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Abril 2005 |
(Agosto 2004) |
Democrática (volver)
Organizar la reapropiación popular de lo público
1) La reapropiación popular de las privatizadas exige un proceso de organización de un Estado y una sociedad mirando por las necesidades e intereses de la diversidad sociocultural de Argentina.
Como advirtiera Esteban Echeverría
a la generación de 1837, hay que definir palabras claves para orientar las
tareas transformadoras de la realidad social y nacional.
Máxime hoy que quienes pueden difundir masivamente sus falsedades ideológicas,
pueden censurar las propuestas de izquierda y sobre todo, pueden modelar la
interpretación mayoritaria para sembrar confusión, decepción y rechazo.
Comienzo con algunos términos sin la pretensión de precisarlos de un modo acabado. La intención es aclarar a qué me refiero cuando hablo de pueblo y de público, aparte, al primero lo define Fidel Castro en la página Interbarrial de este sitio web y otras versiones y propuestas sobre lo público las ofrezco en la página Egocentrismo del mes de abril en este sitio web.
En "pueblo"
incluyo a la inmensa mayoría de la población de Argentina que es objeto de
saqueo por todos los factores del poder local e imperialista.
En "público" abarco tanto al Estado y al patrimonio nacional
como a la vida, las responsabilidades y prácticas sociales a nivel
institucional, grupal e individual.
Con frecuencia escuchamos que privatizar los servicios es sólo optimizar la eficiencia de su gestión. Sin embargo, la reflexión sobre los servicios públicos permite ilustrar la transformación radical del Estado y la sociedad a partir de sus privatizaciones o de la instalación del régimen de propiedad oligopólico e imperialista.
Andrea López y Ruth Felder(Realidad Económica nº 163 de abril/mayo 1999) señalan que "el vertiginoso proceso de privatización de casi todas las empresas de propiedad del estado nacional", transformó de modo drástico "la relación estado/sociedad y los vínculos entre los distintos grupos, clases y actores sociales que durante largas décadas se habían configurado en Argentina.
Esta modificación de la estructura estatal y de sus capacidades en relación con la sociedad redefine, también, las relaciones de poder entre los grupos sociales, concentrando la prestación de los servicios básicos en un pequeño conglomerado de grupos altamente consolidados a partir de la estrategia privatizadora".
¿Cómo se llegó a la ruptura del consenso colectivo respecto a que el Estado debía desprenderse de esas empresas imprescindibles para la soberanía nacional y la popular?
"El agotamiento de la
actividad empresaria estatal se manifestó dramáticamente en la crisis
hiperinflacionaria.
En este escenario, las necesidades de estabillizar rápidamente la economía y
achicar la brecha fiscal actuaron como catalizadores de los argumentos acerca
del funcionamiento deficiente de los servicios y de los límites deseables de la
actividad estatal.
La situación de ineficiencia generalizada que presentaban las empresas estatales, como resultado de la falta de inversión y la adecuación de dichas empresas a los intereses de aquellos grupos y corporaciones con mayor capacidad de presión, derivó en una profunda deslegitimación del accionar del estado como asignador eficiente de los recursos de utilidad pública y por lo tanto, de su rol de garante de la equidad social".
"Desprenderse de las
empresas públicas implicaba a la vez acabar con la inflación, con la deuda
externa, con el exceso de burocracia y con la falta de productividad".
www.iade.org.ar
Andrea López(el Dipló/
agosto 2003) explicita que si bien "la crisis de la hiperinflación
garantizó la incorpora-
ción en la agenda pública de la cuestión estatal, fue facilitada -desde
mediados de los '80- por una activa campaña de
desprestigio del Estado que se motorizó desde los medios de comunicación,
grupos empresarios, organismos internacionales de crédito y el núcleo de técnicos
y consultoras que tuvieron a su cargo el <rediseño> del Estado".
Andrea López y Ruth Felder mencionan que según Mairal(1993) los servicios públicos se convierten en industrias reguladas al desentenderse el Estado de proveer y prever las necesidades públicas o de garantizar el acceso universal a las redes de servicios.
"La noción de industrias reguladas
convalida la lógica mercantil que supone que los receptores son clientes o consumidores que ingresan al servicio en la medida en que puedan pagarlo y
restringe las competencias del Estado al ejercicio del poder de policía.
Primer
problema: la eficiencia empresarial se
restringe a maximizar las utilidades. Este objetivo exclusivo de las
privatizadas demuele el Estado de derecho sacando fuera de condiciones básicas
de vida a millones de personas, anula las conquistas sociales laborales, arruina
a las pymes y colapsa las economías regionales.
También degrada el medio ambiente y la calidad de los servicios.
La catástrofe de Argentina prueba
la incompatibilidad de intereses del poder económico e imperialista con los
populares y nacionales.
Esta situación no es irreversible se puede solucionar con voluntad política.
Tareas de creación del deseo colectivo de cambio:
hacer público o socializar-nacionalizar las experiencias, reivindicaciones e investigaciones de minorías movilizadas en el país respecto a ¡que se vayan las privatizadas!;
sostener foros de deliberación pública sobre por qué esa consigna implica otras políticas públicas a enfocar en barrios, localidades, provincias, regiones,..;
sacar conclusiones que cree la opinión pública con conciencia política o capacidad de derrotar a ese polo de privilegios.
Segundo problema: no se trata que el Estado ejerza regulación porque el criterio(encima, único) de rentabilidad de las privatizadas es incompatible con los derechos de la población y de la persona al acceso y las garantías de calidad, regularidad y continuidad de los servicios públicos así como a la protección ambiental, a la información y a la participación en la gestión.
Esa limitación del Estado al rol de regulador es imposible, aún más, cuando las privatizaciones son -en realidad- copamiento imperialista de las empresas estratégicas y el Estado es neocolonial.
Mabel Thwaites Rey(el Dipló/
agosto 2003) dice:
"Una propuesta genuina de <refundar>(y no meramente
<reformar>) el Estado, no puede eludir la pregunta: ¿qué Estado para qué
proyecto de país?
No es lo mismo, por caso, plantear que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y en la vida social para dejarle las manos libres al mercado, que considerar irrenunciable la necesidad de ampliar las esferas de decisión y gestión públicas.
Por eso, la cuestión del
Estado no es 'técnica',
sino profundamente política. Los aspectos técni-
cos que involucran saberes especializados en de-
finir los mejores medios para conseguir determinados
fines, son muy importantes pero no suplantan a las
elecciones políticas y además no son neutrales.(...)
Es preciso revertir la tendencia privatista a ultranza, desmercantilizar(es decir, eliminar la idea de lucro como único motor eficaz para lograr un funcionamiento efectivo de tareas sociales básicas: salud, educación, servicios públicos, prestaciones sociales) y generar una ampliación significativa de los derechos universales de ciudadanía.
Ello no supone ensanchar el
dominio burocrático del Estado, sino implementar formas
de gestión de lo público que articulen los recursos del Estado(y 'en el
Estado') con las demandas y necesidades reales de los ciudada-
nos y sobre todo, con las potencialidades de la sociedad para decidir,
gestionar y controlar.
También es indispensable desterrar la histórica asociación entre gestión pública y descontrol del gasto, por ausencia de criterios mínimos en la definición de costos en la producción de bienes y servicios.
Una gestión pública
eficiente y con sentido social debe
-y puede, si hay voluntad política-
garantizar la recaudación de los recursos necesarios
mediante un sistema tributario progresivo y una asig-
nación austera y apropiada de los mismos".
www.eldiplo.org
Tareas de expansión y profundización de las esferas de decisión y gestión públicas:
No basta saber
sobre el contubernio gobiernos-privatizadas, sobre su saqueo y nuestros
derechos-deberes.
No habrá liberación de esos expoliadores sin un plan de lucha consecuente
con poner fin definitivo a esa impunidad, articuladora
de todas las organizaciones movilizadas contra alguna de esas privatizadas a lo
largo del país y promotora del compromiso
de una creciente mayoría de Argentina en hacer posible
esa reapropiación.
Ahora, ese plan
requiere ser elaborado en sus múltiples aspectos para efectivizar las tres
características de la lucha y decidido entre todos los partícipes en pie de
igualdad.
Pero es ineludible para el éxito pensar en cómo será la gestión de los
servicios públicos y es lo que estudia la comisión de asambleas barriales por
la recuperación de los servicios públicos privatizados, para el 29 y 30 tienen
jornadas de talleres en torno a la empresa alternativa y los modelos de gestión
pública.
abrerecuperemoslasprivatizadas@gruposyahoo.com.ar
2) La construcción de otro Estado se enraiza, también, en la lucha de las distintas minorías por la afirmación de sus respectivos derechos e identidades por un lado y por otro, en la lucha multisectorial y nacional por el cambio radical de la educación pública, la salud pública, el modo de producción y comercialización, la infraestructura socioeconómica,....y las condiciones mayoritarias de vida y trabajo.
Pero teniendo en cuenta hacia dónde
apuntan esas luchas y su complemento que Mabel Thwaites Rey(el Dipló/
agosto 2003) evalúa respecto a la refundación del Estado como poder político
del pueblo:
"Maestros, profesores, profesionales y trabajadores de la salud, científicos,
recaudadores de impuestos, inspectores de diverso tipo, investigadores,
empleados de registros civiles, etc., conforman los 'núcleos duros' de la
actividad estatal y es a partir de ellos que pueden implementarse los cambios
necesarios".
"Resultaría
revolucionario iniciar un diagnóstico a partir de darle voz genuina a quienes
protagonizan el hacer diario del Estado". Lo que aportaría al
compromiso de los trabajadores con la transformación a favor de necesi-
dades e intereses populares. También, porque la participación motivada y
voluntaria haría a un modelo de gestión más flexible y horizontal, en el que
todos los saberes aporten.
"Para lograr una
administración pública al servicio de la sociedad es preciso que emerjan y se
consoliden nue-
vas formas de hacer política que
arraiguen en la participación activa y permanente de los ciudadanos en las
definiciones que hacen a la cosa pública.
Para ello se requiere abrir las
organizaciones políticas y estatales a la sociedad, transparentando y simplifi-
cando sus actividades, de modo tal de lograr una alianza estratégica entre los
servidores públicos meritorios -electos o designados- y los ciudadanos.
En este sentido, hay que rechazar la idea de transformar a los ciudadanos en meros clientes de un organismo público.(...) Son los ciudadanos como tales, usen o no cada servicio público, quienes tienen el derecho( y una vez habilitado éste, el deber) de velar por su prestación eficiente y el equilibrio justo entre todas las áreas del Estado.(...)
Pero la cuestión de la
participación ciudadana en la toma de decisiones implica apostar a las
organizaciones sociales intermedias como interlocutores válidos en la formulación,
implementación y evaluación de políticas.
No se trata sólo de 'oir al público', sino de facilitar su real participación
democrática, abriendo todo lo posible los mecanismos de control y los canales
de participación.
En conclusión: no hay refundación del Estado posible sin una simultánea y profunda transformación de la sociedad".
Norberto Zeller y Ana Rivkin(el
Dipló/ agosto 2003) amplían:
"Desde los '90, la administración se fue poblando con un numeroso
contingente de personal contratado, cuyos salarios -financiados con créditos de
organismos internacionales- son mucho más altos que los del personal de planta
permanente, y no están necesariamente transparentados a través de los rubros
presupuestarios que computan el gasto en personal.
Esta modalidad expresa un sesgo muy fuerte de la reforma: la presencia de planteles tecnocráticos que conforman una suerte de <enclaves> en la administración, con condiciones y controles muy diferentes a los del resto del personal y que responden exclusivamente a las más altas autoridades políticas de turno, contrar- restándose toda posibilidad de configurar un verdadero cuerpo burocrático de carrera, que transfiera su experiencia y habilidades al conjunto del sector público de manera duradera".
En contraste, a partir de los '90
hubo una "fuerte tendencia hacia la contracción del empleo y la
flexibilización laboral, un aumento de la heterogeneidad contractual y
salarial, una reducción constante del empleo perma-
nente, un incremento de la distancia en la pirámide salarial y una tendencia
progresiva a la utilización del tiempo parcial en los contratos de trabajo.
A ello se suma la proliferación, en los últimos años, de las pasantías universitarias y los contratos por tiempo determinado, que marca una tendencia hacia el reemplazo del empleo permanente por formas contractuales que cuestionan derechos básicos conquistados por los trabajadores argentinos".
Recalcan que hay "mayor
participación relativa del personal dependiente de las fuerzas armadas, de
seguridad y de los servicios civiles vinculados, frente al personal que desempeña
funciones civiles, como las administra-
tivas, científicas, sociales y económicas.
Esta fisonomía estatal expresa las prioridades funcionales relativas al ejercicio del monopolio de la violencia".
Gubernamental (volver)
Destruir lo público o el potencial del pueblo
El capitalismo manipula a las clases subordinadas perfeccionando, incesantemente, la perfidia de degradar las funciones públicas, las relaciones sociales, las conductas grupales e individuales y sobre todo, la política partidaria.
En ese marco de referencia, se explica que el presidente Kirchner acierte a convencer pese a expresarse de un modo tan menospreciador de la dignidad humana de las mayorías que promueve
la lealtad ciega o el fanatismo,
el distanciamiento de la deliberación pública,
el desconocimiento de las culturas políticas e ideológicas,
los enfrentamientos falsos por ser entre sectores populares o contra un componente del poder económico,
la autopercepción como mero consumidor aislado e inmerso en absoluta debilidad ante oligopolios,
la ignorancia de las criminales responsabilidades presidenciales y gubernamentales.
En respuesta al diario La Nación que acusa al Gobierno de impulsar el boicot a empresas privatizadas por parte de piqueteros oficialistas, el presidente Néstor Kirchner negó digitar manifestaciones y utilizar a un sector de los piqueteros como "grupos de choque" porque le parece "incorrecto todo lo que perturbe la tranquilidad y la vida pública".
Néstor Kirchner aclaró:
"El Gobierno no digita ni manifestaciones a favor ni en contra, hay
gente que está a favor o en contra de determinado tema, esa
es la vida democrática, no grupos de choques.(...)
En los años '76, '77 le hubiera gustado leer en la tapa de ese diario: hay
grupos de tareas que se están llevando a los ciudadanos que piensan distinto
del gobierno".
Por la tarde, el presidente Kirchner
dijo en San Fernando:
Las empresas Shell y Esso le estaban metiendo la mano en el bolsillo a los argentinos. Me dijeron que con ese discurso estaba espantando las inversiones, pero ¿quién quiere inversiones a costa del pueblo argentino?.
No le compren más al que aumenta, porque sino se van a creer que al pueblo argentino es cuestión de aumentarle y listo.
En octubre no va a haber elecciones entre partidos e ideologías diferentes, van a elecciones los que aman a la Argentina y los que quieren volver atrás.
Si el
pueblo me plebiscita y me da fuerzas, en
octubre vamos a seguir profundizando los cambios.
Clarín 18 de marzo de 2005
En lugar de promover boicot que es
una medida desde la sociedad civil, el Presidente cuenta con otros resortes al
detentar el poder político y sobre todo, debería dirigirlo hacia Repsol.
Al respecto, Claudio Scaletta(Página/12 del 14 de marzo de 2005)
manifiesta:
"el dato central es que la Argentina presenta el caso de un país
productor donde los consumidores pagan el combustible a precio internacional,
esto es, como si fuese importado.(...)
El economista del Grupo Moreno Félix Herrero señaló la necesidad de seguir la experiencia de otros países productores que tienen dos precios, uno para sus usuarios en el mercado interno y otro de exportación.
El argumento del Gobierno es que para conseguir esta diferencia ya se establecieron las retenciones.(...)
Pero el diputado socialista Héctor Polino las consideró insuficientes y que sólo representan un porcentaje del precio internacional a beneficio más del Tesoro que de los usuarios.
Polino y Herrera coinciden que no acercan el precio del crudo a su valor de producción entre 4 y 12 dólares el barril de acuerdo con el yacimiento".
Eduardo Aliverti(Página/12
del 14 de marzo de 2005) advierte:
"Hay algo esencial para entender la alarma de Kirchner. La inflación
es un acontecimiento tangible, palpable, que afecta de modo directo el humor
social.
Si los precios aumentan en un volumen inesperado, no hay, como en el caso de los títulos <a la par> o de los acuerdos con el FMI, la posibilidad de presentar el asunto como una abstracción numérica que queda a kilómetros del entendimiento popular.(...)
Kirchner está preocupado porque éste podría llegar a ser un símbolo explícito de cuánto está dispuesto a enfrentarse con el poder de la acción para adentro y no de la boca para afuera".
Daniel Muchnik (Clarín
28/3/05), en su nota "Una trama oscura y compleja detrás del alza del
costo de vida", denuncia:
"La suba de precios que erosiona el poder de compra de importantes
sectores obedece a varios factores de presión que no son
circunstanciales", obedecen a la estructura socioeconómica.
"Entre esos factores se destacan
la falta de ampliación de la capacidad productiva,
la estructura oligopólica de producción y comercialización,
los prometidos aumentos de tarifas de los servicios públicos y
el ingreso de inflación importada.
Mucho más en el caso de la
Argentina, donde el peso acompañó la devaluación del dólar.
El vaivén del nivel del peso es un elemento de encarecimiento de los precios
internos y convalida los retoques para arriba en los precios de la industria doméstica,
aprovechando la mayor protección efectiva de que dispo-
ne la mayoría de las actividades productivas.
El objetivo de seguir
devaluando el peso....es para cobrar más retenciones a las exportaciones y
derechos de importación al ingreso de productos.
El fin es contar con el mayor superávit fiscal posible.
El destino de ese superávit, se ve, es el pago de los servicios de la deuda
externa.
De esta manera, aunque muy pocos lo dicen, el endeudamiento que sigue incesante, es otro factor de sobrecosto para toda la sociedad, que se traduce en un peso débil y precios internos más altos. También:
una gran parte de la deuda externa está nominada en pesos ajustables por la inflación tras el esfuerzo del canje y su éxito, entonces, cada incremento de los precios internos eleva el endeudamiento argentino;
el Estado otorga 'promociones' a destacados grupos económicos(que igualmente invertirían en la Argentina sin este tipo de respaldo oficial) que tienen un alto costo fiscal, lo que significa que el Estado resigna cobrar impuestos" al poder económico local e imperialista.
El presidente Kirchner promovió
el gran festejo al canje.
Lo aprovechó para hacer público el narcotráfico vía SW que subsidió en
forma millonaria y protegió. Después de este destape, corrió a cumplir con
planes del imperialismo yanqui al instalar LAN 'Chile', en verdad American
Airlines, a través de un vertiginoso procedimiento irregular.
Y usó lo de SW para facilitar el
cumplimiento con las exigencias del secretario de Defensa de EE.UU., Donald
Rumsfeld.
Pero, "la deuda externa creció 2.606 millones de
dólares" a partir del canje que, a la vez, la legitima.
Ismael Bermúdez (Clarín 25/3/05) explica que ese aumento "se debe a que los nuevos bonos fueron emitidos el 31 de diciembre de 2003. Y desde, entonces, hubo tres factores que la hicieron crecer: la parte de la deuda en pesos que se ajusta por la inflación, la revaluación de monedas como euros y yenes y la capitalización de intereses de los bonos de Descuento y Cuasi Par".
Al mismo tiempo del canje, del
ataque a Shell y Esso, Kirchner viaja a Chile que ya firmó el ALCA.
Victoria Ginzberg(Página/12, 14-3-05) dice:
"Kirchner se encontrará hoy, por la mañana, con su par chileno Ricardo
Lagos para tratar la provisión de gas, el acuerdo con la línea aérea Lan, la
expulsión del ex cabo nazi Paul Schaefer, las islas Malvinas y la
situación de Bolivia y Haití".
Ariel Basteiro (Nuestra
Propuesta 17/3/05) entrevistado por Cheché Dolberg declaró:
"Los de Lan hace dos años entraron en Perú y destruyeron e hicieron
desaparecer a las otras dos empresas aéreas que había; también penetraron en
Ecuador y en Dominicana con Lan Ecuador y Lan Dominicana respectivamente.
En ambos países hicieron desaparecer a las otras empresas de cabotaje con precios dumping.(...)
Cuando abrimos nuestros cielos, estamos abriendo el segundo mercado aerocomercial más importante de Latinoamérica, ponemos en peligro las condiciones laborales de los trabajadores argentinos y se amenaza con el cierre de las otras empresas aéreas en Argentina.
Es propio de la monopolización disparar los precios de los pasajes y no interesarse por volar las zonas de fomento nacional, hay un montón de ciudades con menos de 200 mil habitantes que no tienen transporte aéreocomercial y lo necesitan.
Es difícil que hagan acá un hangar para centro de mantenimiento cuando ya lo tienen a una hora de aquí, Santiago de Chile.
Es iluso creer que
desarrollen un gran Call Center porque ya tienen uno superequipado en
Santiago de Chile y lo mismo si se tratara de hacer un centro de capacitación
de pilotos u otras oficinas administra-
tivas. No tiene sentido para ellos repetir estructuras costosas, por
lo tanto, es más sensato pensar que sólo van a tener algunos pocos
empleados en los aeropuertos, para despachar los vuelos, algunos pilotos y
tripulantes, y paremos de contar.
Esto sucede porque el Gobierno
no ha tomado la decisión de crear y sostener una empresa nacional, tal
cual era el proyecto original de Lafsa o como fuera Aerolíneas
Argentinas".
A cinco días de la visita de Donald Rumsfeld a la Argentina(Clarín
18/3/05), leemos:
>"El jefe del Comando
Sur, Bantz Craddock, dijo ayer -ante el Congreso de su país- que el
terrorismo y el narcotráfico son los principales desafíos de la región" y
"es importante que haya coordinación no sólo entre países sino
hacia el interior de cada país, entre las diferentes agencias, para que la
lucha sea eficaz".
Ver en este sitio web sobre el Comando Sur en página
Respuestas del mes de enero.
>En la Argentina, "Diputados
dejó dos leyes en suspenso sobre terrorismo".
Nuestra Propuesta nº 718(24/3/05), semanario del partido comunista
argentino, informa:
El diputado
bonaerense por Izquierda Unida, León Zimerman, presentó un proyecto de
declaración en el que expresa su preocupación ante el tratamiento en el
Congreso Nacional de la ratificación, a impulso del Gobierno y la bancada
oficialista, de la Convención Interamericana contra el terrorismo y la aprobación
del Convenio Inter-
nacional para la represión de la financiación del terrorismo.
El abogado comunista, muy reconocido en su lucha por los derechos humanos de los pobres, indicó que:"el cuerpo conceptual de ambos proyectos es el mismo y la primera observación jurídica es que las normas internacionales referidas no definen el delito de terrorismo que se pretende combatir".
Asimismo, manifestó que "se dirigen únicamente al terrorismo practicado por individuos o grupos, sin ocuparse para nada del terrorismo de Estado que, como nos prueba la bruta experiencia de las dictaduras del Cono Sur, constituye una grave y generalizada violación de los derechos humanos".
Y añadió que "la imprecisión en la caracterización del delito permitirá interpretaciones arbitrarias por parte de los estados, abriendo paso a la penalización de la protesta social y la condena a los luchadores populares, en especial a quienes se permitan cuestionar el régimen de gobierno o el sistema de injusticia imperante.(...)
"Ello puede llevar a
violaciones flagrantes
a los derechos humanos de opinión y de
expresión y al derecho del debido proceso,
como las que se están produciendo, de mo-
do masivo, actualmente, en los EE.UU. tras
el atentado a las Torres Gemelas.
Es imposible omitir la
referencia al contexto internacional en que se inscribe la promoción de estos
instru-
mentos jurídicos, llamados de prevención del terrorismo e inspirados en la
doctrina de Bush (también denomi-
nada cruzada anti terrorista) en virtud de la cual el gobierno de los EE.UU. se
atribuye el derecho de desatar una 'guerra preventiva' contra cualquier país a
quien considere su enemigo real o potencial, incluyendo el de-
recho de amenazar e invadir un país soberano, masacrar a su pueblo, instalar
una red de bases militares de control y espionaje mundial, todo lo cual no sirve
a los fines de combatir el terrorismo sino para afirmar su es-
trategia integral de dominación y expoliación de los pueblos".
www.pca.org.ar
El 21 de marzo a la
noche llegó Donald Rumsfeld, el Jefe del Pentágono, ¿a qué vino?
El editorial de Nuestra Propuesta(24/3/05) señala que "viene a
presionar al Congreso para que vote las leyes antiterroristas, insistir en el
pedido de garantías de inmunidad para las tropas de su país, con el objetivo
de reanudar las maniobras militares conjuntas basadas en las hipótesis de
conflictos en la región, así como a asegurar a las empresas norteamericanas la
radarización de los cielos argentinos.
Rumsfeld representa al gobierno
más terrorista y genocida del mundo, y es uno de los halcones más guerreristas
de la administración norteamericana.
Primero armó a Sadam contra Irán, y después promovió el genocidio más
brutal contra el pueblo de Irak".
El gobierno de Kirchner
apoyó la nominación de Paul Wolfowitz a presidente del Banco Mundial cuando es el subjefe del Pentágono y uno de los máximos criminales contra la humanidad en la invasión y ocupación de Irak;
ratificó a Rumsfeld la compra radares(un negocio de más de mil millones de dólares) en contra de la empresa estatal INVAP;
se comprometió con Runsfeld en acuerdos de 'cooperación' en la seguridad hemisférica y de ejercicios militares conjuntos;
acordó que agentes de EE.UU. controlen la Aduana del puerto y aeropuerto de Buenos Aires;
sigue avanzando en las privatizaciones fraudulentas y les perfecciona, a las ya existentes, la succión de riquezas al pueblo.
El mayor terrorista -actual- George Bush telefoneó a Kirchner para felicitarlo por el "progreso económico", lo elogió por su papel en la crisis boliviana y le dijo que le preocupa la "agresividad" de Chávez con Washington.
Pero el 24
de marzo de 2005 inició el esclarecimiento y la definición de la posición
ante, y de, Kirchner.
El presidente 'de los derechos humanos y reivindicador de los desaparecidos' se
fue de vacaciones muy lejos, a un lugar turístico de su provincia. Mientras
masivas movilizaciones recordaban el genocidio que hizo posible la concentración
y desnacionalización económica impulsada a progresar, desde hace dos años,
por Kirchner-Lavagna.
La izquierda política y social levantó las consignas:
Basta de impunidad, hambre, entrega y represión.
Cárcel efectiva a los genocidas.
Basta de jueces cómplices. Anulación de los indultos a los genocidas.
Restitución de la identidad a los 500 jóvenes apropiados.
Cárcel a los responsables materiales y políticos de la masacre de Cromañón.
Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre y del puente Pueyrredón.
Libertad a los presos políticos.
Amnistía o desprocesamiento de los luchadores populares.
No al pago de la deuda.
No al acuerdo con el FMI.
No al ALCA.