I. ((VOLVER))

Correspondiente a la primera hipótesis

Si queremos liberarnos de un sistema social que puede despojar a una creciente mayoría hasta de lo más mínimo para sobrevivir y hacerlo con total impunidad, necesitamos asumir como cuestión de todos nosotros:

1. Las luchas de los campesinos, indígenas, trabajadores y productores pequeño-medianos contra su desaparición

La Red de Investigación-Acción sobre la Tierra, o el Land Research Action Network  (LRAN ) asocia investigadores activistas trabajando en cuestiones de acceso a la tierra y sus recursos, para formar una red entre ellos y con movimientos populares. Da a conocer:

La Declaración final de la Conferencia Internacional sobre los Derechos de las Campesinas y Campesinos en Yakarta:

“En el 60° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reclamamos como campesinas y campesinos del mundo nuestra propia convención.

Campesinas y campesinos, miembros del Movimiento Internacional de La Vía Campesina y provenientes de 25 países diferentes, nos hemos reunido entre el 20 y el 24 de junio del 2008 durante cinco días en la Conferencia Internacional sobre los Derechos de las Campesinas y Campesinos en Yakarta, Indonesia. Luego de siete años de intensas discusiones sobre los contenidos y las estrategias, nuestros espíritus están animados y plenos de confianza en que podremos lograr una Convención dentro de las Naciones Unidas sobre los derechos de las campesinas y campesinos.
Esta convención será una de las piedras angulares de la vida sostenible para los seres humanos en el planeta.

Las campesinas y campesinos, mujeres y hombres sin tierra, trabajadores rurales, pueblos indígenas y agricultores de pequeña y mediana escala, representamos casi la mitad de la población mundial y somos la columna vertebral de los sistemas alimentarios.
La crisis alimentaria y el cambio climático nos demuestran de qué manera se han producido violaciones masivas y sistemáticas a nuestros derechos.

Vemos cómo ha aumentado el desalojo violento de nuestras tierras y cómo hemos sido alienados de nuestras fuentes de subsistencia.
Los megaproyectos de desarrollo como las grandes plantaciones para los agrocombustibles, las grandes represas, los proyectos de infraestructura, la expansión industrial, la industria extractiva y el turismo han desplazado de manera forzosa nuestras comunidades y han destruido nuestras vidas.
Muchos conflictos armados y muchas guerras están ocurriendo en las áreas rurales. El despojo de tierras y la destrucción de los cultivos están siendo utilizados frecuentemente como arma contra la población civil rural.

No podemos tener un ingreso que nos permita vivir dignamente.
La mezcla de las políticas nacionales y de las condiciones internacionales son las responsables de conducirnos a la extinción.
Es importante resaltar dentro de estas políticas:

Ø       los procesos de privatización de la tenencia de la tierra que han llevado a la reconcentración de la propiedad sobre la tierra;

Ø       el desmantelamiento de los servicios públicos rurales y de todos aquéllos que apoyan la producción y la comercialización de la pequeña y la mediana agricultura;

Ø       el fomento de la agroexportación altamente capitalizada y dependiente de insumos;

Ø       el impulso a la liberalización del comercio en la agricultura y

Ø       las políticas de seguridad alimentaria basadas en el comercio internacional.

En muchos países, vemos como aumenta la prohibición a mantener, preservar, intercambiar y cultivar nuestras propias semillas.
Nuestro conocimiento y sabiduría están desapareciendo y somos forzados a comprar semillas producidas por las grandes transnacionales que están viendo incrementar sus beneficios. Estas compañías están produciendo Organismos Genéticamente Modificados y fomentando los monocultivos con la subsiguiente pérdida de muchas especies y de la biodiversidad en general.

Adicionalmente, nosotras, las mujeres campesinas, sufrimos de una doble marginalización: como campesinas y como mujeres. La responsabilidad de encargarnos de nuestras familias se encuentra en nuestras manos y la dificultad y la incertidumbre de los cuidados en materia de salud y de educación nos obliga a trabajar muchas horas a cambio de unos ingresos mínimos. Las mujeres que trabajan como jornaleras en los campos están siendo forzadas a utilizar productos químicos y por esto, están arriesgando su salud.

La opresión violenta constituye una experiencia cotidiana para el campesinado.
Somos víctimas de detenciones y torturas, nos vemos hostigados e intimidados y también somos víctimas de asesinatos.
Miles de campesinas y campesinos están siendo criminalizados a causa de la lucha que llevan por la defensa de sus derechos.
Las mujeres campesinas también sufrimos de la violencia a manos de nuestros esposos, compañeros o empleadores.
Esta violencia puede ser física o psicológica y puede llegar a amenazar nuestras vidas.

Hemos heredado una larga historia de luchas campesinas por la defensa de nuestros derechos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principales tratados en materia de derechos humanos son instrumentos importantes dentro de nuestras luchas contemporáneas.

Sin embargo, pensamos que así como otros grupos oprimidos como los pueblos indígenas y las mujeres, ha llegado el momento de hacer explícitos nuestros derechos individuales y colectivos, ha llegado el momento de la «soberanía alimentaria».

Existen grandes vacíos en la interpretación y la implementación de los principales tratados en materia de derechos humanos cuando se aplican al campesinado.
Además, nos enfrentamos a una serie de violaciones sistemáticas de nuestros derechos; un ejemplo, son los crímenes cometidos por las grandes transnacionales o los Acuerdos de Libre Comercio. Esta serie de violaciones deben ser abordadas con provisiones y mecanismos específicos que garanticen la completa protección de nuestros derechos.

Una futura Convención sobre los Derechos de las Campesinas y los Campesinos contendrá el conjunto de los valores del campesinado -y deberá particularmente fortalecer los derechos de las mujeres campesinas- que serán respetados, protegidos y garantizados por los gobiernos y por las instituciones internacionales. Con este propósito, nos comprometemos a

Ø       desarrollar una estrategia en varios niveles que trabaje de manera simultánea en los ámbitos nacional, regional e internacional para concientizar, movilizar ayudas y construir alianzas no solamente con las organizaciones campesinas, sino también con las organizaciones de trabajadores rurales, de pastores, de pueblos indígenas, de comunidades pesqueras, ambientalistas, mujeres, expertos legales, defensores de derechos humanos, jóvenes, de movimientos urbanos y de consumidores y con grupos religiosos.

También buscaremos el apoyo de nuestros gobiernos y de los parlamentos e instituciones de derechos humanos para el desarrollo de la Convención sobre Derechos de las Campesinas y Campesinos. Hacemos un llamado a la FAO y a la FIDA a cumplir plenamente sus mandatos contribuyendo a la protección de los derechos del campesinado. Con este propósito, solicitamos al departamento de asuntos jurídicos de la FAO, compilar todos los instrumentos existentes dentro de esta institución que protejan los derechos de las campesinas y campesinos. Llevaremos nuestra Declaración al seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Organizaremos campañas y acciones, y haremos un llamado a nuestros miembros y a nuestras redes para movilizarnos por nuestra Convención sobre los Derechos de las Campesinas y Campesinos el próximo 10 de diciembre, con motivo del 60o. aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

A la luz de las amenazas impuestas por el actual ataque neoliberal capitalista sobre los sistemas locales alimentarios y sobre el campesinado en general, hacemos un llamado a unir fuerzas en aras del bien de la humanidad.
¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!”.
Fuente: www.landaction.org /27 de junio de 2008

La “agricultura sin agricultores” de los grandes capitales locales e imperialistas, que avanza impunemente aprovechando la democracia restringida, causa el incremento constante de:

 

·         la pobreza e indigencia que conduce tanto al aumento de los asentamientos precarios alrededor de las grandes ciudades y las villas miseria como al de la criminalización de los pobres quienes sufren razzias donde viven, son discriminados cuando intentan acceder a una ocupación laboral por vivir en una villa, constituyen la superpoblación de cárceles bajo estado de excepción, son expulsados de usar espacios públicos para trabajar por autoritarios códigos contravencionales, sus adolescentes son asesinados por gatillo fácil, sus niños arrojados a sobrevivir sea como sea en la calle…;

 

·         la desintegración social y nacional que posibilita el aumento de trabajo esclavo, flexibilizado y precario (tanto en el medio rural como en el urbano) y de los prostíbulos, de la trata de personas, del narcotráfico, de los juegos de azar y de la timba financiera;

 

·         la degradación del hábitat por quita de agua, contaminación ambiental, catástrofes socio-ambientales que responden a la destrucción de la biodiversidad de cada eco-región o de su equilibrio ecológico, des-estructuración de las cuencas hidrológicas, grave alteración climática, etc.

2. Las luchas contra las invasiones ‘democráticas’ que exterminan, hambrean y expulsan de donde se vive, trabaja

a. Colombia muestra quiénes -hacia dónde y cómo- conducen el continente

Pablo Lorente Zapatería (Rebelión) relata:
“En Colombia, la política de las multinacionales norteamericanas y europeas (principalmente españolas y francesas) están actuando de verdadero poder.

Diseñan desde hace años en comandita con los gobiernos respectivos, planes económicos que están llevando al desplazamiento de cientos de miles de campesinos y sus familias, a su asesinato. Utilizando al paramilitarismo y el narcotráfico como verdaderos ejércitos de limpieza étnica ante las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que no se someten a sus planes de cultivos, no sólo de coca. En estos momentos, el cultivo de Palma africana para la elaboración de agrocombustibles es el exponente de la destrucción de cultivos propios y originarios del campesinado colombiano, llevando a verdaderas hambrunas y muerte a cientos de miles de personas.

Esa es gran parte de la clave del largo, por décadas de violencia, muerte y sufrimiento, mal llamado «conflicto colombiano». La lucha de clases en estado puro. Oligarcas colombianos y capitalistas extranjeros tienen que tener a raya a la mayoría de un pueblo que le ha tocado sobrevivir y morir en un territorio geoestratégico, con riquezas ingentes que están en manos de unos pocos y que por la gracia divina del capital hay que mantener como “status quo”.

Por eso -en Colombia- son asesinadas sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y militantes de izquierdas, grupos armados revolucionarios. También desplazan y asesinan a indígenas y comunidades afrocolombianas.

Los tratados de libre comercio (con EEUU y la Unión Europea) y la producción de agrocombustibles, principalmente, necesitan que alguien les haga el desagradable trabajo de limpiar uno de los más importantes “patios traseros” de las metrópolis del capital. Van a seguir muriendo muchas personas no por llegar a la vejez o una enfermedad fatal, sino por el diseño y activación de políticas expoliadoras de los recursos de una nación, para que una minoría oligarca con residencias en Miami y Madrid, sigan asistiendo a conciertos a escuchar a “papitos” y la gran banca europea y norteamericana haga caja”.
Fuente: www.rebelion.org /Colombia/ 21-7-08

La revista Sudestada informa sobre Colombia a través, por ejemplo, de:

Ø       Hernando Gómez (experto en los planes de infraestructura de las transnacionales en el continente) indica que tienen como único objetivo: “garantizar el flujo de mercados con la mayor tasa de ganancias, sin interesar los costos sociales y ambientales, atravesando ecosistemas estratégicos, desforestando, implementando formas de explotación no orgánicas para poder sacarle el mayor rendimiento al suelo, acabando con los bosques húmedos tropicales, con territorios sagrados de los pueblos originarios, desplazando campesinos, generando condiciones de violencia y guerra en muchos territorios”(…)”.

 

Ø       Marcos Romero (director de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento pues Colombia es el segundo país con mayor número de desposeídos y desplazados hacia las grandes ciudades) destaca: “la causa principal del desplazamiento tiene que ver con una lógica de despoblamiento. Muchas zonas, consideradas periféricas en el pasado, son ahora el centro de la atención de grandes capitales nacionales e internacionales. Y la situación de los desplazados es crítica, porque la mayoría tenía un vínculo con la tierra, una economía de subsistencia, pero con cultura, pertenencia social. Ahora viven en las ciudades en condiciones de desarraigo, con una tendencia muy fuerte a convertirse en población indigente”.

 

Ø       Humberto Motta (antropólogo autor de un libro donde detalla la vinculación de las matanzas paramilitares contra los pueblos originarios del Naya y el Urabá con el ejército y el gobierno colombianos pero, sobre todo, con los mega proyectos de biodiversidad de las multinacionales de conservación -como WWF o Conservación Internacional- apoyadas por gobiernos, ongs y organismos de cooperación de Europa y Estados Unidos) se refiere a que: “hoy en todo ese proceso de reingeniería paramilitar que hay a través de la Ley de Justicia y Paz lo que se busca es legalizar las tierras que les quitaron a los campesinos y a todos los que han causado tantas masacres, desplazamientos, tantos crímenes que han sucedido en este país, y que no pase nada. Es una ley de total impunidad”.

 

Ø       Geraoid O Loinsigh (estudioso del paramilitarismo de Colombia) completa: “el proceso de paz no es un proceso desinteresado.
No les interesa la paz, sino la estabilidad; no les interesa que las víctimas tengan justicia, sino que se conformen con lo que haya, con lo que les den. Porque una víctima peleando por sus derechos crea problemas de inestabilidad política (…)”.

Fuente: dossier Colombia (1ª parte) de revista Sudestada/ Año7 nº 70 / julio 2008
www.revistasudestada.com.ar

b. Red Latinoamericana de Solidaridad que, además, busca generar otro orden internacional

Prensa de Frente da a conocer:

 “La solidaridad con el pueblo colombiano, en un encuentro internacionalista en Bogotá

Entre los días 17 y 19 de julio, en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo el Primer Encuentro Mundial de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia. El evento reunió a más de 150 delegados de organizaciones populares colombianas, con representantes de distintos países de Europa y América Latina. Con el objetivo manifiesto de “generar un espacio de encuentro de luchas internacionalistas” y con la consigna de impulsar “una solución política con justicia social al conflicto en Colombia”, allí se resolvió, entre otras importantes definiciones, impulsar la Red Latinoamericana de Solidaridad. Esa y otras conclusiones, en la Declaración Final que reproducimos a continuación:

Bogotá, 19 de julio de 2008

Luego de reflexionar sobre el camino seguido en una década de integración de los diferentes accionares que fundamentan nuestra resistencia y confrontación contra el sistema capitalista, recogemos:

 

Ø       Las experiencias de denuncia y acompañamiento frente a las permanentes agresiones del sistema, que nos han permitido visibilizar los atropellos a los procesos de resistencia y los intereses económicos que están detrás de ellos.

 

Ø       La necesidad de construir alternativas desde lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional al modelo de desarrollo impuesto por el sistema.

 

Ø       La necesidad de entender la comunicación como la herramienta fundamental que permite hermanar -desde lo cultural, lo político,   lo social, lo económico, lo ambiental-  las diferentes luchas encaradas a través de la Red de Hermandad.

 

Reafirmamos:

§          Nuestro compromiso de convertirnos en un factor dinamizador de cada una de las expresiones de resistencia desde donde se construye poder popular, respetando siempre las especificidades de las comunidades.

 

§          Que el momento de construcción nos exige tener una postura de mayor ofensiva, equilibrando las denuncias con la promoción y construcción de alternativas desde nuestros planes de vida, a través del despliegue de las potencialidades de las comunidades y las personas, construyendo tejidos a partir de las diferentes expresiones.

 

§          Nuestra voluntad de construir un proyecto político alternativo de vida que confronte la injusticia, la impunidad, la soledad, el miedo, el silencio, la destrucción y las duras condiciones que impone el sistema político y económico actual.
 

En consecuencia, nos comprometemos en:

-Fortalecer los canales de comunicación, la toma de decisiones y definición de estrategias, fomentar espacios de debate y formación política, integrar nuevas organizaciones, dinamizar el acompañamiento, recoger la memoria histórica, promover la solución política al conflicto y construir planes de vida.
-Caminar hacia la construcción de la red latinoamericana de solidaridad, fortalecer la red europea, fortalecer los nodos regionales en la red colombiana, mejorar el sistema de comunicación propia, repensar y dar un salto cualitativo en la estructura organizativa e implementar la escuela de formación de los pueblos.
-Buscar la superación de las causas del conflicto, a través de la defensa de la soberanía alimentaria, energética, política, económica y de la implementación de nuestros planes de vida que permiten la permanencia en el territorio con dignidad.

Fuente: www.prensadefrente.org /25-07-2008

c. Siete años de fallidos intentos de la OMC, demuestran la posibilidad de otro mundo

Ecologistas en Acción difunde la nota “La OMC no es la solución, sino el problema” de Tom Kucharz, quien reflexiona:

“Después de siete años de fallidos intentos de concluir la Ronda de Doha de negociaciones comerciales en la OMC, es evidente que la mayoría de los 153 estados miembros ya no se subordinan a una política de “libre” comercio que sólo favorece a los intereses corporativos del Norte. La Unión Europea y Estados Unidos querían lograr un “aumento sustancial” en el acceso a los mercados mundiales de bienes y servicios, consolidando así su dominio y control en los mercados internacionales de comercio e inversión.

La mal llamada Ronda del Desarrollo no tiene como objetivo “aliviar la pobreza”. De los ingresos mundiales (96.000 millones de dólares) del Programa de Doha previstos para 2015, sólo 16.000 –menos de un centavo de dólar al día por persona– llegarían al mundo en desarrollo (el 50% iría a tan sólo ocho países; Brasil acapararía el 23%).
Sin embargo, los costos por abrir todavía más sus mercados superan con mucho las “ganancias”.

En lo referente a los bienes industriales, las pérdidas de aranceles para los países en desarrollo (que muchos necesitan para sus presupuestos de salud y de educación) podrían ser de 63.000 millones de dólares. Esta ruina no incluye la potencial pérdida de millones de puestos de trabajo debido a la reducción de aranceles, la protección y apoyo gubernamentales a sectores sensibles y las necesidades básicas.

La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas denunció que no existen procesos de evaluación sobre el impacto que pudiese tener la Ronda de Doha en cuanto a la pérdida de espacio para el manejo de políticas públicas, mayores niveles de desempleo, precarización y pobreza.

Estas frías cifras tampoco reflejan la catástrofe humana que acompaña la menguante capacidad adquisitiva por el aumento de los precios de los alimentos y del petróleo ni los costes añadidos por los impactos del cambio climático.

Afrontamos crisis masivas a nivel mundial con relación a los alimentos, la energía, el sistema financiero y las consecuencias del calentamiento global, que se intensifican recíprocamente.

El modelo de comercio que promueve la OMC agrava estas crisis. La incapacidad de acabar con el hambre es una muestra más del fracaso tras décadas de desregulación de los mercados agrícolas.

Ni la OMC ni otros tratados (bilaterales y regionales) de libre comercio que se están negociando actualmente, podrán resolver la crisis alimentaria, porque la liberalización del comercio ha socavado la capacidad de los países para alimentarse a sí mismos.

La Ronda de Doha agravaría la crisis alimentaria volatilizando aún más los precios de los alimentos, aumentando la dependencia de los países en desarrollo de las importaciones y fortaleciendo el poder ya concentrado de los agronegocios multinacionales en los mercados de alimentos y agrícolas. Los países en desarrollo perderán más espacio para implementar sus políticas en el sector agrícola, y además verán menguada su capacidad de lidiar contra la especulación con los alimentos y de fortalecer el sustento de los pequeños productores.

La crisis financiera mundial está mostrando el daño que está provocando la falta de regulación de los mercados financieros. Y sin embargo, en el marco de las negociaciones sobre el comercio de servicios, la UE está presionando a los países en desarrollo para que liberalicen aun más sus sectores de servicios financieros dentro del Acuerdo General para el Comercio y los Servicios (AGCS).

Este acuerdo promueve la competición internacional, pero sin garantía alguna de que los reglamentos o la supervisión estatal afronten las conductas de riesgo de las empresas, acentuando la probabilidad de futuras crisis.

Las negociaciones demostraron asimismo la falta de voluntad política de la UE para frenar el cambio climático. Para prevenir que la temperatura media global suba más de 2ºC (lo que provocaría una aún mayor catástrofe climática), es necesario cambiar radicalmente el sistema mundial de comercio, al ser esta una de las mayores causas del cambio climático. Sólo este argumento bastaría para hacer descarrilar la Ronda de Doha.

Si la destrucción de bosques supone una quinta parte de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, el hecho de frenar inmediatamente todo proceso de deforestación sería la manera más rápida y eficaz para reducir estas emisiones. Pero ello implicaría, por ejemplo, que la UE deje de importar productos cultivados en áreas deforestadas como el aceite de palma o la soja. Por otra parte, haber puesto en práctica las obligaciones comerciales adquiridas en la Ronda de Uruguay de la OMC supuso un incremento del 70% (sobre los niveles de 1992) del transporte de mercancías, altamente dependiente de los recursos fósiles y uno de los mayores emisores de dióxido de carbono.

El fracaso de la Ronda de Doha también pone de manifiesto la equivocada apuesta comercial del Gobierno español que, junto con el resto de la UE, despliega sus fuerzas diplomáticas para colaborar con la OMC y, además, cerrar tratados bilaterales –bajo la estrategia “Europa Global: competir en el mundo”–, mientras la mayor parte de la población mundial está sufriendo las consecuencias de la liberalización comercial cayendo en el desempleo y viviendo en la pobreza, y otra gran parte muriendo de hambre, falta de agua y enfermedades curables. Por lo tanto, no hay tiempo que perder para dar un giro de 180 grados en las políticas comerciales”.
Fuente: www.ecologistasenacción.org 31-7-08

II. ((VOLVER))

Correspondiente a la segunda hipótesis

Si queremos liberarnos de un sistema global de producción y distribución que sólo persigue el incremento de la tasa de ganancia de oligopolios en el más corto plazo, necesitamos comprometernos con ponerle fin y sobre todo multiplicar ese posicionamiento mediante el establecimiento de la deliberación pública acerca de que:

1. La pobreza y el hambre se deben al capitalismo

Declaración política del Foro de las ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria:

“Soberanía alimentaria: un derecho para todos”

Ese Foro desde 8 al 13 de junio de 2002 señala:
“El fracaso desde 1996 y la Nueva Declaración Oficial

Los movimientos sociales de los campesinos, pescadores, pastores, pueblos indígenas, ambientalistas, organizaciones de mujeres, sindicatos y ONGs reunidos aquí en Roma expresamos nuestra frustración colectiva y rechazo ante la Declaración oficial de la Cumbre Mundial de la Agricultura: cinco años después. Lejos de analizar y corregir los problemas que han hecho imposible progresar en los últimos cinco años para eliminar el hambre, este nuevo Plan de Acción combina el error de “más de la misma medicina” con las prescripciones destructivas que hacen empeorar la situación.

El Plan de Acción de 1996 no ha fallado por falta de voluntad política y recursos, sino porque apoya políticas que nos llevan al hambre, que sostienen la liberalización económica del Sur y crean una homogeneidad cultural, protegidas por fuerzas militares en caso de fallar el primer grupo de acciones prescritas.

Sólo políticas fundamentalmente diferentes, basadas en la dignidad y los modos de vida de las comunidades, pueden acabar con el hambre. Creemos y afirmamos que esto es posible y es urgente.

Desde 1996 los gobiernos e instituciones internacionales han presidido la globalización y la liberalización que han intensificado las causas estructurales del hambre y la malnutrición. Han forzado la apertura de los mercados al ‘dumping’ de productos agrarios, la privatización de los servicios sociales básicos y las instituciones de soporte económico, así como la privatización y la comercialización de las tierras públicas y comunales, del agua, de los bancos de pesca y de los bosques. Paralelamente testimoniamos el aumento brutal de la represión de los movimientos sociales que resisten al Nuevo Orden Mundial.

Este deseo político ha abierto también sus puertas a la desenfrenada monopolización y concentración de recursos y procesos productivos en manos de unas pocas multinacionales gigantes. La imposición de modelos de producción dependientes del exterior ha destruido el medio ambiente y las formas de vida de nuestras comunidades. Además ha creado una inseguridad alimentaria poniendo como objetivo las ganancias de productividad a corto plazo utilizando tecnologías dañinas como los OGMs. El resultado ha sido el desplazamiento de los pueblos y la migración masiva, la pérdida de empleos que pagan salarios vitales, la destrucción de la tierra y otros recursos de los que dependen los pueblos, un incremento en la polarización entre ricos y pobres al interior de, y entre el Norte y el Sur, un agravamiento de la pobreza alrededor del mundo y el aumento del hambre en la amplia mayoría de naciones.

No se progresará en el objetivo de eliminar el hambre sin invertir estas políticas y tendencias. Pero la actual declaración no ofrece esperanzas de tal cambio. Enfatiza la actual liberalización del comercio, que es la mayor fuerza que mina los medios de vida en todo el mundo, ha diluido el concepto del derecho humano a la alimentación, propone ajustes estructurales neoliberales más radicales en la óptica de los programas del HIPC, recomienda un mayor énfasis en la biotecnología y en la ingeniería genética, y fracasa en el apoyo de reforzar la producción de los pobres para los mercados locales o la redistribución radical del acceso a los recursos productivos, que es fundamental para un real cambio a mejor. En base a este plan de acción, sin un aumento de voluntad política o de los recursos no se llegará a obtener una mayor reducción del hambre o de la pobreza que subyace”.
http://www.nyeleni2007.org

2. El capitalismo ve nuestros territorios como despoblados y a ocupar completamente

El Foro de Resistencia a los Agronegocios sintetiza razones de su compromiso de lucha en
“La Era de los Biocombustibles y la Reproducción del Capitalismo”   donde enfoca el modelo de los agronegocios como: 

“El problema
a. Compartimos una lectura de los agronegocios como el proyecto político y territorial hegemónico en la región sudamericana y creemos que la implementación del modelo de producción y exportación de biocombustibles representa una grave amenaza sobre nuestra región, sobre los recursos naturales y la soberanía de nuestros pueblos.

b. En América Latina, y en especial en los países del Cono Sur, el modelo de los agronegocios domina los criterios de inserción de nuestra región al mercado global, de la integración y uso de nuestros territorios y además es hoy el principal vector de los conflictos socio-ambientales.
Este proyecto de control territorial está concretizado y visibilizado en el mega plan de IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), con la construcción de una red de hidrovías, carreteras, ferrocarriles, puertos, hidroeléctricas, etc. Destinado a promover y aumentar la agro exportación, y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), agencias internacionales, gobiernos, bancos y por la iniciativa privada.
El recién lanzado “Programa de Aceleración del Crecimiento” del gobierno de Brasil también es un ejemplo de esto.

c. Entendemos que la promoción de los biocombustibles profundizará los ya conocidos impactos sociales y ambientales de los monocultivos industriales del agronegocio.
Como estamos comprobando desde hace una década, el modelo de agricultura industrial dentro del paradigma de la biotecnología depende de la expansión de los transgénicos, en el marco y en la lógica de asegurar un control estructural, bajo el régimen de la propiedad intelectual (TRIPS/OMC), colocando así en riesgo la biodiversidad, el acceso a la tierra, los territorios indígenas, las poblaciones y los medios de vida tradicionales.

ch. La agroenergía se configura como un gigantesco desafío que viene a profundizar las contradicciones del capitalismo en el campo, y como tal, se reviste de varias formas conciliatorias y de mitigación de proyectos antagónicos y que están en disputa: la conquista de la «Soberanía Alimentaria» depende de construir un proyecto alternativo, incompatible con la agricultura industrial de exportación.

d. Exponemos las razones por las cuales la “era de los biocombustibles” reproducirá y legitimará esta lógica de ocupación del campo dominado por los agronegocios y por las transnacionales, bajo la perpetuación del proyecto colonial: la sumisión de ecosistemas y de pueblos al servicio de la producción y manutención de la forma de vida de otras sociedades.

Contexto
e. El calentamiento global, los impactos del cambio climático y el agotamiento paulatino de las reservas de petróleo instauraran la necesidad y la urgencia de promover energías “limpias” para alimentar el crecimiento y el desarrollo económico.

f. El escenario de crisis energética viene sirviendo para promover, ante todo, la Agroenergía con una estrategia mediática agresiva que define el momento histórico como de ‘cambio de paradigma’: de la civilización del petróleo hacia la era de la Agroenergía (“energía que se planta”) y de los Biocombustibles.

g. Lo cierto es que no sabemos aún cuales son las posibilidades reales y las limitaciones de la transición de la matriz energética e industrial del petróleo hacia las energías renovables, entre ellas la Agroenergía, donde los biocombustibles serán complementarios del petróleo en este proceso de transición progresiva y experimentación de alternativas.

h. Este discurso de ofensiva de promoción de los biocombustibles como solución inmediata para reducir el consumo de petróleo y las emisiones de CO2 en el sector del transporte es contraproducente, ya que no viene asociado a la incorporación prioritaria de otras formas de energías limpias y medidas efectivas para reducir el consumo, mejorar la eficiencia energética y masificar el transporte público, sobretodo en los países del norte.
Además de eso, el balance energético de los biocombustibles sería negativo, emitiendo más CO2 de lo que se propone a economizar.

Nueva ideología: la Agroenergía y los Biocombustibles
i. Una ofensiva de propaganda viene colocando la preocupación con el calentamiento global en el centro de la atención de los medios y en el debate público, como si esto fuese un problema nuevo. Un ejemplo fue el Foro Económico de Davos (contra el cual se creó el espacio del Foro Social Mundial) que este año enfatizó la importancia del Protocolo de Kyoto, el mercado del cambio climático, sus nuevas oportunidades de negocios y la importancia económica de las energías “limpias”, créditos de carbono y la promoción de los mecanismos de desarrollo limpio como ‘oportunidades de desarrollo’ (MDL, previstos en el Art. 12 de éste protocolo, a través de los cuales, por ejemplo la mayoría de las plantaciones industriales son introducidas en los países del tercer mundo).
Esta línea de percepción de una nueva era global y su expresión política vinculada con las cuestiones globales están sintetizadas en el discurso del ex vice-presidente de los EUA, Al Gore, registrado en el popular documental Una verdad inconveniente.

j. En este discurso, la defensa del “clima” y del “medioambiente” (y de las condiciones de vida – cualquier vida – en el planeta) aparece como algo en sí (“parar los desmontes”, “salvar los ríos”), desconectada de las necesidades materiales y cotidianas impuestas por la civilización urbana industrial y del modelo de producción hegemónico.

k. Este tipo de vulgarización del discurso ambientalista, i. e., disociado de un proyecto de transformación radical de la sociedad, acaba despolitizando la preocupación ecológica, enfatizando la vertiente del neoliberalismo verde, con soluciones de mercado para el “desarrollo sustentable” del capitalismo a través de las certificaciones, criterios de sustentabilidad, sellos sociales, servicios ambientales, turismo ecológico, mesas redondas de responsabilidad social corporativa/ empresarial, etc. y todo aquello que busca mitigar los conflictos sin atacar la raíz de los problemas.

l. Lo que permanece en juego en esta discusión es la ideología del Desarrollo como crecimiento económico bajo la lógica capitalista: es urgente problematizar el desarrollismo desenfrenado”.

El Foro de Resistencia a los Agronegocios cuestiona el modelo de desarrollo a través de formular:
“El problema
m. Entendemos que el “calentamiento global” es resultado de dos siglos de actividad industrial y de creencia en el progreso de la forma de civilización urbana-moderna, concretamente materializada en aquello que comemos, con qué nos vestimos, en qué casas vivimos, cómo nos transportamos, qué consumo de agua y energía nuestro ideal de confort y bienestar acarrea, cómo y qué tipo de mercancías producimos.

n. Luego, en el centro de la discusión está el papel fundamental de los biocombustibles para mantener ésta misma forma de sociedad, substituyendo progresivamente el petróleo que se acaba, no apenas como combustible, sino como insumo base para toda la industria (ej.: plásticos, química, textil, etc.). Con la posibilidad de la agroenergía, las bases de reproducción del capitalismo están siendo redefinidas para su mantenimiento. Toda posibilidad real de continuidad del capitalismo depende – fundamentalmente – de energía para el proceso industrial de producción y de circulación de las mercancías.

ñ. Aclarando: no sólo el capitalismo sino toda vida depende de energía. Por ende, si pensamos la economía en términos de balance energético, la producción social para atender las necesidades a escala humana – y no del capital y del consumo- sería radicalmente distinta. Sobretodo, si en el cálculo de la energía necesaria fuese considerada la distribución equitativa entre habitantes del norte y del sur, armonizadas de forma que el patrón de vida de unos no fuese mantenido a costas de la miseria de otros tantos. Las condiciones materiales del “bienestar” y del “desarrollo” de algunos pueblos no pueden ser alimentados con los recursos comunes de toda la humanidad. O sea: si pensamos en la urgencia ecológica y en los recursos finitos del planeta, el problema es que precisamos radicalmente reducir la riqueza – y su patrón de consumo irracional.

o. La centralidad de la crisis energética para el proceso de acumulación de capital – con el agotamiento progresivo de las reservas de petróleo – tiene la capacidad de impulsar un debate global sobre otros modos de producción de la vida con un proyecto radicalmente distinto. O, con el modelo propuesto en torno a los biocombustibles, profundizar el progreso de la sociedad de consumo en su camino de destrucción, con el control total de la tierra cultivable, del agua y de los insumos (semillas).

p. Además de eso, los biocombustibles se presentan como una nueva forma de integración de la producción agrícola a la industria, no apenas las cadenas dominadas por el agronegocio (Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Novartis, Syngenta, etc.) sino incorporando estas empresas a los agro-petro-negocios (ex: Petrobrás no Brasil, Repsol-YPF Argentina), mediados en América del Sur por una fuerte acción e intervención de los Estados en el modelo corporativo, apoyado globalmente, entre otros, por la Shell, Total, Exxon Mobil e British Petroleum. Éste es el proyecto en curso y traerá con él una nueva geopolítica y militarización para asegurar el control de estos territorios, y de los territorios de los pueblos indígenas, como ocurre hoy con el petróleo en nuestra región. (Ej. Ecuador, Colombia).

q. Es justamente la escala territorial de éste nuevo frente del agronegocio que precisa mucho ser tenida en consideración, una vez que la propia FAO estima que “en los próximos 15-20 años debemos ver a los biocombustibles produciendo el 25% del total de la demanda mundial de energía”. Sin embargo, esta previsión no es acompañada de ninguna estimativa oficial de la FAO sobre la extensión o localización de las tierras que serán ocupadas con la producción de estos nuevos cultivos.

r. En el caso de Brasil, el país tiene el mayor programa oficial en agroenergía: marco legal, plano estratégico de financiamiento y promoción, toda una arquitectura institucional pública de promoción e integración de los productores al modelo de los biocombustibles como forma de ‘resolver la generación de empleo y renta, mantener a los hombres en el campo y “desarrollar” el medio rural’. Con ello Brasil pretende liderar el mercado mundial de biocombustibles, además de ser el principal promotor de este modelo en otros países del MERCOSUR , para lo que cuenta con una estimativa oficial de 100 millones de hectáreas de área disponible para el avance de los cultivos energéticos (sobretodo caña de azúcar, soja y otras oleaginosas, palma africana y “bosques energéticos”). En éste número, ya estarían descontadas las áreas protegidas, parques nacionales y las tierras ya ocupadas con cultivos agrícolas.

Frente a éste escenario, queremos abrir una discusión sobre esta nueva forma de integración del campo y de la agricultura a las necesidades de manutención del capitalismo internacional, que coloca en cuestión el futuro de la lucha por la tierra, el sentido social de la bandera de la reforma agraria, la Soberanía Alimentaria, la sumatoria del movimiento ambientalista y ecológico y la fuerza política que tienen, en pleno siglo XXI, los movimientos campesinos.

Estamos viviendo una encrucijada de la historia y todavía podemos elegir qué camino vamos a recorrer”.
Fuente: www.resistalosagronegocios.info

III. ((VOLVER))

Correspondiente a la tercera hipótesis

Si queremos liberarnos de un modo de vida mayoritaria cada vez más limitado por la estrechez de recursos familiares en razón        ▪ tanto de salarios u otros ingresos míseros e injustos por la extraordinaria desigualdad social ▪ como del altísimo IVA, del ajuste al gasto social y del desmantelamiento del sector público que se complementa con la privatización de los otros servicios públicos, es fundamental situarnos en que el proceso de internacionalización de América latina comienza una etapa de integración de sólo los territorios de nuestros países para explotarlos a escala gigantesca y proveer al ‘Mercado’ global.

1. Economía de enclaves exportadores y armado de su impunidad

Pablo Stefanoni * (Le Monde Diplomatique-Cono Sur), en “Paraguay: Entre la esperanza y el escepticismo
¿Fin de época en Paraguay?”, se refiere a:

“(…) Invasión brasileña
 El Paraguay actual no explota masivamente el tanino (quebracho colorado) que esclavizó a miles de campesinos en las haciendas y el centro de su actividad económica ya no es la producción forestal o yerbatera. Aunque esos productos fueron parcialmente reemplazados, la lógica del enclave regresó, de manera tan o más perversa, con un nuevo cultivo estrella: la soja. Su producción –equivalente al 10% del PBI y al 40% de las exportaciones paraguayas– es indisociable de lo que los campesinos, e incluso varios sacerdotes, denominan la "invasión brasileña".
Según una estimación del investigador Sylvain Souchaud, el número de brasileños y sus descendientes –llamados popularmente "brasiguayos"– en Paraguay se acerca al medio millón y torna en una ficción la soberanía paraguaya en vastas zonas de sus fronteras, transformadas de facto en territorios controlados por los colonos extranjeros.

La primera ola de penetración capitalista en la agricultura campesina se sitúa en los años ’70, con la expansión de "pioneros" desde los estados del sur de Brasil, con el visto bueno de Stroessner. En su subordinación al Planalto, el dictador les atribuía un papel modernizador en el agro paraguayo.
Una segunda ola –según los campesinos, más devastadora– se produjo a comienzos del siglo XXI de la mano de la soja genéticamente modificada. Sin tierras fiscales disponibles, la frontera de la soja se expandió a costa de las tierras campesinas e indígenas, campos ganaderos y lo que queda de bosques.

Entre 1995 y 2006, la extensión sembrada con soja casi se cuadruplicó, pasando de 735.000 a 2.400.000 de hectáreas, equivalentes a casi el 25% de la superficie cultivable. Con la derogación en los ’60 de la "franja de seguridad" que impedía a los extranjeros comprar tierras en la frontera, la expansión de la soja en Paraguay avanza de forma incontenible de la mano del poderoso complejo sojero brasileño, segundo productor mundial después de Estados Unidos.

Del gigante vecino –acusado a diario de "subimperialismo" por medios como ABC Color– proviene el capital, la tecnología y los productores, aprovechando las ventajas comparativas paraguayas, como la fertilidad y el menor precio de la tierra. Son corrientes las denuncias de que en regiones de frontera predominan la ley y las costumbres brasileñas, en el marco de la doctrina expansionista de las "fronteras vivas" elaborada en los años ’50 por el teórico de la seguridad nacional brasileño Golbery do Couto e Silva.

Se trata de un modelo de economía de enclave agroexportador, con fuerte tendencia a la expulsión de mano de obra rural, por ser producciones intensivas en capital, y a la concentración de la tierra: según datos censales, el 77% de la tierra está en manos del 1,2% de las explotaciones.
"Esta agricultura sin campesinos está generando una nueva oleada de luchas, el poder real en Paraguay lo tienen quienes detentan la propiedad de la tierra. La historia de Paraguay es la historia de la concentración de la tierra y el despojo de los campesinos. La primera etapa fue después de la guerra de la Triple Alianza, cuando se entregaron las tierras a empresas extranjeras; otra fue durante la dictadura de Stroessner, que regaló tierras a generales, políticos y hasta a amantes; ahora luchamos contra la expansión indiscriminada de la soja transgénica y estamos atentos frente a los agrocombustibles", resume Luis Aguayo, líder de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). Aguayo se define como un continuador de las famosas Ligas Agrarias de los años ’70, desarticuladas por las Fuerzas Armadas, y cree que la dictadura del "Doctor Francia" (1816-1840) y el "desarrollismo" de Carlos Antonio López (1844-1862) fueron los únicos momentos de autonomía de Paraguay, truncados por la guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay.

La preocupación campesina parece justificada. Semanas atrás, el presidente brasileño Inácio Lula Da Silva aterrizó en Asunción –por primera vez en su mandato– para sumar a Duarte Frutos al frente de los biocombustibles que promueve Brasilia. Frutos dijo a "los empresarios amigos de Brasil" que "Paraguay tiene inmejorables condiciones para la inversión en el campo de la producción de etanol y biodiesel; tenemos tierras, mano de obra interesante, grandes espacios para la exploración, para la imaginación y para el talento de los empresarios… Tenemos probablemente los impuestos más atractivos para la instalación de capital en nuestro país". Y agregó: "Quiero decirles que si Brasil, en el siglo XXI, puede convertirse en los Emiratos Árabes del biocombustible, por qué Paraguay no podría ser Kuwait".

"Sería factible utilizar el cocotero o el tártago, que son producciones campesinas, en la producción de biodiesel, pero todo tiende a la producción de etanol, en base a caña de azúcar y maíz, y al biodiesel de la soja … están pensando en construir un alcoducto. Ese modelo agravaría aún más el monocultivo y el éxodo rural", opina el sociólogo Tomas Palau, director del centro Base-Investigaciones Sociales.

Mediante desmonte, fumigaciones masivas y presiones mafiosas, los "pioneros" brasileños, apelando a pequeños ejércitos paramilitares, van arrinconando, o expulsando, a miles de campesinos.

Unos optan por el éxodo hacia las periferias marginales de Asunción, Ciudad del Este o Encarnación, o por abandonar el país rumbo a Argentina, España o Estados Unidos. Otros por dar batalla a través de la resistencia institucional –con aliados como la Iglesia Católica– o mediante la acción directa, desde bloqueos hasta quema de plantaciones, para frenar la expansión de los colonos. Un artículo del diario ABC Color del 10-11-04 da cuenta del envío de 130 efectivos del II Cuerpo del Ejército a la localidad de Guairá "para garantizar los cultivos de soja" y actualmente el Parlamento promueve una modificación del código penal que podría elevar los cortes de ruta al rango de "terrorismo". Unos 3.000 dirigentes sociales están condenados a prisión, aunque en libertad condicional.

Por estos días, hay otros motivos de tensión potencial con Brasil, como la renegociación del acuerdo de la represa binacional Itaipú –considerado "entreguista" por algunos sectores políticos, incluidos partidarios de Lugo– y la construcción de un muro fronterizo de 1,5 kilómetros de largo y 3 metros de altura en la ribera del río Paraná, para contrarrestar el contrabando que ingresa al país desde Ciudad del Este a través del Puente de la Amistad.
 
Asunción-Bogotá
Bajo Sroessner, Paraguay se jactaba de ser "junto a Corea del Sur y Taiwán, los principales abanderados de la lucha anticomunista internacional" y es quizás el único país occidental que construyó un monumento y bautizó una avenida en honor al "generalísimo" anticomunista taiwanés Chiang Kai Shek.

Esa posición del régimen stronista selló una alianza de largo aliento con Estados Unidos durante la Guerra Fría, que recién se rompió en 1989, cuando la embajada estadounidense en Asunción bendijo el golpe del general Rodríguez y blanqueó las acusaciones de narcotráfico que pesaban sobre él. Así se renovó el papel de Paraguay como el más fiel aliado de Estados Unidos en la región.

En 2005, el Parlamento paraguayo otorgó inmunidad diplomática a las tropas estadounidenses –que venció en diciembre de 2006– para la operación "Medretes", cuyo objetivo es supuestamente la atención médica de sectores carenciados, entre los cuales se escucharon quejas de que "sólo nos dan analgésicos".

Paralelamente, se amplió la pista de aterrizaje de la localidad de Mariscal Estigarribia: sus 3.800 metros permiten ahora el aterrizaje de aviones gigantes como los bombarderos B-52 o los Galaxy, de transporte de tropas y material de guerra. Pese a que el gobierno paraguayo niega que ésta sea una "base estadounidense", observadores internacionales han confirmado la presencia de funcionarios de alto rango de Estados Unidos, incluido el Embajador de ese país.

Todas las especulaciones se basan en el carácter estratégico de esta región del Chaco paraguayo, ubicada junto al acuífero Guaraní –el tercero de agua dulce del mundo–; cercana a corredores interoceánicos como la hidrovía Paraguay-Paraná y a escasos 250 kilómetros de las principales reservas de gas bolivianas, las segundas de Sudamérica después de las venezolanas. El Chaco es también sede de las más numerosas colonias de menonitas, cuya iglesia cuenta con la adhesión de varias figuras del gobierno de Duarte Frutos, entre ellas la primera dama María Gloria Penayo. Trascendió, incluso, que el propio mandatario analizó la posibilidad de ser bautizado en la Iglesia Raíces, de los seguidores del reformador holandés Meno Simons.

"Estamos condenados a ser la Colombia del Cono Sur", dice Palau, y recuerda que en los últimos años se profundizaron las relaciones entre Asunción y Bogotá, sobre la base de que ambas naciones enfrentarían la misma trilogía de amenazas: narcotráfico, secuestros extorsivos y terrorismo.

La cooperación es más intensa en el campo de las políticas antisecuestros, especialmente después del brutal secuestro y asesinato de Cecilia Cubas (hija del ex presidente Raúl Cubas) en febrero de 2005. La tesis oficial habla de una acción concertada entre el grupo paraguayo Patria Libre y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Ese hecho sirvió de excusa para criminalizar las luchas sociales… hasta se intentó asociar indirectamente a Fernando Lugo", dice Raquel Talavera, abogada que representó a organismos de derechos humanos en una reciente audiencia pública en el Congreso paraguayo, de la que participaron todas las organizaciones campesinas, la "vanguardia" de la lucha social democrática (…)”.

* Periodista e investigador social. Autor, con Hervé Do Alto, de La revolución de Evo Morales, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.

Fuente: www.lafogata.org / Latinoamérica/ 4-10-07

Vaya ¡qué ‘casualidad’! las relaciones intensas de Paraguay con Colombia se dan en las políticas anti-secuestros y el gobierno K tiene como embajador de nuestro país en Colombia al general ‘democrático’ Martín Balza y con el pretexto de evitar casos como Axel Blumberg, la policía bonaerense se forma en Colombia.

 

Prensa De Frente, Boletín quincenal Nº 93 (4-8-08), actualiza:
“La brutal paliza que una banda de parapoliciales con –por lo menos- complicidad estatal perpetró contra niños y adolescentes en situación de calle en pleno corazón político bonaerense es apenas un emergente de una concepción de cómo “solucionar” el problema de la inseguridad. No sólo se da cobertura al accionar de patotas conformadas por miembros y ex miembros de las fuerzas del orden para que realicen tareas de limpieza social, sino que desde las entrañas del ministerio de Seguridad bonaerense que dirige Carlos Stornelli se está impulsando la creación de brigadas de patrullaje con policías retirados en cada municipio para que manejen móviles donde viajarán efectivos en actividad que harán horas extras. (…)

La idea de los hombres de Stornelli es imitar el plan impulsado en su momento por Néstor Franco, antiguo funcionario del intendente de Ezeiza, Antonio Granados y actual director provincial de Seguridad pública. El plan se llamó “Tolerancia Cero”. Se planea que cada distrito se haga cargo de la colocación de cámaras de seguridad en las calles y de montar una sala de situación desde la cual se digite cada patrulla municipal y el contenido las filmaciones. La gobernación pretende que los municipios contraten a uniformados que se hayan retirado para que participen de tareas de seguridad. Uno de los primeros en firmar el convenio fue Antonio Descalzo, jefe comunal de Ituzaingó, que tomará como empleados propios a ex policías. De esta manera se habilita a los caciques políticos locales a potenciar sus relaciones con miembros retirados de una de las fuerzas de seguridad más descompuestas, que con sucecivas purgas ha sido depurada por su escandalosa relación con el crimen organizado. Los municipios tendrán como empleados a hombres que se retiraron de la “mejor policía del mundo”, como solía denominarla Eduardo Duhalde. Muchos de ellos, cuentas con antecendetes más que polémicos por sus accionar en el marco de una institución corrompida desde sus cimientos.

Si bien la figura de Juan Carlos Blumberg como referente del reclamo de mayores penas y controles se fue extinguiendo para quedar en el ridículo, sus planteos represivos dejaron un legado que las autoridades de la provincia más importante del país no dudan en retomar. Tras los pasos de Ituzaingó van otros municipios, como Campana, San Fernando, Luján, Tigre, San Miguel, Lanús, Almirante Brown, Tres de Febrero, Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, San Miguel y Cañuelas. En la capital provincial también analizan impulsar estas patrullas “comunitarias”. ¿Será una manera de legalizar el accionar de los parapoliciales que perpetran graves violaciones a los derechos humanos en pleno centro plantense? (…)”.

También:

La Agencia de Noticias Red Acción difunde comunicado de prensa, petitorio e invitación a una movilización por seis dirigentes campesinos de Paraguay: Aristides Luciano Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Jiménez, Agustín Acosta González y Gustavo Lescano Espínola y que a raíz de una oscura maniobra de la justicia paraguaya afín al partido de gobierno(el stronista Partido Colorado) de dicho país, fue requerida su captura y extradición por un delito que no cometieron.

El gobierno K los mantiene presos hace dos años o sea desde el momento en que pidieron refugio político. Las organizaciones manifiestan:
“Nos consta la falsedad de los cargos que se formulan en su contra, sabemos que están perseguidos por su condición de militantes políticos opuestos al gobierno de Duarte Frutos, por tenacidad como luchadores de las organizaciones campesinas por la tierra, contra el latifundio, por la reforma agraria y otras reivindicaciones.

Pedimos a los poderes públicos una resolución que posibilite la libertad de nuestros compañeros y al Poder Ejecutivo que otorgue el refugio político requerido, continuando así las mejores tradiciones argentinas de dar asilo a quienes son perseguidos por sus ideas o su accionar político, provenientes de diversos lugares del mundo”. Fuente: www.anred.org / 8-8-08

2. Derechos de las transnacionales sobre los de los pueblos

Héctor Mondragón (Etnias de Colombia), en “La imposición violenta de las normas de la transnacionales”, sostiene:

“En el mundo de hoy se libra una gran lucha: de una parte se defienden y se busca el reconocimiento de los derechos humanos, derechos colectivos e individuales fundamentales, de otra parte, el gran capital internacional trata de establecer una nueva constitución política mundial que ponga los derechos de los inversionistas, de las empresas transnacionales, por sobre los derechos de la gente. En Colombia eso se hace con violencia.

Si la declaración de derechos humanos y la declaración de derechos sociales, económicos y culturales de Naciones Unidas sentaron la base para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y las personas y después de ellas se ha logrado el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Asamblea de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2007.

Por otra parte las transnacionales gestionan la imposición de sus derechos en la organización Mundial de Comercio OMC y en los llamados Tratados de Libre Comercio TLC, como el firmado entre Colombia y Estados Unidos y el ya negociado entre Colombia y Canadá.

Las transnacionales son hoy el poder real del mundo y por ello logran paulatinamente imponer sus leyes si la resistencia masiva de los pueblos no lo impide.

Sabemos que las transnacionales son grandes empresas, pero generalmente cada gran corporación transnacional no está sola, sino que hace parte de un grupo de capital en el que unos pocos propietarios controlan un grupo de varias transnacionales. Unos mismos integrantes de las juntas directivas se cruzan en varias empresas, porque los grandes accionistas de unas y otras son los mismos.

Para ilustrar lo que esto significa, basta percatarse de que empresas están ligadas a los dos grupos de capital más grandes del mundo. El grupo del banco Citibank, liga a empresas como la petrolera Chevron-Texaco que explota el gas de la Guajira, habiendo sido la señora Condoleeza Rice, secretaria de Estado del gobierno Bush, gerente en Asia central de esta empresa. Otra empresa de este grupo es la General Dynamics, que produce los helicópteros Black Hawk del Plan Colombia, de la cual fue ejecutivo el ex secretario de defensa de Bush, señor Rumsfeld.

También la Halliburton, encargada de la reconstrucción de Iraq, de la cual que ejecutivo el vicepresidente de Estados Unidos. Se puede pasar entonces del negocio de la guerra al de la reconstrucción.

También están ligadas al grupo Citibank, la Monsanto que produce el glifosato con que hacen las fumigaciones aéreas y la Philip Morris, que es la dueña de Marlboro y ahora de Coltabaco-Pielroja, accionista de SAP-Miller, ahora dueña de Bavaria y la principal comercializadora del café colombiano.

Un segundo gran grupo de capital está ligado al banco JPMorgan-Chase. Este grupo este grupo está centrado en la petrolera Exxon-Mobil, dueña de Intercor, empresa de la que fue ejecutivo por 36 años nuestro ministro de Minas y Energía que dirige toda la política petrolera y minera. Ligadas con este grupo están la General Electric y la Bechtel, empresa que quiso privatizar el agua en Bolivia.

Este grupo es uno de los grandes accionistas y por tanto copropietario junto con transnacionales inglesas y una familia sudafricana, de la minera Anglo Gold, que actualmente opera en numerosos lugares del país, entre ellos en la mina de oro de Cajamarca, la más grande de Colombia.

Como se ve por estos dos ejemplos, se trata de grupos de poder inmenso, por la importancia estratégica y tamaño de las empresas que controlan y por la infiltración que han logrado en los gobiernos de los diferentes países, donde los ejecutivos de las transnacionales copan los principales ministerios y manipulan la política interna y externa.

Es así como imponen los TLC que aunque supuestamente son tratados de comercio, solamente en parte se refieren al comercio, pero en lo fundamental apuntan a definir los derechos de las transnacionales. ¿Cuáles son esos derechos?

En primer lugar hay que mencionar la extraterritorialidad. Los TLC estipulan que los litigios de los inversionistas extranjeros con cualquier nacional, persona o comunidad, no sea juzgados por los jueces y las leyes del país, sino por árbitros internacionales, jueces privados, “de acuerdo a las costumbres del comercio internacional”. ¿Dónde quedará entonces la jurisdicción especial indígena vigente en los territorios indígenas?

Los juicios según el derecho propio de los pueblos indígenas, sus autoridades y costumbres no regirán frente a las transnacionales que entren a sus territorios, en vez de los usos y costumbre de los indígenas, regirán los abusos que acostumbran las transnacionales.

En segundo lugar está la que llaman “seguridad jurídica”. Quieren que si un país cambia una ley, le pague a las transnacionales lo que se hubieran ganado si no hubieran cambiado esa ley.

Así como en Bolivia iban a privatizar el agua y el pueblo se levantó y obligó a derogar la privatización, la Bechtel demandó a Bolivia para que le pagara lo que se hubiera ganado si privatizan el agua. La Bechtel perdió la demanda porque Bolivia no ha firmado el TLC.

Pero aquí nos están aprobando una cadena de leyes antes de la vigencia del TLC, para que el TLC las vuelva eternas. Están por ejemplo el Código de MInas y su reforma en curso y la legislación petrolera, ya que Ecopetrol pasó de tener el derecho al 50% de toda explotación, a sólo el 30% con Pastrana, para que aprobaran el Plan Colombia y al nada por ciento con Uribe.

También el Estatuto Rural, que legaliza las escrituras fabricadas durante las violencias; prohíbe constituir, ampliar o sanear resguardos indígenas en el Pacífico y la cuenca del Atrato, donde proliferan los megaproyectos, como la carretera del Tapón del Darién, la interconexión eléctrica hacia centro y Norteamérica, el Plan Puebla Panamá, minería de oro y plantaciones ilegales de palma aceitera para producir biodiesel.

Además permite a cualquier departamento o municipio hacer la misma prohibición mediante normas de “ordenamiento territorial”. Permite entregar a las empresas indefinida cantidad de tierra en las “zonas de desarrollo empresarial”. La ley 1182 de 2008 sanea la falsa tradición, es decir legaliza las escrituras falsas, completando el cuadro de legalización del despojo de las tierras de los desplazados.

Otra de las leyes nuevas que entrarán al paquete de seguridad jurídica es la ley 1032 que penaliza la violación de la llamada “propiedad intelectual”. Cualquier agricultor que use una semilla patentada sin pagarle regalías a quien la patentó, tiene 4 años de cárcel, casi los mismos que un paramilitar que confiese haber cometido 100 masacres u otros crímenes de lesa humanidad.

La propiedad intelectual es otros de los derechos que las transnacionales reclaman, a pesar de desconocer la propiedad intelectual colectiva. Por ejemplo, el maíz cuando los indígenas de México comenzaron a sembrarlo hace más de 7 mil años, era una espiga gruesa. Las mazorcas exuberantes y la gran variedad de maíces cultivados son el resultado 7 mil años de trabajo de colectivo de selección hecho por los agricultores indígenas.

Una transnacional usa ese patrimonio colectivo para obtener una variedad y se apropia de ella, la patenta. Cada vez se impone más leyes en el mundo para que terminemos usando semillas patentadas, prohíben usar semillas no registradas o condicionan los subsidios o créditos a que las semillas sean registradas.

La contaminación aérea y por la polinización extiende las variedades patentadas en detrimento de la diversidad. La tecnología “terminator” hace que las semillas reproducidas sean estériles y haya que comprar nuevamente cada siembra.

Por otra parte los TLC permiten patentar seres vivos que ya están en la naturaleza o genes.
La “propiedad intelectual” así concebida es el cuarto gran derecho de las transnacionales.

Otros de los derechos de ellas que pretenden imponer tienen que ver con la privatización de todos los servicios públicos incluida el agua, de las telecomunicaciones y el acceso a los contratos con el estado incluidas todas las entidades territoriales.

Aun en lo que se refiere al comercio imponen sus intereses: prohíben que un productor agropecuario venda directamente sus productos en el otro país y, obliga a venderlos a un intermediario comercial, es decir a Philip Morris, Cargill, Dole o cualquier transnacional que haga el verdadero negocio; y exigen máxima apertura a la importación de alimentos, de manera que sus productos altamente subsidiados por los gobiernos de Estados Unidos, Europa o Japón, quiebren a nuestros productores, para que luego suban los precios.

México, el primer país donde se sembró el maíz, arruinó a sus productores de maíz, ahora el maíz subió y el alimento nacional, la tortilla de maíz está carísima. A esto lo llamaron la crisis de las tortillas y otros dijeron que México quedó destortillado por el TLC.

Mientras que nos imponen perder la soberanía alimentaria nos imponen también las plantaciones para agrocombustibles, en Colombia caña de azúcar para etanol y palma aceitera para biodiesel.

Nuestra producción en estos renglones no es competitiva internacionalmente, pero es la producción de las grandes propiedades, por lo que se aprueban exenciones de impuestos y leyes para obligar a su consumo interno a la vez que se imponen, mediante las mal llamadas cooperativas de trabajo asociado, salarios miserables y condiciones inhumanas para los trabajadores corteros de caña y recolectores de semilla de palma.

Los afrocolombianos en el Pacífico son despojados para imponer estas plantaciones; en el norte del Cauca la tierra que iba a ser adquirida para la reparación integral al pueblo Nasa por la masacre de El Nilo, fue arrendada por un ingenio de etanol del grupo Ardila Lülle.

Mientras se nos obliga a consumir agrocombustibles caros, se llevan barata la gasolina cuyo costo de producción en Colombia, es la mitad del costo de producción del etanol.

No es cierto que en Colombia los agrocombustibles eviten que se contamine la atmósfera con el consumo de gasolina, pues la gasolina colombiana supuestamente ahorrada, se consume en Estados Unidos o Europa, cuya atmósfera es la misma que se está calentando alrededor del plantea.

Se quedan pues con los territorios, con el petróleo, con los minerales, con la biodiversidad, con el agua. Pero hay una riqueza más que perdemos y que les interesa demasiado. Nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestra vida, porque si se sobrevivimos sin territorio no tendremos más remedio que ser su mano de obra barata o su cerebro de obra para producir ganancias para las transnacionales, incluso como migrantes ilegales sin derechos, como muchos indígenas mexicano en Estados Unidos ahora.

La mano de obra barata la imponen también con las leyes laborales. Lo hacen en todo el mundo. Ese es otro “derecho” de las transnacionales”.
 

Héctor Mondragón prosigue:
 

“en Colombia esos derechos de las transnacionales se han impuesto a costa de los derechos de la gente y se están imponiendo, matando la gente, con masacres, con asesinatos de los líderes por los actores armados, con desplazamiento forzado. Así le han quitado a los campesinos y a los asalariados sus derechos.

Las reformas laborales, las privatizaciones, el desconocimiento formal de la condición de trabajador mediante sistemas como las “cooperativas de trabajo asociado” o los “contratos de servicios”, la planilla unificada que arranca los pocos ingresos de los trabajadores “independientes” para los fondos de pensiones, la desaparición de la contratación colectiva y el derecho laboral han sido impuestas matando sindicalistas. “Este año sólo han matado 30” dice Uribe, porque otros años para esta época ya habían matado 100. Y llegará el día que ya no maten sindicalistas porque los habrán exterminado.

La mitad de los asesinados este año son maestros, porque los maestros son uno de los pocos grupos del país que aun tienen derechos reconocidos en la ley. El otro sector cuyos derechos están vigentes, no sólo en la ley sino en la Constitución y le Convenio 169 de la OIT son los indígenas, por eso se ha concentrado durante los gobiernos de Uribe el ataque contra los indígenas.

Entre el 2002 y el 2006 fueron asesinados por motivos políticos o sociales 146 indígenas cada año. Es n récord, pues el promedio histórico, muy alto, era de 60 indígenas por año y durante el gobierno Pastrana se había elevado a 134. Según el Sistema de información de CECOIN la mayoría de los asesinatos durante este cuatrienio, como durante el anterior, fueron ejecutados por grupos armados ilegales.

Los paramilitares fueron responsables de 238 (257 en el cuatrienio anterior) y los guerrilleros de 151 (igual número que en el cuatrienio anterior). La fuerza pública fue responsable de 62 de los asesinatos entre 2002 y 2006, cuando había sido responsable de 26 casos en el período anterior.

A partir del año 2007, aunque se reduce el número total de asesinatos y violaciones de derechos humanos, pero se aumenta desproporcionadamente el porcentaje de violaciones cometidas por la fuerza pública, que de acuerdo con el Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO) ya alcanzaba el 38% de los casos en 2007 y llega al 72,2% durante lo que va corrido del 2008, cuando 103 mil indígenas han sido objeto de actos violatorios de derechos humanos.

La crisis de derechos humanos que viven los pueblos indígenas significa la base para despojarlos de los derechos que después de 5 siglos de resistencia, los indígenas lograron que fueran reconocidos en 1991.

Tras la ola de violaciones de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y otras violaciones de derechos humanos de los indígenas, fue aprobado en 2007 el Estatuto Rural que es el golpe más duro dado a los derechos de los pueblos indígenas desde que el gobierno de Turbay quiso imponer su Estatuto Indígena. Es desde luego un Estatuto inconstitucional, pero si e ha impuesto hasta ahora es mediante sangre y fuego contra los indígenas.

Así como defendiendo los intereses de las transnacionales y de los parapolíticos latifundistas fue aprobado el Estatuto Rural, Ley 1152 de 2007, y se paralizan los procesos de adquisición de tierras o mejoras para indígenas, así mismo el gobierno colombiano fue el único gobierno latinoamericano que no votó a favor de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la cual tuvo el voto en contra de Estados Unidos y Canadá, precisamente los dos gobiernos que han acordado sendos TLC con Uribe.

Si permitimos que la violencia contra los indígenas siga, si no la detenemos con la resistencia civil, masiva, pacífica y decidida, con la solidaridad internacional, van también a desconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. No lo podemos permitir.

Por el contrario, con esta organización, con esta espiritualidad y con esta decisión vamos a lograr que con los pueblos indígenas se levanten también los demás sectores, las demás víctimas de las transnacionales y de los poderes locales, de manera que la defensa de los derechos indígenas sea la mejor forma de restaurar los derechos de todas las gentes ahora despojadas.

Termino recordando el ejemplo de un joven Nasa, Rafael Coicué, líder muy activo de su pueblo, que perdió a su hermano en la masacre de Nilo en 1991 y ahora perdió su ojo por un ataque del ESMAD. Los Nasa liberan la Madre Tierra, no solamente para ellos sino para que todos tengamos un planeta vivo, una mare que nos de alimento y libertad”.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/ 6-8-08

Grain, en “¿Firmar la renuncia a la soberanía nacional?, alerta resumiendo:

“La Unión Europea está desatada impulsando "Acuerdos de Asociación" o de "Cooperación" con los países de América Latina. Estos acuerdos parecen ser más blandos y flexibles que los textos que Estados Unidos va firmando bilateralmente con diversos países. Tras este disfraz, obligan a los firmantes a ampliar periódicamente lo acordado y a emprender un número indefinido de reformas jurídicas, administrativas, económicas, técnicas y sociales cuyo fin es otorgar condiciones cada vez más extremas en favor de las empresas europeas, en todos los rubros de la vida nacional.

Es la nueva conquista, que busca que las transnacionales tengan control total sobre las comunicaciones, el agua, la banca, el petróleo, la biodiversidad, todo tipo de materias primas, la pesca, además de una personalidad jurídica para exportar desde cualquier país, para sustituir a las empresas públicas y para imponer normas, certificaciones y patentes, mientras se echan abajo aranceles, impuestos, medidas sanitarias, normas de calidad y cualquier otra condición que estorbe las maniobras de las empresas europeas o impida el flujo de mercancías que determinen éstas.

Si tales acuerdos se negocian en gran secreto, y su concreción se la encargan a comisiones del ejecutivo, es para impedir que las sociedades civiles o los parlamentos de los países implicados puedan protestar o indagar el fondo de sus implicaciones”.

Fuente: www.grain.org/ julio 2008

3. Energía para el desarrollo capitalista sin importar genocidios

La Agencia de Noticias Biodiversidad en América Latina, en “Brasil: Las tribus amazónicas luchan por mantener vivo al río Xingu”,informa:
“Este mayo, durante cinco días, cientos de grupos tribales de los sitios más remotos de la cuenca amazónica se reunieron a protestar contra el plan de construir grandes presas en el río Xingu, tributario más grande del Amazonas. (…)

Los pueblos indígenas de la región vieron en esta reunión con los oficiales de Altamira el momento crítico de presentar su posición respecto de los planes de gobierno de inundar sus territorios y de describir la importancia de la red fluvial del Xingu en su forma de vida.

El encuentro, cargado de emociones, estuvo lleno de momentos de gran fuerza. Cada día, los grupos indígenas entraron y se fueron danzando y cantando. Guerreros, armados con palos, arcos y flechas, realizaron rituales que rara vez son vistos fuera de las ceremonias de sus comunidades. (…)

Dos décadas más tarde, los moradores del Amazonas enfrentan una nueva ofensiva

Las cristalinas aguas del río Xingu fluyen desde el centro de Brasil, a través de planicies desmontadas para el cultivo de soya, al interior de la sabana brasileña y, finalmente, se vacían en la majestuosidad del prístino bosque tropical. El bosque se mantiene aún por ser territorio indígena y porque los guerreros autóctonos han repelido a los invasores por siglos.

Más de 800 pueblos indígenas de 26 grupos étnicos y representantes de los movimientos sociales de toda la cuenca se congregaron en el poblado amazónico de Altamira para lo que fue la reunión más grande del Amazonas en cerca de 20 años. La reunión marcó la continuidad de una oposición firme a los diques, luego del ya histórico encuentro de Altamira, en 1989, entre los Kayapó y otros grupos indígenas, ambientalistas y gobierno brasileño.

En ese otro encuentro, Tuira, una mujer guerrera Kayapó, pasó el filo de su machete por la mejilla a José Muñiz Lopes, quien hoy es presidente de Electrobrás, la compañía estatal de electricidad. Resultado de esa resistencia indígena, el Banco Mundial canceló un préstamo al sector eléctrico brasileño, retrasando los planes del gobierno con respecto a la presa del Amazonas por más de una década.

Hoy, el gobierno brasileño presiona para que se continúen las presas en el bosque tropical, incluyendo la gigantesca represa de Belo Monte. De ser construida, la de Belo Monte sería la tercera presa más grande del mundo. Los indígenas están de nuevo haciendo sonar la alarma y formando un frente unido contra la contención del Xingu. A pesar de que el gobierno intenta mostrar Belo Monte como la mejor de las alternativas respecto de los planes pasados para la construcción de una serie de diques en el río, los representantes indígenas se pronunciaron con firmeza en contra de cualquier intervención que afecte a la fauna ribereña de la que ellos dependen para sobrevivir.

Belo Monte secaría, también, más de 100 kilómetros del "gran delta" del río Xingu, dejando a sus comunidades sin peces, transporte o abasto de agua limpia. Proveería a la vez de un criadero de insectos que facilitarían la propagación de la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades. Por lo menos 16,000 personas tendrían que ser reubicadas si los planes de la presa de Belo Monte procediesen.

El gobierno brasileño lanzó recientemente un nuevo "inventario hidroeléctrico" para el Xingu que sugiere que la presa de Belo Monte es viable por ser única, al no requerir de diques adicionales río arriba. De basarse en esta valoración, el estudio concluye que la construcción de Belo Monte eliminaría la necesidad de anegar los territorios indígenas de río arriba.

Sin embargo, la corriente baja del río Xingu durante la seca hace que expertos y moradores cuestionen la capacidad de la hidroeléctrica de Belo Monte sin que se tenga que construir más diques río arriba para poder almacenar el agua y reencauzarla hacia Belo Monte durante los períodos en que el agua baja. Río arriba los diques inundarían miles de kilómetros cuadrados de bosque tropical, incluyendo los territorios indígenas. Los pueblos indígenas reunidos en Altamira claramente han puesto en duda la credibilidad de las afirmaciones del gobierno.

Los Kayapó aclararon que se opondrán a los planes de contención del río Xingu. El momento más dramático y aterrador de la reunión fue cuando los Kayapó se indignaron ante la defensa arrogante de las presas del Xingu por parte de un oficial de Electrobrás; sus discursos simplistas, que afectan las necesidades de la gente, resuenan en la Fundación Nacional Indígena, agencia que ha hecho poco por resolver los problemas causados por los pasados proyectos de desarrollo y que hoy se ve enlodada por la corrupción.

Su discurso propició la respuesta de enojo por parte de Tuira, quien blandió su machete. La prensa brasileña utilizó la sangre del funcionario para salpicar impresos y pantallas de Televisión en todo el país. Más tarde Tuira explicó, "Estamos defendiendo los árboles, los pájaros y todo lo que vive en el río y en los bosques. Vamos a continuar defendiéndolos y a llevar el mensaje a toda la gente de Brasil."

La agresión generó una reacción de horror entre las 3.000 personas que asistieron y el público brasileño. Pero las repercusiones habrían podido ir más allá del revés propinado por los medios al agravar el tono de la ya frágil relación entre el sector eléctrico brasileño y los innumerables grupos indígenas que se verían afectados por los planes del gobierno de levantar diques sobre los principales tributarios del Amazonas. Recientemente el director de planeación de energía de Brasil Mauricio Tolmasquim, se quejó de que los planes hidroeléctricos ya están sufriendo retrasos porque los pueblos indígenas no permiten a los ingenieros entrar a las tierras para valorar la potencialidad de los diques.

Después de la reunión de Altamira, era seguro que los conflictos en torno a los diques del Amazonas se intensificaran.
La política energética de largo alcance de Brasil, contempla en las enormes presas la alternativa que de manera aplastante incrementaría el abasto de energía en el país. La agencia Tolmasquim aconseja que Brasil deberá construir una capacidad hidroeléctrica generadora de 100,000 megawatts (MW) adicionales para el año 2030, doblando a grandes rasgos su actual capacidad instalada. El trazo de nuevas presas en la Amazonía contempla proveer 80,000 MW de esa energía. La agencia calcula que dos tercios del potencial hidroeléctrico restante del país se localiza en el Amazonas.

Lo que esto significa es que 60 a 70 enormes presas serían construidas en el bosque tropical durante las próximas dos décadas en ríos como Xingu, Madeira, Araguaia, Tocantins, Tapajón y Trombetas. En el estimado del gobierno, 40% de estas presas interferirán con las reservas indígenas o áreas protegidas.

Pero dichos estimados se quedan cortos ya que sólo consideran las tierras que serían inundadas por los diques. En realidad, casi todas las nuevas presas presentan serias implicaciones para los pueblos indígenas de Amazonía. Las proyecciones y la experiencia pasadas indican que los planes de contención podrían diezmar la fauna ribereña, el producto básico de su dieta. Los megaproyectos requerirían, también, de construir caminos hacia áreas antes remotas, llevando a la deforestación y a un flujo mayor de miles de trabajadores migrantes, en busca de empleo.

El calentamiento global y la energía barata

Todo esto incrementa la presión, de por sí intensa, sobre la flora y la fauna, y crea incentivos para la formación de nuevos centros de desarrollo industrial.
Los servicios públicos en las ciudades y pueblos de la Amazonía se volverían escasos en la medida en que nuevos inmigrantes aumentasen la demanda de hospitales, agua y servicios de drenaje. Los bares, la prostitución y el uso de las drogas se incrementarían. Este ha sido el patrón característico de los megaproyectos como el del dique de Tucuruí o de la mina de hierro de Carajás.

Las presas hidroeléctricas del Amazonas emitirían también cantidades significativas de gases de invernadero, principalmente metano, contribuyendo al calentamiento global. Philip Fearnside, del Instituto Nacional de Brasil para la investigación del Amazonas publicó un estudio que muestra que el efecto invernadero de las emisiones del dique Curuá-Una, en Pará, Brasil, en 1990, era más de 3.5 veces lo que habría debido producirse al generar la misma cantidad de electricidad por petróleo. Estudios en otras presas tropicales muestran que la emisión de gases de invernadero frecuentemente excede a la de plantas de gas natural de ciclos combinados.

No obstante el impacto social y ecológico, hay signos claros de que el gobierno intenta arremeter con sus planes de construcción de diques en la Amazonía, no importa a qué precio. (…)

Estos y otros proyectos pueden prever ser cuestionados en las cortes, principalmente por los abogados del Ministerio Público Federal, un cruce entre la oficina del Abogado General de Estados Unidos y los abogados del interés público. Los abogados federales son una espina en el costado del sector eléctrico, tanto que fueron criticados recientemente por un estudio del Banco Mundial en relación a la problemática del licenciamiento de diques hidroeléctricos del Amazonas, por ser demasiado autónomos, al detener proyectos para los cuales el Banco aceleró sus trámites de aprobación.

El desplazamiento de comunidades enteras, la falta de consulta de los pueblos indígenas y la destrucción ambiental en nombre del progreso, ocurren bajo un gobierno "popular" que ha evitado cuidadosamente cualquier debate público acerca del futuro de la energía en Brasil.
Ya no se trata de una cuestión de si Brasil debe o no construir diques o plantas nucleares o de carbón; Lula ha dejado en claro que, cual si fuese gestor del interés comercial y político de un grupo de jefes, asociados por décadas con la corrupción en proyectos de infraestructura gigantescos, intenta construir diques, cabezas nucleares y plantas de carbón contaminantes.

El gobierno ha decidido que la construcción del dique debe avanzar, ya que, tomando el argumento del antiguo presidente de la compañía de estado Electrobrás, no se puede permitir a los ambientalistas "detener a Brasil". La energía hidroeléctrica, a gran escala, es considerada todavía "la más barata" para las necesidades energéticas de Brasil y continuará siéndolo si el gobierno sigue permitiendo que fluyan los subsidios hacia la construcción de grandes represas. El Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico de Brasil (BNDES) recientemente bajó sus tazas de interés y extendió sus plazos de pago para los diques al interior del Plan de Aceleración del Crecimiento de Lula, o PAC.

El dinero procede del Fondo de Desempleo de los Trabajadores y de los fondos de pensión pública y es canalizado a empresas privadas interesadas en construir diques en el Amazonas. Compañías transnacionales como Suez acarician los términos liberales para empréstitos y expanden sus planes de construcción de diques en la Amazonía”.

No es que sea la única solución al problema de provisión energética sino que los gobiernos prefieren enriquecimientos personales. En efecto:

“Brasil cuenta con diversas alternativas en lo que respecta a los diques, incluyendo viento, biomasa u opciones solares. Cuenta, también, con el mejoramiento de la eficiencia energética, la retroalimentación de viejos diques y el recorte de pérdidas en líneas de transmisión. Pero estos no generarían lo mismo en contratos para el sector privado, ya sea vía coima o corrupción, que megaproyectos como Belo Monte, que podría acabar costando más de 10 mil millones. Recientemente han surgido escándalos que involucran pagos procedentes de compañías manufactureras de equipo para conseguir tratos lucrativos vía los diques y muchos de los más altos mandos del antiguo sector eléctrico han sido consignados con cargos de chantaje por manipulación de ofertas para los trabajos de infraestructura.

Mientras, la deforestación de la Amazonía continúa aumentando exponencialmente y el gobierno de Lula hace chanchullos al tiempo que se quema el bosque tropical. Plantaciones de soya, campos de caña para etanol, más minas, más fundidoras de aluminio y la planeada red de diques sirven de motor de una mercantilización del bosque tropical y de la destrucción sistemática de uno de los pocos pulmones que le quedan al planeta”.

Sin embargo: “La resistencia a las presas aumenta

En este contexto, la reunión del Xingu proporcionó una importante plataforma con el objeto de formar una base amplia de resistencia contra la destrucción del Amazonas. Idalino Nunes de Assis, de la Unión Rural de Trabajadores en Puerto de Moz, dijo en la clausura de la reunión, "El Xingu es nuestra vida, nuestro país, nuestra casa, nuestro fuente alimenticia, nuestra agua para beber, nuestro modo de vida. Necesitamos unir fuerzas—los habitantes ribereños, los pueblos indígenas, los cazadores del bosque, quilombolas (descendientes de los esclavos Africanos prófugos) y la gente de las ciudades—para que el Xingu no sea condenado a muerte. Ellos quieren contener nuestro Xingu para privatizarlo."

Dom Edwin Krautler, obispo de Xingu, dijo a la multitud, "Los pueblos indígenas consideran que sus hijos, nietos y bisnietos—son puente entre sus ancestros y las generaciones futuras. Los blancos a menudo actúan como si ellos fueran la última generación antes del diluvio. La Amazonía tiene un corazón muy grande y todos caben en él—los pueblos indígenas, las poblaciones tradicionales y los inmigrantes más recientes. Estamos en esta lucha juntos."

La declaración final de la reunión de Altamira, llamada "La carta del Xingu vivo para siempre", expresó una voz unida contra los diques, grandes y pequeños, en el Xingu y en sus tributarios.

"Nuestra cultura, nuestra espiritualidad y nuestra supervivencia están enraizadas en el Xingu, y dependemos de él para nuestro sustento ... Quienes hemos protegido al río Xingu, no aceptamos la invisibilidad con la que desean imponer sus decisiones sobre nosotros, ni tampoco la manera en que somos tratados, con el desdén de los servidores públicos ... Exigimos respeto."

Lo que se me queda grabado en la memoria es esta reunión notable que imprime un sentido de determinación y un compromiso inflexibles en lo que toca a la protección del Xingu, por parte de los pueblos. Se trata de un sentimiento que no menguan la violencia ni la reacción virulenta de los medios, orquestada por el gobierno.

La esperanza está viva en los rabiosos rápidos del Xingu y el espíritu del bosque tropical se refleja en los ojos de la gente que se gana la vida en sus aguas prodigiosas”.

Glenn Switkes es director del Programa Latinoamericano del International Rivers Network basado en Brasil. El escribe acerca de los megaproyectos y las cuestiones ambientales para el CIP del Programa de las Américas en www.ircamericas.org.

Fuente: www,biodiversidadla.org/18-7-08

A su vez, Marcos Roitman Rosenmann (La Jornada), en “El desastre energético”, destapa al capitalismo:

“El calentamiento del planeta no es un tema menor. La preocupación por el efecto invernadero pone en cuestión la forma de aprovechamiento de los recursos naturales y la manera en que el ser humano se apropia de ellos.

El desarrollo del capitalismo encubre la irracionalidad de la explotación del trabajo y para poder devastar el planeta en nombre de la libertad de mercado.
Hoy, las nuevas tecnologías y la concentración de la riqueza se unen en la lógica del capitalismo salvaje.

La constante avaricia, la piratería y la insensatez constituyen la seña de identidad del estilo trasnacional de crecimiento económico. Su probable desenlace, si no se cambia el rumbo, es la extinción de la especie. Pero, según los defensores del neoliberalismo, no debemos preocuparnos: la vida seguirá existiendo bajo otras formas. Las bacterias poblarán, junto con los insectos, la faz de la Tierra hasta que el Sol se transforme en una estrella gigante roja.

Mientras el calentamiento del planeta, obra de los seres humanos, no provoque mutaciones, la piel no se torne blanquecina, los pulmones resistan o los virus no terminen generando diarreas y convulsiones, seguramente no se tomarán decisiones políticas, y quién sabe si en la dirección adecuada. En cualquier caso, pasarán siglos. La degradación de la especie, por ahora, es ciencia ficción. Hay que ser optimista y ver el vaso medio lleno.

El discurso dominante juega con esta moneda trucada. El anverso: imponer tratados disuasorios tendientes a controlar la emisión de gases tóxicos y contaminantes de anhídrido carbónico, por ejemplo el Protocolo de Kyoto. El reverso: las investigaciones para el desarrollo de energías “limpias”, adjetivadas alternativas o renovables. Es su respuesta dentro de los parámetros de una economía social de mercado. Incluso ponen en el tapete como opción la energía nuclear, soslayando, además de los residuos radiactivos, la dependencia del uranio, mineral con reservas limitadas. Tanto monta, monta tanto.

En otro orden de cosas, la elite política y las empresas trasnacionales, dueñas de la producción de energía, buscan trasladar el siguiente mensaje. Ellos son responsables y se comportan con rigor frente al cambio climático. Producen neveras, coches, aerosoles, etcétera, reciclables y poco contaminantes. Son empresarios que apuestan por el futuro de las nuevas generaciones. Vuelven la vista hacia el planeta y se tornan altruistas. De la noche a la mañana han dejado de ser capitalistas. Renuncian a los beneficios. Buscan un mundo mejor.
Pero la realidad es otra. Han instrumentalizado las energías renovables y transformado una alternativa en mercancía. Se trata de seguir despilfarrando sin límite. Su sistema se fundamenta en el consumo ligado a la rentabilidad. Buscan obtener el máximo provecho de la energía, sea solar, eólica, acuífera o proveniente de la biomasa.

Hoy, las empresas privadas ven en el calentamiento del planeta un gran negocio, y por ello impulsan megaproyectos en el campo de las energías renovables, en connivencia con el capital financiero y con la complicidad de los gobiernos neoliberales o socialdemócratas.
Las presas hidroeléctricas, los postes eólicos y las agroindustrias latifundistas de biocombustibles son un nicho de oportunidades. De ellas se derivan patentes, innovaciones y subproductos, siendo sus utilidades reinvertidas para seguir devastando el planeta y profundizar la brecha entre países dominantes y dependientes, o ricos y pobres, según se prefiera.

Si consideramos América Latina, las grandes trasnacionales, Repsol YPF, Endesa, Iberdrola, British Petroleum, Exxon o Monsanto se reparten un buen trozo del pastel. Fagocitan todo cuanto está a su alrededor. La Patagonia, el Orinoco, la Amazonia, la selva subtropical. Su expansión ha modificado el manto del subcontinente.
El Plan Puebla-Panamá es otra de sus apuestas de medio plazo, más ahora que incorpora a Colombia.

En esta lógica, tampoco debemos despreciar su “mecenazgo” a la investigación. Forma parte de su lavado de cara, amén de facilitar la deducción de impuestos. Sus aportes se centran en apoyar experimentos cuyo objetivo es reconstruir las condiciones de vida terrestre en planetas o en satélites cercanos con el fin de garantizar una pronta colonización, recreando un mundo similar al que hoy se vive en Europa, Estados Unidos o Japón. Todo para preparar el éxodo una vez que la vida en nuestro mundo se torne inviable. Clonar el error: depredar, explotar y consumir.

La idea de progreso lineal emergente con la Revolución Industrial, propia del capitalismo, debe ser cuestionada.
Nada más gráfico del error en el cual podemos caer al consumir energía sin límite lo encontramos en uno de los pasajes de la obra de Julio Verne La vuelta al mundo en 80 días. Para cumplir el objetivo de llegar a puerto, el protagonista hubo de proveerse en el trayecto de la madera que formaba el esqueleto del barco. Devorado por su ambición, obtuvo el éxito personal, pero el barco fue consumido en su “epopeya”. El hombre lo poseyó sin remordimiento. Podía construir más barcos.

Sobre dicha base, el actual orden político levanta su mito de irreversibilidad histórica. Sin embargo, con la destrucción de la Gaia demuestra su falsedad, su ineficacia en la gestión de las fuentes energéticas y en la protección de la vida y la naturaleza. Su único afán sigue siendo obtener dinero a cambio de quemar energía de forma espuria.

Pero existe otra quema de energía: la humana. La podemos definir como la enajenación del trabajo en la producción. Energía consumida bajo la forma de explotación, cuyo principio es mantener la esclavitud solapada. El ser humano está siendo devorado por el capitalismo. Roto el vínculo entre la naturaleza y la producción, el nuevo imperialismo se alza dueño del mundo. Creador de un orden deshumanizador y totalitario, obtiene su poder destruyendo el planeta y despilfarrando las energías, sean éstas renovables o no. La alternativa sigue siendo anticapitalista y socialista”.
Fuente: www.ecoportal.net / 5-8-08