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Conflictos
Noviembre 2007 ENFOQUE / ORGANIZACIÓN / UNIDAD
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Del Estado de derecho como fundamental para la soberanía alimentaria
Recuerdo la desaparición forzada de Jorge Julio López hace dos años, también la de cientos de niños y adolescentes, mujeres y la ausencia de voluntad política del gobierno K por la verdad y la justicia. Recuerdo a la muerte por desnutrición de los indígenas expulsados de sus territorios de siglos, el drama de poblaciones sufriendo la falta de agua potable e inundaciones catastróficas por las monoculturas e infraestructuras que se dejaron de construir y la ausencia de voluntad política por soluciones estructurales a favor de los de abajo.
Pero cómo no vincular esta deserción del gobierno-Estado de sus responsabilidades al loado crecimiento económico si éste significa mayor concentración y transnacionalización tanto económica como territorial a la vez que mayor desigualdad social.
Cómo dejar de asociar el hambre, la desnutrición y malnutrición (vigentes en escala mayoritaria dentro de los niños, adolescentes y ancianos) con el pacto social que es subordinación a los grandes capitales financieros e industriales para mantener en la pobreza e indigencia a la inmensa mayoría de los trabajadores.
Al mismo tiempo:
“La injusta distribución de la riqueza y el monocultivo de la soja han dejado como consecuencia que miles de campesinos y campesinas sean literalmente desterrados y cientos de pequeños pueblos y localidades borrados del mapa. Según un estudio del Instituto INTA, en el Gran Buenos Aires 8 de cada 10 personas desempleadas provienen de la agricultura.
La dominación de los agro-negocios genera más concentración de la población en grandes urbes, con un panorama de pobreza creciente, pues avanzan desplazando a las comunidades rurales”.
Flavia Fascendini
(Nodo Tau, Argentina), en
“Boom sojero deja
dramáticas consecuencias en Argentina”,
continúa:
“Actuar
ante las graves consecuencias generadas por la intensificación del monocultivo
agroindustrial de la soja transgénica, es desde hace una década la consigna de
distintos movimientos ecologistas y contestatarios que se movilizan contra el
denominado modelo de la "Soja sustentable" en Argentina que tejiendo
fuertes alianzas con movimientos de Latinoamérica al compartir la misma lucha,
realizaron dos grandes eventos, el Foro Social de
Resistencia a los Agronegocios y el Encuentro por la Biodiversidad contra el
Modelo Sojero en América Latina, que representaron una alternativa y
una respuesta a lo que se estaba discutiendo en otros dos eventos promocionados
por la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Management de
Agronegocios y el Congreso de Soja del Mercosur.
El Foro Social en Resistencia a los Agronegocios planteado como un espacio de intercambio entre organizaciones de diferentes países del Cono Sur que luchan contra el modelo de monocultivos industriales, fue organizado por el Grupo de Reflexión Rural (GRR) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), con la convocatoria de decenas de organizaciones extranjeras, entre ellas, Acción Ecológica de Ecuador, GRAIN, BaseIS de Paraguay, Bolivia Libre de Transgénicos, FBOMADE de Bolivia, Terra de Direitos de Brasil y la Red por Una América Libre de Transgénicos.
“Queremos convocar a una plataforma amplia de organizaciones y movimientos para cuestionar el MERCOSUR de los monocultivos que nos impone el mercado global, coordinar estrategias de campañas de resistencia a nivel regional y romper la división campo-ciudad en lo público y político. Queremos mostrar la cara política del agronegocio y denunciar los devastadores proyectos de país y sociedad que implican para el presente y las futuras generaciones", fue la propuesta de los organizadores del foro”.
El Estado de derecho lo fundaremos asumiendo que:
1. La lucha contra los agronegocios procura dignidad de vida mayoritaria
Flavia Fascendini relata:
“El
Grupo de Reflexión Rural (GRR)
se formó en la década del 90 como un espacio de debate multidisciplinario
sobre la problemática rural y sus relaciones con la sociedad global. El GRR se
manifiesta contrario al modelo agrario impuesto en la Argentina, basado en la
exportación de commodities forrajeras elaboradas a partir de sojas y de maíces
transgénicos.
En diálogo exclusivo con Mosaico Social, Jorge Rulli, especialista en
desarrollo sostenible y reconocido miembro del GRR, señaló que uno de los
principales objetivos del foro fue "incorporar el concepto mismo del
agronegocio, con todo lo que implica de: ▪ cadenas agroalimentarias, ▪ de
supermercados pero, sobre todo, ▪ de conversión del agricultor en un hombre que
hace negocios.
Es lo que se llama el agrobusiness, un concepto que en la Argentina se extendió mucho y que ahora se está extendiendo por el resto de América Latina. Debemos verlo como un desafío a encarar por los movimientos sociales".
El
Foro Social en Resistencia a los Agronegocios
se propuso afianzarse como un espacio alternativo a la Conferencia Mundial de la
Asociación Internacional de Management de Agronegocios (IAMA), realizada en
Argentina y organizada por grandes corporaciones de agronegocios.
Con posterioridad a ese evento, del 27 al 30 de junio, la ciudad de Rosario (en
la provincia de Santa Fe) fue escenario del
Encuentro
por la Biodiversidad contra el Modelo Sojero en América Latina, un
espacio para intercambiar experiencias e información y organizarse para luchar
por una alternativa social, agrícola, económica, cultural y política
radicalmente distinta, que rechaza el modelo sojero, la economía de monocultivo
y sus consecuencias.
"Es indiscutible que la producción agroindustrial de soja a gran escala con fines de exportación conlleva graves consecuencias para el medio ambiente y la salud de nuestras comunidades y ecosistemas. Presenciamos la destrucción de la tierra fértil, el desmonte de los bosques nativos, la contaminación de la tierra y el agua con agrotóxicos, las fumigaciones con glifosato de los campos, la pérdida de biodiversidad, el desalojo de miles de campesinos agricultores, las inundaciones, los efectos catastróficos en los ríos y el clima y, por supuesto, la inequidad social, la pobreza, la malnutrición y la pérdida de nuestra soberanía alimentaria. Todo eso, como resultado del fortalecimiento e intensificación de la sojización de América Latina", manifestaron en un comunicado los organizadores del encuentro.
Este espacio se realizó en
clara confrontación al Congreso de Soja del Mercosur (Mercosoja 2006, antesala
del Congreso Mundial de Soja a realizarse en China en 2009), un megaevento
organizado entre otros por la Asociación Cadena de la Soja (Acsoja), que sesionó
en la misma localidad y durante los mismos días bajo el lema "Soja
sudamericana, liderando el porvenir". La elección de esta ciudad como sede
del Mercosoja 2006 no fue casual, ya que esta región es la de mayor producción
de soja de la Argentina y el puerto de Rosario es una de las principales bocas
de exportación.
Agronegocios: de la matriz del petróleo al boom
sojero
"Este mundo que nosotros
conocemos tiene una matriz, el petróleo. Pero el petróleo se está terminando y
además ya no es redituable porque no da patentes. Y lo que viene ahora es la
matriz de la soja, es la matriz de la biotecnología, de las semillas
transgénicas, de la nanotecnología y de los biocombustibles.
Es la matriz de las alconaftas, del etanol, de los biocombustibles provenientes
de la soja",
explica Jorge Rulli.
“En razón de que la soja y sus derivados (aceites y harinas) son poco consumidos
en la Argentina, el grueso de
la producción agraria nacional pasó a depender del mercado externo,
que no controla. Pero, como en todos los procesos, con anterioridad a esta
delicada situación hubo una
serie de instancias político-económicas que habilitaron la dominación
de lo que se da en llamar el
«nuevo colonialismo de los agronegocios»"…”.
2. El desarrollo de los agro-negocios y sus consecuencias
Flavia Fascendini aclara:
“Los «agronegocios» son
distintos procesos implicados en la producción y distribución de alimentos, una
cadena controlada por grandes empresas trasnacionales que imponen un modelo de
agricultura de gran escala y de comercialización concentrada.
En poder de grandes corporaciones, los «agronegocios» tienen como fin
incrementar su producción de insumos industriales, sean granos de oleaginosas o
celulosa para abastecer a los mercados globales.
En su investigación periodística "Del genocidio y robo de tierras al 'boom
sojero'. Historia política y económica de la provincia de Santa Fe", Óscar
Ainsuain realiza un recorrido histórico que finaliza en la
demostración de cómo se fueron
consolidando los tres pilares técnicos que prepararon y sostienen
estratégicamente el escenario para el proceso de sojización: la siembra
directa, la soja RR y el herbicida a base de glifosato.
En 1996, el entonces
secretario de Agricultura del gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1995
y 1995-1999), Felipe Solá, autorizó la semilla de soja RR creada por la
multinacional estadounidense Monsanto, una semilla resistente al Roundup, la
marca comercial del herbicida total glifosato que mata todo vegetal menos la
soja (desarrollado por la misma corporación).
A partir de 2004 y tras lograr la supremacía en el mercado argentino, Monsanto
comenzó a presionar para recaudar regalías por el uso de sus semillas. Además,
en ese mismo período se difundió el sistema de siembra directa, un sistema de
labranza que se realiza con una máquina moderna y, a diferencia del modo
tradicional, abre un pequeño surco depositando la semilla junto al fertilizante
y deja siempre el suelo cubierto del rastrojo del cultivo anterior porque no da
vuelta toda la tierra. De esta manera se lograría impedir la erosión de la
tierra producida por el viento y el agua.
Según el referente del GRR y muchos otros especialistas, el enorme negocio que significarán en un futuro próximo los biocombustibles, hará que el mercado internacional demande a países como la Argentina y Brasil una exportación que puede llegar a poner en jaque, entre otras cosas, la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas.
La Argentina, como primera exportadora de aceites vegetales en el mundo, se ubica en un lugar expectante en el mercado de los biocombustibles, al que ya ingresaron Brasil, Estados Unidos y Europa y ya se están dando pasos firmes para lograr una producción de mayor escala.
"Algunos países de Europa
están sustituyendo 2 a 5 por ciento de la nafta usada en los automóviles por
biocombustibles y se piensa llegar al 10 por ciento. La Argentina y el Brasil
son países que van a tener que producir sólo biocombustibles. El tema es qué va
a comer nuestra población. Porque en este proyecto, si nosotros tenemos que
abastecer el mercado de la energía europea, no vamos a tener qué comer.
El biocombustible sale del aceite y el resto de la soja ¿quién se lo va a comer?
Nosotros, evidentemente", explica Rulli a Mosaico Social.
Y afirma que, según los pronósticos, de aquí a cinco años – sólo media década - los productores de soja se dedicarán exclusivamente a generar aceite de soja para producir biocombustible. "Ya no les va a convenir hacer otra cosa como forrajes, preparar harina de soja. Entonces todo eso va a quedar como un residuo que evidentemente será la única comida que va a haber, lo cuál es gravísimo", destaca Rulli.
Durante la Conferencia Mundial
de la Asociación Internacional de Management de Agronegocios realizada en junio
en Argentina, se dieron cita los grandes empresarios del negocio de la soja. Uno
de los directivos de la IAMA es Héctor Lorenz, quien a su vez preside la
Fundación Vida Silvestre, una de las organizaciones ambientalistas más conocidas
del país.
En el marco de dicha conferencia, los empresarios afirmaron públicamente que son
las corporaciones las que están generando las políticas públicas agrícolas en la
Argentina. "Esto nos preocupó. Empezamos a entender por qué en muchas de las
entrevistas que tenemos con funcionarios o con dirigentes políticos, ciertos
temas no aparecen: es que los políticos los ignoran. Descubrimos que los
políticos ignoran que son las
empresas las que
hoy dibujan o generan muchas de las políticas de Estado que la Argentina tiene",
expresa Rulli”.
Respecto a cómo gobiernos y Estado no se hacen cargo de su responsabilidad por las condiciones de vida de las grandes mayorías Flavia Fascendini considera:
“A. El
ambiente
Si se toma el mapa de la Argentina y se observan las regiones más afectadas por
la sojización, se constata que la denominada Pampa Húmeda - que comprende las
provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe - es la más perjudicada. Pero ya
comienzan a verificarse impactos muy dramáticos en las provincias de Salta y
Chaco, ambos ecosistemas extremadamente frágiles. "Toda la negociación de
tierras y la negociación de la madera del bosque de El Impenetrable Chaqueño que
desapareció, todo eso va siendo empujado por la soja. Primero viene la
negociación de la madera y después llega la soja", señala Rulli.
Cabe destacar que en la Argentina se talaron 5 millones de hectáreas de bosques y montes desde 1996 para el cultivo de soja. El cultivo de soja avasalla y ya está entrando en Neuquén, provincia de la Patagonia argentina. Según Rulli, la Argentina tendría que estar en emergencia forestal desde hace 10 años pero aún hoy la esfera gubernamental no habla del tema.
La problemática ambiental a nivel del gobierno nacional argentino es responsabilidad de la Subsecretaría de Medio Ambiente que depende del Ministerio de Salud y Ambiente, cuyo secretario es Atilio Sabino, ex gerente del Ceamse, el mayor relleno sanitario contaminante de la provincia de Buenos Aires.
"En las provincias de Buenos Aires o Santa Fe, el deterioro del suelo va a demorar en evidenciarse porque son suelos muy ricos. Se puede haber perdido una tercera parte o la mitad del suelo pero de todas maneras, queda suelo y hay capacidad para poner fertilizantes químicos, cuando antes jamás se hubieran usado. Pero hay suelos frágiles como los del desmonte del Chaco que dan para 2 ó 3 cosechas y después va a quedar sólo el desierto", dice el miembro del GRR. "Los gobiernos no hacen nada porque van detrás del interés de corto plazo de un gran negocio: tres cosechas. Después se acabó. No tenemos un secretario de Medioambiente que diga nada. Y el exterminio de flora y fauna es angustiante para la gente que se preocupa por los ecosistemas", agrega.
B. La salud
pública
Los efectos del
monocultivo de soja y los agrotóxicos utilizados para su cultivo ya están
quedando en evidencia, de forma dramática, en la salud de las personas. Una
misión integrada por organizaciones de Ecuador, Brasil, Bolivia y España se hizo
presente el pasado 20 de junio en la ciudad de Córdoba para registrar los
impactos del cultivo de soja transgénica. La llegada de esta misión respondió a
la aparición masiva en los pobladores de esas zonas de enfermedades vinculadas
al uso de agrotóxicos, entre ellas, casos de cáncer, lupus, malformaciones
congénitas, alergias y asma. La delegación estuvo integrada por representantes
del Foro Boliviano de Medioambiente, Bolivia Libre de Transgénicos, Federación
Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Terra de Direitos, Veterinarios
sin Fronteras y Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.
C. ¿Qué ciudad para este campo y qué campo para esta
ciudad?
En la Argentina y especialmente en la provincia de Santa Fe, la
propiedad de la tierra está concentrada en los mismos niveles de principios del
siglo XX.
Óscar Ainsuain expone en su trabajo que "los
planes económicos aplicados en distintos períodos de nuestra historia -como
sucedió en los ‘90- han contribuido no sólo a mantener sino a profundizar el
proceso de concentración de tierras". "A tal punto esto es así, que
tomando como base los Establecimientos Agropecuarios Productivos de más de 5.000
hectáreas, el censo agropecuario de 1913 mostraba que 5.300 terratenientes eran
dueños del 48 por ciento de las tierras y el censo 2001 puso en evidencia que
algo más de 6 mil propietarios controlan 50 por ciento de las mismas".
Tomando datos del Censo Agropecuario 2002, Ainsuain revela cifras sorprendentes: los 936 terratenientes más poderosos tienen 35.515.000 hectáreas y, en el otro extremo, 137.021 agricultores poseen 2.288.000. Sólo Benetton (900.000), Cresud (460.000), Bunge (260.000) y Amalia Lacroze de Fortabat (220.000) poseen 2 millones de hectáreas, superficie comparable al territorio de Bélgica. De las 35 familias tradicionales que en el censo del año 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios; entre ellos se destacan los Anchorena, con 40 mil hectáreas y los Gómez Alzaga con 60 mil.
La injusta distribución de la riqueza y el monocultivo de la soja han dejado como consecuencia que miles de campesinos y campesinas sean literalmente desterrados y cientos de pequeños pueblos y localidades borrados del mapa. Según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el Gran Buenos Aires 8 de cada 10 personas desempleadas provienen de la agricultura. La dominación de los agronegocios genera más concentración de la población en grandes urbes, con un panorama de pobreza creciente, pues avanzan desplazando a las comunidades rurales.
"La soja ha despoblado el campo porque ha establecido un modelo de agricultura sin agricultores. Ahora tenemos ciudades inmanejables, con mucha violencia, mucha inseguridad, sin trabajo, en las cuales faltan redes de gas, de cloacas, de agua, porque el Estado no da abasto para construir infraestructura urbana. La gente vive como puede. Lo que ha habido es un cambio demográfico brutal, cerca del mil pueblos del interior han quedado prácticamente vacíos. Y la emigración continúa, no hay un día en que no haya nuevos despoblamientos consecuencia de la soja", destaca el representante del Grupo de Reflexión Rural”.
Propuesta de los movimientos:
“Con la convicción de que "oponerse hoy al modelo de los
agronegocios es hacer frente a la faceta más dinámica del neoliberalismo en el
Cono Sur de América Latina", estos movimientos proponen recuperar el control
sobre las semillas e identificar a las corporaciones que monopolizan la
producción de los cultivos transgénicos y el control sobre los alimentos.
Pero también buscan confrontar las políticas estatales que promueven la
penetración de estas empresas y denunciar las violaciones a los derechos humanos
y actos de criminalidad económica por las que serían responsables”.
Fuente: www.lafogata.org / Nuestro planeta
3. Los pueblos latinoamericanos debemos derribar la Impunidad
En ese camino avanza el Primer Encuentro Latinoamericano contra la Impunidad que se realizará durante los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre 2008 en San Cristóbal de la Casas, Chiapas, México (www.contralaimpunidad.org).
Rebelión difunde la convocatoria y los:
“OBJETIVOS
I. Identificar todas las formas de impunidad vigentes en las dimensiones
militar, jurídica, económica, cultural y comunicacional para empezar a construir
un diccionario moderno del horror, a partir de las experiencias vividas por los
pueblos del mundo en el último medio siglo.
II. Elaborar un mapa del estado actual de la impunidad en el Continente. Documentar las maneras en que diferentes poblaciones sufren la impunidad estatal o paraestatal, poniendo atención particular en los casos de genocidio cultural de los pueblos indígenas, nativo-americanos, chicanos y afro-descendientes y en los casos de feminicidio.
III. Crear una coordinadora o una red de redes de todas las organizaciones de víctimas que luchan contra la impunidad para elaborar estrategias de denuncia, defensa social y propuestas de acción.
IV. Intercambiar experiencias y elaborar un análisis colectivo sobre los avances, desafíos y nuevas estrategias de los casos jurídicos a través de las instituciones del Estado y las formas alternativas de justicia.
V. Crear instancias autónomas y procedimientos confiables y eficaces para luchar contra la impunidad. En este sentido, constituir un Tribunal Autónomo Continental para juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como a sus autores y ejecutores.
VI. Crear un archivo u observatorio virtual de dominio público que concentre toda la información disponible sobre los casos de impunidad, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Continente, incluyendo estrategias jurídicas, expedientes utilizados, archivos consultados y testimonios, con el fin de proporcionar información de utilidad para las organizaciones de víctimas, juristas, académicos y periodistas.
EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO
La conversión de los sujetos en
sospechosos y, por lo tanto, en carentes de derechos, en inclasificados,
en posibles combatientes enemigos; la criminalización de la disidencia,
de la diferencia, de la diversidad; la anulación de facto de todo derecho
o pacto social; el arrasamiento territorial, cultural y comunitario en nombre
del progreso (¿de quién?) o del desarrollo; la invasión de la cotidianidad con
sistemas de vigilancia y control cada vez más generalizados y sofisticados; son
todos mecanismos de una maquinaria implacable, de un enorme Leviatán que busca
eliminar cualquier intento de cuestionamiento o resistencia acrecentando su
impunidad.
El desaparecido, la terrible figura del que no es, del extraído de la sociedad, del des-sujetizado, hoy se reactiva –si bien nunca dejó de funcionar- abriendo viejas y nuevas heridas. La lucha antiterrorista de hoy es la lucha anticomunista de los años sesenta y setenta del siglo XX. Los desaparecidos de ayer son los “combatientes enemigos” o los “sospechosos” de hoy y la arrogante impunidad de los crímenes no juzgados y de los genocidas libres alimenta la desesperanza, el miedo y la soledad, y permite el saqueo de la naturaleza y la extenuación de quienes viven de su trabajo, habiendo sido despojados de toda posibilidad de autosubsistencia.
La impunidad se ha convertido en política de Estado a nivel internacional; en el modo capitalista de dirimir los conflictos y las diferencias simplemente desconociéndolos; en el vacío de interlocución creado por los poderosos del mundo, sus instituciones y sus cuerpos de protección (legales e ilegales), con respecto al resto de la sociedad. La impunidad es el escudo de protección de los poderosos para garantizar sus intereses y sus formas de vida. Por esta razón la lucha contra la impunidad tiene que ser radical e integral.
De acuerdo con las dinámicas específicas con las que se despliega la impunidad en las diferentes dimensiones, las discusiones estarán subdivididas en cuatro ejes temáticos que trabajarán por separado en un primer momento, en forma cruzada en un segundo y en plenarias conjuntas al inicio y al final. Estos ejes son:
I. Impunidad económica. Comprende todas las acciones económicas que se perpetran impunemente contra los pueblos: apropiación de territorios, daños ocasionados por empresas transnacionales, megaproyectos, desplazamiento por intereses económicos, normas jurídicas protectoras de intereses privados en contra de los intereses del pueblo (OMC, CIADI, Banco Mundial, FMI). Impunidad monetaria y financiera, etc.
II. Impunidad militar, policial y represiva. Comprende desde el despojo de territorios para instalar bases militares hasta la vigilancia cotidiana que irrumpe en la vida privada. La acción de policías, militares, mercenarios, escuadrones de la muerte o cualquier otro cuerpo organizado legal o ilegalmente. La acción de pandillas o secuestradores no controlados. La acción de grupos de control anti-narco; la persecución de luchadores sociales; las desapariciones o asesinatos políticos, etc.
III.
Impunidad jurídica. Comprende todos los
actos de funcionamiento irregular o no ético de las instancias de impartición de
justicia.
La criminalización de la protesta o la lucha política. Juicios sin asesores,
traductores (a lenguas originarias, por ejemplo) o abogados; sin comunicación
con la familia o la comunidad. La violación de las leyes en perjuicio de los
pueblos; la aprobación de códigos penales atentatorios de los derechos humanos,
etc.
IV. Impunidad cultural. Comprende la discriminación cultural, el racismo, el integracionismo, el uso oligopólico de los medios de comunicación masivos, la condena y persecución de los medios alternativos o comunitarios. La transmisión sistemática y deliberada de medias informaciones o desinformaciones. El adoctrinamiento mediático. El vaciamiento del sentido crítico de la educación, el sesgo y oscurantismo en sus contenidos, etc.”. Fuente: www.rebelion.org / México / 10-8-08
La «soberanía alimentaria» implica ◊ poder de la diversidad popular de
llevar a cabo creaciones de ámbitos con potencialidades de expresión para la
multiplicidad humana que posibilite la convivencia cada vez más plena y ◊
reciprocidad en las nuevas relaciones sociales que configuren efectivos
desarrollos de la calidad de vida mayoritaria a nivel local, provincial,
nacional, continental e internacional.
En consecuencia, concretarla exige constituir el Estado de derecho no sólo
por unidad de voluntad política de la diversidad popular sino, en
simultáneo, por lucha contra la impunidad de los poderes (que lograron
instaurarse mediante terrorismo de estado) en sus distintas modalidades de
manifestación: fusilamiento de Carlos Fuentealba, asesinatos,
masacres, desalojos, despojos…desapariciones forzadas, pobreza, miseria,
hambre, desnutrición, muertes evitables…redes de trata de personas, de
prostitución y de narcotráfico,…casi la mitad de los trabajadores ocupados
sin derechos laborales, trabajo esclavo en la construcción e industrias
textiles…prostíbulos y campo.
Del Estado para la persistencia de la impunidad
Discrepo con la política que apoya al gobierno K para estar en contra de la “nueva derecha” (o de ‘la’ derecha) a la cual le atribuye la exclusividad de representar los intereses oligárquicos e imperialistas. En verdad, esa política progresista e izquierdista nos desorienta más en la compleja situación nacional e internacional al limitarse a interpretar conductas y no tratar de poner en debate los cambios estructurales para la real y efectiva ruptura con el neoliberalismo.
Por eso, pienso que urge reflexionar sobre:
1. La recuperación de la memoria histórica integral
El Primer Encuentro
Latinoamericano contra la Impunidad que se realizará durante los días 20,
21, 22 y 23 de noviembre 2008 en San Cristóbal de la Casas,
Chiapas,
México
(www.contralaimpunidad.org)
formula -en su convocatoria- razones para hacerlo:
Porque
Ø no se puede silenciar la historia;
Ø la memoria del horror está presente;
Ø las grandes mayorías no saben que todo es posible.
Ø debemos reintegrar a la memoria colectiva lo que, de olvidarse, retornaría;
Ø debemos oponernos a la inercia del consenso, del borrón y cuenta nueva y el no te metas del discurso dominante que quisiera un pasado sepultado para siempre, víctimas y protagonistas de ayer y de hoy, familiares, luchadores sociales, juristas, intelectuales y colectivos humanitarios de distintas regiones de Nuestra América, queremos reunirnos para establecer un diálogo intergeneracional que, a la vez de denunciar, informar y analizar la realidad actual, sirva para crear nuevas herramientas de prevención y protección ante el ascenso de la violencia y la impunidad de los que mandan.
Los convocantes observamos que algunos hechos del pasado reciente reaparecen en muchas latitudes de Nuestra América, y hoy como ayer asoma el gesto inaugural del poder totalitario que define al judío, al subversivo, al pobre, al extranjero, al migrante, como enemigo, como sinónimo de terrorista, con la intención de imponer una verdad única en la lógica del orden instituido y como estrategia de poder y prácticas rutinarias, con sus fachadas y sus limbos jurídicos que “legalizan” la impunidad a través de las fronteras nacionales, con sus cárceles clandestinas y el recurso de la tortura sistemática (incluida la sexual), las desapariciones sumarias y el horror que todo ello produce.
Pensamos que el silencio es aliado o cómplice del terror. Que la palabra engendra esclarecimiento. La resistencia a saber, individual y colectivamente, y el asco y el miedo que despiertan la cárcel, la tortura, las desapariciones, nos invitan a huir de esos temas.
Por eso, a partir del testimonio de las víctimas, del esclarecimiento de la verdad y la recuperación de la memoria histórica, queremos comprender qué ocurrió y cómo ocurrió, porque documentarlo, sistematizarlo y compartirlo, nos permitirá saber qué está ocurriendo hoy, cuando la potencia hegemónica, con la complicidad de algunos estados nacionales, lleva a cabo de facto una reconfiguración del mapa geopolítico de nuestro hemisferio al servicio de las compañías multinacionales, con sus mega proyectos, como renovada forma de apropiación territorial y saqueo de nuestros recursos naturales en clave de contrainsurgencia, con sus nuevas bases militares, el regreso de su IV Flota, sus mercenarios encubiertos de contratistas privados y sus paramilitares, sus fumigaciones, sus Sucumbíos, sus golpes de mano y el terrorismo mediático.
Pensamos que conocer el origen y la naturaleza del dolor, los mecanismos del terrorismo de Estado y del discurso del poder que justifica la barbarie, implica quizás desarmar su lógica de manera preventiva, su vigencia hoy y su eficacia. Frente a la situación del terror renovado, lo que el sistema propone es huirle por asco y miedo. No hacerlo, exige vigilancia, requiere una alerta constante. El silencio y el olvido, la indiferencia y la impunidad favorecen la persistencia y reproducción de la violencia y el terrorismo de Estado. No es ningún ánimo vengativo, sino preventivo, el que anima a los que no podemos ni queremos olvidar.
Es en función de todo ello que, recogiendo el clamor justiciero de los pueblos de nuestro hemisferio, convocamos al Primer Encuentro Americano contra la Impunidad”. Fuente: www.rebelion.org / México / 10-8-08
Coincido pero, en base a la experiencia de los años de gobierno K, considero el imperativo de tener en cuenta que:
Ø
El actual
Estado argentino mantiene secuestrado los archivos del terrorismo de estado que
duró diez años y de las masacres posteriores al igual que conserva una
estructura esencialmente dictatorial de sus poderes públicos.
Ø La actual concentración y desnacionalización tanto económica como territorial -en incesante crecimiento- es diseñada por la Doctrina de Seguridad Nacional y como proceso se implanta mediante la genocida dictadura cívico-militar pero continúa y se profundiza con las democracias restringidas que, a través del Consenso de Washington, van completando la abdicación de la soberanía nacional.
Como
consecuencia de esa reestructuración socioeconómica hubo acelerada consolidación
del subdesarrollo y esto, también, es violencia extrema y exterminio.
El afianzamiento del subdesarrollo persiste en el incesante aumento de la
desigualdad social y en la exclusión de los trabajadores desocupados, de los
campesinos, de los pueblos originarios que son arrojados a mal vivir y
encarcelados bajo estado de excepción sea por pobres sea por defender sus
derechos.
Por supuesto, en los setenta, la lucha de clases tenía otros protagonistas y contenidos-sentidos. Hoy el capitalismo mundializado deja sin presente ni futuro a la inmensa mayoría de los pueblos planetarios.
2. El ayer y hoy de la reestructuración de facto de América latina
Atilio Borón, en su ensayo “Estado, capitalismo y democracia en América latina” (1992), se refiere a la diferencia del 24 de marzo de 1976 con los anteriores golpes de estado: es la institución de las fuerzas armadas “-en su totalidad- la que “ocupa” militarmente los aparatos del estado proyectando su propia estructura jerárquica de poder sobre el escenario de la organización estatal. Aquí aparece entonces un fenómeno que nos parece inédito, a saber: el surgimiento de las fuerzas armadas como el partido orgánico de la gran burguesía monopólica y sus facciones aliadas afrontando un período de crisis hegemónica. Es pues la propia institución militar la que aparece como el «partido del orden» en un momento en que entran en crisis las diversas fórmulas populistas con las cuales se pretendió resolver, durante varias décadas, la quiebra del estado oligárquico liberal.
La cuestión de la hegemonía burguesa es provisoriamente resuelta por el capital
monopólico internacional
que dirige una coalición de otros sectores de las clases dominantes y algunas
capas de la pequeña burguesía. (…)
Claro está que no se puede hablar aquí, en sentido estricto, de hegemonía puesto
que los componentes coercitivos de la dominación política predominan
notablemente sobre los relativos a la “dirección intelectual y moral” y
sobre los que expresan la capacidad del bloque dominante de tejer un sistema de
alianzas y lealtades que integre, al menos en parte, a las clases y grupos
subalternos.
La intensificación de la lucha de clases y la incapacidad de la burguesía para resolver la crisis del estado a través de los mecanismos e instituciones distintivas de la institucionalidad democrática transforma al aparato militar en la alternativa más apropiada para la conservación del orden social. (…)
Es la única rama del conjunto de los aparatos que tiene condiciones de “imponer” una nueva modalidad de dominación acorde con las necesidades del nuevo modelo de acumulación del capitalismo, especialmente, en la periferia (…)”.
En 1992, Atilio Borón destaca: “A diferencia de la situación colonial, el predominio económico del gran capital imperialista no se expresa en un dominio político directo. Éste se halla mediatizado por un complejo sistema de alianzas con las demás fracciones de las clases dominantes las que, de esta manera, garantizan su atribulada supervivencia en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista a cambio de garantizar la «viabilidad política» de la dominación imperialista”.
Entre las características de la nueva modalidad de acumulación del capital imperialista (en forma de transnacionales) que Borón menciona, distingo:
Ø
“Las elevadas
tasas de ganancia del sector “concentrador y dinámico” de la economía son
mantenidas a través de una serie de mecanismos que contrarrestan los efectos
negativos derivados de la elevada composición orgánica de ese gran capital.
Entre los más usuales se encuentran: ▪ el aumento de la tasa de plusvalía, es
decir, una reducción de los salarios reales inducida a través de diversos
mecanismos económicos y financieros (desocupación, inflación, etc.); ▪ el
aumento de la productividad agrícola que le permite captar una masa importante
de plusvalía relativa; ▪ la represión del movimiento obrero y la anulación
de sus derechos que le permite otro modo de reducción de los salarios reales y
de aumento de la tasa de ganancia; ▪ la transferencia de plusvalía desde los
sectores monopólicos y estancados hacia el núcleo concentrador y hegemónico”.
Ø
La distribución
de ingresos a favor de la gran burguesía implica recorte de los mismos a la
inmensa mayoría de los asalariados y de la pequeña-burguesía hasta que la
resistencia de estas clases lo impida pues la tendencia es orientar la
producción hacia la exportación debido a la estrechez del mercado interno.
Ø
La redefinición
de las funciones del Estado “menos orientadas ahora hacia cierto tipo de gastos
de naturaleza “social” y más encaminada en cambio hacia la creación de
economías externas y apoyaturas económicas y financieras que configuren un
“clima favorable” para la atracción de las transnacionales. (…)
El Estado debe comprometer toda su autoridad en el empeño de garantizar a la
burguesía monopólica la obtención de tasas excepcionalmente elevadas de ganancia
y asimismo, ser capaz de asegurar la continuidad futura de esas ganancias, de
modo de justificar la inversión extranjera con expectativas de extraordinaria
bonanza por un número prolongado de años”.
Fuente: Estado,
capitalismo y democracia en América latina/ Ediciones Imago Mundi/ Buenos
Aires/ 1992
De modo que el terrorismo de estado, con inicio en la masacre del 20 de junio de 1973 y que la dictadura cívico-militar sistematiza, se ejecuta para instaurar la nueva modalidad de acumulación del gran capital imperialista en alianza con el local, la oligarquía terrateniente, la Iglesia Católica, otras expresiones religiosas y las burocracias tanto políticas como sindicales.
3. El Estado al servicio de la transnacionalización de Argentina
¿Durante el gobierno K hubo ruptura con ese pasado neoliberal?
Escuché a un conocido analista aseverar: los sectores rurales dieron un golpe blando al Estado Nacional para desarticularlo.
Ezequiel Meler
(Rebelión) parece
que coincide al opinar:
“En
la última década, América Latina ha sido el escenario de importantes procesos de
cambio que resultaron, con sus matices, en un movimiento de conjunto cuyo
corolario podría resumirse en un giro político contrario a las prescripciones
emanadas del Consenso de Washington, en el fortalecimiento de los Estados
nacionales y en el avance de los procesos de integración regional. Sin embargo,
en los últimos tres años, este giro político antiliberal ha debido enfrentar
densas constelaciones opositoras, que amenazan su futuro inmediato, cuestionan
su capacidad de reproducción y acumulación política y lo fuerzan a definirse más
allá de una coyuntura de bonanza externa.
El objetivo de este trabajo reside en analizar la actual encrucijada como parte
y resultado inevitable de las transformaciones acaecidas en los últimos años”.
Argumenta sobre: “El
ocaso del neoliberalismo
El cambio de milenio coincidió, en buena medida, con el fracaso del
paradigma neoliberal instaurado en torno a 1990. Con el ascenso al gobierno de
alianzas políticas de neto signo progresista, América Latina parecía enterrar en
el pasado las políticas de libre mercado, y comenzaba la lenta tarea de
recuperar discursos incluyentes en sociedades socialmente fracturadas. La
correlación de fuerzas inicial era, en líneas generales, relativamente
favorable, y hacia 2005 podían verse ya los primeros frutos de la nueva etapa.
Si, durante los años ochenta, la recuperación de las democracias y el ocaso
definitivo del actor militar como partido privilegiado de la reacción interna y
foránea, habían sido reemplazados por la presión de los “mercados” y
fondos de inversión, la nueva coyuntura económica abierta luego de 2001 parecía
aflojar las cadenas que atenazaban a los sectores externos, y la situación
macroeconómica general comenzaba a dar signos que permitían una mayor autonomía
política respecto del sector financiero. El latiguillo del “libre comercio”
–en rigor, la generación de condiciones óptimas para la expoliación de los
recursos humanos, naturales y materiales del continente al menor costo posible
por parte del capital extranjero y sus personeros locales- ya no alcanzaba para
generar consenso en torno a la continuidad de políticas crecientemente descritas
como injustas y regresivas. La recuperación de los términos del intercambio para
commodities y otras exportaciones generaba situaciones de superávit en la
balanza comercial, que, salvo casos puntuales, alejaban un poco el fantasma de
la cesación de pagos (...)”.
Pregunto: ¿el modelo predominantemente exportador y monopolizado por transnacionales con socios locales subordinados significa mayor independencia económica y autonomía política?; ¿es que no expolian la mega minería a cielo abierto, el sistema de agronegocios a beneficio de las transnacionales que los dominan globalmente, las petroleras y grandes industrias …?; ¿es que la política tributaria, la de ‘desendeudamiento’ (porque la estafa sigue creciendo), la referida a las privatizadas y la inflacionaria no son regresivas ni injustas?
Pregunto: ¿Es un Estado nacional o un garantizador de la
extraordinaria rentabilidad de la gran burguesía imperialista y local?
Carlos M.Vilas,
en “Soberanía nacional: condición del desarrollo y la justicia social”
plantea respecto al vigente cercenamiento de la soberanía nacional, por ejemplo,
que:
·
“La
incorporación de los países latinoamericanos a los organismos financieros
multilaterales significó la aceptación de la política económica y financiera
conducida por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos cuya finalidad
primordial es la creación, en los países miembros, de las condiciones políticas
e institucionales más convenientes al mayor rendimiento de las inversiones de
los países desarrollados, dirigiendo y coordinando en el nivel supranacional las
políticas macroeconómicas de aquéllos. (…) Un indicador de la hegemonía de
Estados Unidos en el sistema económico mundial es la conversión de su moneda
nacional en medio de pago de las transacciones internacionales, incluyendo,
desde la década de 1970, la utilización forzosa del dólar como moneda de pago en
las exportaciones mundiales de petróleo”.
· “La prórroga de la jurisdicción nacional en beneficio de tribunales internacionales. (…) Desde mediados de los noventa, el tribunal por excelencia es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) ubicado en el ámbito institucional del Banco Mundial, interviene en las demandas de las empresas extranjeras contra los estados (…). En todos los casos, esa aceptación forma parte de los tratados bilaterales de inversión (…)” a favor de la extraordinaria rentabilidad de los llamados inversores extranjeros que son los saqueadores. En Argentina hay 54 tratados bilaterales de inversión que el gobierno de Néstor Kirchner, en 2004, no denunció con lo cual siguen en vigencia.
Vuelvo a Ezequiel Meler se refiere al:
“Federalismo, ese caballo de Troya
En efecto, si el año 2005 terminaba con la derrota del ALCA, el año
2008 parece signado por la reacción de aquellos grupos refractarios a las
transformaciones realizadas, a la integración regional, y a la consolidación de
los procesos descritos. Los referendos autonómicos bolivianos y la movilización
de los sectores ligados al agronegocio de la soja en Argentina poseen, más allá
de sus diferencias, algunos denominadores comunes.
En primer lugar, se trata de reclamos sectoriales revestidos de banderas
aparentemente progresistas como el federalismo, la coparticipación y la
distribución de la riqueza, pero que esconden la movilización y activación de
los sectores históricamente asociados a las estructuras de poder tradicional,
con el apoyo de los medios de comunicación y los grupos de interés
neoconservadores.
Las oligarquías regionales bolivianas y las fracciones reaccionarias de la
burguesía agraria argentina han demostrado, en estos meses, con una fiereza
inusitada, su oposición fáctica a cualquier proceso que involucre el menoscabo
de sus privilegios, ligados a la explotación de recursos naturales y la
exportación de bienes primarios, alimentos, energía y materias primas.
En este sentido, el reclamo de
federalismo, autonomía y descentralización de los recursos es doblemente
reaccionario. En primer lugar, por su funcionalidad a la estrategia de
debilitamiento de los Estados nacionales seguida por el capital financiero y los
intereses monopólicos ligados al suculento negocio de las exportaciones. En este
sentido, la fragmentación de los territorios no es necesariamente un objetivo
explícito.
Antes bien, alcanza con el debilitamiento político de su principio de unidad,
esto es, el actor estatal, el gran adversario del libre mercado. En segundo
lugar, porque ese reclamo de “federalismo” representa, ni más ni menos,
la negativa de estos sectores a compartir las rentas extraordinarias derivadas
de la exportación de recursos que constituyen monopolios naturales, como es el
caso de los hidrocarburos y la tierra. Es decir, se trata de un ataque al
corazón mismo de las actuales condiciones políticas: la marcha de la
macroeconomía y sus efectos sobre la recaudación estatal. Lejos de ser una
bandera progresista, se trata entonces de un reclamo reaccionario, que pretende
sumir, o bien, mantener en el atraso a toda la región (…)”.
Fuente:
www.rebelion.org/ 8-8-08
Compara el
gobierno de Evo Morales con el gobierno K. Por asemejarlos, confunde las
nacionalizaciones llevadas a cabo en Bolivia con la ampliación y el
perfeccionamiento de las privatizaciones en Argentina durante el gobierno de
Kirchner como lo prueban la entrega de la plataforma continental a las
petroleras que son todas extranjeras; la prolongación en 40 años de la concesión
del Cerro Dragón, el yacimiento de petróleo más rico de Argentina; y la ley
corta (o de emiratos) para facilitar la transferencia de todo el petróleo
y gas a las transnacionales.
¿Esto no es abdicación de soberanía nacional en nombre de un federalismo que es
neo-feudalismo? y ¿no conduce a mayor atraso y pobreza?
Por otra parte, la marcha de la macroeconomía y la recaudación estatal siguen las recetas del FMI-BM en cuanto al superávit fiscal que se constituye fundamentalmente (40%) mediante el IVA que estrecha el consumo básico de la inmensa mayoría de la población con lo cual esta quita de derechos humanos es para el pago de la estafa designada como deuda pública; y en cuanto a la ley de responsabilidad fiscal de las provincias que las obliga a privilegiar la transferencia de fondos públicos a los ‘acreedores externos’ antes que a la población.
También la recaudación estatal sirve para subsidiar millonariamente a las petroleras, transportistas, industrias agroalimentarias e hipermercados. Por añadidura, las corporaciones globales de la mega minería que envenenan y expulsan poblaciones, hasta les quitan energía y agua y destruyen ecosistemas para el país entero, tienen todo el Estado a su disposición para legalizar y legitimar ese saqueo, ruina y violencia en forma no sólo de represión sino, en especial, de despojo de sus modos de vida y territorios.
Carlos M.Vilas dice respecto a que “los gobiernos latinoamericanos impulsaron vastos procesos de privatización de activos y servicios públicos, abdicando en consecuencia capacidad de decisión soberana sobre un amplio arco de asuntos y recursos estratégicamente vinculados con las perspectivas de desarrollo nacional y bienestar colectivo. (…)
Caso
paradigmático de este proceso es la reforma constitucional de 1994 que despojó
al estado nacional del dominio originario de los recursos naturales y se lo
adjudicó a las provincias respectivas en ejercicio de un mal entendido nuevo
federalismo que cercenó la soberanía nacional, un asunto de relevancia
estratégica e institucionalizó un esquema de relación bilateral entre gobiernos
provinciales débiles y consorcios transnacionales poderosos”.
Fuente: revista Realidad Económica Nº 229/ julio-agosto 2007/
www.iade.org.ar
La «soberanía alimentaria» implica Estado de derecho porque se basa
en la organización de la soberanía popular-nacional como poder de decisión y
transformación del país en acuerdo con las necesidades y aspiraciones de la
diversidad popular mediante la reapropiación de la economía e
infraestructura estratégicas y del territorio mediante reforma agraria
integral.
Se contrapone con la actual dictadura del sistema global agroalimentario que
mira en exclusivo hacia la acumulación de oligopolios y expulsa masivamente
del acceso al alimento y al de su calidad nutritiva, al del agua potable, al
del saneamiento ambiental…
Pues la
«soberanía alimentaria» es esencial a la
democracia que, primordialmente, proyecta organizar un modo humanizador de vida
por atender a las personas y los mini-grupos no sólo como los sujetos
creadores del trabajo y la producción a realizar según lo programado
colectivamente para el desarrollo local, provincial, regional y
nacional-continental.
Sino, también, proyecta promover el protagonismo popular que erradique los
feudos y los entramados mafiosos del actual Estado
para liberarse e instalar la convivencia cada vez más amistosa, feliz.
De la diversidad popular en la construcción del Estado de derecho
Valoro los caminos abiertos por movimientos
sociales e internacionales que tienen una concepción integral de los cambios
estructurales a realizar en forma colectiva por los de abajo para emanciparse de
un sistema mundializado de opresión.
Este potencial político -por interpelar a la diversidad popular desde la
multiplicidad de reivindicaciones más vitales- es evidente en las propuestas de
VÍA CAMPESINA que formulo como:
1. La «soberanía alimentaria» es esencial a la unidad por vida y dignidad humana
La Vía Campesina fijó su posición mediante el folleto titulado: “Soberanía Alimentaria: un Futuro sin Hambre” en la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria y en el Forum de Organizaciones No Gubernamentales durante noviembre de 1996, en Roma (Italia).
Con este documento se propuso contribuir “al debate al interior de las organizaciones campesinas para ir consensuando posiciones y, al final, construir una propuesta alternativa sólida frente a las políticas de ajuste estructural en el sector agrícola que, hoy en día, excluyen y discriminan a los pequeños y medianos productores y productoras del mundo”.
En “Soberanía Alimentaria: un Futuro sin Hambre” alega:
“La
alimentación es un derecho humano básico
Este derecho
únicamente se puede asegurar en un sistema donde la soberanía alimentaria esté
garantizada. Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y
desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los
pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a
producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera
autónoma. La soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad
alimentaria genuina.
Nosotros, LA VIA CAMPESINA, rechazamos las condiciones económicas y políticas que destruyen nuestros medios de ganarnos la vida, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente natural.
La liberalización del comercio y sus políticas económicas de ajuste estructural han globalizado el hambre y la pobreza en el mundo y están destruyendo la capacidad productiva local y las sociedades rurales. Esta agenda corporativa no toma en cuenta la seguridad alimentaria de los pueblos. Es un sistema económico inequitativo que amenaza tanto a la naturaleza como a la gente, con el único fin de generar ganancias para unas cuantas personas y transnacionales. A los campesinos y pequeños productores se les niega el acceso y control de la tierra, el agua, las semillas y los recursos naturales.
Nuestra respuesta a esta situación, crecientemente hostil para los campesinos y pequeños productores alrededor del mundo, es desafiar colectivamente estas condiciones y desarrollar alternativas.
Estamos resueltos a crear economías rurales que se basen en el respeto hacia nosotros mismos y a la tierra, en la soberanía alimentaria y en el comercio justo. Las mujeres juegan un papel central en la soberanía alimentaria del hogar y de la comunidad; por lo tanto tienen el derecho de acceder a los recursos para la producción de alimentos, tierra, crédito, capital, tecnología, educación y servicios sociales, y una oportunidad igual para desarrollar y utilizar sus habilidades.
Estamos convencidos que el
problema global de inseguridad alimentaria puede y debe ser resuelto.
La soberanía alimentaría sólo se
puede lograr a través de la solidaridad y la voluntad política para implementar
alternativas.
La seguridad alimentaria a
largo plazo depende de los que producen alimentos y cuidan del medio ambiente
natural.
Como los administradores de los recursos de producción de alimentos,
sostenemos los siguientes principios como marco
fundamental necesario para lograr la seguridad alimentaría:
Ø
Alimentación:
Un Derecho Humano
La alimentación
es un derecho humano básico, todos y cada uno deben tener acceso a alimentos
sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficientes
para llevar una vida sana completa dignidad humana. Cada nación debe declarar el
derecho de acceder a los alimentos como un derecho constitucional y garantizar
el desarrollo del sector primario para asegurar la realización completa de este
derecho fundamental.
Ø
Reforma
Agraria para la Soberanía Alimentaria
Demandamos una
auténtica Reforma Agraria que garantice a los sin tierra y familias campesinas
-especialmente a las mujeres- la tenencia y el control de la tierra que trabajan
y la devolución de los territorios a los pueblos indígenas.
El derecho a la tierra debe estar libre de discriminación basada en género,
religión, raza, clase social o ideología; la tierra pertenece a quienes la
trabajan.
Las familias campesinas, especialmente las mujeres, deben tener acceso a la
tierra productiva, crédito, tecnología, mercados y servicios de extensión. Los
gobiernos deben establecer y apoyar sistemas descentralizados de crédito rural
que prioricen la producción de alimentos para el consumo doméstico y asegurar la
soberanía alimentaría. Se debe usar la capacidad de producción en vez de la
tierra como seguridad para garantizar el crédito.
Se debe valorar económica y socialmente el trabajo de producción de
alimentos y el cuidado de la tierra para motivar a la juventud a que permanezca
en las comunidades rurales como ciudadanos productivos. Los gobiernos deben
hacer inversiones a largo plazo de los recursos públicos en el desarrollo rural
para asegurar la infraestructura social, ecológicamente adaptada.
Ø
Soberanía
alimentaria: Preservando los recursos naturales
La soberanía
alimentaria requiere del cuidado y uso sostenible de los recursos naturales,
especialmente de la tierra, el agua y las semillas. Nosotros, los que trabajamos
la tierra, debemos tener el derecho de practicar el manejo sostenible de los
recursos naturales y preservar la diversidad biológica.
Esto se puede hacer únicamente desde una base económica fuerte con seguridad
en la tenencia de la tierra, suelos saludables y uso reducido de productos
agroquímicos. La sostenibilidad a largo plazo exige un cambio de la dependencia
en los químicos y en los monocultivos de exportación y modelos de producción
intensivos industrializados. Se requieren sistemas diversificados, naturales y
equilibrados.
Los recursos genéticos son el resultado de milenios de años de evolución y
pertenecen a toda la humanidad. Ellos representan el trabajo cuidadoso y el
conocimiento de muchas generaciones de pueblos rurales e indígenas. Patentar y
comercializar recursos genéticos por parte de compañías privadas y
transnacionales debe ser prohibido. El acuerdo del Derecho de Propiedad
Intelectual de la Organización Mundial del Comercio es inaceptable. Las
comunidades campesinas tienen el derecho de usar libremente y proteger los
recursos genéticos diversos, incluyendo las semillas, las cuales han sido
desarrolladas por estas mismas comunidades a través de la historia. Esta es la
base para lograr la soberanía alimentaria.
Ø
Soberanía
Alimentaria: Reorganizando el comercio de alimentos
Los alimentos son, en primer lugar, una fuente de nutrición y únicamente en
segundo lugar un artículo comercial.
Las políticas
agrícolas nacionales deben darle prioridad a la producción para el consumo
doméstico y la autosuficiencia alimentaria. Los alimentos de exportación no
deben desplazar a la producción local ni desplomar los precios. Esto significa
que el dumping por productos subsidiados para la exportación de alimentos debe
cesar.
Los campesinos tienen el derecho a producir alimentos básicos esenciales
para sus países y controlar el mercado de sus productos. Los precios de los
alimentos en los mercados nacionales e internacionales deben ser regulados y
deben reflejar el verdadero costo de producción de los mismos.
Esto asegurará que las familias campesinas tengan ingresos adecuados. No es
aceptable que la comercialización de los alimentos continúe, teniendo como base
la explotación económica de la gente más vulnerable ---campesinos pobres, con
bajos sueldos--- y la degradación a fondo del medio ambiente. Asimismo, no es
aceptable que las decisiones de comercialización y producción sean en gran parte
dictadas por la necesidad de divisas extranjeras para cubrir cargas de deudas
altas.
Estas deudas colocan una carga desproporcionada en los ciudadanos rurales.
Exigimos sean condonadas estas deudas.
Ø
Soberanía
Alimentaria: Eliminar la globalización del hambre
La soberanía alimentaria es socavada por las instituciones multilaterales y por
el capital financiero especulativo.
El control creciente de las compañías multinacionales sobre las políticas
agrícolas del mundo ha estado propiciado por las políticas económicas de las
instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial. Exigimos regulación y
establecimiento de impuestos al capital especulativo y que sea implementado un
estricto control mediante un código de conducta para las transnacionales.
Ø
Paz Social:
Condición de Soberanía Alimentaría
Todos tenemos el
derecho a la libertad sin violencia. Los alimentos no deben ser utilizados como
un arma, el incremento de los niveles de pobreza y marginalización en el campo,
junto a la opresión creciente de minorías étnicas y pueblos indígenas, agravan
las situaciones de injusticia y desesperación El desplazamiento actual, la
urbanización forzada y la represión a los campesinos no se puede tolerar.
Denunciamos la creciente discriminación racial en las áreas rurales.
Soberanía Alimentaria: Control democrático.
Los campesinos y pequeños productores deben tener una intervención
directa en la formulación de políticas agrarias en todos los niveles. Esto
incluye la actual Cumbre Mundial sobre Alimentación de la cual estamos
excluidos. Las Naciones Unidas y organizaciones relacionadas tienen que
democratizarse para asegurar que esto se realice. Todos tenemos el derecho a la
información certera y honesta y a un proceso de toma de decisiones abierto y
democrático. Estos derechos son la base de buenos cuerpos de dirección, de
responsabilidad de igual participación directa y activa en la toma de decisiones
sobre asuntos alimentarios y rurales”.
Fuente: http://www.nyeleni2007.org
Entonces, VÍA CAMPESINA tiene un programa que ilumina caminos pletóricos de sentidos-contenidos para los de abajo en contraposición con el único capitalismo existente que nos somete a cada vez menos posibilidades de vida digna. Demuestra la falsedad y criminalidad del desprecio-racismo que los opresores inculcan respecto a los componentes de las comunidades rurales.
2. El hacerse cargo de los derechos de su parcialidad concreta la unidad en diversidad
En “Soberanía alimentaria: Tierra, Semillas y Alimento por la Marcha Mundial de las Mujeres” se pone de manifiesto como desde problemas y derechos particulares –en este caso de las mujeres- se llega a un bienestar común. Explican:
“Antes que los movimientos afirmasen el principio de «soberanía alimentaria», el problema social e internacional de la alimentación solamente era discutido en términos de emergencia, en caso de guerras, catástrofes o pobreza: se hablaba de Seguridad Alimentaria, lo que significa el acceso individual a los alimentos en situación de carencia, siendo estos producidos o comprados. Pero el foco estaba siempre en la compra y en las llamadas ayudas alimentarias internacionales, que imponen un hábito alimentario, como en el caso de la harina de trigo y de la leche en polvo en los años ‘60, así como usando a la población como conejito de indias, como en el caso de la distribución de maíz transgénico en los últimos años.
El derecho a la alimentación tiene una dimensión social y también una dimensión individual. Muchas veces al interior de las familias la comida no está bien distribuida. El preconcepto de que las niñas y las mujeres son más frágiles o que no realizan trabajos considerados pesados es usado como justificación para que ellas coman menos o coman las peores partes.
La garantía del derecho a la alimentación pasa por priorizar la producción local para la alimentación de la población y para asegurar el acceso de las campesinas y de las sin-tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. Pasa también por tener en cuenta el trabajo invisible que las mujeres realizan en la preparación y distribución de los alimentos. Pero no en el sentido que le dan organizaciones como el Banco Mundial, sobrecargando a las mujeres y responsabilizando sólo a ellas por la salud y bienestar de las familias en un contexto donde Estado y empresas disminuyen remuneraciones y derecho de las trabajadoras y trabajadores. Nuestro camino es reconocer que la sustentabilidad de la vida humana, en la cual la alimentación es una parte fundamental, debe estar en el centro de la economía y de la organización de la sociedad.
Para que haya Soberanía Alimentaria es imprescindible:
Hacer la Reforma Agraria
En todo el mundo, la tierra
está muy concentrada. Las mujeres tienen, además, menor acceso a la tierra. A
pesar de que en muchos países las hijas tienen por ley tanto derecho como los
hijos a heredar la tierra, y que las mujeres son ‘copropietarias’ (propietarias
de la mitad de los bienes constituidos durante el casamiento o unión estable) y
herederas del marido o compañero, la costumbre excluye a las mujeres de ese
derecho. E incluso si las mujeres son legalmente copropietarias de un
establecimiento, muchas veces ellas no pueden decidir sobre cómo usar esta
tierra, qué plantar o criar. (…) Para asegurar
el acceso de las mujeres a la tierra tenemos que ampliar la conciencia sobre
este derecho y retomar contextos políticos de Reformas Agrarias masivas con
amplia distribución de tierras y límites al tamaño de la propiedad.
Es necesario garantizarles a los pueblos indígenas y a las poblaciones
tradicionales el derecho a la integridad de sus territorios.
Y también fortalecer a las mujeres de estos pueblos y a su contribución en las
decisiones de sus pueblos sobre cómo vivir y relacionarse con su territorio.
Agro-ecología Garantizar el derecho de las campesinas a producir alimentos y el derecho de las consumidoras a poder decidir lo que quieren consumir, conscientes de cómo se producen los alimentos.
Una contra-reforma agraria ocurre todos los días.
Muchas campesinas y campesinos dejan el trabajo en la tierra porque están
endeudados y no tienen cómo competir con los grandes del agro-negocio. Hace
muchos años que los gobiernos incentivan un modelo de producción agrícola
industrial basado en la compra de insumos (semillas, adobos, venenos) con
créditos subsidiados y en el monocultivo (plantación de una única planta en todo
el establecimiento agrícola).
Este modelo es contrario a la manera de ser de campesinas y campesinos, que
combinan varios tipos de cultivo y cría, que usan sus propias semillas
seleccionadas por la resistencia y por el gusto que poseen y que no separan lo
que es para auto-consumo y lo que es para venta. Esta manera de ser fue
considerada atrasada y combatida por empresas y gobiernos.
Pero muchas campesinas y campesinos resisten.
Hoy estas maneras de producir que aproximan la agricultura a la naturaleza son
reconocidas en sectores de la universidad, órganos públicos, está en la base del
trabajo de muchas ONGs y son conocidas como «agro-ecología». Las mujeres se
identifican con esta forma de producir porque muchas de las tareas que realizan
en la producción y en el cuidado son consideradas importantes para la vida de la
familia y de la comunidad, y ellas tienen más posibilidades de experimentar y
ser creativas y autónomas.
Las mujeres que viven en la
ciudad son también responsables por la alimentación de la familia y componen la
mayoría de las profesionales del área. Ellas trabajan durante todo el día en un
empleo formal o informal, en el cuidado de la casa, de la familia y de la
comunidad. Cansadas y sin tener con quien compartir el trabajo de compra y
preparación de los alimentos, aún insatisfechas, terminan comprando alimentos
industrializados. El padrón alimentario actual es muy malo para la salud.
Pero para reverlos tenemos que
cambiar la forma en la cual la sociedad se organiza: reducir las jornadas
de trabajo, facilitar el transporte público y compartir el trabajo doméstico
entre las personas que conviven.
Semillas transgénicas, ¡no! Impedir a las empresas que impongan la propiedad intelectual sobre las formas de vida y comercialicen transgénicos ( alimentos genéticamente modificados). Garantizar el derecho a usar, escoger, almacenar e intercambiar libremente semillas y especies.
La radicalización de este
modelo de agricultura industrial es la manipulación genética de semillas para
que éstas resistan a los herbicidas producidos por las mismas empresas o para
que funcionen como insecticidas. Son semillas transgénicas. Ya son
comercializadas en varios países semillas de maíz, soja y algodón transgénico.
Un derivado de la soja, la lecitina de soja, es muy usada como estabilizador en
los alimentos industrializados. Por eso encontramos tantos alimentos que
contienen transgénicos, incluso si no están con una etiqueta que lo indique.
Nadie sabe exactamente lo que un alimento transgénico puede causar. Ya fueron
conocidos casos de alergias o resistencia a antibióticos. Pero ya se sabe que
las semillas transgénicas contaminan otras variedades de planta de esa misma
especie, contaminando la naturaleza.
Las empresas que venden semillas quieren garantizar que van a recibir la
ganancia de la venta y que los agricultores comprarán semillas todos los años.
Por eso éstas imponen leyes y reglas que limitan el intercambio de semillas
campesinas a casos excepcionales.
En la agricultura campesina son las mujeres las que más comúnmente elijen las
semillas, guardan, intercambian con las compañeras. Son ellas las que están
siempre queriéndose llevar una semilla, una muda, para probar en casa, para ver
si crece. En este nuevo orden esta simple acción es una desobediencia civil.
Derecho al agua Mantener el agua como un bien público es un derecho, distribuido y utilizado de forma igualitaria y sustentable.
El agua es un bien esencial para el bienestar de las personas y de la producción. En todo el mundo el acceso al agua es muy mal dividido. En áreas rurales es común que en una gran propiedad privada haya una fuente de agua o un aljibe, pero las mujeres que viven en los alrededores tienen que caminar kilómetros y kilómetros para conseguir agua. Como en la mayoría de las sociedades la responsabilidad de preparar la comida y de lavar la ropa es sólo de las mujeres, su trabajo disminuye mucho si ellas tienen una fuente de agua cerca. Comienzan a aumentar iniciativas como la construcción de cisternas para guardar agua de lluvia.
Pero todavía predomina la
idea de que son necesarias grandes obras, como enormes represas y transposición
de ríos. Además, en los grandes proyectos siempre se piensa primero en el uso
del agua para el agro negocio o sus empresas y por último (si sobra) en el
consumo y en el bienestar de las personas.
En la ola de privatización y de mercantilización de la naturaleza se expande la
idea de que la forma de economizar agua sería cobrarla. Existen dos grandes
empresas transnacionales que controlan el mercado del agua en el mundo, Suez y
Vivendi. Ellas están metidas en muchos negocios: saneamiento y distribución del
agua, explotación de fuentes de agua como si fueran minas. Donde ellas actúan
los contratos son siempre perjudiciales al pueblo y a los gobiernos nacionales.
Ya hubo grandes movilizaciones contra la privatización del agua y contra estas
empresas en Cochabamba, en Bolivia, en Uruguay y en Argentina. Antes se decía
que a nadie se le niega un vaso de agua. Pero ahora tenemos que comprar agua
para beber. El mercado de agua embotellada es muy lucrativo, y controlado por
pocas empresas como Nestlé o Danone.
La Agricultura no es una mercadería Garantizar la capacidad de los países de hacer políticas para proteger a las personas que producen y consumen, oponerse a las importaciones agrícolas y el dumping, y estar a favor de una producción campesina sustentable.
La Organización Mundial del Comercio y los Tratados de Libre Comercio que Estados Unidos está imponiendo a los países de las Américas tratan a la agricultura como una mercadería. Además, el Acuerdo sobre Agricultura favorece a la agricultura industrial y subsidiada de Estados Unidos y la Unión Europea que vende sus productos a precios abajo del costo de producción para los países del Sur. Se consolida así una división internacional del trabajo en la cual los países del Sur exportan productos con uso intensivo del trabajo y recursos naturales. Ésta es también una división sexual del trabajo. Las mujeres constituyen la mayoría de los asalariados en la producción de flores, frutas y legumbres exóticas, limpieza de castañas y peces, exportados casi integralmente para países del Norte.
Este modelo acaba con la agricultura campesina e indígena. No es casual que las
mayores luchas de resistencia contra estos tratados hayan sido llevadas a cabo
por campesinas y campesinos y pueblos indígenas.
Las mujeres son presentadas por instituciones como el Banco Mundial como las
ganadoras de este modelo porque ellas pasan a tener un salario propio. Sin
embargo, las condiciones de trabajo son pésimas y la mayoría sólo encuentra
trabajo cuando es joven y en períodos cortos del año. Ganan en base a la
productividad y por eso trabajan intensamente, pues es con este rendimiento que
vivirán durante todo el año.
Los tratados de libre comercio y las instituciones financieras multilaterales
actúan para garantizar el interés de las grandes empresas transnacionales que
actúan controlando desde la producción de semillas hasta la comercialización de
los alimentos procesados.
En 2005 las 10 principales empresas productoras de semillas controlaban casi 50%
del mercado, siendo la mayor de ellas Monsanto. Las empresas productoras de
semillas ‘mejoradas’ o transgénicas y los agro-tóxicos son viejas conocidas de
las mujeres. Muchas de ellas como Novartis y Bayer también producen hormonas
sintéticas y anticonceptivos inyectables o por implante colonizando los cuerpos
de las mujeres, de la misma manera que colonizan nuestros territorios.
La venta minorista de alimentos es cada vez más realizada por grandes
supermercados. Los 10 mayores controlan 24% del mercado mundial. El primero, es
la empresa estadounidense Wall Mart que controla 8% del mercado. Wall Mart
compra sus productos en cualquier parte del mundo donde obtenga más ventajas,
donde los productos sean más baratos por la explotación del medio ambiente y del
trabajo de las mujeres. Es conocido por imponer un padrón de relaciones de
trabajo: sin derechos, sin vacaciones, sin reglamentación de la jornada laboral.
En 2003, 110 vendedoras de 184 Wall Mart diferentes de 30 estados en Estados
Unidos se presentaron ante la justicia contra la empresa denunciando su
discriminación en el pago de salarios y promociones.
Por la
Soberanía Alimentaria y por la Reforma Agraria luchamos contra el poder de las
transnacionales y por el derecho de los
pueblos a comer, cultivar, distribuir y
preparar los alimentos con autonomía, cómo decidir, sin deberle nada a nadie. En
las políticas de libre comercio la alimentación es apenas una mercadería más y
no un derecho. Las mujeres producen entre 60% y 80% de los alimentos en los
países pobres y la mitad de la producción mundial de alimentos. Luchar contra la
opresión y la explotación de las mujeres es fundamental en las luchas campesinas
por la soberanía alimentaria. Luchar por la soberanía alimentaria es fundamental
en las luchas de las mujeres por autonomía, por compartir responsabilidades y
tareas y por la sustentabilidad de la vida humana”.
Fuente:
http://www.nyeleni2007.org /6-11-06
En
consecuencia, el hacerse cargo de su identidad colectiva y de la puesta en
práctica de cambios que mejoren su condición humana, abre -a los distintos-
perspectivas para sus propios compromisos pero, además, mejora la convivencia.
Demuestra que el Estado como representante del interés general es un mito
embaucador y encubridor de las clases dominantes cuyos intereses lucrativos son
totalmente incompatibles con el bienestar popular y la justicia social.
3. Las problemáticas vitales tienen denominadores comunes
Pablo Ramos, desde la Redacción de la Agencia Periodística del MERCOSUR, señala:
“Las trasnacionales que extraen minerales no pueden quejarse en absoluto. Nada de impuestos ni de procesos amigables con el ambiente. Sólo ganancias”.
Plantea:
“Hace casi 90 días que en Argentina sólo se habla sobre el conflicto generado entre los productores rurales y el Gobierno federal a raíz de la aplicación desde el 11 de marzo pasado de un régimen de retenciones móviles a la exportación de cereales y oleaginosas. El campo inició un lock out que, con algún interregno, se mantiene hasta la fecha. La explicación de la Casa Rosada es que con esta medida se logra un efecto redistributivo de la riqueza de tipo progresivo y se desenganchan al mercado interno de los precios internacionales.
Pero este principio no se aplica a otro sector que atraviesa por un mejor momento que el rural. Y se trata de las empresas extranjeras que extraen minerales (todas son filiales de matrices foráneas), no pagan nada de impuestos, dejan una miseria de regalías y cuando los yacimientos se agoten sólo van a dejar… miseria.
Las inversiones en este sector primario de la economía se disparan a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196/93 (y sus modificaciones del año 1999 y 2001) y del Acuerdo Federal Minero. A su vez, en ese contubernio que significó la reforma constitucional de 1994, una de las prendas de cambio fue la "provincialización" de los recursos naturales. Por lo tanto, les cabe a las administraciones provinciales decidir cómo explotar su subsuelo.
Con la nueva legislación se fomentó la inversión privada mediante un sistema concreto, a través de distintas herramientas fiscales: facilidades arancelarias, la desgravación impositiva de las inversiones, la capitalización de las reservas mineras, estabilidad fiscal por 30 años y fija un tope del 3 por ciento a las regalías mineras que pueden cobrar las provincias.
Se mencionan versiones por 3.500 millones de dólares en inversiones mineras, y aunque las cifras son presentadas por las empresas explotadoras, no hay motivos para desconfiar. Este "boom" se produjo en un ciclo mundial de incremento sostenido de los precios de los commodities (todos los minerales lo son), mucho mayor en este sector que en el alimenticio.
Para graficar, comparemos los precios de algunos commodities en los últimos diez años. En abril de 1998, el barril de petróleo se transaba a 14 dólares, el kilogramo de oro a 9.002 dólares, la tonelada de cobre a 700 dólares y la de soja a 252 dólares. En abril pasado, el crudo cotizó a 130 dólares (subió un 829 por ciento), el oro a 32.150 dólares (subió un 257 por ciento), el cobre a 8.500 dólares (un 1.114 más) y la soja a 501 dólares (99 puntos arriba).
Si era un negocio en 1998, hoy lo es mucho más. Las compañías invierten en bienes de capital, pagan a sus operarios, pagan los impuestos, pagan las regalías y obtienen sus utilidades. Hasta aquí, el ciclo de una empresa cualquiera. Pero… aquí es donde surgen las sutiles diferencias que convierten a este en un súper negocio.
Se trata de una actividad escandalosamente exenta. Las empresas que explotan minerales en Argentina están exentas de pagar aranceles por los bienes de capital que importen; a los impuestos al Valor Agregado (IVA), Ganancias, Activos, Inmobiliario, a los Débitos y Créditos bancarios, Municipal y a los Sellos; y la tasa de estadística.
Los legisladores de entonces, no conformes con ello, beneficiaron a las futuras emprendedoras con estabilidad fiscal por 30 años. Las regalías explicamos que tienen un techo del 3 por ciento, pero allí no terminan los beneficios: son las propias empresas las que informan cuánto han exportado a través de una declaración jurada (…) la cual no puede ser cotejada debido a que no existe ningún órgano oficial con capacidad para hacerlo, y en base a esa declaración pagan las regalías a los estados provinciales.
Las ventajas continúan. No sólo no tributan ningún tipo de arancel a la exportación (popularmente conocidas como retenciones) sino que si las colocaciones externas son realizadas en puertos patagónicos obtienen un reembolso del 5 por ciento. No están obligadas a abastecer al mercado interno ni a procesar el material para su exportación; se trata de una producción netamente primaria.
Al no estar obligadas a realizar ninguna tarea adicional a la necesaria para la explotación de los yacimientos, el día que los minerales del subsuelo argentino se agoten (aún falta tiempo, por cierto), las empresas van a abandonar el país sin haber hecho ningún aporte a la región donde operaron (amén de las denuncias por delitos ambientales en su contra). Y con los bolsillos abarrotados de dólares.
Los nombres de los responsables de este despojo son conocidos; quien quiera saberlo, sólo diríjase a la Secretaría de Minería de la Nación (www.mineria.gov.ar), donde figuran quiénes votaron estas leyes infames.
Cuesta entender por qué este sector tiene tantos y tan descarados privilegios. No sabemos cuánto es el costo fiscal (lo que el Estado deja de percibir) por la desgravación minera, pero se estima que si se aplicase el mismo esquema que a los cereales y oleaginosas se recaudarían unos 6.400 millones de dólares anuales. Y cuesta entender cómo algunos propagandistas juran y perjuran que Argentina no hace lo necesario para atraer inversiones. Porque con negocios como el minero, cualquiera es empresario”.
pabloramos@prensamercosur.com.ar
Fuente: www.prensamercosur.com.ar/13-6-08
Que la lucha de las Asambleas de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA (www.noalamina.org) tiene un denominador común con la de la «soberanía alimentaria» se explicita en el:
FORO DE LA VÍA CAMPESINA SUDAMÉRICA EN ROSARIO:
“Contra el Saqueo y la
Contaminación, por la Soberanía Alimentaria”
Prensa De Frente titula:
Sembrando semillas de
resistencia y esperanza frente al agronegocio
al:
Especial Foro Vía Campesina, Rosario -
Como parte de los preparativos de la V Conferencia Internacional de la Vía
Campesina, a realizarse en octubre en Mozambique, se desarrolló en la ciudad de
Rosario durante los días 10 y 11 de agosto el Foro “Contra el Saqueo y la
Contaminación, por la Soberanía Alimentaria”, organizado por la Vía
Campesina Sudamérica. A lo largo de ambas jornadas, cerca de mil delegados y
delegadas de movimientos campesinos de América intercambiaron experiencias y
reflexionaron sobre las consecuencias del modelo de agronegocios y posibles
alternativas al mismo. El día lunes las comisiones se movilizaron por el centro
rosarino.
“El objetivo primordial era unir las luchas de los últimos años en la
Argentina, tener a la Vía Campesina sudamericana en Argentina, para dar un paso
más en la visibilidad de sus luchas”, afirma Juan Herrero, perteneciente al
Movimiento Campesino de Córdoba (MCC- MNCI). Y continúa: “con toda la
discusión que se dio sobre el modelo agropecuario en los últimos meses era
necesario hacerlo con fuerza, así nace la idea de un Foro abierto que pudiera
dar testimonio de la Vía Campesina, que es totalmente diferente, antagónica, a
la otra vía del campo entre comillas, que apareció en estos meses. También era
importante que los compañeros de Argentina pudieran conocer otros campesinos de
otras partes de Latinoamérica, irnos apropiando de esta idea de ‘globalizar la
lucha, globalizar la esperanza’ (...)”.
Fuente:www.prensadefrente.org/ 14-8-08
La
«soberanía alimentaria» implica Estado de derecho porque unifica la
diversidad popular mediante un desarrollo alternativo al capitalista que la
incluye como creadora de la sociedad, la economía y la política con
orientación a atender sus distintas y comunes reivindicaciones e
incorporación de sus culturas, capacidades, singularidades en las nuevas
formas y contenidos de los trabajos.