En consecuencia, la lucha del movimiento por los derechos humanos ha adquirido más vigencia al volverse más patentes los resultados de la instauración neoliberal mediante Estado terrorista.

 

Es importante, también, tener claro que los Kirchner han intentado desvirtuar el basta a la impunidad del sistema con el aval de la Asociación que se identificaba como la más revolucionaria y hoy estrecha lazos con Aníbal Fernández, Hugo Moyano...pero, sobre todo, sostiene compartir sueños de los hijos con quienes han sido partícipes fundamentales del avance neoliberal debido al protagonismo en la privatización de YPF y al entramado de negocios que armaron en su provincia para las corporaciones imperialistas en la mega minería, la depredación pesquera e hidrocarburífera, la trata de personas, ...

 

En contraposición, los de abajo le confieren a la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad, significados y sentidos que nos interpelan a comprometernos con:

• elevarnos en sujetos de derechos;

• asumir nuestra comunicación como lucha y construcción de otras sociedades;

• involucrarnos plenamente en la solidaridad con quienes luchan para enfrentar a partícipes del sistema dominante.

   

Augusto Costa,  Axel Kicillof y Cecilia Nahón, en "Consecuencias económicas del Sr.Lavagna"(abril de 2004) advierten sobre:

A. El dólar alto como varita mágica para concretar cambios profundos

"A casi un año de asumir Néstor Kirchner la presidencia hay un hecho incuestionable: el gobierno no presentó públicamente el programa económico para su gestión. Sin embargo, a partir de las múltiples declaraciones del Presidente y del ministro de Economía, Sr. Lavagna es posible reconstruir los lineamientos centrales de la agenda económica del gobierno, pese a que es indudable que la ausencia de un plan manifiesto y teóricamente fundamentado dificulta la discusión sobre la viabilidad y los alcances de la política económica vigente. Dentro de este difuso cuadro el presente trabajo intenta reconstruir el plan económico del gobierno e identificar los tres componentes que -como mínimo- deben estar presentes en todo programa: un diagnóstico informado de la situación que se enfrenta, una serie de objetivos y el conjunto de instrumentos mediante los cuales se pretende alcanzar las metas propuestas.

¿Existe algo así como un "Plan Lavagna"?
No es difícil identificar, en primer lugar y a grandes trazos, los objetivos básicos a los que parecen dirigirse los esfuerzos del ejecutivo. Como punto de partida resultan útiles las declaraciones del presidente Kirchner en ocasión de las negociaciones con el FMI: "No se pagará la deuda a costa de la pobreza y el crecimiento". Esta expresión aporta una clave sintética respecto de los tres objetivos primarios de la política económica: i. lograr el crecimiento económico; ii. aliviar las situaciones de extrema pobreza; y iii. normalizar los pagos de la deuda externa3. La propia fórmula utilizada por el Presidente pone de manifiesto que los primeros dos objetivos se encuentran en conflicto con el último. Si estos tres propósitos rivalizan entre sí es simplemente porque para avanzar en cada uno de esos planos es preciso disponer de recursos y, tal como reconoce el Presidente, los recursos son limitados.

Las propias declaraciones de Kirchner también permiten reconstruir el diagnóstico del que parte el actual gobierno: cesación de pagos, pobreza generalizada y estancamiento económico. Las medidas concretas desplegadas por Lavagna, por su parte, nos permiten advertir cuáles son los instrumentos económicos elegidos para alcanzar los objetivos enunciados por el Presidente. Sin lugar a dudas, la nueva paridad cambiaria (dólar "caro") se destaca como el instrumento central de la política económica actual.

En este marco de análisis, examinaremos el grado de avance logrado a casi un año de gestión del presidente Kirchner en lo que respecta a cada uno de los tres objetivos mencionados. Dada la relevancia que la paridad cambiaria -fruto de la devaluación de inicios de 2002- posee en la política económica actual, nos abocaremos en primer lugar a dilucidar los alcances reales de esta modificación y los mecanismos económicos que determinan la fijación del tipo de cambio. Analizaremos en qué medida la devaluación implicó una transformación de la economía argentina y en qué grado, en cambio, sólo puso al descubierto aspectos hasta entonces poco visibles de la estructura productiva nacional. Una vez resuelto este dilema, pasaremos a analizar los rasgos más salientes de la política económica actual".

B. La historia de ese mágico instrumento para el ocultamiento del saqueo

El peso fuerte y las ficciones de la sobrevaluación
Poco antes de la llegada de Roberto Lavagna a la cartera económica, y casi un año y medio antes de la asunción del actual gobierno, se produjo en la Argentina una violentísima devaluación de la moneda nacional. Luego de una década de vigencia de un tipo de cambio fijo, establecido por la ley de Convertibilidad, se quebró la regla según la cual un peso equivalía a un dólar. Como por arte de magia, la modificación de la paridad cambiaria trajo consecuencias que a primera vista resultan extremadamente significativas, a tal punto que -de un día para el otro- la fisonomía de la economía argentina pareció transformarse de pies a cabeza. Veamos qué hay detrás de este aparente cambio profundo.

Los defensores de la Convertibilidad sostenían que la regla cambiaria, al convertirse en un ancla para el control de la inflación, había servido de plataforma para una notable expansión de la producción nacional. Durante la década de 1990, el país alcanzó un volumen de producción que -medido en dólares al tipo de cambio vigente- lo colocaba entre las naciones prósperas del planeta o, al menos, lo sacaba del sombrío rincón en el que se apiñan los estados más pobres. En efecto, el Producto Interno Bruto (PIB) argentino llegó a alcanzar los 300 mil millones de dólares, mientras que el ingreso por habitante se aproximó a la más que respetable suma de 9.000 dólares anuales.

Estos simples datos constituyeron la base sobre la que se construyó el discurso oficial según el cual el país estaba haciendo su ingreso triunfal al primer mundo4. Sobre esta apariencia de prosperidad, la Argentina llegó incluso a ser considerada una nación demasiado rica por los organismos internacionales como para obtener los beneficios de algunos programas de asistencia a la pobreza.

Este opulento mundo de fantasía se derrumbó de un día para otro. Tal como le ocurrió a Cenicienta, la lujosa carroza se convirtió en una mísera calabaza. Después de la devaluación, el PIB argentino apenas superaba los 100 mil millones de dólares. Disuelto el espejismo, la Argentina volvía a una situación de pobreza que -más allá de las ilusiones alimentadas por la mayor parte de los economistas durante la última década- se encontraba en línea con lo que cualquier observador podía apreciar a simple vista. El poder adquisitivo de la producción argentina en el mercado mundial no era el que indicaba el peso convertible.

Además de sobredimensionar el valor absoluto de la producción nacional, la Convertibilidad sostuvo otra fantasía respecto de la estructura productiva del país, en particular su relación con el resto del mundo. Con el tipo de cambio fijo en un dólar por cada peso, la Argentina parecía haber superado su ancestral orientación primaria-agroexportadora. Mirado a través de la lente de la sobrevaluación, el perfil productivo se había transformado repentinamente y casi el 65% del PIB era explicado por el sector productor de servicios. No pocos festejaban esta ficción como si se tratara de un aspecto más de la modernización: el país quedaba inscripto en la tendencia mundial hacia el "fin del trabajo" (industrial) y la tercerización de las economías. Es más, las exportaciones, que representaban un escaso 10% del PIB, parecían ser poco significativas para la Argentina, ya que el 90% de la producción nacional se destinaba al mercado interno. Del mismo modo, las importaciones -si bien crecientes- representaron sólo un 13% del PIB en su año pico (1998).

Pero nuevamente la varita mágica de la devaluación dejó la realidad al desnudo: a partir de 2002 las exportaciones pasaron a representar casi un 30% del producto bruto. Se reveló así que un tercio de la producción del país medida en precios internacionales está en realidad destinada al mercado mundial. Si antes de la devaluación el sector de los servicios pesaba tanto era porque su producción estaba computada en pesos sobrevaluados, sumándose al PIB con las tarifas en dólares más altas del mundo8. La tercerización no era aquí el resultado de un desarrollo de la producción industrial, sino de su contracción. La realidad muestra sin rubor que la Argentina actual es, como lo era a fines del siglo XIX, un país dedicado predominantemente a la exportación de productos de base primaria (agrarios y, en menor grado, mineros) con nulo o escaso nivel de elaboración".

 

C. La sobrevaluación -en la Convertibilidad- sostenida por empobrecimiento y exclusión

El contenido de la sobrevaluación
El desplome de la Convertibilidad puso en evidencia que durante diez años la moneda estuvo sobrevaluada. La sobrevaluación implica que una unidad de la moneda nacional tiene mayor poder adquisitivo mundial que el que realmente le corresponde (en condiciones de "equilibrio"). Cuando el peso está sobrevaluado los productos del exterior son baratos para los argentinos y los productos argentinos caros para los extranjeros. La sobrevaluación es una situación de algún modo ficticia, que hace que los pesos sean capaces de comprar más dólares de lo que en realidad valen.

En su trabajo El caso argentino: lecciones macroeconómicas (2003), Lavagna afirma que el peso estuvo sobrevaluado durante 17 de los últimos 27 años de la historia nacional, y que esta sobrevaluación de la moneda actuó como una traba para el desarrollo del país. A partir de este diagnóstico no resulta llamativo que el principal instrumento de la gestión de Lavagna sea la "política cambiaria". El razonamiento parece sencillo: cuando el tipo de cambio está sobrevaluado el país no es internacionalmente competitivo, al tiempo que la posibilidad de importar barato cercena toda chance de desarrollo para la industria local. Conclusión: si el peso sobrevaluado es la enfermedad, el peso devaluado sería la cura. Este argumento lleva implícito el hecho de que para el ministro la sobre o subvaluación de la moneda parecería ser un resultado directo de la política cambiaria del gobierno, que sería capaz de fijar una paridad "competitiva" a fuerza de decisiones técnicas sólo condicionadas por la situación de los mercados financieros internacionales. Pero ¿puede el tipo de cambio fijarse arbitrariamente en cualquier nivel, según la elección de la autoridad económica?

Como toda situación económica forzada, la sobrevaluación necesita alguna fuente particular de alimento para sostenerse. Más allá de la convicción de las autoridades económicas, para mantener una moneda sobrevaluada se requiere una inversión adicional de riqueza sin la cual la paridad cambiaria distorsionada no podría prolongarse por mucho tiempo. La pregunta es entonces: ¿de dónde salían los dólares adicionales que se recibían a cambio del peso -por encima de su valor real-? Esa riqueza es la que sirvió de base para sostener un dólar barato durante más de una década, permitiendo al Banco Central cumplir con la ley de Convertibilidad bajo (casi) cualquier circunstancia.

Pues bien, esta riqueza extraordinaria provenía mayoritariamente de dos fuentes:

• La primera proviene de la ingente cantidad de recursos que ingresó desde el exterior durante la década de 1980 bajo la forma de inversión extranjera directa (privatizaciones de comienzos de la década y compras de grandes empresas privadas argentinas por parte del capital extranjero desde mediados de los noventa), inversión de cartera y préstamos externos (tomados tanto por el sector público como por el sector privado)10. Los flujos financieros totales ingresados al país por estos conceptos acumularon un volumen de 185.000 millones de dólares en la etapa 1992-2001, siendo el 59% de los mismos originado en el endeudamiento externo y el 41% restante en la denominada inversión extranjera directa.
   

• La segunda fuente de riqueza que colaboró en el sostenimiento de la sobrevaluación fue la renta diferencial de la tierra portada en las exportaciones de origen agrario. Desde que Argentina fue incorporada al comercio mundial en tiempos de la colonia, la extraordinaria fertilidad de la tierra pampeana la convirtió en productora de bienes primarios para los mercados internacionales. Los productos de origen agropecuario que se elaboran con esas favorables condiciones del suelo y el clima permiten obtener una sobreganancia que adopta la forma de renta de la tierra. A esta renta de la tierra de base agraria, se sumó en los noventa una renta adicional proveniente de los hidrocarburos (mayormente petróleo y gas).

Durante la década de 1990 la renta de la tierra permanecía oculta tras el velo de la sobrevaluación, pero el hecho de que la Argentina pudiera exportar casi exclusivamente productos de base primaria y minera con mayor o menor grado de elaboración (como por ejemplo productos agroindustriales) a bienes favorecidos con un régimen especial de promoción (notablemente la industria automotriz) es una demostración inequívoca de su existencia. En las demás ramas de la producción la economía nacional no era suficientemente productiva como para afrontar la competencia internacional.

En resumidas cuentas, la sobrevaluación se sostuvo con dos fuentes de riqueza extraordinaria: los recursos externos que fluyeron hacia el país y la renta de los productos de origen primario. Si bien excede los alcances del presente trabajo, es necesario identificar sucintamente cuáles fueron los mecanismos de apropiación de esta riqueza, señalando el destino que tuvieron las divisas adquiridas a la paridad (ficticia) de la moneda argentina. El Estado recibió en primer lugar buena parte de los dólares que ingresaban. Pero esta riqueza no permaneció en sus manos.

Una significativa porción de los dólares baratos fueron remitidos al exterior bajo la forma de utilidades y dividendos de la inversión extranjera, que se obtenían en pesos y eran luego multiplicados por la regla cambiaria. Otra parte fue a parar a algunos acreedores externos -aquellos que en términos netos retiraron más de lo que aportaron- mediante el pago de intereses y amortizaciones de la deuda tanto pública como privada. La expansión de las importaciones, que resultaban notablemente "baratas" a la paridad convertible, también insumió una parte de la riqueza adicional que ingresó al país. Por último, algunos capitales locales potenciaron sus ganancias corrientes o patrimoniales -fruto de la venta de sus activos fijos- originalmente en pesos, colocándolas en el exterior en dólares baratos y apropiándose así de una parte de esta riqueza social".

La sobrevaluación:

• Alimentó la ilusión de una economía que se expandía en dólares. Sin embargo, mientras se festejaba el éxito del plan Menem-Cavallo debido a los supuestos procesos de crecimiento de la producción y modernización generalizada de la economía, las cifras del desempleo y la pobreza no paraban de traer malas noticias. La desocupación, la subocupación y la precarización laboral, junto con la pobreza y la indigencia, escalaban con tanta rapidez como el producto -y con mayor estabilidad-, generando una de esas paradojas o anomalías que "preocupan" (un poco) a los economistas. La producción crecía medida en dólares baratos, pero cada vez requería menos trabajadores. Las condiciones de vida de los trabajadores argentinos se degradaban vertiginosamente.
   

• Significó también un avance sustancial en la destrucción de la industria radicada en el país, devastación que se había iniciado a sangre y fuego a mediados de la década de 1970 y no fue revertida en los sucesivos gobiernos democráticos. Los productos importados más baratos, tanto por las técnicas más avanzadas con las que se producen como por el abaratamiento generado por la sobrevaluación del peso, barrieron con ramas enteras de la producción local, acentuando el proceso de concentración y centralización del capital en el país. Así se explica una parte del creciente achicamiento en el nivel de empleo y el empobrecimiento progresivo de los trabajadores argentinos. Esta estampida de la pobreza convivió, sin embargo, con tasas de ganancia sumamente elevadas para el capital más concentrado, facilitadas por la vigencia de bajísimos niveles salariales.

Como se hizo evidente más adelante, si se considera la década de 1990 de punta a punta el crecimiento era un mero espejismo. La realidad estaba en cambio signada por la destrucción de prácticamente toda producción nacional, exceptuando la de las ramas primarias, las industrias intensivas en el uso de productos primarios y las industrias subsidiadas16. La economía argentina, que parecía estar especializándose en la producción de modernos y valiosos servicios, era víctima de otra ilusión que se alimentaba de la sobrevaluación del peso. Mientras tanto, el tejido productivo destruido continuaba expulsando fuerza de trabajo, sosteniendo salarios bajos y facilitando la desarticulación social y la desmovilización política en que quedó subsumida la mayor parte de la clase obrera argentina. Éste era el verdadero contenido de la sobrevaluación. Parecía ser una época de crecimiento y modernización cuando a excepción de lo ocurrido con algunos sectores favorecidos, se trataba de un período de pauperización y estancamiento. Como ocurre con ciertas enfermedades degenerativas, el deterioro sólo se pone de manifiesto en el momento de la crisis aguda, aunque el paciente parezca gozar durante años de perfectas condiciones de salud, a pesar de estar muriendo por dentro.(...)

D. La sobrevaluación y la devaluación hacia el mayor subdesarrollo del país

El final de la sobrevaluación
La brusca devaluación argentina estuvo lejos de ser una política deliberadamente adoptada por el Ministerio de Economía. Por lo contrario, la pérdida de valor del peso frente al dólar estuvo condicionada por procesos económicos más profundos. Pese a las apariencias, el nivel del tipo de cambio no es una variable arbitrariamente fijada por la autoridad económica, ya que -con independencia de las fluctuaciones menores de corto plazo- no es posible sostener indefinidamente una moneda sobrevaluada ni subvaluada simplemente a fuerza de buena voluntad. (...)

Una cosa debe quedar clara: el estrepitoso derrumbe de la Convertibilidad de enero de 2002 no fue la consecuencia de una macabra maniobra de los especuladores. Más allá de la indudable existencia de estos últimos y de los cuantiosos beneficios que suelen obtener en las ocasiones en que el río está revuelto, no es su intervención el origen del derrumbe sino más bien el inminente derrumbe la causa de su aparición. La devaluación de la moneda argentina tampoco es el resultado de una decisión voluntaria del gobierno nacional. Es decir, no fue -estrictamente hablando- una medida incondicionada de política económica. Aunque el gobierno -cualquiera de los cinco que se sucedieron en rápida secuencia en el convulsionado verano de 2001/2002- hubiera querido sostener el tipo de cambio fijo a la paridad convertible no hubiera podido hacerlo por mucho tiempo. Así, más allá de que el ministro sea un declarado enemigo de la antigua moneda sobrevaluada, lo cierto es que nadie podía, sea por ley, por decreto o por designio, mantenerla.

Como había ocurrido en otras oportunidades a lo largo de la década de 1990 -durante la crisis del Tequila, la crisis asiática, la rusa y la brasileña-, frente a la veloz salida de capitales del país era necesario obtener recursos excepcionales, más precisamente dólares frescos, para conservar la paridad cambiaria y que el Estado pudiera así hacer frente a la explosiva demanda de divisas al tipo de cambio fijado. En las crisis previas al colapso final, la Convertibilidad sobrevivió porque los recursos acudieron bajo la forma de créditos externos (mayormente de origen multilateral) en la magnitud suficiente para hacer frente a la emergencia cambiaria. Pero a diferencia de lo ocurrido en los episodios anteriores, cuando las reservas comenzaron a extinguirse aceleradamente en el año 2001, ya no había nadie dispuesto a conceder préstamos al gobierno para sostener la moneda nacional. Es por eso que durante las últimas y agónicas semanas de la presidencia de De la Rúa, en la primera plana de los diarios se reproducían las súplicas de los emisarios argentinos ante los financistas internacionales, en su desesperada búsqueda de fondos para respaldar la paridad cambiaria. El estómago de la Convertibilidad necesitaba cada vez más divisas para sostener el tipo de cambio. Sin embargo, los dólares esta vez no iban a aparecer. Los ciclos económicos internacionales, con su correlato en los niveles de liquidez mundial le jugaban una vez más una mala pasada al país.

Desde mediados de la década de 1970 hasta el presente el mercado mundial de capitales experimentó dos grandes cambios en la dirección de los recursos. La opípara disponibilidad de los llamados petrodólares dejó pronto lugar a la sequía de la década de 1980, especialmente para América latina. Los noventa fueron nuevamente años de abundante disponibilidad de financiamiento externo que -al no encontrar salida rentable en los países centrales- fluyeron a las plazas de los denominados mercados emergentes, atraídos por las altas tasas de interés, las oportunidades de negocios rápidos y rentables, y haciendo vista gorda sobre las reales posibilidades de devolución.

Pero el nuevo milenio trajo consigo la escasez de fondos y las condiciones de acceso al crédito se vieron restringidas una vez más. El financiamiento internacional comenzó a agotarse, al tiempo que -entre otras manifestaciones- la economía estadounidense entraba en una etapa de alto déficit, atrayendo hacía sí gran parte de los fondos internacionales disponibles19. Simultáneamente la economía argentina daba inocultables señales de su precario estado de salud. Cada vez eran menos los que creían en su capacidad de devolver los créditos. Junto con los dólares fáciles, se desplomó también el peso fuerte.

Por consiguiente, el origen de la devaluación no debe buscarse en la decisión de ningún ministro sino en la negativa de los mercados financieros mundiales y de los organismos de crédito internacional de continuar proveyendo al Estado nacional de las divisas necesarias para sostener el esquema cambiario frente a una imparable salida de capitales. Asimismo, si la ayuda no aparecía, la explicación de este rechazo no se encuentra en la mala voluntad de nuestros antiguos benefactores que, de pronto y arbitrariamente, dejaron morir a su propia criatura. A esa altura, más allá de todas las distorsiones creadas por la Convertibilidad, era ya evidente que la Argentina no sería capaz de hacer frente a sus abultados compromisos externos. Los precios de los productos primarios implicaban una magnitud de renta insuficiente para sostener por sí misma la sobrevaluación.

El endeudamiento anteriormente contraído no había servido para multiplicar la capacidad productiva de la economía y, en su lugar, se había escurrido en el sostenimiento de la paridad cambiaria satisfaciendo la inagotable demanda de divisas para importaciones, intereses, utilidades, dividendos y otras salidas de capitales, potenciados por el atractivo de la sobrevaluación. La nueva asistencia requerida para enfrentar el derrumbe cambiario tampoco lo haría. A medida que se hacía indudable que el metálico esta vez no iba a acudir se iba cocinando a fuego lento el caldo para una corrida cambiaria -y bancaria- que ya no pudo evitarse: la desconfianza inicial y el pánico que después sobrevino son producto de la escasez de fondos, y no a la inversa.

La Convertibilidad había sido víctima de sus propias limitaciones. En toda economía, el stock total de dinero está compuesto no sólo por los pesos circulantes sino también por los depósitos bancarios. Lógicamente, en la Argentina de los noventa los dólares no alcanzaban para convertir simultáneamente todos los billetes y los depósitos de pesos a dólares, de manera que la alquimia cambiaria no alcanzó para ocultar la materialidad de los hechos. Hacia la segunda mitad del año 2001, una vez que se hizo evidente que se estaba agotando el flujo de dólares que había sostenido la Convertibilidad, el público no sólo quiso cambiar los billetes sino también retirar sus depósitos en moneda estadounidense, tal como ya lo habían hecho -anticipadamente- los mayores capitales nacionales y extranjeros que operaban en el país. Los bancos suplicaron entonces la ayuda del gobierno.

El corralito evitó la caída masiva de un sistema financiero que -como cualquier otro- era incapaz de devolver todos sus depósitos, y menos todavía en moneda extranjera, aun a costa de la virtual expropiación de los ahorros de cientos de miles de argentinos. Para salvar a los bancos se dejó caer la regla cambiaria, porque ella misma estaba ya condenada. En resumidas cuentas: el gobierno de Duhalde no devaluó, lo devaluaron.

El ocaso del peso fuerte: resultados de la devaluación
Aunque la devaluación pareció haber cambiado de raíz la anatomía de la economía argentina es evidente que su estructura no se modificó sustancialmente de la noche a la mañana. La devastadora crisis de inicio de siglo tuvo al menos la virtud de echar por tierra los espejismos y quimeras que rigieron durante una década. Pero la devaluación es un aspecto de un proceso más general. Pasemos revista a las principales modificaciones que acompañaron la salida de la Convertibilidad.

La devaluación fue la forma que adoptó el inmenso salto adelante en el ya formidable deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores ocupados, desocupados y retirados argentinos. La caída experimentada por el poder adquisitivo de los salarios fue catastrófica en la medida en que la inflación desatada luego de la desvalorización de la moneda erosionó aún más su desvalido poder de compra. Si bien la modificación en el tipo de cambio se trasladó sólo parcialmente a los precios minoristas (gráfico Nº 1), la inflación registrada (del 45%) bastó para reducir los ingresos reales de los trabajadores en un tercio en el período 2001-2003. Esta reducción es más pronunciada que otros retrocesos sufridos por el salario en circunstancias históricas anteriores: en los episodios hiperinflacionarios fue del 30,6% (de 1986 a 1989); durante el gobierno de Menem del 7,1% (de 1993 a 1999); e incluso de la mano de la más sangrienta de las dictaduras militares argentinas se achicó en un 33,7% (de 1975 a 1977). Así, el poder adquisitivo de los salarios de 2003 representaba un 43% del que se cobraba en 1975 (gráfico Nº 2). En este aspecto la devaluación se muestra como la continuación del mismo proceso que tomó antes la forma de la Convertibilidad del peso.
Por otra parte, miles de comercios y empresas debieron cerrar sus puertas ante la ausencia de ventas y la desaparición de todas las formas del crédito. La aguda crisis financiera que rodeó el desplome del arreglo cambiario profundizó la recesión iniciada oficialmente en 1998, convirtiéndola en un estridente retroceso. La sucesión de quiebras, cierres y liquidaciones tuvo por resultado -como toda crisis- una más marcada concentración y centralización del capital. La consecuencia fue que más del 50% de los trabajadores argentinos se debatían entre el subempleo y la completa desocupación. Este mismo proceso determinó que más de la mitad de los habitantes del país se hundiera por debajo de la línea de la pobreza, mientras que según las estadísticas oficiales el 25% se encontraba en condiciones de indigencia (mayo 2002), una situación de miseria inédita en la historia argentina.

Como contrapartida de esta multiplicación de la pobreza, la devaluación sirvió de vehículo para una extraordinaria transferencia de recursos en favor de ciertos capitalistas.

• En primer lugar, la licuación de las deudas internas a través de la pesificación asimétrica decretada por el gobierno interino de Duhalde, favoreció a algunos de los capitales más grandes que operan en la Argentina. Se trató de una de las transferencias de riqueza más escandalosas de la historia económica argentina, comparable con la estatización de la deuda externa privada de inicios de la década de 1980. La magnitud de la transferencia fue estimada en una cifra cercana a los 8 mil millones de pesos (Basualdo, Lozano y Schorr, 2002).

• En segundo lugar, con el objetivo de "compensar" a los bancos por los efectos de la pesificación asimétrica, el gobierno salvó de la bancarrota a la mayor parte de las entidades bancarias -principalmente extranjeras- que recibieron bonos públicos con vencimiento en 2013 que se sumaron a la abultada deuda nacional, obteniendo una transferencia equivalente a 2,8 mil millones de pesos. Son los mismos capitales que engordaron durante la Convertibilidad, retirando una cuota adicional de riqueza.

Pero una vez que el peso se devaluó, la Argentina se convirtió en el paraíso para los exportadores agropecuarios y agroindustriales -y por consiguiente para los propietarios de la tierra-, ya que al acabarse la era de la sobrevaluación comenzaron a recibir muchos más pesos por sus ventas externas en dólares. En rigor, con la devaluación las exportaciones cambiaron, pero no tanto. Si bien triplicaron su valor medido en pesos, las ventas al exterior permanecieron casi estables en dólares, beneficiadas además por los favorables precios internacionales de los últimos años. Esta nueva situación desnudó la verdadera estructura de la economía argentina: su base principal es la producción de origen primario con destino al mercado mundial.

Asimismo, la devaluación fortaleció súbitamente las finanzas del Estado nacional. Durante los 10 años de la Convertibilidad el presupuesto había estado permanentemente en rojo y los ingresos fiscales no alcanzaban para solventar el gasto público. Este fue el argumento utilizado primeramente por el gobierno de Menem y posteriormente por el de De la Rúa para adoptar sus políticas de ajuste permanente. "Déficit cero" fue el grito de guerra en nombre del cual se recortaron atribuciones del Estado, se vendieron sus empresas a precio vil, se desfinanció la salud, la educación, la jubilación y la justicia. El déficit crónico sirvió incluso como pretexto para que el ministro de Economía José Luis Machinea, durante el gobierno de la Alianza, tomara una medida sin precedentes: la poda directa de los salarios de los empleados estatales(...)".

E. El alto superávit fiscal para beneficiar a estafadores y saqueadores

Augusto Costa,  Axel Kicillof y Cecilia Nahón destacan: "Una de las principales fuentes de la novedosa riqueza que cayó en manos del Estado argentino es la renta de la tierra (agraria y proveniente de los hidrocarburos). Como vimos anteriormente, los productos agropecuarios y mineros contienen en su precio -además de los costos y el lucro del productor- una porción de renta. Esto hace que, estando la moneda subvaluada, se los pueda gravar fuertemente sin afectar la rentabilidad de los productores. A través de las retenciones a las exportaciones -introducidas tardíamente en el año 2002, aunque no para todos los productos, como por ejemplo el gas-, cuya alícuota supera en promedio el 20%, el Estado se apropia directamente de la renta que está incluida en el precio de los productos primarios, renta que antes se perdía de vista por la sobrevaluación de la moneda, a la que a su vez alimentaba. Así, las retenciones a las exportaciones pasaron de ser prácticamente inexistentes a representar el 12% de la recaudación impositiva total. En los últimos años las condiciones internacionales también ayudaron a la economía local, y a la recaudación, ya que los precios mundiales de los productos primarios -luego de una brusca caída entre 1998 y 2001- experimentaron una notable recuperación23. Adicionalmente, las tasas de interés en el mercado internacional se encuentran en la actualidad en un nivel particularmente bajo, lo cual también beneficia a las cuentas públicas al disminuir la carga de intereses de la deuda externa. Estas favorables condiciones internacionales, no son, sin embargo, necesariamente sostenibles.

El cuadro Nº 1 muestra la significativa participación de los aranceles a la exportación en la recaudación total después de la devaluación. Al mismo tiempo se registra una caída equivalente en términos reales de la recaudación de las contribuciones a la seguridad social (jubilaciones). Así pues la estructura tributaria muestra cómo el Estado apropia directamente renta de la tierra, mientras los salarios y las jubilaciones pierden poder de compra.

La otra explicación para la súbita prosperidad de un Estado que durante 25 años estuvo sistemáticamente al borde de la quiebra debe buscarse en los efectos de la inflación sobre las distintas partidas. Teniendo en cuenta que el impuesto de mayor peso en la estructura tributaria argentina es el IVA que grava el consumo, el aumento de los precios implica necesariamente un incremento nominal en la recaudación por este concepto, ya que el IVA transfiere al Estado un 21% de las ventas finales de la mayor parte de los productos. En el período posdevaluación los precios subieron un 45%, de manera que los recursos generados por este impuesto se incrementaron sustancialmente en términos nominales (en 2003 su recaudación creció respecto de 2001 en 5.600 millones de pesos), pese a que -a precios constantes- estos ingresos sufrieron una caída tanto absoluta como relativa dentro del total de ingresos fiscales.

Al tiempo que el Estado goza de un incremento en sus ingresos tributarios corrientes, el gasto público se mantuvo prácticamente congelado. Un 77% del presupuesto nacional se destina al pago de salarios y jubilaciones, los que -en lugar de aumentar (y pese a la pérdida de su poder de compra por los efectos de la inflación)- se mantuvieron en términos nominales aproximadamente en su nivel anterior. En efecto, el abultado desempleo pone un techo a la fuerza de los trabajadores para lograr la recomposición de sus salarios.

Ingresos crecientes con gastos fijos, he aquí la otra gran fuente de la riqueza del Estado, fundada sobre la pérdida salarial de los trabajadores y jubilados. En el caso de los empleados públicos el congelamiento salarial mantiene bajo el gasto del Estado. Pero todos los trabajadores contribuyen a los recursos públicos, porque deben pagar sumas mayores en concepto de impuestos al consumo que crecen junto con los precios, mientras disminuye su salario real. Otra de las fuentes del novedoso superávit fiscal se encuentra entonces en el mayor empobrecimiento de buena parte de la población argentina. Las altas tasas de desocupación permiten mantener deprimido el salario, a costa de las condiciones de vida de la población.

Pero no se acaban aquí los frutos genuinos que acompañaron al desplome de la Convertibilidad. Otro resultado automático de la devaluación es que los productos argentinos se volvieron más baratos en dólares en el nivel mundial, mientras que los productos importados triplicaron sus precios en pesos. Así se inició un tímido proceso espontáneo de producción nacional de bienes de consumo antes importados, que parece ser la clave de la reactivación actual. Esa incipiente reactivación todavía no fue suficiente para que el PIB alcanzara el volumen que tenía en 2000, antes de la crisis (gráfico Nº 3).
 

En resumen, las nuevas condiciones internacionales detonaron una devaluación a la postre inevitable, y esta circunstancia actuó en tres sentidos:

1. redujo los salarios tanto en dólares como en términos de su poder de compra interno;

2. trasladó al Estado una masa de recursos en forma de aranceles a las exportaciones primarias y a la diferencia entre ingresos crecientes y gastos fijos; y

3. sentó las condiciones para una limitada sustitución de importaciones destinada al mercado doméstico.

El programa económico (implícito) de Lavagna: sus instrumentos
A pesar de los efectos contradictorios de la devaluación, el ministro es un acérrimo defensor del tipo de cambio elevado. El eje principal de su programa económico parece ser precisamente sostener a toda costa un reducido valor para la moneda nacional, o lo que es lo mismo, una política de dólar caro. En realidad ese nivel de tipo de cambio fue el resultado de la devaluación, por lo que el programa se reduce a un simple imperativo: sostenerlo. Así como el plan de Convertibilidad implicaba mantener a capa y espada la sobrevaluación del peso para luego dejar todo el resto "en libertad", al arbitrio de los mecanismos autónomos del mercado, el plan Lavagna parece ser similar en su esencia, sólo que en este caso la única política realmente activa y decidida está enfocada a mantener un peso subvaluado en términos reales para producir un cambio en la estructura de precios relativos. En ambos casos, una vez establecida la política cambiaria -cuyos límites, como se argumentó, no dependen de la voluntad de un ministro sino de las condiciones de los mercados internacionales y de la especificidad de la economía nacional- hay que sentarse a esperar a que actúen en arreglo a sus propias leyes los mecanismos de mercado. Ésta parece ser la actitud que traslucen las acciones efectivas del actual equipo económico, postura que en última instancia resulta equivalente a la que prevaleció -con ligeros altibajos- durante los últimos 30 años. Están en cambio ausentes otras medidas de las llamadas "activas" que, sin duda, chocan con fuerzas políticas e intereses económicos muy concretos. Para evaluar la exactitud de esta afirmación, y ante la ausencia de un programa económico explícito, no nos queda otra opción que avanzar en el análisis de las medidas más relevantes adoptadas por el gobierno en relación con cada uno de los tres objetivos de la gestión.

Primer objetivo: crecimiento de la producción
La devaluación, como se dijo, produjo una multiplicación del precio en pesos de todos los productos importados. Resurgieron entonces ciertas ramas de la producción local diezmadas por la sobrevaluación del peso convertible. La industria local, de pequeña escala y con un marcado grado de atraso técnico, posee dificultades para competir con los precios internacionales fijados por empresas de mucho mayor tamaño y que se encuentran en la frontera tecnológica. Sus costos y -por tanto- los precios a los que se hace rentable su producción son mucho mayores. Esta situación se veía agravada por el dólar barato - peso caro vigente en la década de 1990.

Pero con la devaluación se abrieron oportunidades de poner en producción las viejas plantas inactivas durante más de diez años. Esta oportunidad puede ilustrarse, por ejemplo, con los casos de la resucitada producción nacional de vidrio, metalurgia liviana, metalmecánica, química y textil, entre otros. Los costos de producción de las fábricas nacionales no se incrementaron en igual proporción que la magnitud de la devaluación debido a que los salarios nominales prácticamente no sufrieron variaciones. Por tanto, las firmas locales se volvieron "competitivas" bajo las nuevas condiciones, ofreciendo algunos productos en el mercado local a menor precio que sus equivalentes importados. Para el consumidor, sin embargo, el precio nacional de los productos en pesos se incrementó con respecto al precio anterior, aunque en menor medida que si proviniera del exterior. Se inició entonces una etapa de sustitución de importaciones a la que podríamos denominar "silvestre", ya que está basada, fundamentalmente, sobre la mayor utilización de la capacidad ociosa instalada, rentable en las nuevas condiciones. En el corto plazo esta reactivación implica un incremento en el empleo y la producción locales, fenómeno que se observa en el crecimiento del PIB en términos reales a partir del primer trimestre de 2003.

No obstante, la industria nacional, de por sí limitada en su escala, se enfrenta a la dificultad de renovar su equipo productor cuando -como ocurre en la mayoría de los casos- debe adquirirlo en el exterior al nuevo tipo de cambio alto. Esta situación puede derivar en un cuello de botella para su expansión, en particular atento a las restricciones existentes en materia crediticia vinculadas con la realización de inversiones de capital. Saldrían a la luz nuevamente -como ya ocurrió en la Argentina- los límites inherentes a este esquema de crecimiento.(...)

Segundo objetivo: condiciones de vida de la población
Es incuestionable que la caída experimentada por el poder adquisitivo de los salarios como resultado de la devaluación fue catastrófica. Los pequeños incrementos salariales establecidos por ley -y que afectan únicamente a los trabajadores formales del sector privado- si bien necesarios, son claramente insuficientes para revertir esta grave situación, al igual que los aumentos en las jubilaciones. Cuando la crisis mundial de 1930 produjo tasas de desempleo de la misma magnitud, e incluso menores, la reacción fue decidida y no tardó en llegar, tanto en los países centrales como en los periféricos. La urgencia de la circunstancia salta a la vista. Después de 30 años de caída tendencial de los salarios y de 10 con altísimas tasas de desempleo están en juego las capacidades de más de una generación de argentinos. La miseria generalizada, la educación deficiente, el cuidado de la salud en ruinas y la jubilación devastada ponen en peligro la potencialidad futura del país. La inversión necesaria para recuperar condiciones dignas de vida, acordes con el desarrollo de la sociedad, es inmensa. Y no sólo eso, es también inaplazable.

La respuesta del gobierno ante este estado de emergencia no ha sido, por el momento, ni enérgica ni contundente. La administración de Duhalde, ante el desborde de la pobreza y la consecuente conflictividad social, implementó el Plan Jefas y Jefes de Hogares Desocupados, con un alcance de dos millones de beneficiarios. Con Kirchner esos planes se han sostenido. En la actualidad, se planea su reestructuración y la incorporación del pago a los beneficiarios a través del sistema bancario, medida que, más allá de los intereses de los bancos, parece poco prioritaria. Recientemente, bajo el pretexto de dotarlos de una orientación productiva y en el marco del enfrentamiento con algunos sectores del movimiento de desocupados, comenzó a reducirse levemente la nómina de beneficiarios. La relevancia y significación del incipiente programa productivo no puede apreciarse todavía. Por otra parte, la única realidad es que la inflación fue devorando el ya escaso poder de compra de los $ 150 correspondientes al subsidio establecido en mayo de 2002.

En lo que respecta a las áreas de salud y educación, si bien se realizaron pequeños incrementos presupuestarios, su magnitud no alcanza siquiera a compensar la pérdida de recursos efectivos producto de la inflación. En efecto, los fondos asignados a estas áreas se redujeron en términos reales con respecto a los valores de 2001, e incluso en el presupuesto correspondiente al año 2004 se plantea su disminución como porcentaje del PIB, en comparación con el presupuesto 2003 (gráfico Nº 4).

Por lo tanto, en materia de acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de la población y contrarrestar la tendencia al deterioro que se viene observando en las últimas décadas, el programa económico del Ministerio de Economía fue prácticamente inexistente.

Tercer objetivo: pago de la deuda externa
Mientras en los otros dos planos analizados el gobierno no tiene mucho que exponer ante la opinión pública, la cuestión del pago de la deuda pública acaparó las primeras planas de todos los diarios. El Presidente adoptó una actitud desafiante frente a los acreedores, intentando imponer una significativa quita en la deuda con los bonistas privados. Pero en lugar de detenernos en los gestos y el discurso, veamos los hechos.

A lo largo de la década de 1990, y para sorpresa de muchos, el Estado argentino no pagó en términos netos un sólo dólar en concepto de deuda externa. Estrictamente hablando, si se consideran los movimientos de fondos públicos, entraron más recursos de los que salieron. En realidad, esto no tiene nada de extraño, ya que en la década pasada la deuda pública no sólo no se pagó, sino que por lo contrario creció enormemente hasta duplicarse en los diez años posteriores a 1992. Si los montos ingresados superaron con creces los pagos realizados fue porque las favorables condiciones del crédito internacional lo permitieron, relajando los recaudos que todo prestamista toma al suministrar su dinero.

Es sabido que ese ingreso neto de riqueza no fue a parar a los bolsillos de todos los argentinos ni fue devorado por un Estado ineficiente, así como tampoco se empleó para financiar inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva del trabajo nacional. Aunque no nos ocuparemos aquí en repasar los mecanismos por los cuales esos cuantiosos recursos fueron apropiados privadamente, basta con señalar que entre los beneficiarios se encuentran los grupos económicos argentinos, los bancos extranjeros y los accionistas de las empresas privatizadas, entre otros. El ingreso de recursos se empleó en gran medida, como mostramos, para sostener un dólar barato que multiplicaba las ganancias al ser giradas al exterior. Un reflejo directo de este fenómeno es que los activos externos de los capitalistas argentinos crecieron tanto como la deuda externa pública en los noventa. Incluso en una etapa de abundancia internacional de capitales, la Argentina se destacó por el enorme drenaje de riqueza hacia el exterior. Lo que entraba por un lado y abultaba la deuda pública de todos, salía por el otro para acrecentar las fortunas de unos pocos.

Pero la devaluación quitó el velo que impedía ver a plena luz la verdadera magnitud del endeudamiento externo. Cuando la ficción de la Convertibilidad se redujo a humo, la situación quedó expuesta en toda su crudeza: a fines del 2002 la deuda representaba más del 150% del producto interno nacional anual, y cinco veces las exportaciones de un año. Es a todas luces impagable.

Sin embargo, a pesar de su inmensidad, después de la devaluación la deuda pública comenzó a devolverse. Luego de 10 años de recibir sin pagar, entre 2002 y 2003 el Estado comenzó a enviar dinero hacia el exterior, con lo que se invirtió el sentido del flujo (gráfico Nº 5). Una parte de la deuda permanece impaga -la porción que se encuentra en default-, pero se están girando los fondos correspondientes a los compromisos con los organismos internacionales, los cuales han logrado asegurarse un lugar de acreedores privilegiados del Estado argentino. Según el Banco Central, entre intereses y amortizaciones se pagaron 2.210 millones de dólares netos entre enero de 2003 y marzo de 2004.
La continuidad de estos pagos no está en cuestión, así como tampoco lo está la discusión sobre el lugar ocupado por la deuda externa en la dinámica de acumulación de las últimas décadas, sus usos y los capitales que se apropiaron de ella. Mientras tanto, el gobierno se encuentra en proceso de reestructuración y renegociación de la deuda soberana en default que representa aproximadamente un 50% de la deuda total en moneda extranjera. La existencia de un superávit primario del sector público muestra todo el esplendor del botín ante los ojos de los acreedores. La disputa actual gira en torno del tamaño de la tajada que les va a corresponder o, puesto de otro modo, la magnitud de la quita al valor actual de los títulos en cesación de pagos(...)".
Buenos Aires, 15 de abril de 2004
Fuente: Realidad Económica Nº 203 de abril-mayo de 2004/ www.iade.org.ar

 

Juan Carlos Giuliani (ACTA) nos hace conocer que: "La Argentina paga por intereses de la deuda externa -ilegítima- 3.400.000 pesos por hora. Aunque de eso no se habla, los gobernantes de turno abonan sin chistar agigantando una bola de nieve que incrementa ilegal e injustamente la hipoteca social existente y coloca un candado a la posibilidad de desarrollo nacional autónomo, integral y sustentable.

El Gobierno prevé este año el pago de unos 8 mil millones de dólares en concepto de ¿servicios? de la deuda externa que, multiplicado por el precio del dólar a valores de julio, equivale a una suma aproximada de 83,3 millones de pesos diarios.

Resolver el pago de 30.400 millones de pesos anuales solamente para saldar intereses, constituye una afrenta a la Nación castigada por el hambre, la pobreza, el desempleo, la exclusión social y el saqueo de sus bienes naturales.

El problema de la deuda externa ilegítima no figura en la agenda de debate político. Incluso, en la reciente campaña que desembocó en las elecciones parlamentarias del 28 de junio, salvo honrosas excepciones, la mayoría de los candidatos no discutió el tema y, por el contrario, se manifestó proclive a no innovar en la materia.

Desde la dictadura militar hasta nuestros días, los que gobiernan se llenan la boca afirmando que el país “va a honrar los compromisos contraídos con nuestros acreedores” para garantizar la “seguridad jurídica” de los inversionistas. Pretenden imponer la idea de que es políticamente correcto recaudar recursos internos para pagar las deudas contraídas con el exterior. Abonan la teoría del “Estado bobo”, que siempre tiene que pagar sin importar los motivos, sin discutir, informar, ni buscar responsabilidades.

La deuda externa de los países de América Latina y el Tercer Mundo está catalogada de odiosa e ilegítima precisamente porque sus pueblos no saben cómo, porqué y con quiénes se contrajeron esos compromisos que, para el destino de nuestras naciones, es algo así como arrojarse al mar con botas de cemento. Un suicidio.

Lo primero que hay que honrar es la mayúscula e inmoral deuda interna, para que la mayoría de la población pueda zafar del cepo de indignidad al que es sometida por los grupos de poder que siguen medrando con la expoliación de nuestras riquezas y la fuga de capitales.

Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, elaborado a partir del ranking que elabora la revista Mercado con las 200 empresas que más facturan en la Argentina, indica que, entre 1997 y 2007, la cantidad de compañías extranjeras pasó de 104 a 128. Como consecuencia, su participación dentro de la facturación total de ese grupo pasó del 65,5% al 77,3% en esos diez años. El informe concluye que se profundizaron la concentración y la extranjerización y, por consiguiente, empeoró la distribución del ingreso.

Las ganancias extranjeras alcanzaron el año pasado los 7.418 millones de dólares, un récord histórico. Las empresas de capital extranjero giraron utilidades y dividendos a sus casas matrices o a sus accionistas radicados fuera de la Argentina por 3.552 millones de dólares el año pasado, casi el doble que en 2007 y el mayor monto desde, por lo menos, 2003. La información consta en el balance cambiario que elabora el Banco Central.

En 1975, durante el gobierno de María Estela de Perón, la deuda externa ascendía a 7.800 millones de dólares, cifra que trepó a 45.100 millones al retirarse la dictadura militar en 1983. Al finalizar el primer turno de gobierno democrático de Raúl Alfonsín, la deuda era de 65.300 millones de dólares; al cabo de dos períodos de Carlos Menem, en 1999, se situaba en 120.000 millones, monto que Fernando De la Rúa incrementó en 2001 a 146.219 millones de dólares.

Aunque no existen datos oficiales fiables, puede aseverarse con alguna certeza que, pese al pago al contado de casi 10 mil millones de dólares al FMI realizado en enero de 2006 por la administración de Néstor Kirchner, la deuda externa actual bajo el gobierno de Cristina Fernández supera los 180.000 mil millones.

 

El aumento incesante del endeudamiento externo no es ajeno al proceso de concentración y desnacionalización de la economía. Después de tanta ignominia, ya es hora de pueblo".
Juan Carlos Giuliani es Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA.

Fuente: www.argenpress.info / 13-8-09

En consecuencia, los genocidios y etnocidios después de la dictadura cívico-militar se hacen con democracia restringida. Ésta sigue lo impuesto por el Estado terrorista, sostiene el sistema de la deuda externa pública para transferir los fondos públicos a las potencias imperialistas sin importar desmantelar el sector público y empobrecer a los trabajadores activos, pasivos e informales.

 

Al frente de la democracia restringida, el gobierno K nos impone el crecimiento económico y el afianzamiento político del bloque dominante como si respondiesen a los intereses populares y nacionales. Pero ha continuado con el despojo a la educación pública, la salud pública y la seguridad social; la profundización de la pobreza y de su criminalización; la superexplotación de los trabajadores por salarios a nivel de la pobreza, por sobreocupación, por flexibilización e informalidad laboral.

Darío Aranda (COPENOA) nos aclara: "Organizaciones sociales advierten sobre los riesgos del monocultivo de árboles para la industria de la celulosa y aserraderos: concentración de tierras, pérdida de biodiversidad y desalojos campesinos e indígenas. Algo parecido a lo que ocurrió con la soja. Una legislación generosa incentiva su avance.

Verdes, prolijos y en línea. Son como un ejército en formación. El norte de Misiones está invadido por árboles que parecen clonados, miles de hectáreas de pinos, el cultivo más popular de la provincia, materia prima básica para plantas de celulosa y aserraderos. Impulsada por los gobiernos y el sector empresarial, la siembra masiva de árboles es un fenómeno en crecimiento, pero con consecuencias silenciadas: pérdida de biodiversidad y desalojo compulsivo de campesinos e indígenas. “Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”, sostiene el Consejo Asesor Indígena (CAI), una de las organizaciones que se han declarado en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén. En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y la superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada luego– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA y exención de Ingresos Brutos, entre otras ventajas. En definitiva, una industria de bajo perfil y alta rentabilidad. Industria poderosa.

Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura de Nación muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado”. En 2006, el último registro disponible, el tonelaje aumentó a 7,9 millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 por ciento, seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 por ciento, Buenos Aires y Corrientes con el 8 por ciento. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en ascenso. Neuquén extraía en 1999 sólo 22.000 toneladas. En 2006 ya lo triplicaba: 69.000 toneladas. En cuanto al pino, la estrella forestal, Río Negro exhibe un crecimiento notable: en el 2000 extraía seis mil toneladas. En 2006 ya había duplicado la cifra: 13.000 toneladas. “Mesopotamia y Patagonia son los polos productivos del país”, explican desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA), entidad que reúne a las grandes y medianas empresas del sector.

La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. “En 2007 se exportó por mil millones de dólares”, detalla el vocero de AFOA, Jorge Barros, y explica que el país cuenta con 1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años, es llegar a los tres millones de hectáreas, 150 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

Consultado sobre los efectos sociales de la avanzada forestal, Barros no dudó. “En la Argentina no hay campesinos. La Argentina tiene pequeños productores, pero no campesinos. Y hay muy pocos indígenas. ¿Conflictos? Pudo existir alguno puntual, pero son la excepción.”

Según la Secretaría de Agricultura, en la Argentina habitan 220 mil familias campesinas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce en la actualidad a 24 pueblos originarios. Provincia modelo.

Organizaciones sociales, movimientos campesinos y pueblos originarios advertían a fines de la década del ‘90 sobre el corrimiento de la frontera agropecuaria, de la mano del monocultivo de soja, y alertaban también sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Fueron sistemáticamente desoídos. Recién el año pasado –conflicto por las retenciones mediante–, el Gobierno reconoció el avance del monocultivo y sus efectos nocivos. En la actualidad, alertan sobre el avance forestal.

La comunidad guaraní Alecrín cuenta con 14.300 hectáreas. Está ubicada en el municipio de San Pedro, 170 kilómetros al sur de Puerto Iguazú. La empresa forestal Harriet ingresó en 2007 a territorio indígena, volteó bosque nativo, alambró, contaminó el pozo de agua y arrasó la chacra de la comunidad y hasta el cementerio. Tenía como objetivo talar el bosque nativo y luego sembrar pinos.

Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria familiar (yerba mate, té y tabaco). Había grandes plantaciones y se trabajaba para un patrón, pero también subsistía el pequeño colono que comercializaba su producción. Esa historia comenzó a cambiar hace tres décadas por la desregulación en la producción (las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían subsistir, perdieron sus chacras y emigraron a los cordones urbanos) y, por otro lado, la provincia mutó el perfil productivo, impulsó el turismo, la energía hidroeléctrica (con las cuestionadas represas) y los negocios forestales.

Misiones cuenta con tres plantas de celulosa (Alto Paraná, Puerto Piray y Papel Misionero). En los primeros eslabones de su cadena productiva, cultivo de árboles y extracción, participan contratistas que suelen hacer punta en el avance sobre tierras de familias rurales. El resultado es la concentración de tierras por parte de privados.

Según el último Censo Nacional Agropecuario, en la provincia existen 27.000 explotaciones agropecuarias. Sólo 161 de ellas (el 0,6 por ciento del total) poseen el 44 por ciento de la tierra de Misiones (917.000 hectáreas). En la última década y en la zona de las pasteras (noroeste), descendió un 27 por ciento la cantidad de pequeñas chacras. “La producción forestal artificial nos pone frente a un modelo de monocultivo y concentración. Con su lógica de maximización del beneficio en el menor plazo posible, el sector forestal no respeta las normas de preservación, produce despoblación de las zonas y exterminio de gran parte de los recursos naturales”, afirma Raúl Gorriti, ingeniero agrónomo e integrante de la Red de Agricultura Orgánica (RAOM).

Ilustrativo de la concentración de tierras es el caso de la Papelera Alto Paraná, propietaria del diez por ciento del suelo provincial, 233 mil hectáreas. Patagonia forestal

La Empresa Forestal Rionegrina (Emforsa) y la Corporación Forestal Neuquina (Corfone), ambas compañías con participación mayoritaria de los gobiernos provinciales, son las que encabezan el corrimiento de la frontera forestal patagónica.

“Las forestaciones con pinos no son bosques, son plantaciones industriales como lo es la soja”, denuncia la comunidad mapuche José Manuel Pichún, a quince kilómetros de El Bolsón, en pleno conflicto con Emforsa. Pese a que la comunidad habita el lugar desde fines del siglo XIX, la Dirección de Bosques de Río Negro ingresó a territorio ancestral en 1987, alambró y comenzó la siembra de pinos en 250 hectáreas comunitarias. Le sucedieron decenas de reclamos administrativos que nunca obtuvieron respuesta. La comunidad, que jamás abandonó el lugar, siempre reivindicó su derecho sobre el territorio. En mayo último, cuando un integrante de la comunidad extraía leña, se reavivó el conflicto. Fue denunciado por “robo” en su propia tierra.

“Cansados de soportar tanto atropello e injusticia, la comunidad Pichún decidió reafirmar la posesión que usurpa la empresa forestal”, explicó la organización en un comunicado el 18 de junio pasado. Se negaron a retirar sus animales y comenzaron la construcción de una vivienda en el corazón del pinar. Y fueron por más: ahora la comunidad exige que la empresa estatal se retire definitivamente de sus hectáreas.

El Consejo Asesor Indígena (CAI), donde participa la comunidad Pichún, apuntó al fondo del asunto. “Sabemos que la plantación de pinos, especies exóticas de estos lugares, está fomentada por el Estado y los organismos financieros internacionales. Otorgan subsidios y beneficios fiscales por hectárea plantada, armando engranajes de especulación y extracción de beneficios económicos de la naturaleza. No permitiremos que nuestro territorio sea parte de ese control y saqueo.”

Convenios internacionales de rango constitucional (el 169 de la OIT), la Constitución Nacional y legislaciones provinciales son muy claras. Toda actividad que se desarrolle en territorio indígena debe contar con el visto bueno de las comunidades afectadas.

La empresa Emforsa no respondió las preguntas de este diario. Derivó las consultas a la Dirección de Bosques, que tampoco respondió los llamados.

En Neuquén, la compañía Corfone planifica sembrar 3500 hectáreas durante 2009 y tiene como meta –para el corto plazo– llegar a las 10 mil hectáreas anuales. Desde la empresa no respondieron los llamados de este diario, pero en declaraciones a medios provinciales el presidente de Corfone y subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, Javier Van Houtte, explicó que apuestan a forestar 300 mil hectáreas en toda la provincia.

La Sociedad Rural de Neuquén es una aliada en esa cruzada. “La provincia cuenta con 1,2 millón de hectáreas para la actividad. Y cabe destacar que el 40 por ciento son tierras fiscales”, festeja en una publicidad corporativa.

Lo que Sociedad Rural y gobierno neuquino consideran tierras fiscales son, en gran parte, parcelas de pequeños campesinos y comunidades indígenas. En toda la zona se practica la ganadería trashumante, que consiste en el desplazamiento de animales según la estación del año. Durante los meses fríos (invernada) el ganado permanece en las tierras bajas. En los períodos cálidos (veranada) los animales son trasladados a las zonas de cerros, donde los pastos son abundantes y sirven de buena alimentación. El arreo de animales demanda días, hasta semanas, a cientos de kilómetros de distancia. Los conflictos suelen producirse en las zonas de veranada y en los caminos de arreo.

“Es parte de una política para el despojo del territorio indígena”,resume Relmú Ñamku, de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Mesa Campesina del Norte Neuquino amplía: “Extender la superficie implantada fue uno de los ejes de la campaña del actual gobernador, que proponía quintuplicar la superficie forestada. En términos de espacio es una avanzada directa con los campos de veranada de campesinos y mapuches”, explica Diego Solana, integrante de la Mesa. El dirigente advierte que Corfone ingresa a tierras de familias rurales “por las buenas”, entrega materiales para el cierre de campos (postes, alambres) a cambio de que le cedan temporalmente una porción de tierras para forestación. “Una vez adentro, no la abandona más, y comienza a avanzar. Estos ‘acuerdos’ se repiten en todo el norte provincial, y luego sobrevienen los conflictos donde la empresa quiere echar las familias.” Argentina, capital forestal.

Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años y clave para negocios a gran escala.

A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal –consecuencias sociales y ambientales–, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional son Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibiloni, el secretario de Ambiente de Nación".  Fuente: www.argenpress.info / 3-8-09

En consecuencia, el gobierno K y toda la democracia restringida están en contraposición flagrante con las necesidades e intereses de los de abajo como manifiestan:

• Darío Aranda: "Las grandes empresas del sector alaban las facilidades que el Gobierno otorga a la industria forestal. Por esa sintonía entre el sector privado y estatal no sorprendió que Buenos Aires sea, en octubre próximo, la sede del XIII Congreso Forestal Mundial, el evento internacional más importante del sector, organizado cada seis años y clave para negocios a gran escala.
  
  A pesar de las críticas que recaen sobre la industria forestal –consecuencias sociales y ambientales–, el Congreso Forestal Mundial cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de Parques Nacionales. Las máximas autoridades del evento internacional son Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, y Homero Bibiloni, el secretario de Ambiente de Nación".
  
   "En la última década, la forestación intensiva duplicó su producción y la superficie sembrada, al abrigo de una generosa ley –aprobada durante el menemismo y prorrogada luego– que otorga subsidios a las compañías, devolución de IVA y exención de Ingresos Brutos, entre otras ventajas. En definitiva, una industria de bajo perfil y alta rentabilidad. Industria poderosa".
   

• El Consejo Asesor Indígena (CAI),una de las organizaciones que se han declarado en alerta por el avance forestal en la Patagonia, con conflictos crecientes en Río Negro y Neuquén:“Es un avance como el de la soja, que expulsa pobladores ancestrales, arrasa la vegetación nativa, utiliza agrotóxicos y exprime territorios con el único fin de obtener dinero. Es que las forestales no siembran bosques, siembran monocultivo industrial”.
   

Pero José Rigane nos habla de construcciones de los de abajo:
"Esa articulación que haga que un grupo de la comunidad forme parte y se sienta identificada con la reivindicación de los trabajadores, que no es una reivindicación por el salario, que no es una reivindicación por cuestiones de carácter sectorial sino que tiene que ver con el conjunto de la comunidad y con ellos mismos porque son parte de la comunidad, es lo que está faltando.

 

Está faltando el desarrollo de una estrategia y además de una instrumentación y una iniciativa que posibilite esa articulación entre el conjunto de los trabajadores y la comunidad, identificándose en función de objetivos comunes que son salvaguardar el patrimonio, la fuente de trabajo y garantizar en perspectiva el servicio público de electricidad en continuidad, en seguridad de servicio y en una mejor prestación del mismo.

Eso es lo que hay que lograr en el plano de la relación y articulación con la comunidad. En relación al poder político lo que hay que lograr es que los funcionarios, el poder político, hagan lo que tiene que hacer, que no sigan dilatando porque van a terminar siendo responsables y cómplices de esta situación que nosotros venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, ya que nadie va a poder decir, ni alegar que no tenían conocimiento, después de todo lo que nosotros hemos venido poniendo, precisamente en manos de cada uno para que tomara conocimiento si no lo tuviese".