Problemas Agosto 2007

Permítanme indagar juntos sobre el concepto de responsabilidad
que
orienta en por qué y cómo construir otro Estado, sociedad y país.

La responsabilidad de la persona de cada cual,
mayoritariamente
la asumimos como tener empleo o propiedad que permita
disponer ingresos para la vida familiar e individual y desempeñar lo mejor posible
la función social o la profesión implícitas.

Pero, al esforzarnos por cumplir con esos objetivos básicos de la vida humana,
descubrimos que los contenidos dados a la responsabilidad personal no bastan
para concretarlos.

La Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy, en su Declaración Fundacional,
manifiesta:

Los obreros rurales, los campesinos pobres (que trabajan ayudados sólo por su familia)
y los campesinos medios más humildes
(que contratan algunos pocos asalariados muy de vez en cuando) realizamos
el aporte fundamental
para cultivar azúcar, tabaco, frutas y hortalizas y criar todo tipo de animales para consumo.

Con los frutos de nuestro trabajo se alimenta y abriga la población del país.
Muchos de esos productos y sus derivados están entre las principales exportaciones
de la Argentina.

Ante esta realidad e injusticia social, en Santa Clara, provincia de Jujuy,
resuelven
constituir la Asociación el 25 de mayo de 2006 y en su Declaración aclaran por qué:

"Hoy delegados de varias localidades de la provincia que representamos a
centenares de verdaderos trabajadores de la tierra, decidimos organizarnos para enfrentar
estos problemas crónicos
que acabamos de señalar y así juntar fuerzas para encarar esas
y otras necesidades más urgentes e inmediatas. (...)

La mayoría nos hemos encontrado hace algunos años, especialmente a fines del 2001
y principios del 2002,
cuando la falta de trabajo se agravó a extremos insoportables y salimos a cortar rutas
y manifestar en las ciudades para que el gobierno paliara, al menos, las consecuencias
de una crisis
que no habíamos provocado. Fue así que nos incorporamos a la Corriente Clasista Combativa
para luchar junto con los desocupados de la ciudad. Gente como nosotros, que trabaja
desde niños,
nunca nos conformamos con un 'plan' ni con una caja de mercaderías. Pero el hambre
apretaba y recurrimos a esas migajas y a las pocas 'changas' que conseguíamos para
poder sobrevivir.

Ahí empezamos a darnos cuenta que era posible juntarnos y conseguir cosas que
no lograríamos nunca andando solos y que manteniéndonos aislados
nunca conseguíamos nada y siempre nos terminaban usando los punteros.
En la C.C.C.
aprendimos que las cosas «sólo se consiguen con la lucha» y que si practicamos
la unidad y decidimos las cosas democráticamente, sin imposiciones de ningún tipo,
es posible hacernos respetar y mantener nuestra dignidad,
sin andar
«colgado del saco» de algunos de los políticos de turno.

En un proceso muy difícil y siempre en base a movilizaciones conquistamos
desde la provisión de semillas, gasoil y agroquímicos,
hasta
herramientas y fondos para construir nuestras viviendas. Luego, cuando
nos enteramos de ciertos programas gubernamentales
(que los políticos tradicionales siempre mantuvieron ocultos y reservados para sus amigos),
también
luchamos para conseguir subsidios y algunas otras ayudas que nos permitieran
construir o mejorar unidades productivas en base a la solidaridad y la ayuda mutua.
Fue así que, en medio de inmensos sacrificios, fuimos armando
nuestros propios criaderos de cerdos y de truchas
o mejorando
la cría de vacas o chivos y la producción hortícola.

En consecuencia, debido a que tanto la estructura socioeconómica como
el Estado y las instituciones dominantes en la sociedad
sólo están organizados para despojar de todo y someter a las grandes mayorías,
la responsabilidad
de cada quien (entre los oprimidos) lo orienta hacia la participación en
una construcción colectiva de soluciones a problemas estructurales e inmediatos
que comparte y de lucha consecuente por realizarlas.

En casi todo el territorio hay lucha entre las clases opresoras y las oprimidas durante la cual,
de modo conciente las primeras e inconciente las segundas, ambas impulsan sistemas sociales
que se contraponen en cuanto a tenencia y uso de las tierras y sus otros recursos
y que, a la vez, implican Estados irreconciliables.

a. Desde los de abajo, se levantan bases de una producción no expulsora.

La Asociación de Trabajadores Campesinos de Jujuy proclama:

"A 95 años del Grito de Alcorta
seguimos luchando
por la tierra para el que la trabaja.

En pleno siglo XXI, la situación no ha cambiado. Los pobres del campo seguimos reclamando
la propiedad de esa tierra a la que hacemos producir pero nunca logramos que sea nuestra.

Frente a toda esta situación es que hemos decidido participar en la Marcha Nacional
que
la Federación Agraria Argentina convoca
con la consigna 95 años de lucha por una reforma agraria integral.

Hemos de marchar hasta la Plaza de Mayo junto con los trabajadores del campo de
todo el país, para plantear al gobierno nacional que de una vez por todas se adopten
políticas favorables a nuestro sector.

En particular, exigiremos el apoyo y fomento a los más humildes, que producen junto a
su familia, y a los que nunca nos llegan los subsidios ni créditos baratos
ni ventajas impositivas ni apoyo a la comercialización.
En cambio,
sí se dan a los grandes propietarios. Y sobre todo, reclamaremos que se adopten
políticas de colonización, donde los gobiernos de la Nación y la Provincia, legislen
para entregar a los productores directos las tierras fiscales y de las ociosas
de latifundistas. (...)

Solicitamos:

expropiación y colonización con entrega de los documentos de tierras ociosas
que están en manos de terratenientes en la provincia;

habilitación de una feria campesina donde hagamos llegar directamente
nuestra producción;

acceso a diferentes subsidios para los campesinos ganaderos y
fruti hortícola pobres;

acceso a maquinarias comunitarias para el campo;

destrabar proyectos productivos nuevos y ampliaciones presentados
ante Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;

capacitación para el mejoramiento fruti hortícola, ganadero, etc.".

Fuente: atcj-ccc@yahoo.com.ar
TE:0388-155023847

b. Desde el poder económico, hay pretensión de continuidad en
el embaucamiento masivo
de que sus intereses son los del país y los de su población.

En nombre de Argentina y de todos los que la componemos,
Patrick Adam,
delegado para América Latina de Smet Engineers & Contractors (Clarín//Rural 14-7-07),
nos convoca
a no desaprovechar la oportunidad histórica del país de producir agro combustibles.

En efecto, afirma:

"La Argentina tiene todo para ser uno de los grandes polos productores
del mundo
y agregar valor a sus productos: ¿No es eso acaso lo que queremos todos,
empezando por el gobierno?

Tenemos una tierra rica, el talento para cultivarla cada vez mejor y
con más responsabilidad y una gran capacidad de exportación.
Asimismo,
nuestro país está en condiciones de triunfar en la segunda generación
de biocombustibles, ya que posee una enorme disponibilidad de biomasas de desecho,
que podrían usarse para producir energía".

Especifica que

"si hay hambre es porque existe un sistema económico internacional
injusto, miope y no porque se busque sustituir una pequeña parte
del petróleo por biocombustibles";

"si existen gobernantes locos dispuestos a sustituir en el corto plazo
todo el petróleo por biocombustibles, entonces sí, se produciría
una debacle
de la misma envergadura que la que se avecina si no se desarrollan
en forma urgente energías alternativas, ¡pero nadie está pensando
en hacer eso! (...) los biocombustibles sólo pretenden y deben
ocupar un pequeño espacio en el gigantesco sector de
las energías limpias".

Habla como si no perteneciese y no representase al capitalismo mundializado e imperialista.
Desde ese disfraz, no sorprende que pretenda embaucar.
Pero
el mero hecho que el proyecto sea transformar la Argentina en uno de los grandes
polos productores pone en evidencia la mentira sobre el pequeño espacio que se dedicará
a ese fin
y por añadidura, ese espacio se expande y multiplica -como sucede con la soja transgénica-
debido a las imposiciones del 'Mercado' sobre los pequeños y medianos productores y a
las contaminantes tecnologías empleadas.

En nuestro país, como en el continente, los agro negocios son manejados por
un puñado de transnacionales a consecuencia de un proceso que
el capitalismo mundializado en alianza con todos los factores locales de poder
comienza,
mediante la dictadura cívico-militar de 1976,
en forma de instauración de un sistema financiero y
un enorme endeudamiento para encorsetar la Argentina e
imponer crecientes:

empobrecimiento del país, de la sociedad de los de abajo,
de los trabajadores y los otros componentes populares;

desmantelamiento del sector público y del orden jurídico
conquistado por la lucha de los trabajadores y el pueblo;

superexplotación de los trabajadores, los campesinos
y los pequeño-medianos propietarios.

A continuación del terrorismo de estado, los partidos mayoritarios pactaron
para responsabilizarse por
este crecimiento económico de los grandes capitales.
Alfonsín legitimó y legalizó la economía de casino sobre la productiva, a la vez,
que
promovió la creencia masiva de honrar la deuda y el posibilismo. Después, Menem y Cavallo
aplicaron el Consenso de Washington que expandió y consolidó el neoliberalismo.

Es así que las privatizaciones, la apertura externa y las desregulaciones
crearon
las condiciones propicias al copamiento del sistema agroalimentario por
las transnacionales y transnacionalizadas.

El desarrollo de los monocultivos de transgénicos para exportación
fragmenta el país
en economías de enclave que expulsan a poblaciones locales,
trabajadores, productores, campesinos y pueblos originarios.
También,
aniquila la habitabilidad futura de esos territorios al degradar totalmente
el medio ambiente mediante

arrasamiento de la biodiversidad que desequilibra los ecosistemas
originando plagas, sequías e inundaciones;

agotamiento del agua potable por alto consumo, deforestación,
modificaciones radicales de ríos y cuencas, etc.;

destrucción de la fertilidad por succión de nutrientes y muerte
de todos los seres vivos que la construyen; y

contaminación tanto química como genética.

Mariana C. Fassi advierte:

"Nos hallamos ante una nueva configuración territorial mundial,
en la que
las economías nacionales se derrumban paulatinamente y las empresas
transnacionales comandan el proceso de globalización neoliberal,
enmarcadas en una nueva legalidad internacional,
adoptada
por los estados-nación mediante nuevas normas jurídicas.

Para la concepción productivista que impulsa este proceso,
la naturaleza
es percibida como recursos naturales, lo que implica que
es objetivada y apreciada en función de su utilidad,
entendida
como materia prima e incorporada a los procesos
de producción y reproducción del sistema.

En este sentido, América Latina significa un reservorio de primera línea
de recursos estratégicos como agua, petróleo, gas, recursos mineros
y biodiversidad.(...)

El concepto de territorio debe ser entendido como un lugar construido
por las relaciones sociales
que, a su vez, son construidas por intencionalidades, definidas como ideologías.
Los movimientos sociales, los campesinos, los indígenas, los estados y los capitales
tienen sus ideologías
y son las ideologías las que, por lo tanto, producen los territorios.

Cuando se extiende la agricultura empresarial
o cuando los movimientos campesinos se enfrentan
al modelo agroindustrial,
se lleva a cabo la lucha ideológica por un territorio,
intentando transformarlo, desterritorializarlo y territorializarlo
con una relación social diferente".

Mariana C. Fassi aclara:

"El patrón tradicional del sistema productivo campesino
se basa en la diversificación productiva, lo que significa
que la prosperidad
no se asocia con la producción a gran escala de un cultivo de renta,
sino que apunta a que la variedad agropecuaria permita desarrollar
un modelo
de seguridad alimentaria y de estabilidad ante las contingencias climáticas
y del mercado agrícola.

Por otra parte,
la concepción campesina del territorio es mucho más amplia que la productivista,
que ve la naturaleza sólo como recursos explotables.

Aparece entre ambas nociones una disputa de sentidos,
dado que para los campesinos el territorio incluye el suelo y el subsuelo,
la tierra y las riquezas naturales que la rodean o están en sus entrañas.

Es a través del territorio que satisfacen sus necesidades básicas y
reproducen su estilo de vida e identidad, asociado al derecho de todos
de cubrir su subsistencia, que tiene prioridad sobre la acumulación".

Fuente: revista Periferias
Año 10, N° 13 Primer semestre 2006

De ahí que la nueva forma de apropiación y explotación de la naturaleza por
el capitalismo
origine fuerte resistencia en los campesinos, los trabajadores rurales,
los pueblos originarios, los productores y las poblaciones locales.

Premisas e hipótesis:

La apropiación y explotación de la naturaleza por el capitalismo mundializado
en los países que condena a subdesarrollo
implica
expulsión de una creciente mayoría de la población hasta de sobrevivir.

De modo que el reclamo de colonización de tierras fiscales y latifundios
y la estatización de los recursos naturales (agua, tierras, minería e hidrocarburos)
y de empresas recuperadas y privatizadas
plantea la lucha contra el neoliberalismo -actual capitalismo e imperialismo- como:

La política contra el bienestar presente y la vida futura de los de abajo,
es responsabilidad -en primer lugar- de los gobiernos de turno y de los partidos mayoritarios.

Néstor Kirchner ratifica y profundiza el saqueo de los hidrocarburos sin importarle
los padecimientos de distinto tipo que sufren los sectores populares.
Al contrario,
mantiene el dólar alto y el elevado superávit en beneficio de la exportación y
el sistema financiero regidos en acuerdo con los intereses lucrativos de los grandes capitales.

Desde Chile, Paul Walder (Punto Final), en Sangre y negocios: Cultivando desigualdades,
aclara:

Todos aquellos bienes que contienen inteligencia y valor agregado, se importan.
Un sencillo modelo que constituye la quintaesencia del neoliberalismo tercermundista.

Estos sectores productivos de materias primas, de commodities,
son la piedra angular de la economía chilena, en cuanto son también
la expresión
de una estrategia económica minuciosamente elaborada,

Así es el caso de la gran minería privada del cobre,
la que desde comienzos de los años 80 del siglo pasado ha recibido exenciones tributarias,
escándalo que
sólo hace pocos años llevó a la discusión sobre la necesidad de aplicarles un royalty,
tributo hoy vigente que no ha alterado sustancialmente las grandes garantías
que el Estado chileno ofrece a este sector.

Algo muy similar ha ocurrido y sigue sucediendo con
las plantaciones forestales,
las que han sido beneficiadas desde 1974 con un subsidio directo del Estado.

En ambos casos los receptores de estas regalías no son pequeños propietarios,
sino grandes conglomerados, tanto nacionales como extranjeros.
Las enormes garantías
que reciben estos sectores responden a una política previamente montada para favorecerlos.
Una política,
como se ha mencionado, que refuerza estas actividades
de manera unilateral respecto a otras áreas de la producción,
pero también,
una política más amplia que se extiende hacia las estrategias comerciales,
los tratados de libre comercio y la reducción de aranceles y otras barreras:
una apertura de mercado realizada prácticamente a la medida de
estos grandes conglomerados exportadores.(...)

Esta estrategia, basada en la extracción y exportación de recursos naturales,
ha ido de la mano con las políticas económicas y comerciales,
cuyo elemento clave es la apertura arancelaria y
la suscripción de acuerdos de libre comercio.(...)

No es un efecto de la naturaleza de las cosas ni de la mala gestión o mala suerte,
sino de políticas
de comercio exterior bien pensadas, las que tienen como condición prioritaria
abrir más mercados para la gran industria extractora de los recursos naturales.
Así ha sido desde hace décadas y así es en el presente".

La estrategia económica, productiva y comercial
diseñada hacia comienzos de los 70 y mantenida durante estas décadas,
muestra sus efectos como un regreso a los tiempos más primitivos del capitalismo.

En el sur de Chile, los trabajadores de estas zonas de extrema pobreza,
han pasado durante las últimas generaciones a la recolección: minera, pesquera y forestal.
No ha variado ni la relación con el trabajo ni sus condiciones de vida.

Una estrategia para permitir empresas de las más rentables de toda la región,
como se ha visto en el caso de las forestales.
Chile es así
un paraíso para los negocios con recursos naturales. Esta estrategia económica
neoliberal en su versión más bestial y tercermundista es también
la responsable de
un proceso de clara involución social, mediante el deterioro,
en poco más de una década, de la distribución de la riqueza.

"Se ha definido la oclocracia como el gobierno de la muchedumbre,
pero transformada, manipulada por intereses no siempre coincidentes
con el interés del conjunto.
Por eso,
se la deriva de la democracia pero como su forma pervertida. También,
se ha especificado que oclocracia es la acepción que caracteriza la metodología
de los gobiernos que manipulan a las mayorías para el beneficios de grupos o
de los propios gobernantes y no para el interés general.(...)

También, la oclocracia es caracterizada como la intromisión en
la administración pública de intereses corporativos y no pocos
la definen como el gobierno de los corruptos".

Desde esa proposición, la democracia tiende a ser definida desde
la lógica de organización de las economías y de las solidaridades políticas
y no necesariamente desde el concepto de mayorías,
aunque
en su promoción sean, ciertamente, invocadas como las destinatarias del bienestar.
Por eso,

¿Por qué es prioritario dejar de delegar en gobiernos intermediarios del poder económico?

"¿Cómo se manipula a las mayorías para que se legitimen
esas políticas
contrarias a sus intereses o las permitan?

¿Cómo se sustentaron esos mecanismos facilitando el implante
de los intereses de las minorías?".

La aplicación de numerosos instrumentos y sus sesgos
se justificaron
desde la imposición de condicionamientos por los organismos internacionales
de crédito como el Fondo Monetario Internacional y los bancos Mundial e
Interamericano de Desarrollo.

En sus contratos de préstamo
fueron incorporados condicionamientos que tendieron a consensuarse
con grupos de intereses locales o por sus intermediarios en los gobiernos.
De modo
que un requerimiento consensuado e incluso promovido internamente
se justificó como de raíz externa.

Otro vehículo facilitador de la transformación de las democracias
en oclocracias fue el copamiento de las burocracias
desde
el desmembramiento de las plantas permanentes de la administración pública.
Las reducciones de las plantas de funcionarios públicos, especialmente
las estructuras permanentes,
indujeron que las burocracias no operaran como redes de contención de
los intereses particulares que coparon los gobiernos. Por lo contrario,
debido a la sustitución, tendieron a dominar
la obsecuencia y el temor
en las relaciones con los detentadores de los cargos de gobierno,
facilitándose el implante de políticas claramente beneficiosas de
grupos particulares e incluso conductas nítidamente espurias.

También la estructuración de justicias complacientes facultó
la permanencia en el tiempo de los intereses de las minorías,
sustentados frecuentemente por cohechos y asignaciones sesgadas de recursos públicos.

En esa maraña legitimadora, numerosos teóricos económicos y
comunicadores mediáticos(...)
operaron para justificar las políticas aplicadas y esconder los cohechos
mediante discursos dominados por la idea de pragmatismo como forma de legitimación".

El cumplimiento de estos tres objetivos nos exige -a los de abajo- una organización política
que se responsabilice por promover el protagonismo de nuestra diversidad popular en
la creación de
su convivencia social-nacional-latinoamericana e internacional y su proyección futura.
Por lo tanto, esa organización política
deberá asumir

Reflexionemos juntos sobre las responsabilidades
implícitas en los servicios públicos que
el Estado neoliberal
no sólo ignora sino, sobre todo, las pervierte al optimizar el uso de
de la ineludible satisfacción de necesidades básicas
para extorsionar tan vitalmente como «el dinero o la vida» y
obligar a la población
a ser clientela cautiva de las transnacionales
con poder oligopólico y privilegios de manejar los servicios públicos
según su fabuloso crecimiento lucrativo y aún más, sin riesgo ni gasto alguno.

"Las privatización no se restringió a la venta o transferencia de empresas públicas
al sector privado sino que fue, a todas luces, «sistémica».
Es decir,
involucró un programa integral de reformas que al trastocar los límites Estado/ mercado
contribuyó a generar un cambio en los valores, cultura y expectativas
sobre la actividad pública".

"Lo que se ha dado en llamar «Reforma del Estado» tiene en
la política de privatizaciones, una de sus partes más sustantivas,
pero
no se resume en ella, porque también forman parte de esta transformación
otras facetas que, aunque estrechamente relacionadas por componer
un único proceso, son diferentes.

Puede afirmarse que la política de los noventa, en su conjunto, es
la culminación
de tendencias estructurales gestadas desde mediados de la década de los '70
en tensión con las crisis y mutaciones de la economía mundial,
e importa
una verdadera estrategia político-económica que
-modifica las bases de la dominación social,
-define nuevas formas de legitimación-deslegitimación estatal,
-implica un cambio profundo de las fronteras entre
el estado y la sociedad
y de los vínculos entre los distintos grupos, clases y actores sociales
que se habían configurado durante largas décadas en la Argentina.

También implica un cambio cualitativo en la relación del estado nacional
vis a vis el mercado mundial, que obliga a una redefinición de los términos tradicionales
de
los conceptos de soberanía y autonomía estatal (...)".

Mabel Thwaites Rey se refiere a otros procesos constructores del Estado neoliberal:

Este proceso se realizó avasallando los derechos de los trabajadores
a partir de crear condiciones laborales signadas por el desgaste físico
y psíquico cotidiano,
como mecanismo para impulsarlos a trocar su empleo estable por
la indemnización del denominado «retiro voluntario» que, en los hechos,
constituyó
una cesantía inducida, con el agravante de que quienes se acogían
al sistema renunciaban a la posibilidad de ser incorporados nuevamente
al estado por varios años".

En consecuencia, cuando nos comprometemos con la lucha contra la impunidad de los genocidas
durante 1976-1983,
es prioritario confrontar con el Estado neoliberal que hace posible el nuevo genocidio
implícito en el actual crecimiento económico que es diferente respecto a los noventa,
por imposibilidad de proseguir con la Convertibilidad,
pero que continúa
la profundización en la brecha entre quienes acumulan riquezas y poder
y la inmensa mayoría de la población despojada de su seguridad jurídica.

En Argentina, las grandes mayorías no sólo son despojadas de sus derechos más elementales
sino, también,
son acusadas de ser responsables de elegir a quienes desde los gobiernos y
los poderes legislativos prosiguen entronizando y arraigando la desintegración e injusticia social.

Son quienes participan de la comunidad de negocios entre el gobierno-estado y el poder económico
o quienes
son cómplices, sin intención de serlo, por asumir sus respectivas responsabilidades de
partidos políticos, periodistas e intelectuales identificados con el posicionamiento de izquierda
de un modo
que no cuestiona cómo transcienden sus funciones ni investiga qué cambios radicales
introducirles para ser coherentes con su ideología.

Porque la correlación de fuerzas se construye a partir de vincularse con
una creciente mayoría
haciéndose cargo del diálogo que la oriente a descubrir que sus necesidades y
aspiraciones pueden ser satisfechas si protagoniza la interpretación de
ideas, principios, valores y convicciones que den sentidos dignificantes a su vida cotidiana.

Pero el contubernio de todos los factores locales de poder con los Estados imperialistas
se valió y vale de nuevos métodos para desarrollar el neoliberalismo e imponer
una percepción desmovilizadora
de la condición social de la especie e individualidad humana.

La dictadura cívico-militar no sólo aplicó terrorismo de estado sino, también,
una educación informal
de rechazo a la militancia tanto política como solidaria (el "no te metas") y
de seducción tanto por la timba financiera y los juegos de azar como por
el contrabando de hormigas (la "plata dulce").

Esa maceración ideológica fue continuada por el gobierno de Raúl Alfonsín
mediante el cultivo del escepticismo, el relativismo, el nihilismo,....y
la compulsión a que
los de abajo sólo nos quedaba la obediencia debida para el Nunca Más.
Eran tiempos de conversión de la palabra democracia en
una varita mágica
que solucionaría milagrosa y súbitamente todos los grandes problemas
sin necesidad de lucha de los de abajo y si nos atrevíamos a realizarla,
por no aceptar las reglas de juego, estábamos amenazando a todos
de retroceder al pasado.

La práctica de la extorsión y el aislamiento de quienes asumíamos el compromiso ciudadano
de luchar por un país con justicia social e independiente, se reforzó con la inculcación
de honrar la deuda externa.

Como la "economía de guerra" no logró avanzar, la alianza de los grandes capitales
locales e imperialistas
volvió a aplicar terrorismo pero, esta vez, en forma de hiperinflación de modo que
posibilitó la entrada en función del gobierno de Carlos Menem con sostén
en el partido de estado que es el Justicialista
y la sociedad corporativa cuyos máximos exponentes estuvieron representados por la CGT
y la ultraderecha golpista de Bunge & Born y los Alsogaray (padre e hija).

Después pusieron a Domingo Cavallo fiel servidor de sus intereses que tradujo
el Consenso de Washington en plan de Convertibilidad.
Sin embargo,
fue fundamental para la consolidación del neoliberalismo, la política cultural
del imperialismo de Estados Unidos enmarcada en su estrategia llamada
"conflictos de baja intensidad",
es decir, utilizó las ciencias y las tecnologías de la manipulación
de las mentes y la opinión pública a diferencia de nosotros -los de izquierda-
que seguimos
con una metodología atrasada y menospreciadora de la labor artística e interdisciplinaria
para entablar el encuentro de los de abajo.

El endeudamiento externo durante la dictadura cívico-militar no sólo participó en
permitir la superación de la crisis por el capitalismo central
sino, también, se debió al enriquecimiento de los grandes grupos locales mediante
especulación financiera y fuga de capitales hacia el mercado financiero internacional.

Mediante terrorismo de estado se adjudicó deudas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
y se desfalcó a todo el sector público. Esta realidad e historia fue encubierta con
una visión
no sólo posibilista sino también pragmática y adversa al pluralismo de la diversidad popular.

Andrea López y Ruth Felder se refieren a cómo se consiguió el amplio consenso
imprescindible a las privatizaciones:

"La «crisis fiscal» unida al grado variable de satisfacción con el desempeño
del estado como prestador y las diferencias producidas en el proceso de
incorporación social
colocaban en tela de juicio los alcances concreto de la concepción universalista.

Estas contradicciones contribuyeron a revertir el consenso logrado por
el modelo estatal
de corte interventor-protector y a legitimar las teorías neoconservadoras
dando por resultado un movimiento favorable a la retirada estatal tanto
del sector productivo
como del sector servicios, que afectó de manera directa los términos
de compromiso social articulado a partir del Estado de Bienestar.(...)

Para encaminarnos hacia hacer posible la seguridad jurídica de los de abajo,
es indispensable
el giro desde la actual concepción de bienestar individual a
la de liberación social y nacional. Entonces,
pienso
que en la lucha llevada a cabo por los organismos de derechos humanos y por
otras organizaciones y personas convendría recuperar la memoria de
las convicciones e ideales dominantes entre los de abajo desde
los sesenta hasta los setenta.

Es decir, es prioritario ir contra lo que
las democracias restringidas se han esmerado en imponer:
-el olvido de los compromisos e historias de los 30.000 desaparecidos y
-el menosprecio hacia quienes no hemos claudicado y hemos madurado desde entonces.

El neoliberalismo fue predominio de la economía de casino y de los servicios sobre
la economía real o productiva durante los noventa
y es, durante este siglo, expansión de la producción
para abastecer de
materia prima al mercado mundial y utilizar el medioambiente en favor del capitalismo central
a expensas de desertificar -en todos los sentidos del verbo- a nuestro país y continente.

Frente a este presente y futuro,
nos cabe -a los de abajo- revertir esta imposición del crecimiento lucrativo de
una minúscula minoría
a costa de genocidio económico, vaciamiento de lo público en beneficio del sector privado
y degradación de las condiciones de vida y trabajo de las grandes mayorías.

Nuestro bienestar y desarrollo social será producto de nuestra organización que ya
se expresa como voluntad colectiva de

Al compartir conciencia sobre el asunto que más vitalmente los toca están ampliando y
ahondando el compromiso por resolver a un problema concreto en favor del bien común
y no de los poderes establecidos.
Por ejemplo,
el CEAMSE es rechazado por poblaciones directamente afectadas. Pese a su nombre
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado es una fuente gigantesca
de contaminación ambiental, o sea: del aire, del agua, del suelo, de los seres vivos
y de los alimentos.

Como toda área geográfica, la Metropolitana tiene realidades ecológicas que componen un sistema
sin las divisiones establecidas por el régimen social, tampoco están aisladas sino que
están en constantes interconexiones e intercambios con las regiones circundantes.
Por lo tanto,
el CEAMSE deteriora la calidad de vida de toda la gran concentración de población
de la Argentina que es Buenos Aires y su conurbano, además de afectar a otras poblaciones.

Aún más, el CEAMSE forma parte de la impunidad de la dictadura cívico-militar que se mantiene
y encubre por los formidables negocios con la basura entre las llamadas patria contratista y
clase política.
Al mismo tiempo, la ley provincial 9.111 que prohibía otro destino de la basura que no fuese
los rellenos falsamente clasificados como sanitarios y el reciclaje, también prohibía el cirujeo
que implicaba
la implementación explícita e implícita de la expulsión masiva de los más pobres de la Capital
y la erradicación de las Villas Miseria.
Hoy con Macri,
muy beneficiado por el apoderamiento de la basura metropolitana, se perfeccionan
ambas formas de usufructuar los fondos y otros bienes públicos y de aumentar
la ignominia e injusticia social
de dejar sin trabajo o sin vivienda a los más pobres que, en su mayoría,
han sido expulsados ya de su vida rural.

La diversificación de fuerzas sociales con interés en rechazar a
la minería a cielo abierto es la lucha asumida por la Unión de Asambleas Ciudadanas
de las poblaciones en las cercanías de esa explotación inmoral e irracional que realizan
transnacionales por contubernio con gobiernos provinciales y nacional.

El gobierno nacional y los provinciales tienen una política criminal de dejar esas poblaciones
sin agua ni energía destinadas en exclusividad a las corporaciones mineras, de expulsarlas
de sus producciones y trabajos también por envenenamiento del agua y contaminación del aire.
Alrededor del 75%
de electricidad es consumida por Bajo la Alumbrera en Catamarca mientras el 25% es para el Noroeste
de Argentina. Esa minera, además, ha envenenado las aguas de Río Hondo en Santiago del Estero
y las de la provincia de Tucumán.

Incluso, más allá del mineraloducto, muchas otras poblaciones lejanas se verán afectadas porque
el ciclo del agua en la naturaleza consiste en interconexiones e interdependencias de
su circulación superficial y subterráneamente hacia el mar.

En esa visión integral se sitúa el espacio Intercuencas RRR (Riachuelo, Reconquista y Río de La Plata).
www.intercuencas.org

La calidad de vida mayoritaria depende fundamentalmente de la infraestructura socioeconómica
que brindan los servicios públicos mirando hacia la atención y promoción
de necesidades básicas que previenen y sostienen la salud de la población de Argentina
sin discriminación de tipo alguno y como palancas de desarrollo social.

Andrea López y Ruth Felder aclaran sobre cambios que deben introducirse en su manejo:

La regulación social pensada en términos de protección de los derechos de
la ciudadanía,
en tanto referente más inclusivo que las categorías de «usuario» y sobre todo,
de «consumidor»,
involucra al Estado como (...) garantizador de la posibilidad efectiva de toda la población
de acceder a los servicios y control sobre un conjunto de aspectos como la protección ambiental,
la seguridad de los productos, el derecho a la información y la participación ciudadana
que constituyen
«efectos colaterales» o «características externas» para las actividades económicas".

"La privatización de servicios de infraestructura supone el abandono
de la noción de «servicio público»
propia del modelo francés -en la que el Estado posee la titularidad-
y la adopción de una perspectiva más cercana al public utility del derecho estadounidense e inglés.

El alejamiento del Estado de la prestación directa de los servicios públicos
(y por efecto, la disminución de la injerencia estatal en la definición de la planificación sectorial),
su delegación
en grupos de particulares y el diseño de un nuevo entramado institucional
de regulación y control (organismos sectoriales) redefine por completo
las relaciones (derechos y obligaciones) entre el Estado, los nuevos consorcios operadores
y los supuestos beneficiarios: usuarios, consumidores y la sociedad en conjunto.

En este contexto, puesto que el Estado simultáneamente se desentiende
de su función
de «proveer» (prestación directa) y de «prever» (planificación),
los servicios públicos adquieren el carácter de «actividades privadas reglamentadas por el Estado»
o -lo que es lo mismo- de «industrias reguladas».

Esta perspectiva convalida la lógica mercantil que supone que los receptores no son más
que «clientes» que ingresan al servicio en la medida en que puedan hacerse cargo (con dinero)
de sustentar la relación de consumo.
En este sentido,
la intervención estatal no sólo se aleja de su histórica responsabilidad por
la prestación de los servicios, sino que -al limitarse al ejercicio del poder de policía-
simultáneamente se desentiende de la planificación del desarrollo".

Por esta política neoliberal que Kirchner continúa y profundiza,
las grandes mayorías
sufren degradación medio ambiental, enfermedades y muertes evitables.
Aún peor,
el crecimiento económico sólo de los oligopolios aumenta la expulsión hasta de sobrevivir
y el desamparo absoluto en que están los desalojados de sus territorios provinciales,
obligados a migrar a las grandes ciudades.

Es retomar el "¡que se vayan todos, que no quede ni uno solo!"
pero
sabiendo -hoy- que no se trata de ocupar el Estado y las instituciones de la sociedad civil
cuyas estructuras han sido acordadas de espaldas al pueblo.

Para orientarnos en la percepción del gobierno-Estado
que enfrentamos,
debemos insertarlo en la concentración y desnacionalización
tanto económica como territorial de Argentina. De modo que
el exacerbado presidencialismo nos vuelve justificable la expropiación del Estado y de
todo espacio público por gobiernos que actúan en beneficio exclusivo del poder económico
al privilegiar sus negocios personales o grupales.

Ahora, cómo legitiman este procedimiento espurio y en consecuencia, consiguen el poder
de llevarlo a cabo.

Más aún,
en el presente, se ocupan cargos de gobierno incluso sin programas claros, diferenciados.
En realidad, la inexistencia de mandatos obligatorios faculta la transformación de
democracias en oclocracias y el empleo de la demagogia.

Ya en el gobierno, la resignación de numerosos contenidos de las campañas electorales
se estructura a partir de la formulación de las políticas económicas y de la construcción
de redes de complicidad
que copan las instituciones para beneficios grupales, generalmente:
-contrapuestos al de las mayorías;
-legitimados desde comunicadores mediáticos y teóricos; y
-sustentados por redes complacientes enquistadas en las estructuras judiciales".

El cumplimiento de estos tres objetivos, en simultáneo, plantea a la organización política
( cuyo principio esencial es procurar interrelación e intercambio permanente con las grandes mayorías)
constituir
equipos de trabajo que discutan proyectos y al mismo tiempo, se esmeren por
la comunicación social e investigación conjunta con
los agrupamientos sociales sobre sus luchas respectivas contra los ejes de desarrollo neocolonial
como son los agro negocios, la explotación-extracción petrolera, minera y pesquera
y los mega emprendimientos comerciales, turísticos e inmobiliarios.

Esos equipos o colectivos deben surgir de la unidad de voluntad de los ya formados
en las distintas áreas de
la vida social y nacional por vocación de emancipación de la opresión-represión y el maltrato.
Su composición heterogénea e interdisciplinaria favorecerá el encuentro que involucre
a las grandes mayorías en problemas que le parecen ajenos pero son vitales a su presente
y futuro y
que se resolverán en su beneficio si se adueñan de resolverlos en tal sentido.

También,
los equipos deberán responsabilizarse por vincularse con la diversidad de los trabajadores
para convencerlos, por ejemplo, que su ocupación laboral en las petroleras es incongruente
hasta con sus propios intereses personales
y que su poder expresado en el paro contra el robo a sus salarios que es el impuesto a las ganancias,
debe usarse en favor de la soberanía popular sobre las riquezas de Argentina
si no quieren quedarse sin trabajo, enfermos o burlados en su voluntad.

Sepamos que poner fin al sacrificio de las grandes mayorías para
el crecimiento económico sólo de los oligopolios
depende, también,
de nuestra responsabilidad por cambiar la situación en que nos hallamos
en nuestra ocupación laboral.

Los trabajadores de los 77 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires,
los de otras provincias o los del Hospital Francés, del Clínicas y el Garrahan en Capital
ejemplifican esa lucha que no se queda en lo salarial y la profundiza
-en empeño
contra el desmantelamiento (respecto a aparatología e insumos y personal)
de la salud pública por los poderes establecidos para hacer negocio con la enfermedad y
-en procura
tanto de la comunicación social como de la nacionalización del conflicto,
en esta última línea los médicos han constituido una organización nacional que los representa.

También los docentes de las universidades públicas de Argentina y los trabajadores
del INDEC
han asumido sus profesiones e instituciones no sólo como satisfacción
de necesidades e intereses personales sino, sobre todo, en su trascendencia social.

Un comunicado de prensa de la Comisión Normalizadora ATE - INDEC nos permite
conocer
caminos de ese nuevo compromiso ciudadano que la actual fase capitalista desafía asumir
a los trabajadores si no quieren sufrir avasallamiento de sus derechos cada vez mayor
y si procuran posibilitar el Estado responsable por el bienestar y la justicia sociales.

"Los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
llevamos ya casi siete meses de movilización permanente desde que
las autoridades tomaron la decisión de intervenir el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Pero esos resultados, que sí son públicos, han dado lugar a que
tanto el IPC como el INDEC en general sean severamente cuestionados
tanto por especialistas y técnicos como por toda la sociedad en su conjunto.

En este largo tiempo, en el que hemos intentado defender la dignidad de nuestro trabajo
no sólo
enfrentamos la constante negativa de las autoridades a discutir seriamente el problema,
sino que fuimos y somos objeto de hostigamiento por pretender
que la naturaleza técnica del trabajo -que realizamos-
no sea distorsionada
a favor de ningún interés político. Somos un organismo técnico que trabaja
para brindar datos garantizando un máximo posible de rigor metodológico y de calidad.

En ausencia de respuestas serias a este planteo elemental,
circulan
discursos que pretenden asociarnos a intereses o grupos económicos
con los que de ningún modo estamos ni estuvimos comprometidos nunca.

Concretamente y con toda claridad,
la campaña de prensa que justifica la manipulación de los datos con el argumento
de que un IPC no manipulado beneficiaría sólo a los tenedores de bonos de la deuda externa,
encubre:

No se trata del interés de los bonistas sino del de millones de asalariados y de pobres
sobre los que pesarán las consecuencias de esa manipulación,
así como de millones de ciudadanos que sostienen con sus impuestos
la actividad estadística oficial,
y no lo hacen para que se les mienta.

Si el pago a los bonistas es contrario a los intereses de la Nación,
entonces
que las autoridades políticas lo digan claramente,
instrumenten los medios necesarios para enfrentar ese problema y
convoquen en apoyo de las medidas que correspondan a la ciudadanía.

Por todo eso, convocamos a
-la opinión pública;
-las organizaciones sociales, laborales y estudiantiles;
-los ámbitos académicos y al pueblo a apoyar nuestra lucha
contra
toda manipulación política de los datos producidos por nuestro organismo.
La comunidad debe exigir ser informada verazmente.
Es su derecho.

En ese camino de responsabilizarse por funciones de un Estado mirando
por erradicar la expoliación laboral pero esta vez desde trabajadores de las privatizadas,
andan los telefónicos,
en palabras de uno de ellos:

"Frente a esta situación de una huelga que se extiende en el tiempo
-ya que las medidas de fuerza empezaron el 1º de abril- debemos
evaluar
cómo seguir, porque al acercarse fin de año tendremos encima otros reclamos
por los cuales luchar, vinculados con los trabajadores tercerizados. (...)

En octubre del 2006, se llegó a un acuerdo para que los tercerizados
pasen al convenio colectivo de trabajo de los telefónicos y puedan afiliarse a FOETRA.
Esta lucha es muy importante porque

En esos caminos de los trabajadores de autoafirmación en sus derechos y en su ciudadanía protagónica,
es fundamental que reelaboren sus culturas laborales en forma de una ideología emancipada de
la dominante.

"El nuevo estadio en la dinámica global del capitalismo histórico se caracteriza por
la sociedad de información
que profundiza la dependencia y la división de los países en desarrollados y subdesarrollados.
Al mismo tiempo, reestructura las relaciones sociales e internacionales bajo una perspectiva
exclusivamente tecnológica. (...)

La sociedad de la información tiene un impacto sobre
el patrón tecnoproductivo, direccionando el proceso de acumulación hacia nuevos modelos.
Juega
un relevante papel en la dinámica de la globalización como ideología y resulta fundamental
para la homogeneización de las pautas de consumo y divertimiento socio-cultural,
aspectos claves
para la supervivencia de una economía global caracterizada por
la concentración oligopólica, la cartelización y la unificación del proceso
diseño-producción-distribución de las grandes corporaciones transnacionales".

En la búsqueda de cómo revolucionar nuestras respectivas culturas de trabajo,
leemos a
Carlos Alemany y Eduardo Sevilla descubriéndonos que en la idea de ejercicio
por
un pueblo de su capacidad social para construir su futuro:

Los recursos son todos los elementos de una cultura que resulta necesario
poner en juego para formular y realizar un propósito social compartido.
Hay recursos materiales, de organización, intelectuales, simbólicos y emotivos.
Sin embargo,
lo fundamental es la capacidad de decisión y la autonomía, o sea, la capacidad
de los grupos sociales para optar libremente entre diversas alternativas".

Se refieren a la «extensión rural» que entienden
"como
la intervención, junto con la gente, para facilitar procesos endógenos,
agro-ecológicos, territoriales y educativos de transformación productiva,
social, económica, ambiental e institucional, planificados a través de
formas de acción colectiva
y orientados al desarrollo de sociedades sustentables. (...)

Como la propuesta de "Extensión junto con la gente" plantea
actuar privilegiadamente
en el nivel político -para fortalecer y ampliar las bases materiales
y las capacidades autónomas de decisión de las poblaciones rurales-
se desprenden de ella dos grandes líneas de acción:

En la última, se trata de ampliar lo que podríamos denominar la cultura apropiada,
aquélla en que los recursos son ajenos, pero están bajo el control de los grupos sociales
porque
les resultan importantes y necesarios para
impulsar sus procesos de transformación y cambio.

Es importante destacar que esta propuesta de extensión se halla inmersa en
relaciones sociales, específicamente en relaciones de poder.
Relaciones
que permiten actuar y planificar -con contradicciones y tensiones- en
procesos de transformación integrales (sociales, económicos, ambientales e institucionales).

El aporte de la extensión es fortalecer y ayudar a crear ámbitos y mecanismos participativos
de análisis de la realidad que permitan comprender la naturaleza y el funcionamiento de
los procesos integrales generadores de problemas y conflictos
que están ocurriendo
a nivel de las localidades. Por lo tanto, no se trata de llevar soluciones «empaquetadas»
a la comunidad, sino de «acompañar» y animar los procesos de transformación existentes
en una dinámica participativa".

Aclaran que el núcleo central de la propuesta teórica y metodológica
de
"Extensión rural junto con la gente" es, a través de este tipo de análisis,
"establecer propuestas alternativas que
-desde el desarrollo de tecnologías productivas hasta el diseño participativo de
métodos de transformación social- pueden ir introduciendo elementos de cambio
en las estructuras de poder".

Los trabajadores hoy más que nunca necesitamos emanciparnos de los poderes establecidos
por la dictadura cívico-militar y por las democracias restringidas u oclocracias
que continuaron profundizando nuestra superexplotación
y nuestra humillación de hacer posible

La Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ GAS)

En primer lugar,
la situación generada en Metrogas habla a las claras de que la política
diseñada en la década del noventa
fracasó,
no sólo por la falta de gas sino porque se carece de controles preventivos
por parte del estado y se permite un margen de discrecionalidad empresaria inusualmente alto.

Estamos hablando del caso de la única distribuidora de gas natural
con existencia de fluido suficiente para abastecer a sus usuarios y
a otras distribuidoras en situaciones de emergencia,
cuyo accionista mayoritario es el productor de gas más importante de la Argentina: Repsol-YPF.

en un día de temperaturas medias que,
a nuestro juicio, fueron consensuadas en el Comité de crisis que existe para estos casos
y que inexplicablemente aparecen ante la opinión pública como "intempestivas".

En este contexto,
queremos denunciar el accionar de Gas Natural Ban
(distribuidora de gas natural en el norte y oeste del Gran Buenos Aires)
que tiende a complicar sospechosamente la eficacia del servicio en momentos tan críticos.

En primer lugar, Gas Natural Ban intenta trasladar en estos días
todo el procesamiento del sistema comercial a España,
-modificando
unilateralmente la confidencialidad de los datos de los usuarios de su zona de actuación,
-atrasando el tiempo de respuesta del servicio de atención de urgencias y
-afectando
la contratación de servicios, de los reclamos, la lectura de medidores, los cobros
y la previsión de la demanda.

Dejamos constancia que el 2 de julio de 2007 denunciamos estas transgresiones
al Enargas, la Secretaría de Energía y la Cámara de Diputados para que
arbitren las medidas necesarias a efectos de impedir que se ejecuten los actos descriptos.

Simultáneamente,
hemos verificado la desatención de la lectura y
facturación de un sector de usuarios de Olivos y San Isidro,
a quienes incluso se les corta el servicio sin haber recibido la facturación, ni los avisos previos.
Además,
se está obligando a otro grupo de usuarios a tomar la lectura de su propio medidor
y a llamar telefónicamente a Gas Natural Ban para aportar los datos del mismo,
ya que las contratistas no realizan el trabajo en forma adecuada,
ni son controladas por la prestataria.

Por último,
se intenta aplicar una reestructuración del área comercial tercerizando
por completo los trabajos de inspección (tanto en el aspecto técnico como administrativo),
y sin prever
ningún mecanismo de control por parte de técnicos capacitados de la distribuidora,
con lo cual la posibilidad de inspeccionar este tipo de tareas será nula
y el perjuicio para los usuarios será definitivo.

Sostenemos que los órganos gubernamentales y legislativos
deben accionar
para impedir este accionar que ya está complicando la prestación del servicio y
que lo complicará aún más al debilitar los controles operativos y legales
y limitar la capacidad soberana de privilegiar el servicio público
por sobre las políticas empresariales dirigidas a la multiplicación de utilidades y
nuevos negocios que sólo fortalecen

Los cortes de ruta, las huelgas y las movilizaciones para exigir cumplimiento de derechos humanos
que son violados por gobiernos y patronales,
provocan violencias e indignaciones de otros sectores populares que
los perciben sólo en cuanto les impiden circular libremente.

Pero, además, sabemos de ferroviarios y maestros golpeados por una serie de problemas que
se dan por la degradación de vida y trabajo de las grandes mayorías.

El 26 de julio se reunieron representantes de los médicos de
los 33 hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, jefes de departamento de Urgencia,
los jefes de día de las guardias y médicos que hacen guardias.

En un comunicado, la Asociación de Médicos Municipales (AMM) señala que decidieron
formar una comisión de trabajo que
"en los próximos días elevará propuestas para solucionar la situación
que
no sólo afecta a los médicos sino también a sus pacientes".

Según Jorge Gilardi, presidente de AMM, "el médico no puede ser responsable de
cada situación:
cada vez que una ambulancia se demora, cuando faltan medicamentos, cuando se abarrotan
los servicios (...)".

El abogado penalista Marco Aurelio Real da una visión del problema de violencia:

"La sociedad está intolerante y el tema médico no puede ser una excepción.
Ahora,
si se hicieran mejoras edilicias, de nombramientos o tecnológicas, al menos
desaparecerían algunas causas de la violencia".

El médico, dicen en AMM, es quien da la cara y entienden que
el origen
de la violencia es múltiple:

-las medioambientales de las guardias( falta de aparatología e insumos);
-las condiciones de vida de la población( altos niveles de pobreza e indigencia,
droga y alcoholismo);
-la falta de atención al recurso humano, "un ejemplo, en los hospitales hay 130 servicios
sin jefe porque no los nombran, aunque ya ganaron su concurso".

"El mate es la bebida más consumida en Argentina, supera al agua mineral, cerveza, vino y gaseosas.
El 20 % de la producción corresponde al pequeño productor familiar,
un mercado que mueve más de 600 millones de dólares.

La yerba mate fue históricamente el principal cultivo de la provincia de Misiones.
Hay 18 mil plantaciones de yerba, el 81% menores a las 10 hectáreas;
10 mil familias de pequeños productores tienen menos de 6 ha,
con bajos rendimientos por hectárea porque no tienen posibilidades de invertir para renovarlas.

Los grandes productores están "integrados" y tienen sus propios secaderos,
e incluso su propio molino;
los más chicos
deben pagar para recibir este servicio o, lo que es más frecuente,
deben vender la "yerba verde", ya que no cuentan con capital para pagar el proceso de secado.

El INYM se financia con lo recaudado por la venta de 303 millones
de estampillas que abonan los tomadores de mate,
aproximadamente 8 millones de pesos anuales.

Desde que se promulgó la Ley,
el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) denuncia que,
tal como están planteadas las cosas y demostraba la historia de la yerba mate,
el INYM
no tiene poder real para hacer cumplir la Ley, ya que
todo ente regulador necesita contar con poder de compra para sostener el precio fijado.
Cuando el precio cae por exceso de oferta, el ente debería poder comprar para mantenerlo o elevarlo,
pero al no poder hacerlo, el cumplimiento del precio pasa a ser solamente la expresión de un deseo y
el Instituto sólo un ente de inspección, sin poder real de regulación.
Los hechos se encargaron de demostrarlo.

El directorio del INYM,
integrado por 12 miembros de los cuales 9 representan al sector privado,
en su reunión del 12 de julio pasado, tomó la decisión de no multar a
los empresarios que no pagaron los valores oficiales establecidos para la producción primaria,
argumentando que éstos habrían actuado obligados por cuestiones de fuerza mayor,
impuestas por el mercado.
Según explicó Ricardo Maciel, director del INYM,
"más de la mitad del directorio, algunos de ellos representantes de los secaderos
e incluso de
los productores se mostraron contrarios a que el INYM aplique multas
por considerar que no resultaría apropiado castigar
a los empresarios que no pagaron los valores oficiales".

Esta lamentable determinación del INYM y
la insuficiencia de los instrumentos legales con que se cuenta,
pone
en serio riesgo la continuidad en las chacras e incluso la alimentación básica
de más de 10 mil familias de pequeños productores, contribuyendo a la pérdida de sus tierras,
a despoblar el campo y aumentar la injusticia económica y social".
Contacto: yerbamate@titrayju.com.ar

El cumplimiento de estos tres objetivos, lo asocio con el reconocimiento y el desarrollo de
la relación entre trabajo y responsabilidad social en sus múltiples dimensiones.
Para comenzar
pienso en el sujeto de la actividad imprescindible a la vida humana y entonces, valoro
a los artistas, técnicos auxiliares de estas expresiones e intelectuales, todos obligados al doble oficio
o a mercantilizarse para manutención familiar e individual. Y sin que las mayorías tengan idea de
cuanto esfuerzo, disciplina y sacrificios cuesta esa creatividad
y por el contrario,
naturalicen que ellos no puedan dedicarse a sus vocaciones más
que sacando tiempo a otras necesidades.

Pero, además, aprecio como trabajo a las actividades de quienes se encargan del hogar y de
los campesinos y los pequeño-medianos propietarios (productores, comerciantes e
industriales).
Son menospreciadas como modalidades anacrónicas e intrascendentes de economía.
Es decir, se considera la actual situación de sometimiento e insatisfacción personal
de esos actores sociales como inherentes a esas funciones y no al capitalismo.

El sometimiento y la desvalorización del sujeto hacedor son esenciales al sistema
de apropiación del trabajo pasado y presente,
por eso,
son padecidos por todos los trabajadores. No sólo por pérdida de singularidad que
los conduce a sentirse un mero apéndice de (o rol en) un determinado funcionamiento social
(empresa o institución) sino, también,
por intensificación de obligaciones sin remuneración que las compense
y sin tiempo o sin energías para disfrutar de libertad personal.

Tal situación de despojo de su poder decidir e idear y de su producto de trabajo
que se refuerza con su verse compelidos a subordinarse por completo,
les arrebata vida humana.

Para remate, a la vida humana le es imprescindible la naturaleza como hábitat saludable y como
fuente de recursos.
Las ciencias y las tecnologías han revolucionado las posibilidades del trabajo como
transformador de la naturaleza y la biología de las personas pero la producción en
el sistema capitalista
se organiza sólo para maximizar la cuota de ganancia de los oligopolios y en el más breve plazo.
De modo que desertifica el planeta y estresa a las grandes mayorías.

El capital no implica simple apoderamiento del trabajo pasado y del presente.
Su característica esencial es el grado de densidad social que contiene.
Cuando
se describe la realidad actual se destaca la extrema concentración económica y territorial.
En otras palabras, una minúscula parte de la población -la gran burguesía-
monopoliza, planifica, dirige, y se beneficia de,
la organización social e internacional del trabajo.

El avance del sistema se da por aumento en la densidad social y mundial de las transnacionales,
o sea, en la medida que expropian a todos los trabajadores científicos-técnicos, a las tecnologías y
superexplotan tanto a colectivos y entramados laborales de gran escala como a la naturaleza.