Busquemos respuestas en la realidad de nuestro país y del continente.

 En un comunicado de prensa (del 6 de septiembre de 2005) se lee:

"El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), nuevamente se moviliza para
resistir el desalojo, sentando un importante precedente en la historia del
campo en Traslasierra:

• Porque creemos que los campesinos tienen derecho ancestral sobre la tierra.

• Porque los productores empresarios, como 
el Sr. Manuel Aires do Nacsimiento y  la familia Bovio, 
intentan apoderarse de 
la tierra y el monte, 
que siempre preservaron los campesinos, 

están
despoblando el campo y convirtiéndolo en un desierto, a través del avance
de la frontera agropecuaria".
ucatras@vdolores.com.ar

Fuente: tierra@riseup.net
www.amigosdelatierra.org.ar

 En "Desalojos y arrinconamientos de campesinos y de comunidades indígenas en la Argentina"

el Grupo de Estudios Rurales - UBA que dirige la socióloga Norma Giarraca 
y forma parte del
Instituto Gino Germani de la UBA (rural@mail.fsoc.uba.ar)
analiza cómo avanza la desertización en todos los sentidos del concepto.

La síntesis del trabajo es:

"El 17 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Campesina
recordando
la masacre ocurrida en 1996, cuando 19 campesinos sin tierra del Brasil
fueron asesinados por
la policía militar en ¨El Dorado dos Carajás¨.

En América latina -durante todo el siglo XX- se llevaron a cabo
rebeliones campesinas e indígenas
en 
reclamo de sus derechos fundamentales, basados sobre la tierra.

También,
es lamentable recordar que se desplegaron muchas masacres desde los poderes autoritarios
o los grupos paraestatales.

Como sostienen los colegas brasileños(Brumer y Tavares Dos Santos, 1998)
la tierra
es la base de la ¨ciudadanización¨ de los sectores subalternos de los mundos agrarios y rurales.

Tierra
que fue despojada a pueblos originarios que la reclaman como en el Ecuador, Bolivia o
los casos de la Ava-Guaraní, los Kollas y Mapuches en nuestro país.
Tierra
que significa el principal instrumento de trabajo, como reivindican los múltiples campesinados de la región.

En este trabajo, se recuerda el 17 de abril presentando un estado de situación en nuestro país.

Los campesinos en la Argentina no han tenido el peso ni las implicancias políticas de otros países
como México, Bolivia, Ecuador o el Brasil;
no obstante,
desde fines de la década de 1980 se han organizado para
enfrentar
la prepotencia de los actores económicos del modelo neoliberal que pretenden llegar a
un grado de concentración tal de 
la tierra
que no les preocupa arrasar con montes o personas, familias.

En el trabajo
se presenta, brevemente, este escenario de concentración registrado en el último
Censo Nacional Agropecuario de 2002 y
algunas de las acciones que se ejecutan contra las poblaciones campesinas e indígenas".

Fuente: Realidad Económica nº 203, abril/ mayo 2004,
editada por el Instituto Argentino para 
el Desarrollo Económico(IADE)    
realidadeconomica@iade.org.ar;  www.iade.org.ar

 En "Movimiento agrario y lucha social"

Rubén Eduardo de Dios de la Universidad Nacional de Santiago del Estero
(rubendedios@arnet.com.ar) 
escribe:

"Hacia fines de 1989, los diferentes grupos campesinos que se fueron articulando en 
organizaciones zonales en diversos puntos de la geografía provincial, 
decidieron 
darse una estructura organizativa de tercer grado conformada por delegados...".

De esta manera se constituyó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero( MOCASE)
para luchar por la tierra y colocar el problema en el escenario nacional e internacional.

"Hacia fines de 1998, más precisamente el 12 de octubre, se produjo un episodio en
el paraje rural de La Simona,
que marcaría un cambio en el marco referencial de las acciones colectivas del movimiento.

En ese día, se aproximaron topadoras de gran porte, sin orden judicial alguna, a los ranchos,
los sembrados y el monte nativo de los antiguos ocupantes del paraje,
con la pretensión de
provocar un desalojo compulsivo.

Para realizar esta maniobra contaban con 
el apoyo desembozado de la policía local y de civiles armados con escopetas.
Las familias campesinas
reaccionaron inmediatamente, invocando sus derechos posesorios y poniéndole el cuerpo a las topadoras,
apenas
armados con palas y machetes.

Superado este trance inicial, las topadoras tuvieron que detenerse 
y en los días siguientes las familias campesinas
lograron armar una malla de apoyo y de contención gremial y jurídica frente a las agresiones.

Con la misma celeridad con que las topadoras habían aparecido en sus vidas, se acercaron en su ayuda
un conjunto de actores,
destacando la presencia  de los principales dirigentes del MOCASE, 
de distintas ONGs de actuación en la provincia, de la Pastoral Social de la Diócesis de Santiago,
de la CTA y de diferentes sectores de la cultura provincial.

A su vez, los medios de comunicación nacionales y en segunda instancia locales, se hicieron presentes,
con una rapidez que hubiera sido impensable años atrás.
Precisamente,
una de las condiciones de éxito de este tipo de intentos de desalojo violentos e ilegales,
había sido su falta de visibilidad social,
su carácter ¨silencioso¨, lo que garantizaba su impunidad".

Estas acciones adquirieron resonancia
en la medida que
entraron en el debate público 
y en la cultura política de 
la sociedad global.

Rubén Eduardo de Dios manifiesta que, "a partir del episodio de La Simona, los dirigentes campesinos
lograron percibir, y luego introducir en su discurso, 
la cuestión de la tierra en tanto problema ambiental,
que 
afecta no sólo a los poseedores sino a la sociedad en su conjunto.

Este nuevo marco referencial se pone en sintonía o se articula con un discurso conservacionista de
los recursos naturales que tendió a instalarse en los años '90 en la sociedad global.
Además,
tuvo la virtud  colocar el conflicto por la tierra en el contexto más amplio, 
 

el conflicto entre 
la apropiación privada y la propiedad social
de
los recursos naturales y ecosistemas
(tierra, agua, biodiversidad).

Los medios de comunicación fueron un poderoso aliado 
para colocar 
en el debate público a la cuestión de la tierra como parte de un marco referencial más amplio.
En especial,
las imágenes de la televisión sobre las topadoras arrasando el bosque nativo...
lograron repercusión pública.

Hacia fines de los años '90, los principales dirigentes del MOCASE comienzan a proponer
la consigna de
una reforma agraria como ideal o como objetivo de la lucha".

La reforma agraria

Incluye no sólo la necesidad de resolver el problema de titulación de las tierras,
sino que
agrega la noción de integralidad y de sustentabilidad.

El Primer Congreso del MOCASE en Santiago del Estero(25 y 26 de noviembre de 1999)
concluye que

¨es necesario reclamar una política de desarrollo rural
que
asegure la sostenibilidad económica, ecológica y social¨.

Ahora, la demanda de una reforma agraria integral y sustentable 
no se plantea a
un Estado Benefactor, que por otra parte no existe,
sino
como propuesta de trabajo conjunto.

Sin desconocer el papel directriz del Estado, el movimiento se percibe como sujeto activo
en
la definición y eventual aplicación de la política pública.

Está presente la idea de un planeamiento estratégico que incluye la articulación 
entre
los diversos sectores involucrados en la problemática".

Fuente: Realidad Económica nº 199, octubre/ noviembre 2003,
editada por el Instituto Argentino para 
el Desarrollo Económico(IADE)    
realidadeconomica@iade.org.ar;  www.iade.org.ar

 En "Tierra y reforma agraria en América latina"

Miguel Teubal sostiene:

"En la actualidad, la lucha por la tierra
no sólo es 
-una lucha de los que no la poseen para tener acceso a ella,
sino es
-parte de un conflicto más amplio de los excluidos, marginalizados,
desocupados tanto urbanos como rurales.

Tal como lo destacan José  Vicente da Silva y Anita Brumer
forma parte de

la lucha por la ciudadanía,
las luchas democráticas por la  plena ciudadanía de la población
que
se manifiesta en escala mundial.

Asimismo, mas que una lucha por la conquista del poder estatal y la aplicación de
políticas de arriba hacia abajo
a partir de ocupar un lugar en el Estado. 

Se trata, por lo general, de
movimientos que surgen desde la base y que, a partir de allí,
se orientan hacia
la transformación de la sociedad en su conjunto.

A diferencia de lo que ocurría en el siglo XX,
estos movimientos no aparecen únicamente en contra de una oligarquía terrateniente tradicional,
dado que,
en el actual contexto sociopolítico mundial, la naturaleza de las clases dominantes o del establishment
ha cambiado sustancialmente.

En la nueva etapa de desarrollo del capitalismo mundial han surgido otras clases dominantes mundializadas
y globalizadas
aparte de las terratenientes.

La lucha por la tierra adquiere,
entonces,
otro cariz, otra perspectiva.

Se trata de una lucha en contra 

• del modelo agrario o agroindustrial,
   

• del modelo de agricultura industrial hegemónica
  en escala mundial,
  comandado,
  en gran medida, por 
  grandes empresas agroindustriales transnacionales".

Fuente: Realidad Económica nº 200, noviembre/ diciembre 2003,
editada por el Instituto Argentino para 
el Desarrollo Económico(IADE)    
realidadeconomica@iade.org.ar;  www.iade.org.ar

 En el VI Foro Social Mundial

2) ¿"Estado regulador y estado con política ambiental", 
si pudiesen existir en el capitalismo dependiente,
solucionarían 
los grandes problemas populares?

Carlos Reboratti(Clarín 17/3/06),
respecto al conflicto por la instalación de las dos pasteras de celulosa en Fray Bentos(Uruguay),
afirma:

"Para que los reclamos de un movimiento ambientalista 
(cuyo comportamiento es como el de un adolescente)
sean 
utilizados en provecho de la sociedad,
necesitan como interlocutor a un Estado
con
política clara sobre el tema ambiental y
que actúe con legitimidad, firmeza y convicción.

En nuestro caso esto resulta bastante problemático,
porque
no tenemos una política ambiental
(uno se pregunta, por ejemplo,
por qué en este conflicto no ha intervenido la Secretaría de Medio Ambiente)
y
no podemos decir que, puertas adentro, seamos preclaros defensores del ambiente,
lo que se demuestra, entre otras cosas, 
por
nuestra incapacidad de control de los impactos generados 
por las numerosas papeleras criollas.

La virtual inexistencia del Estado como interlocutor válido de
los ambientalistas 
hace que sean ellos los que -de hecho- manejen las decisiones sobre el tema de las papeleras".

Busquemos respuestas en la realidad de nuestro país. 

En el Departamento de General San Martín y sobre todo en Tartagal, hoy, se profundizó la catástrofe. 

Salta, 23 de junio de 2005 (Copenoa).- El Consejo Comunitario del pueblo indígena Río Carapari
conformado por aborígenes Guaraníes 
que habitan en el
Departamento San Martín al norte de la provincia de Salta en los límites con la república de Bolivia, 
se declaró en estado de emergencia 
ante la grave
situación de atropello que sufren por el avance sin respetar las
decisiones de la comunidad guaraní 
de parte de 
la empresa petrolera Refinor S.A. y CONTA S.R.L. 
por considerar que los trabajos iniciados 
para
el tendido del gasoducto Pocitos, Campo Durán que atraviesa 
territorio indígena de estas comunidades no cuenta con la autorización del Consejo Comunitario 
-máxima autoridad indígena- el que considera que jamás 
se advirtió 
la magnitud de las obras, 
cuánto terreno iba ser nivelado y por  lo tanto inutilizado, 
cuántas tierras destinadas al cultivo y casas destruídas, 
qué riesgos existen para la comunidad indígena, 
qué impacto
genera la construcción del gasoducto en el medio ambiente y 
qué medidas tomará la empresa para mitigarla.

Los guaraníes denuncian 
al gobierno del peronista Juan Carlos Romero que
genera mecanismos de divisiones internas entre las comunidades afectadas y
presiones permanentes 
a través del funcionario gubernamental Roque Mascarrello. 

"Quieren que firmemos convenios que no responden a la toma de
decisiones en asambleas con autoridades y pobladores indígenas de la
comunidad afectada, 
violando 
las experiencias y conocimientos, valores y principios de mujeres, jóvenes, ancianos 
y el respeto a las autoridades de
la comunidad " expresan los guaraníes en un documento público denominado
¨las tierras no son fiscales ni privadas son nuestras¨ firmado por el
Cacique Guaraní Hilario Vera, 
donde reivindican su pre existencia al  Estado como pueblo que ejerce la posesión tradicional, 
amparados en el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
 

Tartagal, Salta. 20 de julio de 2005 (Copenoa).- ante el avance en la deforestación indiscriminada 
por parte de empresarios sojeros y poroteros
y 
que esta depredación y política de alambrados, tenga
el consentimiento del gobierno de la provincia de Salta sin preocupación por 
poner en riesgo de exterminio a 
los indígenas wichís 
que viven sobre la ruta 86 en el paraje Pozo Nuevo a 35 kilómetros de la ciudad de Tartagal al norte de Salta.

Los wichí realizaron un dramático pedido de solidaridad a 
la comunidad nacional e internacional 
ante 
la aniquilación de esta etnia, única y
última cultura recolectora cazadora de la Argentina. 

“El trazado de
alambrado significan que nos están quitando vida totalmente porque en este
caso donde nosotros vemos que nos quedamos sin vida por que nuestros
alimentos los esta arrasando las empresas que están explotando los montes”
dice el Cacique Juan Vega 
a la Agencia de Noticias Copenoa que estuvo en
Pozo Nuevo, lugar donde fueron reprimidos por la policía de infantería y
donde un empresario pretende alambrar.

Información sobre la lista tierraamiga, suscripciones y archivo:
http://lists.riseup.net/www/info/tierraamiga
O visitanos en:
www.amigos.org.ar

Laura Ballatore(Clarín 8/4/06) informa:

"La crecida del río Tartagal dejó al desnudo
la marginación del norte salteño
que
padece el devastador efecto de la privatización de YPF.

Los índices de pobreza y desocupación superan ampliamente el 50%".

Por un lado, una alianza de petroleras con el Estado provincial y nacional en 
transferir al exterior todos los beneficios e invertir en negocios, 
hizo 
al casi nulo mantenimiento de la infraestructura vial y 
de obras para el manejo de la cuenca y defensas localizadas.

Por otro, la actividad depredadora de las petroleras y de la agricultura industrial realizó un enorme desmonte
sobre todo, en el Departamento Gral. San Martín y Anta, en el norte de Salta.

En el Chaco argentino, los pueblos y los ecosistemas están en riesgo.