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ENFOQUE / ORGANIZACIÓN / UNIDAD

 


¿y Julio López?


Enfoque  ((VOLVER))

Del Estado de derecho como fundamental para la soberanía alimentaria

 

Recuerdo la desaparición forzada de Jorge Julio López hace dos años, también la de cientos de niños y adolescentes, mujeres y la ausencia de voluntad política del gobierno K por la verdad y la justicia. Recuerdo a la muerte por desnutrición de los indígenas expulsados de sus territorios de siglos, el drama de poblaciones sufriendo la falta de agua potable e inundaciones catastróficas por las monoculturas e infraestructuras que se dejaron de construir y la ausencia de voluntad política por soluciones estructurales a favor de los de abajo.

 

Pero cómo no vincular esta deserción del gobierno-Estado de sus responsabilidades al loado crecimiento económico si éste significa mayor concentración y transnacionalización tanto económica como territorial a la vez que mayor desigualdad social.

Cómo dejar de asociar el hambre, la desnutrición y malnutrición (vigentes en escala mayoritaria dentro de los niños, adolescentes y ancianos) con el pacto social que es subordinación a los grandes capitales financieros e industriales para mantener en la pobreza e indigencia a la inmensa mayoría de los trabajadores.

 

Al mismo tiempo:

 

“La injusta distribución de la riqueza y el monocultivo de la soja han dejado como consecuencia que miles de campesinos y campesinas sean literalmente desterrados y cientos de pequeños pueblos y localidades borrados del mapa. Según un estudio del Instituto INTA, en el Gran Buenos Aires 8 de cada 10 personas desempleadas provienen de la agricultura.

La dominación de los agro-negocios genera más concentración de la población en grandes urbes, con un panorama de pobreza creciente, pues avanzan desplazando a las comunidades rurales”.

 

Flavia Fascendini (Nodo Tau, Argentina), en “Boom sojero deja dramáticas consecuencias en Argentina”, continúa:
Actuar ante las graves consecuencias generadas por la intensificación del monocultivo agroindustrial de la soja transgénica, es desde hace una década la consigna de distintos movimientos ecologistas y contestatarios que se movilizan contra el denominado modelo de la "Soja sustentable" en Argentina que tejiendo fuertes alianzas con movimientos de Latinoamérica al compartir la misma lucha, realizaron dos grandes eventos, el Foro Social de Resistencia a los Agronegocios y el Encuentro por la Biodiversidad contra el Modelo Sojero en América Latina, que representaron una alternativa y una respuesta a lo que se estaba discutiendo en otros dos eventos promocionados por la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Management de Agronegocios y el Congreso de Soja del Mercosur.

El Foro Social en Resistencia a los Agronegocios planteado como un espacio de intercambio entre organizaciones de diferentes países del Cono Sur que luchan contra el modelo de monocultivos industriales, fue organizado por el Grupo de Reflexión Rural (GRR) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), con la convocatoria de decenas de organizaciones extranjeras, entre ellas, Acción Ecológica de Ecuador, GRAIN, BaseIS de Paraguay, Bolivia Libre de Transgénicos, FBOMADE de Bolivia, Terra de Direitos de Brasil y la Red por Una América Libre de Transgénicos.

 

“Queremos convocar a una plataforma amplia de organizaciones y movimientos para cuestionar el MERCOSUR de los monocultivos que nos impone el mercado global,  coordinar estrategias de campañas de resistencia a nivel regional y romper la división campo-ciudad en lo público y político. Queremos mostrar la cara política del agronegocio y denunciar los devastadores proyectos de país y sociedad que implican para el presente y las futuras generaciones", fue la propuesta de los organizadores del foro”.

 

El Estado de derecho lo fundaremos asumiendo que:

 

1. La lucha contra los agronegocios procura dignidad de vida mayoritaria

 

Flavia Fascendini relata:


“El Grupo de Reflexión Rural (GRR) se formó en la década del 90 como un espacio de debate multidisciplinario sobre la problemática rural y sus relaciones con la sociedad global. El GRR se manifiesta contrario al modelo agrario impuesto en la Argentina, basado en la exportación de commodities forrajeras elaboradas a partir de sojas y de maíces transgénicos.
En diálogo exclusivo con Mosaico Social, Jorge Rulli, especialista en desarrollo sostenible y reconocido miembro del GRR, señaló que uno de los principales objetivos del foro fue "incorporar el concepto mismo del agronegocio, con todo lo que implica de: ▪ cadenas agroalimentarias,  ▪ de supermercados pero, sobre todo, ▪ de conversión del agricultor en un hombre que hace negocios.

Es lo que se llama el agrobusiness, un concepto que en la Argentina se extendió mucho y que ahora se está extendiendo por el resto de América Latina. Debemos verlo como un desafío a encarar por los movimientos sociales".

 

El Foro Social en Resistencia a los Agronegocios se propuso afianzarse como un espacio alternativo a la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Management de Agronegocios (IAMA), realizada en Argentina y organizada por grandes corporaciones de agronegocios.
Con posterioridad a ese evento, del 27 al 30 de junio, la ciudad de Rosario (en la provincia de Santa Fe) fue escenario del Encuentro por la Biodiversidad contra el Modelo Sojero en América Latina, un espacio para intercambiar experiencias e información y organizarse para luchar por una alternativa social, agrícola, económica, cultural y política radicalmente distinta, que rechaza el modelo sojero, la economía de monocultivo y sus consecuencias.

 

"Es indiscutible que la producción agroindustrial de soja a gran escala con fines de exportación conlleva graves consecuencias para el medio ambiente y la salud de nuestras comunidades y ecosistemas. Presenciamos la destrucción de la tierra fértil, el desmonte de los bosques nativos, la contaminación de la tierra y el agua con agrotóxicos, las fumigaciones con glifosato de los campos, la pérdida de biodiversidad, el desalojo de miles de campesinos agricultores, las inundaciones, los efectos catastróficos en los ríos y el clima y, por supuesto, la inequidad social, la pobreza, la malnutrición y la pérdida de nuestra soberanía alimentaria. Todo eso, como resultado del fortalecimiento e intensificación de la sojización de América Latina", manifestaron en un comunicado los organizadores del encuentro.

 

Este espacio se realizó en clara confrontación al Congreso de Soja del Mercosur (Mercosoja 2006, antesala del Congreso Mundial de Soja a realizarse en China en 2009), un megaevento organizado entre otros por la Asociación Cadena de la Soja (Acsoja), que sesionó en la misma localidad y durante los mismos días bajo el lema "Soja sudamericana, liderando el porvenir". La elección de esta ciudad como sede del Mercosoja 2006 no fue casual, ya que esta región es la de mayor producción de soja de la Argentina y el puerto de Rosario es una de las principales bocas de exportación.

Agronegocios: de la matriz del petróleo al boom sojero

 

"Este mundo que nosotros conocemos tiene una matriz, el petróleo. Pero el petróleo se está terminando y además ya no es redituable porque no da patentes. Y lo que viene ahora es la matriz de la soja, es la matriz de la biotecnología, de las semillas transgénicas, de la nanotecnología y de los biocombustibles.
Es la matriz de las alconaftas, del etanol, de los biocombustibles provenientes de la soja",
explica Jorge Rulli.
“En razón de que la soja y sus derivados (aceites y harinas) son poco consumidos en la Argentina
, el grueso de la producción agraria nacional pasó a depender del mercado externo, que no controla. Pero, como en todos los procesos, con anterioridad a esta delicada situación hubo una serie de instancias político-económicas que habilitaron la dominación de lo que se da en llamar el «nuevo colonialismo de los agronegocios»"…”.

 

2. El desarrollo de los agro-negocios y sus consecuencias

 

Flavia Fascendini aclara:


“Los «agronegocios» son distintos procesos implicados en la producción y distribución de alimentos, una cadena controlada por grandes empresas trasnacionales que imponen un modelo de agricultura de gran escala y de comercialización concentrada.
En poder de grandes corporaciones, los «agronegocios» tienen como fin incrementar su producción de insumos industriales, sean granos de oleaginosas o celulosa para abastecer a los mercados globales.


En su investigación periodística "Del genocidio y robo de tierras al 'boom sojero'. Historia política y económica de la provincia de Santa Fe",  Óscar Ainsuain realiza un recorrido histórico que finaliza en la demostración de cómo se fueron consolidando los tres pilares técnicos que prepararon y sostienen estratégicamente el escenario para el proceso de sojización: la siembra directa, la soja RR y el herbicida a base de glifosato.

En 1996, el entonces secretario de Agricultura del gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999), Felipe Solá, autorizó la semilla de soja RR creada por la multinacional estadounidense Monsanto, una semilla resistente al Roundup, la marca comercial del herbicida total glifosato que mata todo vegetal menos la soja (desarrollado por la misma corporación).
A partir de 2004 y tras lograr la supremacía en el mercado argentino, Monsanto comenzó a presionar para recaudar regalías por el uso de sus semillas. Además, en ese mismo período se difundió el sistema de siembra directa, un sistema de labranza que se realiza con una máquina moderna y, a diferencia del modo tradicional, abre un pequeño surco depositando la semilla junto al fertilizante y deja siempre el suelo cubierto del rastrojo del cultivo anterior porque no da vuelta toda la tierra. De esta manera se lograría impedir la erosión de la tierra producida por el viento y el agua.

 

Según el referente del GRR y muchos otros especialistas, el enorme negocio que significarán en un futuro próximo los biocombustibles, hará que el mercado internacional demande a países como la Argentina y Brasil una exportación que puede llegar a poner en jaque, entre otras cosas, la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas.

 

La Argentina, como primera exportadora de aceites vegetales en el mundo, se ubica en un lugar expectante en el mercado de los biocombustibles, al que ya ingresaron Brasil, Estados Unidos y Europa y ya se están dando pasos firmes para lograr una producción de mayor escala.

 

"Algunos países de Europa están sustituyendo 2 a 5 por ciento de la nafta usada en los automóviles por biocombustibles y se piensa llegar al 10 por ciento. La Argentina y el Brasil son países que van a tener que producir sólo biocombustibles. El tema es qué va a comer nuestra población. Porque en este proyecto, si nosotros tenemos que abastecer el mercado de la energía europea, no vamos a tener qué comer.
El biocombustible sale del aceite y el resto de la soja ¿quién se lo va a comer? Nosotros, evidentemente",
explica Rulli a Mosaico Social.

Y afirma que, según los pronósticos, de aquí a cinco años – sólo media década - los productores de soja se dedicarán exclusivamente a generar aceite de soja para producir biocombustible. "Ya no les va a convenir hacer otra cosa como forrajes, preparar harina de soja. Entonces todo eso va a quedar como un residuo que evidentemente será la única comida que va a haber, lo cuál es gravísimo", destaca Rulli.

Durante la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Management de Agronegocios realizada en junio en Argentina, se dieron cita los grandes empresarios del negocio de la soja. Uno de los directivos de la IAMA es Héctor Lorenz, quien a su vez preside la Fundación Vida Silvestre, una de las organizaciones ambientalistas más conocidas del país.
En el marco de dicha conferencia, los empresarios afirmaron públicamente que son las corporaciones las que están generando las políticas públicas agrícolas en la Argentina. "Esto nos preocupó. Empezamos a entender por qué en muchas de las entrevistas que tenemos con funcionarios o con dirigentes políticos, ciertos temas no aparecen: es que los políticos los ignoran. Descubrimos que los políticos ignoran que son las empresas las que hoy dibujan o generan muchas de las políticas de Estado que la Argentina tiene", expresa Rulli”.

 

Respecto a cómo gobiernos y Estado no se hacen cargo de su responsabilidad por las condiciones de vida de las grandes mayorías Flavia Fascendini considera:

 

“A. El ambiente
Si se toma el mapa de la Argentina y se observan las regiones más afectadas por la sojización, se constata que la denominada Pampa Húmeda - que comprende las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe - es la más perjudicada. Pero ya comienzan a verificarse impactos muy dramáticos en las provincias de Salta y Chaco, ambos ecosistemas extremadamente frágiles. "Toda la negociación de tierras y la negociación de la madera del bosque de El Impenetrable Chaqueño que desapareció, todo eso va siendo empujado por la soja. Primero viene la negociación de la madera y después llega la soja", señala Rulli.

 

Cabe destacar que en la Argentina se talaron 5 millones de hectáreas de bosques y montes desde 1996 para el cultivo de soja. El cultivo de soja avasalla y ya está entrando en Neuquén, provincia de la Patagonia argentina. Según Rulli, la Argentina tendría que estar en emergencia forestal desde hace 10 años pero aún hoy la esfera gubernamental no habla del tema.

La problemática ambiental a nivel del gobierno nacional argentino es responsabilidad de la Subsecretaría de Medio Ambiente que depende del Ministerio de Salud y Ambiente, cuyo secretario es Atilio Sabino, ex gerente del Ceamse, el mayor relleno sanitario contaminante de la provincia de Buenos Aires.

 

"En las provincias de Buenos Aires o Santa Fe, el deterioro del suelo va a demorar en evidenciarse porque son suelos muy ricos. Se puede haber perdido una tercera parte o la mitad del suelo pero de todas maneras, queda suelo y hay capacidad para poner fertilizantes químicos, cuando antes jamás se hubieran usado. Pero hay suelos frágiles como los del desmonte del Chaco que dan para 2 ó 3 cosechas y después va a quedar sólo el desierto", dice el miembro del GRR. "Los gobiernos no hacen nada porque van detrás del interés de corto plazo de un gran negocio: tres cosechas. Después se acabó. No tenemos un secretario de Medioambiente que diga nada. Y el exterminio de flora y fauna es angustiante para la gente que se preocupa por los ecosistemas", agrega.

 

B. La salud pública
Los efectos del monocultivo de soja y los agrotóxicos utilizados para su cultivo ya están quedando en evidencia, de forma dramática, en la salud de las personas. Una misión integrada por organizaciones de Ecuador, Brasil, Bolivia y España se hizo presente el pasado 20 de junio en la ciudad de Córdoba para registrar los impactos del cultivo de soja transgénica. La llegada de esta misión respondió a la aparición masiva en los pobladores de esas zonas de enfermedades vinculadas al uso de agrotóxicos, entre ellas, casos de cáncer, lupus, malformaciones congénitas, alergias y asma. La delegación estuvo integrada por representantes del Foro Boliviano de Medioambiente, Bolivia Libre de Transgénicos, Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Terra de Direitos, Veterinarios sin Fronteras y Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas.

C. ¿Qué ciudad para este campo y qué campo para esta ciudad?
En la Argentina y especialmente en la provincia de Santa Fe, la propiedad de la tierra está concentrada en los mismos niveles de principios del siglo XX.  


Óscar Ainsuain expone en su trabajo que "los planes económicos aplicados en distintos períodos de nuestra historia -como sucedió en los ‘90- han contribuido no sólo a mantener sino a profundizar el proceso de concentración de tierras". "A tal punto esto es así, que tomando como base los Establecimientos Agropecuarios Productivos de más de 5.000 hectáreas, el censo agropecuario de 1913 mostraba que 5.300 terratenientes eran dueños del 48 por ciento de las tierras y el censo 2001 puso en evidencia que algo más de 6 mil propietarios controlan 50 por ciento de las mismas".

Tomando datos del Censo Agropecuario 2002, Ainsuain revela cifras sorprendentes: los 936 terratenientes más poderosos tienen 35.515.000 hectáreas y, en el otro extremo, 137.021 agricultores poseen 2.288.000. Sólo Benetton (900.000), Cresud (460.000), Bunge (260.000) y Amalia Lacroze de Fortabat (220.000) poseen 2 millones de hectáreas, superficie comparable al territorio de Bélgica. De las 35 familias tradicionales que en el censo del año 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios; entre ellos se destacan los Anchorena, con 40 mil hectáreas y los Gómez Alzaga con 60 mil.

 

La injusta distribución de la riqueza y el monocultivo de la soja han dejado como consecuencia que miles de campesinos y campesinas sean literalmente desterrados y cientos de pequeños pueblos y localidades borrados del mapa. Según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el Gran Buenos Aires 8 de cada 10 personas desempleadas provienen de la agricultura. La dominación de los agronegocios genera más concentración de la población en grandes urbes, con un panorama de pobreza creciente, pues avanzan desplazando a las comunidades rurales.

 

"La soja ha despoblado el campo porque ha establecido un modelo de agricultura sin agricultores. Ahora tenemos ciudades inmanejables, con mucha violencia, mucha inseguridad, sin trabajo, en las cuales faltan redes de gas, de cloacas, de agua, porque el Estado no da abasto para construir infraestructura urbana. La gente vive como puede. Lo que ha habido es un cambio demográfico brutal, cerca del mil pueblos del interior han quedado prácticamente vacíos. Y la emigración continúa, no hay un día en que no haya nuevos despoblamientos consecuencia de la soja", destaca el representante del Grupo de Reflexión Rural”.

 

Propuesta de los movimientos:

 

“Con la convicción de que "oponerse hoy al modelo de los agronegocios es hacer frente a la faceta más dinámica del neoliberalismo en el Cono Sur de América Latina", estos movimientos proponen recuperar el control sobre las semillas e identificar a las corporaciones que monopolizan la producción de los cultivos transgénicos y el control sobre los alimentos.
Pero también buscan confrontar las políticas estatales que promueven la penetración de estas empresas y denunciar las violaciones a los derechos humanos y actos de criminalidad económica por las que serían responsables”.

 

Fuente: www.lafogata.org / Nuestro planeta

 

3. Los pueblos latinoamericanos debemos derribar la Impunidad

 

En ese camino avanza el Primer Encuentro Latinoamericano contra la Impunidad que se realizará durante los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre 2008 en San Cristóbal de la Casas, Chiapas, México (www.contralaimpunidad.org).

Rebelión difunde la convocatoria y los:


“OBJETIVOS


I. Identificar todas las formas de impunidad vigentes en las dimensiones militar, jurídica, económica, cultural y comunicacional para empezar a construir un diccionario moderno del horror, a partir de las experiencias vividas por los pueblos del mundo en el último medio siglo.

 

II. Elaborar un mapa del estado actual de la impunidad en el Continente. Documentar las maneras en que diferentes poblaciones sufren la impunidad estatal o paraestatal, poniendo atención particular en los casos de genocidio cultural de los pueblos indígenas, nativo-americanos, chicanos y afro-descendientes y en los casos de feminicidio.

 

III. Crear una coordinadora o una red de redes de todas las organizaciones de víctimas que luchan contra la impunidad para elaborar estrategias de denuncia, defensa social y propuestas de acción.

 

IV. Intercambiar experiencias y elaborar un análisis colectivo sobre los avances, desafíos y nuevas estrategias de los casos jurídicos a través de las instituciones del Estado y las formas alternativas de justicia.

 

V. Crear instancias autónomas y procedimientos confiables y eficaces para luchar contra la impunidad. En este sentido, constituir un Tribunal Autónomo Continental para juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como a sus autores y ejecutores.

 

VI. Crear un archivo u observatorio virtual de dominio público que concentre toda la información disponible sobre los casos de impunidad, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Continente, incluyendo estrategias jurídicas, expedientes utilizados, archivos consultados y testimonios, con el fin de proporcionar información de utilidad para las organizaciones de víctimas, juristas, académicos y periodistas.

 

EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO


La conversión de los sujetos en sospechosos y, por lo tanto, en carentes de derechos, en inclasificados, en posibles combatientes enemigos; la criminalización de la disidencia, de la diferencia, de la diversidad; la anulación de facto de todo derecho o pacto social; el arrasamiento territorial, cultural y comunitario en nombre del progreso (¿de quién?) o del desarrollo; la invasión de la cotidianidad con sistemas de vigilancia y control cada vez más generalizados y sofisticados; son todos mecanismos de una maquinaria implacable, de un enorme Leviatán que busca eliminar cualquier intento de cuestionamiento o resistencia acrecentando su impunidad.

 

El desaparecido, la terrible figura del que no es, del extraído de la sociedad, del des-sujetizado, hoy se reactiva –si bien nunca dejó de funcionar- abriendo viejas y nuevas heridas. La lucha antiterrorista de hoy es la lucha anticomunista de los años sesenta y setenta del siglo XX. Los desaparecidos de ayer son los “combatientes enemigos” o los “sospechosos” de hoy y la arrogante impunidad de los crímenes no juzgados y de los genocidas libres alimenta la desesperanza, el miedo y la soledad, y permite el saqueo de la naturaleza y la extenuación de quienes viven de su trabajo, habiendo sido despojados de toda posibilidad de autosubsistencia.

 

La impunidad se ha convertido en política de Estado a nivel internacional; en el modo capitalista de dirimir los conflictos y las diferencias simplemente desconociéndolos; en el vacío de interlocución creado por los poderosos del mundo, sus instituciones y sus cuerpos de protección (legales e ilegales), con respecto al resto de la sociedad. La impunidad es el escudo de protección de los poderosos para garantizar sus intereses y sus formas de vida. Por esta razón la lucha contra la impunidad tiene que ser radical e integral.

 

De acuerdo con las dinámicas específicas con las que se despliega la impunidad en las diferentes dimensiones, las discusiones estarán subdivididas en cuatro ejes temáticos que trabajarán por separado en un primer momento, en forma cruzada en un segundo y en plenarias conjuntas al inicio y al final. Estos ejes son:

 

I. Impunidad económica. Comprende todas las acciones económicas que se perpetran impunemente contra los pueblos: apropiación de territorios, daños ocasionados por empresas transnacionales, megaproyectos, desplazamiento por intereses económicos, normas jurídicas protectoras de intereses privados en contra de los intereses del pueblo (OMC, CIADI, Banco Mundial, FMI). Impunidad monetaria y financiera, etc.

 

II. Impunidad militar, policial y represiva. Comprende desde el despojo de territorios para instalar bases militares hasta la vigilancia cotidiana que irrumpe en la vida privada. La acción de policías, militares, mercenarios, escuadrones de la muerte o cualquier otro cuerpo organizado legal o ilegalmente. La acción de pandillas o secuestradores no controlados. La acción de grupos de control anti-narco; la persecución de luchadores sociales; las desapariciones o asesinatos políticos, etc.

 

III. Impunidad jurídica. Comprende todos los actos de funcionamiento irregular o no ético de las instancias de impartición de justicia.
La criminalización de la protesta o la lucha política. Juicios sin asesores, traductores (a lenguas originarias, por ejemplo) o abogados; sin comunicación con la familia o la comunidad. La violación de las leyes en perjuicio de los pueblos; la aprobación de códigos penales atentatorios de los derechos humanos, etc.

 

IV. Impunidad cultural. Comprende la discriminación cultural, el racismo, el integracionismo, el uso oligopólico de los medios de comunicación masivos, la condena y persecución de los medios alternativos o comunitarios. La transmisión sistemática y deliberada de medias informaciones o desinformaciones. El adoctrinamiento mediático. El vaciamiento del sentido crítico de la educación, el sesgo y oscurantismo en sus contenidos, etc.”. Fuente: www.rebelion.org  / México / 10-8-08

 


La «soberanía alimentaria» implica ◊ poder de la diversidad popular de llevar a cabo creaciones de ámbitos con potencialidades de expresión para la multiplicidad humana que posibilite la convivencia cada vez más plena y ◊ reciprocidad en las nuevas relaciones sociales que configuren efectivos desarrollos de la calidad de vida mayoritaria a nivel local, provincial, nacional, continental e internacional.

En consecuencia, concretarla exige constituir el Estado de derecho no sólo por unidad de voluntad política de la diversidad popular sino, en simultáneo, por lucha contra la impunidad de los poderes (que lograron instaurarse mediante terrorismo de estado) en sus distintas modalidades de manifestación: fusilamiento de Carlos Fuentealba, asesinatos, masacres, desalojos, despojos…desapariciones forzadas, pobreza, miseria, hambre, desnutrición, muertes evitables…redes de trata de personas, de prostitución y de narcotráfico,…casi la mitad de los trabajadores ocupados sin derechos laborales, trabajo esclavo en la construcción e industrias textiles…prostíbulos y campo.
 

 


Organización  ((VOLVER))

Del Estado para la persistencia de la impunidad

 

Discrepo con la política que apoya al gobierno K para estar en contra de la “nueva derecha” (o de ‘la’ derecha) a la cual le atribuye la exclusividad de representar los intereses oligárquicos e imperialistas. En verdad, esa política progresista e izquierdista nos desorienta más en la compleja situación nacional e internacional al limitarse a interpretar conductas y no tratar de poner en debate los cambios estructurales para la real y efectiva ruptura con el neoliberalismo.

Por eso, pienso que urge reflexionar sobre:

 

1. La recuperación de la memoria histórica integral

 

El Primer Encuentro Latinoamericano contra la Impunidad que se realizará durante los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre 2008 en San Cristóbal de la Casas, Chiapas, México (www.contralaimpunidad.org) formula -en su convocatoria- razones para hacerlo:
P
orque

Ø       no se puede silenciar la historia;

Ø       la memoria del horror está presente;

Ø       las grandes mayorías no saben que todo es posible.

Ø       debemos reintegrar a la memoria colectiva lo que, de olvidarse, retornaría;

Ø       debemos oponernos a la inercia del consenso, del borrón y cuenta nueva y el no te metas del discurso dominante que quisiera un pasado sepultado para siempre, víctimas y protagonistas de ayer y de hoy, familiares, luchadores sociales, juristas, intelectuales y colectivos humanitarios de distintas regiones de Nuestra América, queremos reunirnos para establecer un diálogo intergeneracional que, a la vez de denunciar, informar y analizar la realidad actual, sirva para crear nuevas herramientas de prevención y protección ante el ascenso de la violencia y la impunidad de los que mandan.

Los convocantes observamos que algunos hechos del pasado reciente reaparecen en muchas latitudes de Nuestra América, y hoy como ayer asoma el gesto inaugural del poder totalitario que define al judío, al subversivo, al pobre, al extranjero, al migrante, como enemigo, como sinónimo de terrorista, con la intención de imponer una verdad única en la lógica del orden instituido y como estrategia de poder y prácticas rutinarias, con sus fachadas y sus limbos jurídicos que “legalizan” la impunidad a través de las fronteras nacionales, con sus cárceles clandestinas y el recurso de la tortura sistemática (incluida la sexual), las desapariciones sumarias y el horror que todo ello produce.

Pensamos que el silencio es aliado o cómplice del terror. Que la palabra engendra esclarecimiento. La resistencia a saber, individual y colectivamente, y el asco y el miedo que despiertan la cárcel, la tortura, las desapariciones, nos invitan a huir de esos temas.

Por eso, a partir del testimonio de las víctimas, del esclarecimiento de la verdad y la recuperación de la memoria histórica, queremos comprender qué ocurrió y cómo ocurrió, porque documentarlo, sistematizarlo y compartirlo, nos permitirá saber qué está ocurriendo hoy, cuando la potencia hegemónica, con la complicidad de algunos estados nacionales, lleva a cabo de facto una reconfiguración del mapa geopolítico de nuestro hemisferio al servicio de las compañías multinacionales, con sus mega proyectos, como renovada forma de apropiación territorial y saqueo de nuestros recursos naturales en clave de contrainsurgencia, con sus nuevas bases militares, el regreso de su IV Flota, sus mercenarios encubiertos de contratistas privados y sus paramilitares, sus fumigaciones, sus Sucumbíos, sus golpes de mano y el terrorismo mediático.

Pensamos que conocer el origen y la naturaleza del dolor, los mecanismos del terrorismo de Estado y del discurso del poder que justifica la barbarie, implica quizás desarmar su lógica de manera preventiva, su vigencia hoy y su eficacia. Frente a la situación del terror renovado, lo que el sistema propone es huirle por asco y miedo. No hacerlo, exige vigilancia, requiere una alerta constante. El silencio y el olvido, la indiferencia y la impunidad favorecen la persistencia y reproducción de la violencia y el terrorismo de Estado. No es ningún ánimo vengativo, sino preventivo, el que anima a los que no podemos ni queremos olvidar.

Es en función de todo ello que, recogiendo el clamor justiciero de los pueblos de nuestro hemisferio, convocamos al Primer Encuentro Americano contra la Impunidad”. Fuente: www.rebelion.org  / México / 10-8-08

Coincido pero, en base a la experiencia de los años de gobierno K, considero el imperativo de tener en cuenta que:

 

Ø       El actual Estado argentino mantiene secuestrado los archivos del terrorismo de estado que duró diez años y de las masacres posteriores al igual que conserva una estructura esencialmente dictatorial de sus poderes públicos.

 

Ø       La actual concentración y desnacionalización tanto económica como territorial -en incesante crecimiento- es diseñada por la Doctrina de Seguridad Nacional y como proceso se implanta mediante la genocida dictadura cívico-militar pero continúa y se profundiza con las democracias restringidas que, a través del Consenso de Washington, van completando la abdicación de la soberanía nacional.

 

Como consecuencia de esa reestructuración socioeconómica hubo acelerada consolidación del subdesarrollo y esto, también, es violencia extrema y exterminio.
El afianzamiento del subdesarrollo persiste en el incesante aumento de la desigualdad social y en la exclusión de los trabajadores desocupados, de los campesinos, de los pueblos originarios que son arrojados a mal vivir y encarcelados bajo estado de excepción sea por pobres sea por defender sus derechos.

 

Por supuesto, en los setenta, la lucha de clases tenía otros protagonistas y contenidos-sentidos. Hoy el capitalismo mundializado deja sin presente ni futuro a la inmensa mayoría de los pueblos planetarios.

 

2. El ayer y hoy de la reestructuración de facto de América latina

 

Atilio Borón, en su ensayo “Estado, capitalismo y democracia en América latina” (1992), se refiere a la diferencia del 24 de marzo de 1976 con los anteriores golpes de estado: es la institución de las fuerzas armadas “-en su totalidad- la que “ocupa” militarmente los aparatos del estado proyectando su propia estructura jerárquica de poder sobre el escenario de la organización estatal. Aquí aparece entonces un fenómeno que nos parece inédito, a saber: el surgimiento de las fuerzas armadas como el partido orgánico de la gran burguesía monopólica y sus facciones aliadas afrontando un período de crisis hegemónica. Es pues la propia institución militar la que aparece como el «partido del orden» en un momento en que entran en crisis las diversas fórmulas populistas con las cuales se pretendió resolver, durante varias décadas, la quiebra del estado oligárquico liberal.

 

La cuestión de la hegemonía burguesa es provisoriamente resuelta por el capital monopólico internacional que dirige una coalición de otros sectores de las clases dominantes y algunas capas de la pequeña burguesía. (…)
Claro está que no se puede hablar aquí, en sentido estricto, de hegemonía puesto que los componentes coercitivos de la dominación política predominan notablemente sobre los relativos a la “dirección intelectual y moral” y sobre los que expresan la capacidad del bloque dominante de tejer un sistema de alianzas y lealtades que integre, al menos en parte, a las clases y grupos subalternos.

 

La intensificación de la lucha de clases y la incapacidad de la burguesía para resolver la crisis del estado a través de los mecanismos e instituciones distintivas de la institucionalidad democrática transforma al aparato militar en la alternativa más apropiada para la conservación del orden social. (…)

Es la única rama del conjunto de los aparatos que tiene condiciones de “imponer” una nueva modalidad de dominación acorde con las necesidades del nuevo modelo de acumulación del capitalismo, especialmente, en la periferia (…)”.

 

En 1992, Atilio Borón destaca: “A diferencia de la situación colonial, el predominio económico del gran capital imperialista no se expresa en un dominio político directo. Éste se halla mediatizado por un complejo sistema de alianzas con las demás fracciones de las clases dominantes las que, de esta manera, garantizan su atribulada supervivencia en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista a cambio de garantizar la «viabilidad política» de la dominación imperialista”.

 

Entre las características de la nueva modalidad de acumulación del capital imperialista (en forma de transnacionales) que Borón menciona, distingo:

 

Ø       “Las elevadas tasas de ganancia del sector “concentrador y dinámico” de la economía son mantenidas a través de una serie de mecanismos que contrarrestan los efectos negativos derivados de la elevada composición orgánica de ese gran capital. Entre los más usuales se encuentran: ▪ el aumento de la tasa de plusvalía, es decir, una reducción de los salarios reales inducida a través de diversos mecanismos económicos y financieros (desocupación, inflación, etc.); ▪ el aumento de la productividad agrícola que le permite captar una masa importante de plusvalía relativa; ▪ la represión del movimiento obrero y la anulación  de sus derechos que le permite otro modo de reducción de los salarios reales y de aumento de la tasa de ganancia; ▪ la transferencia de plusvalía desde los sectores monopólicos y estancados hacia el núcleo concentrador y hegemónico”.

 

Ø       La distribución de ingresos a favor de la gran burguesía implica recorte de los mismos a la inmensa mayoría de los asalariados y de la pequeña-burguesía hasta que la resistencia de estas clases lo impida pues la tendencia es orientar la producción hacia la exportación debido a la estrechez del mercado interno.

 

Ø        La redefinición de las funciones del Estado “menos orientadas ahora hacia cierto tipo de gastos de naturaleza “social” y más encaminada en cambio hacia la creación de economías externas y apoyaturas económicas y financieras que configuren un  “clima favorable” para la atracción de las transnacionales. (…)
El Estado debe comprometer toda su autoridad en el empeño de garantizar a la burguesía monopólica la obtención de tasas excepcionalmente elevadas de ganancia y asimismo, ser capaz de asegurar la continuidad futura de esas ganancias, de modo de justificar la inversión extranjera con expectativas de extraordinaria bonanza por un número prolongado de años”.
Fuente: Estado, capitalismo y democracia en América latina/ Ediciones Imago Mundi/ Buenos Aires/ 1992

 

De modo que el terrorismo de estado, con inicio en la masacre del 20 de junio de 1973 y que la dictadura cívico-militar sistematiza, se ejecuta para instaurar la nueva modalidad de acumulación del gran capital imperialista en alianza con el local, la oligarquía terrateniente, la Iglesia Católica, otras expresiones religiosas y las burocracias tanto políticas como sindicales.

 

3. El Estado al servicio de la transnacionalización de Argentina

 

¿Durante el gobierno K hubo ruptura con ese pasado neoliberal?

Escuché a un conocido analista aseverar: los sectores rurales dieron un golpe blando al Estado Nacional para desarticularlo.

Ezequiel Meler (Rebelión) parece que coincide al opinar: En la última década, América Latina ha sido el escenario de importantes procesos de cambio que resultaron, con sus matices, en un movimiento de conjunto cuyo corolario podría resumirse en un giro político contrario a las prescripciones emanadas del Consenso de Washington, en el fortalecimiento de los Estados nacionales y en el avance de los procesos de integración regional. Sin embargo, en los últimos tres años, este giro político antiliberal ha debido enfrentar densas constelaciones opositoras, que amenazan su futuro inmediato, cuestionan su capacidad de reproducción y acumulación política y lo fuerzan a definirse más allá de una coyuntura de bonanza externa.
El objetivo de este trabajo reside en analizar la actual encrucijada como parte y resultado inevitable de las transformaciones acaecidas en los últimos años”.

Argumenta sobre: El ocaso del neoliberalismo
El cambio de milenio coincidió, en buena medida, con el fracaso del paradigma neoliberal instaurado en torno a 1990. Con el ascenso al gobierno de alianzas políticas de neto signo progresista, América Latina parecía enterrar en el pasado las políticas de libre mercado, y comenzaba la lenta tarea de recuperar discursos incluyentes en sociedades socialmente fracturadas. La correlación de fuerzas inicial era, en líneas generales, relativamente favorable, y hacia 2005 podían verse ya los primeros frutos de la nueva etapa. Si, durante los años ochenta, la recuperación de las democracias y el ocaso definitivo del actor militar como partido privilegiado de la reacción interna y foránea, habían sido reemplazados por la presión de los “mercados” y fondos de inversión, la nueva coyuntura económica abierta luego de 2001 parecía aflojar las cadenas que atenazaban a los sectores externos, y la situación macroeconómica general comenzaba a dar signos que permitían una mayor autonomía política respecto del sector financiero. El latiguillo del “libre comercio” –en rigor, la generación de condiciones óptimas para la expoliación de los recursos humanos, naturales y materiales del continente al menor costo posible por parte del capital extranjero y sus personeros locales- ya no alcanzaba para generar consenso en torno a la continuidad de políticas crecientemente descritas como injustas y regresivas. La recuperación de los términos del intercambio para commodities y otras exportaciones generaba situaciones de superávit en la balanza comercial, que, salvo casos puntuales, alejaban un poco el fantasma de la cesación de pagos (...)”.

Pregunto: ¿el modelo predominantemente exportador y monopolizado por transnacionales con socios locales subordinados significa mayor independencia económica y autonomía política?; ¿es que no expolian la mega minería a cielo abierto, el sistema de agronegocios a beneficio de las transnacionales que los dominan globalmente, las petroleras y grandes industrias …?; ¿es que la política tributaria, la de ‘desendeudamiento’ (porque la estafa sigue creciendo), la referida a las privatizadas y la inflacionaria no son regresivas ni injustas?

Pregunto: ¿Es un Estado nacional o un garantizador de la extraordinaria rentabilidad de la gran burguesía imperialista y local?
Carlos M.Vilas, en “Soberanía nacional: condición del desarrollo y la justicia social” plantea respecto al vigente cercenamiento de la soberanía nacional, por ejemplo, que:

·          La incorporación de los países latinoamericanos a los organismos financieros multilaterales significó la aceptación de la política económica y financiera conducida por la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos cuya finalidad primordial es la creación, en los países miembros, de las condiciones políticas e institucionales más convenientes al mayor rendimiento de las inversiones de los países desarrollados, dirigiendo y coordinando en el nivel supranacional las políticas macroeconómicas de aquéllos. (…) Un indicador de la hegemonía de Estados Unidos en el sistema económico mundial es la conversión de su moneda nacional en medio de pago de las transacciones internacionales, incluyendo, desde la década de 1970, la utilización forzosa del dólar como moneda de pago en las exportaciones mundiales de petróleo”.

 

·          “La prórroga de la jurisdicción nacional en beneficio de tribunales internacionales. (…) Desde mediados de los noventa, el tribunal por excelencia es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) ubicado en el ámbito institucional del Banco Mundial, interviene en las demandas de las empresas extranjeras contra los estados (…). En todos los casos, esa aceptación forma parte de los tratados bilaterales de inversión (…)” a favor de la extraordinaria rentabilidad de los llamados inversores extranjeros que son los saqueadores. En Argentina hay 54 tratados bilaterales de inversión que el gobierno de Néstor Kirchner, en 2004, no denunció con lo cual siguen en vigencia.

Vuelvo a Ezequiel Meler se refiere al:

Federalismo, ese caballo de Troya
En efecto, si el año 2005 terminaba con la derrota del ALCA, el año 2008 parece signado por la reacción de aquellos grupos refractarios a las transformaciones realizadas, a la integración regional, y a la consolidación de los procesos descritos. Los referendos autonómicos bolivianos y la movilización de los sectores ligados al agronegocio de la soja en Argentina poseen, más allá de sus diferencias, algunos denominadores comunes.
En primer lugar, se trata de reclamos sectoriales revestidos de banderas aparentemente progresistas como el federalismo, la coparticipación y la distribución de la riqueza, pero que esconden la movilización y activación de los sectores históricamente asociados a las estructuras de poder tradicional, con el apoyo de los medios de comunicación y los grupos de interés neoconservadores.
Las oligarquías regionales bolivianas y las fracciones reaccionarias de la burguesía agraria argentina han demostrado, en estos meses, con una fiereza inusitada, su oposición fáctica a cualquier proceso que involucre el menoscabo de sus privilegios, ligados a la explotación de recursos naturales y la exportación de bienes primarios, alimentos, energía y materias primas.

En este sentido, el reclamo de federalismo, autonomía y descentralización de los recursos es doblemente reaccionario. En primer lugar, por su funcionalidad a la estrategia de debilitamiento de los Estados nacionales seguida por el capital financiero y los intereses monopólicos ligados al suculento negocio de las exportaciones. En este sentido, la fragmentación de los territorios no es necesariamente un objetivo explícito.
Antes bien, alcanza con el debilitamiento político de su principio de unidad, esto es, el actor estatal, el gran adversario del libre mercado. En segundo lugar, porque ese reclamo de “federalismo” representa, ni más ni menos, la negativa de estos sectores a compartir las rentas extraordinarias derivadas de la exportación de recursos que constituyen monopolios naturales, como es el caso de los hidrocarburos y la tierra. Es decir, se trata de un ataque al corazón mismo de las actuales condiciones políticas: la marcha de la macroeconomía y sus efectos sobre la recaudación estatal. Lejos de ser una bandera progresista, se trata entonces de un reclamo reaccionario, que pretende sumir, o bien, mantener en el atraso a toda la región (…)”.
Fuente: www.rebelion.org/ 8-8-08

Compara el gobierno de Evo Morales con el gobierno K. Por asemejarlos, confunde las nacionalizaciones llevadas a cabo en Bolivia con la ampliación y el perfeccionamiento de las privatizaciones en Argentina durante el gobierno de Kirchner como lo prueban la entrega de la plataforma continental a las petroleras que son todas extranjeras; la prolongación en 40 años de la concesión del Cerro Dragón, el yacimiento de petróleo más rico de Argentina; y la ley corta (o de emiratos) para facilitar la transferencia de todo el petróleo y gas a las transnacionales.
¿Esto no es abdicación de soberanía nacional en nombre de un federalismo que es neo-feudalismo? y ¿no conduce a mayor atraso y pobreza?

Por otra parte, la marcha de la macroeconomía y la recaudación estatal siguen las recetas del FMI-BM en cuanto al superávit fiscal que se constituye fundamentalmente (40%) mediante el IVA que estrecha el consumo básico de la inmensa mayoría de la población con lo cual esta quita de derechos humanos es para el pago de la estafa designada como deuda pública; y en cuanto a la ley de responsabilidad fiscal de las provincias que las obliga a privilegiar la transferencia de fondos públicos a los ‘acreedores externos’ antes que a la población.

También la recaudación estatal sirve para subsidiar millonariamente a las petroleras, transportistas, industrias agroalimentarias e hipermercados. Por añadidura, las corporaciones globales de la mega minería que envenenan y expulsan poblaciones, hasta les quitan energía y agua y destruyen ecosistemas para el país entero, tienen todo el Estado a su disposición para legalizar y legitimar ese saqueo, ruina y violencia en forma no sólo de represión sino, en especial, de despojo de sus modos de vida y territorios.

Carlos M.Vilas dice respecto a que “los gobiernos latinoamericanos impulsaron vastos procesos de privatización de activos y servicios públicos, abdicando en consecuencia capacidad de decisión soberana sobre un amplio arco de asuntos y recursos estratégicamente vinculados con las perspectivas de desarrollo nacional y bienestar colectivo. (…)

Caso paradigmático de este proceso es la reforma constitucional de 1994 que despojó al estado nacional del dominio originario de los recursos naturales y se lo adjudicó a las provincias respectivas en ejercicio de un mal entendido nuevo federalismo que cercenó la soberanía nacional, un asunto de relevancia estratégica e institucionalizó un esquema de relación bilateral entre gobiernos provinciales débiles y consorcios transnacionales poderosos”.
Fuente: revista Realidad Económica Nº 229/ julio-agosto 2007/ www.iade.org.ar

 


La «soberanía alimentaria» implica
 Estado de derecho porque se basa en la organización de la soberanía popular-nacional como poder de decisión y transformación del país en acuerdo con las necesidades y aspiraciones de la diversidad popular mediante la reapropiación de la economía e infraestructura estratégicas y del territorio mediante reforma agraria integral.
 
Se contrapone con la actual dictadura del sistema global agroalimentario que mira en exclusivo hacia la acumulación de oligopolios y expulsa masivamente del acceso al alimento y al de su calidad nutritiva, al del agua potable, al del saneamiento ambiental…

 

Pues la «soberanía alimentaria» es esencial a la democracia que, primordialmente, proyecta organizar un modo humanizador de vida por atender a las personas y los mini-grupos no sólo como los sujetos creadores del trabajo y la producción a realizar según lo programado colectivamente para el desarrollo local, provincial, regional y nacional-continental.
Sino, también, proyecta promover el protagonismo popular que erradique los feudos y los entramados mafiosos del actual Estado
para liberarse e instalar la convivencia cada vez más amistosa, feliz.

 

 

 


 

Unidad   ((VOLVER))

 

De la diversidad popular en la construcción del Estado de derecho

 

Valoro los caminos abiertos por movimientos sociales e internacionales que tienen una concepción integral de los cambios estructurales a realizar en forma colectiva por los de abajo para emanciparse de un sistema mundializado de opresión.
Este potencial político -por interpelar a la diversidad popular desde la multiplicidad de reivindicaciones más vitales- es evidente en las propuestas de VÍA CAMPESINA que formulo como:

 

 

1. La «soberanía alimentaria» es esencial a la unidad por vida y dignidad humana

 

 

La Vía Campesina fijó su posición mediante el folleto titulado:Soberanía Alimentaria: un Futuro sin Hambre” en la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria y en el Forum de Organizaciones No Gubernamentales durante noviembre de  1996, en Roma (Italia).

Con este documento se propuso contribuir “al debate al interior de las organizaciones campesinas para ir consensuando posiciones y, al final, construir una propuesta alternativa sólida frente a las políticas de ajuste estructural en el sector agrícola que, hoy en día, excluyen y discriminan a los pequeños y medianos productores y productoras del mundo”.

 

En Soberanía Alimentaria: un Futuro sin Hambre” alega:

 

La alimentación es un derecho humano básico
Este derecho únicamente se puede asegurar en un sistema donde la soberanía alimentaria esté garantizada. Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. La soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad alimentaria genuina.

Nosotros, LA VIA CAMPESINA, rechazamos las condiciones económicas y políticas que destruyen nuestros medios de ganarnos la vida, nuestras comunidades y nuestro medio ambiente natural.

 

La liberalización del comercio y sus políticas económicas de ajuste estructural han globalizado el hambre y la pobreza en el mundo y están destruyendo la capacidad productiva local y las sociedades rurales. Esta agenda corporativa no toma en cuenta la seguridad alimentaria de los pueblos. Es un sistema económico inequitativo que amenaza tanto a la naturaleza como a la gente, con el único fin de generar ganancias para unas cuantas personas y transnacionales. A los campesinos y pequeños productores se les niega el acceso y control de la tierra, el agua, las semillas y los recursos naturales.

Nuestra respuesta a esta situación, crecientemente hostil para los campesinos y pequeños productores alrededor del mundo, es desafiar colectivamente estas condiciones y desarrollar alternativas.

 

Estamos resueltos a crear economías rurales que se basen en el respeto hacia nosotros mismos y a la tierra, en la soberanía alimentaria y en el comercio justo. Las mujeres juegan un papel central en la soberanía alimentaria del hogar y de la comunidad; por lo tanto tienen el derecho de acceder a los recursos para la producción de alimentos, tierra, crédito, capital, tecnología, educación y servicios sociales, y una oportunidad igual para desarrollar y utilizar sus habilidades.

 

Estamos convencidos que el problema global de inseguridad alimentaria puede y debe ser resuelto.
La soberanía alimentaría sólo se puede lograr a través de la solidaridad y la voluntad política para implementar alternativas.

La seguridad alimentaria a largo plazo depende de los que producen alimentos y cuidan del medio ambiente natural.
Como los administradores de los recursos de producción de alimentos, sostenemos los siguientes principios como marco fundamental necesario para lograr la seguridad alimentaría:

Ø       Alimentación: Un Derecho Humano
La alimentación es un derecho humano básico, todos y cada uno deben tener acceso a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficientes para llevar una vida sana completa dignidad humana. Cada nación debe declarar el derecho de acceder a los alimentos como un derecho constitucional y garantizar el desarrollo del sector primario para asegurar la realización completa de este derecho fundamental.

Ø       Reforma Agraria para la Soberanía Alimentaria
Demandamos una auténtica Reforma Agraria que garantice a los sin tierra y familias campesinas -especialmente a las mujeres- la tenencia y el control de la tierra que trabajan y la devolución de los territorios a los pueblos indígenas.
El derecho a la tierra debe estar libre de discriminación basada en género, religión, raza, clase social o ideología; la tierra pertenece a quienes la trabajan.
Las familias campesinas, especialmente las mujeres, deben tener acceso a la tierra productiva, crédito, tecnología, mercados y servicios de extensión. Los gobiernos deben establecer y apoyar sistemas descentralizados de crédito rural que prioricen la producción de alimentos para el consumo doméstico y asegurar la soberanía alimentaría. Se debe usar la capacidad de producción en vez de la tierra como seguridad para garantizar el crédito.
Se debe valorar económica y socialmente el trabajo de producción de alimentos y el cuidado de la tierra para motivar a la juventud a que permanezca en las comunidades rurales como ciudadanos productivos. Los gobiernos deben hacer inversiones a largo plazo de los recursos públicos en el desarrollo rural para asegurar la infraestructura social, ecológicamente adaptada.

Ø       Soberanía alimentaria: Preservando los recursos naturales
La soberanía alimentaria requiere del cuidado y uso sostenible de los recursos naturales, especialmente de la tierra, el agua y las semillas. Nosotros, los que trabajamos la tierra, debemos tener el derecho de practicar el manejo sostenible de los recursos naturales y preservar la diversidad biológica.
Esto se puede hacer únicamente desde una base económica fuerte con seguridad en la tenencia de la tierra, suelos saludables y uso reducido de productos agroquímicos. La sostenibilidad a largo plazo exige un cambio de la dependencia en los químicos y en los monocultivos de exportación y modelos de producción intensivos industrializados. Se requieren sistemas diversificados, naturales y equilibrados.
Los recursos genéticos son el resultado de milenios de años de evolución y pertenecen a toda la humanidad. Ellos representan el trabajo cuidadoso y el conocimiento de muchas generaciones de pueblos rurales e indígenas. Patentar y comercializar recursos genéticos por parte de compañías privadas y transnacionales debe ser prohibido. El acuerdo del Derecho de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio es inaceptable. Las comunidades campesinas tienen el derecho de usar libremente y proteger los recursos genéticos diversos, incluyendo las semillas, las cuales han sido desarrolladas por estas mismas comunidades a través de la historia. Esta es la base para lograr la soberanía alimentaria.

Ø       Soberanía Alimentaria: Reorganizando el comercio de alimentos
Los alimentos son, en primer lugar, una fuente de nutrición y únicamente en segundo lugar un artículo comercial.
Las políticas agrícolas nacionales deben darle prioridad a la producción para el consumo doméstico y la autosuficiencia alimentaria. Los alimentos de exportación no deben desplazar a la producción local ni desplomar los precios. Esto significa que el dumping por productos subsidiados para la exportación de alimentos debe cesar.
Los campesinos tienen el derecho a producir alimentos básicos esenciales para sus países y controlar el mercado de sus productos. Los precios de los alimentos en los mercados nacionales e internacionales deben ser regulados y deben reflejar el verdadero costo de producción de los mismos.
Esto asegurará que las familias campesinas tengan ingresos adecuados. No es aceptable que la comercialización de los alimentos continúe, teniendo como base la explotación económica de la gente más vulnerable ---campesinos pobres, con bajos sueldos--- y la degradación a fondo del medio ambiente. Asimismo, no es aceptable que las decisiones de comercialización y producción sean en gran parte dictadas por la necesidad de divisas extranjeras para cubrir cargas de deudas altas.
Estas deudas colocan una carga desproporcionada en los ciudadanos rurales. Exigimos sean condonadas estas deudas.

Ø       Soberanía Alimentaria: Eliminar la globalización del hambre
La soberanía alimentaria es socavada por las instituciones multilaterales y por el capital financiero especulativo. El control creciente de las compañías multinacionales sobre las políticas agrícolas del mundo ha estado propiciado por las políticas económicas de las instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Exigimos regulación y establecimiento de impuestos al capital especulativo y que sea implementado un estricto control mediante un código de conducta para las transnacionales.

Ø       Paz Social: Condición de Soberanía Alimentaría
Todos tenemos el derecho a la libertad sin violencia. Los alimentos no deben ser utilizados como un arma, el incremento de los niveles de pobreza y marginalización en el campo, junto a la opresión creciente de minorías étnicas y pueblos indígenas, agravan las situaciones de injusticia y desesperación El desplazamiento actual, la urbanización forzada y la represión a los campesinos no se puede tolerar. Denunciamos la creciente discriminación racial en las áreas rurales.
Soberanía Alimentaria: Control democrático.
Los campesinos y pequeños productores deben tener una intervención directa en la formulación de políticas agrarias en todos los niveles. Esto incluye la actual Cumbre Mundial sobre Alimentación de la cual estamos excluidos. Las Naciones Unidas y organizaciones relacionadas tienen que democratizarse para asegurar que esto se realice. Todos tenemos el derecho a la información certera y honesta y a un proceso de toma de decisiones abierto y democrático. Estos derechos son la base de buenos cuerpos de dirección, de responsabilidad de igual participación directa y activa en la toma de decisiones sobre asuntos alimentarios y rurales”.

Fuente: http://www.nyeleni2007.org

Entonces, VÍA CAMPESINA tiene un programa que ilumina caminos pletóricos de sentidos-contenidos para los de abajo en contraposición con el único capitalismo existente que nos somete a cada vez menos posibilidades de vida digna. Demuestra la falsedad y criminalidad del desprecio-racismo que los opresores inculcan respecto a los componentes de las comunidades rurales.

 

2. El hacerse cargo de los derechos de su parcialidad concreta la unidad en diversidad

En “Soberanía alimentaria: Tierra, Semillas y Alimento por la Marcha Mundial de las Mujeres” se pone de manifiesto como desde problemas y derechos particulares –en este caso de las mujeres- se llega a un bienestar común. Explican:

“Antes que los movimientos afirmasen el principio de «soberanía alimentaria», el problema social e internacional de la alimentación solamente era discutido en términos de emergencia, en caso de guerras, catástrofes o pobreza: se hablaba de Seguridad Alimentaria, lo que significa el acceso individual a los alimentos en situación de carencia, siendo estos producidos o comprados. Pero el foco estaba siempre en la compra y en las llamadas ayudas alimentarias internacionales, que imponen un hábito alimentario, como en el caso de la harina de trigo y de la leche en polvo en los años ‘60, así como usando a la población como conejito de indias, como en el caso de la distribución de maíz transgénico en los últimos años.

 

El derecho a la alimentación tiene una dimensión social y también una dimensión individual. Muchas veces al interior de las familias la comida no está bien distribuida. El preconcepto de que las niñas y las mujeres son más frágiles o que no realizan trabajos considerados pesados es usado como justificación para que ellas coman menos o coman las peores partes.

 

La garantía del derecho a la alimentación pasa por priorizar la producción local para la alimentación de la población y para asegurar el acceso de las campesinas y de las sin-tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. Pasa también por tener en cuenta el trabajo invisible que las mujeres realizan en la preparación y distribución de los alimentos. Pero no en el sentido que le dan organizaciones como el Banco Mundial, sobrecargando a las mujeres y responsabilizando sólo a ellas por la salud y bienestar de las familias en un contexto donde Estado y empresas disminuyen remuneraciones y derecho de las trabajadoras y trabajadores. Nuestro camino es reconocer que la sustentabilidad de la vida humana, en la cual la alimentación es una parte fundamental, debe estar en el centro de la economía y de la organización de la sociedad.

 

Para que haya Soberanía Alimentaria es imprescindible:

 

­ Hacer la Reforma Agraria

En todo el mundo, la tierra está muy concentrada. Las mujeres tienen, además, menor acceso a la tierra. A pesar de que en muchos países las hijas tienen por ley tanto derecho como los hijos a heredar la tierra, y que las mujeres son ‘copropietarias’ (propietarias de la mitad de los bienes constituidos durante el casamiento o unión estable) y herederas del marido o compañero, la costumbre excluye a las mujeres de ese derecho. E incluso si las mujeres son legalmente copropietarias de un establecimiento, muchas veces ellas no pueden decidir sobre cómo usar esta tierra, qué plantar o criar. (…) Para asegurar el acceso de las mujeres a la tierra tenemos que ampliar la conciencia sobre este derecho y retomar contextos políticos de Reformas Agrarias masivas con amplia distribución de tierras y límites al tamaño de la propiedad.
Es necesario garantizarles a los pueblos indígenas y a las poblaciones tradicionales el derecho a la integridad de sus territorios.
Y también fortalecer a las mujeres de estos pueblos y a su contribución en las decisiones de sus pueblos sobre cómo vivir y relacionarse con su territorio.

 

Agro-ecología ­ Garantizar el derecho de las campesinas a producir alimentos y el derecho de las consumidoras a poder decidir lo que quieren consumir, conscientes de cómo se producen los alimentos.

Una contra-reforma agraria ocurre todos los días. Muchas campesinas y campesinos dejan el trabajo en la tierra porque están endeudados y no tienen cómo competir con los grandes del agro-negocio. Hace muchos años que los gobiernos incentivan un modelo de producción agrícola industrial basado en la compra de insumos (semillas, adobos, venenos) con créditos subsidiados y en el monocultivo (plantación de una única planta en todo el establecimiento agrícola).
Este modelo es contrario a la manera de ser de campesinas y campesinos, que combinan varios tipos de cultivo y cría, que usan sus propias semillas seleccionadas por la resistencia y por el gusto que poseen y que no separan lo que es para auto-consumo y lo que es para venta. Esta manera de ser fue considerada atrasada y combatida por empresas y gobiernos.
Pero muchas campesinas y campesinos resisten.
Hoy estas maneras de producir que aproximan la agricultura a la naturaleza son reconocidas en sectores de la universidad, órganos públicos, está en la base del trabajo de muchas ONGs y son conocidas como «agro-ecología». Las mujeres se identifican con esta forma de producir porque muchas de las tareas que realizan en la producción y en el cuidado son consideradas importantes para la vida de la familia y de la comunidad, y ellas tienen más posibilidades de experimentar y ser creativas y autónomas.

Las mujeres que viven en la ciudad son también responsables por la alimentación de la familia y componen la mayoría de las profesionales del área. Ellas trabajan durante todo el día en un empleo formal o informal, en el cuidado de la casa, de la familia y de la comunidad. Cansadas y sin tener con quien compartir el trabajo de compra y preparación de los alimentos, aún insatisfechas, terminan comprando alimentos industrializados. El padrón alimentario actual es muy malo para la salud.
Pero para reverlos tenemos que cambiar la forma en la cual la sociedad se organiza: reducir las jornadas de trabajo, facilitar el transporte público y compartir el trabajo doméstico entre las personas que conviven.

 

Semillas transgénicas, ¡no! ­ Impedir a las empresas que impongan la propiedad intelectual sobre las formas de vida y comercialicen transgénicos ( alimentos genéticamente modificados). Garantizar el derecho a usar, escoger, almacenar e intercambiar libremente semillas y especies.

La radicalización de este modelo de agricultura industrial es la manipulación genética de semillas para que éstas resistan a los herbicidas producidos por las mismas empresas o para que funcionen como insecticidas. Son semillas transgénicas. Ya son comercializadas en varios países semillas de maíz, soja y algodón transgénico. Un derivado de la soja, la lecitina de soja, es muy usada como estabilizador en los alimentos industrializados. Por eso encontramos tantos alimentos que contienen transgénicos, incluso si no están con una etiqueta que lo indique. Nadie sabe exactamente lo que un alimento transgénico puede causar. Ya fueron conocidos casos de alergias o resistencia a antibióticos. Pero ya se sabe que las semillas transgénicas contaminan otras variedades de planta de esa misma especie, contaminando la naturaleza.
Las empresas que venden semillas quieren garantizar que van a recibir la ganancia de la venta y que los agricultores comprarán semillas todos los años. Por eso éstas imponen leyes y reglas que limitan el intercambio de semillas campesinas a casos excepcionales.
En la agricultura campesina son las mujeres las que más comúnmente elijen las semillas, guardan, intercambian con las compañeras. Son ellas las que están siempre queriéndose llevar una semilla, una muda, para probar en casa, para ver si crece. En este nuevo orden esta simple acción es una desobediencia civil.

 

Derecho al agua ­ Mantener el agua como un bien público es un derecho, distribuido y utilizado de forma igualitaria y sustentable.

El agua es un bien esencial para el bienestar de las personas y de la producción. En todo el mundo el acceso al agua es muy mal dividido. En áreas rurales es común que en una gran propiedad privada haya una fuente de agua o un aljibe, pero las mujeres que viven en los alrededores tienen que caminar kilómetros y kilómetros para conseguir agua. Como en la mayoría de las sociedades la responsabilidad de preparar la comida y de lavar la ropa es sólo de las mujeres, su trabajo disminuye mucho si ellas tienen una fuente de agua cerca. Comienzan a aumentar iniciativas como la construcción de cisternas para guardar agua de lluvia.

Pero todavía predomina la idea de que son necesarias grandes obras, como enormes represas y transposición de ríos. Además, en los grandes proyectos siempre se piensa primero en el uso del agua para el agro negocio o sus empresas y por último (si sobra) en el consumo y en el bienestar de las personas.
En la ola de privatización y de mercantilización de la naturaleza se expande la idea de que la forma de economizar agua sería cobrarla. Existen dos grandes empresas transnacionales que controlan el mercado del agua en el mundo, Suez y Vivendi. Ellas están metidas en muchos negocios: saneamiento y distribución del agua, explotación de fuentes de agua como si fueran minas. Donde ellas actúan los contratos son siempre perjudiciales al pueblo y a los gobiernos nacionales. Ya hubo grandes movilizaciones contra la privatización del agua y contra estas empresas en Cochabamba, en Bolivia, en Uruguay y en Argentina. Antes se decía que a nadie se le niega un vaso de agua. Pero ahora tenemos que comprar agua para beber. El mercado de agua embotellada es muy lucrativo, y controlado por pocas empresas como Nestlé o Danone.

 

La Agricultura no es una mercadería ­ Garantizar la capacidad de los países de hacer políticas para proteger a las personas que producen y consumen, oponerse a las importaciones agrícolas y el dumping, y estar a favor de una producción campesina sustentable.

La Organización Mundial del Comercio y los Tratados de Libre Comercio que Estados Unidos está imponiendo a los países de las Américas tratan a la agricultura como una mercadería. Además, el Acuerdo sobre Agricultura favorece a la agricultura industrial y subsidiada de Estados Unidos y la Unión Europea que vende sus productos a precios abajo del costo de producción para los países del Sur. Se consolida así una división internacional del trabajo en la cual los países del Sur exportan productos con uso intensivo del trabajo y recursos naturales. Ésta es también una división sexual del trabajo. Las mujeres constituyen la mayoría de los asalariados en la producción de flores, frutas y legumbres exóticas, limpieza de castañas y peces, exportados casi integralmente para países del Norte.


Este modelo acaba con la agricultura campesina e indígena. No es casual que las mayores luchas de resistencia contra estos tratados hayan sido llevadas a cabo por campesinas y campesinos y pueblos indígenas.


Las mujeres son presentadas por instituciones como el Banco Mundial como las ganadoras de este modelo porque ellas pasan a tener un salario propio. Sin embargo, las condiciones de trabajo son pésimas y la mayoría sólo encuentra trabajo cuando es joven y en períodos cortos del año. Ganan en base a la productividad y por eso trabajan intensamente, pues es con este rendimiento que vivirán durante todo el año.
Los tratados de libre comercio y las instituciones financieras multilaterales actúan para garantizar el interés de las grandes empresas transnacionales que actúan controlando desde la producción de semillas hasta la comercialización de los alimentos procesados.
En 2005 las 10 principales empresas productoras de semillas controlaban casi 50% del mercado, siendo la mayor de ellas Monsanto. Las empresas productoras de semillas ‘mejoradas’ o transgénicas y los agro-tóxicos son viejas conocidas de las mujeres. Muchas de ellas como Novartis y Bayer también producen hormonas sintéticas y anticonceptivos inyectables o por implante colonizando los cuerpos de las mujeres, de la misma manera que colonizan nuestros territorios.


La venta minorista de alimentos es cada vez más realizada por grandes supermercados. Los 10 mayores controlan 24% del mercado mundial. El primero, es la empresa estadounidense Wall Mart que controla 8% del mercado. Wall Mart compra sus productos en cualquier parte del mundo donde obtenga más ventajas, donde los productos sean más baratos por la explotación del medio ambiente y del trabajo de las mujeres. Es conocido por imponer un padrón de relaciones de trabajo: sin derechos, sin vacaciones, sin reglamentación de la jornada laboral. En 2003, 110 vendedoras de 184 Wall Mart diferentes de 30 estados en Estados Unidos se presentaron ante la justicia contra la empresa denunciando su discriminación en el pago de salarios y promociones.

Por la Soberanía Alimentaria y por la Reforma Agraria luchamos contra el poder de las transnacionales y por el derecho de los pueblos a comer, cultivar, distribuir y preparar los alimentos con autonomía, cómo decidir, sin deberle nada a nadie. En las políticas de libre comercio la alimentación es apenas una mercadería más y no un derecho. Las mujeres producen entre 60% y 80% de los alimentos en los países pobres y la mitad de la producción mundial de alimentos. Luchar contra la opresión y la explotación de las mujeres es fundamental en las luchas campesinas por la soberanía alimentaria. Luchar por la soberanía alimentaria es fundamental en las luchas de las mujeres por autonomía, por compartir responsabilidades y tareas y por la sustentabilidad de la vida humana”.
Fuente: http://www.nyeleni2007.org /6-11-06

En consecuencia, el hacerse cargo de su identidad colectiva y de la puesta en práctica de cambios que mejoren su condición humana, abre -a los distintos- perspectivas para sus propios compromisos pero, además, mejora la convivencia.
Demuestra que el Estado como representante del interés general es un mito embaucador y encubridor de las clases dominantes cuyos intereses lucrativos son totalmente incompatibles con el bienestar popular y la justicia social.

 

3. Las problemáticas vitales tienen denominadores comunes

 

 

Pablo Ramos,  desde la Redacción de la Agencia Periodística del MERCOSUR,  señala:

Las trasnacionales que extraen minerales no pueden quejarse en absoluto. Nada de impuestos ni de procesos amigables con el ambiente. Sólo ganancias”.

 

Plantea:

 

“Hace casi 90 días que en Argentina sólo se habla sobre el conflicto generado entre los productores rurales y el Gobierno federal a raíz de la aplicación desde el 11 de marzo pasado de un régimen de retenciones móviles a la exportación de cereales y oleaginosas. El campo inició un lock out que, con algún interregno, se mantiene hasta la fecha. La explicación de la Casa Rosada es que con esta medida se logra un efecto redistributivo de la riqueza de tipo progresivo y se desenganchan al mercado interno de los precios internacionales.

Pero este principio no se aplica a otro sector que atraviesa por un mejor momento que el rural. Y se trata de las empresas extranjeras que extraen minerales (todas son filiales de matrices foráneas), no pagan nada de impuestos, dejan una miseria de regalías y cuando los yacimientos se agoten sólo van a dejar… miseria.

Las inversiones en este sector primario de la economía se disparan a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196/93 (y sus modificaciones del año 1999 y 2001) y del Acuerdo Federal Minero. A su vez, en ese contubernio que significó la reforma constitucional de 1994, una de las prendas de cambio fue la "provincialización" de los recursos naturales. Por lo tanto, les cabe a las administraciones provinciales decidir cómo explotar su subsuelo.

Con la nueva legislación se fomentó la inversión privada mediante un sistema concreto, a través de distintas herramientas fiscales: facilidades arancelarias, la desgravación impositiva de las inversiones, la capitalización de las reservas mineras, estabilidad fiscal por 30 años y fija un tope del 3 por ciento a las regalías mineras que pueden cobrar las provincias.

Se mencionan versiones por 3.500 millones de dólares en inversiones mineras, y aunque las cifras son presentadas por las empresas explotadoras, no hay motivos para desconfiar. Este "boom" se produjo en un ciclo mundial de incremento sostenido de los precios de los commodities (todos los minerales lo son), mucho mayor en este sector que en el alimenticio.

Para graficar, comparemos los precios de algunos commodities en los últimos diez años. En abril de 1998, el barril de petróleo se transaba a 14 dólares, el kilogramo de oro a 9.002 dólares, la tonelada de cobre a 700 dólares y la de soja a 252 dólares. En abril pasado, el crudo cotizó a 130 dólares (subió un 829 por ciento), el oro a 32.150 dólares (subió un 257 por ciento), el cobre a 8.500 dólares (un 1.114 más) y la soja a 501 dólares (99 puntos arriba).

Si era un negocio en 1998, hoy lo es mucho más. Las compañías invierten en bienes de capital, pagan a sus operarios, pagan los impuestos, pagan las regalías y obtienen sus utilidades. Hasta aquí, el ciclo de una empresa cualquiera. Pero… aquí es donde surgen las sutiles diferencias que convierten a este en un súper negocio.

Se trata de una actividad escandalosamente exenta. Las empresas que explotan minerales en Argentina están exentas de pagar aranceles por los bienes de capital que importen; a los impuestos al Valor Agregado (IVA), Ganancias, Activos, Inmobiliario, a los Débitos y Créditos bancarios, Municipal y a los Sellos; y la tasa de estadística.

Los legisladores de entonces, no conformes con ello, beneficiaron a las futuras emprendedoras con estabilidad fiscal por 30 años. Las regalías explicamos que tienen un techo del 3 por ciento, pero allí no terminan los beneficios: son las propias empresas las que informan cuánto han exportado a través de una declaración jurada (…) la cual no puede ser cotejada debido a que no existe ningún órgano oficial con capacidad para hacerlo, y en base a esa declaración pagan las regalías a los estados provinciales.

Las ventajas continúan. No sólo no tributan ningún tipo de arancel a la exportación (popularmente conocidas como retenciones) sino que si las colocaciones externas son realizadas en puertos patagónicos obtienen un reembolso del 5 por ciento. No están obligadas a abastecer al mercado interno ni a procesar el material para su exportación; se trata de una producción netamente primaria.

Al no estar obligadas a realizar ninguna tarea adicional a la necesaria para la explotación de los yacimientos, el día que los minerales del subsuelo argentino se agoten (aún falta tiempo, por cierto), las empresas van a abandonar el país sin haber hecho ningún aporte a la región donde operaron (amén de las denuncias por delitos ambientales en su contra). Y con los bolsillos abarrotados de dólares.

Los nombres de los responsables de este despojo son conocidos; quien quiera saberlo, sólo diríjase a la Secretaría de Minería de la Nación (www.mineria.gov.ar), donde figuran quiénes votaron estas leyes infames.

Cuesta entender por qué este sector tiene tantos y tan descarados privilegios. No sabemos cuánto es el costo fiscal (lo que el Estado deja de percibir) por la desgravación minera, pero se estima que si se aplicase el mismo esquema que a los cereales y oleaginosas se recaudarían unos 6.400 millones de dólares anuales. Y cuesta entender cómo algunos propagandistas juran y perjuran que Argentina no hace lo necesario para atraer inversiones. Porque con negocios como el minero, cualquiera es empresario”.

pabloramos@prensamercosur.com.ar

Fuente: www.prensamercosur.com.ar/13-6-08

 

Que la lucha de las Asambleas de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA (www.noalamina.org) tiene un denominador común con la de la «soberanía alimentaria» se explicita en el:

 

FORO DE LA VÍA CAMPESINA SUDAMÉRICA EN ROSARIO: “Contra el Saqueo y la Contaminación, por la Soberanía Alimentaria”
Prensa De Frente titula:
Sembrando semillas de resistencia y esperanza frente al agronegocio al:

Especial Foro Vía Campesina, Rosario - Como parte de los preparativos de la V Conferencia Internacional de la Vía Campesina, a realizarse en octubre en Mozambique, se desarrolló en la ciudad de Rosario durante los días 10 y 11 de agosto el Foro “Contra el Saqueo y la Contaminación, por la Soberanía Alimentaria”, organizado por la Vía Campesina Sudamérica. A lo largo de ambas jornadas, cerca de mil delegados y delegadas de movimientos campesinos de América intercambiaron experiencias y reflexionaron sobre las consecuencias del modelo de agronegocios y posibles alternativas al mismo. El día lunes las comisiones se movilizaron por el centro rosarino.

“El objetivo primordial era unir las luchas de los últimos años en la Argentina, tener a la Vía Campesina sudamericana en Argentina, para dar un paso más en la visibilidad de sus luchas”, afirma Juan Herrero, perteneciente al Movimiento Campesino de Córdoba (MCC- MNCI). Y continúa: “con toda la discusión que se dio sobre el modelo agropecuario en los últimos meses era necesario hacerlo con fuerza, así nace la idea de un Foro abierto que pudiera dar testimonio de la Vía Campesina, que es totalmente diferente, antagónica, a la otra vía del campo entre comillas, que apareció en estos meses. También era importante que los compañeros de Argentina pudieran conocer otros campesinos de otras partes de Latinoamérica, irnos apropiando de esta idea de ‘globalizar la lucha, globalizar la esperanza’ (...)”.
Fuente:www.prensadefrente.org/ 14-8-08

        


La «soberanía alimentaria» implica Estado de derecho porque unifica la diversidad popular mediante un desarrollo alternativo al capitalista que la incluye como creadora de la sociedad, la economía y la política con orientación a atender sus distintas y comunes reivindicaciones e incorporación de sus culturas, capacidades, singularidades en las nuevas formas y contenidos de los trabajos.