Enfoque  ((VOLVER))

De razones para ver central la lucha contra la territorialidad de la dominación capitalista e imperialista

Se explica en las luchas de los pueblos por:

En la Declaración de la Asamblea Movimientos Sociales IV Foro Social Américas (Asunción, 15 de agosto de 2010):

¡Nuestra América está en camino!¡Ñane Amérika TeeOñemongu' Ehína!

Los movimientos sociales presentes en el IV Foro Social Américas, en Asunción del Paraguay, reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso con el pueblo paraguayo, ante la urgente necesidad de avanzar en su proceso de cambios profundos, hacia la recuperación de la soberanía sobre su territorio, bienes comunes, recursos energéticos, en la concreción de la reforma agraria y de la democratización de la riqueza.

Estamos en un continente donde, en las últimas décadas, se ha dado el reencuentro entre los movimientos sociales y los movimientos indígenas, que desde sus conocimientos ancestrales y memoria histórica cuestionan radicalmente el sistema capitalista. En los últimos años, luchas sociales renovadas condujeron a la salida de gobiernos neoliberales y al surgimiento de gobiernos que han llevado a cabo reformas positivas como la nacionalización de sectores vitales de la economía y redefiniciones constitucionales transformadoras.

Pero (...) desde el anterior Foro Social Américas, realizado en Guatemala en 2008, presenciamos el golpe de estado en Honduras, el incremento de la presencia militar estadounidense a lo largo y ancho de nuestra América. Proliferan acuerdos de instalación de bases militares, operan la IV Flota en nuestros mares. Esto constituye un esfuerzo sistemático de desestabilización de la democracia en el continente, cada vez más se reprime y criminaliza a los movimientos sociales.

Denunciamos la ilegitimidad del presidente de facto de Honduras, Porfirio Lobo, al mismo tiempo que reconocemos la resistencia de su pueblo y apoyamos su lucha por una refundación constitucional que establezca una verdadera democracia.

Nos solidarizamos con la lucha del pueblo de Haití, que no necesita una intervención militar y una ocupación económica para su reconstrucción. Por el contrario, exigimos que la soberanía del país sea respectada y que los demás países realicen una cooperación solidaria, en los ámbitos de la salud, educación, agricultura y aquellos que requiera. Exigimos la anulación incondicional de la deuda y rechazamos el nuevo proceso de endeudamiento ilegítimo.

Complementando esta ofensiva, continúa la ola de tratados de libre comercio en todas sus variantes. Es esta la característica central de la estrategia de la Unión Europea, la otra potencia neocolonial que opera en América Latina y Caribe. Los brazos ejecutores que son las Instituciones Financieras Internacionales -Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales de "desarrollo" y los grupos bancarios privados - están creando nuevos y enormes endeudamientos con impactos directos para los pueblos y la naturaleza.

Todas estas amenazas se vinculan con un mismo modelo de desarrollo primario exportador, excluyente y depredador que se profundiza sobre muchos territorios, expulsa poblaciones, provocando desarraigo y migraciones. La crisis sistémica actual muestra el agotamiento del modelo capitalista - y más específicamente de sus centros de poder: los bancos, las transnacionales y los gobiernos del G8. Hoy más que nunca están visibles sus intentos de arrastrar al mundo entero a un límite, llegando incluso a tener la amenaza de una guerra nuclear por parte de los Estados Unidos.

La defensa de los bienes naturales frente al capitalismo devorador se ha vuelto parte central  de la agenda de lucha de cada vez más organizaciones populares y movimientos sociales. Se refuerza un frente común contra la destrucción de la naturaleza y contra las falsas soluciones del "ambientalismo de mercado" y del "capitalismo verde", como los mercados de carbono, los agrocombustibles, los transgénicos y la geoingenería, que se impulsan desde los centros del poder ante la amenaza del cambio climático. Denunciamos que los gobiernos de los países del Norte geopolítico, antes que pensar en enfrentarlos graves efectos del cambio climático, están buscando evadir su responsabilidad y desarrollar nuevos mecanismos de mercado de carbono para hacer más ganancias, como el de "Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación" (REDD), que promueve la mercantilización y privatización de los bosques y la perdida de soberanía sobre los territorios. Rechazamos tales mecanismos.

Exigimos que estos países reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero y que se constituya un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Reafirmamos las propuestas del Acuerdo de Cochabamba, producto de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra, las cuales reconocen que las soluciones reales frente al calentamiento global son la justicia climática, la soberanía alimentaria, la recuperación de territorios y la reforma agraria, la agricultura campesina y la integración y solidaridad entre los pueblos.

Los movimientos sociales estamos ante una ocasión histórica para desarrollar iniciativas de emancipación a escala internacional. Sólo las luchas de nuestros pueblos van a permitirnos avanzar hacia el ybymarane'y (tierra sin mal) y hacer realidad el tekoporâ (buen vivir). Nos comprometemos a reforzar la lucha por la soberanía de nuestros pueblos, la soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos y su vida y por el reconocimiento de la diversidad sexual. Construimos alternativas que parten de los acumulados en las resistencias desde la interrelación de diversas perspectivas anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales y anti-racistas, al mismo tiempo que avanzamos en la búsqueda de otro paradigma centrado en la igualdad, el buen vivir, la soberanía y la integración fundamentada en el principio de la solidaridad entre los pueblos.
Asunción, Paraguay, 15 de agosto de 2010

Fuente: http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php /a/2010/08/16/p5848

Territorios en disputa

Por Norma Giarracca

"1. Introducción Los estudios sobre “hegemonía y emancipaciones” que dirige la economista mexicana Ana Esther Ceceña (2004) acumulan una serie de información que demuestran cómo el espectacular cambio en el nivel tecnológico de las últimas décadas repercutió tanto en las relaciones laborales cuanto en las entabladas con los recursos naturales como el agua, la tierra, la diversidad biogenética, etc. En los últimos veinte años vimos aparecer nuevos modos de apropiación de la naturaleza dentro de nuevos campos de valorización del capital; es un aspecto del proceso de globalización neoliberal que muchas veces queda rezagado por otros más contextuales como por ejemplo, el financiero o el peso perdido por las economías nacionales. Se acentúa el derrumbe de las economías nacionales y el despliegue, con límites aún desconocidos, de un proceso mundial comandado por empresas transnacionales y encuadrado en una nueva legalidad internacional, donde los organismos de crédito -Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial- y de coordinación -Organización Mundial del Comercio- juegan papeles fundamentales. 

El capital y el trabajo se mueven al compás de una lógica impuesta por las grandes transnacionales; el mundo en su totalidad se convierte en un territorio en disputa. Se trata, entonces, desde el punto de vista del capital, de un “mundo total”, único e indivisible con nuevos espacios, territorios antes “marginales” cuyos recursos naturales, hoy valorizados, se ponen a disposición del capital internacional. En otras palabras, de los viejos territorios primordiales del capitalismo privado -fábricas, espacios agrarios, espacios financieros dentro de las “naciones”, se pasa a una nueva configuración territorial mundial. Se trata de una territorialidad como proceso, espacios hoy en construcción y en disputa, geografías desgarradas y reconfiguradas. 

Debemos recordar que el Estado-Nación pasó de su condición de regulador del capital privado a partícipe directo, generando nuevas normas jurídicas, aceptando las creadas en los espacios transnacionales, como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, así como entregando recursos estatales y judicializando -o directamente reprimiendo- las resistencias y los conflictos. América latina fue uno de los espacios elegidos en esta expansión por representar un reservorio de primera línea de recursos estratégicos, como agua, energía de origen fósil (petróleo), recursos mineros y biodiversidad en general. No todos los Estados nacionales se comportaron del mismo modo y tal vez el caso más dramático es el argentino. Fue pionero en los procesos de privatizaciones de empresas estatales, cuarto productor de petróleo de la región -que desafía cualquier cálculo de posibilidad económica autónoma y traspasa su explotación a las entidades privadas- y conocido internacionalmente por las anomalías en la entrega del servicio de agua a las grandes empresas. 

2. Recursos naturales y conflictos en los noventa Durante la década de 1990, los conflictos por los recursos naturales se mezclaron con otros tantos por demanda de trabajo, derechos perdidos, retroceso en materia de derechos humanos, etc. El fuerte significado que estas confrontaciones por los recursos logran en la actualidad estaba diluido diez años atrás por dos razones: primero, por la construcción hegemónica exitosa bajo la idea de “la única salida” en la primera parte de la década (la “opinión pública” brindó consenso a las privatizaciones del agua, de YPF, etc.), y segundo porque, cuando ese apoyo comenzó a resquebrajarse, la falta de trabajo, la pobreza y la indigencia ocuparon un lugar central en la preocupación de los sectores disidentes. Pero la cuestión de los recursos naturales ya había comenzado en los primeros años de los noventa. La tierra fue el centro de muchas disputas en el interior del país. En el siglo que finalizaba, se había logrado una coexistencia negociada entre pequeñas y grandes explotaciones agrarias mediante una serie de arreglos institucionales, que luego el gobierno de Menem desbarató de un plumazo con el decreto de “necesidad y urgencia”- el 2284- de fines de 1991, que procedía a desregular la economía (Giarracca y col., 2001; Giarracca y Teubal, 2005). Se iniciaba, entonces, un proceso de lucha de los productores agrarios de capacidad media, para salvaguardar las tierras que hasta ese momento habían mantenido con producciones orientadas a los mercados, a la vez que se desataban otras situaciones similares en poblaciones asentadas sobre tierras que el capitalismo había considerado “marginales” durante mucho tiempo. 

La disputa ocasionó el acorralamiento de viejas poblaciones que poseían las tierras para la producción, el trabajo y la subsistencia. En efecto, cuando se necesitó expandir la frontera agraria -el territorio agrario abarca actualmente 174.898.564 hectáreas, las tres cuartas partes del territorio continental-, se avanzó sobre tierras ya ocupadas o sobre montes, yungas, etc., produciendo serias modificaciones sobre el medio ambiente. 

Esto fue consecuencia de la fuerte expansión de la producción sojera cuyos precios internacionales la convirtieron en el nuevo “oro verde” de inversores sedientos de ganancias y rentas (superganancias). Mientras que en el año 1914 los bosques nativos ocupaban el 39% de la superficie del país, hoy sólo representan el 14% del territorio nacional. Como lo han venido denunciado las organizaciones ecologistas como Greenpeace, a partir de 1999, el desmonte, la tala indiscriminada, sumó más de ochocientas mil hectáreas, básicamente a la producción sojera. Simultáneamente, el ecosistema de la región se deterioró debido al alto valor que poseen los bosques en materia de captación y regulación climática. Otro tanto ocurre con las explotaciones familiares, consideradas excluidas del nuevo sistema agrario. En esa franja de los medianos, estaban las explotaciones de las Mujeres Agropecuarias en Lucha, que dieron sus batallas para no perder las tierras que provenían de sus padres inmigrantes. En los estratos más bajos se registraban los campesinos con propiedad veinteañal (derecho de propiedad por ocupación por veinte años) y las tierras comunales de poblaciones aborígenes, que son arrasadas por los inversores. Nuestro banco de datos de los últimos años muestra que el desalojo violento y arrinconamiento fue (y es) una práctica corriente (GER, 2004). 

En la década pasada, los conflictos protagonizados por poblaciones urbanas vieron la luz pública. En el centro de la escena, siempre se ubicaban las grandes empresas, los recursos y las poblaciones afectadas. Sin embargo, el Estado, por presencia (privatizando, generando leyes, etc.) u omisión (no regulando al gran capital), también fue un importante actor. En la provincia de Tucumán, entre 1993 y 1998, ocurrió un interesante proceso cuando las poblaciones de siete ciudades del sur cañero se organizaron contra la privatización del servicio de agua, altamente sospechada de vicios y corrupción. La confrontación con la transnacional francesa Compagnie Générale des Eaux, cuyo nombre local fue Aguas del Aconquija, terminó con el retiro de la empresa, en 1997, y por supuesto, con uno de los tantos diferendos que el país tiene actualmente en el CIADI. El éxito de esta lucha -llevada a cabo unos años antes de la Guerra del Agua de Cochabamba, Bolivia- se debió a la decisión de la población de iniciar una acción de desobediencia civil, de no reconocer la conversión y de no pagar por el servicio de la compañía (véase Giarracca y Del Pozo, 2005; Giarracca y Teubal, 2005). 

La privatización de los sectores petrolero y del gas dio lugar desde 1997 a las memorables puebladas de Cutral-Co-Plaza Huincul, en Neuquén, y de Tartagal-Mosconi, en Salta. Esta operación había estado precedida por la conversión en concesiones de todos los contratos de producción que unían YPF con firmas privadas, la licitación de sus áreas y la venta de activos que tenía en su cadena de producción. A partir de 1991, las empresas que descubrían crudo dejaron de compartirlo con YPF y el titular o concesionario pasó a disponer libremente de él, retribuyendo al país sólo con el pago de regalías petroleras a la provincia correspondiente y con impuestos a las ganancias, como cualquier actividad comercial. De este modo, la Argentina, cuarto productor de petróleo de Latinoamérica después de Venezuela, México y el Brasil, con una reserva probada de 3.200 millones de barriles de petróleo (CEPAL, 2005), dejaba la riqueza más codiciada en el mundo en manos del capital extranjero privado, principalmente la empresa española Repsol, que se convertía así en una de las grandes petroleras mundiales. En Mosconi, departamento de General San Martín (Salta), los pobladores cuentan que, desde el inicio mismo de la privatización, un grupo produjo los primeros cortes de rutas. Pero eran pocos, y las indemnizaciones y el consenso que la medida había generado en el país disuadían la protesta. Con los años, a la reacción de los primeros momentos se sumó la respuesta por la crisis del desempleo ya que, a la disminución de las actividades de YPF durante el proceso privatizador, se añadió la reducción de actividades y puestos de trabajo indirectos. Durante el proceso de privatización YPF disminuyó un 90% su planta de Mosconi dejando sin trabajo entre 2.400 y 3.500 personas. Asimismo, se estima que cada empleo en la petrolera generaba entre 13 y 15 puestos de trabajo en forma indirecta (Aguilar y Vázquez, 1998; Lapegna, 2001). Las ciudades se pararon y las puebladas y los cortes de ruta se multiplicaron. Los pobladores comprendieron el significado que este cambio tenía para sus pueblos, sus regiones y sus vidas. Y ocho años después, si bien continúan confrontando con las empresas por su procedimiento extractivo, el descuido del medio ambiente, la falta de trabajo “genuino” (nuevos puestos de empleo), han logrado darle un nuevo significado a sus territorios. Esta continuidad de la vida, estos actos de autoorganización constituyen ejemplos de lo que las poblaciones son capaces de hacer, de cómo se puede superar la exclusión y crear nuevos vínculos, nuevas tramas sociales, que son otra forma de confrontar con el gran capital (Giarracca y Wahren, 2005). 

3. Lo que el siglo XXI viene a sumar En nuestro país, a medida que el siglo XXI transcurre, crece una nueva esperanza en la mayor parte de la población acerca de una configuración económica y política distinta de la de los noventa. Sin embargo, en materia de economía de los recursos naturales, muy poco ha cambiado. Predomina una idea “productivista” exacerbada y en el mismo registro del concentrado capital transnacional para el cual lo importante es producir y no interesa qué ocurra con los bienes naturales, la naturaleza, el medio ambiente ni con las poblaciones afectadas. Pero a las autoridades no les resulta fácil generar consensos y los ciudadanos disputan con empresas y Estado el derecho a sus territorios, a la biodiversidad y a otra forma de vida. En este último tiempo, registramos varios conflictos por los recursos que concentran la escena nacional: la lucha de las poblaciones para impedir la gran explotación minera; las reivindicaciones de todo tipo que están llevando a cabo las comunidades aborígenes y la novedosa protesta por preservar el río Uruguay en la protesta binacional. Al final de este artículo presentamos un cuadro con los principales conflictos ocurridos durante este año. 

Cuando No es No, el rechazo a la minería Las organizaciones no gubernamentales así como las de “autoconvocados” contra la actividad minera, contabilizan alrededor de 23 emprendimientos mineros en el país y una actividad de “cateo” (exploración) que promete ampliar la cifra. Todo comenzó en 1993 con la ley de inversión en la actividad minera, la 24.196, que estableció condiciones de inversión, exención de gravámenes, derechos de importación, etc. muy favorables al capital (hay una modificación en 2001 que acentúa estos beneficios). Esta facilidad, nos dice un informe de CEPAL, llevó a que de 7 empresas mineras que se registraban en el país a comienzos de los noventa, se llegue en nuestros días al número de 55 firmas extranjeras y algunas pocas empresas nacionales. (...)

Los indígenas y sus derechos territoriales No existen aún datos oficiales acerca de la cantidad de indígenas en la Argentina. Las ONG´s han estimado que la cifra total puede estar entre uno y dos millones. Asimismo existirían 800 comunidades en todo el país con una gran concentración en el norte. Los pueblos aborígenes demandan el «territorio» , es decir, se pone en juego una visión mucho más amplia, que incluye el suelo y el subsuelo, la tierra y las riquezas naturales que la rodean o que están en sus entrañas. Aparece aquí una disputa de sentidos ya que, para la corriente “productivista” que hegemoniza la política económica, la tierra, los bienes naturales, etc., son sólo “recursos” explotables, puras mercancías (sin ser producto del trabajo humano), mientras que para muchas cosmovisiones aborígenes son parte de un “nosotros” en el que hombre y naturaleza están igualmente incluidos. Esta concepción ha sido tomada por algunas corrientes de pensamiento ecologista y en nuestros días es compartida por muchas poblaciones del mundo y de nuestro país. En la Argentina, mapuches, kollas, wichis, guaraníes y otros pueblos indígenas reclaman que se hagan efectivos la ley de reparación de sus tierras y los tratados internacionales (ver recuadro). Si estas demandas son de tan difícil cumplimiento, es justamente por esta gran disputa con las empresas por esos territorios y sus riquezas. Estos procesos están aún hoy en marcha y aparecen como “imparables” por una legalidad jurídica con gran deslegitimación social. Mientras dura el proceso legal para registrar las tierras como parte de las comunidades, las provincias consideran que se trata de tierras fiscales y otorgan permisos de explotación a las empresas y hasta las han vendido a inversores. En el mes de junio de este año, la comunidad guaraní del departamento de General San Martín (Salta) consignaba: “Las tierras no son fiscales ni privadas; son nuestras”, frente al nuevo avasallamiento de una gran petrolera para implementar el tendido del gasoducto Pocitos. Este episodio se suma a centenares de otros que han llevado a las comunidades a tener que abandonar tierras, cementerios, territorios sagrados dentro de sus culturas, en escenarios de confrontación no exentos de gran violencia por parte de los hombres de negocios o de las policías provinciales. Los numerosos documentos de las comunidades y de las organizaciones de derechos humanos demuestran cómo se expulsan a las comunidades indígenas violando todos sus derechos como ciudadanos y pueblos originario. La resistencia de estas poblaciones tiene el sentido que les otorga la batalla por la conservación de la vida, tal cual ellos la han entendido desde siempre. Pero ahora, sus territorios y la propia riqueza natural resignificada en “recursos explotables” se han valorizado y convertido en medios tanto para el capital transnacional como para la construcción de poder hegemónico dentro de la geopolítica global. Pero estas comunidades, de a poco, se van integrando en el movimiento global de los pueblos indígenas que reafirman sus derechos en los foros internacionales contra la globalización económica sin límites, contra la OMC y por sus derechos de reapropiación de sus patrimonios naturales y culturales, apelando a un orden jurídico internacional a su favor, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (...)". Fuente: revista Realidad Económica N º 217/ enero-febrero 2006  http://www.iade.org.ar/uploads /c9fe1572-37d3-0511.pdf

Luchas Socio-Ambientales en México

Prefiguración de subjetividades y horizontes de sentido anticapitalistas

 Por Mina L. Navarro y César Enrique Pineda (Rebelión)

“Ante la emergencia de numerosos conflictos ambientales y la crisis ecológica que el mundo vivo humano y no humano enfrenta en la actualidad, nos interesa proponer algunas claves para comprender los modos en los que las luchas socio- ambientales en México están enfrentando los efectos de la acumulación por desposesión y prefigurando modos de relación y lenguajes de valoración anticapitalistas. También es de resaltar el crecimiento de numerosas luchas socioambientales y su significado como obstáculo a la reproducción del capital.

Desde todos los rincones del planeta se multiplican las formas de resistencia a la extracción, utilización y explotación de bienes naturales o bien a sus efectos depredadores, contaminantes y de desecho. Es probable que no exageremos cuando consideremos que estos movimientos pueden ser tan importantes como lo fue el movimiento obrero en el siglo XIX, y para muestra un par de botones.

En Nigeria el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger en confrontación con las petroleras extractoras han logrado a pesar de una feroz represión , que la producción diaria baje de 2 millones y medio de barriles a menos de millón y medio ¹ . En México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra detuvo un proyecto aeroportuario que le despojaría de sus tierras colectivas y hasta el momento de escribir estas líneas el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota había obstruido un megaproyecto hidroeléctrico que los apartaría del río Papagayo y de sus tierras. Cada proyecto de inversión rebasaría los 1000 millones de dólares. ² Estos ejemplos resaltan sólo un poco de la importancia de estos movimientos, la necesidad de su comprensión, análisis y visibilidad como actores decisivos dentro de la crisis sistémica y sus posibles alternativas.

La acumulación por desposesión: un proceso histórico e inherente del capitalismo

Desde sus inicios en el siglo XVI, el modo de dominación capitalista se ha reproducido a través de un proceso constante de acumulación. Este proceso inició con la acumulación originaria o primitiva, llamada así por Marx, por configurar la prehistoria del capitalismo y su modo de producción, impulsando la escisión entre productores y medios de producción. Lo anterior implicó la separación súbita y violenta de grandes masas humanas de sus medios de subsistencia de producción arrojándolas, en calidad de proletarios totalmente libres, al mercado de trabajo (Marx 1867: 893).

En palabras de Karl Polanyi, este proceso de “gran transformación” implicó que “la tierra y el trabajo quedaran súbitamente separados, mientras que tradicionalmente el trabajo formaba parte de la vida, la tierra formaba parte de la naturaleza, vida y naturaleza formaban un todo articulado”. Separar a la tierra de los hombres y organizar a la sociedad para satisfacer las necesidades de un mercado de tierras fue parte vital del concepto utópico de la economía de mercado ( Polanyi s/d: 178). ³

Uno de los efectos más importantes de esta separación fue que la naturaleza vinculada por todas partes con la vida de la sociedad, fuera transformada apenas en tierra, con lo cual se desarticularon equilibrios sociales constituidos antiguamente, que otorgaban sentido a la vida y que eran el fundamento de los imaginarios sociales (Alimonda 2009:15).

Es así como la dominación capitalista a lo largo de la historia ha venido operando sobre ciertos fundamentos en los que la naturaleza se convirtió en objeto de dominio de las ciencias y en materia prima del proceso productivo, desconociéndose así, el orden complejo y la organización ecosistémica de la naturaleza. En este proceso la naturaleza se fue desnaturalizando, para hacer de ella un recurso, una mercancía para insertarla en el flujo unidimensional del valor y la productividad económica para beneficio del hombre (Leff 2006: 25). La separación sujeto- objeto tuvo como consecuencia que el paradigma antropocéntrico se instalara como uno de los fundamentos del desarrollo y el progreso de la humanidad.

En el marco de esta racionalidad contra natura, la última fase de acumulación capitalista desplegada a partir de la crisis de sobreacumulación de los setenta, ha estado conformada de manera predominante por encima de la reproducción ampliada, por una estrategia basada en la destrucción, robo, violencia, saqueo y despojo de los bienes colectivos y recursos naturales. Para diversos autores ⁴ , entre los que se encuentra David Harvey, la forma de acumulación actual está conformada por la mayor parte de los rasgos que se presentaron en la ‘acumulación originaria’, entendida no como la etapa que dio origen al capitalismo, sino como un proceso continuo y permanente en la geografía histórica del capitalismo. Algunos de estos rasgos son: “la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etc.) en derechos de propiedad privada exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes (incluidos los recursos naturales)" (Harvey 2003: 116-117).

Durante los últimos treinta años, la acumulación por desposesión se ha materializado en las políticas neoliberales y en una estrategia de “cercamiento de los bienes comunes” (Harvey 2003: 115). La expresión más visible y condensada de esto, ha sido la oleada de privatizaciones de bienes y servicios públicos producida en las dos últimas décadas en todo el planeta; la privatización de agua y tierras; el desarrollo de medios de comunicación y transporte (puertos, aeropuertos, carreteras, túneles, ferrocarriles, compañías de aviación), el desarrollo de telecomunicaciones (telefonía digital y sistemas satelitales), banca y servicios financieros, petróleo y petroquímica, complejos siderúrgicos, y la privatización de sistema de seguridad social, fondos de pensión y retiro de los trabajadores (Gilly y Roux 2009: 31). Además proyectos como la minería a cielo abierto, la instalación de confinamientos y basureros nucleares, corredores eólicos, presas o hidroeléctricas, los monocultivos de soja, la producción de agrocombustibles, proyectos inmobiliarios, de desarrollo, expansión urbana y de servicios. Estas políticas han sido operadas en el marco de tratados y planes de libre comercio y desarrollo, y financiadas por los estados nación -incluyendo a los gobiernos progresistas- y empresas trasnacionales.

Así, el despojo de pueblos y comunidades y la lógica productiva de crecimiento incesante se presentan como rasgos inherentes al sistema de acumulación capitalista, trayendo como consecuencia la contaminación del agua, del suelo, del aire, la emanación de gases tóxicos, con su secuela de calentamiento global, el agotamiento de los recursos no renovables, como es el caso de la crisis energética por el agotamiento de los hidrocarburos, la crisis alimentaria y su relación con la producción de agrocombustibles, la crisis del agua, y las enfermedades y muertes evitables en toda clase de seres vivos.

Para muchas voces de la academia y el campo popular, este diagnóstico ha colocado en el centro de la mesa la necesidad de transformar la racionalidad productiva, a través de la cual se ha destruido atrozmente la base de los bienes necesarios para la sustentación de la vida. Todas estas voces han anunciado y advertido que si no se producen cambios estructurales en los modos de producción de la vida en el capitalismo, la vida humana y no humana corre el peligro de perecer en su propia reproducción.

Contradicción capital- trabajo y capital- naturaleza

Los mecanismos de acumulación a partir de la expoliación y de la externalización de costos, especialmente a partir de la degradación de la tierra, el territorio y los recursos naturales son parte indisociable del funcionamiento capitalista y no sólo efectos colaterales incontrolados. Rosa de Luxemburgo afirma que la acumulación capitalista tendría un carácter dual: “el otro aspecto de la acumulación de capital se da entre el capital y las formas de producción no capitalistas (…) aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, el pillaje” ⁵ . El despojo violento de bienes estratégicos sería el otro motor de la esencia de la acumulación debido a la incesante necesidad de externalizar tres costos ocultos que los productores no necesariamente realizan: la eliminación de residuos (especialmente los tóxicos), la renovación de materia prima (esencialmente los bienes naturales) y los costos de infraestructura. (Wallerstein 2005: 111). Es decir, las formas violentas de expoliación capitalista sobre la naturaleza significan una necesidad estructural para externalizar los costos de la producción industrial y mantener el crecimiento infinito sin importar sus efectos sociales y ambientales. Esta lógica es inherente al capitalismo, pero se hace evidente en el momento en que el sistema de mercado ha invadido por completo el orbe.

El agotamiento gradual de espacios libres de residuos, la disputa geopolítica por recursos estratégicos no renovables cada vez más escasos, así como la intensificación de inversiones en el sector inmobiliario, ligado directamente a necesidades de infraestructura y comunicación para el flujo de capitales, mercancías e inversiones, está haciendo evidente el escalamiento de la conflictividad con poblaciones, comunidades y movimientos locales afectados por las necesidades incontenibles de crecimiento. Pero aún más, el enfrentamiento se polariza con los sujetos sociales que conservan, aunque sea parcialmente identidades y formas productivas que no están basadas en la máxima ganancia debido a que “el capitalismo tiene una tendencia histórica a destruir y absorber los modos de producción no capitalistas (…) los usa para crear nuevo espacio para la acumulación de capital” (Harvey 2001: 270) ya que el imperativo de acumular, implica, en consecuencia, el imperativo de superar obstáculos espaciales.

Vemos que el crecimiento, aceleración y expansión de la acumulación requiere vencer al espacio mediante el tiempo, permitiendo que los flujos de mercancías y capitales accedan a cada vez más territorios, cada vez más rápido. Esta lógica infinita, sin embargo choca directamente con territorios y recursos ambientales finitos por un lado, y con culturas, comunidades y colectividades situadas en los lugares de extracción, producción o desecho que se defienden de los efectos de dicha lógica.

Es así que vemos que del carácter inherente del capitalismo, esto es, de su naturaleza autodestructiva y del complejo metabolismo de las sociedades capitalistas, se originan por lo menos dos grandes contradicciones:

• Una de ellas es la tensión entre los ciclos de reproducción del capital vs. los ciclos de reproducción de la vida. Tal y como lo plantea Jorge Veraza: “los ciclos de reproducción de la naturaleza no son tan rápidos como el ciclo de rotación del capital (…) estas diferencias suscitan necesariamente una contradicción entre el dominio del capital industrial y los ciclos biológicos del planeta”. O como lo plantea Joan Martínez Allier: “la economía recibe recursos y produce residuos, explotando más allá de su capacidad de regeneración”. Esto se deriva de la imposición del horizonte de abundancia con que la modernidad ha operado en los últimos tres siglos, de la cual se ha producido la idea de que los recursos del planeta son infinitos y que en todo caso sólo hay algunos y excepcionales fallos del mercado o externalidades que generan costos ambientales. Esta visión hegemónica parte de suponer que “el mercado funciona como mecanismo racional de asignación de recursos (…) en el que los problemas ecológicos surgen de la ausencia de racionalidad mercantil privada”, y no de las propias contradicciones del capitalismo y los límites de la naturaleza.

• Otra contradicción se produce entre la lógica productiva que mercantiliza y cosifica la vida, como una materia prima, un bien de consumo; y por otro lado, los lenguajes de valoración de los pueblos que conciben a la tierra y a la naturaleza como su madre, como un bien inconmensurable, que no tiene precio. La disputa de las luchas socioambientales está en sacar los bienes comunes, de la esfera económica y su valorización. En este terreno se enfrentan dos formas contrarias e incompatibles de percibir la vida: “la naturaleza y el régimen del tiempo capitalista.”

En el marco de la mundialización financiera y de los mercados globales, sin embargo, la necesidad de expoliación de los bienes naturales se acelera ya que la capacidad competitiva de los complejos y conglomerados multinacionales no sólo dependen de fuerza de trabajo barata o materias primas a precios favorables sino de “un complejísimo sistema de condiciones marco (…) se trata de sistemas de provisión de energía y transportes, infraestructuras sociales y administrativas, fuerza de trabajo especialmente calificada, además de las correspondientes condiciones habitacionales y de vida acordes(…)”(Hirsch 2001:143). Ello explica la enorme presión sobre los bienes y territorios no sólo por su cualidad dotadora de materias primas sino por la necesidad de crecimiento de condiciones estructurales para la acumulación global.

Es así como los efectos de la sociedad industrial y las bases de la modernidad capitalista han detonado en los últimos años en todo el planeta una crisis sin precedentes en diferentes ámbitos de la vida, incluyendo el ambiental. Frente a los aparentes límites absolutos del sistema de poder y dinero del capitalismo, el actual desastre ecológico es leído por muchos como síntoma de una profunda crisis civilizatoria y de un modelo de control tecnológico basado en la máxima ganancia a costa del dominio, desarticulación y desprecio de los procesos agrícolas tradicionales, de las estrategias productivas de los pueblos originarios y del patrimonio de los bienes comunes y culturales.

México: camino de resistencias y alternativas frente a la desposesión

En toda la historia de la humanidad, a lo largo y ancho del planeta han surgido diferentes respuestas sociales para enfrentar la desposesión, el despojo de bienes colectivos y la mercantilización de la vida. No obstante, a partir de los últimos diez años es notoria la emergencia de un nuevo ciclo de luchas socioambientales en América Latina, lo cual en buena parte se debe al complejo metabolismo de las sociedades capitalistas y su crecimiento de flujos de energía, materiales y salida de residuos (Martínez Allier, 2009: 2).

Estos movimientos han surgido como resistencias y protestas de afectados ambientales, que muy pronto han traducido sus demandas en una lucha por el control colectivo de los recursos, por el derecho a la autodeterminación de sus propias condiciones de existencia, por el bloqueo de las formas depredadoras y contra el despojo de tierras, agua, bosques, biodiversidad, saberes ambientales tradicionales, y otros bienes comunes. México se encuentra también dentro de esta tendencia.

Con el auge e implementación de las políticas neoliberales se ha venido produciendo una reconfiguración del andamiaje normativo e institucional para facilitar la desposesión. Uno de los rubros más importantes de esta transformación ha sido el desmantelamiento del campo. El entramado de unidades productivas campesinas enfrenta en la actualidad la peor de las crisis. La alta migración de la población rural hacia las ciudades y hacia Estados Unidos, la dependencia alimentaria, la destrucción de las culturas y tejidos comunitarios, el despojo de tierras a partir de la cesión de derechos a particulares, y en general la pulverización de la producción agrícola campesina a nivel nacional, son algunos de los componentes de esta crisis (Hernández/ Navarro: 2010).

El reordenamiento que el campo ha sufrido, en buena medida ha sido provocado por la creación de marcos legales como la firma del Tratado de Libre Comercio, y en particular lo señalado en el capítulo agropecuario, que estipula la reducción o eliminación de los aranceles en todos los productos agropecuarios con excepción del maíz, el frijol y la leche a los cuáles se les dio un plazo de 15 años para eliminar a cero su arancel; así como la modificación al artículo 27 constitucional, con lo que se “permitió rentar y vender las tierras ejidales, se autorizó la inversión de sociedades mercantiles en terrenos rústicos y, lo más importante, se canceló el reparto de tierras” (Rubio, 2009: 5).

Estas modificaciones legales y la política estatal en el tema agropecuario, las cuales básicamente se han fundamentado en su abandono y en desestimular su producción nacional, han generado las condiciones para el dominio de las grandes transnacionales agroalimentarias, así como la exclusión masiva de los pequeños productores rurales (Rubio, 2009: 6). Con todo ello, se ha transformado la forma de organización productiva del campo mexicano, a través de nuevos modos de apropiación y concentración de las tierras para la acumulación capitalista (Serna, 2009: 26, 27).

En el discurso de “desarrollo” el gobierno argumenta que ante la crisis del campo y el abandono de las tierras lo mejor es la privatización y la generación de proyectos para su mejor aprovechamiento. Como si los campesinos y productores rurales hubieran sido los responsables del desmantelamiento del campo y su modo de relación con la tierra hubiera generado la crisis actual. Lo cierto es que las estrategias discursivas del gobierno mexicano y de las cuadrillas empresariales han venido desacreditando las formas de organización autóctonas y comunitarias (Hernández/ Navarro: 2010).

Asimismo con la aprobación de la Contrarreforma Indígena en 2001 a contracorriente del enorme proceso de movilización social constituido a favor de los Acuerdos de San Andrés, se abrió un nuevo ciclo de reformas “en materia de bosques, aguas, semillas, minería, bienes nacionales, conocimiento tradicional y biodiversidad, todas orientadas al despojo capitalista de los territorios campesinos e indígenas, todas avaladas por el conjunto de la clase política” (Serna 2009: 26).

Tal es el caso de la Ley Minera de 1992 que, conjuntamente con la Ley de Inversión Extranjera, permitió que entes trasnacionales controlen el 100% de las actividades de exploración y producción en el ramo. O la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados en 2005 que pone en riesgo la diversidad biológica, la soberanía alimentaria, los cultivos y plantas de los que México es centro de origen, ofreciendo a cambio, seguridad a las cinco empresas trasnacionales que controlan los transgénicos a escala global, de los cuales Monsanto tiene 90 por ciento (Ribeiro, 2005).

Asimismo los megaproyectos de infraestructura que se han venido impulsando en México, en el marco de diferentes acuerdos y tratados comerciales, como es el caso del Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamérica, tienen como objetivo dominar una serie de áreas para su valorización, dominación e integración al "sistema del mercado global". El impulso de superautopistas, carreteras, megaproyectos turísticos, sistemas de transporte, vialidades, represas hidroeléctricas, basureros comunes, basureros industriales y tóxicos ha ido acompañado de las modificaciones al marco normativo, al relajamiento de leyes de protección ambiental y de la salud, así como de fuertes procesos de despojo contra comunidades poseedoras de la tierra.

Por otro lado, se han detonado numerosos intentos de privatización de manantiales, ríos y ojos de agua en innumerables regiones del país, y elevado los costos por el suministro de agua, en medio de una profunda crisis de escasez de agua, sobretodo en las zonas urbanas.

El reordenamiento de la forma productiva agropecuaria y alimentaria y la profundización del modelo extractivo, como parte de los procesos de acumulación capitalista en México, son algunos de los componentes del complejo escenario que enfrentan los pueblos y comunidades en defensa de sus bienes comunes.

Frente a todo ello se ha venido constituyendo un incipiente pero creciente ciclo de luchas socioambientales en todo el territorio nacional, identificando hasta el momento más de sesenta expresiones de resistencia que han comenzado a organizarse para encontrar una salida a los problemas de desposesión. Estas luchas están siendo protagonizadas principalmente por comunidades indígenas y campesinas, aunque también por comités vecinales, asambleas ciudadanas, organizaciones sociales y colectivos juveniles quienes enfrentan proyectos y políticas de privatización de bienes comunes, de desarrollo urbano, inmobiliario, servicios e infraestructura carretera; tiraderos de basura; desarrollo de complejos turísticos y náuticos; construcción de presas e hidroeléctricas; grandes explotaciones de minería a cielo abierto; problemas de contaminación por el desarrollo industrial y su relación con fuertes problemas de salud; siembra de monocultivos y transgénicos; biopiratería y patentes sobre biodiversidad y saberes tradicionales.

En Chiapas, el Frente Regional contra las privatizaciones conformado por decenas de comunidades de la región de la Sierra enfrentan 56 proyectos de minería a cielo abierto. El movimiento zapatista y otras organizaciones indígenas enfrentan los desalojos y las reubicaciones del gobierno para la construcción de la carretera Ocosingo-San Quintin-Margaritas y San Cristóbal- Palenque y contra el llamado Centro Integralmente Planeado Palenque-Agua Azul (CIPP), así como contra la extracción de recursos naturales y material genético de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules.

El movimiento Mazahua encabezado por mujeres indígenas del Estado de México lucha por el derecho al agua, debido a que sufren la escacez de este líquido vital por el sistema de presas Cutzamala que abastece de agua a la Ciudad de México, despojando de ese recurso a las zonas aledañas a este sistema acuífero. Las amenazas de acción directa y boicot al suministro de agua de la Ciudad de México causaron revuelo nacional.

Los ciudadanos de Jilotzingo en el Estado de México, enfrentan la construcción de un tiradero de basura industrial y tóxica de la Empresa Confinam, el cual afectará con 1,800 toneladas diarias de basura a una importante zona boscosa y contaminará el acuífero Cuautitlán- Pachuca en el Estado de México e Hidalgo, uno de los mantos freáticos más grandes del país. En un caso similar la Empresa BEFESA ha debido detener la construcción y operación de un basurero tóxico cercano a la población de Zimapán, en el estado de Hidalgo, debido a la formación de un importante movimiento reunido en “Todos somos Zimapán”, que ha impulsado un fuerte proceso de resistencia y movilización contra el proyecto. En ese mismo sentido, pero contra un relleno sanitario, en la Ciudad de Cuernavaca se constituyó el Frente de Afectados por el basurero en Loma de Mejía.

Diversas comunidades y organizaciones resisten a la construcción de una carretera que atravesará el Bosque de Agua en el Estado de México, Morelos y el sur del Distrito Federal, destruyendo una de las regiones de mayor importancia biológica e hidrológica, incluyendo dos Áreas Naturales Protegidas Federales: Ciénegas de Lerma y el Corredor Biológico Chichinautzin.

En el estado de Guerrero el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota resiste a la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico de enormes magnitudes en el Río Papagayo, el cual afectaría directamente a 25 mil campesinos y desertificaría las tierras de 75 mil más que siembran río abajo. El CECOP ha impulsado una resistencia exitosa desde el año 2003, que ha detenido las obras con resistencia civil, recursos jurídicos, movilización masiva de sus comunidades y visibilidad nacional e internacional, lo que lo ha convertido en un emblema nacional de defensa de la tierra y el agua (CECOP 2009: 49).

En el estado de Morelos se conformó el Consejo de los 13 pueblos, en conflicto con el Gobierno Estatal por el control de los recursos naturales, especialmente el agua. El Consejo se ha organizado de manera inédita (en realidad ha logrado aglutinar a cerca de 40 comunidades) para salvaguardar sus territorios ancestrales y agrícolas del Plan Nacional de Desarrollo que pretende construir 100 mil casas en sus regiones, en defensa del agua y la tierra.

La Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán lucha contra la tala depredadora de bosques de la Sierra de Petatlán y en Coyuca de Catalán a cargo de la empresa maderera estadounidense “Boise Cascade”. Cabe resaltar el encarcelamiento de algunos de sus integrantes por varios años.

En Huejuquilla el Alto, Jalisco, los indígenas wixárika mantienen la defensa de los bosques y el rechazo a la construcción de una autopista que cercenaría su territorio, destruyendo centros ceremoniales y biodiversidad. De igual manera, en Jalisco un conjunto de organizaciones se ha opuesto a la construcción de la Presa de Arcediano al norte de Guadalajara sobre una zona de conservación ecológica, así como las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico enfrentan las obras de la Presa El Zapotillo; una gran cantidad de vecinos del Municipio de Juanacatlán y el Salto sufren desde hace más de treinta años la contaminación de las descargas tóxicas vertidas sobre el río Santiago.

En Oaxaca, la Coordinadora en defensa de los recursos naturales y de nuestra madre tierra del Valle de Ocotlán- Ejutla luchan contra un proyecto de minería a cielo abierto que los despojará de sus comunidades y contaminará sus tierras y cuerpos de agua. Resalta la toma directa de la mina por las comunidades para su cierre y el posterior operativo de desalojo con fuerte brutalidad policiaca. De igual manera el Consejo Autónomo Cuicateco resiste al despojo de sus tierras para la instalación de una minera a cielo abierto. El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde lucha contra el proyecto de la presa de “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina” sobre el cauce principal del río Verde inundando terrenos de poblaciones enteras y afectando las especies de flora y fauna de la región.

En Puebla y Tlaxcala algunas comunidades enfrentan la contaminación del Río Atoyac, y el frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua puebla y tlaxacala defiende sus tierras y luchan contra el despojo para la construcción de dos mega proyectos carreteros “Arco Norte” y “Arco Sur Poniente”.

En el caso de la Ciudad de México, se ha constituido el Frente de Pueblos de la Anáhuac contra la línea 12 del metro con terminal en Tláhuac y una serie de espacios vecinales contra la construcción de vialidades en toda la Ciudad . Estos desarrollos de infraestructura tienen el objetivo de profundizar la urbanización del Valle de México, detonando con ello, la expansión de la mancha urbana hacia tierras forestales, de cultivo, áreas de vida silvestre, chinampas, barrancas y por otro lado, destruyendo y pavimentando las pocas áreas verdes que quedan dentro de la Ciudad, tales como jardines, parques y camellones.

Por otro lado, existen diversos esfuerzos de coordinación y articulación entre resistencias, tal es el caso de la Asamblea de Afectados Ambientales que se creó en 2008 por comunidades, pueblos, colectivos y organizaciones sociales de decenas de localidades, como espacio de encuentro autónomo y de coordinación conjunta para enfrentar las problemáticas ambientales. Los diferentes movimientos que integran esta Asamblea enfrentan conflictos sobre agua, basura, vivienda, urbanización “salvaje”, construcción de carreteras, destrucción de bosques, políticas agrarias, avance de la agricultura transgénica, desarrollos hoteleros, despojo de playas y daños a la salud. También hay otras redes como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) que nació en el 2008 constituida por organizaciones sociales, indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos, de educación, de comunicación, movimientos, colectivos de estudiantes, académicos, entre otros, para integrar un movimiento en contra de la minería y fortalecer las luchas y movimientos locales de resistencia.

También se encuentra el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) el cual se conformó en el año del 2004 con la finalidad de aglutinar frentes estatales, organizaciones sociales y civiles y a comunidades de todo el país afectadas por la construcción de presas: hidroeléctricas, de irrigación, de abastecimiento y de usos múltiples. Y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (Amap) la cual ha fungido como espacio de coordinación, intercambio de información, análisis, discusión y movilización de las organizaciones sociales y civiles frente al Plan Puebla Panamá y otros proyectos que amenazan la autonomía e identidad de las comunidades.

Ahora bien, a pesar de las enormes diferencias entre cada una de las luchas mencionadas anteriormente, hemos encontrado elementos comunes en las formas en las que los afectados ambientales están enfrentando los modos concretos de la desposesión. A continuación trazamos algunos de ellos a partir de la observación directa de algunas de las experiencias de resistencia en México.

Subjetividades anticapitalistas en defensa de la tierra, el territorio, la vida y los bienes comunes

Nos referirnos a estas luchas como socioambientales debido a que desde nuestra perspectiva son movimientos que pelean contra la escisión ambiente- sociedad, enfrentando con ello, entre otras cosas, el discurso del conservacionismo por parte de los Estados y las empresas, quienes niegan que los pueblos puedan tener formas sostenibles para gestionar la naturaleza.

Las luchas socioambientales son concebidas como parte de un movimiento global de ecologismo popular o de justicia ambiental (Martínez Allier, 2009: 4) que pelea por su propia subsistencia a partir de la defensa de sus bienes comunes. “En el Tercer Mundo, los movimientos ecologistas no son un lujo de los ricos, sino un imperativo para la supervivencia de la mayoría de la población, cuya vida corre peligro y se ve amenazada por la economía de mercado y por la expansión de ésta” (Shiva, 2006: 65, 79).

Este movimiento de justicia ambiental esta siendo protagonizado por comunidades y culturas que en medio del desgarramiento que ha producido las relaciones capitalistas veneran la vida. La disputa que estas luchas libran es por la producción y reproducción de la vida, la lucha es contra el capitalismo y su lógica de “anti-vida” (Shiva, 22: 2006), centrada en la ocupación y captura infinita de los procesos vivos.

Estas colectividades surgen generalmente como esfuerzos autoconvocados por los propios afectados para deliberar y reflexionar sobre qué hacer juntos, sin que ninguna instancia externa convoque para formar y dirigir un formato específico de organización. La autoconvocatoria de los afectados se da principalmente ante la reacción espontánea que generan los procedimientos antidemocráticos, irregularidades e ilegalidades, presentados en la mayoría de los casos, por los gobiernos que buscan apresurar decisiones fundamentales para la implementación de los proyectos de desposesión. Este sentimiento de afectación que se irá traduciendo en expresiones de resistencia, se produce por la exclusión de las comunidades y los pueblos que ven cómo de un día a otro, sin que ellos hayan sido consultados, sin que ellos lo hayan decidido, su vida y entorno pueden cambiar para siempre.

Una dimensión de estos conflictos se centra en los procedimientos que se emplean para la aprobación de los proyectos, que son cuestionados por la gente en sus formas, mecanismos y actores involucrados. Los movimientos que surgen en reacción a los proyectos de desarrollo o explotación cuestionan cómo se decide y quién decide sobre su vida, sobre la tierra y los bienes comunitarios.

En muchas ocasiones, estos esfuerzos autoconvocados de movilización social se presentan como los primeros intentos de organización frente a problemas de este tipo o como las primeras experiencias políticas. Esto les imprime un carácter particular con respecto a los formatos organizativos que la izquierda clásica ha conformado.

Cabe mencionar que muchos de estos movimientos de resistencia, sobretodo los comunitarios, indígenas o campesinos, se construyen sobre lazos comunitarios y formas de organización social preexistentes. En estas luchas los modos de organización tradicional funcionan como redes para tejer la resistencia y la movilización.

Los rasgos más característicos en las formas de organización y de funcionamiento son la reivindicación de la democracia directa, la horizontalidad y la asamblea, apareciendo ésta última como el espacio de deliberación, de pensamiento colectivo, de circulación de información y toma de decisiones más importante. Estos mecanismos y modos de regulación han buscado sostenerse en procesos democráticos de diálogo, para construir acuerdos, soluciones y decisiones, que ayuden a involucrar a todos los afectados.

Hemos percibido que en estos esfuerzos de movilización se carece generalmente de estructuras organizativas rígidas o formales, la separación dirigentes-bases tan marcada en los movimientos sociales tradicionales tiende a disolverse o relativizarse en mecanismos asamblearios y se presenta una incipiente distancia de la idea de representación. Esto último se ha podido detectar en el rechazo que muchas de estas luchas han presentado frente a políticos profesionales, partidos políticos u organizaciones formales que se han acercado para intentar incidir, dirigir o encabezar los esfuerzos de oposición.

Entonces, en su primera fase de actuación estos movimientos de resistencia emergen como respuestas autoconvocadas de afectados, como movimientos opositores, como movimientos del NO. Aunque muy rápidamente estos movimientos del NO, de cuestionar sólo el procedimiento y exclusión de las decisiones pasan a cuestionar el porqué y para qué de estos proyectos de desarrollo y explotación de recursos.

Percibimos que en medio del riesgo que viven las comunidades de perder absolutamente todo, se abre el campo de la autoafirmación, en el que las comunidades comienzan a valorar, imaginar y a decidir cómo desean vivir su presente y futuro. Es en este momento que se presenta un punto de quiebre en los procesos de subjetivación colectivos, atravesados por la emergencia de nuevos horizontes de sentido donde la autoafirmación de los pueblos habilita una dimensión utópica y un porvenir distinto al impuesto por la normalidad capitalista.

Es en este punto de quiebre, donde aparecen como dimensiones esenciales de la insubordinación -en palabras de John Holloway- el contra como proceso en el que la confrontación hacia el orden dominante es explícita y el más allá como la construcción de un modo de regulación social distinto. Los movimientos ya no sólo pelean, se organizan e interpelan al poder para rechazar la desposesión, sino que reconocen y afirman el despliegue de valores de uso para enfrentar la vida colectivamente de otra manera.

Ahora bien, es posible que sí los conflictos mantuvieran su campo de disputa en la dimensión procedimental que hemos expuesto, pudieran buscarse herramientas político-jurídicas que las trasladaran a un proceso menos polarizado y tenso. Sin embargo, los movimientos comunitarios buscan respuestas a sus principales interrogantes que se hacen urgentes en medida que avanza la agresividad con que se impulsan estos proyectos y decisiones desde el Estado y las empresas en cuestión. Los movimientos se preguntan a quiénes benefician estos proyectos, cuál es el impacto sobre la tierra y los ecosistemas y su utilidad colectiva o popular. La mayoría de las veces concluyen cuestionando todo el modelo de desarrollo sistémico, sus bases, su discurso, su forma, sus beneficiarios y sus impactos, lo que radicaliza por completo sus estrategias, actitudes y acciones. Con ello, las luchas logran situarse frente al problema de otra manera, desbordando con sus preguntas e interrogantes los marcos institucionales.

Es así como se enfrentan dos proyectos basados en premisas diametralmente opuestas. Los movimientos valoran las culturas y tradiciones comunitarias ligadas al arraigo sobre la tierra y el trabajo que deriva de ellas como identidad de sus pueblos; valoran el usufructo de los recursos sólo para la reproducción y no para la acumulación; valoran también algo que surge en numerosos conflictos que ellos mismos nombran con la palabra dignidad, que identifica numerosos sentimientos colectivos sobre el no sometimiento, la identidad comunitaria, el respeto y la determinación propia -a pesar del obvio desequilibrio de fuerzas a favor del Estado y las empresas-; y, en especial, un profundo sentimiento colectivo de la justicia que no está a discusión a pesar de que cualquier balance objetivo sobre la fuerza del Estado les sea adverso. En suma, priorizan valores y posiciones no mercantiles, sobre su identidad, su historia y los ecosistemas. Son de alguna forma racionalidades distintas a la dominante. Como plantea Enrique Leff “lo que subyace a los conflictos de distribución ecológica son estrategias de poder en torno a paradigmas sociales y racionalidades productivas alternativas”.

 

Es por ello que de esta racionalidad alternativa, surge todo un cúmulo de sentidos, saberes, construcciones colectivas que incluso podemos considerar paradigmas alternos a los dominantes, basados en una perspectiva de nuevos derechos de uso y apropiación de la naturaleza, derechos a elegir, decidir y construir formas de desarrollo ambiental-territorial y el derecho a controlar procesos productivos en sus localidades.

Frente a todo ello, el Estado surge como principal impulsor de los proyectos de desarrollo y explotación de la mano de las empresas e inversores que son menos visibles, pero puede, en varias fases del conflicto, apreciarse su influencia y poder sobre el procedimiento de aprobación y decisión. El Estado a diferencia de los movimientos, apela a la necesidad nacional o el interés común como principal eje de interés para el impulso de los proyectos, acompañado del objetivo del crecimiento económico, la inversión, la creación de empleos y en general la idea de desarrollo entendido como aumento de infraestructura, explotación de recursos y acumulación.

Es en este momento donde puede apreciarse el choque de proyectos. El Estado prioriza una racionalidad económica basada en la máxima ganancia y el desarrollo entendido como las condiciones necesarias para la acumulación capitalista. Los movimientos priorizan una racionalidad no económica cuyo eje es la preservación de sus comunidades, culturas y ecosistemas. La tierra, el agua, los bienes comunitarios, la cultura, las tradiciones se presentan como bienes inconmensurables, sobre los cuales los pueblos no están dispuestos a negociar, rechazando contundentemente que éstos tengan precio. La lucha a librar transita entonces entre la vida o la muerte.

El interés por el desarrollo económico se vuelve una urgencia del Estado, presionado por intereses de acumulación e inversión “nacionales” o “trasnacionales” que implican una enorme fuerza política, mediática, represiva y en muchas ocasiones jurídica. El interés local por la preservación de pueblos y ecosistemas es en comparación una fuerza mucho más pequeña, que sin embargo sostiene en ocasiones una resistencia anclada en la movilización y participación de los pueblos que puede ser desbordante y, a veces, sorprendente.

En los trayectos de la lucha, muchos movimientos comienzan optando por recurrir a las instancias y canales institucionales, frente a la negativa y limitación de éstas, se ha presentado una orientación cada vez más tendiente a que la auto-organización y la movilización social sean las fuentes de resistencia y lucha privilegiadas. De este modo, las luchas pueden desplegar una serie de estrategias; el trabajo territorial- local y la organización de base de las comunidades afectadas; la resistencia, acción directa y la movilización social; la articulación y coordinación con otras luchas y ONG’s; el empleo de recursos legales y jurídicos.

Así, el agotamiento de los canales institucionales, ha traído consigo la emergencia de una crítica sobre las prácticas de los partidos políticos y de la clase política. La maquinaria institucional no sólo se presenta como insuficiente para la resolución de las demandas sociales, sino que ésta y lo poderes económicos mantienen una relación de complicidad cada vez más cínica para la implementación de los proyectos de desposesión.

Por otro lado, la oposición de las luchas ambientales contra la racionalidad económica de los poderosos advierte el desarrollo de una sociabilidad alternativa y lenguajes de valoración basados en una nueva ética con la naturaleza. Existe una tendencia a cuestionar y poner en entredicho los fundamentos de la sociedad industrial y de la modernidad, presentándose una sensibilidad con el medio ambiente y reivindicándose las formas tradicionales que los pueblos y comunidades han mantenido con su entorno para la reproducción de la vida.

En el carácter emergente de estas luchas se va configurando el antagonismo contra el Estado y el capital, el cual encuentra su anclaje a un tejido comunitario territorial que en los momentos de confrontación se activa como un sujeto comunitario. La construcción de los horizontes de sentido del sujeto comunitario se articulan históricamente con el pasado, siendo la memoria uno de los terrenos desde donde imaginar y rastrear modos de relación con la naturaleza no mercantiles, mediados por valores de uso que hacen posible pensar en alternativas más allá capitalismo. De este modo, la emergencia de múltiples respuestas desde lo social para enfrentar la catástrofe capitalista, bajo la clave de la violencia, despojo y destrucción, constituye una de las luchas más importantes a favor de la vida, como camino de resistencia ante los efectos de la crisis ambiental. Al mismo tiempo que en medio del conflicto contra la desposesión se vislumbra en ellas- como horizonte de sentido- la prefiguración de una nueva subjetividad y modos de relación anticapitalistas de los hombres y mujeres con la naturaleza".

Fuente: www.rebelion.org / México/30-07-2010

Organización  ((VOLVER))

Del proceso de desposesión territorial y de la consiguiente superexplotación laboral

Se puede ver en el neodesarrollismo bajo gestión K (centrado en el modelo extractivo, el turismo, los negocios inmobiliarios y la IIRSA) y analizar a través de lo que sucede en América Latina y el Caribe en forma de:

Transgénicos, Bolivia los compra, siembra y come

Por Katherine Fernández (Rebelión) 

La agroindustria boliviana practica la transgenia teniendo como principal comprador al propio gobierno boliviano, que este año enarboló a nivel internacional su discurso en defensa de la Madre Tierra y sus derechos como ser vivo, pero no profesa con la misma fuerza políticas internas de desagravio y reconciliación con ella.

El artículo 409 de la Constitución Política del Estado, dice: “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”, pero aún no existe la ley. Esta redacción fue modificó aquella aprobada en grande por la Asamblea Constituyente, el 24 de noviembre de 2007 en Sucre, despojando así a la Madre Tierra de su única herramienta revolucionaria de lucha contenida en el artículo que entonces era el No. 405: “Se prohíbe la producción, uso, experimentación, importación y comercialización de organismos genéticamente modificados.”

Este cambio de último momento, tuvo su fundamentación en la investigación científica que reporta que la biotecnología que modifica genéticamente los alimentos, podría contribuir a solucionar problemas alimentarios en momentos de crisis, una explicación que sería válida en una realidad en la que el Estado apoyase a los científicos bolivianos que trabajan a favor de la tierra, la biodiversidad y preservación de la vida. Pero no existe esta garantía. Los únicos que se congratulan con esta modificación del artículo son los industriales bolivianos y extranjeros que han introducido semillas transgénicas al país, no para asegurar alimentos, sino para obtener mayores ganancias, mientras tanto sigue vigente el Decreto del 2004, firmado por el entonces Presidente Carlos Mesa, que permitía la importación de elementos transgénicos con carácter experimental en Santa Cruz, siendo que dos años antes ya se introducían vía contrabando.

Transgénicos desde el alma
En Bolivia se comercializan 43 variedades de soya transgénica y el principal comprador a nombre del gobierno es la Empresa de Apoyo a los Pequeños Agricultores - EMAPA, que pretende incentivar la producción mediante créditos para semillas, insumos y diesel. ¹ Pero no exige como norma que la producción sea orgánica o por lo menos no transgénica, Actualmente el 100% del algodón y el 80% de la soya son transgénicos.

¿Por qué se hizo necesario protegerse de la biotecnología transgénica?
Si bien La biotecnología debe entenderse como tecnología de vida o para la vida, la industria mundial de alimentos encontró en ella la manera de optimizar su producción, por lo tanto es la que mejor la incentiva, financiándola a un nivel en que se vuelve su propietaria, por lo cual posee los derechos sobre los resultados de la investigación, sobre el uso de los mismos y decide si la sociedad consumidora debe conocerlos o no.

En el 2003, la mayoría (73 %) de cultivos GM² eran modificaciones para la tolerancia a herbicidas, mientras que 18 % para la resistencia a insectos y el 8 % para ambos rasgos.³

La ciencia dice que no es posible tomar previsiones sobre los efectos negativos del consumo de alimentos transgénicos en la salud humana, mucho menos de otros seres vivos que son parte de complejas cadenas alimenticias de las cuales los humanos son ineluctablemente un eslabón. En el último siglo los tipos de cáncer y las alergias se han diversificado a causa del tipo de alimentación y el cambio climático.

Situaciones particulares
* En Estados Unidos se experimentó fortalecer la cáscara del tomate, que es un producto frágil, para facilitar su manipulación en la comercialización, utilizando genes ubicados en la piel del ratón, lo cual ocasionó que personas alérgicas a este animalito, manifestaran su afección al consumir tomate, que nada tendría que ver.

* Los desiertos verdes son lugares donde existía biodiversidad, pero con el monocultivo de miles de hectáreas de productos como la soya bajo la aplicación de semillas transgénicas y agroquímicos, ahora no hay interacción de vida entre insectos, variedades de plantas, árboles, aves, abonos naturales de los animales, humedad y los fenómenos simbióticos que posibilitaban la reproducción de la naturaleza en sus ciclos normales. Entonces la consecuencia de estos extensos monocultivos-desiertos verdes, es la erosión de la tierra, reflejada en fotografías satelitales de países como Argentina, que años atrás se denominaba el granero de América.

* La transnacional que domina el mercado de las semillas transgénicas es Monsanto, una industria gigante que ha logrado acaparar la comercialización de sus semillas transgénicas para millones de hectáreas de algodón, maíz y soya en Estados Unidos, cuyo gobierno otorga subvenciones a su agricultura, entre otras cosas, porque al haberse convertido en productos ciertamente resistentes, se tiene volúmenes de agroproducción segura para los mercados internos y externos, por lo cual puede jugar con los precios abaratándolos según convenga para cada país del mundo a donde exporte. Así, parecería ser que quien tiene el dominio del mercado de los alimentos básicos y sus derivados en el planeta, es el agricultor norteamericano, pero en realidad lo es la transnacional Monsanto.

Soberanía alimentaria
La transformación de la comida es muy cotidiana, lo hacemos todos los días en la cocina o en las tradiciones vineras. Pero la tecnología transgénica es una completa reformulación de los alimentos, no se trata de simples injertos, como se suele simplificar en las conversaciones. Cada día se aumenta el debate mundial sobre la ética y la confianza que la humanidad pueda tener en quienes la aplican, debido a que consiste en introducir ADN de una especie en otra distinta (animal ↔ vegetal). Cuando la ingeniería genética empezó hace 40 años se creía que manipular un gen tenía que ver con modificar un rasgo, pero ahora se sabe que un solo gen se expresa en muchos rasgos⁴, por lo tanto las consecuencias no son controlables y el objetivo de fortalecer un producto puede tener consecuencias múltiples que, por ahora, se están viendo en alergias, pero los trastornos incluso en los genes humanos, se verán en las generaciones futuras y no se descartan ciertas degeneraciones. La tecnología genética “es una tecnología de invasión celular”⁵.

Actualmente las semillas transgénicas se propagan sin control por los cultivos del mundo, sin que los agricultores puedan tomar la decisión de utilizarlos o no, simplemente aparecen en sus tierras debido a que el complejo vital es así, los pájaros, insectos, vientos y agua los transportan como siempre ha sido en la naturaleza. Es necesario insistir una y otra vez más: Hoy se está recuperando la visión de que la tierra es un ser vivo, pero no lo es en un sentido de unidad separada de los demás. La vida en el planeta tiene que ver con una integralidad interdependiente entre todos los entes, entre los cuales está el ser humano en la misma dimensión que un microorganismo animal o vegetal.

Por más íntima que parezca la acción de alimentarnos, todo cuanto comemos afecta a nuestro entorno, porque nada se queda en nuestro cuerpo para siempre. Por eso cuando hablamos del derecho a la alimentación y de resolver que haya comida para los 7 mil millones de habitantes, debemos también pensar en qué clase de alimentación merecemos, siendo lo más importante la calidad y la diversidad. Y además, que no tenemos derecho a seguir fomentando el monocultivo, la manipulación de precios, las patentes, las bolsas de valores y mucho menos los transgénicos, cuyo control lo tienen quienes producen solo para vender más, pero no para alimentar a todos, en un momento en que se habla de sobreproducción de alimentos, de una industria que bota a la profundidad del mar todo aquello que no ha vendido, sin temer pérdidas económicas, sino más bien, para hacer espacio en la estantería de los mercados mundiales para los nuevos productos que trae, mismos que solamente simbolizan quién tiene el poder en el planeta – que son apenas unos pocos – y los demás se lo permitimos".
Katherine Fernández. Asociación Inti Illimani - Energía solar para la vida. La Paz – Bolivia
Fuente: www.rebelion.org /Ecología social/30-07-2010

Turismo, conflicto social y la necesidad de

fortalecer la resistencia y desarrollar un modelo alternativo

Por Giorgio Trucchi (ALBA SUD/Rel-UITA)

En Centroamérica el turismo se ha convertido de forma acelerada en un importante eje de acumulación económica, contribuyendo de forma decidida a una transformación económica estructural en estos países. Pero a pesar del impacto devastador del gran capital turístico la capacidad de movilización global aun es limitada.

Pese a la imagen positiva que se le quiere dar a la inversión de las grandes cadenas turísticas, siguen generándose diferentes escenarios de conflictividad y resistencia a un modelo depredador, cuyos efectos aun no están siendo tomados suficientemente en cuenta por el grueso del movimiento altermundista. Según el coordinador de ALBA SUD, Ernest Cañada, es cada día más necesario estudiar, reconocer e identificar una nueva conflictividad socio-ambiental, que se ha generado a raíz de la expansión desmedida del turismo. “No son suficientes los enfoques que ponen el acento en los impactos del turismo, sino que hay que estudiar y evaluar el nuevo escenario de conflictividad socio-ambiental originado por este fenómeno”. El desarrollo turístico comporta agresiones y afectaciones a distintos sectores de las sociedades centroamericanas, y resulta necesario entender de qué manera se están produciendo, cómo están funcionando y cuáles son las reacciones, proponiendo una discusión sobre las diferentes tipologías del conflicto turístico en esa área.

De acuerdo con el documento presentado por Cañada en el marco del segundo Seminario sobre “Turismo y desarrollo en Centroamérica, México y El Caribe”, existen cinco grandes ámbitos de conflicto. El primero tiene que ver con la instalación de la actividad turística en zonas donde existen comunidades con acceso a recursos naturales, y que están instaladas en un territorio que reconocen como suyo. “La introducción de la actividad turística rompe esta situación y genera la pérdida del acceso a los recursos naturales básicos (tierra, agua, alimentación) y de la territorialidad. Esto comporta una conflictividad ante el proceso de desposesión”, explicó Cañada.

Otro nivel de conflictividad surge cuando se pone en marcha la actividad turística y se genera un impacto destructivo desmesurado. “En ese caso, no solamente puede haber una reacción de la comunidad desposeída, sino también de otros actores involucrados (organizaciones sociales, vecinos y algunas autoridades locales) que tratan de poner un freno, un mecanismo de regulación, ante los abusos que genera la urbanización turística”, dijo el coordinador de ALBA SUD.

Declaración de Montelimar: la política al servicio del gran capital

La presión impuesta por la industria turística para desregular las legislaciones y las políticas nacionales, representa un tercer escenario de conflicto. “Tiene que ver con la legislación, con el cambio de política fiscal, el acceso a costas, entre otros. Desde que en 1996 se dio la Declaración de Montelimar –continuó Cañada–, hay una presión constante de la industria turística para imponer sus reglas”. Con esta Declaración, los gobiernos centroamericanos acordaron que el turismo era un sector estratégico e impulsaron la promoción intrarregional, la comercialización de paquetes turísticos, la creación de legislación y políticas e incentivos a la inversión extranjera y la cooperación con el sector privado. Ante esta decisión, algunos sectores trataron de resistir generando un nuevo escenario de conflictividad.

El cuarto ámbito de conflicto tiene que ver con la deshomogeneidad del capital turístico. “No siempre tiene los mismos intereses y se generan contradicciones internas. En este caso, la explotación de la actividad turística conlleva puntos de contradicción intraempresarial, generando el desplazamiento del pequeño y mediano empresario frente al gran capital turístico nacional, regional o internacional".

Finalmente –recordó Cañada–, las condiciones de precarización de la vida y del trabajo de las personas que se involucran en la actividad turística, abre otro espacio de conflictividad. Se trata de la reacción de los trabajadores ante la degradación de sus condiciones”.

Una limitada movilización global
El impacto de la actividad turística genera múltiples reacciones, cuya intensidad depende del contexto histórico y político de cada país. Sin embargo, lo que se puede encontrar “es un cierto ritmo común en la evolución del conflicto. Lo interesante como elemento de análisis es ver cuándo tenemos o no tenemos conflicto, y en qué condiciones se desarrolla, con qué características. A un mayor impacto no necesariamente corresponde una mayor conflictividad, porque depende de la capacidad de organización y resistencia de la gente”, explicó Cañada.

En el ámbito laboral, por ejemplo, las organizaciones sindicales aun tienen una muy débil penetración en el sector hotelero y turístico en general. En muchos casos depende de las fuertes políticas antisindical impuestas por las grandes cadenas transnacionales. Otro sector extremadamente vulnerable es el de la construcción. Se trata de mano de obra migrante que vive en condiciones de ilegalidad, explotación y vulnerabilidad.

Ante esta situación y al nuevo fenómeno de consolidación de grupos económicos nacidos en la región, como por ejemplo el Grupo Pellas, que ahora están buscando más acumulación de capital en el sector turístico residencial, el desarrollo de un movimiento global de resistencia y construcción de alternativas frente al modelo turístico dominante sigue débil.

Según el coordinador de ALBA SUD, uno de los principales obstáculos es que el grueso del movimiento altermundista aún no ha reconocido a la industria turística como una seria amenaza. “Frente a este modelo de desarrollo turístico es necesaria una doble actuación: fortalecer las resistencias y desarrollar y sostener otro modelo turístico de carácter endógeno, basado en la economía popular, y construido sobre la base de una alianza entre las iniciativas comunitarias y el pequeño y mediano empresario local, y poderes públicos al servicio de la gran mayoría de la población centroamericana”, concluyó".
Fuente original: http://www.albasud.org/viewcoverage.php?event=2