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Una plataforma común entre los de abajo y con los otros pueblos planetarios

En Argentina productora de alimentos, un 40% de los menores entre 0 y 17 años de las tres últimas generaciones ha sido privado de una nutrición adecuada y en el norte la gran mayoría sufre esa tortura que, a la vez, los discapacita irreversiblemente o los mata.

¿Cómo es posible tan criminal presente-futuro si existen un aplaudido crecimiento económico y un ‘gobierno de los derechos humanos’? La respuesta la hallamos en la subordinación del gobierno K y de las burocracias sindicales a la acumulación capitalista en base a una profundización constante de la desigualdad de reparto de la riqueza generada por los trabajadores registrados con salarios mayoritarios rondando la línea de pobreza y los no registrados o privados de derechos laborales que son casi la mitad de los ocupados y están en la indigencia. A los cuales se suman los desocupados, los subocupados e informales y los esclavos.

La mayoría de quienes habitan asentamientos precarios en las grandes ciudades o en sus alrededores han sido expulsados de sus tierras, territorios y se les ha quitado los medios de subsistencia elemental.

Hoy cuando hay sobreproducción de alimentos y podría haber una dieta adecuada para toda la población mundial: más de 800 millones de personas sufren hambre y casi todas se hallan en los países sometidos por los países imperialistas y cada año, por privación de alimentos, se mata a 12 millones de niño en el planeta.

Se habla de crisis alimentaria. Sin embargo, unas pocas transnacionales cosechan máximos beneficios. Son las que monopolizan cada uno de los tramos del sistema de agroalimentario y se expanden a escala mundial por políticas de organismos internacionales que son aceptadas e implementadas por los gobiernos locales.

Multinacionales como Cargill y Bunge junto con el gobierno de los Estados Unidos ejercen un fuerte control sobre la producción y la comercialización de estos alimentos determinando su precio final. También se cotizan en las bolsas de valores, la más importante es la de Chicago.

Otros que embolsan formidables ganancias son Monsanto, DuPont, Syngenta.. e hipermercados como Wal-Mart, Carrefour, Tesco.

Entonces, el funcionamiento socioeconómico del capitalismo hacia la maximización del lucro de oligopolios amenaza la vida de las grandes mayorías planetarias y las despoja de dignidad humana.

GRAIN en “Soberanía Alimentaria y sistema alimentario mundial” destaca:

“Las raíces de la «soberanía alimentaria» están en la vida y la lucha de los agricultores campesinos, los pescadores y los pueblos indígenas. A diferencia de varios otros términos inventados por intelectuales, autoridades políticas y burócratas, la soberanía alimentaria surge de las luchas campesinas como la necesidad de crear un discurso fuerte, radical y abarcativo acerca de las realidades y necesidades locales, que pueda ser escuchado y comprendido en todo el mundo.

En cierta forma, el concepto fue creado como reacción al (mal) uso creciente de la "seguridad alimentaria".
La definición oficial de la seguridad alimentaria, avalada en las Cumbres de la Alimentación y otras conferencias de alto nivel, habla de que todos y todas tengan una cantidad suficiente de buenos alimentos para comer todos los días. Pero no habla acerca de dónde proviene el alimento, quién lo produce, en qué condiciones se ha cultivado. Esto:

Ø permite que los exportadores de alimentos del Norte y del Sur argumenten que la mejor manera de que los países pobres logren la seguridad alimentaria es importando alimentos baratos, en lugar de tratar de producirlos por sí mismos;

Ø expulsa de sus tierras a los campesinos que no pueden competir con las importaciones subsidiadas y que terminan en las ciudades en búsqueda de empleos que no existen.

La seguridad alimentaria, entendida de esa forma, sólo contribuye a crear más pobreza, marginación y hambre.
El pensamiento que existe detrás de la «soberanía alimentaria» contrasta con este criterio neoliberal que considera que el comercio internacional resolverá el problema alimentario mundial. Pone su centro en la autonomía local, los mercados locales y la acción comunitaria. Tal vez, entonces, el primer tema a subrayar es que:

La «soberanía alimentaria» es un proceso de resistencia popular y su conceptualización no puede sacarse del contexto de la dinámica de los movimientos sociales que están en el centro de esas luchas.

El espacio local en primer lugar
El primer espacio en el cual los campesinos identificaron el poder transformador de la soberanía alimentaria fue, por supuesto, el espacio local. Es allí donde los agricultores tienen sus raíces, y donde crecen las raíces de las semillas que siembran. Es ahí donde la soberanía alimentaria adquiere su dimensión más medular. Es también en ese ámbito que se formulan y elaboran las estrategias y acciones; desde la lucha contra los plaguicidas por las mujeres de Paraguay, hasta las redes de semillas en Francia, España e Italia, y desde las iniciativas de cooperativas campesinas en Uganda hasta el rescate de la medicina tradicional por los pueblos indígenas de Chiapas. Es en los espacios donde las comunidades locales crean autonomía a partir de sus propias necesidades, creencias y tiempos, donde la soberanía alimentaria adquiere su significado real. También adquiere una comprensión común que permite a las comunidades campesinas de distintas partes del mundo apreciar sus diversas luchas e identificarse con ellas.

Por lo tanto, cuando los agricultores de la provincia argentina de Santiago del Estero integrantes del "Movimiento Campesino de Santiago del Estero" (MOCASE) se paran frente a los bulldozers para evitar que arrasen sus campos y que los grandes terratenientes utilicen sus tierras para plantar monocultivos de soja, saben que no solamente están defendiendo su sustento sino también que están resistiendo un modelo de desarrollo en el cual los agricultores campesinos ya no tienen más cabida. El MOCASE fue formado en 1990 para defender a los agricultores locales contra la creciente agresión de los grandes productores de soja, que destruyen sus formas de sustento. (…)

Los sistemas agrícolas tradicionales se han desarrollado en función de principios de cooperación, integración y diálogo con la naturaleza, principios que han dado lugar a sistemas agroecológicos muy complejos. Estos agricultores son custodios de miles de años de investigación y creación que hicieron posible una agricultura tan extraordinaria, basada en la biodiversidad. Esta biodiversidad y cultura agrícola hoy es defendida férreamente por organizaciones campesinas en nombre del patrimonio único que constituye y de su capacidad de producir alimentos para millones de personas sobre el planeta, en el presente y para el futuro.

Todo esto guarda un marcado contraste con la agricultura industrial moderna, basada en la codicia, la exclusión y la destrucción. Se expresa en vastos monocultivos dependientes de unas pocas especies y variedades, impermeables a los cultivos y poblaciones locales.

En una dimensión más amplia
La «soberanía alimentaria» es una alternativa sólida a la corriente de pensamiento oficial sobre la producción de alimentos.
La lucha por la «soberanía alimentaria» incorpora temas tan vastos como la reforma agraria, el control territorial, los mercados locales, la biodiversidad, la autonomía, la cooperación, la deuda, la salud y muchos otros temas que tienen una importancia fundamental para poder producir alimentos localmente.

La reforma agraria, en especial, es un componente importante de la «soberanía alimentaría» como redistribución radical de la tierra, particularmente entre los más pobres y quienes no tienen acceso a ella. El Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil, es un buen ejemplo de cómo la «soberanía alimentaria» está intrínsecamente ligada a la lucha social de los millones de pobladores rurales que han sido expulsados de sus tierras y de los pobres urbanos que nunca tuvieron acceso a la misma y ahora buscan la forma de recuperar su identidad reclamando la devolución de tierras. Uno de los principales cuellos de botella de la producción local de alimentos es la distribución desigual de la tierra. En muchos países del mundo, el 20% de los terratenientes controlan el 80% de la tierra y esa tierra a menudo es utilizada para producir productos básicos (commodities) para exportación, en lugar de alimentos a los que pueda acceder la población local.

De manera similar, la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios es un requisito indispensable para avanzar hacia la «soberanía alimentaria».

La «soberanía alimentaria» también reúne a campesinos y agricultores del Norte y del Sur, una distinción artificial promovida por muchos. Por ejemplo, las redes de semillas de agricultores de Francia se refieren tanto a la soberanía alimentaria como a la lucha de los centros de riqueza de semillas dirigidos por mujeres, en Bangladesh. O, según las palabras de José Bové, dirigente campesino de Francia:
"Para los pueblos del Sur, la soberanía alimentaria significa el derecho a protegerse contra las importaciones. Para nosotros, significa lucha contra la ayuda a las exportaciones y contra la agricultura intensiva. No hay contradicción en ambas".

Tal vez aún más importante sea que la «soberanía alimentaria» permite que diferentes movimientos que tradicionalmente solían enfrentarse, unan sus luchas.
Los campesinos, los sin tierra, los pescadores tradicionales, los pastores, los pueblos indígenas… se están acercando cada vez más y creando un acuerdo común de objetivos y acciones en común.

La «soberanía alimentaria» también ha llegado a los millones de pobladores urbanos que luchan por sobrevivir en las grandes ciudades. La producción de alimentos en huertas familiares o comunitarias no solamente brinda alimentos que la agricultura industrial generalmente no puede ofrecer, sino también un grado de dignidad, cooperación e independencia.

Todos esos pueblos luchan por algo más que la interpretación de Jacques Chirac en Senegal sobre la soberanía alimentaria. A diferencia de Chirac, la soberanía alimentaria implica que el sistema alimentario mundial debería dar un giro de 180 grados. Han sido los campesinos, los pescadores tradicionales, los pastores y los pueblos indígenas quienes han alimentado al mundo desde hace miles de años. Para lograr un mundo sin hambre, un mundo donde todos y todas tengan acceso a alimentos nutritivos producidos localmente, todos ellos necesitan ocupar nuevamente el centro de la escena”.
Fuente: revista trimestral Biodiversidad de GRAIN y REDES/ enero 2006/ www.grain.org

2. Soberanía alimentaria como cuidado de ecosistemas marinos y de otros acuáticos

Roberto Víctor Maturana, en “Recursos pesqueros: vaciando el mar argentino”, precisa:

“Este trabajo de investigación tiene el fin dar a conocer al mundo el desastre ecológico provocado por las flotas pesqueras en Argentina que, en su afán de lucro, depredaron el recurso pese a los reiterados llamados de atención. Dichas flotas fueron subsidiadas por el Banco Mundial al amparo de la EU-FAO-PNUD

La plataforma submarina epicontinental perteneciente a la Argentina, con una extensión de 4725 kilómetros de costas en su litoral marítimo. Es la presa codiciada por los “piratas” del norte, y han logrado poseerla, llámese explotarla, exprimirla, extraerle todos sus recursos pesqueros hasta agotarla. Caladero natural de la merluza hubbsi y otras especies, excepcional por su extensión, reservorio pesquero gigantesco a nivel mundial. Los funcionarios y políticos Argentinos, responsables, amañando las leyes o directamente desconociéndolas, alentaron la formación de empresas mixtas entre empresarios españoles y argentinos, tan venales como los funcionarios y que sólo aportaron nombre y lugar físico para las instalaciones. Los “piratas” desembarcaron su tecnología de “primer mundo” y están exprimiendo el mar argentino, sin reproche para ellos y para perjuicio de la Argentina y, por extensión de la humanidad.

El explosivo aumento de la capacidad de los buques extranjeros que actúan en el mar argentino está provocando la sobreexplotación de su principal especie, la merluza hubbsi, que ya se encuentra al borde del colapso. El informe del Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero “INIDEP” de Argentina; dado a conocer el pasado 24 de Marzo de 2000. Recomendó la prohibición inmediata de la pesca de merluza común o hubbsi durante todo ese año, pues la especie se encontraba al borde de la extinción debido a la sobrepesca.

Sólo en 1999 los excesos de capturas alcanzaron las 124.000 toneladas. Entre 1993 y hoy, la biomasa de esta especie disminuyó a niveles alarmantes. Motivó de reiteradas vedas, lamentablemente discontinuadas; pese a pedidos y acciones concretas de organismos ecológicos internacionales. Como parámetro de máxima tolerancia, los científicos del “INIDEP” sugieren en el informe, capturas inferiores a las 110.000 toneladas para este año. "El problema es que ya se llevan pescadas 55.000 toneladas, los primeros tres meses, y a este ritmo se llegara al tope, a mas tardar, dentro de dos meses; es como si hubiesen salido a pescar todos juntos apurando el exterminio" Jorge Dellacasa, asesor de la Subsecretaria de Pesca, dependiente de la cartera de Agricultura, anticipó que, políticamente la prioridad es defender el recurso “a muerte” pese a las presiones sociales y las ejercidas por las entidades que agrupan a empresarios y pescadores. Solo en Mar del Plata unas 20.000 personas viven de la actividad y representa la primera industria, seguida por el turismo, que le reditúa a esta ciudad un millón de dólares norteamericanos, diariamente.

En la problemática pesquera se cruzan dos variantes fundamentales. Por un lado, la salud del recurso pesquero que, actualmente con sus signos vitales en franca disminución y, por el otro, la supervivencia de las personas que dependen económicamente de la pesca; aunque el fin primordial siga siendo la protección del ecosistema marítimo para el MERCOSUR y el resto del mundo (señal qué, a las generaciones futuras se les garantice el cuidado de los recursos naturales) La ayuda económica a la gente afectada por la disminución del recurso y la reestructuración de la flota, deberían ser metas de un DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN.

El 6 de mayo de 1994, luego de dos años de negociaciones, se firmó el ACUERDO SOBRE LAS RELACIONES EN MATERIA DE PESCA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA (en ese momento todavía Comunidad Económica Europea) Y LA REPÚBLICA ARGENTINA. El Congreso argentino aprobó bajo el número de Ley 24.315. Este Acuerdo tenía una vigencia por cinco años, renovables por dos años automáticamente salvo denuncia de alguna de las partes. Argentina denunció oportunamente el Acuerdo y éste dejó de regir a partir del 28 de mayo de 1999.

En su Artículo 5, inciso 3, se describe el meollo del Acuerdo: “La Comunidad, en el marco de su política de reestructuración de la flota, facilitará la incorporación de buques comunitarios a empresas constituidas o que se constituyan en Argentina. A este fin, la Argentina en el marco de su política de renovación tecnológica en materia pesquera, facilitará la transferencia de los permisos de pesca vigentes y expedirá los nuevos permisos que correspondan en virtud del presente acuerdo”.

Con relación al objetivo planteado en el Acuerdo de “renovar la flota Argentina”, podemos observar que la antigüedad promedio de los buques comunitarios cuyo proyecto fue aprobado por la Comisión Mixta es de 18 años, lo cual, con relación a una flota fresquera cuya antigüedad promedio es de 23 años, no representó un gran avance ni podría justificar de por sí la firma del Acuerdo.

En la Argentina se conoce al sector Administrativo de la Secretaria de pesca como “LA CUEVA” Bajo el mandato del Secretario de Agricultura ganadería y Pesca ing. Felipe Sola se llevo a cabo la vulneración del Acuerdo Pesquero Comunitario, durante el primer mandato del presidente Menem.

En el sector administrativo de la subsecretaría de pesca, es conocido bajo el nombre de “la cueva”, trabajan alrededor de 100 personas. Nelida Videla Sanchez fue la responsable de la Dirección Nacional de Pesca, Jorge Quincke, el Director Nacional de Pesca, era el responsable por la irresolución de 4000 sumarios, muchos iniciados hacía 20 años como pudo comprobarse. 1-Horacio Monsalvo, segundo de Quincke, era el encargado de fiscalizar la base del sistema de control satelital –Monpesat- y a quien se señaló como uno de los responsables por la caída del sistema.

El incidente del cese del control satelital, comenzó cuando en una carta enviada a la SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación), la empresa española “Saincel Sistemas Navales” adjudicataria del servicio de control satelital, anunció la interrupción de las prestaciones por “falta de pago... ausencia de propuestas concretas... e incumplimiento de compromisos”.

A partir del primero de octubre de 1999, el sistema dejó de funcionar. La deuda ascendía a un millón de dólares, en tres años nunca le habían pagado a la empresa. Al comienzo del contrato los equipos habían quedado frenados por varios meses en la Aduana

Representantes de la empresa española dijeron que faltaba voluntad de la secretaría para ingresarlos.

Ante el cese del control “ Monpesat” (monitoreo satelital), unos 400 buques, que eran monitoreados, continuaron pescando sin ningún tipo de control oficial. Monsalvo informó que los buques saldrían a navegar con el equipo satelital fuera de servicio. Asimismo reconoció que había muchos más permisos de pesca que los que “deberían haber”. Las vedas y zonas de pesca diferenciadas por tipo de flotas no fueron adecuadamente controladas ni respetadas. Varios buques industriales fueron denunciados a fines del 1999 y principios del 2000 por pescar al norte del paralelo 48, la zona reservada a la flota fresquera.

“LOS FUNCIONARIOS: HOY AÑO 2006 HAN CAMBIADO DE ESCRITORIO O MANTIENEN SUS SEGUNDAS LÍNEAS, RECAUDANDO COMO SIEMPRE”.

La marginalidad relativa de la actividad, le confirió un carácter hermético al sector pesquero. Esto posibilitó que lo relativo a la pesca se manejara casi en secreto, respecto del resto de la sociedad. Ni siquiera el Estado en su conjunto sabía lo que ocurría con la pesca, más allá de los organismos gubernamentales específicos. La actividad pesquera fue, desde siempre, una incógnita social que estuvo reservada sólo para aquellos que se vinculaban directamente con ella. Esta “ausencia de la cuestión pesquera” explica en parte, la falta de visión que tuvieron las autoridades respecto a la necesidad de estrategias de crecimiento claras. Nadie explica ni se responsabiliza porqué se desoyeron las llamadas de alarma, manifestadas por los científicos por la sobreexplotación, desde diez años atrás. El INIDEP (Instituto de investigación y Desarrollo Pesquero) nunca publicó sus resultados en manos del poderoso director Dr. Fernando Georgiadis, que manejaba la información personalmente, acomodándola a cada oportunidad que le fuera ventajosa. Tampoco existieron incentivos por parte de la prensa para investigar qué ocurría. Dado el lugar que ocupaba la pesca en el ideario de la sociedad, el impacto de noticias sobre la problemática pesquera, no llegaba a conmover al ciudadano común. (…)

La lógica política, que es de corto plazo, se encuentra en conflicto directo con aquella necesaria para la conservación de los recursos y el desarrollo sustentable, de largo plazo. Esta contradicción fundamental, intrínseca a los diferentes ámbitos, dificulta el desarrollo de políticas coherentes y responsables. Asimismo, este dilema reproduce la misma lógica que el juego de “la tragedia de los comunes” explicada en el inicio: una contradicción entre lo que es individualmente ventajoso y aquello que es socialmente correcto.

Esta espiral de crisis que se generó equivale a un círculo vicioso descendiente que se agrava con cada retraso de la decisión de aplicar la Ley y quitar del mar Argentino a la flota que pesca ilegalmente. El resultado es una situación de crisis continua que desemboca en el colapso del recurso.

El espiral de crisis es complejo porque abarca a todos los actores e involucra una dimensión temporal. A medida que el gobierno posterga su decisión de fondo (por ejemplo, quitar del caladero a los buques ilegales y reordenando el tamaño de la flota), la crisis empeora porque el sector sigue sobredimensionado por la triangulación de permisos, pero cada vez se pesca menos.

Desde el punto de vista privado, se ha dicho que es perfectamente racional tratar de seguir pescando al máximo posible hoy.

Esta espiral de crisis se mantiene aún hoy cuando aún no se han tomado medidas estructurales y el caladero se dirige hacia el colapso. Con el modelo de estos incentivos políticos, es posible predecir que esta situación se extenderá hasta fines del 2006 o comienzos del 2007, hasta finalizar con el colapso definitivo del recurso. En ese caso, y sin otros incentivos que se interpongan en el camino y que impulsen modelos sustentables de desarrollo, es posible (y esperable) la continuidad de este modelo de explotación irracional hacia otras especies, replicando el caso de la merluza con otros peces, como nos ocurre hoy con el calamar.

Las presiones políticas que ejercieron sobre el Estado Argentino los sectores que debían ser regulados, le generaron mayores incentivos políticos para mantener a la industria sobre-dimensionada, no ejercer controles necesarios para organizar las capturas de modo eficiente y sustentable para el futuro.

En el caso Argentino pareciera ser aún más crítico ya que el abordaje de la crisis durante 1999 se presentó como una extensión del caos, que imperaba en ese momento, la desinformación y la incertidumbre que imperó en el sector a lo largo de los 30 años anteriores.

¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron con la depredación de la merluza? Resulta claro que en corto plazo perderemos todos, pierde la sociedad en su conjunto, y se pierde la oportunidad de desarrollo y de empleo. Sin embargo, es parte de la ironía de este caso quienes más se han perjudicado (y se perjudicarán) por la depredación, han sido en gran parte los responsables. Por esta razón, este caso es un ejemplo de lo descrito como la “tragedia de los comunes” en el que los incentivos individuales difieren de la situación socialmente deseable.

Funcionarios y políticos pasaron por alto durante una década, las advertencias y recomendaciones científicas sobre cuál debería ser la explotación óptima del recurso. Siempre existió la necesidad de organizar a la industria pesquera, de establecer reglas claras para su crecimiento, y de hacerlo en torno al principio de desarrollo sustentable y el uso racional del recurso. Al llegar la crisis, tanto el Estado como el sector pesquero comprendieron de repente que el interés por la preservación del recurso trascendía el ámbito científico o el mero reclamo de ambientalistas.

Esta cuestión se debería convertir en realpolitik, a la hora de enfrentar las consecuencias del mar vacío.

Debe ser alertada la comunidad Internacional dada la necesidad impostergable de encarar los temas de desarrollo desde una perspectiva de explotación racional y de desarrollo sustentable (…)”.

Taina González, en “La naturaleza no tiene dueños, pero sí fieles protectores”, relata:

“Para los Pueblos Originarios, el hombre es un ser más dentro de la naturaleza, allí radica su apego por el medio natural. Ellos conciben la tierra como un espacio identitario, como la base de la cultura. Por esta razón las comunidades originarias del departamento jujeño de Santa Catalina, en Argentina están alzando sus voces para impedir el avance de empresas en la puna jujeña, dedicadas a la explotación minera a cielo abierto.

Los pueblos piden en su petitorio, que se ponga fin a la minería contaminante, porque las empresas están “generando de este modo, la desertificación y muerte de la fitogreografía, zoogeografía y socio-geografía en las zonas donde ya están instaladas”.

La falta de interés existente en la cultura occidental por el impacto ambiental de las actividades mineras, se explica teniendo en cuenta que dicha cultura concibe al hombre como el centro de la naturaleza y su tarea es dominarla.
Ese pensamiento dista de la cosmovisión de los pueblos indígenas, respecto a la defensa y el respeto del medio ambiente.

En los reclamos llevados a cabo en Jujuy, los nativos expresaron un no rotundo a la minería a cielo abierto, a gran escala, contaminante y radiactiva, porque utilizan todo el caudal de agua de las comunidades y además contaminan las reservas hídricas de la Quebrada del Humahuaca. En el comunicado presentado en la legislatura jujeña, las comunidades originarias manifestaron estar de acuerdo con la minería artesanal, realizada por las personas de cada comunidad, porque permite un ingreso económico capaz de apaciguar las necesidades básicas, de una canasta con productos indispensables para el sustento diario de las familias. Pero no pueden concebir la minería como una actividad industrial, porque contamina y arruina el medio ambiente, lo cual pone en crisis la sustentabilidad de sus raíces.

En un congreso sobre la tierra, llevado a cabo hace 4 años, las etnias presentes explicaron su vínculo con la “madre naturaleza”. Dejaron en claro que los pueblos originarios son hijos de la tierra y que por eso es sagrada. “Afirmamos que no somos dueños de la tierra sino parte de ella, que no la queremos para explotarla sino para convivir con ella, para trabajar cuidando la naturaleza, con un desarrollo equilibrado para el bienestar común de la humanidad", sostuvieron.

A partir del rechazo encabezado por comunidades originarias, sobre explotaciones de uranio en la Quebrada de Humahuaca, la legislatura jujeña, comenzó a analizar proyectos para limitar e incluso prohibir la minería a cielo abierto en toda la provincia. El diputado y titular de la Comisión de Ecología, de la legislatura provincial, Pablo Baca, manifestó su interés en la búsqueda por limitar la actividad minera en Jujuy para “evitar nuevos conflictos y situaciones que pongan en riesgo el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, o afecten la sustentabilidad de comunidades que desde tiempos ancestrales sostienen formas propias de desarrollo económico que se verían amenazadas por la minería”.

Ante la falta de respuestas concretas, estas comunidades han comenzado a recurrir a herramientas legales para poder hacer frente a la mano devastadora de las empresas, que sólo buscan lucrar con la madre tierra. Por eso exigen que se cumpla la Ley Nacional 25.675, sancionada en el 2002, sobre preservación y protección de la diversidad biológica. Cabe destacar que con respecto a las actividades mineras y las expresiones de las comunidades aborígenes, la legislación argentina e incluso la internacional, indica que se le debe otorgar espacio de participación a los aborígenes, por su vínculo estrecho con la naturaleza, de acuerdo a lo contenido en la declaración de los Derechos Universales de los Pueblos Indígenas. (…)

El problema de las comunidades aborígenes, es que no son escuchadas, y muy poco importan sus exigencias, porque según Ariel Méndez, de la Red Puna, “el gobierno provincial (en Jujuy) alienta cuatro polos productivos: la industria del azúcar y el tabaco, el turismo y la minería. Todas ellas atentan contra nuestros territorios y nuestra forma de vida”. Los reclamos de los pueblos originarios en relación al medio ambiente, son constantes y eso se debe a que los modelos de producción, no respetan a la Madre Tierra, lo cual pone en peligro su cultura.

El referente del pueblo Diaguita, Benito Espíndola, explicó que para los pueblos originarios “el significado de tierra no es sólo el espacio de producción, para nosotros es el origen, es nuestra madre, la Pachamama. Somos parte de la tierra. El concepto de cosmos es mucho más amplio, territorio no es tierra, sino que tiene que ver con los elementos naturales, un lugar en el cual desarrollar nuestra cultura. Alude a la superficie, al subsuelo, el espacio aéreo. También consideramos todos los elementos (agua, fuego, tierra) los bienes naturales, la biodiversidad y el conocimiento ancestral que los pueblos tienen”.

Tan amenazado ven su futuro, que los delegados de los pueblos originarios de más de 20 etnias de Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay aprobaron un documento sobre la protección del medio ambiente, que fue entregado en la última Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), realizada en Tucumán. Con respecto a la minería, el documento entregado rechazaba rotundamente la actividad porque “sólo ha generado muerte y desolación de nuestros pueblos y territorios con la contaminación del las aguas, flora, fauna y el aire”, y además exigían la anulación del convenio binacional minero entre Argentina y Chile, así como también la reforma del Código Minero nacional.

En la jurisdicción del departamento de Tilcara, la empresa Uranio del Sur S.A., presentó en junio una solicitud para comenzar a realizar tareas de cateo en casi 10 mil hectáreas. Esta asociación, está subsidiada por la empresa suiza Uranio AG, que además tiene 22 concesiones mineras en La Rioja y San Luís, lo cual se traduce en la explotación total de 171.000 hectáreas.

Los pueblos originarios, que no conciben la tierra como un producto y mucho menos como una mercancía, con sus acciones buscan frenar el avance inminente de empresas multinacionales, que buscan enriquecerse sacrificando la vida natural, sin importar el peligro que eso implica tanto a nivel ecológico como cultural.

“El modelo extractivo de desarrollo, sobre la base de explotar nuestros recursos naturales, es un saqueo al país, pero también es directamente opuesto a nuestro modo de vida. Para ese modelo de saqueo, necesitan nuestros territorios, pero nosotros no nos quedaremos de brazos cruzados”, advierte la organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre, de Chubut.

Estas comunidades, también son víctimas del desmonte, de la actividad minera a cielo abierto, de la contaminación del agua y de la venta de tierras a extranjeros, porque todas estas acciones anti-naturales ponen en riesgo su subsistencia cultural. Este es un problema que se extiende por todo el país, por las riquezas naturales que están en juego. La situación en el norte - de la comunidad Kolla y Guaraní- en la Patagonia argentina, es vivida por los Mapuches y Tehuelches, que enfrentan conflictos territoriales y tratan de resistir y frenar el avance multinacional.

A nivel nacional, existen 24 pueblos indígenas que están organizados para detener a la topadora que arrasa con la naturaleza y la cultura. Pero su accionar no es suficiente, porque lógicamente siguen dependiendo de las decisiones del Estado, que sin dudas debería evitar la destrucción natural, porque tiene las herramientas necesarias para ponerle fin a la depredación ambiental.

El artículo 41 de la Constitución Nacional, afirma que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades que satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Sin embargo la destrucción ambiental es cada vez mayor, porque la prioridad sigue siendo ganar dinero, y las explotaciones mineras, casualmente, generan ganancias fabulosas.

Un proverbio indígena expresa: “cuando hayas talado el último árbol, atrapado el último pez y contaminado el último río, te darás cuenta que no puedes comer dinero”. La lucha de los pueblos originarios en defensa de la naturaleza, no va a terminar hasta que el hombre entre en razón y entienda que sin un equilibro ambiental no es posible la vida”. tgonzalez@prensamercosur.com.ar/ Desde la Redacción de APM
Fuente: www.prensamercosur.com.ar/ 2-8-08

La Agencia de Noticias Biodiversidadla comunica el:

“Manifiesto de las Américas: en defensa de la naturaleza y la diversidad biológica y cultural

Vivimos en un sistema económico dominante que hace siglos se propuso explotar de forma ilimitada todos los ecosistemas y sus recursos naturales. Esta estrategia trajo crecimiento económico y lo que se llamó "desarrollo" para algunas naciones, y privilegió el consumo y el bienestar social de una parte muy pequeña de la humanidad. Y, desgraciadamente, excluyó de las condiciones mínimas de sobrevivencia a las grandes mayorías de la humanidad

El costo de ese sistema de explotación de la naturaleza y de las personas, junto al consumismo desenfrenado, se ha pagado con el sacrificio de millones de trabajadores pobres, campesinos, indígenas, pastores, pescadores, y otras personas pobres de la sociedad, que entregan sus vidas cada día. Y con la agresión permanente a la naturaleza, que fue y continúa siendo sistemáticamente devastada. Su integridad y la diversidad de formas de vida, que son el sostén de la biodiversidad, están amenazadas. Y si la naturaleza de nuestro planeta está amenazada, también lo está la propia vida humana, que depende de ella. Incluso el Balance Ecosistémico del Milenio hecho por la ONU, y divulgado en 2005, reconoce que "las actividades humanas están cambiando fundamentalmente y, en muchos casos, de forma irreversible la diversidad de la vida en el planeta Tierra. Estas tasas van a continuar acelerándose en el futuro". En ese importante reconocimiento de la crisis planetaria, es también fundamental reconocer que no son todas las actividades humanas perjudiciales, sino y ante todo aquellas guiadas por el desenfreno del lucro de las corporaciones transnacionales.

Ante esta situación dramática, sentimos la necesidad de afirmar alternativas que aseguren un futuro de esperanza para la vida, para la humanidad y para la Tierra. Necesitamos pasar de una Sociedad de Producción Industrial, consumista e individualista, que sacrifica los ecosistemas y penaliza a las personas, destruyendo a socio-biodiversidad, a una Sociedad de Sustentación de Toda la Vida, que se enrumbe por una vía socialmente justa y ecológicamente sustentable para vivir, cuide de la comunidad de vida y protega las bases físico-químicas y ecológicas que sustentan todos los procesos vitales, incluidos los humanos.

Como habitantes del continente americano tenemos la conciencia de nuestra responsabilidad universal. Por nosotros pasa también el futuro de la Tierra. Los países amazónicos y andinos, por ejemplo, como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Brasil son territorios megadiversos. No sólo por la presencia de riquísimos ecosistemas, sino también por la presencia de muchos pueblos indígenas, campesinos, quilombolas y otras comunidades locales, que desde siglos y milenios aprendieron a vivir en co-habitación con la biodiversidad y la sociodiversidad. La floresta amazónica que existe en nuestros países representa un tercio de las florestas tropicales del mundo y abarca más del 50% de la biodiversidad. En ella existen por lo menos 45.000 especies de plantas, 1.800 especies de mariposas, 150 especies de murciélagos, 1.300 especies de peces de agua dulce, 163 especies de anfibios, 305 especies de serpientes, 311 especies de mamíferos y 1.000 especies de aves.

Debido a esta riqueza, América Latina está siendo objeto de la codicia de los "neoliberales-globocolonizadores" a través de la acción demente de decenas de empresas trasnacionales, principalmente de los países del norte global, que descaradamente practican biopiratería. Otrora era la carrera al oro y la plata, hoy es la carrera a los recursos genéticos, farmacológicos y a los saberes tradicionales y locales, todos estratégicos para el futuro de los negocios del mercado mundial. E incluso nos quieren imponer leyes de patentes y de protección a sus lucros fantásticos.

Queremos hacer frente, de manera decisiva, a este proceso de expoliación. Proponemos políticas consistentes que buscan:

1. Conservar la diversidad biológica y cultural de nuestros ecosistemas, quiere decir, cuidar el conjunto de los organismos vivos en sus hábitat y también las interdependencias entre ellos dentro del equilibrio dinámico, propio de cada región ecológica y de las características singulares de las especies, así como la interacción social y ecológicamente sustentable de los pueblos que viven en la región.

2. Proponemos políticas articuladas que apuntan a garantizar la integridad y la belleza de los ecosistemas y los pueblos que cuidan y dependen de ella

Eso implica la preservación de las características que aseguran su funcionamiento y mantienen la identidad del ser vivo y del conjunto vivo sea en su aspecto territorial, biológico, social, cultural, paisajístico, histórico y monumental. La preservación de la diversidad biológica y cultural, de la integridad y de la belleza de los sistemas ecológicos asegura la sostenibilidad a las múltiples funciones ambientales y a los beneficios que el ser humano obtiene para sí para las futuras generaciones. Entre otros: agua potable, alimentos, medicinas, maderas, fibras, regulación del clima, prevención de inundaciones y enfermedades. Al mismo tiempo que constituye las bases del sostén de la recreación, de la estética y de la espiritualidad así como el soporte de la conformación del suelo, la fotosíntesis y el ciclo de nutrientes, entre otras funciones vitales para el sustento de toda la humanidad.

3. Nos oponemos decididamente a la introducción de especies exóticas, inadecuadas a nuestros ecosistemas. Como sucedió en muchos biomas con la introducción de plantaciones homogéneas, industriales, del eucalipto, pino, etc. que destruyen los ecosistemas naturales y producen fuertes impactos sociales en los pueblos que viven en esas áreas; producen el lucro, los dólares, la celulosa, el carbón, agua sucia, y dejan la degradación y la pobreza.

4. Nos oponemos decididamente a la introducción de organismos transgénicos en el ambiente, sea en la agricultura, en las plantaciones, en la ganadería o cualquier otro cultivo en el medio ambiente, ya que además de no ser necesarios, no sirven para nada, a no ser para el lucro de unas pocas empresas transnacionales. Traen riesgos potenciales a la salud de las personas y a modificaciones permanentes e irreversibles en la naturaleza y los ecosistemas. Nos oponemos enfáticamente la introducción de árboles transgénicos, que significan un peligro aún mayor, debido entre otras cosas a que el polen, tiene la posibilidad de diseminarse a lo largo de miles de kilómetros, contaminando ineludiblemente otras florestas, incluyendo las floresta nativas, con multiplicación de impactos sobre la flora, los insectos y otros componentes de la fauna, afectando también el sostén de los pueblos indígenas, pescadores, campesinos, quilombolas y otras comunidades locales.

5. Combatimos decididamente las semillas Terminator porque atentan contra el sentido de la vida y de su reproducción, pues se trata de una semilla suicida que busca beneficiar únicamente a las grandes empresas transnacionales que controlan las semillas, imponiendo a los agricultores una situación de dependencia.

6. Nos oponemos a la tentativa del gobierno imperial de Estados Unidos y de sus empresas transnacionales, que quieren imponernos el tratado del ALCA (Acuerdo de Libre Comercío de las Américas); tratados bilaterales, llamados TLC (tratados de libres comercío); tratados de garantía para inversiones extranjeras, o a través de acuerdos de cumbres adoptados sin ninguna participación popular en la Organización Mundial del Comercio-OMC. Esos acuerdos ponen aún en mayor riesgo, nuestra naturaleza, nuestra agricultura, nuestros servicios y las condiciones de vida de nuestra población, pues priorizan sólo los intereses de la garantía del lucro.

7. Manifestamos nuestro apoyo y la necesidad de reconocer los pueblos y comunidades que durante siglos y milenios han desarrollado la biodiversidad agrícola, a través de la adaptación y creación de semillas que constituyen las bases de toda la agricultura y alimentación de la humanidad. Para mantener esas bases de sustentación y esa enorme riqueza de biodiversidad agrícola y alimentaria, es preciso reconocer y afirmar los derechos de los campesinos, indígenas, pastores, pescadores, quilombolas, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, para que puedan continuar esa tarea crucial para la humanidad de conservación de las semillas criollas y nativas, que sólo pueden ser multiplicadas a nivel local y diverso.

Combatimos aquellas empresas que buscan el control sobre las semillas contra toda la tradición de los pueblos que cuidaron celosamente de las semillas y siempre las entendieron como fuentes de vida que jamás deben transformarse en mercancía.

Finalmente, externamos nuestro anhelo de que estos propósitos redunden en beneficio de nuestros pueblos, de la soberanía alimentaria, o sea el derecho que todos y cada pueblo tiene que producir su propio alimento, en condiciones saludables y socialmente justas y en equilibrio con la naturaleza. Defendemos quienes trabajan en el campo, nuestros agricultores/as y campesinos/as. Defendemos su derecho a vivir como campesinos que así garantizan el sustento de nuestras poblaciones. Ese modo de producción contribuye decisivamente a la sustentabilidad de nuestro Planeta y al desarrollo integral, imprescindibles para garantizar el futuro de la humanidad”.

20 de abril de 2006. De Curitiba, capital del estado de Paraná, construyendo una América libre de transgénicos y de agresiones al medio ambiente

a. Editorial de la revista Biodiversidad, sustento y culturas (nº 57) de GRAIN

Apenas en marzo pasado, un tanto tarde, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros organismos internacionales comenzaron a divulgar la existencia de una crisis alimentaria mundial. Pero los precios de los alimentos —lácteos, carne y en especial cereales— se dispararon sin control todo 2007. La gente intentó gestionar la crisis y se apretó el cinturón hasta que no tuvo otra que salir a las calles a exigirle medidas a sus gobiernos. A principios de 2008 estallaron revueltas populares en unos cuarenta países. Las élites políticas del mundo se amedrentaron.

Sabemos cuales son las causas de tal crisis (entre ellas que el comercio de alimentos está sometido a especulación extrema). Unos intentamos entender el momento y a otros no les conviene entender. La crisis alimentaria se expande. Habrá cien millones de nuevos hambrientos. Hay gobiernos que se pelean por encontrar o manejar reservas de granos. Hay riesgo de una crisis mundial más extrema y dramática.

En respuesta, los sacerdotes del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional, los directorios de las empresas y la mayoría de los gobiernos y sus equipos asesores nos proponen continuar por el camino de la industrialización de la agricultura, la liberalización del comercio y la inversión mientras, casi en secreto y poco a poco, declaran ilegales los métodos, prácticas y relaciones agrícolas que hicieron posible producir comida durante los pasados 10 mil años. Además, prosiguen la apropiación de más y más territorios con sus tierras y sus aguas, rompen los equilibrios, devastan zonas enteras (lo que dificulta aún más que la gente asuma la solución en sus manos) y expulsan más personas a los cinturones urbanos de miseria y hambre. Es tiempo de un cambio profundo que nos saque de la crisis alimentaria y del nudo enorme de crisis que padecemos por la globalización neoliberal: cambio climático, devastación general (biológica y social), marginación extrema, privatización de los ámbitos comunes, expulsión del campo, urbanización salvaje, delincuencia como opción desesperada. (…)

Enfrentados a la insolvencia de ideas y sistemas, no hay otro camino creíble que reconstruir desde los cimientos y emprender cambios radicales. En lo ideal, los campesinos, los indígenas, responsables de cuidar semillas, relaciones y procesos que hoy todavía permiten producir la mayor parte de los alimentos consumidos en todo el mundo, deberían ser quienes fijen el rumbo.

Son ellos quienes tienen propuestas no sólo para remontar la crisis sino para que haya un futuro. Pero es necesario que las instituciones financieras internacionales y los organismos mundiales de desarrollo dejen de tener el poder que detentan actualmente.

Muchos grupos y organizaciones locales, nacionales e internacionales de diversos estratos sociales, rurales y urbanos, ya nos exhortan enérgicamente a renovar estrategias, buscar soluciones, recuperar saberes y tradiciones, emprender relaciones diferentes entre nosotros y con la naturaleza. Resaltan tres ejes cruciales interrelacionados: tierra, mercados y la agricultura misma.

Es central el acceso de los campesinos a la tierra. Por todo el mundo, los gobiernos y las empresas insisten en el círculo vicioso de la agricultura de plantaciones en gran escala, que desplaza campesinos y desmantela su producción local de alimentos, impone un modelo agrícola orientado a exportar que crece la dependencia de las importaciones lo que mina el resto de los sistemas de producción alimentaria que urgen para salir del atolladero.

Con el aumento de precios de los productos básicos de exportación y el nuevo mercado de agrocombustibles, la especulación y la apropiación de tierras crece muy rápido. Apropiarse tierras se vuelve oficial: Japón compró 12 millones de hectáreas en el sudeste asiático, China y América Latina, para producir alimentos destinados a Japón, lo que significa que sus cultivos en el extranjero tienen ahora el triple de espacio que en su propio territorio. (…)

La tierra [y hoy con mayor visión panorámica el territorio] siempre ha sido una demanda central de los campesinos, los pescadores tradicionales, los trabajadores rurales y los pueblos indígenas. Emprender una reforma agraria radical es una de las medidas más urgentes para que la gente pueda tener la capacidad de alimentarse a sí misma y a sus comunidades —lo que sin duda revertiría la expansión de los barrios urbanos marginados, un elemento central de la crisis alimentaria.
Ya es hora de tomar en serio y poner en práctica las propuestas de las organizaciones campesinas. Si no valoramos la enorme urgencia de producir nuestros propios alimentos, sea en el campo o en la ciudad, el suicidio planetario en que están embarcados los especuladores (para los que un billete fácil es más importante que el hecho de que haya gente sin mañana) nos arrastrará sin miramientos.

Durante décadas, el BM y el FMI impusieron a los países pobres políticas para liberalizar el comercio y realizar “ajustes estructurales”.
Esas prescripciones fueron reforzadas al establecerse la OMC a mediados de los noventa y ahora con el aluvión de tratados bilaterales de libre comercio e inversión. Esto, más otras medidas, provocan el despiadado desmantelamiento de aranceles y otras herramientas que los países en desarrollo crearon para proteger su producción agrícola local. Los países son obligados a abrir sus mercados a la agroindustria mundial y a los alimentos subvencionados que los países ricos exportan. Las tierras fértiles dejan de servir a los mercados locales de alimentos por producir cultivos de exportación mundiales o cultivos fuera de estación, de alto valor para los supermercados de las grandes urbes. Numerosos países pobres se vuelven importadores netos de alimentos.

Uno de los aspectos más inmorales de la crisis alimentaria es el lucro espectacular que el mercado ha permitido que tengan las grandes agroempresas y los especuladores. Son pocos los agricultores que perciben algún beneficio por el aumento de los precios. En el primer trimestre de 2008, mientras el hambre cundía en países ricos y pobres, las empresas obtuvieron ganancias sin precedentes en todos los eslabones de la cadena alimentaria —agroquímicos, semillas, transporte, procesado, comercio.

La mitad del trigo comercializado en la bolsa de Chicago está controlada por fondos de inversión. En la bolsa de futuros agrícolas de Tailandia, la especulación sobre el arroz ha triplicado, en un año, el número promedio de contratos diarios y los fondos de cobertura y otras especulaciones representan la mitad de los contratos diarios. Toda esta actividad especulativa está haciendo subir los precios por las nubes. Toda burbuja es inestable y está destinada a explotar, con resultados imprevisibles. Los gobiernos y los organismos internacionales, con pocas excepciones, difícilmente hablan de estas maniobras ni hay la pretensión visible de lidiar con ellas.

En contraste, los sindicatos y las organizaciones de agricultores insisten en una regulación y control adecuados, en especial porque los productores y los consumidores son los grupos más afectados. En sus reclamos de «soberanía alimentaria», los movimientos sociales nos urgen a dar prioridad a los mercados locales y regionales poniendo freno al dominio de los mercados internacionales y las empresas que los controlan; suspender o desmantelar el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC; mejorar la distribución de los recursos; establecer reservas estratégicas nacionales; alentar nuevos tipos de competencia que inhiban la formación de monopolios; investigar la especulación en los mercados de básicos y adoptar medidas para controlarla.

Luego está la agricultura misma. La crisis alimentaria le da pretextos a los proponentes de la vieja Revolución Verde para pedir más de los mismos paquetes verticalistas y homogenizantes de semillas, fertilizantes y agroquímicos.

No es por desabastecimiento sino por los precios tan altos que tanta gente se ha perjudicado. Aumentar la producción no resolverá esta cuestión, si significa aumentar los costos de producción o si dicha producción, a fin de cuentas, es controlada, acaparada y mediatizada desde sus orígenes por las grandes agroempresas. ¿De qué nos sirven todos los silos atiborrados de cereales si tienden a ser transgénicos, están plagados de agroquímicos y los controlan los especuladores? (Así parece quejarse el Grupo ETC en su más reciente informe. Y su queja es pertinente en extremo.)

Son necesarios entonces otros alimentos, unos que la gente cuide, cultive, trabaje, gestione y valore en sus propios espacios, y no los alimentos que producen en gran escala las grandes empresas ligadas a redes de todo tipo de manipulaciones que les agregan nocividad biológica y social con tal de lucrar.

Las variedades de alto rendimiento de alimentos básicos por las que tanto entusiasmo tienen el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (cgiar), la FAO y la mayoría de los ministerios agrícolas, requieren más agrotóxicos basados en petróquímica, los cuales han sufrido tales alzas de precios que los colocan fuera del alcance de numerosos agricultores. Y los agroquímicos son una de las causas principales de los gases con efecto de invernadero. Es la agricultura industrial, sobre todo, la responsable de esos agrotóxicos. Echar más en suelos ya agotados, como predican los militantes de la Revolución Verde, no hará sino extremar el caos climático y la destrucción de la vida de los suelos.

Hay estudios científicos que demuestran que los métodos campesinos pueden ser más productivos y sustentables que la agricultura industrial. Con el debido apoyo, esos sistemas agrícolas locales basados en los saberes indígenas, enfocados en conservar suelos saludables y fértiles, organizados en torno a una utilización amplia de la biodiversidad disponible localmente, nos muestran formas de salir de la crisis alimentaria.

Ø impugnar y ponerle fin a la criminalización de la diversidad, para que los agricultores puedan acceder, desarrollar e intercambiar semillas, saberes, experiencias y prácticas libremente;

Ø no esperar a que los gobiernos dejen de promover a las agroempresas y a los mercados de exportación y comiencen a proteger y reverenciar las técnicas, los saberes y capacidades de los pueblos.

Es claro que quienes no somos del gobierno ni del sector empresarial necesitamos unirnos más que nunca para construir nuevas confianzas y frentes de acción, no solamente para encontrar soluciones a los problemas inmediatos de la crisis alimentaria sino para construir soluciones de largo plazo —sobre todo buscando un cambio en las relaciones entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, que ponga en primer lugar las necesidades de los sectores pobres rurales y urbanos, y el cuidado radical de nuestro futuro común. Nuestros sistemas agrícolas y alimentarios deben ser más justos, más ecológicos y verdaderamente efectivos si han de alimentar a los pueblos. Ya no podemos esperar o confiar en soluciones prefabricadas. Debemos crear esos sistemas más justos ahora, colectivamente”.
Fuente: www.grain.org/ Biodiversidad de julio de 2008

“El 1, 2 y 3 de agosto más de trescientos activistas, asambleístas y militantes de todo el país arribaron a la capital catamarqueña para intercambiar experiencias y establecer tareas en común. Bajo los criterios del trabajo asambleario, es decir con los principios de horizontalidad y la participación, se fue recorriendo la agenda de problemas y logros que enfrentan las asambleas ciudadanas ambientales y los movimientos sociales y políticos que se expresan "contra el saqueo y la contaminación".

Si bien se exhibió como un triunfo la visibilidad que gana el problema minero y la conquista de leyes provinciales de prohibición, las voces de alerta señalaban las respuestas que las corporaciones tienen preparadas, como la creación de "zonas de excepción" para áreas de explotación, el renovado interés por el uranio y la criminalización de la protesta. Y aunque el tema minero tuvo fuerte impronta, debido a la provincia en que se hizo el encuentro, los agronegocios y la contaminación urbano-industrial estuvieron también presentes como ejes sobre los cuales se ve la necesidad de generar un cambio.

La Asamblea Socio Ambiental de Catamarca Kusikausay se hizo cargo de la organización de este encuentro teniendo varios objetivos en lo inmediato: denunciar lo que viene sucediendo con Minera La Alumbrera; que se sostenga el procesamiento penal contra su vicepresidente Julián Patricio Rooney por el delito de contaminación; y también impedir la apertura del nuevo proyecto de la zona, "Agua Rica". "La mina Alumbrera consume el 50% del agua que consume la provincia. Pero además consume el 78% de la energía de Catamarca. Lo interesante es que los problemas de agua y energía pasan a ser de la comunidad. Los medios lo instalan así: no consuma luz o agua", explica Belén, de la asamblea Kusikausay.

Con dos marchas, una el viernes y otra el sábado por la noche, la UAC ganó las calles céntricas de Catamarca con centenares de activistas que se encargaron de difundir en esta comunidad los problemas que genera este “modelo de saqueo que se basa en la destrucción de los medios de vida”. “Tenemos que luchar por instalar los bienes comunes como palabra. Y le ponemos el cuerpo a todo esto sin perder de vista el problema del modelo, sabiendo que La Alumbrera es un punto más dentro de este modelo de desarrollo de explotación y saqueo”, agregó Belén.

Pero la ocupación del espacio público en las provincias no resulta un hecho desapercibido para el poder, y una muestra de ello fue la detención, por parte de la policía local, de dos asambleístas que se encontraban pintando un mural el día jueves, antes del inicio del encuentro. Las represalias habían empezado el día anterior, cuando las presiones políticas hicieron que las autoridades de la escuela en donde se iba a realizar el encuentro cancelaran el permiso. Sobre la hora la asamblea tuvo que encontrar la infraestructura para albergar a los más de trescientos participantes. “Como asamblea esto es un desafío. Ya se hicieron acciones hacia la comunidad como para producir un impacto de que se está 'diciendo algo'. Porque hay que decir, ya que si algo quedó muy fuerte acá es la marcha del silencio. Pero en Catamarca necesitamos volver a decir”, concluyó Belén.

El camino que vienen haciendo estas asambleas y espacios sociales hace que inevitablemente se vinculen problemáticas diversas. Para insistir en la necesidad de una visión global Jorge Rulli (Grupo de Reflexión Rural) y Javier Rodríguez Pardo hicieron una encendida apertura.

En palabras de Jorge Rulli, “entender que somos un país colonial cuesta, en esta época en que aquí no son necesarios los soldados porque ya formaron los universitarios, los profesionales, los políticos, para manejar esto. El rol colonizado de la universidad corre paralelo con la colonización de la secretaría de Agricultura y del Senasa, que aprueban lo que las corporaciones necesitan. El INTA que trabaja para las empresas abiertamente mediante el impulso de 'polos biotecnológicos', que trabajan para implantar el modelo de Nidera, Cargill, Monsanto y Bunge.
La minería, los eucaliptos, la soja, el engorde a corral, los grandes criaderos de aves: esto es parte de una escala macro en la que operan las empresas. Pero este fenómeno que nos parecía tan lejano, el que se pueda vincular -en la sociedad- todos estos modelos, se ha dado con una materialidad sorprendente gracias al gran desarrollo de la conciencia ambiental”.

Para Javier Rodríguez Pardo, “cada vez que nosotros nos movemos y damos un paso vemos cómo se expresa el IIRSA [Integración de la Infraestructura Regional Suramericana]. Y así se entiende por qué el tratado binacional que entrega la Cordillera de los Andes fue orquestado casi diez años antes de que lo firmara Carlos Menem. Vemos cómo se fue desarrollando y pensando el saqueo. La hidrovía, hecha para que los barcos de gran porte se lleven todo, también fue pensada hace mucho tiempo, porque saben que la mejor manera de llevarse los bienes comunes es la línea recta: poco costo y rapidez. Y ahí también está Gioja, que ha regalado todo para que el paso de Aguas Negras salga hacia el Pacífico, con un corredor biocéanico. Y para todo esto es necesario también energía, y rápida. Para eso las centrales nucleares. Cuatro centrales que impulsa Kirchner. Y no hablemos de la cantidad de compañeros confundidísimos, que toman como bandera la energía nuclear porque es una tecnología de punta, o porque estamos en crisis energética. ¿Cómo no vamos a estar en crisis? Una sola empresa minera consume el 10% de la energía del país. ¿Qué pasará cuando empiecen a funcionar Agua Rica y Pascua Lama? ¿Cuánta energía se necesitará? Y ahí entra el cuento de la crisis energética. Por eso para luchar y estar seguros de cómo afrontar los debates tenemos que saber y conocer”.

“No al saqueo y a la contaminación” es una consigna que implica dos partes. Si la contaminación aparece como el hecho evidente y que permite extender el reclamo a las amplias capas de la población, el saqueo es el componente que politiza desde lo económico, dando espesor a debates que arriban incluso a la cuestión del imperialismo y el sistema de producción capitalista (…)”.
Fuente: www.biodiversidadla.org/ 12-8-08

c. La reestructuración socioeconómica desafía a cambios en todas las actividades

Miguel Teubal, en “Soja transgénica y crisis del modelo agroalimentario argentino” (2003), propone:

“Lo que hace falta es precisamente una reestructuración del sistema agroalimentario en su globalidad, una reorganización del agro, de la agroindustria y la distribución de alimentos, orientándolos hacia las necesidades de los sectores populares, de los más necesitados de la comunidad.
Esa reorganización profunda requeriría el debate sobre una serie de ejes que por ahora aparecen adormecidos:

a) el problema de la tierra, del acceso a la tierra de los más necesitados, de medianos y pequeños productores, de campesinos pero, también, de desocupados urbanos;

b) la búsqueda de nuevas formas de producción agropecuaria, industrial y de distribución de los alimentos;

c) el problema tecnológico: frente a la denominada “tecnología Monsanto”, corresponde impulsar otras tecnologías orientadas a las necesidades populares, en el marco de otros organismos de generación de tecnologías: universidades, etc.”.
Fuente: revista Realidad Económica nº 196 de mayo-junio de 2003/ www.iade.org.ar

Ø la democratización en la educación y la salud públicas, en las universidades y otras instituciones científico-tecnológicas para cambios profundos en las estructuras sociopolíticas y culturales y metodologías respectivas, en la comunicación e intercambios con la sociedad, los ocasionales interlocutores…;

Ø el manejo integral de los territorios y de su heterogeneidad de conjunto para la unidad en diversidad del desarrollo de poblaciones en el país y de los complejos agroalimentarios e industriales de la Argentina mirando a armonizarse con los pueblos latinoamericanos y planetarios.

Roberto Víctor Maturana, en “Recursos pesqueros: vaciando el mar argentino”, precisa:

La Agencia de Noticias Biodiversidadla comunica el:

“Manifiesto de las Américas: en defensa de la naturaleza y la diversidad biológica y cultural