Problemas Agosto 2008

Recuerdo a la Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, por los Derechos y la Vida que el 30 de abril de 2008 declara: “Sostenemos que la soberanía alimentaria es un principio, una visión y un legado construido por los Pueblos Indígenas, campesinos, agricultores familiares, pescadores, mujeres, jóvenes y trabajadores rurales, la que se ha convertido en una plataforma aglutinadora de nuestras luchas y en una propuesta para la sociedad en su conjunto”.

¿Por qué la «soberanía alimentaria» puede convertirse en la unidad programática de la diversidad popular?
La propia Conferencia Especial nos aclara, al finalizar, con la siguiente consigna:

“Por los derechos y por la vida.
Por un presente y un futuro sin hambre,
es tiempo de
soberanía alimentaria”.

Es decir, la lucha por la «soberanía alimentaria» parte de la afirmación colectiva y solidaria en los derechos a

§ exigir vida, trabajo, salario, condiciones laborales, medioambiente dignos a la condición humana de todos los de abajo;

§ tener convivencia social en paz o sin la violencia de la exclusión, la pobreza, el hambre, el desalojo y la creciente desigualdad e injusticia social.

A lo largo y ancho del planeta se comparte la Declaración Política del VII Foro Mesoamericano de los Pueblos que, entre otros señalamientos, sostiene “se debe reconocer que existen:

Ø La deuda ecológica y social que tienen los países del norte por la explotación de la naturaleza y consecuente destrucción del medio ambiente, con los países del sur y entre ellas se destaca la deuda por el cambio climático. En este sentido, denunciamos la implementación de megaproyectos (minería, hidroeléctricas, carreteras, petroleras) en nuestro territorio, así como la acelerada expansión de monocultivos, que están destruyendo nuestra biodiversidad, los medios de supervivencia de miles de comunidades y comprometiendo el futuro mismo de la humanidad, pues los bosques tropicales son parte fundamental del equilibrio ecológico planetario.

Ø La guerra y la militarización -en la coyuntura actual- están relacionadas con la necesidad de los Estados Unidos y otras potencias, de garantizar su acceso permanente a recursos energéticos estratégicos, con los cuales no cuentan en sus territorios (petróleo y gas natural), para sostener el ritmo de crecimiento de sus economías, así como la disputa por recursos como el agua y los de la biodiversidad. Es por ello que vemos en la reactivación de la IV Flota, en el despliegue de las operaciones continentales del Comando Sur, en el mantenimiento de bases militares por todo el territorio americano y en la adopción y aplicación, en muchos países, de legislaciones “antiterroristas”, hechos contundentes que demuestran que la militarización es parte central de la estrategia de expansión del capitalismo.

Ø La criminalización -por parte de los gobiernos- de los pueblos que luchan en defensa de sus recursos con el objeto de controlar los territorios a favor de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.

Ø La aplicación del modelo neoliberal produjo el desmantelamiento de la economía campesina en toda la región, para favorecer los intereses del agronegocio y fomentando la exportación de productos exóticos por sobre la producción de alimentos, lo cual ha llevado a nuestros países a perder casi por completo su soberanía alimentaria, generando además una crisis socioeconómica de profundas consecuencias entre el campesinado (…)”.

El Foro Mesoamericano de los Pueblos, desde su primera convocatoria a inicios del siglo XXI, ha recorrido un largo camino, construyendo y articulando las luchas y resistencia contra las diferentes expresiones del neoliberalismo.

Es prioritario que resaltemos la cara oculta del aplaudido crecimiento económico durante el gobierno K.

Ø Por un lado, tengamos en cuenta a las destrucciones tanto sociales como medioambientales que acarrean sus beneficiarios con organización global de: agro negocios, mega minería, explotaciones devastadoras de las petroleras y pesqueras, mega represas, mega emprendimientos turísticos e inmobiliarios y transporte automotriz, autopistas e hidrovías.

Ø Por otro lado, recapacitemos sobre el tipo de trabajo impuesto para las superganancias de monopolios y comprobaremos políticas de Estado pues se continúa consolidando el avance de la superexplotación que impulsó la dictadura cívico-militar e implica expansión de: el trabajo polivalente y mal remunerado; la informalidad del trabajo de tercerizados, subcontratados y flexibilizados; el sujeto a tiempo parcial y a discriminaciones varias; el de las falsas cooperativas y los micro emprendimientos; el de sometimiento a esclavitud como en talleres textiles, como en los negocios más lucrativos que son el narcotráfico, las redes de prostitución y la trata de personas.
Esas superganancias son fruto, también, de la alta desocupación laboral que el sistema encubre con misérrimos planes sociales y contraprestación laboral, actividad de cartoneros y formas clandestinas de esclavitud.

En ambos lados, descubrimos menosprecio por la vida y dignidad humana de las grandes mayorías. De ahí la importancia de asumir la lucha por nuestra emancipación desde la unidad en diversidad y hacia la realización de las distintas identidades.

Por ese camino avanza el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos que reafirma el carácter anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal de su proceso pero aclarando que su posición política emana de asumir la diversidad de integrantes y de la “resistencia conjunta a un modelo que deshumaniza y mercantiliza la vida, la dignidad y la justicia, jerarquizando las relaciones económicas y sociales y subordinando las demandas y necesidades de la gran mayoría de la población a los intereses de una minoría, lo cual favorece al gran capital nacional y transnacional”.

Se pronuncia contra el sistema social en vigencia porque:

“El capitalismo -en su fase neoliberal actual- profundiza la exclusión, la inequidad, la pobreza y la desigualdad que sufrimos los pueblos mesoamericanos, pues su objetivo principal es auto-reproducirse mediante la expropiación de nuestras riquezas, fomentando para ello la represión, la dependencia y negando a los pueblos su libre autodeterminación y soberanía.

Especialmente, el capitalismo reproduce estructuras patriarcales de dominación que afectan la vida de millones de mujeres y hombres en nuestra región, pero muy en particular a las mujeres a quienes afecta de manera directa y diferenciada debido a su condición, situación y posición desigual en la sociedad. Asimismo a las niñas y niños, a quienes no se les considera plenamente como personas y por lo tanto se les violan sus derechos humanos, negándoles la capacidad de hablar y decidir sobre los problemas que los afectan. De igual manera, el patriarcado condena el derecho de las personas a la diversidad sexual, negando a quienes deciden vivir su sexualidad de una forma diferente a la sancionada como “buena” y “correcta”, el desarrollo pleno de sus derechos de ciudadanía. (…)

Al mismo tiempo, plantea iniciar –desde ahora- cambios en las relaciones sociales tanto dentro de las propias organizaciones integrantes como en la creación de las variadas formas de comunicación e intercambio entre sectores y pueblos:

Ø “Demandamos que además de manifestarnos contra la violencia, discriminación y exclusión que sufren las mujeres, el carácter antipatriarcal del Foro Mesoamericano de los Pueblos, se exprese en adelante y de manera concreta, mediante metodologías que aseguren la equidad en la participación mediante la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones y en los paneles de discusión, así como en las actividades que el Foro promueva en sus planes de acción. Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales mesoamericanos, a hacer mayores esfuerzos por superar la situación de discriminación que las mujeres viven también a lo interno de nuestras luchas.

Ø Exigimos garantías para que las niñas, niños y adolescentes, puedan expresarse y ser escuchados, asegurando espacios para que ellos y ellas se junten para conocer y compartir los problemas que los afectan y sobre todo aquellos que tengan que ver con firmas, acuerdos y convenios ya sea que violen sus derechos o que busquen protegerlos, pues los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a usar la palabra para referirse y decidir sobre todo aquello que vaya a afectar sus condiciones de existencia.

Ø Asumimos nuestro compromiso de integrar el enfoque de derechos de la diversidad sexual en nuestras organizaciones y prácticas diarias, además de exigir políticas públicas a favor de las personas gay, lesbianas, transexuales y bisexuales. Particularmente, el Foro Mesoamericano de los Pueblos se manifiesta a favor de la aprobación, en Costa Rica, del proyecto de ley que permitiría la unión civil de personas del mismo sexo, considerando que sería un paso muy importante en este sentido.

Ø Manifestamos enérgicamente nuestro repudio contra la militarización creciente que afecta a nuestros pueblos y contra la criminalización que sufren los movimientos sociales, concretamente repudiamos a la MINUSTAH que con más de 7 mil soldados somete y humilla al hermano pueblo de Haití, con la participación de tropas de países latinoamericanos como El Salvador, Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. Repudiamos también la reactivación de la IV Flota, las operaciones del Comando Sur y muy especialmente nos manifestamos contra el mantenimiento de la Base Militar de Palmerola, en territorio hondureño, por ser una amenaza permanente para los pueblos de nuestra región.

Ø Demandamos una reforma agraria integral, orientada no simplemente a repartir tierras entre el campesinado, sino que fomente una verdadera política productiva en beneficio de los pequeños y medianos productores agrícolas, con crédito oportuno, asistencia técnica y protección frente a la invasión de productos agrícolas transgénicos importados, poniendo énfasis en la recuperación de la soberanía alimentaria de nuestros países. Esta reforma agraria debe basarse no en los principios de la agricultura industrial, sino recuperar los conocimientos tradicionales, el rescate de la semilla criolla, establecer prohibiciones para el uso de semillas transgénicas y la construcción de redes de consumo responsable.

Ø Exigimos que la cooperación para el desarrollo se enfoque en la defensa y promoción de la vida, en la equidad y en la justicia, no en la reproducción del status quo. En ese sentido consideramos urgente la transformación inmediata de sus prácticas asistencialistas (muchas veces marcadas por la corrupción), de cooptación de líderes y desarticulación de nuestros movimientos, como mecanismo para impedir nuestra lucha por la autonomía y libre determinación.

Ø Exigimos el respeto al derecho de los pueblos indígenas a su territorio, recursos naturales, formas de organización y autonomía, sustentados y vinculados sobre su propia cosmovisión. Asimismo condenamos la violencia que actualmente se ejerce sobre los pueblos indígenas, para expropiarlos de sus riquezas naturales y culturales. En el marco de esta Declaración, muy especialmente nos pronunciamos en contra del megaproyecto turístico en Bahía de Tela, en Honduras, como uno de los proyectos más dañinos (aunque no el único) que se impulsan actualmente en la región, provocando un inmenso crimen ecológico y cultural que afecta a las comunidades Garífunas, despojándolas de su territorio y de sus derechos ancestrales.

Ø Como Foro Mesoamericano de los Pueblos, demandamos el cese inmediato de las políticas de inversión y megaproyectos, tales como represas hidroeléctricas, minería, turismo a gran escala, agricultura extensiva e intensiva en manos de las transnacionales, entre otras, que atentan contra la vida de los pueblos.

Ø Llamamos a fortalecer la lucha consecuente por la defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, a decir No a la flexibilización y tercerización laboral en detrimento de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras.

Ø Condenamos a la Unión Europea por la aprobación de la llamada Directiva de Retorno que criminaliza a las personas migrantes, así como a los Estados Unidos por la construcción del Muro de la Vergüenza, pues las migraciones son causadas por un modelo excluyente que obliga a millones de personas a abandonar su patria en busca de una oportunidad para sobrevivir. Demandamos la inmediata derogatoria de la Directiva de Retorno así como la construcción de una legislación migratoria que reconozca la Ciudadanía Universal de las personas migrantes. Rechazamos los espacios oficiales de juventud al tiempo que reprochamos las políticas demagógicas de inclusión de la juventud, en el marco de las cumbres de Estado, por ser inconsultas y antipopulares. Proponemos frente a esto relanzar la lucha hacia la construcción de un movimiento popular mesoamericano de juventud que pueda articular efectivamente las iniciativas que las organizaciones juveniles impulsan en nuestros países.

Ø En un contexto de monopolio mediático, luchamos por una comunicación alternativa, desde las bases, hacia una integración mesoamericana, le apostamos a una red de comunicación desde los movimientos sociales, proponemos la apropiación del software libre al servicio de los movimientos sociales y de las comunidades, y nos comprometemos a unirnos para seguir comunicando el otro mundo posible y necesario.

Ø Creemos fundamental luchar por la construcción de un Estado Laico, con igualdad y equidad de género, que luche realmente contra la violencia familiar, en pro de los derechos sexuales y reproductivos, con justicia económica y en pro del aborto terapéutico. Necesitamos asimismo promover una espiritualidad liberadora, integradora y restauradora de nuestras culturas e identidades”.

Evalúa que es imprescindible: “construir un modelo mesoamericano para poder gobernar desde abajo hacia arriba, sin distinciones de ningún tipo, para poder manejar nuestra propia agenda regional es preciso avanzar con nuestro propio concepto de democracia y gobernabilidad, para ello debemos consolidar un verdadero Movimiento Social Mesoamericano que sea capaz de alcanzar estas transformaciones. Nos manifestamos también en contra de la corrupción de los gobiernos de la región, que afecta a millones de personas al negarles sus derechos a una vida digna, con trabajo, salud, educación, agua potable y otros servicios, pues los recursos públicos se consumen en pagar por privilegios para unos pocos”.

En consecuencia, la lucha por la emancipación del funcionamiento económico, político y social ( que es a favor exclusivo de la alianza de factores locales de poder con grandes capitales que determinan la globalización):
parte de la articulación entre asociaciones de los de abajo que han surgido rompiendo con la resignación o la obediencia debida frente a determinadas degradaciones de las condiciones de vida y trabajo; continúa enfocando los cambios en las relaciones entre integrantes de esa militancia, entre pueblos y países y las transformaciones estructurales a realizar para concretar ideales.

El funcionamiento económico, político y social que hace posible las incesantes concentración y desnacionalización tanto económica como territorial sin que la resistencia de los oprimidos consiga detenerlas se debe a la democracia restringida que ideó el imperialismo liderado por EEUU y llevaron a cabo los factores locales de poder con participación protagónica de los partidos políticos a su servicio. Veamos:

La Red en Defensa del Maíz Nativo en México “ante las amenazas renovadas contra semillas, alimentos, derechos y vida como pueblos” denuncia:

“La intención del gobierno mexicano, en contubernio con las empresas transnacionales, de permitir el cultivo de maíz transgénico en varios campos experimentales, necesariamente significará la contaminación de nuestros maíces nativos y a la larga la pérdida de los mismos, atentando contra nuestra identidad, autonomía, economía y nuestra salud; destruyendo la madre tierra, la vida y contaminando la naturaleza”.

b. La legalidad y legitimidad construida por el Estado a favor de transnacionales

“Que para ello, pretende usar leyes y reglamentos que han sido aprobados ignorando a los pueblos y a favor de los intereses de las empresas, como la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, mejor llamada “Ley Monsanto”, que permite la entrada e invasión de las transnacionales a nuestros territorios, campos de cultivo y semillas, que por derecho ancestral e histórico nos corresponden.

Que la “Ley Monsanto” forma parte de una serie de leyes destinadas al despojo y privatización de nuestros recursos y derechos, —la reforma al art. 27 Constitucional, la Ley Agraria, la reforma constitucional en materia indígena, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Forestal, la Ley Minera, la Ley Gral. De Vida Silvestre, la de Productos Orgánicos, la de Certificación de Semillas— entre otras que han sido aprobadas a nuestras espaldas y atentan contra nuestra palabra, nuestros derechos, nuestra historia, y nuestra cultura.

Que ahora, a través de la farsa legal titulada irónicamente “Régimen de Protección Especial del Maíz”, se pretende negar que todo el territorio mexicano es centro de origen y diversidad del maíz.

Que las instituciones gubernamentales ejecutan los proyectos e intereses de las empresas transnacionales, y que los programas agrarios y sociales – como ahora el PROMAF (Programa de Maíz y Fríjol), diseñado para que perdamos nuestras propias semillas – están destruyendo la vida comunitaria de los pueblos y nos inducen a depender de las empresas, y a la homogeneización de los pueblos, destruyendo nuestras diversas culturas y convirtiéndonos a todos en clientes de las empresas.

Que los bancos de germoplasma, formados con semillas recogidas de nuestros territorios y fruto de nuestros saberes, están siendo controlados por las grandes corporaciones, como Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Basf, Dow, que se agrupan en la Asociación Mexicana de Semillas A. C. (AMSAC) como cártel para cabildear y defender sus intereses en el país, declarándose “protectores” de las semillas, cuando en realidad las están destruyendo. Que Empresas sin ninguna moral y grandes contaminadores de la naturaleza y destructores de la vida campesina como Monsanto, son miembros del “Comité de Honor y Justicia” de dicha asociación.

Que la AMSAC está exigiendo que se siembre sólo semilla certificada, llamando a nuestras semillas originarias como “piratas”.

Pero los pueblos, tribus y naciones indígenas somos los dueños y guardianes de las semillas y animales, bosques, selva, agua y plantas que existen en nuestro territorio”.

“Los pueblos indígenas y los campesinos son los responsables y herederos de la perpetuidad de las diferentes clases de maíz que existen a lo largo y ancho de todo nuestro territorio mexicano y que todo México es centro de origen y diversidad del maíz. Nos declaramos en contra de la liberación del maíz transgénico y de todos los organismos genéticamente modificados de manera experimental y comercial.

Los indígenas y campesinos son los verdaderos y más experimentados guardianes de los recursos naturales que existen en nuestro país.

Nos declaramos en contra de las leyes que están atentando contra nuestros derechos como pueblos y contra las empresas transnacionales que pretenden despojarnos de nuestras semillas, nuestras tierras, montes y aguas y demás riquezas naturales. Denunciamos la injerencia que tienen dichas empresas en las políticas agroalimentarias, para que perdamos el derecho a producir nuestros propios alimentos libremente. Declaramos a la AMSAC como una institución que atenta contra los derechos de los agricultores y su soberanía alimentaria. Nos declaramos en contra de las estrategias que se implementan contra los pueblos desde instituciones y programas gubernamentales, para que cambiemos nuestras semillas propias por semillas híbridas y transgénicas.

Estamos en contra de los bancos de germoplasma ya que son centros de biopiratería que roban nuestras semillas y conocimientos ancestrales para favorecer los intereses de las empresas e investigadores ajenos a los intereses de los pueblos. Estamos contra los proyectos biopiratas que Monsanto está haciendo con organizaciones agrícolas y académicas para robar maíces nativos y conocimientos a través del “Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos” y el contrato con la Universidad de Guadalajara para recolectar maíces y teocintle, ancestro del maíz, de la sierra indígena nahua de Manantlán en Jalisco. Nos oponemos a la certificación y registro de semillas y lo denunciamos como una manera más de privatizar las semillas para controlar a los pueblos. Rechazamos la promoción, difusión, experimentación, cultivo, comercialización y consumo de las semillas transgénicas. Estas semillas atentan contra el medio ambiente y ponen en peligro la salud y la soberanía alimentaria de millones de mexicanos.

El cultivar, guardar, cuidar e intercambiar libremente semillas propias, nativas sin obligación alguna de certificar ni de registrar ante nadie porque las tenemos desde antes de que existiera el Estado mexicano, es un derecho inalienable que nadie nos va a quitar y seguiremos ejerciendo de manera autónoma. Estas semillas son la esperanza del futuro de todos”.

Ø La soberanía alimentaria que parte de nuestra autonomía, costumbres, culturas, tradiciones y prácticas agrícolas. Que se detenga el cultivo, experimentación, investigación, comercialización y consumo de transgénicos en el territorio mexicano.

Ø El libre intercambio de nuestras semillas como lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales sin necesidad de paquetes tecnológicos y rechazo a la certificación, registro o patente ningún tipo de semilla o ser vivo;

Ø La forma de vida campesina que está siendo criminalizada a través de legislación hecha a favor de los intereses empresariales.

Ø La autonomía de nuestros pueblos, la comunidad, las asambleas y su autogobierno, cuya base fundamental es el territorio y el cultivo del maíz nativo como parte de nuestra vida.

Estaremos alertas para denunciar públicamente los cultivos de liberación experimental de maíz transgénico en nuestro país, que es su lugar de origen, y llamamos al pueblo de México a informarse y organizarse para no permitir esta imposición”.
Fuente: www.ecoportal.net / 15-07-08

El modelo de agricultura de las commodities se comenzó a impulsar desde los años setenta y se implantó mediante la consolidación del modelo de acumulación mundializada con predominio de la valorización financiera en los noventa.
Mediante la justificación del imperativo de lograr “una mayor integración a la economía mundial” el gobierno de Carlos Menem- Domingo Cavallo concretó los ajustes estructurales de tipo neoliberal que programaron el FMI y el BM, ya iniciados por Raúl Alfonsín-Rodolfo Terragno.

“Esas privatizaciones, desregulaciones y apertura casi indiscriminada al exterior, aplicadas a la economía en su conjunto, incidieron significativamente en las tendencias y la variabilidad de la actividad agropecuaria, los precios de su producción y de sus insumos, el acceso al crédito, la rentabilidad general de la actividad y las condiciones de vida de los grupos mayoritarios que componen al sector.

Un elemento esencial que influyó en gran medida sobre el sector fue el Decreto de Desregulación de 1991, que eliminó varios organismos que, desde los años 1930, regulaban la actividad agropecuaria. El sector agropecuario argentino se transformó abruptamente en uno de los más desregulados del mundo” (o más sometidos a la gran burguesía global) y “sujeto a los vaivenes de la economía mundial.
Aquí yace una de las razones que explica la falta de políticas activas para regular la producción de alimentos básicos en el país, y para generar la base de sustentación de los pequeños y medianos productores y de los campesinos”.

“Evidentemente, sobre el sector agropecuario también actuaron las transformaciones operadas en el ámbito extra agropecuario perteneciente al sistema agroalimentario: el procesamiento industrial, la comercialización y distribución final de alimentos, orientados tanto al mercado interno como a las exportaciones. (…)

Los ajustes estructurales dieron origen a procesos de concentración y centralización de capital en la agroindustria y la distribución finan de los alimentos (el denominado “supermercadismo”) y un conjunto muy limitado de empresas fue adjudicándose la exclusividad en la provisión de semillas y otros insumos agropecuarios a los productores agropecuarios. Conjuntamente tuvo lugar un fuerte proceso de extranjerización en estos sectores, particularmente hacia fines de la década de los noventa”.

Señalan a quiénes benefició la intervención del Estado y cómo posibilitó el ahondamiento de la desigualdad social:
“El proceso de liberalización, apertura y desregulación les brindó -a las grandes empresas- el marco propicio para expandir su control sobre distintas áreas del sistema agroalimentario, obteniendo una posición dominante en lo referido al almacenaje, procesamiento, comercialización así como en la producción y provisión de semillas e insumos para la actividad agrícola. Este proceso facilitó la consolidación de oligopsonios u oligopolios en varios complejos agroalimentarios”.

Explican cómo la soja transgénica sustituye completamente a la soja, se extiende a todo el país y se impone como un modelo de agricultura para la exportación desarticulando la agricultura de los medianos, pequeños productores y campesinos.
Formulan la hipótesis de que “la desaparición de los mismos representa el emergente del avance de un modelo que definimos como de “una agricultura sin agricultores”, cuya implementación requiere necesariamente la desarticulación de la agricultura que tuvo importancia tanto en la producción de alimentos como en la generación de empleo y por constituir aún hoy el 83% de las explotaciones del sector”.

Después de analizar cómo la irrupción de la soja transgénica acelera la expulsión masiva de pequeños, medianos productores o su conversión en rentistas y las distintas variables que condujeron a esa desaparición, consideran los dispositivos utilizados para eliminar hoy a los pequeños productores y campesinos.

“Consideramos que han cobrado relevancia, dentro de estos procesos de “arrinconamiento”, dos mecanismos cada vez más recurrentes:

Ø la violencia rural por parte de “policías” o guardias privadas al servicio de particulares y contra los bienes y la seguridad personal de los campesinos y pequeños productores;

Ø los casos de contaminación, en los cuales los paquetes tecnológicos utilizados por los grandes emprendimientos agrícolas perjudican directamente la viabilidad de los cultivos y la salud de las familias campesinas.

Estos dos procesos presentan de forma dramática la expulsión de agricultores de sus tierras, componiendo el escenario más general, que postulamos como desarticulación de la agricultura familiar”.
Fuente: “El campo argentino en la encrucijada”, coordinadores Norma Giarracca y Miguel Teubal.
Buenos Aires, Alianza Editorial, 2005.

El Estado terrorista de los setenta se armó según la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos liderando a todos los países imperialistas y su objetivo fue erradicar el avance de la conciencia obrera sobre su independencia de clase y de la voluntad popular de emancipación del país para instaurar los mecanismos de acumulación mundializada con predominio de la valorización financiera.
¿De quiénes? Ese enriquecimiento a costa de la ruina del país y el empobrecimiento de los de abajo, era para los bancos acreedores externos en alianza imprescindible con los grupos económicos locales y la oligarquía terrateniente.

Con la reforma financiera de José Alfredo Martínez de Hoz –todavía vigente- se liberalizó la economía de la especulación o de casino y dio marco contextual al negocio del endeudamiento externo. Consistía, “esencialmente, en aprovechar el diferencial existente entre las tasas de interés locales e internacionales. Las divisas ingresaban al país, se cambiaban al apreciado tipo de cambio vigente y se colocaban en el mercado financiero local, operatoria que arrojaba cuantiosas ganancias. (…) Esa valorización financiera estuvo asociada con la desindustrialización, la centralización del capital y concentración de la producción y el ingreso”.

Matías Sulfas y Martín Schorr dicen: “(…) en 1981, la moneda se devaluó en forma significativa y el sistema financiero se encontró al borde del colapso.
La ‘solución’ fue aportada por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo quien implementó seguros de cambio (…) que produjo, en los hechos, la estatización de la deuda externa privada. Este proceso prosiguió a lo largo de los años ochenta.

Ø recursos públicos hacia los sectores concentrados de capital, 28 grupos económicos locales y 102 empresas transnacionales concentraban el 64% de la deuda externa privada (…);

Ø de capitales hacia el exterior, lo cual expresa la contracara del crecimiento de la deuda externa (…)”.
Fuente: Realidad Económica Nº 198/ agosto-septiembre de 2003

En octubre de 2003, Eduardo Basualdo señala que “la revancha clasista que -la dictadura del 76-83 pone en marcha- desencadena una profunda regresión estructural y social, en la cual el núcleo del proceso económico es ocupado por fracciones de clase que se sustentan, fundamentalmente, sobre una apropiación del excedente desvinculado de un aumento en la generación de éste.

Se trata de una expansión de los ingresos de esas fracciones de clase dominante a partir de absorber una porción creciente de los percibidos por los restantes sectores sociales vía degradación de los salarios, obtención de rentas financieras y destrucción, a partir de la apertura asimétrica, de las fracciones empresarias que habían estado protegidas hasta ese momento.

De esta manera, durante los últimos casi 30 años la clase trabajadora ha sido fracturada y sometida, con la directa participación del sistema político bipartidista, a una caída inédita en sus ingresos mediante brutales reducciones del salario real y la explosión de la desocupación, la subocupación y la precarización del empleo”.
Fuente: Realidad Económica Nº 201/ enero-febrero de 2004

Augusto Costa, Axel Kiciloff y Cecilia Nahón advierten respecto a cómo el modelo de dólar alto de Roberto Lavagna afectó a la clase trabajadora:

“La devaluación fue la forma que adoptó el inmenso salto adelante en el ya formidable deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores ocupados, desocupados y retirados en Argentina.
La caída experimentada por el poder adquisitivo de los salarios fue catastrófica en la medida en que la inflación desatada luego de la desvalorización de la moneda erosionó aún más su desvalido poder de compra. Si bien la modificación en el tipo de cambio se trasladó sólo parcialmente a los precios minoristas, la inflación registrada (del 45%) bastó para reducir los ingresos reales de los trabajadores en un tercio en el período 2001-2003.

Esta reducción es más pronunciada que otros retrocesos sufridos por el salario en circunstancias históricas anteriores: en los episodios hiperinflacionarios (de 1986 a 1989) fue del 30,6%; durante el período de 1993 a 1999 en el gobierno de Menem fue del 7,1% y de la mano de la más sangrienta de las dictaduras militares de Argentina se achicó en un 33,7% desde 1975 a 1977. Así, el poder adquisitivo de los salarios de 2003 representaba un 43% del que se cobraba en 1975”.

“En definitiva, esto no es más que un modelo tradicional de inserción en el mercado mundial como proveedor de materias primas con salarios diminutos.
Al mismo tiempo, el superávit fiscal se destinará –según lo acordado y más allá de toda retórica y buenas intenciones- prácticamente en su totalidad al pago de la monumental deuda externa. Ese superávit destinado a los pagos externos sólo se mantiene sobre la base de renta de la tierra y salarios bajos. (…)

Es hora de avanzar por encima de cualquier barrera en la definición e implementación de un plan integral de mediano-largo alcance respecto al desarrollo de Argentina con mejoras sustantivas en las condiciones de vida de la población”.
Fuente: Realidad Económica Nº 203/ abril-mayo de 2004 /www.iade.org.ar

“En el programa económico de la dictadura militar dado a conocer el 2 de abril de 1976, se establecieron cuáles funciones del Estado se consideraban indelegables, y entre ellas estaban las siguientes: dictar normas generales que rijan la convivencia y el funcionamiento del país; asegurar el acatamiento a las mismas; administrar la justicia; conducir las relaciones exteriores; proveer la defensa y la seguridad.
Entre las funciones del Estado que se definieron como parcialmente delegables o susceptibles de ejecución compartida con el sector privado, pueden mencionarse las prestaciones de servicios de educación, salud, seguridad social y algunos servicios públicos especiales y obras de infraestructura.
Con respecto a las funciones de producción, se acordó que ellas en principio corresponden al sector privado y deben ser ajenas al Estado salvo casos muy excepcionales.

Puede verse como el Gobierno de facto comienza a desligarse de las actividades que, hasta esa fecha, habían sido consideradas indelegables por parte del Estado. Son todas aquellas funciones consideradas sociales que, bajo ningún punto de vista, puede el Estado desentenderse de ellas. El modelo neoliberal y su ideario, estaba logrando su cometido, a costa de muertes, desapariciones y torturas. (…)

El proceso de privatización de las empresas estatales, tanto productivas e industriales como de servicios públicos, comienza su fase depredadora que culminará con el proyecto general elaborado por el capital extranjero en los años noventa. La escena se prepara, los actores (martilleros) hacen lo suyo, el protagonismo llegará con el menemismo.

En el periodo 1976/1980 se transfirieron al sector privado alrededor de 120 empresas productivas o comerciales. Además, el Banco Nacional de Desarrollo y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro se desprendieron de sus tenencias de acciones en otras 207 empresas, cesando su participación parcialmente en otras 29.

Como nos dice Martínez de Hoz en su libro “Bases para una Argentina moderna 1976-1980”:
“El programa de privatización requirió modificar innumerables disposiciones que establecían requisitos, no siempre justificados, para la venta de bienes públicos. Mediante el dictado de diversas normas se logró establecer una base jurídica que facilitará este proceso. Ello llevó un cierto tiempo, pero el camino se ha abierto y, más allá de lo ya realizado en este aspecto durante nuestra gestión, la acción futura puede entonces ser mucho más ágil.”

Una de las medidas jurídicas adoptadas para permitir la participación de capitales privados en empresas anteriormente estatales, fue transformar a éstas en Sociedades del Estado, donde se le permitiera la participación accionaría al capital privado, quizás respetando la mayoría del 51% estatal”.
Fuente: http://www.aldorso.ar.gs
programa en FM La Tribu entre las 20 y 22 horas de los jueves

En octubre de 2003, Eduardo Basualdo destaca:
“Durante los años posteriores a la dictadura se percibe claramente que «la oligarquía diversificada» es una fracción de clase remozada, donde si bien el grueso de sus integrantes son miembros tradicionales del establishment económico local, otros son capitales que en sus orígenes formaron parte de la burguesía nacional.

En efecto, durante la década de los años ’80 junto a los socios fundadores de la fracción diversificada de lo oligarquía pampeana como Bunge y Born, el Ingenio Ledesma, Bemberg, Loma Negra, Astra, Pérez Companc, Garovaglio y Zorraquín, Cía. General de Combustibles, etc. se hallan otros como Fate-Aluar que de ser un símbolo de gran burguesía nacional queda asimilado a la oligarquía diversificada durante la dictadura cívico-militar.
Pero junto a este último nuevo integrante, hay otros que en los años previos a la dictadura no eran grandes empresas locales sino medianas firmas industriales como Arcor, Laboratorios Bagó o Roggio en la construcción.

Incluso esta consolidación de la fracción diversificada de la oligarquía pampeana tiene la fuerza suficiente para incorporar a capitales italianos como Techint –que curiosamente, o no tanto, se radican en la Argentina en la década de los años 50 influidos por los consejos dados por el fundador de Siam Di Tella a la familia Rocca- o, incluso Socma que se estructura sobre lo que era anteriormente el conglomerado empresario controlado por Fiat.

La brusquedad o lo tajante de esta caracterización puede parecer arbitraria pero esa sensación se disipa si se tiene en cuenta que la transformación de los grandes o medianos burgueses nacionales en integrantes de la fracción que conduce a la oligarquía pampeana en su conjunto, está mediada por un giro copernicano en:

Ø el patrón de acumulación de capital dominante –el desplazamiento de la sustitución de importaciones y el predominio de la valorización financiera- y por lo tanto, en

En el sentido apuntado, las evidencias disponibles indican que el comportamiento de esta fracción de clase se ubica en las antípodas del que exhibía la burguesía nacional anteriormente.
Si bien se trata de capitales fuertemente asentados sobre la producción industrial, sus rasgos centrales consisten en integrar una inédita internacionalización financiera y ser crecientemente, los receptores de las ingentes transferencias de recursos que realiza el nuevo Estado conformado a partir de la dictadura militar.

Su notable grado de internacionalización está vinculado con la valorización financiera sustentada sobre su endeudamiento externo que valorizan internamente sobre la base de la diferencial entre la tasa de interés interna respecto a la internacional y que culmina con la remisión de excedente al exterior. De allí que estos sectores sean centrales en la fuga de capitales al exterior y que algunas de las funciones del nuevo Estado consistan en garantizar mediante su endeudamiento externo las divisas que hacen posible la salida de capitales y a través de su endeudamiento interno un nivel de la tasa de interés interna que supere a la vigente en el mercado financiero internacional. (…)

A fines de la década de los ’90, muestra dos cambios de distinto carácter que son relevantes.

§ Algunos integrantes de esta fracción de clase luego de haber participado activamente en el proceso de privatización de las empresas estatales vendieron todas sus empresas al capital extranjero como Astra.

§ Otros se redimensionaron vendiendo una parte significativa de sus acciones en los consorcios privados que prestan los servicios públicos como Pérez Companc, Techint, Cía. Gral. de Combustibles, Socma, etc. o sus propias empresas como Bunge y Born.

En otras palabras, fueron el núcleo central de los vendedores dentro del proceso de extranjerización de la economía local que se desplegó con intensidad a partir de mediados de la década de los ’90.

No obstante, un análisis de la cuestión -que incluya tanto los activos fijos como los financieros- indica que dichas transferencias concretan enormes ganancias patrimoniales que culminan con una ingente salida de recursos locales al exterior, al mismo tiempo que conservan sus empresas o adquieren otras que elaboran bienes exportables basados sobre las ventajas comparativas naturales. (…)

Durante los últimos años del régimen de convertibilidad –que es la última fase de la valorización financiera- esta renovada oligarquía diversificada pone en marcha una vasta campaña ideológica y política para sustituir su identidad e imponer una salida de la Convertibilidad afín a sus intereses de corto y largo plazos.

Se presenta ahora como la auténtica burguesía nacional agredida por los intereses extranjeros y por lo tanto, aliada natural de los sectores populares en la tarea de reconstruir la Nación. (…)

Se propone como interlocutor válido de los sectores populares y al tergiversar el proceso histórico reclama para sí la potestad de definir el proyecto que permita dejar atrás la actual crisis orgánica. Desde su perspectiva, se trata ahora de llevar a cabo el desarrollo de un planteo exportador sustentado sobre el infraconsumo de los sectores populares pero apoyado en la demanda, las transferencias y los incentivos del Estado, manteniendo una economía abierta tanto en términos del mercado de bienes como de capitales y sin proyecto alguno de reindustrialización que pudiera ponerla en situación de competir con el gran capital transnacional”.
Fuente: Realidad Económica Nº 201/ enero-febrero de 2004

La «soberanía alimentaria» se basa en la soberanía popular y nacional, cuya construcción exige derrotar la criminalización tanto de la pobreza como de la protesta social que tiene el objetivo de aterrorizar a la diversidad popular para encorsetarla en la resignación de vivir succionados por los imperialismos y sus socios locales.

Esa «autodeterminación» surgirá de los de abajo mediante creciente afirmación en sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.
Se trata de un compromiso que tiende a abarcar a las grandes mayorías para constituir la unidad de voluntad de la diversidad popular que promueva esos derechos de todos, los concrete y los arraigue no sólo como convivencia cada vez más consustanciada con el bien común sino, también, como Estado que pase de garantizador del clima de negocios oligárquicos e imperialistas, a atender las necesidades y aspiraciones populares por basarse en la participación de la diversidad popular en la toma de decisiones, elaboraciones y controles implícitos en políticas públicas de la democracia.

Pongo en discusión dos enfoques sobre qué resolver para el acceso de los de abajo a los alimentos.

Silvia Ribeiro (Alai-amlatina), en “El hambre de los agronegocios”, destaca:

“Por todo el mundo siguen aumentando los precios de los alimentos y en los países más vulnerables resultan en situaciones intolerables como hambrunas, a menudo combinadas con sequías o inundaciones, efectos perversos del cambio climático.

Ante la gravedad de la crisis, caen máscaras y se vacían discursos, como la receta de los agrocombustibles y los supuestos beneficios del libre comercio y la agricultura de exportación.

Robert Zoellick, ahora como presidente del Banco Mundial, anuncia que los precios seguirán altos por varios años, y que es necesario fortalecer la “ayuda alimentaria” para gestionar la crisis.
Zoellick, que pasó a este cargo luego de ser jefe de negociaciones de Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, sabe de lo que habla: desde su puesto anterior hizo todo lo que pudo para romper la soberanía alimentaria de los países, en función de favorecer los intereses de las grandes trasnacionales de los agronegocios.

Incluso ahora, la receta de la “ayuda alimentaria”, es otra vez un apoyo encubierto a las mismas transnacionales, que tradicionalmente son quienes venden al Programa Mundial de Alimentos los granos que “caritativamente” les entregan a los hambrientos, con la condición de que ellos mismos no produzcan los alimentos que necesitan”.

“Los grandes ganadores de la crisis alimentaria son también actores centrales y grandes ganadores en la promoción de los agrocombustibles: las trasnacionales que acaparan el comercio nacional e internacional de cereales, las empresas semilleras, los fabricantes de agrotóxicos.

En estos dos últimos rubros son en muchos casos las mismas empresas: a nivel global, Monsanto es la principal empresa de semillas comerciales y la quinta en agrotóxicos. Bayer es la primera en agrotóxicos y la séptima en semillas, Syngenta la segunda en agrotóxicos y la tercera en semillas, Dupont la segunda en semillas y la sexta en agrotóxicos.
Junto a BASF y Dow (tercera y cuarta en agrotóxicos), estas seis empresas controlan el total de las semillas transgénicas en el mundo, que casualmente es también la solución que proponen a todos los nuevos problemas (que ellas mismas han sido parte fundamental en provocar).

Junto a los que dominan más del 80 por ciento del comercio mundial de cereales: Cargill, ADM, ConAgra, Bunge, Dreyfus; todas han tenido ganancias absolutamente impúdicas, gracias a la escasez de alimentos, la promoción y subsidios a los agrocombustibles y el alza de los precios del petróleo (los agrotóxicos son petroquímicos). (…)

A esta situación se suma el hecho de que los grandes fondos de inversión especulativa –frente a la crisis financiera e inmobiliaria– trasladaron millonarias sumas de dinero a controlar los productos agrícolas en el mercado internacional o commodities. Actualmente, se estima que estos fondos controlan 60 por ciento del trigo y altos porcentajes de otros granos básicos. La mayor parte de la cosecha de soya de los próximos años, ya está comprada como “futuro”.

Estos alimentos se han convertido en un objeto más de especulación bursátil, cuyo precio se modifica (y aumenta) en función de los jaloneos especulativos, no de los mercados locales o las necesidades de la gente”.

“Pese a esta paliza global a toda la gente común, peor para los más desposeídos, las trasnacionales no se dan por satisfechas y van por más. Ahora preparan el próximo asalto, monopolizando a través de patentes, los caracteres genéticos que consideran útiles para hacer plantas resistentes a la sequía, salinidad y otros factores de estrés climático.

Los gobiernos a su servicio, como México, pretenden apagar el fuego con gasolina: en lugar de soberanía alimentaria y control campesino de las semillas e insumos, proponen transgénicos con aún más modificaciones y más riesgos, maíz transgénico para aumentar la contaminación y la dependencia, y que hasta los campesinos más pobres, con apoyos públicos, siembren agrocombustibles en lugar de comida”.
Fuente: www.rebelion.org
Ecología social/ 15-5-08

A partir de este análisis de la investigadora Silvia Ribeiro, planteo que la diversidad popular en cada país tiene el desafío de emancipación social y nacional y de incorporación a las organizaciones de los pueblos planetarios que luchan por un orden internacional en beneficio mutuo. Lo primero parece demasiado irreal pero es imprescindible para la vida, los derechos y el presente-futuro de las grandes mayoría. Por otra parte se trata de construir democracia desde sus bases como herramienta liberadora.

En su nota “El agro-capitalismo de la soja”, Claudio Katz parte del que denomina “el conflicto entre el ruralismo y el gobierno” para establecer:

a. El posicionamiento de los productores representados por la FAA y los autoconvocados

“Quienes despotrican contra la “confiscación” de las retenciones, ocultan que los ingresos generados por el encarecimiento de la soja fueron mucho más significativos. Se presentan como víctimas de la voracidad fiscal, sin mencionar que las retenciones sólo aportan el 10% de la recaudación, mientras que el IVA representa el 42% de esos ingresos. Han colocado en la agenda pública la disminución de sus impuestos como un bien más apreciado y urgente, que la reducción de los gravámenes al consumo. Del IVA nadie habla, pero una pugna suscitada por un adicional del 1% de la recaudación paralizó al país.

Los ruralistas sostuvieron que el aumento de los costos erosiona sus beneficios. Pero estos incrementos no treparon en la misma proporción que la soja, cuyo precio máximo fue 300 dólares en los últimos quince años y en la actualidad ronda los 600 dólares.
Esta cotización modifica todos los parámetros del agro-negocio a favor de la soja.

El bloque agrario consiguió implantar su demanda de rentabilidad como un dato normal de la vida social. En lugar de discutir la miseria que padecen los trabajadores y desocupados se habla de los lucros que le corresponderían al campo. Pero los esporádicos cálculos que circulan sobre esos beneficios retratan promedios muy significativos.

Estas cifras están respaldadas por el precio de la tierra, un indicador objetivo del agro-negocio que siguió ascendiendo durante todo el conflicto.
Esta valorización ha sido el trasfondo de la irritación que exhibieron los contratistas, afectados por el incremento de los alquileres que acompaña al encarecimiento de la tierra. En un orden de costos, el arrendamiento ocupa el primer lugar, seguido por la comercialización, la siembra, la cosecha y finalmente los herbicidas o fertilizantes.

Pero los contratistas no realizaron esta discriminación, ni se insurreccionaron contra el precio de los arriendos. Se olvidaron de lo pagado a los propietarios y canalizaron toda su furia contra la recaudación del estado. Cuestionaron el gravamen que establece un poder público y no la renta que percibe el dueño de la parcela.

Esta actitud reflejó su visión de la primavera económica que atraviesa la Pampa Húmeda luego de la crisis de los 90. Atribuyen esta mejora a la naturaleza y al mercado mundial olvidando el efecto de la hiper-devaluación, que solventó el grueso de la población y facilitó la recuperación exportadora. Pero, además, observan la valorización de la tierra como un dato favorable, ya que se consideran parte del nuevo modelo sojero.

Esta reivindicación explica la convergencia de la Federación Agraria con la Sociedad Rural. Los herederos del Grito de Alcorta actuaron en común con los sucesores de Martínez de Hoz bajo la bandera de anular la movilidad de las retenciones, porque han tejido estrechos lazos con los popes del agro-negocio. En lugar de pelear contra los grandes propietarios, ahora intentan compartir con ellos los frutos del cambio registrado en el capitalismo agrario (…)”.

“Un pilar de la transformación agraria debería ser la reconstitución de la Junta Nacional de Granos, para asegurar el manejo estatal de la compra y venta de los cereales. En cambio, el gobierno sólo ha considerado -hasta ahora- un proyecto para gestar una entidad de seguimiento de la actividad rural.

El monopolio estatal de comercio exterior debería instrumentarse junto a una nueva ley de comercialización, que neutralice el manejo de los oligopolios y supermercados en la fijación de los precios de los alimentos. Frente a una escalada de carestía se requeriría la aplicación de la ley de abastecimiento y formas de control popular de precios.

Es también prioritaria la re-nacionalización del circuito de trenes y puertos privados, que el gobierno critica pero no modifica. Anular el tren bala constituiría un punto de partida para reconstruir la red ferroviaria para el transporte de cereales.

Pero una transformación popular del agro no prosperará sin nacionalizar el manejo financiero del agro-negocio y garantizar el manejo estatal de los laboratorios que proveen insumos, fertilizantes y agro-químicos.

Un plan agrario debe promover, además, una política de créditos y asesoramiento técnico. Por esta vía se puede combatir el monocultivo, diversificar la producción y asegurar la soberanía alimenticia.

La regresión social que impone el modelo de la soja no obedece al nivel de los impuestos, sino a la vigencia de las reglas del beneficio. Si estos patrones de rentabilidad continúan guiando la producción, no se revertirá la crisis de la lechería y el estancamiento del stock ganadero. Y tampoco se reducirán los efectos devastadores de este esquema sobre el medio ambiente.

“Dejar en libertad al campo” equivale a multiplicar la desigualdad y reforzar un modelo que no industrializa, ni crea empleo. El problema no es la soja, sino la agricultura capitalista. Llegó el momento de comenzar a revertir ese sistema, generando alimentos para todos y transformando la renta agraria en un bien colectivo”. Fuente: www.argenpress.info /Edición Nº 2117/ 24-7-08; también en Rebelión (27-7-08) y en La Haine 28-7-08

“Muchos fondos financieros internacionales (como Black Rock) compran tierras en gran escala en distintas zonas del planeta, para implementar el pasaje de un cultivo a otro en función de los precios de cada producto. Como en comparación a la industria el nivel de extranjerización de la propiedad agrícola en la Argentina es bajo, estos grupos financieros han puesto la mira en el país.

Esta amenaza se añade al viejo conflicto argentino con los subsidios al agro que Estados Unidos y Europa implementan, mientras defienden el libre-comercio para el resto de la humanidad. Esta duplicidad determina un choque con las clases dominantes locales, que se acentúa al compás de la crisis alimenticia. Han sido estas tensiones (y no la política de los Kirchner), el detonante de los recientes enfrentamientos comerciales con las grandes potencias en las reuniones de la FAO. La suposición que el país permanecerá como una isla de prosperidad, en un escenario mundial de hambruna es una típica fantasía argentina. Dado el carácter periférico de la economía nacional y su elevado nivel de endeudamiento es ilusorio suponer que podrá salir airoso de una hambruna global.

Los voceros del agro-liberalismo difunden esta creencia, para propiciar aumentos de la producción agraria basados en bajos impuestos. Afirman que el auge de la exportación no encarecerá los alimentos dentro del país, en la medida que la abundancia permita subsidiar los consumos locales y facilite la distribución gratuita alimentos.

Pero esa iniciativa podría implementarse de inmediato. Dado que hay 2 millones de hambrientos frente a una producción que permite nutrir a 400 millones de personas, la distribución gratuita que proclaman para el futuro podría concretarse sin dilaciones. En lugar de un lock out patronal con derrames de leche podrían regalar carne, pan y verduras. Si no practican esa filantropía en la actualidad, tampoco la implementarán cuándo acumulen mayores beneficios.

Una solución favorable para las mayorías populares transita por otro camino. Argentina puede jugar un papel significativo en la gestación de un modelo mundial de seguridad alimentaria, basado en el reestablecimiento de las reservas y la instrumentación de mecanismos de estabilización de los precios, en un marco de inmediata detención de la producción de agro-combustibles.

Este curso requeriría controles coordinados de abastecimiento, producción y comercialización, tendientes a regular los mercados de granos, para erradicar el sistema de fondos de inversión en commoditties que provocan la hambruna actual. Obviamente de estas iniciativas no se habla en el FMI o la OMC, pero podrían desenvolverse entre los países y las organizaciones que rechacen el agro-negocio.

La fijación del precio de los alimentos por las Bolsas es un crimen. Las cotizaciones de estos bienes públicos deberían quedar establecidas en negociaciones entre naciones. En la UNCTAD ya existen siete métodos para fijar cotizaciones por esa vía, pero las grandes corporaciones bloquean su implementación.

La soberanía alimenticia es un derecho inalienable. Los países deben decidir en forma coordinada qué se cultiva y de qué forma. En defensa de estos principios, Argentina podría ejercer una gran influencia internacional. Pero este rumbo supone una política popular muy distante de las propuestas del ruralismo y el gobierno”.
Fuente: www.lahaine.org / 22-7-08

A partir de los análisis y propuestas del economista Claudio Katz, planteo el desafío de analizar si sólo la agricultura debe cambiar, si la producción de alimentos para 400 millones de personas sucede en el presente, si la transformación de la agricultura y el modelo de seguridad alimentaria se restringen tanto a mecanismos político-económicos como a ‘decisiones de países’ y si no “dejar en libertad al campo” orienta hacia la constitución del poder popular de impulsar el desarrollo social.

Es prioritario tener en cuenta que el llamado «modelo productivo, popular y nacional» surge y es sostenido por la UIA.

“A partir de 1995, la «comunidad de negocios» que había logrado unificar a las distintas fracciones de la clase dominante, comenzó a resquebrajarse debido a un proceso de reestructuración encarado por los grandes grupos económicos nacionales que incluyó:

Ø la venta de su participación accionaria en las empresas privatizadas a transnacionales,

Ø el repliegue en determinados sectores –predominantemente exportadores- de la economía argentina”.

Alejandro Gaggero y Andrés Wainer señalan que después de enriquecerse gracias a la Convertibilidad “los grupos económicos locales junto con un reducido número de conglomerados extranjeros (como el grupo Techint) se mostraron críticos al régimen de Convertibilidad por ser fuertes exportadores y por poseer un importante volumen de capital líquido (en divisa norteamericana) en el exterior, se beneficiaban ya que “con una devaluación no sólo obtendrían cuantiosas ganancias patrimoniales en términos de dólares sino que, adicionalmente, aumentarían en forma considerable la facturación y la rentabilidad de sus actividades internas”. (…)

Con la aparición de la recesión de 1998, se manifestaron los conflictos entre ellos. En la segunda mitad de ese año comienzan a sentirse los efectos de la crisis económica: estancamiento del consumo, baja de la inversión, caída de las importaciones y exportaciones, caída del producto, junto con el aumento de los compromisos externos. (…)

Frente a esta situación, los primeros reclamos concretos por medidas reactivadoras habían sido lanzados ya en la IV Conferencia Industrial de septiembre de 1997, pero éstos se acentuaron en la medida en que la proximidad de las elecciones presidenciales de 1999 abrió una oportunidad a los industriales para instalar sus demandas públicamente. (…)

Previo lanzamiento de un “plan Anticrisis” –y mediante la gestión de la Iglesia- el 5 de octubre de 1998 se reunieron las cúpulas de la Unión Industrial y la Confederación General de Trabajo. (…) La UIA tenía puentes con Duhalde a través de su nuevo presidente Osvaldo Rial y con la Alianza a través de Techint. (…)

La salida de Machinea del Ministerio de Economía enfría notablemente la relación de la UIA con el gobierno de la Alianza, sobre todo distancia a Techint cuyo peso era decisivo dentro de la entidad fabril. Pero recibe bien a Cavallo (…)”.

En noviembre de 2001, Eduardo Baglietto (directivo de Techint) afirma en un discurso que

“la Argentina tiene hoy coincidencia de la sociedad civil productiva: empresarios, industriales, constructores, productores agropecuarios, bancos, fuerzas sindicales.
Es una coincidencia para la instrumentación de un proyecto nacional productivo de crecimiento y de largo plazo. Coincidencia que fue manifestada públicamente…”.

Un día antes de que el ministro Cavallo decretara el “corralito”, el Grupo Productivo le acercó al gobierno un documento realizado conjuntamente con la CGT oficial, ABA y Abappra en el cual se sostenía la necesidad de encontrar políticas de concertación (…)”.

“Mi gobierno pondrá fin a la alianza del poder político con el poder financiero, que perjudicó al país, para sustituirla por una alianza con la comunidad productiva. (…) Quise tener este primer encuentro con la gente de la producción, porque la comunidad productiva es la que debe gobernar en el país”.

Este discurso en el que llegó a sostener que el poder político debía ser entregado directamente a este sector para desarrollar un nuevo proyecto de país, entusiasmó a los empresarios presentes de la UIA, las multinacionales alimenticias y la construcción. Ni banqueros ni ejecutivos de las empresas privatizadas estuvieron”. (Realidad Económica Nº 204/ mayo-junio 2004)

“La “salida devaluacionista” de la Convertibilidad logró congregar a muy diversos sectores estructurándose en lo ideológico-discursivo sobre la defensa de “la producción”, “la industria”, “la competitividad”, “el trabajo”, “el regreso del Estado” y “la Nación” (obviamente por la naturaleza y los objetivos de las fracciones del capital concentrado interno que conducían y conducen el “bloque devaluacionista” esos conceptos estaban y están definido de un modo un tanto peculiar).

Estos planteos por un nuevo “modelo económico” sustentados sobre la modificación del tipo de cambio contaron con el invalorable apoyo de amplios sectores del espectro político-sindical nacional y de buena parte de la “comunidad académica” local e internacional.
Con la mira puesta en construir una fuerza social capaz de impulsar y convalidar este “proyecto productivo” se insistió en que estas medidas mejorarían el ingreso de los sectores populares y beneficiarían a las pequeñas y medianas empresas (…)”.

El triunfo del “modelo de dólar alto” y su legitimación son posibles por presentarlo como el “modelo de la producción y el trabajo”. A la vez, “sus defensores en los campos académico, político y empresarial destacan que, como resultado del shock devaluacionista, la economía de Argentina ha logrado ingresar en un sendero de crecimiento que permitirá revertir la crisis laboral y el cuadro de inequidad distributiva heredados del “modelo de los noventa”. (…)

El comportamiento del producto bruto interno en el último tiempo parece avalar las posturas esgrimidas por los defensores del nuevo “modelo”, lo cual ha sentado las bases para su convalidación social y en ese marco, para no debatir sobre la cuestión sumamente relevante: ¿cuáles son los actores económicos concretos que más se benefician con la vigencia de un “un tipo de cambio real competitivo” y cuáles son los que resultan perjudicados? (…)”. (Realidad Económica Nº 211/ abril-mayo 2005)

Alejandro Gaggero y Andrés Wainer, en “Crisis de la convertibilidad: la UIA y el (tipo de) cambio”, reflexionan:

“Sin duda la devaluación produjo importantes cambios en la Argentina, pero estas transformaciones sociales se asemejaron muy poco a las previstas en los discursos de la UIA y el grupo productivo.

A pesar de la retórica sobre la necesidad de redistribución del ingreso y aumento del empleo, la salida de la crisis económica se puso en marcha mediante una mayor flexibilización laboral y la baja de salarios reales.

Ya no se trata de la baja nominal tal como sucedió durante el período de convertibilidad, sino que el deterioro se da fundamentalmente a través del aumento de los precios internos consecuencia de la devaluación.

La estrategia exportadora desplegada por la Unión Industrial implicaba necesariamente –en un país con relativo bajo nivel de desarrollo tecnológico- una mayor precarización del trabajo como complemento de un tipo de cambio más competitivo (…)”.

Preguntan: “¿Cómo se entiende, entonces, el reclamo desde la cúpula de la UIA por un “proyecto nacional” mediante la recuperación de una “burguesía nacional”?

La estrategia que sostenían los dirigentes industriales contra los bancos y las privatizadas implicaba construir una fuerza social capaz de impulsar su proyecto. Con este fin utilizaron un «discurso» de corte nacionalista, que vinculaba sus posiciones con los intereses de las fracciones más débiles del capital e incluso con la de los asalariados, apelando a las “tradiciones de las generaciones muertas”.

Con una imagen deformada de la realidad y tratando de recuperar la experiencia de la sociedad argentina durante el período de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), la dirigencia industrial armó un «discurso» acorde con sus objetivos sectoriales.

Dada la forma en que se salió de la convertibilidad y la alianza que tuvo este sector con el gobierno de Duhalde, se puede sostener que esta táctica fue ideológicamente efectiva.

Si bien era imposible que se reeditase la antigua alianza entre los sectores populares y la burguesía industrial debido a las contradicciones económicas y políticas, este «discurso» de corte “nacional” –junto con la demonización de los bancos y las privatizadas- fue suficiente para neutralizar todo intento dolarizador y por lo tanto, revertir coyunturalmente la relación de fuerzas al interior de la clase dominante. (…)

Ahora bien, a pesar de esta victoria ideológica y política por sobre el proyecto dolarizador, no se revirtieron –ni tampoco estaba en la intención de estos actores revertir- las principales reformas estructurales que comenzaron a darse a mediados de los ’70 y que se consolidaron en los ’90.

Teniendo en cuenta el nuevo escenario económico y la inserción de la Argentina en la división internacional del trabajo, se puede sostener que la fracción analizada no puede cumplir el rol de “burguesía nacional” debido a que su lógica es transnacional y que su proyecto no tiene diferencias de fondo con el capital extranjero, a pesar de lo que sugerían algunos dirigentes de la UIA.

En un contexto de crisis de acumulación en el cual necesariamente habría perdedores entre las fracciones del capital, la gran burguesía industrial se limitó a buscar medidas que le permitiesen conservar el valor de sus capitales.

La estrategia de la UIA no se basó sobre un proyecto de desarrollo nacional a largo plazo opuesto al “imperialismo” sino en obtener victorias coyunturales que les facilitaran un mejor posicionamiento ante el evidente agotamiento de un ciclo. (…)

Sus intereses y lógica de acción no son necesariamente contradictorios con éstos últimos, con lo cual es muy difícil establecer un corte entre nacionales e imperialistas. En lo que ambos coincidieron plenamente es en la recomposición de un nuevo ciclo de acumulación debía provenir de una mayor explotación de la fuerza de trabajo, salida que ha venido privilegiando el capital en los últimos 25 años”.

Fuente: revista Realidad Económica nº 204,
mayo/mayo 2004, editada por
el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)
www.iade.org.ar

En consecuencia, el objetivo formulado por la Presidenta de la necesidad de “un modelo de articulación social virtuoso entre el capital, en su rol de inversor y demandante de obtener rentabilidad, y los trabajadores que pretenden salarios dignos”, expresa la intención de hacer posible que continúe la impunidad de quienes siempre se enriquecieron por recibir bienes e ingresos populares gracias a la intervención del Estado.

Pero, sobre todo, la impunidad de quienes componen la UIA se refiere no sólo a que renunciaron –como clase- a independizarse de la oligarquía terrateniente (por reforma agraria y democratización en especial de las provincias) y del imperialismo (por desarrollo económico, rural, científico-técnico y sociocultural) sino, también, son los responsables principales de viabilizar la Doctrina de Seguridad Nacional y del Consenso de Washington, expandir el endeudamiento público como mecanismo fundamental de ruina y sometimiento del país e impulsar la constante concentración-desnacionalización tanto económica como territorial y el correspondiente aumento de la desigualdad social y del presidencialismo.

Las transformaciones estructurales del agro y la industria son desafíos que se plantean en los planos nacional, latinoamericano e internacional para impulsar:

En la desnacionalización económica que se encubre como proceso de privatizaciones y libertad de mercado, la inmensa mayoría de la población fue despojada de sus derechos humanos y de bienes comunes que fueron convertidos en mercancías y fuente de formidables negocios de monopolios y oligopolios.
Esta entrega y sumisión a las transnacionales fue posible por la comunidad de negocios de las últimas con el gran empresariado local, las cúpulas del bipartidismo y la CGT. El partido Justicialista fue fundamental para el éxito del avance en ese sideral enriquecimiento producto de empobrecer al país y a la inmensa mayoría de la población.

“La década del noventa, con su apertura despiadada a la globalización, inclina definitivamente la balanza hacia las commodities, ya que los agricultores (que hasta entonces colocaban sus productos “tradicionales” en el mercado local a un precio diferencial) sufrieron la competencia feroz de mercadería importada que, muchas veces, no reunía las condiciones de calidad que se le exigían a la nacional pero cuyo precio –no pocas veces subvencionado en origen- desplazaba al producto local.

La apertura y desregulación impuestas por el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) comenzaron a producir despidos en la actividad industrial; la actividad textil (que ya venía sufriendo la competencia extranjera) prácticamente desapareció. La desocupación comienza a afectar el consumo. El remanente que retiene su empleo se dirige a la adquisición de productos de “segunda” y los precios deciden las compras.

Como lógica consecuencia, la desocupación comienza a experimentarse en el sector rural. Volviendo al ejemplo de la industria textil, la lana y el algodón sufren, como actividades productivas, una fuerte reducción y sólo después de la caída del gobierno de De la Rúa comenzarán a recuperarse.

La proliferación de productos agropecuarios de producción “industrial” de bajo costo y calidad estándar llega también a otras actividades del sector rural. En horticultura, junto con la aparición de invernáculos, se dan los híbridos de tomate, en particular, los denominados “larga vida” que, en realidad, son de mala calidad culinaria pero se adaptan a la producción y comercialización global a escala. En fruticultura, podemos mencionar los duraznos amarillos que carecen del sabor y el jugo de los blancos. En ambos casos, se perdió la calidad por privilegiar al rendimiento y a la fácil comercialización en las góndolas de los supermercados, donde se mantienen por más tiempo.

El mundo de las commodities no es para los pequeños y medianos productores. (…)

Pero es en la actividad agrícola extensiva donde se experimenta la transformación más profunda, pues se consolida la actividad de diferentes figuras empresarias que toman en arriendo, u otras formas de alquiler, tierras de pequeños y medianos agricultores para integrar superficies de escala, acordes con la idea de producción de commodities.

El impulso de las multinacionales dedicadas a los granos es fundante de este fenómeno de escala. Esas empresas hacen de las commodities su herramienta básica, para lo cual necesitan estimular el concepto de “ineficiencia” de los pequeños agricultores, lo cual sólo les depara su desaparición. (…)

Gran parte del comercio local de acopio y consignación es derivado a empresas como Cargill. Muchos acopiadores regionales desaparecen ante la pérdida de posibilidades de competir y aquéllos que persisten en la competencia son adquiridos por las multinacionales. Las empresas dedicadas al comercio de commodities ganan dinero de ida y de vuelta, es decir, tanto al comprar como al vender.

La opción por la producción de commodities toma formas definitivas -por parte del gobierno nacional- en 1996 con la aprobación de la soja RR (Round Up Ready) genéticamente modificada para tolerar la aplicación del herbicida glifosato.

Esta liberación es el comienzo de una serie que continúa con el maíz Bt (planta insecticida para el barrenador del tallo) y en 2004 con el maíz RR (resistente al glifosato).

Estas liberaciones de cultivos están presentadas y fundamentadas en la “necesidad de mantener la competitividad del agro” y enfrentar las políticas proteccionistas, en especial, los subsidios europeos. Es difícil encontrar alusiones a los subsidios (encubiertos o no) de los Estados Unidos.

La competitividad que se protege y asegura es de ese “agro” que produce divisas, que luego son destinadas al pago de la deuda externa y los planes sociales.

Está claro que el pago de la deuda externa es el que impone el modelo agroexportador de commodities, marginando el desarrollo y producción local de alimentos culturalmente asociados con la «soberanía alimentaria» del pueblo argentino. (…)

Es reiterativo el uso del dato numérico por el cual se llega a la conclusión de que la “Argentina produce alimento para 300 millones de personas”, afirmación que rechazamos con el argumento que hemos expuesto, ya que la soja (principal commodity nacional) no forma parte de la cultura alimentaria de los argentinos ni de la mayoría de las culturas del mundo.

Pero lo grave es que, con dicho argumento, se justifican presupuestos y esfuerzos públicos para investigación y desarrollo de commodities “para terminar con el hambre del mundo”, cuando en verdad quienes manejan estos productos se proponen “negociar commodities agropecuarios, como materia prima para ser desintegrados y luego reconstruidos, transformándolos en algún producto con valor agregado para el mercado y conseguir así un beneficio para la corporación…” (Kneen, 2002)”.

En las reflexiones finales, Adolfo Boy advierte: “debemos poner atención en el futuro cercano de la agricultura de commodities ya que depende cada día más de insumos energéticos: combustible, fertilizantes, herbicidas y agroquímicos.

Al terminar de escribir este trabajo, en octubre de 2004, el precio del barril del crudo ha superado los 50 dólares y si consideramos la marcada caída del precio de la soja, volverá a ponerse sobre la mesa la posibilidad de los biocombustibles como forma de reducir el impacto del precio del petróleo.

El tema es muy complejo pero, desde lo agronómico, un cultivo dedicado a biocombustible debe ser un típico commodity, barato y fácil de producir a granel, es decir, sinónimo de monocultivo en monocultura de siembra directa”.

La organización de la producción de bienes y servicios en función del incremento incesante de la tasa de ganancia del poder económico casi transnacional ha conducido a que éste acapare de modo creciente todas las posibilidades de vida y trabajo, extendiendo –en los de abajo- la incapacidad de acceso al agua, a la energía, al alimento, a la vivienda, al transporte, a la educación y la salud públicas, al trabajo, a la seguridad social…

Pero, además, la conversión de hidrocarburos y minerales en commodities lleva a modelos de explotación de esos recursos estratégicos que, como la agricultura sin agricultores, no sólo arruinan -y marginan del bienestar básico- a la diversidad popular sino también la enferman y causan genocidio silencioso.

“Aun cuando el monocultivo de soja ha llegado a extremos inimaginables, su reemplazo por maíz o cualquier otro cultivo estival (e incluso la incorporación a las rotaciones de cultivos invernales) no parece que vaya a modificar los problemas más graves que ha traído aparejada la siembra directa con materiales RR.

Nuestro diagnóstico es que estamos ante un problema de monocultura y no de monocultivo; en realidad, hoy, el problema agronómico más serio se presenta en la siembra directa y la serie de insumos asociados. Dichos problemas no se resolverán cambiando o rotando cultivos.

Las malezas resistentes al glifosato, seguirán siendo resistentes independientemente del cultivo de que se trate. Lo mismo ocurrirá con los bichos bolitas, los caracoles y babosas ya que estas “nuevas plagas” no son específicas de la soja sino fruto del hábitat creado por la acumulación de rastrojo y la falta de remoción del terreno con arado o rastra y de su exposición para que las aves hagan la tradicional limpieza.

El doctor Kobayashi que trabaja en el INTA, en el Centro Nacional de Cautelar, afirma: “este sistema de cultivo es muy efectivo a la hora de evitar la erosión del suelo pero no es un buen método cuando se trata de la protección de las plantas”. El experto explica porqué: “provoca el resurgimiento de enfermedades al dejar las raíces y los tallos infectados con hongos patógenos dentro del suelo hasta el año siguiente”.

Resulta muy llamativo que las recomendaciones de quien –desde hace muchos años trabaja en el país en temas de microbiología del suelo, hayan sido ignoradas hasta por las propias instituciones a las que él pertenece. En reiteradas exposiciones el doctor Kobayashi ha manifestado que, si se persiste con este sistema de siembra directa, no sólo se encontrará con la constante amenaza de las enfermedades del suelo sino que, también, existirá la posibilidad de enfrentar el deterioro de las tierras y la destrucción del medio ambiente (…)”. Fuente: “El campo argentino en la encrucijada”, coordinadores Norma Giarracca y Miguel Teubal.
Buenos Aires, Alianza Editorial, 2005.

La monocultura como la única modernidad posible podrá superarse si la diversidad popular le otorga cosmovisión humanista a la revolución científico-técnica. Es apropiarse de la agro-ecología y la economía ecológica que recuperen las culturas campesinas e indígenas, el desarrollo rural en intercambio incesante con el industrial y el trabajo transdisciplinario para manejar los heterogéneos ecosistemas sociales teniendo en cuenta sus dinámicas evolutivas e integrarlas hacia la salud pública como calidad de vida, justicia social, convivencia cada vez más plena y potenciación de la diversificación medioambiental.

LRAN es la Red de Investigación-Acción sobre la Tierra, o el Land Research Action Network que reúne investigadores activistas trabajando en cuestiones de acceso a la tierra y sus recursos, para formar una red entre ellos y con movimientos populares. Comunica:

Declaración de Wilderswil (Suiza, 6 de septiembre 2007) sobre la Diversidad del ganado de la sociedad civil organizada por la CIP - Comité Internacional de Planificación de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria (con varios participantes de la Vía Campesina):

“Nosotros, representantes de 30 organizaciones de pastores, pueblos indígenas, pequeños ganaderos y ONGs de 26 países tanto del Norte como del Sur, nos reunimos en Wilderswil en nuestro "Foro sobre la diversidad ganadera: en defensa de la soberanía alimentaria y los derechos de los ganaderos". Nos reunimos de forma paralela a la Conferencia Técnica Internacional de la FAO sobre Recursos Genéticos Animales que se celebró en Interlaken.

Estamos aquí para luchar por nuestros derechos como ganaderos. Somos conscientes de que sólo somos una pequeña parte de todas las organizaciones que existen en el mundo. Pero reconocemos que nuestra lucha es común a la de las organizaciones sociales de pastores nómadas, ganaderos, pueblos indígenas y pequeños ganaderos del Norte y del Sur. El objetivo principal de nuestro encuentro consiste en reforzar nuestro movimiento y profundizar nuestro análisis y colaboración respecto a:

La crisis mundial de la ganadería

El modelo industrial de producción ganadera está provocando la destrucción de nuestra diversidad animal y de nuestros propios medios de vida. Actualmente, el sistema industrial de cría y producción ganadera se está imponiendo como el modelo dominante en todo el planeta.

Este modelo requiere grandes inversiones en tecnología y recibe subvenciones y ayudas que han desequilibrado el mercado. Esto ha provocado una concentración y una dependencia de la industria ganadera sin precedentes. Por ejemplo, existen tan sólo cuatro compañías dedicadas a la cría de aves que operan globalmente y dos de ellas controlan la mitad de la producción mundial de huevos. Aunque estas compañías son del Norte, este creciente mercado se está centrando cada vez más en el Sur, porque es allí donde más se está fomentando el consumo de productos animales industriales.

El crecimiento de la producción industrial de ganado ya ha dado lugar a la destrucción de los medios de sustento de los pequeños ganaderos. Además, este modelo de producción presenta un peligro al basarse en un limitado repertorio genético, potenciado por el uso extendido de fármacos veterinarios. Sin embargo, este sistema arriesgado y de alto coste produce la mayor parte de los alimentos que consumimos: a escala mundial, la mitad de la producción de huevos, un tercio de la producción porcina, dos tercios de la producción láctea y tres cuartos de la producción avícola se producen bajo patrones de cría industrial.

Los avances de la producción ganadera industrial

Ø políticas de sedentarización forzada y la alteración de las vías de trashumancia tradicionales,

Ø proyectos de desarrollo económico a gran escala como la minería (y sus consecuencias, como la privatización de los recursos hidrológicos por parte de multinacionales), planes de producción de agrocombustibles e incluso a través de políticas de protección medioambiental como parques naturales y áreas protegidas.

Ø imposición de reglamentaciones comerciales - en las últimas décadas- que permiten la competencia desleal (dumping), destruyen los mercados locales y nos obligan a producir alimentos basados en el modelo industrial de exportación.

Las políticas de ajuste estructural y de privatización de la tierra, del agua y de los servicios veterinarios, así como el impulso de tecnologías patentadas, como la clonación y la modificación genética, son otras herramientas utilizadas para destruir nuestro modo de vida. Desgraciadamente, estas políticas han provocado un incremento de la competitividad por la apropiación de recursos naturales, que ha resultado en un aumento dramático del número de conflictos violentos, guerras y ocupaciones.

Este modelo de producción es perjudicial para la salud, tanto de los humanos como del ganado. Las estrategias de mercadeo se utilizan para crear cantidades ingentes e insanas de productos ganaderos para el consumo. Las medidas sanitarias que facilitan el comercio a escala mundial de productos ganaderos industriales están destruyendo nuestra producción local a pequeña escala.

No podemos aceptar que la OMC dicte las reglas sanitarias y de higiene respondiendo solamente a la demanda de liberalización de los mercados. Los estándares de calidad y salubridad de los productos ganaderos deben responder a las necesidades de los consumidores y no a las necesidades de la industria.

Las consecuencias de la producción industrial ganadera

Podemos constatar las siguientes consecuencias en nuestras comunidades: pérdida de producciones pequeñas y familiares; bancarrota y suicidio de pequeños productores; dependencia económica, que incluye la importación de alimentos; destrucción del medio ambiente; barreras económicas que impiden a los jóvenes y a los nuevos pastores entrar en el sistema de producción; ruptura de relaciones sociales; políticas gubernamentales de investigación y cría orientadas hacia una alta productividad con una introducción indiscriminada de nuevas razas con la subsiguiente pérdida de nuestras razas autóctonas.

Hacia la soberanía alimentaria y los derechos colectivos

Afirmamos que no es posible conservar la diversidad animal sin proteger y reforzar las comunidades locales que la mantienen y la nutren hoy en día. Queremos una actividad ganadera a escala humana. Defendemos un modo de vida que está profundamente asociado a nuestra cultura y espiritualidad, y no enfocado únicamente a la producción. Estamos construyendo nuestras capacidades organizativas para contrarrestar la presión que ejerce el modelo industrial. Adoptamos el marco de la soberanía alimentaria, que ha sido creado por movimientos de campesinos/as y de otros que se enfrentan a problemas similares derivados de la agricultura industrial, y que está empezando a ser reconocido por muchos gobiernos. Continuaremos desarrollando enfoques y tecnologías de investigación que nos permitan ser autónomos y dar a los ganaderos y otros pequeños productores el control de los recursos genéticos y de la cría de ganado. Además, nos organizaremos para conservar nuestras razas únicas.

Nos comprometemos a luchar por nuestras tierras, territorios y pastos; nuestras rutas migratorias, incluyendo las transfronterizas; crearemos lazos con otros movimientos sociales con objetivos similares, y continuaremos trabajando por la solidaridad internacional. Lucharemos por los derechos de los ganaderos, que incluyen el derecho a la tierra, al agua, a los servicios veterinarios y a otros tipos de servicios, a la cultura, a la educación y formación, al acceso a mercados locales, al acceso a la información y toma de decisiones. Todos estos derechos son esenciales para crear sistemas de producción ganadera realmente sostenibles. Nos comprometemos a encontrar modos de compartir con pastores, indígenas, pequeños granjeros y ganaderos y otros productores de alimentos el acceso justo, aunque controlado, a la tierra y otros recursos.

La propiedad, el conocimiento y la innovación dentro de la comunidad suelen tener una naturaleza colectiva. Por lo tanto, el conocimiento y la biodiversidad locales sólo pueden ser protegidos y fomentados a través de los derechos colectivos. El conocimiento colectivo está estrechamente ligado a la identidad cultural, a ecosistemas particulares y a la biodiversidad, y no puede ser disociado de ninguno de estos tres aspectos. Cualquier definición o implementación de los derechos de los ganaderos debe tener esto muy en cuenta. Es evidente que los derechos de los ganaderos no son compatibles con los sistemas de derechos de propiedad intelectual, porque éstos últimos permiten un control de monopolio privado y exclusivo. No debe haber patentes u otras formas de derechos de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y el conocimiento relacionado con ésta.

Los estados deben reconocer el derecho consuetudinario, los territorios, las tradiciones, las costumbres y las instituciones de las comunidades locales y grupos indígenas, lo cual constituye el reconocimiento a la autodeterminación y autonomía de estos pueblos. Los gobiernos deben aceptar y garantizar los derechos colectivos y el control de la comunidad sobre los recursos naturales, incluyendo los pastizales comunales y las vías pecuarias, el agua y las razas de ganado. Los gobiernos también deben comprometerse a crear una legislación internacional vinculante que obligue a los estados a garantizar el respeto a estas leyes.

Plan de Acción Global de la FAO

El informe de la FAO sobre La Situación de los Recursos Zoogenéticos Mundiales para la Alimentación y la Agricultura contiene un análisis sobre algunas de las principales causas de la destrucción de la biodiversidad de animales domésticos y del sustento de las comunidades locales que alimentan esta diversidad. Igualmente, el informe señala al sistema de ganadería industrial como uno de los mayores factores que provocan esta destrucción. Sin embargo, el Plan de Acción Global no contiene ninguna referencia a estas causas. Es totalmente inaceptable que los gobiernos acuerden un plan que no se enfrente a las políticas que causan esta pérdida de diversidad. Los gobiernos ni siquiera adquieren compromisos financieros sustanciales para aplicar su propio plan.

Las organizaciones sociales de pastores, granjeros y ganaderos no están interesadas en participar en un plan que ignora las principales causas de destrucción de la diversidad ganadera, y que sólo apoya débilmente a un sistema mundial de producción ganadera en decadencia. Debido a que el Plan de Acción Global no enfrenta la producción industrial ganadera, reforzamos nuestro compromiso para organizarnos, para preservar la diversidad ganadera y para contrarrestar las fuerzas negativas que nos amenazan. Sin embargo, estamos abiertos y dispuestos a participar en cualquier seguimiento que pudiera ser facilitado por la FAO .

Defender la diversidad ganadera no es una cuestión de genes, sino de derechos colectivos”.
Fuente: http://www.landaction.org/ 27 de noviembre de 2007

Muchas de las organizaciones mundiales de agricultores familiares, campesinos sin tierra, trabajadores rurales, comunidades indígenas, jóvenes y mujeres rurales se han unido de manera conjunta en una alianza global llamada la Vía Campesina.

De acuerdo con la Vía Campesina, estamos afrontando un conflicto histórico entre dos modelos de desarrollo económico, social y cultural en el mundo rural.

La Vía Campesina se opone al modelo dominante y sus impactos negativos ya mencionados, a través de un paradigma alternativo conocido como la «soberanía alimentaria».

La «soberanía alimentaria» parte de la idea de los derechos humanos, económicos y sociales que poseen todas las personas; entre los que se incluye el derecho a la alimentación. (Vía Campesina, 2002; Vía Campesina et al., Undateda, Undatedb, 2005).

Pero esta idea va más allá, tal como argumenta Jean Ziegler en el Informe Especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, con un corolario sobre el derecho a la tierra, e incluso, el «derecho a producir» de las gentes rurales

La «soberanía alimentaria» se basa en la idea de que la alimentación de las gentes es un asunto de seguridad nacional –de soberanía, si lo queremos llamar así. Si la población de un país depende para su próxima comida de los caprichos o fluctuaciones de la economía global, de la buena voluntad de una superpotencia, de no usar la comida como un arma, de la incertidumbre y el alto coste de los envíos de larga distancia, entonces ese país no es seguro, ni a escala nacional, ni desde el punto de vista de su seguridad alimentaria.

La «soberanía alimentaria», por tanto, va más allá del concepto de seguridad alimentaria, concepto que ha perdido su verdadero significado (Rosset, 2003).

La «soberanía alimentaria» significa que cada niño, mujer y hombre debe tener la seguridad de obtener suficientes alimentos cada día.

Sin embargo. este concepto no dice nada sobre la procedencia de esos alimentos, o de cómo se producen; por ello, las instituciones de Washington podrían argumentar que la comida barata importada de los Estados Unidos es la mejor manera de conseguir la «soberanía alimentaria» para los países pobres, más que produciéndola ellos mismos.

Pero las masivas exportaciones baratas y la comida subsidiada coarta la competitividad y autosuficiencia de los agricultores locales, expulsándolos de la tierra, aumentando sus umbrales de pobreza y hambre, y colocando su comida en manos de una economía de pago ‘al contado’, obligándoles a emigrar a los suburbios donde no pueden encontrar ni siquiera unos salarios de subsistencia.

Para conseguir una verdadera seguridad alimentaria, las gentes rurales deben tener acceso a unas tierras productivas y recibir unos precios por sus cosechas que les permitan llevar una vida digna (Rosset, 2003; Vía Campesina et al., Undateda, Undatedb, 2005).

Sin embargo, esto también implica que no es suficiente con el acceso a la tierra y los recursos productivos.

El énfasis actual puesto en las negociaciones del acceso al mercado por las exportaciones, en detrimento de la protección de los mercados

de productores domésticos, es un problema crítico. De acuerdo con la Vía campesina (2002), “la «soberanía alimentaria» da prioridad a los productores locales en el acceso al mercado nacional. Pero los precios establecidos en el mercado internacional, producto de la liberalización agraria, niegan a los productores locales el acceso a sus propios mercados,”y por tanto, violan el derecho a producir, coartando el desarrollo económico local y regional.

Una manera de promover el desarrollo económico local en las áreas rurales sería la creación de circuitos locales de producción y consumo, donde los agricultores familiares puedan vender su producción en las ciudades y pueblos cercanos, así como comprar otros bienes de primera necesidad a los artesanos y comerciantes de esas ciudades. En este sentido un estudio brasileño sobre los asentamientos de la reforma agraria ha demostrado recientemente cómo estos estimulan las economías locales, incluso cuando un país carece de una política real de reforma agraria (Leite, 2004). De esta forma, el dinero circula varias veces en la economía local, generando empleo urbano y haciendo posible que los agricultores puedan sobrevivir. Si por el contrario, todo lo que los campesinos producen se exporta a países lejanos que pagan en el mercado internacional unos precios más bajos, y todo lo que ellos compran es también importado, entonces todos los beneficios del sistema se extraen de la economía local y sólo pueden contribuir al desarrollo económico en lugares remotos como Wall Street.

La «soberanía alimentaria’» por ello pone énfasis en los mercados y economías locales como puntos clave en la lucha contra el hambre y la pobreza (Rosset, 2003).

Sólo a través de un cambio en las pautas del desarrollo, abandonando un modelo de agricultura industrial destinada a la exportación, basada en un sistema de libre comercio, de grandes explotaciones, concentración de las propiedades y desplazamiento de las personas, podremos frenar la espiral creciente de pobreza, bajos salarios, migración del campo a la ciudad, y degradación ambiental.

El reparto redistributivo de la tierra y un cambio de 180 grados en la política comercial dominante, podrían suponer esa transformación hacia la agricultura familiar, basada en el núcleo familiar cooperativo, con la capacidad de alimentar a los pobres, llevando a un desarrollo económico más amplio y diversificado, así como a la conservación de la biodiversidad y los recursos productivos

Esto nos lleva de nuevo al argumento de la Vía Campesina del enfrentamiento de los dos modelos existentes en el mundo rural; un conflicto de «modelos económicos de desarrollo».

El contraste entre el modelo dominante, basado en la agro-exportación y libre mercado, versus el «modelo de soberanía alimentaria», no puede ser más desolador.

En la práctica, en cada uno de los temas relacionados con la alimentación, la agricultura y la vida rural, las posiciones son bastante contradictorias.

Mientras un modelo ve a los agricultores familiares como un curioso pero ineficiente anacronismo que debería desaparecer con el desarrollo y la modernización (a no ser que algunos de los agricultores permanezcan en Disneylandia- como atracciones para el turismo rural bucólico), el otro modelo los ve como las base de las economías locales, de los mercados internos que permiten a las potencias industriales y económicas de hoy en día como los Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur desarrollarse y ponerse en marcha (Rosset, 1999, 2003).

Con respecto al hambre, un modelo ve el aumento de las exportaciones desde las inmensas plantaciones de los ricos, como la manera de generar las divisas necesarias para importar comida barata destinada a los hambrientos; mientras que el otro modelo ve la conversión de las tierras de cultivo que una vez pertenecieron a los agricultores familiares, campesinos y gentes indígenas para exportar las cosechas, como la fuerza impulsora del crecimiento del hambre y la miseria en el campo.

Por último, mientras el modelo dominante está basado en el monocultivo a gran escala y el uso intensivo de insumos químicos, con cosechas de productos transgénicos, el modelo de soberanía alimentaria, destaca como las prácticas de las grandes explotaciones

industriales, acaban destrozando la tierra de las futuras generaciones, y deterioran una mezcla muy rica de conocimiento tradicional y sustentable de prácticas agrarias basadas en la agroecología (Rosset, 2003; Vía Campesina et al.,Undateda, Undatedb, 2005).

En general, este es el porqué del MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, un miembro de la Vía Campesina, que cree que “el enemigo es el modelo” y el objetivo de la protesta es la “mudança do modelo,” o la transición de un modelo a otro.

Este movimiento ve al agro como una pieza clave de esta transición, que sin embargo, en sí misma no es suficiente.

Por ello para conseguir el éxito, se necesita un mayor énfasis político en la «soberanía alimentaria»”.

La «soberanía alimentaria» exige autodeterminación social y nacional.
Pero esta última es imposible si la diversidad popular no se asocia para organizar el funcionamiento económico y estatal de acuerdo con la articulación de sus distintos componentes hacia producir e intercambiar en beneficio del desarrollo como sociedad local, como sociedad provincial, como sociedad regional y como país hermanado con los pueblos planetarios.

Implica basarse en las capacidades e iniciativas de los de abajo para trabajar y asumir las respectivas funciones sociales de suerte de ir optimizando la satisfacción de necesidades y aspiraciones en armonía con las potencialidades de cada eco-región y de la totalidad de ellas que conforma un sistema heterogéneo.

Considero que necesitamos analizar –entre una creciente mayoría- qué oculta el raudo avance de la concentración-desnacionalización tanto económica como territorial y el ‘neo-desarrollismo’ de los Kirchner para situarnos en:

1. La ‘democrática’ invasión imperialista por avance de la monocultura

“El biodiésel de aceite de soja es el capítulo más reciente de la conquista de Sudamérica a manos de la soja, un cultivo que consagra una nueva forma de explotación agrícola en la que predominan gigantescas empresas agroindustriales. La soja se ha propagado como reguero de pólvora en vastas zonas de Sudamérica en los últimos cuarenta años. En Brasil se empezó a cultivar en Río Grande do Sul, el estado más al sur del país, y desde allí avanza al norte, acaparando inmensas superficies agrícolas, de llanuras y bosques. Ahora ya cruzó el río Amazonas y se la planta en Roraima, 4 mil kilómetros al norte de Río Grande do Sul.

La cosecha que en 1970 no superaba 1.5 millones de toneladas, ascendió a 57 millones de toneladas en 2006-2007.

En Argentina, el cultivo de la soja se propagó igualmente rápido, expandiéndose hacia el norte y el oeste, tragándose grandes superficies de tierras arables, pampas y bosques. La cosecha este año ascendió a 43 millones de toneladas, en contraste con escasas 27 mil toneladas en 1970.

Los cultivadores brasileños de Mato Grosso do Sul llevaron la soja al Paraguay a principios de la década de 1990, donde ahora cubre 2.5 millones de hectáreas y se ha convertido en el principal producto de exportación del país.

La soja [o soya] es sinónimo de monocultivos y grandes haciendas mecanizadas. En consecuencia, la soja ha ocasionado enormes daños ambientales, provocando la destrucción de 21 millones de hectáreas de bosques en Brasil, 14 millones en Argentina y 2 millones en Paraguay. Al mismo tiempo, la soja ha desplazado cultivos alimentarios. La superficie sembrada con arroz, frijoles, maíz y trigo en Brasil disminuyó entre 1991 y 2005, mientras que el área dedicada a la soja se ha más que triplicado en el mismo periodo.

La misma historia se repite en Argentina: la producción de muchos alimentos básicos —entre ellos la leche, arroz, maíz, papas y lentejas— ha caído drásticamente.

Puesto que la mayor parte de los alimentos básicos son cultivados por el campesinado y los agricultores familiares, dicho proceso de desplazamiento de cultivos a manos de la soja ha significado la destrucción del tejido mismo de la vida rural. Con el avance de la soja hacia el norte en Brasil, cerca de 300 mil personas fueron desplazadas de Río Grande do Sul, y otras 2.5 millones de Paraná. Unas 150 mil familias fueron expulsadas de sus tierras en Argentina y otras 90 mil corrieron esa misma suerte en Paraguay.

Los movimientos sociales de la región han opuesto fuerte resistencia, pero a pesar de ello es muy difícil detener el avance de la soja, que cuenta con el respaldo de los consorcios más poderosos de la agroindustria: ADM (la mayor empresa procesadora de soja en el mundo), Cargill (la empresa comercializadora de granos más grande del mundo), CentralSoya, Bunge, Mitsubishi y otros. En los últimos treinta años, tanto ADM como Cargill trasladaron al Brasil y Argentina sus respectivas plataformas de exportaciones de soja. A lo largo de todo ese proceso, cabildearon tenazmente y han conseguido que los gobiernos locales inviertan fuertemente en obras de infraestructura de transporte. Se construyen y pavimentan carreteras, se dragan ríos —todo ello con dinero de los contribuyentes locales- aunque muy pocos de ellos se benefician.

Más recientemente, algunas de esas empresas han avanzado un paso más en su reposicionamiento: Cargill y Smithfield, ambas gigantescas empresas estadounidenses procesadoras de carnes, construyeron enormes plantas frigoríficas y de empaquetado de carnes de cerdo y pollo en el sur de la cuenca amazónica desde donde exportan carne de animales alimentados con raciones de soja. (…)

La presión sobre la tierra se intensificará a consecuencia de la fiebre actual por el biodiésel (…)”.

2. Las industrias que desertifican -por superexplotación- son esenciales al gobierno K

GRAIN, en “Agrocombustibles: síntomas de una próxima combustión globalizada”, caracteriza la etapa imperialista que se está tratando de instaurar en forma ‘democrática’:

Ø “El espíritu de conquista de finales del siglo XIX (ejemplificado con esa declaración de Cecil Rhodes en la que maldecía las estrellas porque no podía conquistarlas), vuelve a ser el combustible que anima al capital. Pero el método ha cambiado.
No se trata de conquistar países y volverlos colonias, eso sale muy caro y es muy peligroso. Es preferible conquistar territorios específicos y dejar en los gobiernos a una pléyade de sirvientes que hacen de la genuflexión frente al capital su ejercicio aeróbico favorito. En esta nueva relación, el capital no ve países sino territorios: Brasil no es Brasil sino la selva amazónica y millones de hectáreas que deben ser reubicadas en la lógica del capital y de sus prioridades. Bolivia no es Bolivia sino una extensión de terreno donde hay gas en abundancia. México no es México sino la selva Lacandona donde hay petróleo, uranio, agua, etcétera (…)”.

Ø Las industrias más poderosas del planeta la ven como una fuente de jugosas ganancias y encima consiguen que muchos gobiernos las apoyen con leyes y subsidios. Por eso sigue avanzando la ola de los agrocombustibles, no porque sea buena para el ambiente ni aporte solución alguna al cambio climático global —de hecho lo va a empeorar. Las compañías de automóviles esperan que el nuevo combustible obligue a la gente a cambiar de carro, las petroleras controlan el sistema de distribución de combustibles, las que controlan el comercio mundial de granos ganarán tanto con el aumento de la demanda de agrocombustibles como con el aumento de precio de los alimentos que deberán competir con esto. Las grandes trasnacionales forestales y con plantas de celulosa (Stora Enso, Aracruz, Arauco, Botnia, Ence y otras) que ahora producen para la industria del papel, también avizoran negocios con los combustibles agroindustriales y con mínimos cambios tecnológicos pueden reconvertir sus plantas al procesamiento de etanol… Los fabricantes industriales de alimentos para engorde de pollos y ganado, como Tyson Foods, han hecho alianzas con petroleras para fabricar biodiésel a partir de grasa animal…
Actualmente, todas las semillas transgénicas que se plantan comercialmente en el mundo son controladas por Monsanto (casi 90%), Syngenta, Dupont, Bayer, Dow y basf. Syngenta, Dupont y Monsanto, tienen juntas 44% de la venta de semillas patentadas en el mundo. Si consiguen consolidar nuevos nichos de venta que “necesiten” sus semillas patentadas, aumentarán sus ganancias y su control sobre las semillas —llave de toda la cadena alimentaria humana y animal— con el desembarco en otro sector clave: los combustibles.
Todas las trasnacionales que controlan los transgénicos ya tienen inversiones en la investigación y el desarrollo de combustibles agroindustriales. La mayoría en cultivos transgénicos con mayor contenido oleaginoso, de azúcar o almidón, pero también en enzimas y bacterias transgénicas, que serían incorporadas a los cultivos o árboles, para acelerar el procesamiento. (…)

Ø Los agrocombustibles no requieren necesariamente cambios en los patrones de consumo, ni reestructurar la economía que se basa en los combustibles fósiles.
Las empresas petroleras consideran que con éstos pueden prolongar su vida y diversificar sus negocios.
Al incorporar un 5-10% de etanol o biodiésel en la gasolina común, el uso de los combustibles fósiles puede prolongarse por varias generaciones.
La industria automotriz puede mantener o incluso aumentar las ventas ya que la gente está obligada a adquirir nuevos vehículos adaptados al uso de etanol. Todo esto se hace mientras se entierran los argumentos de quienes exigen el máximo tabú en un sistema capitalista —reducir el consumo.
La industria de la biotecnología podría parecer la menos beneficiada, pero tiene posibilidades de obtener tremendas ganancias al tiempo que enfrenta una creciente oposición. Alcanzar las metas de los agrocombustibles requiere diseñar cultivos para producirlos, incrementando cosechas y reduciendo costos.
Los cultivos genéticamente modificados (gm) ofrecen una ruta hacia las ganancias a corto plazo en los dos últimos puntos. Las variedades gm de maíz y de caña de azúcar específicamente adaptadas para la producción de etanol ya se usan extensamente.
La industria de la biotecnología podría parecer la menos beneficiada, pero tiene posibilidades de obtener tremendas ganancias al tiempo que enfrenta una creciente oposición. Alcanzar las metas de los agrocombustibles requiere diseñar cultivos para producirlos, incrementando cosechas y reduciendo costos. Los cultivos genéticamente modificados (gm) ofrecen una ruta hacia las ganancias a corto plazo en los dos últimos puntos. Las variedades gm de maíz y caña de azúcar específicamente adaptadas para la producción de etanol ya se usan extensamente. Dado que la corporación Monsanto es la principal impulsora del maíz gm, que 90% del etanol estadounidense viene del maíz y que la mayor parte de los cultivos de maíz de Estados Unidos se modifican genéticamente, el etanol se ha ganado el apodo de “destilado casero de Monsanto” [Monsanto Moonshine]. Sus investigaciones se enfocan en genes de plantas de ingeniería para obtener cosechas incluso más altas y rasgos que faciliten su procesado. Lo más probable es que este nuevo producto no sea apto para el consumo humano. (…)

Ø Los planes -en Brasil- de deforestar por lo menos 80 millones de hectáreas en la selva amazónica (la superficie de Italia y España) para cultivos energéticos. El suelo de la selva amazónica no es apto para cultivos pero su microclima atrae empresarios de todo el mundo que penetran la selva buscando el rendimiento de la soja (soya) todo el año. El microclima del rendimiento milagroso parece tener las estaciones contadas; su rol en las precipitaciones será alterado y se provocarán sequías e incendios: todo ello en muy breves años. En la selva amazónica brasilera la deforestación, según un estudio de la NASA, se acelera conforme sube el precio de la soja.
El know how acumulado desde los tiempos del Pro Alcohol brasilero hace de este país el líder de los agrocombustibles. El cultivo con mejor balance energético, la caña de azúcar, es rentable sólo con trabajo semiesclavo: en el interior de Brasil los jornaleros siguen muriéndose por desnutrición, excesivo trabajo (12-14 horas al día por 7 dólares) y por las fumigaciones de pesticidas. Crecen las favelas por el éxodo rural, y el número de cárceles. Pero ahora Brasil tiene un nuevo un rol protagónico: exporta su modelo a toda América Latina y a África contando con fantásticas inversiones en dólares y euros… Si los cultivos energéticos profundizan la concentración de tierras y la industrialización de la agricultura, con la tierra en tan pocas manos y tantas manos sin tierra los flujos migratorios internos a los países productores crecen junto a miseria e inseguridad en las ciudades.

La pérdida de biodiversidad provocada por la expansión de la frontera agroenergética, verdadero frente bélico contra la biosfera, le conviene al mismo sector industrial que se jacta de producir biodiversidad en sus laboratorios y genera la escasez de variabilidad genética que asegura sus negocios futuros. Los mismos financiadores de la segunda Revolución Verde y de las deforestaciones archivan ya toda la información genética todavía disponible adelantando los trascavos a toda prisa (entre ellos la fundación Gates). La museificación de la información genética es el primer paso hacia su sustitución diseñada con ingeniería. (Andrea Markos, “Agrocombustibles: impactos sobre el ambiente, la soberanía y la seguridad alimentaria global”, www.ecositio.com.ar, julio 2007).

Ø Las condiciones de trabajo y los salarios son deplorables en la industria de la siembra de caña en general. De acuerdo al Centro de Defensa de la Ciudadanía y de los Derechos Humanos Marçal de Souza Tupãi, en Brasil el trabajo de los ingenios de azúcar es calificado como trabajo degradante “por las condiciones poco saludables en que los indígenas ejercen las actividades y por las condiciones de alimentación y alojamiento a las que se ven sometidos durante el periodo de trabajo cuando duermen en las haciendas”. (…)

Ø La demanda de agua para la agricultura se duplicará hacia 2050 por la producción de agrocombustibles, asegura el Instituto Internacional de Agua de Estocolmo (siwi por sus siglas en inglés). La necesidad de grandes superficies de siembra para el desarrollo de etanol y biodiésel se convertirá en un problema para las generaciones venideras.Los datos del siwi concuerdan con un informe realizado en 2006 por el Instituto de Administración del Agua que, con apoyo de Naciones Unidas, determinó que producir agrocombustibles podría agravar la escasez de agua hacia 2050: hoy el riego supone 74% del recurso usado, 18% se destina a las centrales eléctricas y otros usos industriales; el consumo doméstico supone apenas 8%. Roberto Aguirre, Prensa Mercosur, 13 de agosto de 2007.

Ø El monocultivo significa la destrucción de la agricultura campesina, si se continúa con el proyecto de producción de agrocombustibles. Para el Banco Mundial, se ha de pasar de la agricultura campesina a un modelo intensivo de tipo capitalista, lo que significa la desagregación de comunidades indígenas (en Indonesia, en Papúa Nueva Guinea, en América Latina) y de afrodescendientes, y también la destrucción de los pequeños productores, a veces de manera brutal. En el caso de Colombia, eso se realiza con la ayuda del ejército y de los paramilitares que no dudan en masacrar a la gente. Enfermedades se desarrollan entre la gente expuesta a los productos químicos. Se nota un número anormal de casos de cáncer, de anemias, de leucemias entre quienes viven en estas regiones. Elizabeth Bravo, Biocombustibles, cultivos energéticos y soberanía alimentaria en América Latina, Quito, Balli, Acción ecológica, Aivos, 2007(…)”.
Fuente: www.grain.org / octubre 2007

La desertificación se da por destrucción de las condiciones de vida y trabajo a largo plazo. Este despoblamiento también es provocado por la fuerza de las armas y la asfixia económica.

Es prioritario -para saber cómo asumir nuestro sentido de vida humana, social e internacional- tener en cuenta lo que propone el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos cuando manifiesta:

“En cuanto al problema del cambio climático, consideramos que hay que darle un enfoque político, de justicia y que siente claramente la responsabilidad por la crisis que vive la humanidad y el planeta en su conjunto; exigimos reparación y pago del daño por la deuda ecológica que los países industrializados tienen para con los países del sur, además de vincular la cuestión del cambio climático con la soberanía alimentaria, el combate a los patrones de consumo depredadores del medio ambiente, el lanzamiento de una campaña de los movimientos a favor de la justicia ambiental y poner realmente la cuestión ecológica como algo fundamental del modelo económico y social por el que estamos luchando”.

En consonancia con esta visión, el Grupo de Reflexión Rural (GRR), en “Las soluciones mágicas y las inevitables catástrofes subsiguientes”, convoca a tener en cuenta que:

“Los sistemas ecológicos funcionan según sus propias reglas, y esas reglas están dadas por el conjunto de la biodiversidad, los componentes físicos y las particularidades climáticas de cada región. Las distintas formas de intervención del hombre dentro de estos sistemas deberían tener una coherencia con la totalidad, esas intervenciones deberían estar regidas por una conciencia del todo y de sus sentidos más íntimos, de lo contrario el sistema como un todo, seguramente reaccionará negativamente. Las apetencias humanas, especialmente las económicas, normalmente se despliegan dentro de la ilusión de no necesitar ajustarse a las restricciones del ecosistema”.

“En las últimas décadas, tanto los pensamientos políticos como los económicos parecen guiarse por la regla de forzar los ecosistemas hasta sus límites, y en ocasiones, a empujarlos fuera de ellos mismos. Lo que sobreviene es inevitablemente un desastre, lo que llamamos una situación de catástrofe”.

Ejemplifica “soluciones mágicas” y explica como esa percepción y lógica colabora con el ‘Mercado’:

“Esas “soluciones mágicas” que fueron medidas circunstanciales para atacar un síntoma, un paliativo para salvar una profunda incomprensión del hombre con su entorno, a través de la costumbre se transforman en verdades monolíticas, en cuestiones fuera de discusión, en indiscutibles y temibles dogmas, que nadie dentro del sistema académico y de producción, podría hallar un espacio de reflexión como para que sean revisados.

Ahora bien, dado que no resuelven los desequilibrios iniciales, esas soluciones mágicas generan dependencia, son adictivas, porque trabajan fuera del sistema, porque son incorporadas sin un conocimiento apropiado para manejarlas. Las soluciones mágicas fueron siempre adoptadas en función de validaciones económicas, luego la industria y el Estado se ocuparon de buscarle algún beneficio social o ecológico, que por supuesto no tienen en el mediano largo plazo, pero que en la simulación que crean los medios de comunicación, resuenan como verdades establecidas.

Ejemplos de ellas es el uso de agroquímicos. Desde los inicios de la revolución verde, la promesa de un aumento de la producción y de un triunfo en la guerra contra las plagas, más que una promesa, consistió en una solución mágica. ¿Hay chinches? Ponerle endosulfán. ¿Hay malezas? Echarle Tordón. Así de sencillo, así de mágico, así de irreal, así de antiecológico, así de brutal y de absolutamente criminal con el entorno.

La soja transgénica fue otra solución mágica, acogida con esperanzas como una simplificación en las tareas, un ahorro de combustible y una garantía de ventas, con precios crecientes, en medio de un panorama de deudas y de empresas quebrando.

Los nuevos desarrollos biotecnológicos, el maíz Bt-RR por ejemplo, son nuevas soluciones mágicas. Se supone que controlan plagas, que tiene buenos rendimientos, las malezas son combatidas con glifosato, y encima no hay que hacerse problemas por la venta, total no es para alimento… es para biocombustibles! …Y los biocombustibles!! La última y más prometedora solución mágica para la escasez del petróleo, la volatilidad de su precio, el calentamiento global, y la conciencia negra de los consumidores europeos.

Las soluciones mágicas pasaron, en su momento, por explotar el quebracho colorado en el bosque chaqueño en épocas de La Forestal Argentina, una sola especie de los miles que tiene este bosque fue talada in misericordiosamente. Ya sabemos sus consecuencias. Ese tipo de “soluciones” creyeron encontrar sólo en el tanino, en la cabra, o en los postes y durmientes, o en el carbón, los recursos de tan magníficos bosques.

Hasta que llegaron los sojeros con la solución mágica más reciente, y lo único que vieron del bosque fue su suelo bajo la cubierta vegetal, un suelo que en el monte no es sino apenas una pequeña parte de un todo, y con esa mirada parcial y economicista, justificaron tanta barbaridad, y con ella impulsaron las topadoras, las quemas y las fumigaciones, que tanta devastación y muertes han provocado entre las poblaciones locales.

Las soluciones mágicas fueron las de cambiar toda esa riquísima biodiversidad, eliminarla de los campos y del pensamiento de los argentinos, sólo para encontrar un recurso a explotar, aquello que justifique transformar el bosque en dinero. Quebracho colorado, algarrobo, palo santo, postes, leña, carbón, suelo. Un solo recurso en medio de un conjunto extraordinario de posibilidades.

Las extracciones de corte minero sobre su masa forestal y su suelo, fueron las soluciones mágicas recurrentes para el Chaco. Y podríamos repetir estos ejemplos en cada bioma de la geografía argentina”.

Estas políticas se instalan y se facilitan, mediante el recurso de ir dejando paulatinamente sin financiamiento a la investigación en ciencias básicas y gracias a un extendido desprecio hacia la cultura y la educación popular. Se generan así, lagunas profundas en el conocimiento de los ecosistemas, y en la capacidad de apreciar aquellos “campos” en los que se trabaja y de los que se toma la “riqueza”.

Al no concebir la complejidad de los ecosistemas, al no comprender a fondo su funcionamiento, al estar limitados en las decisiones por esta ignorancia básica que configura un menosprecio por el entorno, surgen con naturalidad las soluciones mágicas, aquéllas que presuponen no necesitar esos conocimientos previos.

Al mismo tiempo, en las universidades se ha logrado, por complejos mecanismos de selección desde lo económico y lo ideológico, una desvalorización de la ciencia básica que fue reemplazada por la sobrevalorización de las ciencias “aplicadas”, que sólo cobran valor si “pueden generar ganancias” para el autosustento de la propia investigación científica. Y este fenómeno se da tanto en las universidades privadas como en las públicas.

Esta situación ha forzado a los científicos a buscar fondos en los capitales de la industria y del mundo financiero, introduciéndose de esta manera, en un círculo vicioso de intereses ajenos a la investigación científica. La industria y las finanzas han tomado de esta forma, durante las últimas décadas, las riendas de las investigaciones y determinan las estrategias, fijando qué conviene investigar en las universidades. Esta burbuja de intereses, se ha generado dentro de un sistema que sólo da mérito científico a las investigaciones que pueden ser publicadas en ciertas revistas internacionales reconocidas, que a su vez están involucradas o manipuladas directa o indirectamente desde los intereses de la industria y las finanzas.

Los científicos, por su parte, pueden contar con más subsidios si tienen suficientes publicaciones en estas mismas revistas. Y así se genera una espiral creciente de intereses y complicidades entre lo público y lo privado. Para que la investigación sea “competitiva” se necesita de la “confidencialidad” de los resultados científicos. El mundo científico, casi sin darse cuenta, ha terminado envuelto en una maraña de intereses que le eran ajenos, y que los obliga a seguir los pasos dictados por las empresas, para poder continuar existiendo como actividad y como corporación, en el sistema académico. La industria y las finanzas han comprobado que, si ayudan a la formación de cuadros científicos, esos mismos cuadros les pueden ser útiles como instrumentos de sus lobbies.

Estos cuadros científicos pasan a tener entonces, más fondos para más resultados publicables, que, a su vez generaron más fondos. Muchos científicos promocionan sus ideas en los medios de comunicación, en los que trabajan asimismo cuadros periodísticos, también financiados por la industria y los capitales de especulación, que dan a conocer los “beneficios” magníficos de las investigaciones de estos científicos que lograron afianzarse en el modelo. Así, de esa manera, los cuadros científicos cobran notoriedad y reconocimiento en el sistema y desde el pedestal alcanzado de “científicos neutros”, logran convencer a los políticos de turno de la importancia que tiene la ciencia aplicada para la economía nacional.

Es entonces, por medio de los cuadros formados desde los subsidios de la industria y las agencias de desarrollo europeas y norteamericanas, influenciadas por los mismos científicos lobbistas, creyentes en el crecimiento y el progreso, que la investigación aplicada comienza a ser subsidiada desde el Estado también, y se confunde de manera obscena con la investigación básica en biotecnología, tal como ocurre en nuestras Universidades, en los organismos de Ciencia y Tecnología y en el INTA. A partir de ahí, los cuadros científicos formados por la industria y las finanzas pasan a tomar cargos públicos con poder de decisión en Ministerios, Secretarías, Agencias, Institutos Nacionales, etc.

Estos mismos científicos lobbistas llegan incluso a representar a nuestro gobierno en reuniones internacionales donde se deciden las políticas y protocolos de bioseguridad, desestimando, ridiculizando e incluso desmintiendo en forma descarada las denuncias sobre los resultados desastrosos de sus propias investigaciones, que sólo pueden seguir escondiéndose, con la complicidad de los medios de comunicación involucrados.

En forma paralela, otras áreas de las ciencias son marginadas por los intereses de la industria y las finanzas, tales como por ejemplo, la eco-epidemiología y la ecología, debido a que el objeto de su ciencia es la investigación preventiva y no aplicada a intereses económicos industriales. O peor aun todavía, se utilizan sus conceptos como “responsabilidad social empresaria”, de modo propagandístico, pero vaciándolo de contenidos, generando esquemas de autorregulación y cerrando el paso al control social o estatal.

En este cada vez más complejo proceso de formación de cuadros científicos lobbistas, es que la biotecnología ha pasado de ser una mera herramienta de laboratorio, entre muchas otras posibles, a ser un objetivo en sí mismo de la investigación científica. Los descubrimientos devienen en “invenciones” que pueden ser “patentables” y comercializados. Estos descubrimientos promocionados hasta el cansancio por los medios, pasan a ser las futuras soluciones mágicas contra el hambre, las enfermedades, lo déficit energéticos, la contaminación y demás males generados por muchos de los mismos “progresos” científicos mágicos que los antecedieron”.

Las nuevas soluciones mágicas no son entonces, más que ideas y procedimientos reduccionistas sacados de su contexto biológico y que pretenden no necesitar un conocimiento de los ambientes naturales en donde se van a liberar los organismos modificados genéticamente.

El proceso de cooptación de los científicos y de la colonización de las instituciones técnicas del Estado por parte de las Corporaciones se ha consumado y ya no necesitamos como antaño tropas de ocupación, ahora, muchos de nuestros investigadores y técnicos comparten plenamente los valores de la globalización y los intereses de las Corporaciones.

Pero las soluciones mágicas generan problemas inesperados. Y como somos dependientes de estas soluciones e invenciones patentables, asumimos los problemas como parte “natural” de procesos de prueba y error a que nos domesticaron y en que los sufrimientos a que nos somete la permanente improvisación, no son visualizados por la casta política como una gravísima falta a sus propios deberes.

La revolución verde generó mortandades, envenenamientos, residuos químicos que hasta hoy nos enferman, problemas que se extienden a lo largo de sucesivas generaciones, y lo peor es que ni siquiera pudo cumplir con su cometido originario, que era la promesa de alcanzar mayores rindes de producción en crecimientos programados. Las plagas ganaron resistencia y siguen atacando los cultivos, y cada vez somos más dependientes de los insumos químicos y de las empresas que los producen. Sin embargo, sorprendentemente, en los círculos académicos y políticos, no se discute siquiera si fue o no conveniente el entrar en la revolución verde que derivó en los cultivos transgénicos, o sea genéticamente modificados, como su más novedosa expresión, y mucho menos se debate si acaso, debiéramos abandonarla.

Ahora, está ocurriendo lo mismo con la soja transgénica… y con sus devastadores e indiscutidos impactos, que ambas partes del reciente conflicto reconocen, aunque asombrosamente, sólo se diferencian entre sí, en la disputa por su renta o en el proponer diversos caminos para ampliar las extensiones de los monocultivos. Estas soluciones mágicas son el negocio de las grandes empresas y por ello mismo, las preferidas por muchos políticos y decisores, que ubicados detrás de sus escritorios, son influenciados por los lobbies de la agroindustria, de la industria biotecnológica y del mundo financiero, resolviendo imprudentemente, sin conocimiento alguno fundado y teniendo en cuenta sólo las voces más audibles, que son siempre manipuladas desde los medios masivos de comunicación, allegados a los intereses de la agroindustria y de la industria biotecnológica.

Lo peor tal vez, es que al no reconocerlas inicialmente como “fuera de los sistemas”, somos incapaces de combatir sus causas primarias: los desequilibrios; y nos dedicamos a buscar nuevas soluciones mágicas para resolver los problemas causados por las primeras. A estos problemas, generados por medidas circunstanciales, forzadas y adictivas, proponemos nuevas soluciones circunstanciales y aún más forzadas y adictivas, todavía.

Este pensamiento lineal y secuencial es propio de las empresas agrícolas y aún de la ciencia empresarial, a cada efecto colateral se nos propone más de las mismas medicinas que los ocasionaron, supuestas soluciones que significan nuevos negocios para las empresas.

Muchas veces sólo se trata de subir la “dosis”. Y así vamos, de “solución mágica” en “solución mágica”, y mientras tanto, los gobiernos se suceden, los funcionarios se reciclan, los pobres siguen creyendo en poder salir alguna vez del infierno social y ambiental en el que se encuentran, y los ecosistemas (el ambiente) retroceden de manera irreversible.

Muchos funcionarios están encontrando una nueva solución mágica. Una solución que presuntamente no tendría conflictos con la producción de alimentos, que permitiría producir en tierras “marginales”, que sería de manejo simple, y con durabilidad en el tiempo. Las tierras "marginales" son en general aquellas en las que hubo sobreexplotación ganadera, o actividades extractivas, tales como obtención de postes, varillas, carbón, leña.

Cuando no quedan árboles aptos para sacar, y el piso está sobrepastoreado por cabras, las tierras se vuelven "improductivas", es decir no rentables.

La solución sensata pasaría por permitir que el bosque se regenere, acompañando al tiempo por tareas de remediación y reforestación. Todo lo contrario, para esas tierras degradadas, los funcionarios chaqueños, encontraron que sería posible aprovecharlas para cultivos energéticos. Plantas como la Jatropha, y como el Tártago o Ricino, que ya está siendo promocionado por una empresa suiza y firmando contratos por cinco años con productores familiares minifundistas y pequeños productores, para llegar a 20.000 Has en esta primera etapa.

Es casi obvio decir que estas “soluciones” aisladas del conjunto de lo ecológico, de lo social y lo económico, y pretendiendo la producción de agrocombustibles, no sólo no mitigarán el cambio climático sino que producirán todavía mayores expulsiones de campesinos, que seguirá concentrándose la riqueza y que se sumarán miles de hectáreas de nuevos desmontes a la actual deforestación.

No se solucionará la pobreza, ni el hambre, ni la tuberculosis, ni el Chagas, ni la leishmaniasis, ni la fiebre amarilla, ni las riquetsias, y para peor, se instalarán y trabajará con especies extremadamente invasoras, cuyo impacto sobre la biodiversidad chaqueña será quizá, mucho mayor que el de la soja transgénica. Y todo para obtener tan sólo, un puñado de dólares, que jamás se transformarán en desarrollo para las comunidades, sino que serán índices que harán crecer el producto bruto del que se vanaglorian en el Gobierno Nacional.

Otra vez, seguiremos confundiendo el “crecimiento” con el desarrollo”.

Tendríamos que diferenciar el «crecimiento» del «desarrollo», ya que los cementerios también crecen, lo mismo que las cárceles y los petroleros hundidos que contaminan los océanos y hacen crecer los índices del Producto Bruto. Los modelos macro económicos de crecimiento ya se aplicaron cuando se paso de 25.000.000 TN de granos en la década de los 70 a los casi 70 y pico millones en la década de los '90, y nada de eso resolvió los problemas micro económicos, micro sociales, micro ambientales, al contrario... los agravó. Por ende esa propuesta es exactamente lo que se espera de un modelo basado en una economía de mercado, teniendo como meta la globalización. Es decir, seguimos con las mismas recetas y nos olvidamos del Desarrollo, de la Sotenibilidad y, en especial de la Calidad de vida, que nada tiene que ver con la productividad.

Las soluciones mágicas necesariamente van acompañadas de ignorancia y de oportunismo.

En realidad, las soluciones mágicas no funcionan y nunca van a funcionar, en la medida en que no trabajen a partir del conocimiento integral de los ecosistemas en los que vivimos y que usamos para producir y cuyo origen no sea el desarrollo armónico sin afán de lucro excesivo. Quién podría imaginar o acordar hoy, que se elimine la soja transgénica o cualquier otro evento transgénico, OGM (organismo genéticamente modificado), de la Argentina: sólo un idealista... Quién podría proponer seriamente que se vuelva a una agricultura de procesos, sin aportes de agroquímicos: ¿Qué biólogo se atrevería hoy, desde los regímenes universitarios e institucionales imperantes actuales a proponer soluciones integrales ecológicas o eco epidemiológicas? nadie sensato, sin lugar a dudas, sólo algunos pocos animosos con espíritu heroico, bajo el riesgo de ser tildados como irrealistas o idealistas no serios o de no ser oídos…

¿Quién podría proponer que es necesaria todavía una discusión a fondo sobre la validez ética de manipular genes de otros organismos, saltar las barreras de los reinos de la Naturaleza y mezclarlos alegremente en la alquimia insensata de los biotecnólogos, para seleccionar por descarte aquello que luego dirán que era lo que buscaban, invirtiendo el resultado en hipótesis, con una moral de dudosa humanidad: sólo un místico o de nuevo, algunos idealistas.

La intensificación del actual modelo de agronegocios, que involucra al sector de la ciencia y de la tecnología y a no pocos intelectuales urbanos, es una consecuencia directa de las nuevas formas de colonización que la globalización económica genera en los países del tercer mundo.

Así, el Estado argentino, y con él todo nuestro presente y futuro, está siendo administrado por una forma de CO-GOBIERNO integrado por las autoridades, las empresas de biotecnología, los grupos exportadores y el sector agrícola, y cuyo objetivo es el crecimiento económico más allá de todo límite social y natural. Ellos están determinando hoy las políticas que nos guían hacia un futuro que se hunde en la más profunda catástrofe de nuestra historia”.

Para el año 2010 se esperaba alcanzar una producción de 100 millones de toneladas de granos, para que nuestro país resurgiera. Alcanzado ese límite casi dos años antes, el gobierno anuncia que confía en alcanzar un crecimiento de la producción de granos de un 55 % para el 2015, es decir, llegar a 150 millones de toneladas.

Este crecimiento, festejado junto al gobierno por los sectores rurales, las empresas de biotecnología y las grandes exportadoras, parece ser en sí mismo la nueva solución mágica que nos sacará de la actual inequidad social, la pobreza, la desnutrición, el deterioro ambiental, y las catástrofes generadas por los anteriores crecimientos.

Ante esas recientes propuestas de aumentar la producción de granos, tanto como de las cadenas relacionadas a la producción de carne y leche para exportación, con las consecuentes promesas de reactivación económica y generación de empleo en los próximos 6 años, el Grupo de Reflexión Rural

Ø considera que la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de conocer las consecuencias que habrán de producir estas políticas. Estamos convencidos que, los males que genera el crecimiento no pueden combatirse con más crecimiento. El crecimiento es adictivo para las autoridades, para las grandes empresas exportadoras y lamentablemente, para la mayor parte del sector agropecuario argentino. Al igual que un adicto al “Paco”, que, en su desesperación es capaz de robar a su madre o matar a su vecino, las grandes empresas y el gobierno son capaces de esquilmar la tierra y destruir la sociedad dejando sin suelo a las próximas generaciones, con tal de alimentar su irrefrenable adicción al crecimiento”.

e. “Las consecuencias impactantes del crecimiento o los impactos del crecimiento

El crecimiento de los últimos años produjo una terrible concentración de la riqueza, un avance en la contaminación de campos y pueblos, una pérdida de la calidad alimentaria, un encarecimiento de los alimentos, un colapso en la estructura energética, una mayor desertización y pérdida de fertilidad de la tierra agrícola, un aumento de la violencia en la sociedad, un crecimiento exponencial de formas indignas de vida y una enorme infelicidad en nuestro pueblo. Estos males no se solucionarían con debates sobre la distribución de la renta de un modelo colonial de insumo dependencia. Por otra parte, un aumento del crecimiento en la producción como se nos propone, sólo intensificará estos problemas, hipotecando aún más nuestro futuro y el de nuestros nietos.

La producción para exportar recibe subsidios del estado nacional, que todos pagamos con nuestros impuestos, además de enormes subsidios en la forma de externalidades.

Es decir, consecuencias no deseadas de la producción de las cuales no se hacen cargo los productores ni los exportadores: incidencia de enfermedades, decrecimiento del nivel intelectual, pérdidas del potencial biótico de los suelos, deforestación, contaminación masiva de aire, tierra y agua, pérdida de la capacidad productiva a futuro.

Lamentablemente, el Estado tampoco las asume, y se dedica a generar paliativos para contrarrestar sus efectos. Los trabajos generados por el crecimiento que habitualmente se nos propone son trabajos efímeros, que al depender de un ambiente en grave estado de deterioro, no pueden sostenerse por muchos años. De qué sirve crear un puesto de trabajo hoy si implica eliminar 10 puestos en el futuro. Los sectores marginados de la sociedad, las poblaciones enfermas por las fumigaciones de los agricultores industriales, la tierra maltratada por el afán de lucro, los bosques arrasados, son las nuevas “joyas de la abuela” que soportan el crecimiento económico argentino”.

El Grupo de Reflexión Rural nos interpela poniendo en discusión pública que:

“El crecimiento nos conduce al desastre y a la catástrofe de la insustentabilidad.

Las nuevas generaciones de argentinos se encuentran en un grave riesgo, de continuar cumpliéndose las metas de crecimiento del actual modelo de agronegocios.
Ya hay miles de niños que en sus familias no han visto trabajar a sus padres ni a sus abuelos. El coeficiente intelectual se encuentra en descenso por problemas de desnutrición y sub alimentación. El sistema educativo está colapsado, y sus autoridades se encuentran entre la espada y la pared, entre padres furiosos y amenazantes, niños educados por la TV basura, y un sistema que les impide tomar medidas disciplinarias en un marco de sentido, ya que el país carece de todo Proyecto Nacional. Los hospitales no tienen insumos ni tienen médicos, los transportes públicos empeoran y se encarecen cada día, la justicia tiene el peor descrédito de su historia. Estos males y muchos otros no se solucionan con dinero ni con más crecimiento.

Su solución pasa por una planificación del uso de la tierra, por políticas de soberanía alimentaria, producciones al servicio del hombre y no de las ganancias de los mercados, por hacer de la dirigencia una escuela de honestidad intelectual, con integridad moral y con sentido de servicio La noción de Bien público debe volver a tener su importancia en el tejido social. Con el crecimiento acumulado de todos estos años, es más que suficiente para ordenar la sociedad y empezar a transitar un camino hacia el desarrollo.

Para nosotros como GRR, un ecosistema nos propone siempre un mandato que se hace necesario cumplir y además, que deberíamos transformar en políticas públicas: el de poder generar la mayor cantidad de biomasa y biodiversidad que ese ambiente permita. Si se quiere, es una función teleonómica. Lamentablemente los científicos cooptados por la ciencia empresarial, ignoran ese mandato y en todo caso, vinculan estos criterios con la religión, e intentaron ridiculizarlos. Ellos desde la soberbia de una ciencia que, pese al cambio climático, continúa rindiendo culto al progreso ilimitado, piensan que la remediación de un ecosistema es sólo cuestión de azar o a lo sumo la razón de una propuesta empresarial. Obviamente, estas posiciones devienen en cruces de pensamiento en los cuales, no resulta fácil hacer cambiar de parecer al otro, porque ello implicaría que modifiquen su cosmovisión. Se trata en esencia de concebir y respetar el modo en que se estructura la vida, y partimos de la convicción de que si le dan tiempo, el proceso de la vida, conduce siempre a una mayor complejidad, a la vez que, aprovechar cada salto de energía de un nivel a otro para generar nuevas relaciones y en especial, mayor conciencia”.

En consecuencia, la recuperación de la política como nuestro arte y nuestra ciencia de crear convivencia atenta a nuestra diversidad de necesidades y aspiraciones, nos exige cambiar los sentidos de nuestra cotidianeidad mediante la dedicación a cuestionarla desde la toma de decisión de hacer algo por descolonizarnos e involucrarnos en construir relaciones sociales más hermanadas en el compartir los bienes comunes y la esencia social de cada cual o de nuestros mini-grupos del entorno próximo.

La gravísima realidad política económica que compartimos con nuestros hermanos latinoamericanos, nos reclama salir de atrincherarnos contra el avance de la derecha o de negarnos a ver que éste, al igual que las distintas impunidades, se debe al creciente dominio del ‘Mercado’ sobre la vida mayoritaria.

Poner fin a ese avance de la derecha tanto opositora como oficialista y a las impunidades requiere de unidad de la diversidad popular con origen en el enfoque de cómo:

Joao Pedro Stedile, en “El capital internacional está dominando la agricultura brasileña”, aclara:

“En los últimos años hubo un proceso intensivo y permanente de concentración y centralización de las empresas que actúan y controlan todo proceso productivo de la agricultura mundial.

Concentración es el concepto utilizado por la economía política para explicar el movimiento que hacen las grandes empresas, para aglutinar, acumular y constituirse en grandes grupos. Así, en cada rama de producción se va generando una situación de oligopolio, donde unas pocas empresas controlan tal sector.

El segundo movimiento del capital es la centralización, en el que una misma empresa pasa a controlar solita varios sectores de producción, a veces incluso sin relación entre sí. Esos dos movimientos lógicos del capital, han sido complementados en el sector agrícola con un proceso de internacionalización del control del mercado local y del comercio a nivel mundial.

Es decir, algunas empresas han pasado a actuar en todos los países y a controlar el mercado a nivel mundial.

Ese movimiento del capital, que era más perceptible, desde la teoría del imperialismo, en las grandes empresas industriales, en los últimos diez años pasó a dominar también el sector agrícola. Y lo más grave, ahora, bajo la hegemonía del capital financiero, la velocidad y el volumen de capital que aportó en la agricultura llegaron con mucha más fuerza y alcance, de lo que había acontecido en los demás sectores productivos a lo largo del siglo XX.

Y eso ocurrió, porque en los últimos años se acumuló en los países ricos, mucho capital en forma de dinero, es decir capital financiero. Y ese capital se fue desplazando a la compra de acciones de las empresas más lucrativas también del sector primario. Así, en pocos años, por efecto de la inversión de ese capital financiero en la compra de acciones, la concentración y la centralización se dieron de forma impresionante”.

Stedile que compone la Coordinación Nacional de la Vía Campesina de Brasil advierte:

Hoy, casi todas las ramas de la producción agrícola están controladas por grupos de empresas oligopolizadas, que se coordinan entre sí.

Así, en la producción y comercio de granos, como la soja, maíz, trigo, arroz, girasol, están solamente Cargill, Monsanto, ADM, Dreyfuss y Bungue, que controlan el 80 % de toda producción mundial. En las semillas transgénicas, están la Monsanto, Norvartis, Bayer y la Syngenta que controlan toda la producción. En los lácteos y derivados encontramos a Nestlé, Parmalat y Danone. En los fertilizantes, aquí en Brasil, sólo tres empresas transnacionales controlan toda la producción de las materias primas: Bungue, Mosaico y Yara. En la producción del glifosato, materia prima de los pesticidas agrícolas, sólo dos empresas: Monsanto y Nortox. En la maquinaria agrícola también el oligopolio está repartido entre Agco, Fiat, New Holland, etc.

Ese movimiento que se desarrolló a partir de la década de los 90, se aceleró en los últimos dos años, con la crisis del capitalismo en Estados Unidos. Las tasas de interés en los países centrales cayeron al 2% anual, y, comparado con la tasa de inflación llevó a que los bancos pierdan dinero.

Entonces, el capital financiero se desplazó a la periferia del sistema para protegerse de la crisis y mantener sus tasas de ganancia. En los últimos dos años, llegaron a Brasil cerca de 330 mil millones de dólares en forma de dinero:

1. Parte fue invertido a través de los bancos locales, para incentivar las ventas a plazos de inmuebles, electrodomésticos y automóviles, a tasas promedio del 47% anual. Una locura, comparado con las tasas de los países desarrollados.

2. Parte fue destinado a la compra de tierras. Un reportaje de Folha de São Paulo estimó que el capital extranjero compró, en los últimos años, más de 20 millones de hectáreas. En especial en las regiones del centro-oeste y en la nueva frontera agrícola del llamado Ma-pi-to (Maranhão, Piauí y Tocantis), donde los precios de las tierras estaban mucho más bajos.

3. Parte enfiló hacia la Amazonía buscando áreas mineras, proyectos hidroeléctricos y la posesión de inmensas áreas de biodiversidad que más tarde darán frutos cuando sean explotadas por sus laboratorios.

4. En el área de la celulosa, tres grandes grupos: el noruego (Aracruz), el sueco-finlandés (Stora Enzo) y el estadounidense (International Paper) desplazaron toda su producción hacia las ricas condiciones edafoclimáticas encontradas en Brasil. Así, están previstos una expansión del monocultivo del eucalipto en toda la región que va del sur de Bahía hasta la frontera con Uruguay y seis nuevas fábricas proyectadas. Serán miles de hectáreas de esta plantación industrial que destruye todo y se transforma en un verdadero desierto verde.

5. Asimismo, hubo una elevada inversión de capital extranjero en la expansión del monocultivo de la caña de azúcar para la producción y exportación de etanol. El área de la caña pasó de 4 a 6 millones de hectáreas. Hay proyectos para 77 nuevas usinas de etanol, que serán construidas a lo largo de cuatro grandes alcoductos proyectados para transportar el alcohol del centro oeste hacia los puertos de Santos y Paranaguá. Y de la región de Palmas (TO) hacia el puerto de São Luis (MA). Dos de esos alcoductos son de Petrobras y dos serán de inversionistas extranjeros.

6. Aceleraron también sus inversiones en la producción y multiplicación de semillas transgénicas, en especial del maíz. De ahí la presión y el lobby de las empresas Syngenta, Monsanto y Bayer, para que el gobierno permita sus variedades de maíz transgénico. Algunas de esas variedades están prohibidas en Europa, pero por aquí... ¡todo vale!

Esta avalancha del capital extranjero en el control de nuestra producción agrícola, en los insumos y en la expansión de los productos para exportación sólo fue posible por la alianza entre las empresas mencionadas y los grandes hacendados propietarios de la tierra.
Los hacendados intervienen con sus grandes extensiones de tierra, con la depredación del medio ambiente y con la superexplotación del trabajo agrícola, y a veces hasta con trabajo esclavo, y se asocian subordinadamente a ellas.

Este modelo agrícola, que llamamos como agronegocio, es el matrimonio de las empresas transnacionales con los grandes propietarios de tierras. En él no hay espacio para la agricultura familiar, campesina. No hay espacio para el trabajo agrícola. Pues usan alta tecnología, mecanización en todos los niveles y herbicidas.

El resultado ya se percibe en las estadísticas. Brasil está girando hacia el gran monocultivo para la exportación. Una especie de re-colonización agro-exportadora, que recuerda los tiempos del imperio. De las 130 millones de toneladas de granos producidos, nada menos que 110 millones son sólo de soja y maíz. Para la producción pecuaria bovina queda 300 millones de hectáreas, para producir para exportación. Y lo que sobra es un inmenso desierto verde de eucalipto. ¡Ese es el modelo brasileño! Dará mucha ganancia a algunos hacendados y a unas pocas empresas extranjeras. Pero, el pueblo brasileño se quedará con el pasivo ambiental, con el desempleo y la pobreza (...)”.

Grain, en “El poder corporativo: los agro combustibles y la expansión de las agroindustrias” responde a las preguntas siguientes:

“¿Quién pone el dinero para agrocombustibles?
¿Es una tendencia, una burbuja o una reconfiguración estructural? Es difícil decirlo a esta altura. Calificarla de inundación es tal vez la forma más apropiada de describir el incremento de inversiones en agrocombustibles ocurrido en los últimos años. Difícilmente pasa un día sin que en algún lado se dé la noticia de que se echó a andar una nueva refinería millonaria de agrocombustible. ¿Quién está invirtiendo en esta nueva articulación?

Como cabría suponer, los grandes de los agronegocios son uno de los principales respaldos. Compañías de materias primas agrícolas como Archer Daniels Midland (ADM), Noble y Cargill realizan ya fuertes inversiones. También las compañías que se especializan en el comercio del azúcar, el aceite de palma y, en menor medida, la forestación.

También está el dinero del sector energético. Grandes compañías petroleras como British Petroleum (BP) y Mitsui están realizando inversiones sustanciales. También lo hacen las compañías petroleras más directamente vinculadas a las agendas de sus gobiernos en materia de agrocombustibles, como es el caso de Petrobrás de Brasil y PetroChina, y empresas más pequeñas como pt Medco de Indonesia y la Compañía Nacional de Petróleo de Filipinas.

Pero tal vez la más agresiva fuente de inversiones en agrocombustibles provenga del mundo de las finanzas. Varias de las casas más poderosas e importantes del capital globalizado se han trepado al juego de los agrocombustibles. El financiamiento proviene de bancos tales como Rabobank, Barclays y Société Générale, y de fondos de capital como Morgan Stanley y Goldman Sachs, especializados en compras de empresas y que pueden transferir rápidamente miles de millones de dólares de una parte a otra del mundo.

Además, están los multimillonarios: George Soros, el gurú de los fondos de cobertura, es dueño de operaciones en el rubro etanol/agronegocios en Brasil; Bill Gates posee una de las empresas productoras de etanol más grandes de Estados Unidos; Vinod Khosla, famoso en Google, es un importante inversionista en una gama de negocios dentro del rubro de producción y tecnología de agrocombustibles; y el dueño del Grupo Virgin y ahora Virgin Fuels, Sir Richard Branson, tiene una abultada cartera de inversiones en agrocombustibles. Estos titanes de la globalización no solamente aportan sus cuantiosas fortunas a la fiebre de oro de los agrocombustibles, sino también su fuerte peso político.

¿A dónde va el dinero?
Ciertamente hay una conexión entre la efervescencia de los agrocombustibles y el salto en los precios del petróleo que comenzó hace un par de años. Pero un aumento del precio del crudo no termina de explicar el tipo de inversiones a largo plazo que los grandes jugadores están realizando actualmente en agrocombustibles. El precio del petróleo, aun en el caso de que las reservas mundiales estuvieran mermando, está determinado todavía por la especulación, que tiene una relación muy suelta con la oferta y la demanda. Con la misma rapidez que puede aumentar el precio del petróleo, también puede caer, liquidando en el proceso a los productores de agrocombustibles. Esto es precisamente lo que le ocurrió a la industria del etanol en la década de 1980.

La característica actual del mercado de los agrocombustibles no es tanto el precio del petróleo sino el nivel de respaldo de los gobiernos. Por una serie de razones políticas, sin duda relacionadas con el creciente interés de las empresas en combustibles “renovables”, los gobiernos de los principales países consumidores de petróleo han dispuesto o están en vías de dictaminar que el combustible para transporte contenga porcentajes mínimos de etanol y biodiésel. En conjunto, las subvenciones y esta demanda garantizada sientan las bases de un gran mercado cautivo para las corporaciones de agrocombustibles”.

Aun así, la viabilidad de los agrocombustibles sigue en duda, y sus ganancias todavía están a merced de otra variable importante —el precio de la materia prima, del vegetal utilizado para producir el agrocombustible.

Los costos de producción de un cultivo pueden viabilizar o frustrar una operación de agrocombustibles, y no es fácil para un productor controlar el precio porque la industria de los agrocombustibles está siempre en competencia con otros mercados, especialmente el de alimentos, que depende de los mismos cultivos o de las mismas tierras.

En efecto, el éxito de los agrocombustibles —manifestado en su creciente utilización— provoca un aumento en los precios de los cultivo al convertirlos en materia prima y reduce las existencias. Y un aumento en los precios puede ser letal porque las compañías de agrocombustibles tienen pocas opciones de transferir los costos.

La forma más segura de resolver este dilema es que las compañías de agrocombustibles controlen la producción y la oferta de sus propias materia prima. Es por esto que actualmente la mayoría de las fábricas de agrocombustibles se construyen con inversiones simultáneas en la producción de cultivos. Hay una tendencia clara a la formación de redes transnacionales en pos de agrocombustibles, totalmente integradas, que juntan todo, desde las semillas al flete.

Aquí las corporaciones agroindustriales, con sus cadenas mundiales de mercancías agrícolas estructuradas, tienen una ventaja sobre sus competidores. En el futuro cercano, los insumos producidos en cantidades suficientes como para abastecer las operaciones de agrocombustibles en gran escala serán cultivos —soja, maíz, palma aceitera y azúcar— cuya producción y comercio están dominados por un pequeño número de empresas transnacionales.

No causa sorpresa, pues, que gran parte del dinero invertido en los agrocombustibles provenga de estas empresas o se canalice a través de ellas. Los agrocombustibles, pues, traen consigo un doble dividendo para las grandes corporaciones agroindustriales: hacen dinero no solamente con la producción y venta de agrocombustibles sino también a través del auge mundial de los productos básicos que esta nueva fuente de producción ayuda a generar (ver el capítulo “El nexo palma aceiterabiodiésel”).

Sin embargo, hay algunos límites a cuán profunda y rápidamente podrán avanzar las grandes agroempresas con su inversión en los agrocombustibles. Cargill, por ejemplo, ha declarado abiertamente su preferencia por invertir en los canales de alimentación humana y animal, llegado el momento. ¿Para qué quedar atado con la venta de soja a los productores de agrocombustibles cuando es posible ganar más dinero convirtiéndola en aceite comestible? ADM puede ser el mayor productor de etanol del mundo, pero su negocio principal sigue siendo la conversión de maíz en alimento animal o en almíbar de maíz con alto contenido de fructosa para compañías como CocaCola y Pepsi, y no querría que el aumento de precios del maíz pusiera en riesgo esos mercados. Esas grandes agroempresas están felices de vender agrocombustibles, pero únicamente bajo su cuidadosa coordinación y control, sin perder su preciada flexibilidad y los tradicionales canales de ganancias.

Como consecuencia de esto, el dinero excedentario destinado a los agrocombustibles que no es absorbido por las grandes agroempresas se desvía a la creación de redes transnacionales alternativas de productos básicos con sus propias cadenas de producción y oferta de materia prima. Este aumento de la inversión especulativa está generando una oleada de nuevas alianzas y agrupamientos comerciales, que reúnen a compañías financieras, empresas fleteras, intermediarios y productores. En algunos casos, grandes fondos de inversión como el Grupo Carlyle, crean incluso sus propias redes de agronegocio y energía totalmente integradas (…)”.
Fuente: www.grain.org / octubre 2007

3. La primacía de Julio de Vido tiene raíces en esta invasión ‘democrática’

ØMarcos Roitman Rosenmann (La Jornada) explica la invasión ‘democrática’:

“Hoy, las empresas privadas ven en el calentamiento del planeta un gran negocio, y por ello impulsan megaproyectos en el campo de las energías renovables, en connivencia con el capital financiero y con la complicidad de los gobiernos neoliberales o socialdemócratas.
Las presas hidroeléctricas, los postes eólicos y las agroindustrias latifundistas de biocombustibles son un nicho de oportunidades. De ellas se derivan patentes, innovaciones y subproductos, siendo sus utilidades reinvertidas para seguir devastando el planeta y profundizar la brecha entre países dominantes y dependientes, o ricos y pobres, según se prefiera.

Si consideramos América Latina, las grandes trasnacionales, Repsol YPF, Endesa, Iberdrola, British Petroleum, Exxon o Monsanto se reparten un buen trozo del pastel. Fagocitan todo cuanto está a su alrededor. La Patagonia, el Orinoco, la Amazonia, la selva subtropical. Su expansión ha modificado el manto del subcontinente. El Plan Puebla-Panamá es otra de sus apuestas de medio plazo, más ahora que incorpora a Colombia.

En esta lógica, tampoco debemos despreciar su “mecenazgo” a la investigación.
Forma parte de su lavado de cara, amén de facilitar la deducción de impuestos. Sus aportes se centran en apoyar experimentos cuyo objetivo es reconstruir las condiciones de vida terrestre en planetas o en satélites cercanos con el fin de garantizar una pronta colonización, recreando un mundo similar al que hoy se vive en Europa, Estados Unidos o Japón.
Todo para preparar el éxodo una vez que la vida en nuestro mundo se torne inviable.
Clonar el error: depredar, explotar y consumir.

La idea de progreso lineal emergente con la Revolución Industrial, propia del capitalismo, debe ser cuestionada. Nada más gráfico del error en el cual podemos caer al consumir energía sin límite lo encontramos en uno de los pasajes de la obra de Julio Verne La vuelta al mundo en 80 días. Para cumplir el objetivo de llegar a puerto, el protagonista hubo de proveerse en el trayecto de la madera que formaba el esqueleto del barco. Devorado por su ambición, obtuvo el éxito personal, pero el barco fue consumido en su “epopeya”. El hombre lo poseyó sin remordimiento. Podía construir más barcos.

Sobre dicha base, el actual orden político levanta su mito de irreversibilidad histórica. Sin embargo, con la destrucción de la Gaia demuestra su falsedad, su ineficacia en la gestión de las fuentes energéticas y en la protección de la vida y la naturaleza. Su único afán sigue siendo obtener dinero a cambio de quemar energía de forma espuria.

Pero existe otra quema de energía: la humana. La podemos definir como la enajenación del trabajo en la producción. Energía consumida bajo la forma de explotación, cuyo principio es mantener la esclavitud solapada. El ser humano está siendo devorado por el capitalismo. Roto el vínculo entre la naturaleza y la producción, el nuevo imperialismo se alza dueño del mundo. Creador de un orden deshumanizador y totalitario, obtiene su poder destruyendo el planeta y despilfarrando las energías, sean éstas renovables o no. La alternativa sigue siendo anticapitalista y socialista”.
Fuente: www.rebelion.org /Ecología social/ 21-7-08

ØEn “La Nueva Fase del Plan Puebla Panamá en Chiapas” (segunda de tres partes), Japhy Wilson se refiere a:

El desarrollo de la infraestructura de transporte y comunicaciones, enfocado en la construcción y modernización de una red de autopistas, puertos, y aeropuertos internacionales, es la base del Plan Puebla Panamá (PPP), la prioridad de la Declaración de Comitán, el primer enfoque del Programa del Sur, y una de las políticas claves recomendada en la Estrategia para el Desarrollo de los Estados del Sur (EDES) del Banco Mundial.

Criticando este modelo de desarrollo, no estamos criticando carreteras ni puertos en si, sino la economía política dentro de la cual dichos megaproyectos están contemplados. Como durante la época "liberal" de la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1910), cuando el desarrollo de los ferrocarriles funcionó para abrir a México a la explotación del capital extranjero y para despojar a los pueblos indígenas de sus territorios, la estrategia neoliberal -atrás de los megaproyectos infraestructurales del PPP- es la dominación de Mesoamérica por el capital globalizado, no su desarrollo integral y autónomo.

La lógica, como explica el Banco Mundial, es bajar los costos de transporte de las mercancías para hacer los productos de la región competitivos en el contexto de libre comercio internacional, y así integrar la región al "sistema del mercado global". Esta política no sólo intenta reorientar las economías regionales hacia la producción para la exportación, sino también constituye una forma de "poder disciplinarla" (Foucault 1977) sobre los "productores locales" (o sea campesinos), quienes, una vez "localizados en áreas de alta accesibilidad, están más expuestos a la competencia y así están forzados a mejorar su productividad" (Banco Mundial 2003: 19).

La promoción de Chiapas a nivel internacional por el Gobierno de Estado se ha enfocado en la calidad de su infraestructura, y su ubicación geoestratégica dentro del PPP.

En una reunión en enero 2008, por ejemplo, Albores Gleason vendió el estado al embajador de China como "el centro geográfico de la región Puebla-Panamá", que "cuenta con aeropuertos con conectividad nacional e internacional".
En febrero de 2008, empresarios chiapanecos se reunieron con el Presidente de Honduras, entregando "un portafolio de inversiones para mostrar el potencial de Chiapas, a partir de la nueva infraestructura, destacando la trascendencia del Puerto Chiapas para el comercio internacional, y los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, así como la infraestructura carretera- a propósito del relanzamiento del Plan Puebla Panamá".
En el mismo mes, el BID, la organización multilateral que promociona y financia el PPP, se reunió con la Comisión Sur-Sureste de la Cámara de Diputados, promotores del Programa del Sur, para dar su pleno respaldo a "los proyectos de infraestructura del gobernador Sabines", declarando que "Chiapas es prioridad número uno para el Banco Interamericano de Desarrollo" (…)”.

Nos informan sobre cómo se apropian y malgastan al Acuífero Guaraní, contribuyendo a dejarnos sin agua y a catástrofes socio-ambientales que compartiremos con los correntinos a causa de la destrucción de la biodiversidad y de las fuentes hídricas de los sumamente valiosos humedales.

“Argentina: los Esteros del Iberá convertidos en arroz” (Diario Crítica)

“Las empresas agropecuarias de José Aranda y George Soros inundarían 8.000 hectáreas de reservas naturales en la provincia de Corrientes para cultivar arroz. Según denuncian organizaciones ambientalistas, lo harán violando leyes nacionales y provinciales. El gobierno correntino aún no aprobó el plan de obras. El grupo empresario se defendió: “actuaremos dentro de la normativa legal vigente”.

“Represa Ayui Grande” es el emprendimiento arrocero privado más importante del Mercosur, que producirá 120 mil toneladas anuales de granos. Así lo anuncian Copra S.A., cuyo titular es el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, y Adecoagro, perteneciente al financista húngaro George Soros, ambos integrantes de la UTE que encabeza la iniciativa. El proyecto contempla una inversión de 55 millones de dólares y la construcción de una represa sobre el río Ayuí, en la localidad correntina de Mercedes, con la que crearán un lago artificial destinado a regar las 18.000 hectáreas de plantaciones.

Las organizaciones ambientalistas consideran “ilegal” que un grupo privado “se adueñe de un río para hacerlo desaparecer junto a sus bosques y sus especies animales y vegetales”. Voceros del grupo empresario aseguraron que “los ecologistas se oponen sin fundamento”. La iniciativa ya fue presentada oficialmente y aguarda los dictámenes provinciales que la autoricen.

Expandir la producción arrocera es el objetivo principal de la Unión Transitoria de Empresas “Represa Ayuí Grande”, que conforman Copra S.A., Pilagá S.A. (del grupo Adeco) y Tupantuva S.A. Según el suplemento Rural del diario Clarín, “el proyecto tendrá una capacidad de elaboración de 120.000 toneladas anuales prioritariamente de arroz, pero incluirá otros granos, como maíz, soja, sorgo y trigo”. El epicentro operativo es la localidad correntina de Mercedes.

“Proyectamos sembrar 18.000 hectáreas en el término de un año y medio y generar unos 1.400 nuevos puestos de trabajo”, explicó el contador Ricardo Freire, administrador general de Copra a Crítica de la Argentina.

La iniciativa no es nueva. “Hubo intentos de llevar adelante el plan a fines de los noventa, pero la debacle de 2001 nos obligó a desistir en aquella oportunidad”, relató Freire. “Pero el año pasado tomamos la fuerte decisión de terminarlo y presentarlo a las autoridades’, explicó José Aranda en declaraciones al matutino del grupo económico que preside.

A mediados de mayo, el gobernador correntino, Arturo Colombi, recibió a los empresarios –encabezados por Aranda– quienes le entregaron un informe de 2.000 páginas donde se detallaban “aspectos técnicos y estudios de impacto ambiental y social que demuestran la viabilidad de la iniciativa”, explicó Freire.

La posición de Colombi no se hizo esperar. En conferencia de prensa realizada a la salida del encuentro, el mandatario provincial afirmó: “saludamos, acompañamos y felicitamos a este emprendimiento del sector privado que ayudará a solucionar cuestiones sociales y da esperanzas de crecimiento a la provincia”.

Los principales cuestionamientos provienen de organizaciones ecologistas de la región y especialistas en medio ambiente. “Quieren crear un lago artificial doce veces más grande que el casco urbano de Mercedes, atravesando con un paredón el río Ayuí e inundando su lecho completo en un tramo de treinta kilómetros de costas”, explicó el biólogo Aníbal Parera, ex titular de la Fundación Vida Silvestre radicado en Mercedes.

Para Enrique Lacour, presidente de la Fundación Iberá, esta situación quiebra el estado de derecho. “Nadie puede hacer desaparecer un arroyo y sus costas, sus bosques y el territorio de su periferia en semejante superficie, para ampliar sus márgenes productivos o su renta”, opinó el ambientalista.

El estudio de impacto ambiental realizado por las empresas reconoce la existencia de 391 hectáreas de bosques que desaparecerían bajo las aguas del embalse artificial. Para Pedro Healy, integrante de la Fundación, “la provincia debe desarrollar su plan de ordenamiento de bosques –según lo establece la Ley Nacional 26.331, vigente desde enero– por lo que resulta insólito que se anuncie la realización de proyectos que afecten las especies protegidas, incluso por las leyes provinciales”.

Dos de las cuatro especies declaradas “monumento natural provincial de Corrientes” viven en el área que se pretende afectar: el lobito de río y el ciervo de los pantanos.
Para los expertos, la represa –que estará ubicada a 47 kilómetros de la reserva natural Esteros del Iberá– puede provocar daños que trascienden las fronteras correntinas (...)”.

a. Porque estamos arrasando con los sistemas que sostienen la vida planetaria

“Pensemos en el Planeta. Ese organismo viviente que nos aloja y con quien se han vinculado afectuosamente los pueblos poseedores de sabiduría. Nuestra cultura occidental está haciendo estragos en él. Los sistemas que sostienen la vida están forzados por nuestra manera de relacionarnos con el ambiente y de relacionarnos entre nosotros. Supusimos que la Naturaleza estaba separada del Hombre y que podíamos domesticarla. Pero no contemplamos la idea de que nosotros somos Naturaleza. Hoy ha comenzado la crisis y no tenemos la capacidad de verla. No tenemos un imaginario de futuro. Sobre el planeta, el Hombre ha puesto a funcionar un sistema que, para que éste funcione, se necesita abusar de la extracción de recursos y abusar de las personas. En este sistema dependiente de la extracción hemos convertido a la Naturaleza en Recurso. Pero ahora nos dimos cuenta de que nosotros somos Naturaleza. (…)

La extracción, la producción sucia, el consumo irreflexivo, grandes superficies de territorio para someter y grandes cantidades de personas que, sin mejores opciones, intervengan en los procesos extractivos y productivos. Se necesita:

Ø territorio para desechar el 99 por ciento de lo que se produce después de 6 meses de adquirido;

Ø gobiernos que en vez de gobernar para su pueblo y cuidar los intereses comunes respondan al poder instaurado en esta era: las Corporaciones.

El agro ahora es agronegocio. El petróleo es un negocio petrolero. La minería es el negocio minero. La energía que se le daría al sistema de producción manejado por las corporaciones sería el agrocombustible, después de la apropiación compulsiva del resto del petróleo existente.

Y con el petróleo se está subsidiando el ciclo del crecimiento económico ilimitado en un planeta limitado. Y es así de simple: se extrae más de lo que se debe y al ritmo de aceleración que demanda el sistema que gira, produce, consume y desecha. Subsidiamos con más actores lo que consumimos y con

Pagan el costo también los habitantes de Villa Inflamable con su salud, revelando la política de localizar la producción contaminante en los países del sur. Pero somos Naturaleza.

El caso es que la Naturaleza no tiene Derechos. Y las corporaciones sí. La Naturaleza se puede comprar o vender. Hasta los derechos de agua que involucran cuencas compartidas se están vendiendo en Chile en este preciso momento. Incluso a niveles locales tenemos el mismo modelo replicado.

Los gobiernos responden al poder corporativo de quien detenta la riqueza. La urbanización se llama negocio inmobiliario y es tan poderoso que maneja el diseño de las comunidades. No están publicadas las cifras de deforestación en Bariloche. Los empresarios deciden el futuro de las familias y son los que tienen la potestad, el designio divino de otorgar dignidad a través de actos misericordiosos y de caridad. Otorgan la vivienda, el territorio, el barrio. El avance de este modelo es defendido por las corporaciones, por políticos que responden a ellas o por involucrados que no tienen opciones de trabajo digno.

Estamos en momentos apropiados para nuestra toma de conciencia. Las licitaciones petroleras nos han tocado de cerca esta vez. Dejar pasar esta oportunidad para profundizar, analizar, reflexionar sería un desatino. Pero todavía estamos atentos. Y hay mucha gente tomando conciencia y en consecuencia, resistiendo. No todas las acciones individuales son banales, cada uno hace el cambio que puede. El problema son los que pueden hacer el cambio y no lo hacen (…)”.

Rigoberto Lanz (ALAI), en “Para entender la idea de decrecimiento”, sostiene:

“Los mitos del «progreso» y las distintas idolatrías del «desarrollo» son los principales escollos de mentalidad para entender de qué va la cosa cuando hablamos de Crecimiento Cero o de decrecimiento. El colega Alberto Buela ha desarrollado en este mismo espacio las coordenadas teóricas básicas de este debate. Recientemente la “Universidad de Verano” que organiza anualmente Edgar Morin consagró sus deliberaciones a preguntarse “¿Qué queda del desarrollo sustentable?”.

Justo en ese contexto aparece con nitidez la envergadura teórico-política de esta vertiente de la ecología política que no se contenta con la crítica a los “excesos” del desarrollismo sino que cuestiona en su raíz el modelo cultural que está por detrás de todos los paradigmas de crecimiento económico en el mundo (incluido el modelo chino que aparece emblemáticamente como el colmo de una visión salvaje de los paradigmas del “progreso”).

Como suele ocurrir con las ideas radicales, las tesis del decrecimiento hacen ruido a las mentalidades cientificistas instaladas, al realismo político de los grupos de izquierda, al status quo académico que tardará mucho en entender cuál es la agenda donde se inscribe este debate fundamental. (…)

Lo que se produce en el mundo -y cómo se produce— corresponde a modelos culturales íntimamente imbricados con los juegos de intereses de clases y grupos bien identificados. Los modelos de consumo que se reproducen planetariamente son igualmente expresiones de un paradigma cultural que no es inocente. Podemos constatar que el 80% de lo que se produce en el mundo es esencialmente superfluo.

El modelo energético que sustenta este modo de producción mundial es absolutamente insostenible.

No hay solución verdadera al drama de la muerte ecológica del planeta arrastrando el modelo de consumo dominante: su sustento ético, su legitimación estética, sus coartadas políticas.

En Venezuela la discusión sobre un asunto aparentemente menor como el “desabastecimiento” conecta inmediatamente con esta agenda controversial. ¿Qué es eso de “abastecimiento”? ¿Quién decidió que son éstos o aquéllos los productos y servicios que la gente debe consumir? La trampa es hacer creer que el asunto es tener anaqueles llenos o anaqueles vacíos.

¿Y cuándo discutimos la cuestión de la naturaleza misma de esa producción?
¿Dónde debatimos sobre la manera cómo se produce lo que se consume?
¿Con quién debatimos la cuestión crucial de otras pautas de consumo, otro modelo energético, otros valores de uso, otro concepto de “necesidad”?

Estos son apenas algunos indicios de los tremendos problemas que están en la agenda mundial de debate de una nueva ecología política. No decimos que hay aquí una “solución” mágica a los entuertos de toda una civilización. No se trata de “salvar” la Modernidad (como quisieran los habermasianos) sino de hacer aflorar un nuevo humus civilizatorio que instaure las condiciones para otro modo de vivir. Ello no se decreta. Se trata más bien de hacer los enlaces entre una voluntad emancipatoria que lucha a diario contra las miserias del poder y el horizonte utópico de una “sociedad-mundo” (Edgar Morin) que le ha torcido el cuello a la globalización depredadora.

La vía del decrecimiento es una apuesta epistemológica y socio-política que se inscribe en el corazón mismo de los debates Modernidad-posmodernidad. Allí hay espacio para los grandes vuelos teóricos y también para emplazar al pragmatismo político que es incapaz de hacerse cargo de las implicaciones de la gestión pública cotidiana. No se trata sólo de “llenar los anaqueles” sino de poder discutir al mismo tiempo lo que está por detrás de esa sencilla operación. Allí nada es inocente”.
Fuente: www.rebelion.org /Construyendo poder desde abajo/ 19-2-08

La «soberanía alimentaria» como lucha emancipadora de quienes nos avasallan y como construcción de la calidad de vida de una creciente mayoría sin discriminación de tipo alguno, desafía a:

«Orientar el desarrollo de nuestra dignidad humana hacia el esmero por democratizar nuestras relaciones, funciones e instituciones sociales de modo de ir dejando de delegar, someterse o justificarse por no poder proceder de manera distinta para pensar en positivo sobre cómo cambiarlas a favor de concretar el carácter recíproco de las tres.

«Descolonizar ciencias, tecnologías, filosofías e independizar la articulación de la diversidad popular de políticos y comunicadores tanto de derecha como de izquierda para profundizar el análisis
que compenetre a una creciente mayoría de los de abajo en una visión integral del gobierno, del neo-desarrollismo o neo-colonialismo y del otro posible país-continente-mundo.

Pero no se trata de una mera interpretación global de la realidad, el objetivo es apreciar las potencialidades implícitas en recuperar los espacios públicos, los bienes comunes y las historias e identidades de la diversidad popular hacia la convivencia cada vez más plena y la optimización del binomio indisoluble de la sociedad con la naturaleza.

La crisis mundial de la ganadería

Los avances de la producción ganadera industrial

Las consecuencias de la producción industrial ganadera

Hacia la soberanía alimentaria y los derechos colectivos

Plan de Acción Global de la FAO

ØEn “La Nueva Fase del Plan Puebla Panamá en Chiapas” (segunda de tres partes), Japhy Wilson se refiere a: