I. ((VOLVER))

Correspondiente a la primera hipótesis

El análisis del porqué la democracia restringida criminaliza tanto la pobreza como la protesta social nos lo brinda el: Especial de la Agencia de Noticias Red Acción - A 33 años del golpe genocida

Crímenes de ayer y de hoy

"La represión siempre apunta hacia distintos sectores, hacia aquellos que los sectores dominantes marcan como peligrosos. Los miles de desapariciones forzadas, los campos de concentración regando el territorio argentino y las torturas sin tiempo constituyeron el sello de la última dictadura. Los asesinatos de los pibes pobres en los barrios, las razzias y los tormentos en las cárceles parecen ser moneda corriente en los tiempos que corren. En tanto, la constante del asesinato a militantes políticos que protagonizan diferentes conflictos sociales suele percibirse como algo más que una reminiscencia. ANRed dialogó con Sergio Smietniansky y Mariana Lisi, integrantes de la CORREPI Sur, para tratar de reflejar las continuidades y rupturas en la metodología represiva.

-ANRed: ¿Cómo se explica la continuidad represiva entre la dictadura genocida y los diferentes gobiernos constitucionales?

-Sergio Smietniansky: A partir de la doctrina de la seguridad nacional, se crea la lógica del enemigo interno, que es ni más ni menos que el pueblo, y se utiliza a las fuerzas armadas para reprimir a ese enemigo interno.

El 10 de diciembre de 1983, que es cuando comienza el período que denominamos como "institucional", se reformula ese concepto de la doctrina de la seguridad nacional por un concepto de doctrina de la seguridad social. A partir de esa fecha, ese rol ejecutor de control social y de preservar las bases del sistema se va a desplazar desde las fuerzas armadas hacia las fuerzas policiales. Lo cual no quiere decir que en la dictadura únicamente las fuerzas armadas hayan tenido una lógica represiva, sino que fueron su principal ejecutor pero, obviamente, todas las fuerzas represivas del Estado cumplían la función de imponer ese control social. A partir del 83, esa lógica se modifica en el actor social y las policías pasan a ser la fuerza represiva por excelencia que intentará garantizar el control sistémico.

-A: ¿Cuáles son esas nuevas modalidades represivas que se perciben a partir del fin de la dictadura?

-S.S.: El gatillo fácil lo que viene a destruirles es el sueño ochentista del "Nunca Más", que se derrumba al muy poco tiempo porque en la Argentina se sigue torturando, se sigue asesinando y reprimiendo, con la intensidad acorde a las nuevas características, pero sigue siendo una cuestión absolutamente sistemática. Eso quiere decir que detrás del policía que aprieta el gatillo hay un crimen de Estado porque hay toda una estructura del Estado que va a intentar garantizar esa impunidad.

-A: ¿Hacia qué sectores estará dirigida la represión en el período institucional?

-S. S: Así como la represión y la dictadura tuvieron una dirección que fue hacia todas aquellas organizaciones, compañeros que luchaban en contra el sistema y la dictadura, con el advenimiento de este período institucional esa represión va a ser direccionada hacia los pobres. La mano de obra excluida es vida descartable y, por ende, para el sistema esas vidas no valen nada. Esa es la «lógica del gatillo fácil»: Es un aniquilamiento de clase. Cuando miramos los listados de las víctimas del gatillo fácil, vamos a encontrar una lógica que se va reiterar en un 99 por ciento de los casos: estamos hablando de víctimas pobres y jóvenes.

-Mariana Lisi: También está este intento de plantear que ser joven y pobre implica ser un presunto delincuente. Es una concepción que se implantó socialmente y sigue absolutamente arraigada. En ese momento se daba esa lógica que hemos visto en la dictadura: "Por algo será", "En algo andarán".

-A: ¿Cómo opera la «criminalización de la pobreza»?

-S.S: La «criminalización de la pobreza» también es un método de disciplinamiento de la clase, que se va adecuando a las diferentes épocas. Desde la época del virreinato del Río de La Plata existían bandos policiales que establecían la expulsión de aquellos que no pudiesen acreditar trabajo. Si tomamos el Martín Fierro vamos a ver que en sus versos se nombra directamente: "Sin saber adónde ir, me tildaron de ser vago y entraron a perseguirme". La idea de que en ese momento el gaucho era sangre barata para regar los campos y eran alistados para el ejército.

Ahora no te mandan a los cuarteles ni te destierran en el sur pero está la lógica absolutamente nazi de modificar la pena de acto por la de autor, adonde te castigan no por lo que hacés sino por lo que sos. Esto es algo que se aplica sistemáticamente en la Argentina. Los códigos de falta son códigos que apuntan a ejercer ese control social y a criminalizar a las grandes mayorías, justamente, todo lo contrario de lo que se piensa cuando se dice que es para perseguir a las minorías. Porque si se persigue a los pobres, por orientación sexual, por actividad política y gremial, todo lo que se criminaliza es a las grandes mayorías.

Había un filósofo, Cesare Lombrosso, que manifestaba que los delincuentes eran detectados desde el nacimiento por sus características. Acá se aplica porque en la Argentina ser mendigo implica ser privado de tu libertad; entonces, la concepción nazi está siendo puesta en práctica. En realidad, la criminalización de la pobreza y la persecución de los pobres por el hecho de serlo está tan clara como esa frase de Cristina Fernández: "La policía detiene, detiene; la justicia libera, libera", que ni siquiera es cierta porque la justicia encarcela, encarcela. Porque las cárceles están llenas de pobres porque eso es una represión de clase.

-M.L: En la dictadura, la represión estaba dirigida en particular a las organizaciones populares, que desde diversas visiones luchaban por cambiar el sistema. Hoy, la prioridad es salvaguardar la propiedad privada de la clase dominante de amenazas individuales o colectivas.

-A: ¿Cómo se combina la persecución política con los crímenes de gatillo fácil?

-S.S: Esa lógica de gatillo fácil se termina de cerrar cuando es asesinado- en San Francisco Solano- Agustín Ramírez. Porque él también era joven, pobre, pero además era un militante político y social. Lo van a buscar puntualmente por su condición de militante en lo que se conoce como la masacre de San Francisco Solano, donde primero asesinan a Javier Sotelo, que es un vecino físicamente muy parecido a él. Cuando se dan cuenta del error, terminan asesinando a Agustín Ramírez. Desde 1983 a estos días, se va a reiterar el asesinato de personas que son militantes políticos o están en circunstancias de conflictos sociales.

-A: ¿Cuánta de la metodología represiva se hereda de la dictadura?

-S.S: En la Argentina los gobiernos supuestamente democráticos seguían secuestrando y desapareciendo como en el caso de Miguel Bru y Núñez, que es mucho menos conocido porque era un obrero y la cuestión de clase sigue operando. Recién con el caso Cabezas el tema se pone sobre la palestra y se quiere deformar esa cuestión, planteándola como la muerte del periodista pero no como el asesinato de un laburante sino como un ataque a la libertad de los medios de prensa. Los métodos eran los mismos que se venían produciendo en lo que se denunciaba y son los mismos de la dictadura.

Es decir, la lógica de la zona liberada, de la intervención directa de la policía y del empresario. Como el enemigo tiene mucha habilidad, usa algo que es muy dialéctico: plantear el problema de la maldita policía. Porque si hay una maldita policía, necesariamente tiene que haber una bendita policía. El problema era la manzana podrida y, como ejemplo, estaba el policía bueno que se había subido al árbol a bajarle el gato a doña Teresa.

-A: ¿Cuál es la función que les atañe a las fuerzas policiales en esta doctrina de la seguridad social?

-S.S: Decimos que el rol de las policías es ejercer el control social. Pero además decimos que el rol que ellos alegan que cumplen, que es el de garantizar la seguridad, es tan falso que son la asociación ilícita más grande de este país. Afirmamos que el negocio del narcotráfico, del robo automotor, la explotación de mujeres en estado de prostitución está vinculados a la policía. Y, por supuesto que si hacemos el ejercicio mental de buscar un solo caso de secuestro extorsivo donde no esté vinculada la policía, nos vamos a dar cuenta que si sumamos todos los casos, no encontramos uno solo. Eso también tiene que ver con las consecuencias de la dictadura. Ni siquiera estamos diciendo que es mano de obra que viene de esa época sino que estamos hablando de una institución cuya lógica represiva la lleva a que se reproduzcan todos los métodos represivos.

Por eso, si tomamos el caso de Sergio Durán en Morón, vamos a encontrar que el pibe fue asesinado por descarga de picana eléctrica y no era un militante político; el submarino seco es algo habitual.

Lo que se ve bajo este gobierno autoproclamado de los Derechos Humanos, si tomamos las estadísticas de muertes en las cárceles, es un aniquilamiento sistemático de personas. El gatillo fácil no ha bajado sus índices ni ha sido modificado por ninguno de estos gobiernos. En realidad, si intentamos encontrar las grandes diferencias de matices en lo que quieren de la policía entre Felipe Solá, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Elisa Carrió, nos van a reventar los sesos y, en realidad, no las vamos a encontrar porque el proyecto represivo sigue siendo el mismo. Hace una semana asistimos a la novela del caso Bergara donde en cada cosa que levantabas, estaba la policía. Evidentemente esa lógica que se utiliza para cuestiones no políticas, mucho más se emplea para las que sí lo son.

-A: ¿Qué rol le toca a «la justicia» en todo este esquema represivo?

-S.S: Detrás del gatillo fácil, lo que viene es la absolución fácil. Por eso decimos que cuando hablamos de gatillo fácil estamos hablando de un crimen de Estado. El tipo que aprieta el gatillo sabe que tiene toda una estructura, que incluye al poder judicial, que va intentar garantizarle la impunidad. En la medida que pueda haber organización y lucha, se van generando grietas y hay policías que pueden ser llevados a prisión. Si uno mira las estadísticas de casos de gatillo fácil y la estadística de policías detenidos por esos casos, nos vamos a dar cuenta de que los índices que manejamos con los genocidas son parecidos. La mayoría de los represores están impunes, en libertad y, en el caso de gatillo fácil, en actividad. La lógica del enfrentamiento está absolutamente institucionalizada.

Para que haya impunidad, necesariamente tiene que haber represión. De hecho, la impunidad es la consecuencia de la represión y son dos caras de una misma moneda. Forman parte de las políticas sistémicas del estado y los diferentes gobiernos- con sus diferentes matices- las han venido sosteniendo.

-A: ¿Qué particularidades a la hora de reprimir tuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner?

 -S. S: Este gobierno intenta lograr el mayor consenso posible con toda la represión necesaria. La idea es la cortina de humo pero si un conflicto social se intensifica y no lo puede resolver mediante la cooptación, la respuesta inmediata es la represión. Otra característica particular del gobierno de los Kirchner es la utilización de patotas que se usan para romper huelgas o reprimir conflictos de manera "paraestatal". Es una lógica que se profundizó con estos gobiernos.

La «ley antiterrorista» es un instrumento represivo digitado por Estados Unidos y que este gobierno sancionó y que apunta a reproducir el derecho penal del enemigo. Es decir, todos aquellos que somos opositores a este gobierno podemos ser tildados de terroristas si nos atenemos a lo que dice la ley (incluso en algunos puntos hasta se queda corta). Evidentemente, hay una persecución hacia las organizaciones y los militantes populares que también se trasluce en el hecho de que es el gobierno que más presos políticos propios ha tenido. También, se reproduce en la lógica de extraditar a los campesinos paraguayos, de mandar tropas a Haití. No hay una política diferente en lo esencial a los otros gobiernos. Es más, hay una profundización. Si hay un gran mérito de los Kirchner es la gran habilidad que tienen para vender humo, o sea, para decir que modifican algo para no modificar nada.

-A: ¿Cómo se pone en juego la continuidad represiva con la desaparición de Jorge Julio López?

-S.S: Julio López es una evidencia de eso. Desde un primer momento, sostuvimos que necesariamente había participado la policía del secuestro de Julio López. O sea, no son los siniestros represores que se levantaron. Evidentemente, han participado directamente esos represores que están siendo intentados llevar a juicio por la lucha de tantos años de los compañeros. Pero, necesariamente, con las fuerzas represivas actuales, y ahí es donde la responsabilidad de este gobierno es directa, y la inactividad judicial y la impunidad que ha rodeado a la causa de Julio López.

-A: ¿Qué función cumplen los medios masivos de comunicación a la hora de legitimar la represión?

-S.S: Siempre encuentran la manera de generar el discurso de manera tal que el propio pueblo tome el discurso del enemigo. Eso no es seguridad sino seguridad del régimen y siempre te van a vender el melón de turno. La semana pasada estábamos llorando al policía bueno que cruzaba a los chicos. Cuando en realidad es imposible que un policía de 40 años en la fuerza no sea cómplice de robos, torturas y secuestros. Un tipo no puede estar cruzando a los nenes que van a la escuela y no saber qué negocios se manejan en esa comisaría.

Entonces, la construcción mediática del policía bueno es para que después salgan a decir que necesitamos 50 mil policías como ése. En realidad, te están diciendo que necesitamos 50 mil policías y como no alcanzan, militarizan con la gendarmería y, cuando no alcance eso, sacan a las fuerzas armadas a la calle.

-M.L: El policía muerto tiene una historia y la contamos. Ahora el tipo que roba, los excluidos que mueren, no tienen una historia terrible que contar atrás, no tienen una historia de pobreza, de abandono, de falta de laburo. Los medios masivos no dejan de tener la misma lógica que cualquier otra empresa con el discurso falso de la objetividad.  

- A: ¿Cómo se evalúa la campaña mediática por la pena de muerte, por "el que mata tiene que morir"?

 -Lo primero que hay que decir, es que justamente se trata de eso, de una campaña mediática, la cual responde a la lógica de aniquilamiento de clase de la que estábamos hablando.

Tampoco la piden para los responsables de la voladura del arsenal de Río Tercero, ni para los responsables de la muerte de los obreros en las minas de Río Turbio, ni mucho menos para los empresarios que son responsables de las muertes de cientos de personas en Dock Sud producto de la contaminación, ni para la "clase dirigente" que -mediante sus políticas- son responsables de que en nuestro país cotidianamente se mueran pibes por desnutrición infantil y enfermedades evitables. Jamás pedirán pena de muerte para los "famosos" que contrabandean autos o arrojan a sus mujeres por la ventana, y que nadie crea que es por una cuestión de frivolidad. Todos sabemos a qué se refieren cuando hablan de pena de muerte.

Siempre se utilizan este tipo de discursos y movidas políticas para avalar la intensificación de las políticas de mano dura, represión y criminalización de la pobreza y de la protesta. Es decir, quienes insertan ese debate, no necesariamente apuntan a que se instale la pena de muerte en términos legales, ya que nuestro ordenamiento jurídico lo impide, pero mediante ese discurso se sigue avalando la otra pena de muerte, la que se aplica de modo sistémico en nuestro país, que es ni más ni menos que el gatillo fácil". Fuente: www.anred.org / Especial a 33 años del golpe genocida/ 23-3-09

II. ((VOLVER))

Correspondiente a la segunda hipótesis

A. El análisis de cuál es el Estado de clase que tenemos, nos lo ofrece la Agencia de Noticias Red Acción.

Todo el Estado es responsable de la situación a que llegamos

ANRed entrevistó a la abogada Liliana Mazea, quien analiza cuáles son las consecuencias y quiénes son los responsables de cómo se vienen desarrollando los juicios a los genocidas. A casi seis años de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sólo 43 genocidas fueron condenados. Dos vinculados al robo de niños murieron sospechosamente y Jorge Julio López, testigo contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, está desaparecido hace dos años y medio.

Mazea integra el colectivo Justicia YA! y en todos los procesos en los que intervino como tal, exigió que los genocidas sean condenados por lo que son. Actualmente, participa del juicio contra el genocida Jorge Olivera Róvere, responsable de todos los centros clandestinos de la Capital Federal. En abril, será parte de la querella en el juicio por el secuestro y torturas de Iris Pereyra de Avellaneda y el homicidio de su hijo, Floreal "Negrito" Avellaneda.

-¿Cuál es el balance que se hace de los juicios que se llevaron adelante en los últimos meses contra los genocidas?

- Liliana Mazea: Como balance, apreciando la docena de juicios orales terminados en todo el país, es negativo. No sólo por la cantidad desde la anulación de las leyes de impunidad, sino por las amenazas que tuvieron que soportar testigos, querellantes, jueces, o fiscales, siendo lo más trágico de este balance la desaparición forzada de Julio Jorge López, y peor aún que todavía no haya ninguna persona indagada por este delito, con serios indicios de ir camino a la impunidad.

El reclamo de unificación de juicios por centro clandestino o por circuito represivo, o por la mejor forma que en cada localidad tenga más celeridad, no ha tenido acogida por parte del poder judicial, no por ser contrario a derecho sino por protección a los genocidas procesados. Cuanto más demoran los juicios más tiempo tienen para que se mueran en sus casas inocentes, poder seguir amenazando a los participantes de los juicios, y mantener la impunidad que pergeñaron desde el comienzo del genocidio.

Por ejemplo en el centro clandestino de Campo de Mayo recién el mes que viene irán a juicio seis genocidas, entre ellos el general Omar Riveros por dos casos, Iris Avellaneda y su hijo "el Negrito" Avellaneda. ¿Piensan que con la eventual condena en estos dos casos se hará justicia por los cinco mil compañeros que pasaron por esa Zona que comandaba Riveros? Vamos a estar en el juicio de estos dos casos pero queremos también estar presentes y que se haga justicia en los demás casos que muy lentamente están llegando a debate oral.

- ¿Qué sensación deja que la exigencia de cárcel común y efectiva para los genocidas sea obviada por la mayoría de los jueces y avalada por los fiscales?

En los juicios de La Plata no tuvimos necesidad de pedir cárcel común y efectiva, porque el Tribunal del juicio no concedió la prisión domiciliaria a los procesados que luego fueron condenados. Sin embargo en todos los juicios que tramitaron por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, que tiene a su cargo los procesos por delitos contra la humanidad de esta ciudad, hicimos el pedido ya sea de traslado a cárcel común (caso Héctor Febres), revocación de la excarcelación y cárcel común a los procesados por el centro clandestino de detención Mansión Sere, y también en el actual de Jorge Olivera Róvere. Sin embargo todo ha sido desestimado, confirmando el tribunal con la conformidad del fiscal sus condiciones excarcelatorias, con la excusa que su situación no ha variado desde que fue concedida, por lo que entran libres y se van condenados pero libres y peor aún inocentes, hasta que la cámara de Casación confirme la sentencia condenatoria.

De más está decir que la sensación es de un vacío muy grande, ya que a pesar de tanto esfuerzo en llegar a la etapa de juicio, y hasta de condena, todo sigue igual, o peor, ya que con más de 80 años que pesan sobre los condenados no lograrán nunca ver la cárcel.

- En los primeros días de marzo, la presidenta Cristina Fernández dijo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo ya habían hecho todo lo que les concernía en materia de otorgar elementos para el juzgamiento de los genocidas, ¿Es cierto que todo lo que resta es responsabilidad de la Justicia?

Específicamente dijo que "El Poder Ejecutivo también ha dado recursos a la Justicia, los dos poderes del Estado hemos hecho mucho por lograr esto. Es hora entonces que la Justicia de respuestas porque es la hora de ella. Ya pasó la hora del Poder Ejecutivo y la hora del Poder Legislativo, es la hora de la Justicia y si viene demorando desde hace demasiado tiempo".

Veamos la primera parte, sobre los recursos: ¿Cómo se explica, si eso fuera cierto, que haya un solo tribunal oral para realizar el debate de todas los tramos que se elevaron concerniente a los delitos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y la ESMA?. Sabemos que este tribunal tiene en espera la realización de varios juicios, no sólo un pequeño tramo de ESMA, sino de otros campos como Vesubio, Orletti, La Pampa, Atlético, Banco, Olimpo, Hospital Posadas. Si todavía está tramitando y posiblemente hasta octubre el juicio contra Olivera Róvere y los Jefes de Área de Capital Federal, ¿cuánto tendremos que esperar para llegar a transitar por los juicios mencionados que faltan, al 2020?

Una tercera detalla la posibilidad de elevar a juicio oral una causa pendiente de recursos de apelación y la última separa la Cámara de Casación Penal en dos. De la quinta ni hablar, ya que crea un fondo de recompensas para buscar a los genocidas prófugos. Como vemos ninguna ley ataca de raíz el problema porque en esencia la decisión política de juzgar a todos los genocidas por todos los compañeros, no tiene nada que ver con esta supuesta consagración legislativa aludida por la Presidenta.

Entonces ella, con cara de póquer, pone la pelota en la cancha del poder Judicial. Muchos méritos no tiene, en especial los jueces que indagaron a los genocidas por muy pocas víctimas, o por año en que cada víctima estuvo en un centro clandestino, o las excusaciones o renuncias que pergeñaron para hacer la plancha y demorar los juicios.

En este sentido entonces, todo el Estado es responsable de la situación a la que llegamos. Y las soluciones deben ser comunes a todos los Poderes que integran el mismo.

- ¿Cuánto hay de real en la afirmación de Cristina Fernández acerca de que la creación de un fuero especial para juzgar a los genocidas invalidaría los juicios y cuánto hay de justificación para asegurar la impunidad de los genocidas?

En España, recientemente la Presidente impugnó la posibilidad de crear tribunales especiales, pero sin embargo, y como bien dice el colega Carlos Slepoy, no sería el caso de cambiar de juez natural, sino la creación de juzgados específicos para estos temas de violaciones a los Derechos Humanos. Y recordó la cantidad de tribunales especiales, ya no específicos que existieron y existen para juzgar genocidios, como para los casos de Ruanda, Yugoslavia y otros. Si hubiera voluntad política de hacer primar la "Memoria, Verdad y Justicia" como se declama, esa posibilidad no debería ser soslayada. ¿O nos tendremos que contentar con que todos los procesos sean debatidos ante el Tribunal Oral 5?. Entonces sí tenemos garantizada la impunidad.

-¿Cómo se evalúa la iniciativa de la Corte Suprema de crear una comisión interpoderes?

La reciente propuesta de algunos organismos de que los tres poderes que integran el Estado se coordinen para obtener propuestas válidas que conlleven a la aceleración de los juicios, ha tenido parece, acogida en la Corte Suprema, a pesar de la inmediata contestación de la Presidenta un día después de su formulación, pateando esa propuesta y poniendo toda la responsabilidad en el Poder Judicial. Aun sabiendo las buenas intenciones de los organismos, la pretensión de organizarla por parte de uno de los poderes del Estado, nunca sabremos si será al estilo del general Juan Perón cuando pregonaba que para no hacer nada en un asunto lo mejor era crear una comisión.

-¿De qué manera se analizan los dichos de que habrá juicios hasta el 2025 pero para sólo 524 procesados, dejando impunes a la mayoría de los genocidas?

Ya el Juez integrante del Tribunal Oral nº1 de La Plata que juzgó a los genocidas Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich estableció que a este ritmo los juicios durarían 100 años. Ya sabemos que por el tiempo judicial y el biológico, y por más esfuerzo que hagan los sobrevivientes y organismos que militan por la memoria, la verdad y la justicia, no llegaremos a juzgar a todos los que participaron en el genocidio, menos los cómplices civiles, y mucho menos por todas las víctimas. Los compañeros detenidos desaparecidos que entraron en un expediente judicial para su posible imputación a un represor no deben superar el 30 por ciento de las víctimas totales que inmoló la dictadura. Igual seguiremos luchando por lo máximo, el Che decía: "Seamos realistas, exijamos lo imposible".

 -¿Cuál es la deuda de la justicia respecto del juzgamiento de los cómplices civiles del genocidio?

No sólo hay una deuda de la justicia por omitir a los cómplices civiles del genocidio, sino con la totalidad de los integrantes de las fuerzas represivas y lo peor que miles de nombres, compañeros, personas, no están incluidos en la lista que se le imputa a los pocos genocidas que fueron llevados a juicio. No eran loquitos que salieron a matar gente para perpetuarse en el poder, la dictadura cívico-militar pergeñó un plan sistemático de represión orientada a exterminar un grupo determinado y con un propósito de impunidad para la posteridad que se cumplió casi en su totalidad.

Digo casi en su totalidad, ya que luego de 30 años es muy poco lo que podemos esperar de la justicia, que por ser de clase, sabemos que ampara y protege a los que lo instrumentaron y ejecutaron. Para los sobrevivientes y sus familiares el espectáculo es aterrador, genocidas sin imputación, o libres, o con condena pero excarcelados, o absueltos, o prófugos, en fin, la deuda no es del poder judicial solamente, es de la sociedad que sino comprende la importancia de estos juicios y de su castigo no podrá prevenir o desalentar futuros intentos de genocidio político, económico, cultural. Si bien ya a las víctimas no les interesa tanto la cantidad de años que pueda contener una condena, sí les importa que exista el reconocimiento de este versátil poder judicial que en la Argentina hubo un genocidio".

Fuente: www.anred.org / Especial a 33 años del golpe genocida/ 23-3-09

B. El análisis de inversiones relevantes para el actual Estado de clase nos lo ofrece Carlos del Frade (APe):

Los códigos genéticos del presente
 

"El por qué detrás de las cifras. Los planes de inversión en las distintas provincias argentinas de los últimos quince años anticipaban y denuncian esos códigos genéticos del presente. Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires destinaron grandes sumas de sus presupuestos en la construcción de cárceles.
 

A estos grandes estados provinciales hay que sumar la decisión del estado nacional. Una ecuación simple y letal: más cárceles, menos escuelas. Más bestialidad institucionalizada, menos libertad.
Más encierro, menos educación.
 

Principios de la partida doble existencial impulsados por los planes políticos en los principales estados de la República Argentina. No hay inversión neutral, ni tampoco desinversión neutral. El dinero apostado a la represión tendrá un resultado.
 

El dinero invisible para la educación producirá conflictos docentes y pibas y pibes que no sepan leer ni escribir, sumar ni restar, como tampoco tendrán un sentido colectivo del cual enamorarse y que les devuelva algo cuando pronuncian o piensan en la palabra futuro.
 

El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución Penal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, acaba de informar que el analfabetismo “en los institutos de menores llega a casi el 70 por ciento”.
 

Siete de cada diez pibes encerrados en los institutos de “rehabilitación” no completaron el nivel primario de educación.

Consecuencia de aquellas decisiones políticas de poner dinero para levantar ladrillos y barrotes, consecuencia de aquellos presupuestos ausentes en fomentar el bullicio de las aulas y la felicidad y la libertad de la educación.

No hay casualidades.
El presente es hijo directo de aquellos proyectos económicos y políticos de los últimos años.
 

Según María Isabel Ribet, titular de la Modalidad de Educación en Contextos de Encierro del Ministerio de Educación, "el 30 por ciento de los 14.203 presos que están en 200 cárceles argentinas son analfabetos, cifra que trepa al 70 por ciento en las regiones del NOA y NEA".
 

Más de la mitad de las 80 mil personas alojadas en cárceles, institutos de menores y centros de atención de adictos -el 70% de las cuales tiene entre 18 y 35 años- “llegó a la situación de encierro sin haber desarrollado un oficio o profesión”.
 

-Es común que en algunas cárceles permitan a los condenados y no a los procesados concurrir a clase, y que limiten el beneficio a los que tienen buen comportamiento... Esa decisión es tremenda. La educación es un derecho universal contemplado por ley, más allá de las transgresiones o la condición procesal de las personas -sostuvo Ribet.
 

Encerrados y analfabetos, distintos sectores sociales crecen en la Argentina crepuscular del tercer milenio como consecuencia directa de decisiones políticas que privatizan el futuro para los que son menos y democratizan la angustia para los que son más".
Fuente: http://www.pelotadetrapo.org.ar /23-3-09

C. El análisis de cómo el Estado participa en la concentración y desnacionalización territorial es provisto por Marcelo Maggio y Nicolás Gildenegers (Agencia de Noticias Biodiversidadla) en "Argentina: Resistencia a forestales y petroleras en el Puelmapu".

El Estado a favor de petroleras y madereras

"La comunidad Ñalaicó ahora está en la zona del río Litrán, un espacio en el que realizan la veranada más de siete comunidades de la zona central y en el que vienen creciendo las situaciones de conflicto. En todos los casos se da la misma modalidad, “porque una de las políticas de arrinconamiento que ha impulsado el estado neuquino y el estado nacional es la venta de todo lo que han considerado apto para el turismo o para la forestación”, explica Silvia Claleo. Toda una zona (más de veintisiete parajes) que hoy están en ardua disputa. “Nuestra comunidad viene desde siempre a veranar a estos territorios, que consideramos como propios, para el pastoreo de animales. Venimos, de hecho, de una historia de arrinconamiento y de avasallamiento importante que les tocó vivir a nuestros mayores. A nosotros nos toca remontarnos a diecinueve años atrás, cuando se crea la Corporación Forestal Neuquina (CorFoNe), una de las políticas del estado provincial para la forestación de grandes espacios que antes eran utilizados para la veranada”. Este modelo forestal que se estaba implantando con especies foráneas tendría severas consecuencias para esta región.

Hoy las familias al llegar a la veranada se encuentran con un territorio mucho menor y poco apto para el desarrollo ganadero, extenuado por la incansable forestación que no tiene contemplación del impacto que genera. Este es un proceso que se da dentro de la política de creciente venta y extranjerización sin miramientos de las tierras, a cualquier tipo de capitales, que transforma el territorio ancestral mapuche en estancias para forestación o turismo. (...)

Estas políticas provinciales se materializaron en una drástica reducción del territorio mapuche, es decir en comunidades despojadas de su medio de vida y cultura. Algunas de estas familias fueron violentamente expulsadas de la zona: “se empezó a correr a todas las familias, las rucas (casas), los corrales, se intentó borrar todo lo que pudiera dar muestra de la posesión de un lugar. Pero no pudieron borrar la memoria de la gente y por eso tuvimos una movilización mapuche que comenzó el proceso de recuperación de los territorios”. Y ante la respuesta organizativa también aparece el reflejo represivo estatal. De modo que se inició todo un proceso de persecución judicial que intenta generar el miedo en las familias, con la llegada de citaciones de la Justicia y denuncias por usurpación.

Fuente: www.biodiversidadla.org / 25-3-09

III. ((VOLVER))

Correspondiente a la tercera hipótesis

El análisis de significados y sentidos del modelo productivo de la UIA subordinada a los oligopolios del capitalismo mundializado revela:

Buenos Aires para todos comunica:

En la Argentina, por día se mueren 25 recién nacidos, 14 por causas que podrían evitarse. Así lo denuncia un documento elaborado por el Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA).

“Si existe un drama que no debemos dejar de denunciar, es el alto nivel de deterioro que han alcanzado las condiciones de vida de nuestros chicos”, afirmó el economista y diputado nacional Claudio Lozano, uno de los autores del trabajo junto a Ana Rameri y Tomás Raffo.

La investigación –basada en datos estadísticos oficiales y en relevamientos realizados por distintas organizaciones sociales y sindicales– sostiene que, al año 2008, 6,3 millones de menores de 18 años son pobres y 3,1 millones directamente pasa hambre.

Los menores resultan ser los más castigados: mientras la tasa de pobreza a nivel nacional es del 26,9%, para la población que tiene menos de 18 años la misma medición es de, prácticamente, el doble (40,6 por ciento). Algo similar ocurre con la indigencia, mientras a nivel país la tasa de indigencia era del 8,7%, la correspondiente a la población menor era muy superior, del 14,1 por ciento.

“El daño que se les está causando no sólo significa dolor y tristeza, sino que implica hipotecar el futuro de nuestra sociedad; la permanencia de esta realidad resulta incompatible con un desarrollo económico sostenible”, sostuvo el legislador.

Otra de las situaciones que denuncia el informe es la falta de atención médica que sufren los menores. El 47,2% no posee cobertura sanitaria, esto implica que 6,3 millones de chicos no cuentan con una obra social o un plan médico.
“El actual esquema de seguridad social desconoce el derecho de percibir una asignación familiar a nueve millones de chicos, que equivalen al 70% del total de nuestros pibes”, remarcó Lozano.

El informe detalla que “los montos de ingresos por hijo que brinda la ayuda social del Estado equivalen a un tercio de la actual asignación familiar por hijo del sistema de seguridad social y sólo el 44% de los menores en situación de pobreza pueden acceder a ella”.

En la mayoría de los hogares que cuentan con la presencia de menores de 18 años se verifican situaciones de insuficiencia de espacio habitacional. “Cerca de 1,2 millones de menores (el 19,4% de los chicos pobres) viven en viviendas ubicadas en zonas inundables y otro millón de chicos (el 16% de los menores pobres) no tiene agua corriente”, especifica el relevamiento.

Según los datos del informe, el 52,2% –alrededor de siete millones de chicos– vive en hogares donde los padres tienen inserción laboral precaria. “Hasta los 18 años de edad todas las personas deben estar a cargo de un mayor o, por lo menos, deberían estarlo. Una de las cuestiones que esto implica es que hasta esta edad las condiciones de vida tanto materiales, sociales, educativas y culturales están directamente condicionadas por las posibilidades de desarrollarlas que les garanticen sus padres o tutores. Si somos conscientes de que en las sociedades modernas el acceso a estos bienes necesarios para el normal desempeño de la vida se obtienen mayoritariamente a través del ingreso percibido por el trabajo, es interesante analizar el vínculo entre el ya mencionado deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de los menores y la inserción laboral de las personas de las cuales ellos dependen para vivir”, afirmó el economista.

También se destaca que 1,9 millones de menores no asisten o nunca asistieron a un establecimiento educativo. “Esta generación ya cuenta como base con un núcleo duro de fuerza laboral futura que muy probablemente se desenvuelva en puestos de trabajo con inserción precaria. Sin embargo, lo más alarmante de esta ya triste situación es el efecto multiplicador que esto provoca en la desprotección y el desamparo de sus futuros hijos, que son los futuros niños de nuestra sociedad.”

Inequidades provinciales

Las provincias que evidencian los niveles más alarmantes en el cuadro social de los menores coincide con aquéllas que a nivel general presentan las tasas más elevadas de pobreza e indigencia. Esto significa que los chicos son las principales víctimas del hambre y la pobreza, marcando el rasgo central de esta problemática social: “La infantilización de la pobreza”. La extendida pauperización de las condiciones de vida de los menores se verifica en niveles de indigencia para algunas provincias que superan el 20% de la población menor. Las provincias con mayor deterioro infantil del promedio nacional son: Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja y Buenos Aires.

Las restantes once provincias también muestran cuadros sociales muy deteriorados. En las grandes ciudades como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, los niveles de indigencia están cerca del 10 por ciento".

Fuente: http://buenosairespt.org.ar/segun-un-informe-de-cta-seis-millones-de-chicos-viven-en-la-pobreza/23/03/2009/

Néstor Sappietro (Agencia de Noticias Pelota de Trapo), en "Civilización perdida", dice:     

"Hace unos meses descubrieron en Bolivia rastros de una civilización perdida. Desde entonces, un grupo de antropólogos japoneses estudia la cultura de los “Mojos”, un pueblo que habría vivido 1.400 años antes de Cristo. Según estudiosos de la historia boliviana, la investigación revelaría la existencia de un pueblo experto en la construcción de sistemas de riego para controlar fenómenos naturales como inundaciones y sequías.

Esa información no deja de darme vueltas en la cabeza desde que la leí y no puedo negar que me provoca cierta envidia y preocupación.
 

Los Mojos, según los adelantos periodísticos, quedarían bien parados en la historia. Es más, evidenciarían nuestro atraso y nuestra locura. Nosotros, hostigando a la tierra y al aire, no hacemos más que multiplicar en el tiempo las inundaciones y la sequía.
 

Ahora bien, si jugamos con la posibilidad de que nuestra civilización desaparezca (como va la cosa no parece un delirio) ¿Cuáles serán los rastros que queden de estos parajes del sur?

Supongamos que a los antropólogos del futuro se les ocurre meter la pala justo donde se encuentre el documento elaborado en estos días por el Instituto de Estudios y Formación de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) señalando que “más de seis millones de chicos argentinos viven en la pobreza, de los cuales la mitad pasa hambre”.
 

¿Cuál será el tamaño de la indignación de quienes nos exploren cuando averigüen la desmesura de la desigualdad de este tiempo?

¿Qué dirán cuando sepan que unos pocos multiplicaban por millones sus ganancias, mientras la pobreza nos arranca 25 recién nacidos por día, de los cuales 14 mueren por causas que podrían evitarse?

¿Qué sentirán los antropólogos que realicen las excavaciones dentro de 1400 años cuando descubran que este país entrega inmoralmente sus recursos naturales (petróleo, minería, gas...) a las grandes multinacionales; mientras se desentiende de la suerte que corren sus pibes...? 

“La tasa de pobreza a nivel nacional es del 26,9 por ciento, para la población que tiene menos de 18 años la misma medición es de, prácticamente, el doble (40,6 por ciento). Algo similar ocurre con la indigencia, mientras a nivel país la tasa de indigencia era del 8,7 por ciento, la correspondiente a la población menor era muy superior, del 14,1 por ciento.

Si es así, si los antropólogos del futuro descubren este informe engendrado en plena pampa húmeda, un lugar con posibilidades de producir toneladas de alimento para empachar al mundo, ¿Nos evaluarán como una civilización de perversos, sádicos o inmorales?

Podríamos, ya que estamos, imaginar los titulares del descubrimiento: 

“En el sur del continente aparecieron restos de una cultura perdida perteneciente a una civilización de esquizofrénicos y, aunque sería algo apresurado sacar conclusiones definitivas, podríamos adelantar que su desaparición ha sido un beneficio para la humanidad”. 

En una de esas, en medio de la excavación, aparezca otro documento. 
El que revele la existencia de quienes pelearon y pelean para que las cosas cambien.
El de los que marchan detrás de la utopía para que los pibes no se mueran de hambre.
El de los que dejaron su vida para desenmascarar a los saqueadores. 
Tal vez también, llegue el buen día en que esa pelea se gane.

Sólo así podremos, como los Mojos, justificar el tiempo que nos ha tocado vivir. 
Sólo así, los antropólogos del futuro podrán jactarse de haber dado con los restos de una civilización con una existencia a la que valió la pena exhumar". 

Fuente de datos: Agencia AIM Digital 25-03-09

Fuente: http://www.pelotadetrapo.org.ar/ 3-4-09

Tomás Buch (RIO NEGRO ON LINE) explica:

"El 22 de octubre de 2008, el Congreso Nacional votó la ley 24.618 que establece condiciones mínimas para la protección de los glaciares en todo el territorio nacional. Dispone hacer un inventario y regula muy estrictamente cualquier instalación en un glaciar o en sus inmediaciones, y prohíbe expresamente la dispersión de sustancias contaminantes (lo que es obvio, pero lo que abunda no daña), la instalación de industrias y -muy específicamente- la exploración y explotación minera o petrolífera.

El 10 de noviembre, el Poder Ejecutivo la "observó" es decir, la vetó, mediante el decreto 1.837/08. Sus principales argumentos fueron: 1) se restringe las posibilidades de desarrollo de las provincias andinas. Sí, es imprescindible restringir esas posibilidades, si por una explotación minera se ponen en riesgo las fuentes de la vida misma: el agua. Reemplazar la ley -votada por unanimidad en ambas cámaras- por un "acuerdo" entre las provincias andinas, es hacer de cuenta que no tenemos un país ni un Congreso. 2) Que es redundante: sí, lo es en algunos aspectos; pero las otras disposiciones de protección -especialmente las provinciales- se cumplen mal o no se cumplen. Tampoco habría garantías de que la ley 24.618 fuese cumplida, pero una vez más: las prohibiciones sobre petróleo y minería son taxativas, y permitirían aquellas acciones judiciales que probablemente se trata de evitar.

La ley no tiene en cuenta que muchos de los glaciares que se pretende proteger están en la frontera con Chile y tienen vertientes hacia ambos lados. Eso es un defecto de la ley, pero no es mencionado ni "observado" en el decreto. Es un hecho: el monte Tronador, aquí al lado nuestro, o el Lanín, están en la frontera; no valdría de nada que nosotros protejamos nuestra mitad si los chilenos destruyen la suya, o viceversa. Es una consecuencia de los acuerdos de límites. La ley debería contener por lo menos una invitación a nuestros vecinos de tener el mismo cuidado con sus glaciares que el que nosotros quisiéramos tener con los nuestros. La misma polémica se ha desatado en Chile, porque al pie de los glaciares de Pascua Lama (San Juan) está el valle de Huasco, de producción agropecuaria, entre cuyos habitantes también se debate el asunto. No sabemos que haya acciones comunes, aunque el problema es el mismo, y entre los países existe un debate acerca de la repartición de los impuestos eventualmente devengados, en vez de un acuerdo sobre cómo cuidar mejor los ecosistemas comunes.

La ley reconoce que los glaciares y "ambientes periglaciares" son fuentes fundamentales de agua dulce, un material que, según todos los expertos advierten, se está rápidamente convirtiendo en un recurso estratégico.

Sin embargo, la actividad minera requiere millones de metros cúbicos de agua para transportar y lixiviar el mineral, agua que se quitará de los usos humanos o llegará allí contaminada. Se sabe que sólo el 3% de la abundante agua de la Tierra es dulce y los glaciares forman parte de esta reserva. Los glaciares, tanto los continentales como el Hielo Continental argentino-chileno, como Groenlandia, los hielos marinos y la Antártida misma, están disminuyendo rápidamente de volumen. Basta ver fotografías de cualquier masa glaciar -el glaciar Viedma, en el lago homónimo al pie del macizo de los cerros Fitz Roy-Torre son un buen ejemplo- para observar su alarmante retroceso, que no sólo implica la pérdida de belleza paisajística (un detalle no menor en un país en el que el turismo es una actividad cada vez más importante) sino una grave pérdida de agua potable, uno de los insumos más importantes de la minería a cielo abierto.

Cuidar esa agua es una necesidad urgente. Ya se ha dado el caso de que barcos de ultramar, con el pretexto de buscar lastre para su viaje de retorno, han llenado sus bodegas con 70.000 toneladas de agua del Paraná, que luego vendieron por millones de dólares en países privados de ese recurso. Esto significa, sencillamente, robo de un recurso estratégico. Como realmente representa un delito novedoso, oportunista e ingenioso, no existe, seguramente, legislación alguna al respecto. Ojalá ya haya legisladores trabajando sobre este tema, antes de que robar agua dulce para venderlo en otro continente se transforme en un "derecho adquirido". Y ojalá que el proyecto que ellos elaboren no sea "cajoneado" como tantos otros u "observado".

Pero retornemos a los glaciares. No son estructuras muy robustas: reconocido el hecho de que no sólo son un obstáculo al tránsito, un objetivo de escaladores ni una belleza escénica, no hay que permitir que sus aledaños se vean maltratados. Su estabilidad depende de la temperatura ambiente y de las precipitaciones níveas, por supuesto, pero también de otros factores: por ejemplo, que sobre ellos no se depositen polvos que aumentan la absorción solar y aceleran el derretimiento en forma vertiginosa; que se los perfore o se establezcan sobre ellos edificaciones, que se los someta a vibraciones excesivas, que se realicen obras de cierta envergadura sobre ellos o en su vecindad inmediata, etc. Ni qué hablar que se vuelen pedazos o se construyan túneles que los atraviesen. Todas esas amenazas se ciernen sobre Pascua Lama, aunque la Barrick Gold jure lo contrario.

Yo mismo he visto desaparecer en dos días de pleno invierno toda la nieve del cerro Catedral, por la caída de ceniza volcánica. Éste es el tipo de fenómenos que no se pueden controlar ni evitar; pero la explotación minera, sí. En otra oportunidad he hablado de la minería, una de las actividades más importantes de la civilización desde sus orígenes. Pero hay diversas clases de minería. En la Argentina, que -a diferencia del vecino Chile- nunca fue un país minero, había existencias de oro en muchas ubicaciones.

Pocos gramos por tonelada, hace unos años, no justificaban la explotación, porque resultaba más caro extraerlo de lo que valía el producto. En la crisis de los ´30, por ejemplo, el precio se fijó en 35 u$s la onza trío (unos 30 gramos), que es la unidad tradicional en que se expresa el valor del oro. Con algunos altibajos, el valor se mantuvo en esa zona hasta el comienzo de los ´70. Desde entonces, el mismo se duplicó en pocos años y, al margen de algunos altibajos, no bajó nunca más, aun teniendo en cuenta la desvalorización del dólar. En la actualidad, en cinco años se triplicó y hace poco rozó los 1.000 u$s/oz. Este tremendo aumento de precio es mucho mayor que el de los costos de explotación, de modo que ahora hay yacimientos rentables que antes no lo eran. A esto se añade una legislación absolutamente leonina proveniente de la época menemista, que absurdamente fija un máximo de 3% a las regalías que pueden cobrar las provincias, que se contrapone al reintegro del 5% que el Estado paga por embarcar en puertos patagónicos. O sea, que prácticamente regalamos los recursos mineros a quien los quiera explotar -por ejemplo empresas extranjeras como la Barrick Gold- y, según el caso, aun les pagamos encima. No sé por qué esta legislación nunca fue modificada, pero debe haber intereses creados y argumentos de esos de la "seguridad jurídica": si me dejé robar una vez, debo seguir dejándome robar.

Hay un poquito de oro por todas partes: hasta en el agua del mar, pero la recuperación de éste por suerte aún no es rentable. Hay oro a 6 km del centro de Esquel, pero los esquelinos no quieren verse expuestos a una explotación a cielo abierto con explosiones a 6 km del centro de una ciudad. La explotación minera a cielo abierto es más fácil y más barata: se desmonta un cerro y listo. Antes, había que cavar galerías. Progreso de la tecnología. Ni siquiera hace falta mucha gente, como los mineros de antes.

Y hay oro a 6.000 m de altura, en Pascua Lama, en la frontera chilena a la altura de San Juan. Debajo de un glaciar. El agua del glaciar destruido se usará para contaminar el resto de la región con desperdicios de una minería ruinosa para nosotros, desde el punto de vista ecológico, pero desde el económico también.

Hay un viejo dicho sobre aquello de "pan para hoy, hambre para mañana". Si la minería a cielo abierto al pie de un glaciar provee un poco de pan, lo hará para hoy y dejaremos un páramo para mañana. Un páramo contaminado".
Fuente: www.argenpress.info / 19-3-09