas directas o indirectas de intervención, con objetivos diversos. Las formas indirectas combinan transacciones realizadas por el sector privado con subsidios e intervenciones en los precios, como ocurre en la Unión Europea y los Estados Unidos. En Canadá y en Australia funcionaron Juntas de Granos sectoriales que centralizaron la comercialización interna y externa de cereales. Este es el caso de la Canadian Wheat Board (CWB) y la Australian Wheat Board (AWB). Mientras esta última fue reestructurada, en Canadá la Junta aún juega un rol clave en la comercialización interna y externa de trigo.
Estas modalidades de intervención,
por un lado, evitan la variabilidad de ingresos y el abuso del poder monopsónico de la industria.
Y, por el otro, permiten instrumentar procesos de “descommoditización” a partir de la diferenciación y segregación de granos. Si bien durante los últimos años la regulación cambió, particularmente en Australia, la intervención posibilitó la organización de mercados y el desarrollo de trayectorias agroindustriales basadas en la diferenciación según calidad de las materias primas.
En Argentina, si bien nunca llegó a consolidarse un esquema regulatorio similar, el conjunto de instrumentos que podrían haberlo posibilitado fue desmantelado en la década del ‘90. Entre otros, cabe destacar las juntas nacionales de granos creadas durante los años ‘30. Estas no operaron sistemáticamente en la comercialización, pero jugaron un rol importante en la organización del mercado. Sus funciones fueron gradualmente socavadas hasta que en los años ‘90, las juntas fueran desmanteladas. A medida que el Estado se fue retirando, avanzaron las grandes comercializadoras internacionales de granos en el control de la cadena, dejando al productor en una situación fuertemente subordinada.
En los últimos años, en un contexto de alta conflictividad, se han implementado iniciativas puntuales para asegurar el abastecimiento de la demanda interna y sostener el precio al productor. Sin embargo, el carácter no sistemático y tardío de las intervenciones muchas veces ha limitado la efectividad de las políticas. La posibilidad de superar el estancamiento en la producción de trigo está asociada en parte al establecimiento de un precio sostén que asegure al productor la obtención del precio FAS (Free Alongside Ship). Adicionalmente, sería necesario introducir mecanismos que permitan reducir las diferencias de rentabilidad con otros cultivos. Debería desarrollarse una estructura organizativa estable que actúe como comprador en el mercado y organice la diferenciación por clases de calidad. Según estudios del INTA, si la Argentina clasificara sus trigos, tendría la posibilidad de competir con trigos de alta calidad en el comercio mundial como el australiano y canadiense. La Argentina tiene trigos de muy buena calidad que luego se pierde al “mezclarse” en el circuito de comercialización, debiendo ofrecer al mercado internacional trigos commodities.
El resultado que este proceso de “mezcla” tiene sobre los precios que obtienen los productores se puede cuantificar comparando con los precios del trigo ofrecido por Canadá y Australia. Estos países producen, cada uno de ellos, al menos siete clases diferentes de trigo. Luego existen potencialidades para mejorar la competitividad del trigo a partir del establecimiento de un sistema de clasificación estable, asegurando un precio sostén al productor con pagos adicionales según la clase. La oferta de trigos diferenciados tendría un efecto sobre las rentabilidades de los productores, evitando la sojización y posibilitando la diversificación de la industria compradora. Para ello, resulta necesario, por parte del sector público, no solamente establecer el marco regulatorio correspondiente, sino también crear instituciones capaces de coordinar y fiscalizar el sistema
* Investigador del CEUR-Conicet y miembro del CIEPyC-UNLP. ** Licenciada en Economía (Universidad de Buenos Aires). Miembro de AEDA
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/30-4140-2010-01-03.html.
3. El desarrollo agroindustrial y agroalimentario en el Mercosur bajo conducción de oligopolios imperialistas
"Dinámicas recientes de las industrias agroalimentarias en el Mercosur: perspectivas, desafíos"
Por Graciela E. Gutman y Pablo Lavarello
"Las industrias agroalimentarias (IAA), junto a los sectores productivos, comerciales y de servicios estrechamente vinculados a las mismas, conforman uno de los sistemas económicos más relevantes de los países del Mercado Común del Sur –Mercosur–, con fuerte influencia en la definición de sus perfiles de especialización y de inserción internacional. Este sistema abarca la producción primaria, los proveedores de insumos, bienes de capital y de servicios para el agro y la industria, las diversas instancias de transformación industrial, las etapas logísticas, de distribución y comerciales, y las infraestructuras de apoyo tecnológico y de servicios. El bloque regional, así como cada uno de los principales países que lo integran, son exportadores netos de alimentos. Su posición en los mercados mundiales se vio fortalecida en años recientes gracias a los sostenidos aumentos en la producción y la productividad registrados en varios de los principales complejos agroalimentarios, y a la evolución favorable de los mercados mundiales. Ello ha sido resultado de importantes procesos de reestructuración productiva y de innovaciones tecnológicas y organizativas, junto al sostenido aumento de los precios de los principales commodities que conforman la canasta de exportaciones regionales, impulsado por el surgimiento de nuevos países demandantes, notablemente China y los países del Este asiático. En el marco de importantes cambios en los contextos regulatorios y competitivos nacionales e internacionales, las fuertes transformaciones registradas en estas producciones en las últimas dos décadas han sido lideradas por nuevas y antiguas grandes empresas transnacionales presentes en la región (oligopolios mundiales de los agronegocios), modificando las formas de governance de estos complejos. Nuevos flujos de comercio y principalmente de inversiones extranjeras directas (IED), la creciente mundialización de mercados, estrategias y estándares de calidad y seguridad, las pujas redistributivas internas, la competencia interempresarial acrecentada y la cada vez más urgente necesidad de integrar al desarrollo económico a poblaciones y regiones desplazadas, abren varios interrogantes en relación con las estrategias agroalimentarias de la región y, más en general, con sus estrategias económicas y sociales. Centrando el análisis principalmente en la evolución de los agroalimentos en Argentina y Brasil, este documento presenta algunos elementos relevantes del diagnóstico sectorial (primer punto), las grandes tendencias de los agronegocios a escala internacional (segundo punto), y sus impactos sobre los agronegocios de la región (tercer punto).
El Mercosur agroalimentario Los sistemas agroalimentarios constituyen un conjunto heterogéneo de actividades tanto dentro de cada país como entre ellos. En los países subdesarrollados, esta heterogeneidad es mayor debido a su herencia semicolonial, que aún se expresa en la coexistencia de actividades exportadoras de materias primas indiferenciadas y de producción de alimentos para el abastecimiento del mercado interno.
La especialización de los países miembros del Mercosur se basa en diversos tipos de productos agroalimentarios o agroindustriales, según los recursos naturales disponibles y el desarrollo agroindustrial de cada complejo productivo.
Argentina se especializa en la producción de oleaginosas (soya y girasol), ce- reales (trigo y maíz principalmente), lácteos, carnes y sus derivados. Uruguay es proveedor de carnes y, más recientemente, de lácteos, arroz y otros alimentos, y Paraguay, con un desarrollo relativo menor en el sector, exporta carnes, oleaginosas y azúcar. Brasil, con una extensión continental, tiene diversas especializaciones geográficas: regiones productoras de carnes y de lácteos, otras especializadas en oleaginosas (principalmente soya), otras en cítricos (jugos concentrados congelados de naranja –FCOJ–), y otras en productos subtropicales (principalmente café y azúcar); es, por lo demás, el primer productor mundial de café, FCOJ, azúcar y etanol y el segundo productor de carne bovina y de granos y harinas de soya.
Las heterogeneidades presentes en los sistemas agroalimentarios de los diferentes países se encuentran estrechamente asociadas a sus diferentes dotaciones de recursos naturales, al grado de desarrollo relativo de cada uno, y a las diferentes formas de articulación intersectorial de sus sistemas agroalimentarios. El peso relativo de las actividades agrícolas es diferente en estos países, aumentando en aquellos con una base industrial menos desarrollada. La participación del PBI agrícola en el PBI total en Uruguay (6,2 por ciento) es sensiblemente mayor que en países con mayores grados de diversificación (Brasil, 4,3 por ciento; Argentina, 4,6 por ciento). Esta relación inversa entre especialización agropecuaria y desarrollo es mucho menos marcada cuando tomamos en cuenta las actividades agroindustriales y de alimentos en su conjunto. La participación de los sistemas agroalimentarios (incluyendo producción primaria y procesamiento industrial) en el PBI es del 34,8 por ciento en Uruguay, del 32,2 por ciento en Argentina y del 26,6 por ciento en Brasil (IICA, 2004), lo que pone en evidencia la importancia de los sistemas agroalimentarios en los procesos de desarrollo, a medida que se avanza en encadenamientos desde la agri- cultura hacia actividades industriales, comerciales, de distribución y de servicios.
La articulación productiva de los complejos agroalimentarios asume formas diferentes según cual sea la modalidad de inserción nacional/internacional de dichos sistemas. La integración nacional de los sistemas agroalimentarios entre sí y con otros sistemas productivos es mayor en Brasil que en Argentina y Uruguay: el 53 por ciento de la producción de los complejos agroalimentarios brasileños es utilizado como insumo intermedio por otras actividades no agroindustriales. En Argentina y Uruguay los encadenamientos entre complejos productivos son menores, alcanzando el 44 por ciento y el 42 por ciento respectivamente (IICA, 2004). Mientras que Brasil presenta un mayor grado de industrialización «aguas abajo» de la producción agropecuaria, los complejos agroalimentarios en Argentina y Uruguay se integran mayormente en la producción de alimentos de consumo o en cadenas globales de valor en sus etapas primarias o de primera transformación industrial.
Desde la puesta en marcha del Mercosur, en la segunda mitad de la década de los noventa, la inserción internacional del mismo ha asumido un doble rol: i) por un lado, una inserción intrarregional como proveedores de alimentos reforzando las complementariedades y articulaciones productivas entre los sistemas productivos de los países miembros; ii) por otro lado, una inserción como exportadores de materias primas a escala mundial, que está sujeta a la lógica de la globalización de las cadenas de valor impulsada por la acción conjunta de los procesos de trasnacionalización y de liberalización multilateral, y por los acuerdos interregionales. El primer tipo de orientación exportadora ha sido facilitado por el establecimiento de un arancel externo común (AEC), que en el caso de los productos agroalimentarios es del 12,9 por ciento en promedio.
Si bien frente a las sucesivas crisis resultantes de las experiencias de apreciación cambiaria de los años noventa se han producido diferentes alteraciones del AEC y fundamentalmente de medidas no tarifarias (salvaguardias, medidas antidúmping), el Mercosur ha permitido diversas oportunidades de complementación y articulación a escala nacional/regional. Algunos ejemplos resaltantes de estos procesos son los siguientes (Gutman, 2005):
• En el complejo lácteo (excendentario en Argentina y Uruguay, deficitario en Brasil), el AEC del Mercosur y la dinámica expansiva de los mercados internos en buena parte de los años noventa permitió la reorientación de las exportaciones argentinas y uru- guayas hacia Brasil (entre el 60 por ciento y el 80 por ciento de las exportaciones de leche en polvo argentinas), posibilitando un desarrollo complementario de las producciones nacionales. La crisis de fines de los noventa cambia esta dinámica, mostrando una reorientación de las exportaciones fuera de la región. • En el complejo trigo, excedentario en Argentina y deficitario en Brasil, el mercado regional posibilitó una fuerte complementariedad entre ambos países, que se profundiza a pesar de los intereses de las filiales brasileras de las grandes empresas internacionales del comercio mundial por sustituir el aprovisionamiento regional. Entre el 65 por ciento y el 70 por ciento de las exportaciones argentinas de granos de trigo, y un 50 por ciento de las exportaciones de harina de trigo se orientan, en la segunda mitad de los noventa, a Brasil.
En contraste con esta lógica de complementación y articulación dentro del Mercosur, en años recientes se consolida una inserción de la región como proveedora mundial de materias primas.
El Mercosur se conformó como un bloque de «regionalismo abierto»: la liberalización comercial intrarregional se efectuó en forma paralela a la liberalización multilateral de las cuatro economías, y se desarrollaron iniciativas de acuerdos comerciales de la región con otras regiones comerciales, como es el caso de las negociaciones con la Unión Europea y con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En un grupo importante de complejos, el Mercosur se ha revelado altamente competitivito internacionalmente: oleaginosas, cereales, carnes, azúcar. Su inserción como exportador agroindustrial se explica tanto por la disponibilidad de recursos naturales, como por el desarrollo de ventajas competitivas a partir de la introducción de nuevos paquetes tecnológicos y de importantes economías de escala en la transformación y logística de exportación. El caso paradigmático de inserción exportadora del Mercosur es el del complejo soya, en el cual Argentina, Brasil y Paraguay son grandes productores primarios. Brasil es el segundo productor mundial y posee las mayores potencialidades de expansión del cultivo.
El complejo soya en Argentina y Brasil El complejo oleaginoso está fuertemente internacionalizado, impulsado por el aumento de la competencia en los mercados mundiales, los bajos márgenes industriales, y la disputa por nuevos mercados emergentes. La internacionalización se manifiesta en las estrategias de las grandes firmas globales que participan en la molienda de granos y en el comercio internacional, en relación con el aprovisionamiento de materia prima, y en las inversiones en plantas industriales y en infraestructura logística. La rápida expansión del cultivo de soya y de las industrias de la molienda en la década de los setenta en Brasil y en Argentina fue provocada por las oportunidades comerciales abiertas con el embargo de Estados Unidos a las exportaciones de harinas de soya a la entonces Unión Soviética. El subsiguiente desarrollo del complejo en los ochenta y noventa se sustentó en las ventajas comparativas y competitivas de ambos países, que los colocan hoy en el primer lugar del ranking de exportadores mundiales. Argentina y Brasil presentan, sin embargo, rasgos diferenciales en sus senderos de desarrollo. Brasil consolidó un complejo nacional competitivo basado en carnes blancas y en granos/aceites y harinas de soya, avanzando en el procesamiento de productos industriales derivados de la soya, de mayor valor agregado. La expansión de la producción a los cerrados occidentales posibilitó el acceso a tierras de bajo costo y la ampliación de las escalas de producción. La producción pasó de 27 millones de toneladas en 1997/1998 a 52 millones en 2003/2004, y a 63-64 millones en el 2005. Las mayores debilidades en la competitividad sistémica del complejo se registran en las infraestructuras logísticas y en los costos variables. El tema de la soya transgénica está en el centro de la reformulación estratégica del complejo. La esperada liberación del cultivo de organismos genéticamente modificados, si bien aumentaría la competitividad del complejo al reducir costos, podría comprometer, en opinión de algunos autores, las estrategias de diferenciación, identidad preservada y trazabilidad que se están implementando. Argentina basó el desarrollo de la soya en la producción de commodities para el mercado externo y, ya en los noventa, en la rápida y masiva difusión de la soya transgénica (RR) –con el paquete tecnológico asociado de agroquímicos, fertilizantes y siembra directa– que actualmente cubre más del 95 por ciento del área sembrada. La difusión de la soya RR a partir de 1996 y el uso generalizado del nuevo paquete agronómico logró superar los impactos de la caída de los precios internacionales, posibilitando una rebaja sustancial de los costos, que impulsa y consolida las ventajas competitivas del país.
El complejo soya en Argentina presenta fuertes ventajas competitivas sistémicas, con la integración a la cadena de valor de las grandes empresas aceiteras de modernas infraestructuras logísticas (hidrovía del Paraná, puertos privados, depósitos, ferrocarriles) y comerciales. La producción de soya se multiplicó por 2.5 en los noventa; en el 2005 alcanza a los 35 millones de toneladas. Los grandes capitales del oligopolio mundial del comercio internacional de granos y de la molienda se articularon con el emer- gente oligopolio «genético-químico», logrando coordinar las complementariedades entre innovaciones tecnológicas y organizacionales. Ambos países enfrentan actualmente varios desafíos provenientes de los nuevos desarrollos biotecnológicos y de las estrategias en mercados emergentes (China, India). (…)
Estrategias de las empresas agroalimentarias transnacionales y multilatinas en la región Las nuevas lógicas competitivas globales son difundidas en la región por un número reducido de grandes empresas transnacionales, seguidas por grandes empresas y grupos económicos nacionales presentes en las etapas estratégicas de los sistemas agroalimentarios, las que se constituyen en los nodos articuladores de los complejos. Entre las mayores transnacionales agroalimentarias presentes en las IAA se encuentran (en orden de importancia según el monto de ventas totales en 2004): Nestlé (Suiza, diversificada); Unilever (Reino Unido, diversificada); Archer Daniels Midland Co. (EE.UU., productos agrícolas); Kraft Foods (EE.UU., productos alimenticios y bebidas sin alcohol); PepsiCo (EE.UU., bebi- das sin alcohol); Tyson Foods Inc. (EE.UU., carnes procesadas); Coca Cola (EE. UU., bebi- das gaseosas); Bunge (EE. UU., productos agrícolas); Sara Lee Co (EE.UU., carnes procesadas y productos de panadería); Con Agra Foods (EE.UU., diversificada); Danone (Francia, lácteos y galletitas) (v. Cepal, 2005). Se asiste en la región a una doble estrategia de estas grandes empresas:
Trasnacionales con estrategias integradas globalmente de exportación de materias primas , que buscan en la región el abastecimiento de materias primas (estrategias de originación). En el marco de alianzas entre grandes oligopolios mundiales de semillas, agroquímicos y del comercio mundial de granos, estas empresas difunden nuevos paque- tes tecnológicos en el sector primario, y avanzan en el desarrollo de infraestructuras logísticas y de capacidades industriales de molienda. Nuevamente el caso paradigmático es el de la soya, que en Argentina basó su expansión en la difusión de la semilla RR, genéticamente modificada para resistir al herbicida glifosato. ADM, Cargill, Dreyfus y Bunge son las em- presas representativas de esta estrategia.
Trasnacionales con estrategias integradas regionalmente de especialización y búsqueda de mercados dinámicos ante el estancamiento de la demanda de alimentos en sus países de origen. Frente a la acrecentada competencia de la GD, estas empresas desarrollan nuevas estrategias productivas, tecnológicas y comerciales, profundizando la diferenciación entre las empresas del segmento de producción de bienes (como es el caso, en el complejo lácteo, de Bongrain, Parmalat y Saputo/Molfino) y las gerenciadoras de marcas, tales como Nestlé, Danone y Kraft. Las empresas de este último estrato mostraron inicial- mente estrategias multidomésticas; actualmente están en transición hacia estrategias especializadas de nivel regional (v. Gutman y Lavarello, 2003).
La conformación del bloque regional impulsó por otra parte, un aumento de los flujos de inversiones intrarregionales, particularmente entre Brasil y Argentina, dando lugar al surgimiento de otro tipo de empresas transnacionales, las empresas multinacionales latinoamericanas (EML), llamadas también «multilatinas o traslatinas». Los flujos totales de las inversiones bilaterales aumentaron entre 1990 y 1997 de 2,2 a 6 billones de dólares, correspondiendo a Argentina el 78 por ciento de los mismos. Básicamente estas inver- siones se realizaron a través de la adquisición de empresas locales (v. Azevedo y otros, 2004). El accionar de las EML no difiere mucho del de las transnacionales: sus inversiones cubren un abanico de situaciones que van desde la realización de alianzas con empresas de otros países para la distribución de sus productos, hasta la instalación en ellos de plantas productoras. La expansión de estas firmas obedeció tanto a estrategias ofensivas (búsqueda de economías de escala, ventajas en conocimientos de los mercados regionales y canales de distribución), como a estrategias defensivas (ocupar espacios claves antes que la competencia, evitar ser absorbidas por las empresas transnacionales). Sus inversiones externas estuvieron estimuladas adicionalmente por la valorización de las monedas Se observa asimismo una cierta especialización sectorial de las EML, basada en las ventajas comparativas y competitivas ya adquiridas; tal es el caso, por ejemplo, de las empresas lácteas argentinas que se expanden a Brasil, o de las empresas brasileras de aves y de cerveza que invierten en Argentina. Distinto es el de las empresas multiproducto/multisector y de las gerenciadoras de marcas, como ocurre en la producción de galletitas y golosinas, sectores en los que se observa una fuerte competencia con las firmas transnacionales. La expansión de las EML en las industrias de alimentos y bebidas muestra diferencias con las que invierten en las industrias básicas, ya que se ven forzadas a vincularse con las empresas mundiales que dominan los mercados específicos, en distintos tipos de asociaciones: i) algunas EML, como Bimbo y Arcor, han podido competir con las firmas transnacionales especializándose en mercados regionales y nichos de mercado; ii) otras, manteniendo un control mayoritario del capital social, se han integrado estrechamente a las redes de empresas transnacionales mundiales, como es el caso de Coca-Cola-Femsa; iii) numerosas EML se han integrado formalmente a las redes de transnacionales mundiales que poseen una clara participación mayoritaria en el capital social de las mismas, como es el caso de las que operan en la industria cervecera. En muchos casos, esta trayectoria configura situaciones de «estrellas fugaces», empresas nacionales que se expandieron e internacionalizaron en la región, para luego ser absorbidas por empresas transnacionales (v. Cepal, 2005). De esta forma, desde la década de los noventa se asiste a la consolidación de estos tres tipos de empresas internacionales, con estrategias muchas veces similares en la región; fenómeno que se expresa en el periodo más reciente en nuevas alianzas y joint- ventures entre algunos de estos grandes grupos económicos.
Las modalidades de acumulación de estas empresas variaron en las distintas etapas del ciclo económico que caracterizaron a estos años, a saber:
1. El período de expansión de la producción y la demanda de alimentos (1990/1997). En estos años, la expansión de las empresas transnacionales en la región se asentó principalmente en la adquisición de empresas locales con marcas reconocidas, una red de proveedores eficientes y canales desarrollados de comercialización y distribución. La opción por la adquisición otorga a las empresas una ventaja temporal y el ahorro del costoso proceso de aprendizaje de las condiciones locales de proveedores y clientes. A diferencia de lo ocurrido en décadas anteriores –en las que las transnacionales invertían en cada uno de los países de la región en forma aislada, en el marco de una estrategia multidoméstica– en los años noventa, especialmente a partir de la conformación del Mercosur, muchas transnacionales agroalimentarias desarrollaron estrategias de acceso al mercado a escala regional, interrelacionando los mercados, otorgando a las filiales mayor autonomía relativa de decisión en algunas áreas productivas y comerciales, y promoviendo de esta forma el comercio intrafirma cuando la naturaleza de los productos lo posibilitaba. La búsqueda simultánea de acceso al mercado y eficiencia caracterizó a las estrategias durante el período.
2. El período de estancamiento y crisis (1988-2003). Desde fines de los noventa en adelante (crisis y devaluación primero en Brasil y luego en Argentina, cambios en las variables macroeconómicas), las tendencias expansivas en la producción y el consumo se interrumpieron. Ello se reflejó en las modalidades de inversión y en las estrategias de las transnacionales y de las EML en la región. Las IED cayeron abruptamente: en Argentina, fueron prácticamente nulas en 2001 y negativas en 2002; en Brasil, la IED cayó más del 40 por ciento durante 2000-2001 (Belik y Rocha dos Santos, 2002). La modalidad de expansión de las empresas transnacionales en estos años de crisis se basó, mucho más que en períodos anteriores, en la conformación de alianzas estratégicas, así como en la reestructuración de sus inversiones a escala regional y de su cartera de marcas. La crisis afectó asimismo a las EML, tanto con relación a la gestión de sus pasivos en monedas locales y en dólares, como a sus inversiones a escala regional. Las mayores EML de Argentina debieron realizar fuertes ajustes para enfrentar la crisis y, dependiendo de la evolución de los precios relativos reales en Brasil y Argentina resultantes de la crisis y las devaluaciones, mo- vieron inversiones de un país a otro y reestructuraron sus activos productivos y comerciales 3. El período de recuperación (2003 hasta la fecha) Después de una caída en el flujo de IED entre el año 2000 y el 2003, los países del Mercosur registraron un fuerte aumento de estas inversiones, en especial Argentina (125 por ciento) y Brasil (79 por ciento). En estos años, las actividades manufactureras volvieron a ser los principales sectores de ingreso de IED, mientras que las actividades relacionadas con los servicios siguieron registrando la retirada de las inversiones extranjeras, continuando la tendencia iniciada a principios del decenio de 2000.
Perspectivas y desafíos para los sistemas agroalimentarios
en el Mercosur
Las producciones
agroalimentarias del Mercosur conforman complejos productivos dinámicos con
fuerte presencia en los mercados internos e internacionales, y grandes
potencialidades de expansión. Sin embargo, los cambios recientes en las formas
de competencia a escala
internacional, las innovaciones tecnológicas mayores y la expansión de los
mercados de materias primas indiferenciadas refuerzan el patrón de
especialización e inserción internacional
de la región, heredado luego de tres décadas de experiencias de liberalización
(acompañadas en algunos países de procesos de apreciación cambiaria). Uno
de los principales desafíos que plantea esta modalidad de especialización es el de
implementar opciones estratégicas nacionales y regionales con objetivos de
mayores niveles
de integración y desarrollo económico y social, en presencia de un sistema agroalimentario
regional fuertemente trasnacionalizado, en el que predominan las lógicas globales
de acumulación.
Recapitulando: el contexto internacional actual, caracterizado por un crecimiento de la demanda de los países asiáticos y el lento y asimétrico proceso de liberalización, revaloriza la inserción de la región como proveedora internacional de commodities. Sin embargo, desde una perspectiva de desarrollo sustentable, dicha inserción presenta límites:
• La especialización en exportaciones de commodities se traduce en una alta fragilidad frente a las variaciones en los términos de intercambio, los que han sido favorables en años recientes, pero si esta tendencia se revierte pondría en riesgo los procesos de crecimiento, con potenciales implicancias sobre la estabilidad institucional de la región.
• Tanto en las industrias de commodities como en la de alimentos de consumo final, las empresas locales se insertan como difusoras y adaptadoras de nuevas tecnologías desarrolladas en el exterior, restringiendo los posibles efectos sistémicos hacia el resto de las actividades agroalimentarias y no agroalimentarias, y limitando las posibilidades de desarrollos tecnológicos propios a escala regional.
• Los desafíos asociados a las nuevas generaciones de innovaciones tecnológicas y biotecnológicas exigen, por su parte, el desarrollo y fortalecimiento de las infraestructuras públicas y privadas en ciencia y tecnología y un entramado institucional (sistemas de certificación y control de la calidad, sistemas de identidad preservada) y operativo/organizativo (diferenciación de la producción, segregación, logística especializada) que requiere políticas públicas articuladas con la institucionalidad privada, así como el desarrollo de un nuevo tipo de alianzas estratégicas entre empresas nacionales, regionales y transnacionales, procesos estos difícilmente alcanzables dentro del actual patrón de especialización. La fuerte competencia sistémica y la persistencia de barreras al ingreso para los productos de mayor elaboración en los mercados agroalimentarios mundiales, refuerzan la necesidad de la creación y diversificación de mercados intrarregionales dinámicos, a partir de la construcción de especializaciones y complementariedades en el ámbito de un mercado ampliado regional, sustentadas en la densificación de tramas productivas y tecnológicas locales, y la ampliación del mercado interno a través de la mejora en la distribución del ingreso. Los logros alcanzados en esta dirección en algunos complejos agroalimentarios de la región, si bien limitados y no exentos de dificultades, marchas y contramarchas, pueden constituir un punto de partida para el necesario rediseño y consolidación de una institucionalidad regional acorde con dichos objetivos. En otras palabras, la articulación entre una expansión del mercado regional ampliado y la inserción exportadora, enmarcada en objetivos de desarrollo, constituye uno de los desafíos centrales para disminuir la vulnerabilidad externa y la heterogeneidad estructural al interior de las tramas agroalimentarias".
Cuadernos del CENDES Universidad Central de Venezuela
(cupublicaciones@cendes.ucv.ve )
ISSN (Versión impresa): 1012-2508
Caracas, Venezuela
septiembre-diciembre, año2006 /vol. 23, número 063 pp. 59-83
Fuente: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Universidad Autónoma del Estado de México
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/html /403/40306303/40306303.html
4. El paso oficialista del planteo industria vs. agro al paradigma agrario y agroindustrial
Federico Bernal, en "Red para el desarrollo", aprecia el récord de producción de soja por causar el desarrollo industrial de la Maquinaria Agrícola y Agro-componentes en la Argentina: "El documento Desarrollo Industrial de la Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes en la Argentina. Impacto Económico y Social, de Mario Bragachini, del INTA Centro Regional Córdoba, afirma que la industria nacional de maquinaria agrícola y de agrocomponentes ha registrado en los últimos años un notable avance organizativo, cualitativo y cuantitativo. Este resultado se evidencia a nivel INTA en un aumento del 660 por ciento de su presupuesto desde 2003, al sumar unos 1000 millones de pesos. Esto viene sucediendo con un instituto cuyo propósito es impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación, la extensión y competitividad de los sectores agropecuarios, forestal y agroindustrial del país.
Se ha constituido una red público/privada para el desarrollo específico de la industria de maquinaria agrícola. Como era de esperar, este sistema mixto de gerenciamiento, control, capacitación y comercialización no hizo más que potenciar los buenos resultados que asomaban en 2003/04. Esa red está logrando un importante crecimiento de la competitividad, la defensa del mercado interno y la internacionalización de cerca de 730 pymes de ese sector. También implica unos 90.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta.
Para este año se estima que el mercado interno de esa actividad alcanzará los 1350 millones de dólares, igualando la marca de 2007, que a su vez fue la mejor desde 1997. Este comportamiento es consecuencia del record de producción de soja (54,5 millones de toneladas). El crédito con tasa subsidiada provista por el Banco Nación también se ha convertido en una poderosa herramienta de reactivación del mercado. Durante 2009, de 35 a 45 por ciento de las ventas se efectuaron gracias a la utilización de estos créditos. La intervención estatal brindada por la banca oficial permitió amortiguar la caída del mercado debido a la sequía del 2009. Y no es para menos: la facturación total del mercado industria nacional pasó de 225 millones de dólares en 2002 a 863,8 millones en 2009. A la vez, la participación de la maquinaria agrícola argentina en el mercado interno se triplicó, con la consiguiente sustitución de importaciones.
Al analizar en detalle la evolución de las exportaciones se observa que pasaron de 10,3 millones de dólares en 2002 a 217,8 millones en 2009. Las proyecciones indican que de continuar las actuales políticas hacia el sector, en 2015 se alcanzarán los 400 millones. Así lo indica un informe preparado por el INTA Manfredi en base a datos de Cafma e Indec. El incremento en volumen de exportaciones fue acompañado de más empresas exportadoras y en más destinos. Si en 2002 exportaban 20 empresas argentinas a no más de 10 países y se importaba el 90 por ciento de las cosechadoras y tractores y el 95 por ciento de las herramientas y elementos de agricultura de precisión, en 2009 exportaron más de 100 empresas a 32 países. Entre los principales destinos se destacan: Venezuela, 29 por ciento; Uruguay, 19; Brasil, 12; Bolivia, 4,7, y Chile 3,6 por ciento, según el Indec y Fundación Exportar.
Desde 2003 la política en materia agropecuaria y agroindustrial ha barrido con la falsa disyuntiva “Campo-Industria” planteada por el oligopolio mediático, sino que fundamentalmente ha logrado unificar esos actores económicos como nunca antes. La evolución del productor primario a productor transformador, industrializador y comercializador, en alianza con el Estado nacional, provincial y municipal, está conduciendo a un nuevo paradigma agrario y agroindustrial en el país".
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/30-4534-2010-08-08.html
5. La presentación del plan imperialista del sistema agroalimentario y agroindustrial como nacional, federal y popular
El 14 de mayo de 2010, la presidenta Cristina Fernández dijo en el acto de presentación del Plan estratégico agroalimentario y agroindustrial 2010-2016:
"(...)Ayer estuve en Victoria, provincia de entre Ríos, conmemorando el Bicentenario de esa ciudad y allí sostuve que en los últimos 200 años dividimos y restamos y que era la hora
en este Bicentenario de comenzar a sumar y multiplicar, que esa es la verdadera operación, un poco lo que planteaba Freddy Nicholson como titular de una de las empresas agroindustriales más importantes del país cuando habló de esta Argentina de los bandazos, donde desde el Estado omnipotente, empresario, pasamos al mercado libre y sin controles de ninguna naturaleza en un antagonismo que realmente no tiene sentido y mucho menos luego de los acontecimientos que sacuden el escenario mundial. Tiene razón, lo hemos sostenido siempre, no es Estado o mercado, es Estado y mercado, cada uno cumpliendo los roles esenciales en la actividad política, económica y social de una nación.
Pero también hubo otros bandazos y otras discusiones de divisiones y restas, si Argentina debía ser un país agroexportador, si debíamos industrializar, si solamente mercado interno, si solamente exportaciones, y no se trata de eso, se trata de mercado interno y una fuerte política de exportación, se trata de agroindustria, en este caso, con altísimo valor agregado en origen además para evitar esas migraciones masivas que se dan desde las zonas marginales del país, porque las han convertido en marginales precisamente por un desarrollo absolutamente inequitativo, que estamos comenzando a revertir y allí sí el rol del Estado es fundamental porque sin infraestructura es imposible quitarle marginalidad al interior del país.
Ayer recibí a un importante grupo empresario, lo puedo decir porque lo anunciaron públicamente, Albanesi, anunciando inversiones en el marco energético por 730 millones más a los muchos cientos de millones que tiene invertidos. Y van a ser en las provincias de Santiago del Estero, de Tucumán, van a finalizar una parte en Córdoba y también en La Rioja. Como vemos el desplazamiento de la frontera agropecuaria ha comenzado a permitir también la radicación de inversiones. Ni qué hablar de una de las más importantes y estructurales inversiones que está haciendo el Estado argentino que es la línea de alta tensión de 500 NEA-NOA, que se está anticipando a la demanda y está proveyendo de energía a toda la zona NEA-NOA, con la cual todavía tenemos una inmensa deuda los que vivimos en el centro del país, el centro rico del país, que es precisamente que cuatro provincias argentinas aún no cuentan con suministro de gas, esto es que no tienen la facilidad que tenemos en otras zonas del país de encender la hornalla sin depender de la garrafa o el tubo de gas. Estos han sido algunos de los elementos que han promovido o que han tenido como resultado un desarrollo absolutamente inequitativo del país. La inversión en materia de energía, en materia de infraestructura vial es clave precisamente para poder revertir esta situación y allí sí es el rol del Estado. Evidentemente si el Estado no garantiza la colocación de esa energía nadie va a poder ir allí a invertir.
Este plan que hoy estamos presentando tiene también otra gran virtud que habla de 200 años que hemos perdido en este sentido y que ha sido la articulación de nuestras universidades con el sector productivo económico, como sucede en todos los países desarrollados del mundo. Normalmente la universidad siempre constituyó una suerte de isla no vinculada con el sector económico e inclusive criticada desde algunos centros o claustros como que era contaminar la universidad vincularla al sector económico y productivo, esto es con la generación de riqueza. Lo cual revela una cierta visión que por suerte la firma de este acuerdo y muchísimas otras intervenciones y desarrollos que hoy tienen nuestras universidades con el sector económico nos da la clara pauta de que estamos dejando atrás un pasado de divisiones y restas para precisamente ponernos en esto de sumar y multiplicar. Son 43 universidades las que participaron ayer, me llamó el Ministro muy contento a la noche, cuando había una participación de más de 600 personas entre provincias y profesionales; las 23 provincias argentinas han decidido participar también en el desarrollo de este plan, por eso su nombre de federal, sería imposible además desarrollar un plan de esta naturaleza sin la activa participación de las provincias. Es entonces la articulación aquí entre conocimientos, ciencia y tecnología, que se da a través del Ministerio de Educación, de las universidades, de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, el sector estatal especifico que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también creado durante nuestra gestión, las más de 43 universidades nacionales que participan en este plan período 2010-2016 y, por supuesto, más de 150 cámaras empresarias que están participando en el desarrollo de este plan, que tiene por objeto esencial repotenciar el rol de Argentina, no ya solamente aquí en la región sino en el mundo como gran productor de alimentos, pero además con mucho valor agregado y además hacerlo en origen, una de las premisas fundamentales del plan".
La presidenta Cristina Fernández se enorgullece de la transferencia de fondos públicos hacia los estafadores oficializados como acreedores que desmantela la salud y la educación públicas, la seguridad social, los planes de vivienda popular, etc. y mantiene salarios, jubilaciones de pobreza e incluso de indigencia: "Ayer estaba mirando también cómo impacta en todos los otros sectores, el crecimiento que por ejemplo hemos tenido en este primer trimestre del año 2010 en la venta de maquinaria agrícola, primer trimestre de este año contra primer trimestre del año 2009 147,9%; y en el aumento de la venta de esa maquinaria agrícola ha tenido una participación del 210% el sector nacional sobre un 110% del sector de importaciones, con lo cual realmente estamos muy contentos porque desarrolla la industria nacional.
Pero todo esto puede desarrollarse además en un país que tiene sus variables macroeconómicas aseguradas con la política de desendeudamiento del Estado, de superávit gemelos, de incremento de la demanda agregada para crecimiento del mercado interno de manera tal de no quedar sujetos únicamente a los vaivenes del sector internacional, con toda la volatilidad que hoy tienen los mercados. Tal vez este sector del que estamos hablando hoy sea el menos sometido a esas volatilidades por el grado de competitividad. La necesidad imperiosa de alimentos del mundo que va a ser muy grande en el 2030, aproximadamente de 7.500 millones de toneladas contra los 3.000, 3.500 que estamos produciendo aproximadamente hoy -que también se dice que no va a poder alcanzarse ese nivel de producción- va a colocar a nuestro país, si hacemos las cosas con este criterio de sumar y multiplicar, de innovar, de incorporar ciencia y tecnología, conocimiento, a un sector que ya tiene alto grado de competitividad y mucho valor agregado que genere empleo estable, en blanco, calificado y bien remunerado en la Argentina, nos va a colocar en una posición muy buena en el concierto de las naciones. Por cierto, podemos decir que a la luz de los acontecimientos internacionales y viendo lo que está sucediendo en otros escenarios, este modelo que venimos planteando desde el 2003, es un modelo que ha demostrado sustentabilidad que es otra de las cuestiones vitales para el sector privado, para el mercado, porque obviamente les asegura sustentabilidad en el tiempo, rentabilidad y al mismo tiempo fijar políticas que nos tornen previsibles.
Por eso también la política de desendeudamiento que el Gobierno tiene como una meta muy importante y que hoy estamos llevando a cabo con la última parte del canje de la deuda que se defaulteó en el año 2001 y que va a significar dos cosas esenciales: primero, desterrar la idea de que hubo una Argentina que no pagó porque nos parecía bien no pagar y no hacer honor a las deudas. No se pagó porque no se podía pagar y además si hubiéramos aceptado las condiciones que se nos imponían para refinanciar nuevamente esa deuda estaríamos peor que algunos que hoy vemos por televisión. Ésta es una cosa que tenemos que decirla muy claramente, no nos pone contentos ver algunas escenas por televisión, pero no lo hemos aprendido de sabios, lo hemos aprendido porque lo hemos vivido y sufrido en carne propia.
Por eso es muy importante continuar con la política de desendeudamiento y hacerlo también con recursos propios y genuinos como las que propuso y sigue proponiendo nuestro Gobierno, que es la utilización inteligente de las reservas que precisamente hemos acumulado con nuestro saldo comercial. Es precisamente esta Argentina exportadora, como nunca se había visto en décadas, que permitió acumular ese saldo. Es curioso porque durante la vigencia de los principios neoliberales en la Argentina, en la cual se levantaba que no había que tener déficit comercial ni fiscal, si tuvieron los déficit comerciales y fiscales más importantes de los que se tenga memoria. Y nuestro sector, o por lo menos el sector más importante en términos de exportación y de balanza comercial, como es el sector agroindustrial, fue el que más perdió durante esos principios. Y también es cierto que en esta etapa ha sido el que más ha ganado y el que más también, debemos reconocerlo, ha aportado para ese superávit comercial, nobleza obliga y hay que reconocer todo.
Pero todos tenemos que reconocernos todo, porque si solamente vemos una parte de película, la que nos conviene, difícilmente podamos seguir avanzando. Por eso quiero hacer el reconocimiento a este sector que ha tenido un desempeño más que importante en la acumulación de dólares en nuestro Banco Central, pero sepan que han podido acumularlos porque hemos tenido un tipo de cambio que permitió también ser muy competitivos y que pudieran exportar. Si no hubiéramos tenido esas reservas, en los sucesivos ataques especulativos que sufrió nuestro peso, tal vez no estaríamos hablando como hoy lo estamos haciendo y tal vez no tendríamos las posibilidades de desarrollar este plan que estamos presentando. Porque todo es como un engranaje de un reloj, en el cual todas las piezas tienen que funcionar adecuadamente para poder seguir dando la hora correctamente.
Este plan que estamos presentando busca esencialmente seguir agregando valor a nuestros productos primarios, hacerlo en origen, hacerlo con acuerdos y consensos con los sectores productivos, con los sectores industriales, todo también supervisado y ayudado a formular y a incorporar conocimiento con lo que es nuestro sistema universitario público, nacional y gratuito, que también debe tener un fuerte compromiso, porque millones de argentinos ayudan a sostener a esa universidad nacional pública y gratuita, juntamente con el sector empresario, que debemos ayudar a que tenga más rentabilidad y ellos deben ayudar también a tener mayor generación de empleo, en mejores condiciones porque también es la clave para tener un bueno y sólido mercado interno, que fue el que nos permitió capear el año pasado la peor crisis internacional que se recuerde.
Por eso
creo que estamos ante un inmensa responsabilidad, yo digo que han pasado 200
años y hoy, los que nos a tocado hablar desde este lugar, podemos denominarnos
la generación del Bicentenario. Desde los sectores empresarios, desde los
sectores del conocimiento y de la universidad a través del titular del Consejo
Interuniversitario Nacional, el CIN, quien les habla, una mujer que tiene el
honor de desempeñar la Primera Magistratura justamente en el Bicentenario de la
patria, los que aquí están y los que no están también, tenemos la inmensa
responsabilidad ante esta verdadera oportunidad histórica en la que estamos, de
volver a reposicionar a la Argentina como un actor muy importante en la economía
internacional, por su inmensa capacidad generadora de alimentos, y también por
qué no decirlo, su inmenso saldo excedente vinculado también al hecho de que
somos 40 millones. Lo que algunos ven por allí como un problema desde el punto
de vista de saldos excedentes de exportación puede ser, si trabajamos muy bien,
una ventaja que no tienen otros países.
Si logramos utilizar todas esas sinergias en este proyecto que obviamente debe
ser controlado, seguido paso a paso, reformulado, como todos los planes y todos
los proyectos, nadie cuando escribe o cuando planifica una política es perfecta
de la A a la Z y tiene que ir corrigiendo sobre la marcha errores, o malas
evaluaciones, o contingencias que no estaban previstas a la hora de la
formulación del plan. No tenemos que asustarnos de las dificultades, no tenemos
que asustarnos de los desafíos, al contrario, los desafíos y las dificultades
son las que verdaderamente muestran si hay inteligencia y capacidad. Si todo es
fácil, en realidad -esta es una opinión personal- casi que no tiene gracia. Pero
me parece que precisamente las dificultades y los desafíos son los que
verdaderamente prueban a los pueblos y a los dirigentes que tienen la
responsabilidad de ser eso: dirigentes (...)".
Fuente:
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7190&Itemid=66
En consecuencia, la construcción de consenso a un falso gobierno de los derechos humanos y nacional-popular está haciendo posible el avance y la consolidación de la contra-reforma agraria. Significa la invasión y ocupación territorial por los subsistemas del capitalismo mundializado que hacen súper negocios no sólo con la actividad agropecuaria y agroindustrial sino, también, con la explotación minera, pesquera e hidrocarburífera y con el turismo y la especulación inmobiliaria, además del narcotráfico, la trata de personas, los prostíbulos, etc.
Esa construcción de consenso se basa en la manipulación de la opinión pública y de nuestro sentido común e imaginario social mediante mentiras como el desendeudamiento que, en verdad, implica retomar el ciclo del endeudamiento para beneficio de los grandes bancos impunes en poner al país bajo su timba financiera. Tampoco la instalación de la línea de alta tensión de 500 NEA-NOA es para atender a la población. El propio Julio de Vido, en la apertura de licitación del tramo de interconexión eléctrica NEA-NOA (12-11-07), señaló que es "en conjunto, con el programa del BID para el NEA-NOA en donde hay un componente eléctrico, un componente vial y componente hídrico, el aporte va a ser tal cual lo decía el Vicegobernador de Salta, en el orden de los 24.000 millones de pesos, o sea 8.000 millones de dólares que van a ir a los efectos de consolidar la infraestructura hídrica, vial y energética del noreste y noroeste argentino. Es el crédito más importante que ha recibido la Argentina en materia de infraestructura de un organismo multilateral y por supuesto en relación al Banco Interamericano de Desarrollo". Es decir, forma parte de IIRSA cuya conducción está en manos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata y el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil y cuyos ejecutores son los ministros de planificación e infraestructura de los 12 países sometidos a ese saqueo. Lo cierto es que está en relación con el cluster. El diario El Argentino informa: "La primera jornada del «Segundo Foro Panamericano de Bioenergías-La Rural 2010» tuvo lugar ayer en el predio de Palermo, donde quedó en claro que Argentina es uno de los países con mayor potencial para producción de biocombustibles.En este sentido, Víctor Castro de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), desarrolló las alternativas del mercado argentino de los bioproductos. Explicó que “nuestro país en tan sólo tres años se ha convertido en el quinto productor y principal exportador de biodiésel a escala mundial”.
Al cierre de 2009 ascendieron a 1.2 millones de toneladas exportadas. Estos números, para los especialistas, significan no sólo la creciente demanda mundial de biodiésel sino también la alta calidad y sustentabilidad que posee este producto fabricado en la Argentina. También se indicó que el país posee una de las industrias de biodiésel más moderna del mundo, cumple con los estándares de calidad más altos en términos técnicos, económicos y ambientales. El 85 por ciento de las plantas están ubicadas en la provincia de Santa Fe, especialmente en las localidades de Puerto General San Martín, San Lorenzo y Rosario.
Estas localidades forman el principal polo aceitero de la Argentina y cuentan con una infraestructura diseñada específicamente para exportar a través de la Hidrovía Paraná-Uruguay, lo que implica la existencia del cluster más grande a nivel mundial en el sector oleaginoso. Así lo explicó Castro al destacar que “actualmente la oferta de biocombustibles se centra en la producción de biodiésel de soja, con destino al mercado interno y a la exportación”.
A partir de 2010, en Argentina se debe mezclar los carburantes fósiles con al menos 5 por ciento de biocombustibles, la nafta con un siete por ciento de bioetanol y el gasoil con biodiésel.
La disertación tuvo lugar en el pabellón Ceibo del predio rural donde tiene lugar la 124 Exposición de Palermo y el Foro continuará hoy. Se destacó que la legislación crea un mercado interno que demandará unas 800 mil toneladas de biodiésel, cantidad que la industria argentina puede abastecer ampliamente ya que la capacidad instalada alcanza a 2,5 millones de toneladas. (http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/77929/argentina-es-uno-de-los-paises-con-mayor-potencial-en-biocombustibles 22-07-10)Es otra prueba del embaucamiento de los K de estar contra el modelo de soja y ocultar su posicionamiento en favor de quienes dominan globalmente estos agronegocios.
Consideremos cómo el poder económico e imperialista fue geografiando o determinando las condiciones de vida, trabajo y producción de los de abajo:
1. 'Nuestro' origen en acuerdo al saqueo español de la riqueza minera y al genocidio
"Cuestión regional y la
conformación del estado -nación en la argentina1"
Por
Lic. Horacio Cao
(*) y Lic. Roxana Rubins (**)
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SERIE INAP - AAGDNEYD - CEPAS
2ª Edición, Buenos Aires, Argentina - Noviembre 1996
1. INTRODUCCIÓN Una de las dimensiones imprescindibles al analizar el modo en que se articulan las regiones que componen la República Argentina es el estudio del proceso que llevó a la determinación de sus límites geográficos, las distintas modalidades de ocupación espacial, las fases de apogeo y decadencia de los diferentes emprendimientos productivos, los encadenamientos inter e intrarregionales, etc. Mucho más aún si esta tarea se realiza con el objetivo de buscar la manera en que se construye una estructura que, con el correr del tiempo, adquirirá una forma de gobierno federal. La forma particular que llega a adquirir el federalismo argentino, con la preeminencia de una región por sobre las restantes, reconoce entonces como origen los procesos que contribuyen a crear los mecanismos de articulación de las diferentes partes que componen el país, mecanismos que pudieron desplegarse a partir de la resolución de la larga guerra civil que ocupa buena parte del siglo XIX. El primer punto a resaltar es que, pese al reconocimiento de la importancia que el tema tiene en la génesis y desarrollo de nuestro país, son escasos los trabajos de difusión masiva que analicen la instancia regional desde una perspectiva amplia a lo largo de las diferentes fases históricas. Sobre todo, al intentar explicar la heterogeneidad regional, no siempre se toman en cuenta las particularidades de su recorrido histórico. Pese a lo expresado, al avanzar en este trabajo no se seguirá el devenir histórico paso a paso, sino que se remarcarán algunas pautas generales, puntualizando aquellos hechos y mecanismos que se consideran centrales para comprender el impacto de la cuestión regional en la conformación del estado - nación en la Argentina. Esto es así pues se considera que la historia no se desliza en todos los períodos con la misma placidez, existiendo momentos breves en donde se concentra una gran cantidad de hechos determinantes (aunque no deja de ser cierto que los mismos tienen su origen en la acumulación de sucesos en aquellas etapas en donde el equilibrio y la continuidad parecían reinar). Asimismo, muchas veces estos mismos momentos extremos nos permiten observar nítidamente situaciones que la propia rutina había trasladado a un segundo plano, o que aparecen disimulados por ciertos rituales que en verdad enmascaran mecanismos y vinculaciones ocultas. En resumen, en este trabajo se pasará revista al complejo y arduo (y muchas veces también sangriento y explosivo) proceso por el cual se logra la difícil amalgama interregional que creará “una nueva y gloriosa nación....”.
2. LA EXPANSIÓN SOBRE LA BASE DEL EMPRENDIMIENTO MINERO El motor que movilizó el esfuerzo hecho por la nación española en la conquista del nuevo mundo es el afán de metales preciosos, bajo este precepto original será que se organicen los territorios descubiertos. Así, a poco de desarrollarse el Siglo XVI el eje de la conquista deja las Antillas para posicionarse sobre el macizo andino, en particular alrededor de los emprendimientos mineros de México y el Alto Perú. Este eje fortalece la zona lindante con el Océano Pacífico y deja en el olvido al área Atlántica, que se mantuvo casi desierta por dos siglos. Los mecanismos ideados para la obtención de la mayor cantidad de metálico por la metrópoli se basaron en los impuestos de la corona, y en las restricciones que se generaron al intercambio comercial, buscando capturar la renta minera local que se producía en forma privada. Estas restricciones promovían altos costos en las importaciones que se realizaban desde España y altos costos de comercialización no sólo con la metrópoli, sino también hacia el interior del nuevo mundo colonizado. Alrededor de la riqueza minera, y de las poblaciones precolombinas que aportaron la mano de obra y una estructura social que es capturada y amoldada con este fin, se desarrolla la agricultura, la cría de mulas, la producción de artesanías, todas ellas de amplio desarrollo para el mantenimiento de la posibilidad de producción de metales preciosos, en especial plata. Una circunstancia debe resaltarse del período: el agudo descenso de la población por la que atraviesa el continente y que hace que, según estimaciones, la población tarde más de 300 años en recuperar niveles similares a los de las etapas anteriores a la conquista.
Esta hecatombe demográfica, de difícil paralelo en la historia universal, está vinculada con el paso desde sistemas agrícolas - artesanales, con complejos niveles de institucionalización, hacia una organización minera. Esta imposición en la organización productiva conlleva grandes desplazamientos de población, desorganizando gran parte de la producción de alimentos y desarticulando la estructura familiar.
Así, al dislocamiento de los tejidos sociales/urbanos aborígenes por el masivo traslado de población (en especial masculina) llevado a las minas, el que dado las condiciones de traslado y trabajo tiene bajos niveles de supervivencia, se le suman las presiones sobre las poblaciones que permanecen en las áreas agrícolas, que deben incrementar sustancialmente el excedente alimentario para abastecer los núcleos mineros. Por último, el efecto de las epidemias cierra el círculo que explica este fenómeno atroz. Para dar un ejemplo de su magnitud, y pese a las diferencias en las estimaciones de población para la fecha, algunos autores afirman que de 16 millones de indios que viven en el territorio mexicano, se estima que quedan poco más de 1,5 millones un siglo después de la conquista (Furtado, 1974).
La organización social de la conquista se articula alrededor de la encomienda, organización que demuestra ser eficaz en las regiones en que la población indígena es densa y ha alcanzado ciertos niveles de desarrollo material y estratificación social. La existencia previa de una clase dirigente local, que se apropia de los excedentes, sirve de base para la implantación de esta forma de explotación. Con la conquista, se procuró incrementar el excedente agrícola, sustrato productivo indispensable para expandir la producción minera, que es apropiado por el conquistador. Cuando el bajo desarrollo relativo de las poblaciones indígenas impide esta modalidad de trabajo, se apela directamente a la esclavitud. El vértice del sistema se posiciona sobre los productos que podían realizarse en España, aunque sea en forma indirecta (v.g. alimentos o mulas que se intercambian por metales preciosos) ya que los encomenderos no se interesan por productos que solamente se pueden realizar localmente. En suma: el trabajo realizado tiene como objetivo principal crear un flujo de recursos destinados a ser acumulados en España (Furtado, 1974).
En este sentido es que puede afirmarse que el excedente original que estructura la población latinoamericana proviene de las modalidades específicas de extracción de la renta minera en el continente americano. Este excedente pasa a conformar parte del caudal extraordinario que aporta al proceso de acumulación originaria en Europa, por la vía de los intercambios que España realiza principalmente con los Países Bajos. Observando lo que luego sería nuestro país en esta primera etapa de la colonización, es particularmente importante lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XVI, que es definitoria en la organización de todo el espacio colonial. En ese lapso surgen casi todas las ciudades capitales de provincias del espacio "colonizado" de lo que luego sería la República Argentina, y sobre ellas se establecen las vinculaciones y separaciones que por dos siglos serían dominantes. El mapa del país conquistado se vierte en esta primera etapa sobre dos líneas diferentes en su función y perspectivas. Los años 1570 al 1600 marcan el ascenso vertiginoso del emprendimiento minero con epicentro en Potosí y de las ciudades altoperuanas inmediatamente relacionadas con él: Sucre, La Paz, Cochabamba, Tarija, que más tarde va expandiéndose hacia el norte argentino y los valles chilenos. Ambos ejes se desarrollarán durante dos siglos en forma ininterrumpida, movilizando población y aprovechando los recursos de las zonas dependientes. El siglo XVII será la era del apogeo de los metales del Alto Perú, que fue la zona de mayor dinamismo en América del Sur por espacio de dos siglos. Las corrientes colonizadoras que llegan a lo que sería nuestro territorio desde el Perú y Chile tienen como objetivo esencial la apertura de extensas zonas de agricultura y ganadería capaces de abastecer de alimentos y animales de carga al emprendimiento minero, como así también la de obtener mano de obra indígena para mantener el desarrollo de estos emprendimientos en Chile y el Alto Perú. También tienen la finalidad política de operar desde el Pacífico la salida Atlántica, que puede competir, por razones de cercanía, en la conexión con Europa. Por su parte las primeras exploraciones del sistema del Plata se originan en la búsqueda del mítico “Rey Blanco”, leyenda que encarnaba las prodigiosas riquezas del Imperio Inca y el Potosí.
Estos tesoros quedarían vedados a los conquistadores provenientes del Atlántico, ya que la ocupación del imperio se realizaría desde el Pacífico. En la búsqueda de estas riquezas el núcleo central de este eje se posicionó primeramente en Asunción (hoy República del Paraguay). Cuando fue claro que la carrera hacia el este había sido perdida, la zona pasó a ser una de las más olvidadas del continente y a tener la principal función de sostener, en una vasta frontera, la dinámica expansiva de los colonos portugueses del Brasil. En este proceso se hace vital una conexión más cercana y directa con España, y así surgen los jalones de Corrientes, Santa Fe y, finalmente, Buenos Aires como salida definitiva al mar. No en todas las zonas la conquista fue lineal. En muchos sitios la forma en que se resolvió la guerra contra el aborigen y su posición frente a la ruta de la plata en el Potosí fue determinante. Así, por ejemplo, la violencia de las Guerras Calchaquíes del siguiente siglo movió a la disolución de los pueblos de mayor avance relativo de lo que luego sería la República Argentina. En esos valles, por largos períodos será aguda la falta de mano de obra. Es el caso de Catamarca, que pese a que en su territorio se encontraban establecidas organizaciones indígenas relativamente desarrolladas, su posición descentrada de las rutas de comercio más importantes (las que unían el Potosí con Chile, Córdoba y el Atlántico), y su despoblamiento casi total luego de las citadas guerras, hace que desde etapas cercanas al inicio del periodo hispánico tenga una posición marginal. En Cuyo, por razones disímiles, también se observarán dificultades para la obtención de indígenas "encomendados". Los Huarpes, más sumisos que los aborígenes transandinos, serán llevados masivamente hacia Chile en donde se desarrolla una dinámica agricultura ligada a Lima y al Alto Perú. En la zona de Cuyo, según Monseñor José A. Verdaguer (Levene, 1961) la población indígena pasará de 100 mil a cinco mil indios a lo largo del Siglo XVII. A partir de 1563, y luego de una corta dependencia de la Audiencia de Chile, se conforma la extensa gobernación de Salta del Tucumán, que comprende al actual territorio de siete estados argentinos: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago y Córdoba. Abarca alrededor de 700 mil km2 incluyendo ocho ciudades: Jujuy, Salta, Madrid de las Juntas, Talavera o Esteco, La Rioja, San Miguel de Tucumán, Santiago y Córdoba. Por esa época la región de Cuyo se encontraba bajo la égida de la Audiencia de Chile. Esta región contenía las ciudades de Mendoza, San Luis y San Juan, y territorios que comprendían, además de la totalidad de las provincias citadas, porciones de Neuquén, Río Negro, La Pampa y La Rioja. En 1617 el Rey Felipe divide el área de la Cuenca del Plata en dos jurisdicciones, la de Guayrá (o Paraguay) con capital en Asunción, y la del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Esta última abarca la Mesopotamia Argentina, la casi totalidad de la Pampa Húmeda, el Uruguay, y los entonces inexplorados territorios del Chaco y la Patagonia. Las tres regiones que contienen la casi totalidad de lo que luego sería nuestro país no estarán contenidas, hasta la conformación del Virreinato del Río de la Plata, bajo una misma organización política. La notoria preeminencia del Virreinato del Perú se había así plasmado en lo institucional, al lograr que bajo el nombre genérico de “Provincias Australes” quedaran bajo su dominio, como organizaciones autónomas las gobernaciones del Río de la Plata,(…)
En resumen: el vasto territorio de lo que luego será Argentina, hasta el siglo XVII, está estructurado en función el emprendimiento minero del Potosí. Son prósperas aquellas regiones que desarrollan actividades complementarias de esta actividad (cría de mulas, ganadería, mínima agricultura), que genera un mercado consumidor para los mínimos excedentes producidos por la población indígena, en constante disminución: es el caso del actual Noroeste argentino, y de Cuyo en parte. Son rezagadas las áreas que no encuentran el modo de vincularse con ese emprendimiento, por su lejanía o por la falta de población a incorporar a la producción para ese único mercado: es el caso de la región de la actual Pampa Húmeda(...)".
* Lic. en Ciencia Política - Administrador Gubernamental - Ex-Adjunto de la Cátedra “Administración Pública
Provincial” de la Universidad Nacional de San Juan.
** Lic. En Economía - Administradora Gubernamental - Adjunta de la Cátedra “Desarrollo Económico” de la
Universidad de Luján
Coautores de "La estructura institucional de las provincias rezagadas", "La situación de las Provincias
Periféricas" y “Las economías regionales y la crisis” publicados por Realidad Económica. Coautores del Trabajo
“El empleo Público en las Provincias Periféricas”, presentado en el IIIº Congreso de ASET.
Fuente: http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/otros/cepas2.pdf
2. 'Nuestro' capitalismo en función de la potencia imperialista y del bloqueo a la reforma agraria
Horacio
Cao y Roxana Rubins, en
"Cuestión regional y la conformación del estado -nación en la argentina1",se
refieren a:
"(...)LA
ARGENTINA AGROEXPORTADORA . En
esta fase se generan las bases sobre las que se estructurarán algunas de
las prácticas políticas posteriores y aún vigentes en muchas provincias. También
se generará consenso para una modalidad específica de intervención del Estado
Nacional en relación a los Estados Provinciales. La intervención - ejercicio de
la coacción - o el acuerdo (vigente en etapas previas a las elecciones) serán
las técnicas a partir de las cuales operará la construcción de la convivencia
Poder Central/Provincias, mostrándonos que
la primacía productiva de la región pampeana subordina a la totalidad de la
Nación tras su proyecto. Esto
no se traducirá, en el período, en forma mecánica, en un dominio inequívoco
de todos los ámbitos en los que esa primacía se discute políticamente (hay
presidentes tucumanos, salteños, cordobeses en el período) y funciona la Cámara
de Senadores, pero la hegemonía del modelo productivo no es discutida desde
ningún sector. El fundamento regional de la clase gobernante es celosamente
defendido a medida que crece el poder presidencial. Pese al complicado papel que
le cabe a la intervención federal como mecanismo de control nacional, ésta no
obra como agente sustitutivo de las clases gobernantes allí afincadas, pues al
frente de los gobiernos, puede divisarse un conjunto de gobernantes. Atrás:
agrupamientos familiares. Con un sistema de gradación del fraude, compuesto por
fraudes burocráticos se teje una red de control electoral descendente que
arranca de los cargos de presidente y gobernador hasta llegar, más abajo, a
los intendentes y comisionados municipales, los concejales, los jueces de paz,
los comisarios de policía, los jefes de registro civil o los perceptores de
rentas. En cuanto a las instituciones, el Senado comunica oligarquías, las hace
partícipes en el manejo de los asuntos nacionales y las cobija con la garantía
de un mandato extenso y renovable (Botana, 1986). La formación de la llamada la
"Liga de Gobernadores" es una de las claves del equilibrio logrado en la
etapa de la Organización Nacional. (…)
A partir de los años ‘30, una nueva estructura suplanta la Argentina agroexportadora. De igual manera, el desarrollo de los acontecimientos influirá trascendentalmente en los modelos de dominación, pero solamente la crisis de los '70 pondrá en juego un equilibrio ínter e intrarregional que se presenta como sumamente estable.
Estado Interventor y regiones A lo largo de las décadas del '30 y del '40 se produce en nuestro país una combinación particular de las funciones del Estado. Como garante de las reglas de un intercambio igualitario (Mathias y Salama, 1986), se crean en este período instituciones tales como las indemnizaciones por despido, las leyes previsionales y, en general, las convenciones colectivas de trabajo. Como instituidor de relaciones de intercambio, el Estado Nacional opera una jerarquización del área de desarrollo industrial, se crea el Banco Central, proliferan organismos de contralor y planeamiento, nacionalizándose y creando empresas diversas. Denominaremos a la etapa que se abre con estas políticas etapa del "Estado Interventor". Pese a los cambios experimentados por el país, las mercancías de exportación típicas del período no difieren substancialmente de las de la etapa anterior. El Estado Interventor se caracteriza por un intenso proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, de igual modo que en el conjunto de los países grandes de América Latina, sin modificar cualitativamente la composición del comercio de exportación, que debe financiarse a través de distintos mecanismos fiscales de redistribución de ingresos agro - industria. En este marco, las áreas periféricas reciben los frutos del desarrollo de este tipo de políticas, generándose una serie de instituciones que reservan nichos de mercado para las economías regionales. Sin embargo, los profundos cambios que estas políticas generan en muchos registros de la vida nacional no impacta sobre el papel que cumplen las provincias en lo político y lo económico. Es más, las políticas desarrolladas a partir del '30 de construcción del Estado Interventor pronunciaron la concentración en el área pampeana. En efecto, si se exceptúa el caso de Córdoba, en donde se asienta el emprendimiento metalmecánico liderado por las empresas automotrices, no hay en esta etapa modificaciones en la distribución interregional de la actividad productiva. Las regiones periféricas se mantienen como ámbitos que apoyan el crecimiento capitalista central a través de ofrecer mano de obra, mercado para productos de la industria, insumos para la producción central o alimentos para la reproducción de la fuerza de trabajo (Pírez, s/f). Por otro lado, son pocas las acciones que se emprenden directamente para modificar esta situación. Luego del '50 se desarrollan algunas políticas en este sentido con subsidio estatal. Pero los impactos son magros, generando enclaves de escaso o nulo encadenamiento con las actividades de la zona pero a un costo elevado
A partir de 1976, y ya bajo la lógica de la crisis, la promoción industrial es más explícitamente un financiamiento para la reconversión de determinadas ramas y en localizaciones alejadas de las ciudades de mayor turbulencia política (Tecco, 1992). Si bien no se pone en juego el equilibrio interregional y se produce, desde lo productivo, una mayor concentración en el área central, en las áreas periféricas también se observan importantes avances. Esta situación se puede ejemplificar con la promoción del poblamiento de la Patagonia, que hubiera sido imposible sin los onerosos sistemas preferenciales (de salarios y condiciones de trabajo, de preferencias para la instalación de emprendimientos, etc.) o la extensión de la frontera agropecuaria en el Cuyo y el NOA, que solamente en San Juan significó la construcción de más de 2.000 kilómetros de canales o las construcciones que integran, a través de una serie de grandes obras de infraestructura realizadas con inversión pública, las zonas periféricas (en especial la Patagonia y la Mesopotamia), etc.
Existen varias clasificaciones que resumen el equilibrio geográfico logrado
entre las distintas zonas del país para esta etapa. Esquemáticamente estaría
compuesto por las siguientes categorías (Rubins/Cao 1994):
·
Periferias Prósperas: Aquellas que con la expansión del mercado
interno tuvieron la posibilidad de generar productos para la zona "central" (las
llamadas “Economías Regionales”) y, sobre la base de la expansión del ingreso,
registrar ritmos de crecimiento económico apreciables logrando, por lo menos,
crear empleos suficientes como para retener el crecimiento vegetativo de su
población (Ferrer, 1980)
·
Periferias Olvidadas: Regiones que quedaron fuera de las
corrientes más dinámicas del sistema de relaciones asimétricas.
Son aquéllas que
no desarrollaron actividades de "exportación" significativas hacia la
zona "central". De este modo, estas provincias deterioraron
su participación en la distribución de la población del país y registran
los menores índices de actividad económica y niveles de vida. Estas regiones no
estuvieron directamente vinculadas a la reproducción del modelo hegemónico y,
cuando el modelo en cuestión estuvo en auge, no afectó la funcionalidad
estratégica de la reproducción.
·
Periferias Despobladas: Por último encontramos regiones en las
que, a lo largo del periodo analizado, se realizan tareas de "ocupación"
que garantizan la soberanía y la creación de la infraestructura necesaria para
su efectiva integración (ejemplificadas por las Provincias más australes, sin
potencialidad de articulación dependiente con la potencia hegemónica
anterior). También en el área de la política social se expande de manera notoria
el Estado Interventor. Esta estructura significa una ampliación de la matrícula
escolar en todos los niveles, y la generación de una amplia red sanitaria que
abarca a casi todo el país. Si bien estas acciones tienen el sello de la etapa,
en cuanto a baja productividad y confusión institucional que reducen su
eficiencia (sobre todo en el caso de la red sanitaria, con la superposición
entre los subsistemas públicos y de obras sociales), los esfuerzos del
Estado significan cambios cualitativos en cuanto a la salud y la educación a la
que pueden acceder, en forma generalizada, los estratos medios y bajos. La
relativa paridad de estos servicios, independientemente del dinamismo de
la región en donde se asientan, y que se hacen patentes a partir de la tendencia
hacia la homogeneización de los indicadores sociales, es una de las pruebas más
contundentes de la capacidad del sistema para generar escenarios que relativizan
las tensiones interregionales En lo que hace a la Administración Pública la
construcción del Estado Interventor provocó un fuerte crecimiento de la
burocracia, ya que la propia dinámica del patrón de desarrollo impulsó una
creciente y continuada actividad estatal, ocupándose el sector público de
apuntalar el aparato productivo, actuar sobre la "cuestión social",
regular conflictos, etc. Dentro de esta última función, y con el fin de
amortiguar tensiones sociales, comenzó a emplear mano de obra desplazada por
sectores productivos limitados en su capacidad de absorción, reforzándose esta
función por la posibilidad de utilizar el empleo estatal como medio de
patronazgo político y de retribución de lealtades partidarias. Las nuevas
funciones alteraron o tornaron difusas las clásicas fronteras entre el dominio
de lo público y lo privado (Oszlak, 1985)(...)".
Fuente:
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/publicaciones/docs/otros/cepas2.pdf
3. 'Nuestra' democracia fundada en mantener la pobreza estructural en su periferia provincial
Horacio Cao, en "El sistema político regional de las provincias periféricas durante los '90",destaca:"(...)existe un alto grado de desigualdad entre las diferentes áreas que conforman el país, las que se reproducen a partir de una cierta forma de articulación interregional.
Esta articulación es plasmada hacia el fin de la larga guerra interregional desarrollada durante buena parte del siglo XIX. Al triunfo militar de Buenos Aires sobre la Confederación que aglutinó al resto de las Provincias (Batalla de Pavón, año 1862), le sigue la construcción de un ordenamiento que resguardaba un espacio político y económico aún para los que fueron derrotados en la guerra.
En la dimensión económica, este pacto alinea el aparato productivo del país alrededor de las ventajas comparativas que tenía la región pampeana para el desarrollo agrícola ganadero. De esta forma, lo que se definió como área central es reconocida como principal centro consumidor y exportador de un mercado único nacional. Consecuentemente, se produce el aislamiento de las regiones derrotadas de sus articulaciones históricas (las provincias del Noroeste con el Alto Perú, las de Cuyo con Chile, Ver anexo).
Hacia los derrotados en la guerra, se desarrolló un sistema de subsidios y auxilios hacia las provincias, los que pasaron a ser una instancia clave en la cooptación de actores regionales (Oszlak, 1988: 27). Mucho más importante aún, el Estado Nacional – en abierta contradicción con la ideología liberal que postularon los gobiernos de la época – desarrolló acciones que permitieron la refuncionalización de espacios productivos de las provincias derrotadas en la guerra civil.
El emprendimiento azucarero en la provincia de Tucumán, sobre la segunda mitad del siglo XIX, fue el primer experimento en este sentido. Para su surgimiento, desde el sector público, se tomaron una serie de medidas, como por ejemplo (Rofman y Romero, 1997: 142 y Balán, 1978: 82 y ss.):
· Se promovió que los bancos estatales dieran créditos a tasas preferenciales, los que permitió la adquisición de bienes de capital.
· Se garantizó la construcción del ferrocarril bajando los costos de los insumos y de la colocación de la producción en buena parte del país.
· Se establecieron aranceles aduaneros al ingreso de azúcar, sobre todo para excluir al de procedencia cubana, mucho más barato.
El referente político de este acuerdo no fueron las Provincias sino el Estado Central, el que si bien estaba hegemonizado por actores sociales de la región pampeana, incorporó a todos los sectores dominantes del interior como componentes de un nuevo pacto de dominación en el ámbito nacional (Oszlak, 1985: 25).
Estas políticas del Estado Nacional – que se financiaba principalmente con parte de la renta agraria pampeana - tenía el objetivo principal de sumar a los grupos dominantes del interior en los beneficios del desarrollo agrícola ganadero y, de esta forma, terminar con la larga guerra civil. Pero, además, significó la incorporación de un importante espacio de apoyo a su crecimiento capitalista. Para dar una idea de la importancia que tenía en esa época lo que se identificó como periferia, debe recordarse que según el Censo de 1895 más del 40% de la población vivía en tal área. Catamarca – una provincia menor aun dentro de la periferia - tenía según el censo de 1869, una cantidad de habitantes similar a la de Santa Fe. Se estima que el valor de la producción agropecuaria de Tucumán en 1874 duplicaba al de Buenos Aires (Giberti, 2001: 124).
1.3. Área periférica y estado benefactor
Con la crisis del ’30 y la implementación de un modelo económico que incrementa la participación al Estado y revaloriza el mercado interno, los sistemas regulatorios se hacen más extensos y complejos, incorporando nuevas provincias y productos. Al ejemplo del Azúcar en el Noroeste y de la vitivinicultura en Cuyo se le agregan paulatinamente otros emprendimientos, completando el cuadro de las llamadas “economías regionales”. Se denominó así a una serie de emprendimientos agroindustriales que por lo general revistieron el carácter de monoproducción provincial, y cuyo producto se dirigía principalmente hacia el mercado interno. Los ejemplos más notables, fueron los ya citados del azúcar en Tucumán, Salta y Jujuy y la Vitivinicultura en San Juan y Mendoza, a los que pueden agregárseles la Yerba Mate y el Té en Misiones y Corrientes, el Tabaco en Corriente y Salta, las Frutas de Pepita en Río Negro, etc.
Si bien en esta etapa no varían sustancialmente la característica asistida de los emprendimientos ni su direccionamiento al mercado interno, estas economías adquieren un nuevo estatus paralelo a la legitimación del estado como actor central de la economía en general, y de la articulación territorial en particular. En términos generales, puede decirse que cuanto más rezagadas fuera la región, en mayor medida el Estado tuvo que actuar no solamente como garante de ciertas relaciones sociales, sino como productor directo de algunas de ellas, las que no emergían de un cierto nivel de madurez de la sociedad.
Una idea del diferente peso relativo del sector público puede obtenerse a partir de la proporción de mano de obra que se empleaba en áreas periféricas y centrales. Según el censo de 1991 el empleo público como proporción del total de ocupados era del 46% en las áreas periféricas y del 28% en las áreas centrales. (...)
1.4. Dominación tradicional, sistema político y área periférica
A los fines de este trabajo es importante resaltar la supervivencia en las áreas periféricas de modos de relación y conductas típicos de las formas de dominación tradicionales. Para definir este tipo de dominación se sigue a Weber (1999: 172), que considera que ella descansa “ … en la creencia cotidiana en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad”. Esta supervivencia tiene que ver con la marginalidad socioeconómica, la que trajo aparejada una mínima exposición al impacto de la modernización que experimentan las áreas centrales (O’Donnell, 1972: 36/37).
De las características típicas de este tipo de sociedades a los fines de este trabajo se quiere remarcar:
1. La legitimación y reconocimiento cotidiano de las desigualdades sociales, estableciéndose relaciones predominantemente de subordinación más que de oposición (Palermo, 1988: 20). 2. La creencia de que quien lidera la sociedad tiene un poder desconocido y, por lo tanto, ilimitado. Siempre se podrá recurrir a este poder en busca de amparo para los casos de crisis (Medina Echavarría, 1969: 39). 3. La debilidad de la esfera pública como espacio social general y común, el que se encuentra restringido por el accionar clientelar y prebendario del estado (Cao y Rubins, 1996b: 45).
Un autor, referenciando su análisis en las clases populares de la Provincia de Corrientes, describe de manera notable el seguimiento de caudillos con una “... fe ciega en la persona del líder más que en la ideología que pregonan, de la que poco entienden, enlazados en una extraña relación de amo/esclavo, prestigio/temor reverencial, también riqueza/pobreza, manifestaciones que tratan de explicar el misterio y el poder de estos sobre aquellos. La frase habitual 'soy gente de fulano' es índice elocuente de orgullosa pertenencia...” (Villalba, 1993: 14)
Para explicar estas características peculiares es necesario recordar que a las áreas periféricas llegó de manera particular las dos grandes oleadas modernizadores ocurridas durante la primera mitad del siglo XX: el radicalismo yrigoyenista (1916 – 1922) y el primer peronismo (1945 – 1955). Es que si bien hacia el interior de cada espacio regional se desarrolla un complejo sistema socio político con sus correspondientes luchas, intrigas y acuerdos y alianzas, sus miembros pertenecen a un mismo estrato dirigente, que se une cuando alguna amenaza externa o interna hace peligrar su poder.
Por ejemplo, en la Salta de principios de siglo, la Unión Provincial representaba a los segmentos más acendrados de las elites regionales y la UCR a sectores marginales de las clases acomodadas provinciales. No obstante ello "... la cúpula radical estaba compuesta por miembros de las familias tradicionales (Güemes, Cornejo, Linares, Saravia, Torino) en el marco de la flexibilidad y habilidad, cohesión en última instancia, de la oligarquía salteña para mantener y/o recuperar su posición económico política en la provincia. Esto fue así más allá de las luchas facciosas que se dieron entre conservadores y radicales... " (Favaro y otros, 1993: 143). En las elecciones de 1920 en Catamarca triunfó por primera vez la UCR en la provincia, eligiendo gobernador a Ramón Clero Ahumada “... que había sido gobernador de la Provincia entre 1912 y 1915 como hombre representativo del régimen” (Clark, 1993: 20). En San Juan la UCR estaba formada por “… media docena de soñadores bien intencionados”, los que habían jugado un rol marginal en la política regional. Cuando triunfa esta fuerza en la Nación “… los precursores pasaron a un segundo plano con la incorporación del antiguo elenco del Partido Popular {que había estado en el gobierno en 1907 – H.C.} y de algunos independientes” (Videla, 1997: 237/9).
De la misma forma, la irrupción del peronismo no tuvo el mismo significado en todo el país. Muchos de sus dirigentes de las provincias periféricas fueron, a menudo, herederos del viejo conservadurismo. Estos cuadros, al acceder al gobierno, mantuvieron una relativa continuidad que contrastó con la ruptura que se iba generando en las regiones de las áreas centrales. Un análisis de este movimiento para el periodo 1954 / 1973 concluyó que tuvo una composición principalmente obrera en las zonas centrales del país – correspondiendo bastante bien a la imagen de un partido laborista de cualquier sociedad industrial con fuertes conexiones con los sindicatos – y principalmente movilizador y policlasista en las zonas periféricas – correspondiendo a un partido populista movilizador en sociedades dependientes y poco industrializadas. (Mora y Araujo, 1980: 89 y ss.).
El impacto superficial de estos dos grandes movimientos es uno de los elementos que diferencia el funcionamiento de la esfera política en las áreas periféricas, ya que las circunstancias de su despliegue permitieron la supervivencia de las formas tradicionales (...)". Fuente: http://www.s
4. 'Nuestro' federalismo hecho a la medida del pacto de oligarquías entre sí y con las corporaciones imperialistas
Horacio Cao y Roxana Rubins se refieren a:
"El Estado para uso propio
La especificidad de la periferia tiene que ver tanto con el modo en que se relacionan el uso del Estado para fines individuales, la manipulación de la vida cultural y política por individuos o familias, como con la profundidad y extensión en que operan estos mecanismos. En primer lugar, la situación de debilidad económica y social produce una sociedad civil con escasa capacidad de defensa para enfrentar este tipo de comportamientos. En segundo lugar, en estas regiones el aparato del Estado provincial ocupa un lugar mucho más preponderante como actor económico y social. Por ejemplo, en Corrientes (ver págs. 10 y 11), ocupa por sí sólo casi el 50% de la mano de obra declarada y su gasto es equivalente al 30% de lo que produce la provincia. Por último, el financiamiento del gasto estatal proviene principalmente de transferencias extrarregionales: los ingresos de las provincias periféricas son fruto de transferencias de recursos que la nación recauda en las áreas más ricas del país. Al no haber una vinculación directa entre lo que cada comunidad está dispuesta a financiar y lo que finalmente ofrece el Estado como bienes o servicios públicos, el gasto tiende a asignarse según las preferencias del gobierno y no de la comunidad.
Tal manejo de las instituciones provinciales no es nuevo. Ya el clásico libro de Roberto J. Payró "En las tierras del Inti", relataba el "alzamiento del pueblo de Catamarca" harto del manejo prebendario y patrimonialista de un gobierno provincial hacia 1900. Lo distintivo de esta etapa es que los procesos de transferencias de funciones desde la nación hacia las provincias han producido un incremento de la importancia del nivel subnacional, a la vez que el retiro de Estado central ha quitado un referente "moderno" en cada territorio periférico. Además, el manejo clientelar del Estado se retroalimenta. Estar a cargo del gobierno coloca a un partido en una posición favorable para mantener el poder: en el período 1983-1999, a pesar de la mala imagen de las distintas dinastías políticas y de las crisis fiscales, de cada diez veces que un partido puso en juego una gobernación, siete veces la mantuvo. Cuanto más años se conserva el poder, más se perfeccionan y consolidan las redes de favores y de clientela que sustentan maquinarias electoralmente imbatibles. (...)
Un federalismo particular
Al fin de cuentas
¿por qué no avanza la modernidad, desplazando instituciones políticas que
impiden el despliegue de una sociedad capitalista? ¿Por qué en el marco de la
continuidad democrática no se desplazan las irracionales satrapías
provinciales?. Lo primero es que, contra lo que se había previsto,
el capitalismo no disolvió completamente las
sociedades semifeudales. La
penetración de relaciones de producción más modernas redundó en una amalgama
económica y política que combinó los peores aspectos del "atraso" y la
"modernidad", bloqueando las
posibilidades del desarrollo económico.
Las áreas rezagadas se mostraron funcionales como espacios donde pueden obtenerse tasas de ganancia extraordinarias. La existencia de desequilibrios en el desarrollo regional no es contradictoria con el despliegue del capitalismo, pero el resultado es "moderno" sólo a medias. El actual proceso genera ventajas para muchos de los involucrados. Las provincias mantienen niveles de autonomía que no se desprenden automáticamente de su nivel de desarrollo, a la vez que pueden reproducirse algunos grupos sociales que, de otra forma, serían reemplazados por actores que funcionarían como elementos subsidiarios de las áreas más dinámicas.
El gobierno central, por su parte, que no debe responder directamente a los reclamos de la población de las provincias, mantiene en cada satrapía un aliado fundamental en la tarea de incrementar la gobernabilidad nacional, porque la asimetría entre el peso de la provincia en el escenario político nacional y su volubilidad frente a las presiones financieras desde la nación, induce a que todos jueguen bajo las mismas reglas. Para decirlo en forma directa: un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) de una suma ínfima en términos del presupuesto federal hace que cualquier gobierno provincial se alinee: vota con el Ejecutivo en el Congreso Nacional, lo apoya en la interna partidaria, ayuda a morigerar el nivel de enfrentamiento interpartidario, etc. Un clásico es la distribución de recursos antes de una elección presidencial. Con esto se logra sumar a las jurisdicciones "independientes" que están gobernadas por partidos provinciales, se baja el tono de las provincias opositoras y se alienta a que las oficialistas den un apoyo más decidido. En los meses previos a la reelección presidencial de 1995, la nación desembolsó U$S 400 millones con este objetivo. Los resultados electorales eximen de mayores comentarios acerca de sus efectos. Una anécdota marca hasta dónde puede llegar la larga mano de la nación. Cuando la Convención de la Unión Cívica Radical (UCR) debía aprobar el llamado a Convencionales Constituyentes acordado en el Pacto de Olivos, un oportuno auxilio del gobierno nacional garantizó que los delegados catamarqueños votaran positivamente este proyecto, caro al gobierno central.
El "auxilio" nacional, a su vez, es determinante en el escenario provincial. Por ejemplo, a través de un acuerdo con el Estado central el senador Vicente Saadi consiguió para la provincia de Catamarca en 1987 una partida extraordinaria del FONAVI de 2 millones de dólares, en la inteligencia de que ésta volcaría una elección que se presentaba muy pareja, cosa que efectivamente sucedió. Otras veces el apoyo nacional se hace notorio por su ausencia. Algo así le pasó a Horacio Massaccesi, que mientras fue gobernador de Río Negro consiguió de Carlos Menem un tratamiento preferencial, por lo que pudo impulsar una serie de obras que lo distinguieron del escenario ajustista. Cuando fue electo candidato a presidente por la opositora UCR, el apoyo del Estado central terminó y la crisis fiscal dejó a la luz las deficiencias provinciales. Un mecanismo similar está en la base de los hechos que concluyeron con la actual intervención a la provincia de Corrientes (ver págs. 10-11).
Sátrapas, pero necesarios
Dada la
lógica política en vigencia, no tiene sentido que los grupos o familias
dominantes en las provincias rezagadas actúen de manera diferente. Es mucho más
fácil conseguir fondos de la nación que pedir esfuerzos a sectores sociales
sometidos al papel que les ha tocado a las economías regionales en la era de la
convertibilidad. Y es mucho más difícil aún cuando una provincia vecina hace
gala de una exitosa operación política que le permite, por ejemplo, conseguir
financiamiento para una obra pública monumental que modifica sustancialmente la
demanda de mano de obra del mercado local (al menos por un tiempo). Esto hace
que algunos sectores justifiquen la existencia de las satrapías provinciales.
Ciertos comentarios hasta hacen parecer simpática la picaresca local que
sustenta el sistema político regional. Algunos, inclusive, presentan la
discusión en términos de relativismo cultural… Pero todos los argumentos se
deshacen cuando se cae en la cuenta de que esta casta política mantiene a la
región en el atraso, mostrándose muy hábil para obtener recursos siempre que no
sean aportados por la sociedad local. Además, la modalidad de funcionamiento del
sistema político implica la dilapidación de medios que al país no le sobran y
que la provincia nunca recuperará para proyectos más durables (...)".
Fuente:
Le
Monde Diplomatique/ El Dipló/ agosto 2000
5. 'Nuestro' Estado descentralizado al gusto del BM para el poder de sometimiento semifeudal de las transnacionales
Argentina. Saqueo corporativo de recursos: "Los gobiernos provinciales son más fáciles de corromper"
Por: Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik (BIODIVERSIDADLA)
"Para las
corporaciones es mucho más fácil negociar con los Gobiernos provinciales,
que son más débiles y más fáciles de corromper que el Gobierno nacional. Por
eso, en la estrategia de la Barrick, que fue
sacar leyes provinciales con respecto al tema de los glaciares, quedó muy
clara esta forma de manejo que tienen".
La Renace
es una red donde trabajan más de 40 organizaciones ecologistas. A partir de
eso tenemos un paneo de la situación socioambiental del país.
Es la única red que lleva adelante en Argentina todas estas luchas, explica
Carlos Manessi, presidente del Centro de Protección a la Naturaleza
(Cepronat), una organización que carga con más de tres décadas de vida sobre
sus espaldas, condición que la convierte en una de las entidades más viejas
de su tipo en el país.
Por nuestra institución han pasado muchos de los ambientalistas más conocidos, destaca Manessi. Según cuenta este ingeniero agrónomo de 60 años, la perseverancia y la transparencia de sus acciones a lo largo del tiempo le valieron al Cepronat un importante reconocimiento en la provincia de Santa Fe, donde se encuentra localizada la organización.
Casi tan antigua como el Cepronat es la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), que hace pocos días celebró su 33.ª asamblea anual en la ciudad tucumana de Tafí Viejo, donde el grupo ecologista Pro Eco tomó la posta para llevar adelante la coordinación de la red, conducida durante los últimos 4 años por la organización presidida por Manessi, quien en su vida privada se dedica al cultivo del Aloe vera.
Entrevista de Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik para la Agencia de Noticias Biodiversidadla.*
La descentralización ayuda a que el saqueo siga
―En su último manifiesto la Renace recomienda a sus organizaciones elevar al Congreso las diferentes problemáticas socioambientales. ¿Por qué acudir al Congreso y no a las instituciones provinciales?
Manessi.―Lo que pasa es que en la década del 90, cuando reinaba Menem, lo que hicieron fue descentralizar en las provincias todas las responsabilidades que en su momento tenía la Nación. Ahora las provincias se creen dueñas de las cuestiones: en la votación del otro día por el tema de los glaciares había un diputado que decía que los glaciares eran de ellos, y no son de ellos, son de todos. Nosotros decimos que en este momento la descentralización ayuda a que el saqueo se siga produciendo. Nosotros tuvimos un Gobierno central... Ahora estamos pidiendo que todos estos temas sean una cuestión del Gobierno nacional.
―¿Hay algún proyecto de ley que tengan en mente?
Manessi.―No, todavía no. Es un anhelo nuestro; vamos a empezar a trabajar con los diputados amigos que están en el Congreso para comenzar a tirar líneas. Es mucho más fácil combatir contra el Gobierno central en Buenos Aires que contra 7, 8 ó 10 provincias que están dispersas en el territorio y en donde cada uno hace lo que se le canta.
El riesgo es cada vez mayor
―En cuanto al rechazo a las leyes provinciales de protección de glaciares, ¿no es un derecho que tienen las provincias?, ¿por qué sienten que estas leyes vienen siendo sancionadas a espaldas del pueblo?
Manessi.―Para las corporaciones es mucho más fácil negociar con los Gobiernos provinciales, que son más débiles y más fáciles de corromper que el Gobierno nacional. Por eso, en la estrategia de la Barrick, que fue sacar leyes provinciales con respecto al tema de los glaciares, quedó muy clara esta forma de manejo que tienen. Con el tema de las provincias hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces son feudos políticos donde la corrupción campea para las corporaciones.
―Advierten también que la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares Atucha y Embalse constituye un peligro letal, ¿cuáles son estas amenazas? ¿Qué opinión tenés del impulso que está teniendo la actividad atómica en la Argentina?
Manessi.―El tema nuclear no es el fuerte del Cepronat. De todas maneras, lo tenemos como uno de los temas que se nos vienen encima: el tema de las centrales nucleares para producir energía es algo que nos preocupa muchísimo. Nosotros le tenemos muchísimo temor a esta forma de producción de energía. Nadie nos garantiza que no puedan suceder accidentes como los que ya sucedieron en varias partes del mundo y que son fáciles de recordar. Es una actividad de mucho riesgo por más que nos quieran decir que está bajo control. Los residuos que produce duran millones de años; nadie sabe qué hacer ellos. Por eso nos oponemos fuertemente a la instalación de nuevas centrales atómicas y pedimos que las que están funcionando sean dadas de baja. Ya cumplieron su vida útil, sus 25 ó 30 años, y el riesgo de que tengamos un accidente es cada vez mayor.
De frente contra el agronegocio
―Una mención aparte se lleva la concentración de la explotación de la tierra en manos de la agroindustria, ¿cuál sería la salida?, ¿están hablando de llevar adelante una reforma agraria?
Manessi.―Desde el Cepronat y la Renace estamos embarcados en una batalla de frente contra el agronegocio. Se está produciendo un vaciamiento de nuestro campo: en el interior de mi provincia o de las provincias de la Pampa Húmeda no queda absolutamente nadie viviendo en el campo. La Federación Agraria Argentina (FAA) habla de una agricultura sin agricultores; es totalmente así. Nuestros campesinos y nuestros agricultores, los trabajadores rurales, tuvieron que irse corridos por el agronegocio. En este momento están engrosando las villas miseria de las grandes ciudades. No existe en Santa Fe más nadie en el campo. Eso es para nosotros un gravísimo problema socioambiental. A partir de esa realidad, desde la Renace estamos planteando la redistribución de tierras, que el agronegocio se retire. Acá, con 20 millones de hectáreas de soja, lo único que ha conseguido es engrosar el bolsillo de unos pocos; el resto se ha tenido que ir del campo.
―Respecto a la denuncia de un aumento en las enfermedades relacionadas con el uso de agroquímicos en los campos de Argentina, siempre nos preguntamos, ¿el problema está en la toxicidad de los productos aplicados o en la irresponsabilidad con la que se utilizan?
Manessi.―Nosotros hablamos de agrotóxicos, no de agroquímicos. Estos productos envenenan el ambiente, envenenan a las personas. En la provincia de Santa Fe estamos hablando de que el cáncer se escapó y nadie lo puede contener. Es muy duro lo que nos está sucediendo producto de la contaminación con agrotóxicos en la salud de las personas: hablo de 4 ó 5 casos de cáncer por cuadra. Es un problema que está invisibilizado; tenemos la responsabilidad de decirlo porque muchísima gente está sufriendo. No es un problema solamente de buenos usos de estos productos; son veneno. Y si son veneno, te van a producir una enfermedad con toda seguridad.
No queremos una pastera en el Paraná
―¿Crees que puede haber un antes y un después para los conflictos socioambientales luego del monitoreo conjunto entre la Argentina y Uruguay de la planta de celulosa de UPM?
Manessi.―Un mes atrás estuvimos dando nuestra cátedra invitados por los compañeros de la asamblea ambiental, porque la Renace tiene una cátedra abierta que este año está dedicada al tema del IIRSA, con Javier Rodríguez Pardo y Daniela Verzeñassi, antes de que el Gobierno argentino y el Gobierno uruguayo cierren el tema de la pastera. Estuvimos dos días y tuvimos la oportunidad de charlar profundamente con los compañeros de Gualeguaychú. Hay mucha decepción con respecto a la forma en que se ha estado manejando el Gobierno nacional. Nadie cree que este monitoreo conjunto sea beneficioso y pueda conseguir algo. Sabemos que la industria de la celulosa es una de las más contaminantes del mundo. Está considerada por Naciones Unidas una de las producciones más contaminantes, y no nos van a hacer creer ahora que Botnia no contamina.
―¿Y de qué se trata la instalación de la planta de celulosa en la provincia de Corrientes?
Manessi.―Desde el Cepronat estamos en este momento en una etapa de investigación de este tema. Aparentemente, la pastera se instalaría en la zona de Goya, entre Esquina y Goya, que es el sudoeste de Corrientes. Da la casualidad que queda justamente enfrente de una población muy importante de mi provincia, Reconquista, a 40 kilómetros cruzando el Delta del río Paraná. Ya hay mucha inquietud de organizaciones ambientales. No tenemos confirmación de que se instalará, pero hay diputados que están pidiendo informes al Gobierno de la provincia de Santa Fe. Tenemos pensado contactarnos con los compañeros de Goya, Esquina y Reconquista para comenzar a hacer acciones en común. No queremos una pastera en el río Paraná".
*Raquel
Schrott y Ezequiel Miodownik estudian el uso de la Web en el desarrollo de
conflictos sociales y experimentan con la distribución de ideas políticas,
económicas y culturales a través de Internet. http://www.autistici.org/f11/
Fuente:
http://www.argenpress.info/17-08-2010
6. 'Nuestra' ejecución de IIRSA o de la territorialidad de la dominación imperialista
Veamos cómo se organiza en función de los intereses del poder concentrado puestos en el mercado global sin importar destruir los ecosistemas y las comunidades asociadas a ellos. La descripción de la Hidrovía Paraguay- Paraná - Río de la Plata y del Polo Rosario-San Lorenzo-San Martín es desde esos intereses lucrativos:
A."En
Argentina,
el
mayor déficit actual del comercio agrícola esta en el flete (se mueven más de
70.000.000 toneladas). El 80% (62.000.000 tns) se mueve en camión, 11.000.000 en
tren y 600.000 en barcazas (mayo 2006).El 76 % de la exportación de granos salen
por puertos de la Hidrovía. En el Paraná se concentra el 80 % de la exportación
agrícola local, el mayor trafico siderúrgico y reúne todo el movimiento de
cargas generales, fluviales y de contenedores, que tienen como puerto de origen
y destino Buenos Aires.
El Polo Rosario-San Lorenzo-San Martín, abarca 20 puertos privados. Es la
principal salida de exportación de granos en líneas marítimas tras-nacionales.
Actualmente esta colapsado por el trafico de camiones, (contaminación ambiental
se ve afectada).Está el cluster más grande del mundo de procesamiento de granos,
harina, aceites y biodiesel. Hasta ahora la capacidad operativa de los puertos
soportó el crecimiento. Son cuellos de botella ya que la logística Portuaria, se
trasluce en tiempo de carga, descarga y estadía, transporte y fletes y se mide
en los costos de exportación y en toda la cadena comercial. Debido a que las
proyecciones de producción alcanzarían los 122 millones de TN para el año 2015,
con un saldo exportable de alrededor de 95 millones de TN, el sistema portuario
deberá acompañar este crecimiento y mantener un incremento en la capacidad
operativa, con el fin de continuar favoreciendo el mayor flujo de la exportación
de estos productos. La no existencia de un sistema portuario eficiente, incidirá
directamente en los costos de exportación y en toda la cadena comercial. Porque
el precio de nuestra producción exportable esta fijado de acuerdo al mercado
internacional y sobre la condición C y F (Costo y Flete). Cualquier variación
negativa puede agravar a la estructura de costos, dentro de los cuales el
transporte (fletes) y la logística portuaria son los dos pilares más importantes
de esta estructura.
Un puerto eficiente permite lograr un buen valor de flete internacional, como
así también optimizar el tiempo de estadías de los buques. El mayor flujo
(salida de mercadería de las terminales a los buques) y la mayor velocidad en la
rotación de la mercadería abaratan los costos de almacenaje y de carga, haciendo
mas competitivos los productos en el comercio internacional. Para los armadores
lo más importante es optimizar el tiempo de sus buques tanto en la
carga-descarga como en el tiempo de espera por viajes ya que la mayor
rentabilidad de su unidad, radica en el superior volumen transportado y en el
menor tiempo total utilizado en la carga.
En el año 2001, la capacidad operativa de los puertos argentinos rondaba los 5,6
millones de TN de almacenaje en las terminales de elevadores de granos y con un
ritmo de carga a los buques de alrededor de 52 mil TN por hora, para un volumen
exportado cercano a los 51 millones de TN. En el año 2006 esa capacidad
operativa creció hasta superar los 8,1 millones de TN para el almacenaje y con
un ritmo de carga a los buques de 66 mil TN por hora.
La
molienda de soja en la Argentina cuesta la mitad que en EE.UU. y Brasil y el
área Rosario- Santa Fe se ha transformado en el mayor Cluster de procesamiento
de soja en el mundo.
Para mantener el volumen de actividad, la cosecha sojera Argentina debe de
complementarse con la de los otros países de la Región. La Hidrovia ofrece el
acceso más barato, y en el puerto de Rosario, dragado mediante, podrían cargar
buques gigantescos de más de 60.000 TN.
Constituye una región de gran valor estratégico, sus potencialidades económicas, variedad morfológica y climática, riqueza en materia de biodiversidad, calidad de los suelos, recursos hídricos, capacidad en materia de infraestructura portuaria, potencialidad productiva, disponibilidad energética, diversidad cultural y finalmente, su situación geopolítica de privilegio en el Cono Sur, la convierten en una Región muy apta para la planificación de estrategias alternativas de desarrollo sustentable. (…)
B.Agromeat:
"Febo
asoma& El martes próximo, en San Lorenzo (20 kilómetros al norte de Rosario) se
inaugura la primera planta de biodiésel de escala internacional. Producirá
230.000 ...
Fecha :
13.10.2007
Fuente :Clarín
Febo asoma& El
martes próximo, en San Lorenzo (20 kilómetros al norte de Rosario) se inaugura
la primera planta de biodiésel de escala internacional. Producirá 230.000 metros
cúbicos por año, y será una de las más grandes del mundo. La levantó Vicentín,
asociada a Oleaginosa Moreno Hnos SA, una empresa de la suiza Glencore. Es un
hito, cuyo significado es de una intensidad conmovedora.
Se trata, en primera instancia, de una nueva inversión (40
millones de dólares) de la agroindustria sojera. En los
últimos años se han volcado más de 1.000 millones de dólares en nueva capacidad
de "crushing" (procesamiento de oleaginosas para la extracción del aceite
y obtención de harinas proteicas).
En este caso, implica un salto de calidad, ya que significa el
ingreso en la era de la bioenergía, con la mirada puesta en el mercado
internacional. Pero lo más notable es que en los
próximos meses se inaugurarán en el mismo lugar histórico otras dos plantas de
similar escala: una de T6 ("joint venture" entre Bunge y Aceitera General
Deheza) y otra de Unitec Bio, del grupo Eurnekian. Con
estas tres se superarán los 600.000 metros cúbicos anuales, lo que hará de San
Lorenzo el mayor polo biodieselero del mundo. Y hay varias más en proceso
avanzado de construcción, como las de Molinos Río de la Plata, Dreyfus,
etcétera.
En ese mismo lugar se iniciaba, el 3 de febrero de 1813, el
camino de la Independencia. La memoria de aquella batalla quedó plasmada en las
emotivas estrofas de la Marcha de San Lorenzo.
Allí se aseguró "la libertad naciente de medio continente".
Ahora va a contribuir a la libertad energética global, mitigando la dependencia
del petróleo, y contribuyendo a la mejora del medio ambiente.
Sí, San Lorenzo tiene una nueva marcha. Allí se concentra casi
el 60% de la capacidad de molienda de oleaginosas, con 9 plantas que pueden
procesar 90.000 toneladas por día. Entran y salen 3.000 camiones por día durante
todo el año.
Pero lo más notable es que el cluster biodiésel le dará
continuidad al polo petroquímico que se levantó allí mismo con una refinería de
YPF y se consolidó en los años 60, con las inversiones de Duperial (ICI) y cinco
empresas estadounidenses, que constituyeron PASA.
Su núcleo es el
complejo productor de hidrocarburos aromáticos (BTX), etileno, estireno y caucho
estireno-butadieno (SBR) de PASA. Ya en los 90, Pérez Companc tomó su control y
el de la Refinería San Lorenzo (ex YPF) y más tarde fusionó ambas empresas bajo
la denominación Pecom Energía. Cuando la brasileña Petrobrás compra Pecom
Energía, pasa a llamarse Petrobrás Energía. Hoy produce BTX por "reforming" de
nafta virgen, y también produce etileno craqueando propano de Refinir (Salta)
que le llega por poliducto. En este polo ICI Argentina produce etileno por
cracking de nafta y PEBD, anhídrido ftálico y sulfuro de carbono.
Además, en
Puerto San Martín se encuentra una planta de metanol
(Resinfor Metanol) integrada con la producción de formaldehído o concentrado
urea-formol. El metanol es un insumo clave para la producción de biodiésel.
Cuando se levantó, nadie pensaba en esto, pero ahora está&.
Y está también Dow Química Argentina, que produce
polioxi-propilenglicol, emulsiones y varios insumos fundamentales para la
industria de agroquímicos. La semana pasada esta empresa anunció importantes
inversiones para expandir esta línea. Dow tiene tecnología también para producir
plásticos a partir de la harina de soja, que hoy se destina en un 95% al mercado
internacional.
Allí está también la nueva planta de fertilizantes fosfatados
de Mosaic, cuya ampliación se anunció la semana pasada.
Fuente: http://agromeat.com/index.php?idNews=57853
"La industria del biodiesel argentino tiene una historia breve pero digna de ser contada a través de sus números: las primeras exportaciones de este combustible renovable se registraron en 2007, cuando la capacidad instalada total del país era de 500.000 toneladas. Hoy, a sólo dos años, la capacidad instalada alcanza las 2 millones de toneladas y se exportan anualmente más de 750.000 toneladas a los mercados europeos y estadounidense con la posibilidad de abrir el juego en el mercado interno. (Ver: “Exportaciones Anuales de Biodiesel de Argentina. Año 2007 - 2009” y “Exportaciones Trimestrales de Biodiesel de Argentina. Año 2007 - 2009”). La realidad es que actualmente estamos transcurriendo un nuevo paradigma a nivel global en lo que respecta al uso de bicombustibles, siendo irreversible su incorporación en la matriz energética mundial. En este sentido, nuestro país emerge como un óptimo candidato para dar respuesta a la demanda de biodiesel de soja, proveniente principalmente de Europa. Argentina es considerada como uno de los países privilegiados para participar del mercado internacional de la bioenergía ya que posee grandes extensiones de tierras cultivables; diversidad geográfica y climática; proximidad de la materia prima con los puertos y además tiene uno de los sistemas de producción agropecuaria más eficientes del mundo. Estas características, sumadas a la tecnología de punta que utilizan las plantas de producción a escala industrial, hacen que el biodiesel argentino, a partir de aceite de soja, sea desde todo punto de vista uno de los biocombustibles más sustentables y ecológicos que existen. (…)
Argentina posee grandes extensiones de tierra productiva, además de diversidad geográfica y climática, lo que permite proyectar el desarrollo de cultivos no tradicionales que sirvan de insumos para la elaboración de fuentes energéticas renovables.
En relación con la materia prima, nuestro país es el tercer productor mundial de soja y el primer exportador mundial de aceite. En la Argentina, alrededor del 85% de la producción de aceite se destina a la exportación. La industria nacional de molienda de oleaginosas es reconocida por su altísima productividad y eficiencia, por encima de cualquier otra industria similar en el mundo. Gracias al desarrollo de la producción agropecuaria de la última década, la Argentina se encuentra muy bien posicionada para elaborar biodiesel. Según datos de la Secretaría de Agricultura de la Nación, la superficie cultivada de soja abarca el 53% del total sembrado con granos y se concentra en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Corrientes, donde se produce casi el 90% de la soja del país. (Ver: “Capacidad de crushing por provincia”). Cabe aclarar que en febrero de 2009 se reglamentó la Ley Nº 2.633 sobre los Bosques Nativos (aprobada en el año 2007), con el objetivo de regular la expansión de la frontera agrícola así como de cualquier modificación en el cambio de uso del suelo, lo que denota una fuerte iniciativa desde el Estado hacia la conservación de los recursos naturales(…)". Fuente: http://www.petrotecnia.com.ar/petro_08/Biocombustibles_SP.pdf agosto 2009
Contra este desarrollo a favor exclusivo de los oligopolios imperialistas y sus socios locales, cabe proyectar el post-capitalismo. En ese camino anda:
"La globalización neoliberal, las políticas de apertura comercial de nuestras economías y mercados, el continuo y creciente ajuste estructural, junto con el desembarco de las grandes corporaciones agroalimentarias, nos han impuesto sus leyes y sus reglas que pasan por expoliar la naturaleza, crear desequilibrios, generar enfermedades y hambre, a costa de multiplicar sus ganancias y de hegemonizar las cadenas globales de mercancías de forma integrada, es decir, controlar la producción de materias primas, su procesamiento, su comercialización y el consumo.
Tales son las razones por las cuales estamos ante una hecatombe medioambiental caracterizada por la acelerada deforestación, la erosión de tierras, el crecimiento exacerbado de las ciudades (por emigración rural, entre otras causas), la sobreexplotación de los recursos naturales y el aumento de la inequidad.
No es posible transformar la naturaleza en bienes y servicios eternamente, como lo requiere este modelo globalizado e insustentable. La apropiación de recursos naturales con el fin de convertirlos en mercancías, tiene como única finalidad incrementar la ganancia y el lucro, y comienza a ser cada vez más resistida por los pueblos.
La «soberanía alimentaria» no se refiere únicamente a la producción de alimentos para evitar el hambre de la población, sino que también implica asegurar que los alimentos sean óptimos para la salud biológica, mental y espiritual del ser humano. En este sentido, es preciso promover un cambio paradigmático en la forma en que se produce el alimento, cómo se distribuye e intercambia, la forma en la que se consume y la manera en la cual el consumidor se relaciona con el proceso de producción.
Si un país no puede decidir sobre la forma de producción de sus alimentos, entonces está muy lejos de tener soberanía alimentaria.
El avance de la "frontera agrícola" impulsado por los agrocombustibles es un atentado contra la soberanía alimentaria de los países del Sur, ya que la tierra para la producción agrícola se está utilizando en forma creciente para alimentar autos. La cantidad de cereales que se necesita para llenar un tanque de casi 100 litros con etanol una sola vez, alcanza para alimentar a una persona durante todo un año. La producción de agrocombustibles incide en forma directa sobre los consumidores, al aumentar el costo de los alimentos.
De todas las actividades humanas, la agropecuaria es la que se aplica a una mayor superficie, lo que nos involucra en un conflicto creciente entre las formas y estilos de hacer agricultura, la satisfacción de las necesidades básicas y la sustentabilidad del ambiente natural.
El control sobre nuestras semillas por parte de las grandes transnacionales como Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Dow, Basf, es el primer paso hacia la pérdida de la soberanía alimentaria, debido al cambio de su lógica de producción.
"El capitalismo aprovecha los desastres que provoca para generar nuevos negocios y como éstos generan nuevos desastres, entonces habrá nuevos negocios" (Ribeiro, 2007).
La agropecuaria se encuentra en una estrecha interdependencia con la naturaleza. El sector agropecuario continúa siendo el principal motor exportador del país. Más del 85 por ciento de las exportaciones tiene ese origen: carne, lana, lácteos, cereales, oleaginosos, cítricos, miel, vinos, arroz y madera. Si bien todos aceptan esta importancia económica, todavía son pocos los que se percatan de que este sector está inserto en un sistema ecológico. Nuestras riquezas como país agropecuario y turístico se sustentan en la naturaleza. Este marco determina limitaciones a la producción y al turismo.
En nuestro país existen datos de que si bien aumentó la productividad, ésta produjo una fuerte degradación de los suelos, problemas con el agua (por contaminación orgánica, por nitratos, como por disponibilidad) y aplicación indiscriminada y en aumento de agrotóxicos. Los pretendidos aumentos de productividad de los modernos paquetes tecnológicos se logran a partir de enormes aportes adicionales de energía y materia. De esta manera cada kilogramo extra que se obtiene desde la tierra requiere proporcionalmente más y más aportes, de donde la eficiencia de todo el proceso, en vez de crecer, se reduce. Si bien los rendimientos por hectárea aumentan, ello requiere insumos cada vez más caros, intensivos, sofisticados y muchas veces contaminantes. Buena parte de estos impactos ambientales pasan desapercibidos por su carácter difuso, tal como sucede con la erosión o la alteración de los ciclos hidrológicos, lo que hace que sea difícil ponerlos en evidencia.
Sin embargo, un correcto balance de la productividad agropecuaria debería incluir esos costos ambientales, ya que posiblemente muchas actividades que hoy se definen como rentables en realidad estarían generando déficits económicos que son trasladados al Estado o el resto de la sociedad. Asimismo, se está agudizando la concentración de la tenencia de la tierra, la extranjerización de la misma, la compra de agroindustrias nacionales por parte de capitales extranjeros y la disputa de los recursos naturales de nuestro país por las grandes potencias mundiales y sus megaempresas. En menos de seis años el 24 por ciento de la tierra del país cambió de manos, principalmente en beneficio de extranjeros. Desde 2000 hasta el primer semestre de 2006 se vendieron en Uruguay 3,9 millones de hectáreas que representaron casi el 24 por ciento de la superficie del país.
Al igual que en el caso de los monocultivos de eucaliptos, pinos, caña de azúcar, soja y otros, el problema no es el árbol o la leguminosa o la gramínea, sino el modelo tecnológico productivo en el que se lo implanta. Todos estos cultivos y plantaciones tienen en común los problemas que causan: lesionan los derechos territoriales de los agricultores, erosionan el suelo, alteran el ciclo del agua, contaminan con agrotóxicos, eliminan otros ecosistemas y reducen la biodiversidad.
La sustentabilidad y la agricultura saludable exceden la mera conservación de los recursos naturales y del medio ambiente para convertirse en la expresión de un desarrollo económico y social equitativo. El pasaje de una agricultura convencional a una sustentable es un proceso lento, complejo, que difícilmente se da en forma natural. Significa disponer de un conjunto de instrumentos económicos, sociales y políticos, así como tecnológicos, que orienten a productores y consumidores hacia una agricultura saludable.
En muchos países de Europa los agricultores son subsidiados por entender que la agricultura no es sólo producir un commodity (materia prima), sino que implica una serie de valores, una cultura, que debe ser resguardada, preservada y reconocida.
Mientras tanto, en nuestro caso se atenta directamente contra un desarrollo rural integrado. Es indudable que favorecer un sistema productivo diversificado, que conserve el paisaje rural y productivo, permitiría mantener la calidad ambiental, preservar la biodiversidad, proteger el recurso suelo, administrar sosteniblemente las cuencas hidrográficas y sostener a la familia en el campo.
Nuestro país deberá aplicar ingentes y continuados fondos en sus sistemas de educación formal e informal "desde la base", educar para la vida, formar seres humanos con capacidad para asumir críticamente la cultura dominante y transformarla. Deberá apoyar medidas y legislar para regularizar el uso, tenencia y extranjerización de la tierra, promover un ordenamiento ambiental y territorial participativo y sustentable, garantizar apoyos permanentes a la agricultura diversificada, la producción agroecológica, la agricultura familiar y la juventud rural, promoviendo la utilización de tecnologías apropiadas.
La agricultura convencional tiene impactos en el suelo (cambios en la microflora, microfauna, erosión), en la biodiversidad (simplificación de los sistemas, corrimiento de la frontera agrícola-ganadera), en la desaparición de especies nativas, en la salud de los consumidores y de los trabajadores rurales (residuos de agrotóxicos), contaminación de cursos de agua, contaminación genética (transgénicos), contaminación de aire. Todos estos impactos negativos no son calculados para fijar el precio final de los productos (trigo, leche, carne, frutas, verduras), pero deberían ser incorporados al precio final y considerarlos como lo que son: costos.
Así se verá claramente que la agricultura convencional no sólo es social y ambientalmente perjudicial, sino que ni siquiera es económicamente viable.
La oposición a la generalización de la producción agroecológica no tiene base en conceptos técnicos o económicos, sino ideológicos y políticos.
Para realmente tener un verdadero ordenamiento territorial sustentable, se requiere un trabajo conjunto, con todos los actores de una región, para garantizar un camino que nos conduzca a lograr: la soberanía alimentaria a través de sistemas de producción local con base agroecológica, la diversidad y no los monocultivos, la descentralización y no la concentración, permitiendo el acceso al agua, a las semillas, a la tierra y al uso de energías renovables diversas.
Como señaló el teólogo brasileño Leonardo Boff: "No basta solamente con adaptarse a la nueva realidad, ni es suficiente aminorar los efectos dañinos del calentamiento global, sino que hay que ir a algo más profundo: hay que refundar el sentir de la vida, hay que recrear una nueva espiritualidad, es decir, un nuevo sentido más amplio de nuestro pasar por este mundo, de nuestra coexistencia como seres humanos, para hacer que la Tierra, la humanidad, puedan y sigan teniendo futuro" ".
Colaboración de Fernando Queirós Armand Ugón para RAPAL Uruguay (*)
*Ingeniero agrónomo, docente y productor agroecológico
Febrero 2010
Boletín Permahabitante N° 25 / 11 de Agosto de 2010
En consecuencia, constituiremos territorios emancipadores si comenzamos por multiplicar la deliberación pública sobre la estructura socioeconómica que se implantó con Estado terrorista para el incesante crecimiento de la transnacionalización económico-territorial y de la desigualdad e injusticia social. Sobre qué podemos discutir nos habla Fernando Queirós Armand Ugón. Nos sitúa en que “grandes corporaciones agroalimentarias, imponen sus leyes y sus reglas que pasan por expoliar la naturaleza, crear desequilibrios, generar enfermedades y hambre, a costa de multiplicar sus ganancias y de hegemonizar las cadenas globales de mercancías de forma integrada, es decir, controlar la producción de materias primas, su procesamiento, su comercialización y el consumo".
Señala: “Tales son las razones por las cuales estamos ante una hecatombe medioambiental caracterizada por la acelerada deforestación, la erosión de tierras, el crecimiento exacerbado de las ciudades (por emigración rural,etc.), la sobreexplotación de los recursos naturales y el aumento de la inequidad. No es posible transformar la naturaleza en bienes y servicios eternamente, como lo requiere este modelo globalizado e insustentable. La apropiación de recursos naturales con el fin de convertirlos en mercancías, tiene como única finalidad incrementar la ganancia y el lucro, y comienza a ser cada vez más resistida por los pueblos”.
Plantea: “La agricultura no es sólo producir un commodity (materia prima), sino que implica una serie de valores, una cultura, que debe ser resguardada, preservada y reconocida”. Por eso, convoca a hacer posible:
La Soberanía para la supervivencia
La «soberanía alimentaria» no se refiere únicamente a la producción de alimentos para evitar el hambre de la población, sino que también implica asegurar que los alimentos sean óptimos para la salud biológica, mental y espiritual del ser humano. En este sentido, es preciso promover un cambio paradigmático en la forma en que se produce el alimento, cómo se distribuye e intercambia, la forma en la que se consume y la manera en la cual el consumidor se relaciona con el proceso de producción".
Destaca que: “El avance de la frontera agrícola impulsado por los agrocombustibles es un atentado contra la soberanía alimentaria de los países del Sur, ya que la tierra para la producción agrícola se está utilizando en forma creciente para alimentar autos. La cantidad de cereales que se necesita para llenar un tanque de casi 100 litros con etanol una sola vez, alcanza para alimentar a una persona durante todo un año. La producción de agrocombustibles incide en forma directa sobre los consumidores, al aumentar el costo de los alimentos. Mientras tanto, en nuestro caso se atenta directamente contra un desarrollo rural integrado. Es indudable que favorecer un sistema productivo diversificado, que conserve el paisaje rural y productivo, permitiría mantener la calidad ambiental, preservar la biodiversidad, proteger el recurso suelo, administrar sosteniblemente las cuencas hidrográficas y sostener a la familia en el campo".
La industria de la agroenergía constituye una herramienta-proceso del capitalismo central para insertarse en las economías de los países del Tercer Mundo y para ello, la Cumbre de Países G8 realizada en Alemania-Heiligendamm ha determinado establecer alianzas estratégicas con las economías emergentes, reforzar su compromiso de promover y fortalecer el libre comercio para garantizar la libre inversión y ofrecer colaboración y transferencia de tecnología, a modo de reducir los puntos de resistencia en el mundo.
Los agrocombustibles encajan perfectamente con ese objetivo de acumulación de poder y riquezas. Suponen alianzas estratégicas entre los inversores, los Estados y actores sociales para la transferencia de tecnologías importadas, los timones de esta agroindustria. Alianza de las empresas petroleras que quieren reducir su dependencia de hidrocarburos, de la industria automovilística que quiere continuar sus ganancias de acuerdo al modelo de transporte individual, y las industrias agrícolas que quieren seguir adelante monopolizando el mercado agrícola mundial. "Se alían para formar oligopolios que dejan sin oportunidades a los pequeños productores y pequeños empresarios. Ni mencionar el rol de los países desarrollados, como EE.UU. y la Unión Europea (U.E.), en su deseo de mantener su hegemonía sobre la economía global. Ahora que existen países latinoamericanos grandes productores de petróleo que se han atrevido a contrariarlos, se esfuerzan por otorgar ímpetu al tema de los biocombustibles".
Maya Rivera M. y Sergio Arispe B. prosiguen aquí: "En cuanto al aspecto tecnológico es imprescindible tomar en cuenta que abre las puertas a los transgénicos, productos petroquímicos y otras variables que establecen la obligación de la entrada de megaempresas especializadas en estos rubros, afianzando la imposición del modelo agroindustrial sobre la agricultura tradicional específicamente y sobre modelos de soberanía nacional en general que están emergiendo en algunos países como Bolivia por ejemplo. (...)
Los agrocombustibles son una vía más para profundizar el antagonismo entre el ser humano y la Tierra y entre los mismos seres humanos. Es una herramienta más de un sistema que busca la imposición de jerarquías a través de la colonización de los remanentes de una identidad que se siente la realidad misma, sin ninguna separación entre todos los seres que la ‘habitan’. Son un medio más para desposeer a la tierra de su esencia. Son parte de una ideología que defienden los más acaudalados en el mundo y que permite hacer más ricos a los menos y más pobres a los más".
Está en nosotros, los de abajo, poder emanciparnos porque el bipartidismo reforzado con la reforma política de 2009 ha hecho posible que nuestro Estado sea cada vez menos “nacional” y “democrático” . No lo es porque las sucesivas cúpulas de esos partidos de estado han preferido la participación en los negociados que realizan las corporaciones a costa de agotar nuestros bienes comunes y marginar las potencialidades de millones de nosotros. Tampoco lo es porque los gobiernos de turno se dedican a garantizar la seguridad jurídica o clima de negocios para los saqueadores oficializados como inversores. De ahí que, ante el fracaso de cooptarnos, agravan la criminalización de nuestra defensa de la vida y la dignidad de los pueblos. Pero nuestra fortaleza reside en expandir la toma de conciencia de la necesidad de involucrarnos en decidir sobre el destino común.