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PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPÓTESIS
Con motivo del prolongado corte de rutas –fundamentalmente- por
parte
de pequeños-medianos productores de la Federación Agraria Argentina y
autoconvocados,
los Kirchner
ponen en práctica su actual etapa de manipulación de la opinión mayoritaria
y de inducción de consenso pasivo e incondicional a su Gobierno. El mito a
construir es que
«Cristina»
-como Presidenta- representa legítimamente a todos los argentinos y argentinas
en sus necesidades
y aspiraciones de conjunto.
Desde esa representación ‘democráticamente’ constituida
debe velar para que ningún sector anteponga los intereses que le son
particulares a los de la sociedad y el país.
Su responsabilidad, su sensibilidad y su racionalidad de gobernante están
puestas al servicio del bien común
mientras las de los de los de abajo deben limitarse al cumplimiento adecuado del
trabajo, de la profesión de cada cual.
Es decir, se arroga el derecho de deliberar y decidir por
nosotros apropiándose de los espacios públicos,
desinformándonos,
censurando, criminalizando reclamos reivindicativos, acusándonos de politizar
conflictos,
lanzándonos patotas y ahora, agitando el fantasma del golpismo
cuando son parte activa de la impunidad sistémica.
Barrunto
esta nueva etapa gubernamental,
cuando
Cristina Fernández de Kirchner agradeció –por su contribución a garantizar la
‘paz’ y el crecimiento económico-
a las tropas argentinas que ocupan Haití para los Estados Unidos.
En ese momento, me resultó un abuso autoritario que dijese saludarlas
en nombre de
todos los argentinos y todas las argentinas.
Recién por la reflexión sobre el conflicto con productores pequeños y medianos,
empiezo a
entender hacia dónde marcha el nuevo embaucamiento principal.
Veamos, ayer, el gobierno de Néstor Kirchner
se autoproclamó el
«gobierno de los derechos humanos» y lo ratificó con un esquema de procesos
judiciales
que les
quita efectividad pero le sirvió para cautivar a los más emblemáticos organismos
de derechos humanos
y hacerlos posponer el compromiso con la lucha política de los desaparecidos.
Encima, esa política gubernamental tiende a una reconciliación como lo prueban
Hoy, Cristina Fernández-Kirchner
pretende hacer creer que su política económica mira por los intereses populares.
Hace
semanas atrás,
con el pretexto de una sociedad inclusiva y menos dependiente de la soja,
su ministro Martín Lousteau dispuso –por decreto- aumento de retenciones
a esa forrajera en el momento justo de la cosecha.
Peor
aún, la Presidenta
-ante la reacción e ideología confusa de los pequeños productores-
planteó el conflicto social en términos
de provocar un enfrentamiento fanático con ellos
para ocultar
el verdadero contenido de su medida o
los beneficiados y erradicar la deliberación popular sobre el problema
agropecuario.
Respecto a esta forma de decidir sobre cuestiones de presente y
futuro en común,
Juan Torres
López (Sistema Digital), en “¿Qué hay y quién está detrás de las
decisiones económicas?”, afirma:
“Si hay algo evidente en las
relaciones económicas de nuestra época es que
cada vez resulta más desnaturalizado y desconocido el agente de quien
efectivamente dependen
las decisiones económicas. (…)
La deliberación ha desaparecido, si es que algún día existió, del mundo
económico.
Al menos,
la deliberación abierta, pública y ciudadana. O incluso partidaria,
puesto que es cada vez más habitual comprobar que son sólo los grandes líderes,
y no el conjunto de sus partidos,
los que aparecen como los exclusivos portadores de la propuestas sobre lo que
debe o
no debe hacerse, sobre lo que nos conviene o no.
Y ahí radica no sólo uno de los grandes problemas de la economía de nuestro
tiempo
sino de la democracia en su conjunto”.
Pregunta:
“¿Cómo creer
que vivimos en verdaderas democracias cuando los asuntos económicos más
relevantes
(que normalmente lo son, a su vez, para la demos en su conjunto) nos vienen
dados y
sin posibilidad de modificar su orientación o contenido?”.
Advierte:
“La otra cara de la cuestión es que resulta
igualmente iluso creer que son solamente los líderes
o grandes dirigentes quienes deciden por sí mismos. No recuerdo quién lo dijo ni
siquiera si es apócrifo o no,
pero comparto la idea de que el verdadero poder no lo tiene el que está sentado
en el sillón
sino quien puede hablarle al oído.
Y esa es la cuestión,
que quienes pueden hacerlo no dan la cara a los
ciudadanos y
les imponen así cada vez más habitualmente caminos obligados por donde
no está claro qué realmente quieran transitar (…)”.
Fuente:
www.rebelion.org
Economía 20-2-08
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Ideología:
Con independencia del procedimiento elegido por los medianos y
pequeños productores
para reclamar la revisión de la injusta medida decretada,
lo cierto es
que abrieron una oportunidad para la deliberación pública y las discusiones
políticas
sobre sus problemas que quieren ser
acallados por el Gobierno en nombre de atender a la sociedad y
usados por los grupos concentrados para beneficiarse más.
El
FRENTE POPULAR
DARIO SANTILLÁN (COPENOA),
en “La
política de sojización”,
señala:
“Respecto al conflicto de intereses que se presenta durante estos días,
lo primero que hay que decir es que entre el gobierno y
los grupos más concentrados de la actividad agropecuaria
hay acuerdos básicos:
reducir la
actividad agropecuaria a los 'agronegocios',
decisión que favorece la concentración del capital y arruina a los pequeños
productores.
La política de los 'agronegocios'
tiene
como principales ganadores a los proveedores de insumos (semillas,
fertilizantes, herbicidas)
sector que está fuertemente concentrado, cartelizado y trasnacionalizado, y a
los frigoríficos exportadores,
todos de propiedad extranjera.
Quienes desde hace años se han llevado la parte del león de los agronegocios no
han sido sustancialmente afectados
por medidas económicas y gozan de los beneficios de una
estructura impositiva regresiva
que se centra en gravar el consumo y la producción, pero no a la ganancia.
Con el aumento de las retenciones a la exportación,
el gobierno
busca quedarse con una mayor porción de la torta, sin cuestionar ni modificar
una lógica que
ha impulsado durante los cuatro años anteriores,
teniendo en sus manos herramientas que
le permitían orientar la actividad agropecuaria hacia la producción de alimentos.
En ese contexto, la soja
· desplazó a las verduras y a la producción de cereales y de carne;
· destruyó rodeos y majadas,
· liquidó a medianos y pequeños propietarios rurales que alquilaban campos para mantener sus rodeos,
· destruyó bosques,
· desalojó a miles de familias campesinas poseedoras.
La política
de retenciones a la producción agropecuaria es socialmente justificable,
pero
si se la integra a una política impositiva progresiva,
que alivie a los que menos tienen y grave a los más ricos.
Esto no sucede en el país.
Por eso, sería necio desconocer,
aún en medio de los planteos de las asociaciones rurales oligárquicas,
la legitimidad
del reclamo sobre el carácter confiscatorio de las retenciones que plantean los pequeños productores.
En una situación muy compleja y tergiversada por
discursos engañosos,
se han desarrollado estos paros agropecuarios y cortes de ruta
donde
los pequeños productores han puesto el número e impulsado las acciones más
radicalizadas;
mientras las instituciones más conservadoras han puesto el discurso,
los paños fríos e incluso la denuncia sobre posibles infiltraciones, frente a
acciones que no pueden controlar”.
El
FRENTE POPULAR DARIO
SANTILLÁN (COPENOA)
pregunta:
¿Para qué usa el gobierno las retenciones, el superávit fiscal y las reservas millonarias?
¿Quién es quién en este conflicto?
Su
contestación parte de que:
“en los barrios humildes y poblaciones marginadas donde hace estragos la
exclusión social estructural,
y en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras que seguimos por debajo de
la línea de pobreza,
esta disputa genera el escepticismo de saber que ambos bandos: el gobierno y 'el
campo',
juegan su propio juego al margen de nuestros intereses.
Piquetes de pequeños productores pero también de '4x4', generan lecturas que
confunden a algunos
y hacen compleja la interpretación política de esta coyuntura.
Ante esto,
apelamos a un método de
análisis sencillo y efectivo:
nos preguntamos
quiénes en este conflicto expresan a 'sectores populares' y quiénes a intereses
antagónicos.
Entonces, en el campo de nuestro país,
·
leemos la
presencia de pequeños campesinos excluidos que defienden su tierra y su cultura,
agrupados principalmente en el Movimiento Nacional Campesino Indígena;
·
reconocemos
que pequeños productores (nucleados en la Federación Agraria Argentina)
defienden
su derecho al trabajo contra una propuesta impositiva de parte del gobierno
que no discrimina entre grandes terratenientes y pequeños productores,
lo mismo que comerciantes y cuentapropistas
que en los pueblos dependen de la economía generada en torno a este campo.
Del otro lado,
vemos a las entidades oligárquicas que, como lo
hicieron históricamente, defienden sus privilegios sin importarle nada más;
vemos al gobierno que, aunque decidido a sostener la disputa por el porcentaje de las retenciones con estas entidades 'del campo',
no
sólo no cuestiona el modelo en que se sustenta la explotación agropecuaria,
sino que
hace
de este modelo su principal vía de recaudación,
ignorando
·
cualquier
perspectiva de reformar las reglas de juego respecto a la tenencia,
concentración y uso de las tierras productivas en nuestro país (¡ni hablar de
una Reforma Agraria!);
·
cualquier
tipo de propuesta de redistribución de la riqueza, que resultaría posible si se
involucrara al pueblo
en la discusión sobre el destino de retenciones, superávit y reservas
millonarias.
Completan el
cuadro de quienes expresan intereses 'antagónicos' al pueblo,
la derecha política y comunicacional, dedicada a generar análisis alarmistas y
a desgastar al gobierno en esta pulseada interna entre quienes disputan sus
intereses
al margen de la realidad de los trabajadores y el pueblo.
El rol disciplinador y patotero jugado nuevamente por
la burocracia sindical de la CGT,
con la complicidad del gobierno, y la inicialmente negada y luego confirmada
presencia de la gendarmería en Santa Fe,
reeditan las limitantes del discurso oficial”.
Fuente:
www.argenpress.info
Opinión
Buenos Aires,
República Argentina
Jueves 27 de marzo de 2008
Edición Nº 2038
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Premisas e hipótesis:
Con el
mito de anteponer los intereses de todos a los particulares de un sector,
avanza el capitalismo
o sea el sistema mirando,
cada vez más en exclusivo, por la transferencia de riquezas en común hacia
la gran burguesía transnacional y transnacionalizada.
Por eso, poner fin a este crecimiento lucrativo exige:
1. Reconocimiento diferenciador de quiénes componen a los oprimidos para la unidad popular
En “Retenciones sí: a los grandes terratenientes y pools sojeros,
diferenciando a los
pequeños productores: ¡urgente redistribución y socialización de las
riquezas!”,
El
FRENTE
POPULAR DARIO SANTILLÁN (COPENOA
// 26-3-08)
declara:
“Las formas que
va tomando el 'paro agropecuario' generan distintas lecturas,
según los intereses económicos y políticos que se expresan.
Las voces más escuchadas son las de
hablan del 'campo' ignorando a los millones de campesinos pobres,
desplazados de sus tierras, perseguidos, arruinados por
-el desmonte sin control,
-la explotación minera y
-el modelo sojero.
Como si las intensas luchas en defensa de la tierra y de la cultura
ancestral que
se expresa en el interior profundo de nuestra patria
no existieran,
ignoran las fuertes luchas y denuncias que por años vienen desarrollando las
organizaciones que integran
el Movimiento Nacional Campesino Indígena (Vía Campesina), como el Mocase de
Santiago del Estero,
o los movimientos de Córdoba, Mendoza y Salta.
Por fuera de la
disputa gobierno-'campo',
ante esa realidad de exclusión, marginación y explotación en el campo
expresamos nuestra
principal solidaridad”.
Advierte:
“es cierto que
los medianos y pequeños productores de la Federación Agraria Argentina,
decidieron confluir en la protesta con los grandes sojeros asociados a las
oligarquías del campo.
Ésta no es la única confusión:
entusiasmados con una situación en la que se le 'pega al gobierno' y en
función de cierto dogmatismo ideológico,
expresiones importantes del campo popular, como la Corriente Clasista y
Combativa,
o dirigentes mediáticos como Raúl Castells,
saludaron sin medias tintas la 'rebelión agraria contra el gobierno'.
Humildemente, desde el FPDS creemos erróneos esos posicionamientos,
y si bien es necesario enfrentar las políticas de este gobierno
que no apuntan a resolver las necesidades populares,
no será aliándose a las oligarquías terratenientes la forma de generar
consensos y acompañamiento popular (…)”.
Fuente:
www.argenpress.info
Opinión
Buenos Aires,
República Argentina
Jueves 27 de marzo de 2008
Edición Nº 2038
PIENSO:
Las reivindicaciones de los pequeños y medianos productores fueron
bastardeadas tanto por el Gobierno K
como por la ultraderecha social, política.
Ambos se valieron de su correspondiente poder mediático e institucional para
plantear, respectivamente,
antinomias que no sólo eran falsas
sino también inductoras de reacciones adversas al entendimiento mutuo e
intercambio entre los de abajo.
Por lo tanto, me restrinjo a la medida que afligía a los primeros y se
pelearon por capitalizar los poderes político y económico.
Los pequeños y medianos productores no tienen un partido político que los
represente,
sólo tienen a la Federación Agraria Argentina para expresar intereses
inmediatos de sector
y aún más, un número considerable de los movilizados eran autoconvocados.
En
consecuencia, desde su inmersión en la situación económica que viven –sufren
y su mentalidad de propietarios,
sólo podían asumir
Lo cierto
es que los pequeños productores están cautivos del sistema de agronegocios
a favor exclusivo de oligopolios transnacionales y del actual Estado
identificado con el crecimiento económico
de los últimos que controlan las industrias alimenticias, automotrices e
hidrocarburíferas y la exportación.
Por
supuesto, desde la dictadura cívico-militar hubo reestructuración estatal
en consonancia con el funcionamiento del sistema capitalista mundializado. A
partir de Menem-Cavallo,
el Estado neocolonial
garantizó el progreso acelerado en la concentración y centralización de la
industria alimentaria, la distribución final
de alimentos, la provisión de semillas e insumos, el acopio y transporte e
invadió de pools de siembra y fidecomisos.
Esta política económica se complementa con
la
política financiera
que se rige –todavía- por la Ley de José Martínez de Hoz impuesta gracias a
la dictadura cívico-militar
y
con la política represiva para expulsar a la población estorbo para la economía de gran escala.
2. Reconocimiento de cómo se estructura el Gobierno-Estado bajo gestión K
para la unidad popular
“El Movimiento
Campesino de Santiago del Estero (Mocase)
analiza el llamado paro del campo y aporta datos elocuentes para
ver quién es quién en este conflicto,
donde el trasfondo
es la histórica defensa
«del
monopolio absoluto de la renta agraria
por su dominio total sobre las tierras existentes en la nación»”
PRENSA RED – MOCASE.
Fecha publicación:
26/03/2008
Restrinjo la lectura del texto al enfrentamiento con la Federación Agraria Argentina:
“La Federación Agraria Argentina (FAA) hace años no se atreve a separase de
los oligarcas y
hacer un planteo digno de reclamo de tierras, de límites a la extensión de
los latifundios, de cese y
recuperación de las enormes cantidades de tierras extranjerizadas y de
cambio general de la política agropecuaria.
Durante el largo ciclo de la convertibilidad y de la expansión de la
sojización, la FAA miró para otro lado,
dejando hacer al 'mercado' y al modelo neoliberal
que se cargó casi 300.000 productores pequeños y medianos, la mayoría de
ellos afiliados a ella.
Hace apenas poco tiempo se atrevió a cuestionar los lineamientos de la
Argentina sojera
pergeñada
por Henry Kissinger, el grupo Perriaux, la SRA, AAPRESID, Cargill, Monsanto,
Dreyfus, la FAUBA, Clarín Rural, Urquía y
demás demiurgos de la recolonización nacional.
De tal manera, el tránsito de la Argentina industrial tecnológica y
científica existente entre 1945 a 1989,
a la Argentina factoría agro-exportadora actual,
contó -luego de la Marcha Federal de 1994- con la mirada complaciente de la
FAA.
Esta política
permitió la devastación de los pequeños y medianos productores y el tránsito
de una producción centrada
en el desarrollo de alimentos en gran cantidad y de gran calidad,
hacia un 'campo'
que produce forraje barato –'pasto soja'- para vender a China, India y la
Unión Europea
subsidiando de tal forma la industrialización de estos países a costa de
nuestra industrialización,
nuestra producción lechera, ganadera, porcina, frutal, hortícola, ovina y
regional”.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase)
se pronuncia a favor del Gobierno y en contra de
la FAA.
Dice:
“En lugar de enfrentar a la SRA y CARBAP, denunciando la concentración y
brutal extranjerización de la tierra,
unidas a la destrucción de un modelo soberano de producción de alimentos y
su reemplazo
por un modelo factoría productor de forrajes baratos para la exportación,
la Federación Agraria Argentina se une a los terratenientes y
multinacionales granarias
que se adueñan hoy de la renta agraria en lucha contra las retenciones.
Renta con la que, conviene recordar, junto a la petrolera, el peronismo
industrializó la nación entre 1945 y 1955.
Por supuesto que
las retenciones son sólo una medida frente a la necesidad de articular
un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, que debe obligatoriamente
incluir
-la restitución de las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes,
-la nacionalización del comercio exterior en ambos rubros,
-políticas que
permitan el acceso democrático, barato y con créditos de largo aliento a la
tierra
para
volver a tener cientos de miles de productores, repoblar el país y
reconstruir la soberanía alimentaria y las economías regionales.
También deben estar
acompañadas de subsidios,
políticas de reforestación de la superficie devastada por la sojización,
de políticas de
saneamiento de áreas infectadas por millones de litros de agrotóxicos y
transgénicos, y
de devolución de las cientos de miles de hectáreas robadas a los pueblos
originarios en las últimas décadas.
La correcta política de retenciones graduales –primera
medida seria tomada contra la sojización-,
se debe acompañar también de créditos y subsidios amplios para las
actividades afectadas por el monocultivo sojero,
tales como la lechería, la ganadería, la horticultura, la fruticultura, la
forestación y demás actividades afectadas.
Pero sin duda alguna –pese a los gritos exasperados del lobby monsantiano,
cargilliano y terrateniente-, es
una mejora neta respecto de la política seguida hasta ahora y por supuesto
mucho mejor,
que 'dejar todo al sector privado' como proponen los dueños de la tierra,
desde siempre,
apoyados por Macri, Carrió, López Murphy, el menemismo, el cavallismo y el
delasotismo. (…)
Tal vez, el dato más importante de las medidas anunciadas por el Ministro
Lousteau
se refiere a que -por primera vez desde la legalización ilegal de la soja RR
en 1995-
el gobierno
ha decidido tomar medidas que desalientan la expansión del monocultivo de
soja transgénica forrajera.
Y ese es un hecho importante que saludamos.
Que una medida tan importante,
haya sido tomada en simultáneo con la descarada entrega de los yacimientos
petroleros de la Cuenca del Golfo de San Jorge,
por parte de la ultarkirchnerista provincia de Santa Cruz, habla a las
claras, de la perversidad del modelo económico vigente
en nuestro país,
y de la estrecha relación del gobierno con las multinacionales y su doble
discurso permanente.
Pero en el tema de la sojización por primera vez desde 1995, se adopta una
medida
que desalienta el avance descontrolado del pequeño -y devastador- poroto
(…)”.
Fuente:
www.argenpress.info
Opinión
Buenos Aires,
República Argentina
Jueves 27 de marzo de 2008
Edición Nº 2038
En
cambio, el
Frente Popular Darío Santillán, si bien se
opone a la alianza establecida en el ‘campo’
tampoco concuerda con que la unidad implícita en el gobierno-estado sea la
de la diversidad popular.
Manifiesta:
Fuente:
www.argenpress.info
Opinión
Buenos Aires,
República Argentina
Jueves 27 de marzo de 2008
Edición Nº 2038
PIENSO
que el matrimonio Kirchner sabe apelar a sentimientos encontrados entre los
de abajo para enfrentarlos
de modo que quienes se encolumnan detrás suyo dejen la lucha de clases y la
deleguen en su Gobierno.
Lo peor es que pretende imponer «el único pensamiento o la única racionalidad posible».
En
una nota publicada en el diario Crítica de La Argentina, Maristella
Svampa afirma:
“En estos días
asistimos también a
la súbita reactivación de un esquema binario de hondas raíces históricas,
una matriz que tiende a absorber las figuras de la división configurando así
dos bloques monolíticos
a partir de los cuales se pretende obtener una mirada omnicomprensiva de la
política argentina.”
Agrega:
“Así como el
cacerolazo debe ser comprendido dentro de la memoria corta,
la matriz binaria
debe entenderse en el marco de la memoria larga de los argentinos:
civilización o barbarie, pueblo versus oligarquía, peronismo o antiperonismo
fueron en otros tiempos sus consignas más ilustrativas.
Históricamente este esquema conduce a
· una peligrosa reducción de la política,
· reactiva los prejuicios clasistas y racistas más elementales y
· desplaza el conflicto por fuera de toda disputa democrática”.
El posicionamiento del MOCASE y del Movimiento Nacional Campesino e
Indígena contra la Federación Agraria Argentina
y a favor de las retenciones móviles como ‘medida seria contra la
sojización’ del gobierno de Cristina Fernández
me lleva a sugerir
que quienes compartimos el imperativo de cambiar radicalmente a la parte
principal de la economía de Argentina
para liberarnos –todos los de abajo- de la opresión terrateniente,
capitalista e imperialista:
recuperemos espacios públicos
hasta transformarlos en órganos de deliberación de una creciente mayoría del
país
respecto a qué transformaciones realizar y cómo.
Debemos esclarecernos mutuamente. Por ejemplo, me resulta
incomprensible que se ponga a igual nivel de responsabilidad
sobre la conversión del campo en beneficio de las corporaciones globales de
agronegocios a la FAA que al gobierno-estado K,
e incluso se pueda creer que el último pueda asumir la lucha contra el
modelo de soja transgénica cuando
También, por ejemplo, coincido con el Frente Popular Darío Santillán
pero enfoco la reforma o revolución agraria
como un proyecto de país y no sólo de campo.
3. Reconocimiento de cómo hay transformaciones a compartir por la diversidad popular
Ecoportal.net difunde
la Declaración
de Organizaciones Sociales, Indígenas, Campesinas y Movimientos Urbanos de
la Argentina, Latino América y otros Continentes, en rechazo a la
“Tercera Reunión sobre Soja Responsable”
a celebrarse los días 23 y 24 de Abril en el Hotel Hilton de Buenos Aires,
Argentina.
Argumentan:
“Los agronegocios son responsables de
·
la
devastación de nuestros suelos, la deforestación, la contaminación de ríos y
acuíferos,
la desaparición de la biodiversidad, la expoliación del patrimonio natural y
cultural y
la eliminación de la agricultura familiar que antes alimentaba a nuestros
pueblos;
·
la
expansión de los monocultivos de soja atenta principalmente contra la
soberanía territorial,
alimentaria y cultural de los Estados nacionales y los derechos de los
Pueblos Originarios y Campesinos;
·
el modelo
de la soja excluye, empobrece y enferma a la población” o sea
-realiza
“ocupación territorial violando los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales”,
-implica
“monocultivos industriales que se expanden vaciando el territorio con su
violencia estructural inherente,
causan la migración rural y marginalización de la población en las ciudades
y finalmente, generan
la criminalización de la pobreza y de los movimientos sociales”.
Reflexionan:
“A pesar de esto,
en la actualidad los agronegocios de la soja se están fortaleciendo con
los crecientes mercados de la industria de alimentos procesados, la cría
industrial de carne y
la producción de agrocombustibles que, dicen, nos
“salvará del cambio
climático”.
En la práctica se consolida la hidrovía parte del IIRSA, aparecen nuevos sistemas ferroviarios,
se implementan más transgénicos y aumentan las importaciones de pesticidas y
maquinaria
para expoliar más rápidamente nuestros suelos. (…)
Los movimientos
sociales del norte y del sur rechazamos plenamente
todos los intentos de las Corporaciones y ONG's de instalar en la opinión
pública,
criterios de sustentabilidad o de responsabilidad, en relación a los
monocultivos de Soja transgénica.
Objetamos los
programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que
pretenden,
a través de mesas de diálogo y medidas voluntarias,
invisibilizar la responsabilidad de los crímenes cometidos
por las corporaciones y donde éstas reemplazan al Estado en sus funciones
públicas con políticas privadas asistencialistas.
Nos oponemos al proyecto neocolonial de
dominación por parte de los agronegocios,
que sistemáticamente tergiversan de manera perversa muchos de nuestros
propios discursos,
y denunciamos ese maquillaje verde con que las corporaciones internacionales
disputan los mercados calificados de certificaciones (…)”.
Para adherir deben
escribir a:
stopRTRS@gmail.com.
Para más información
http://www.grr.org.ar/ /
http://www.lasojamata.org/
Fuente:
www.rebelion.org
Ecología social
30-3-08
Como vemos son problemas que unen a la ciudad con el campo y nos
exigen, a los de abajo de todo el país,
crear poder de adueñarnos de otro destino en común. Pero:
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PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS
Con respecto a los cambios radicales en el modo de producción
agropecuaria y
a la democracia política, social, económica y cultural, podemos afirmar que:
“Hoy, reivindicar el derecho de los pueblos a la ‹‹soberanía alimentaria›› se ha convertido en una necesidad imperiosa”.
Esther Vivas explica por qué:
“El concepto de
‹‹soberanía alimentaria›› fue propuesto -por primera vez- por el movimiento
internacional Vía Campesina,
en el año 1996 en Roma,
con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la organización de las
Naciones Unidas sobre Alimentación y Agricultura, FAO.
La ‹‹soberanía
alimentaria›› se define como el derecho de las comunidades y de los pueblos
a decidir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, a proteger y a regular
la producción y
el comercio agrícola interior con el objetivo de conseguir un desarrollo
sostenible y garantizar la seguridad alimentaria.
Alcanzar esta soberanía requiere una estrategia que rompa con
·
las políticas
agrícolas neoliberales
impuestas por
la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, y
· el sistema económico capitalista dominante.
Ya que promueven un modelo de producción agrícola y alimentaria totalmente insostenible.
El sistema de producción,
comercialización y distribución de alimentos globalizado en manos de
la industria agroalimentaria
ha demostrado ser un rotundo fracaso a la hora de garantizar una mínima
seguridad alimentaria y
un modelo de producción sostenible ecológicamente.
Según un estudio realizado por la FAO, en el año
2000, se estimaba que
había en el mundo 826 millones de personas, sobre todo mujeres y niños,
que sufrían hambre y otras formas de desnutrición,
cuando
a nivel mundial se producían suficientes alimentos para alimentar a toda la
población.
Entonces, ¿cuál es el problema?
Una
de las razones principales del hambre y la desnutrición tiene que ver
con la falta de acceso a los recursos naturales (tierra, agua, entonces...) por
parte
del pequeño campesinado.
La mayor parte de la tierra
cultivable en el mundo está en manos de
las grandes empresas transnacionales que
orientan el modelo de producción agrícola a la
exportación,
obviando
las necesidades alimentarias de la población local. Una agricultura
mercantilizada, intensiva,
modificada genéticamente y que antepone los
intereses económicos a las necesidades de las personas.
En contraposición,
el concepto de ‹‹soberanía alimentaria›› coloca a los productores agrícolas en
el centro del debate político,
apoyando al derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos
independientemente de
las condicionalidades establecidas por el mercado.
Un principio que rompe con
el mito que tan sólo los mercados internacionales pueden resolver
la cuestión de la inseguridad alimentaria.
Se trata de
-priorizar los mercados locales y nacionales,
-fortalecer la agricultura, la pesca y la ganadería familiar, colocando la
producción alimentaria,
la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad social,
económica y medioambiental.
Las mujeres, las más afectadas
El modelo agrícola y
alimenticio industrializado y las transnacionales que lo aplican amenazan
la existencia de una agricultura campesina, la pesca tradicional,
la economía de pasto así como la elaboración artesanal y el comercio de
alimentos a pequeña escala
donde las mujeres tienen un papel central.
Hay que tener en cuenta
que en los países del sur, un 80% de la producción de alimentos recae en las
mujeres,
quienes son las principales responsables del mantenimiento de la biodiversidad,
de las semillas,
y en consecuencia son también las que más sufren las políticas neoliberales y
sexistas
que dominan en estos ámbitos de producción y comercialización.
A la vez son las mujeres y
los niños los más afectados por el hambre a nivel mundial, a pesar, como
decíamos anteriormente,
de ser las principales productoras de alimentos.
Además, el uso masivo de productos químicos y
organismos genéticamente modificados en la agricultura intensiva
tiene efectos nefastos sobre el medio ambiente, sobre la salud humana
y, en particular, sobre
la salud reproductiva, afectando, principalmente, a las mujeres, que son la
primera fuerza de trabajo en el campo.
Otro
ejemplo de esta desigualdad
tiene que ver con el acceso a la tierra: en muchos países del sur las leyes
niegan a las mujeres el derecho a la tierra,
y en aquéllos donde legalmente tienen este derecho, las tradiciones y las
prácticas las impiden de ejercerlo.
En Europa,
muchas campesinas sufren una total inseguridad jurídica,
ya que la mayoría de ellas trabajan en explotaciones familiares donde
los derechos administrativos son propiedad exclusiva del titular de la
explotación y las mujeres,
a pesar de trabajar en ella, no tienen derecho a ayudas, a la plantación, a una
cuota láctica, etc.
Eso, sin tener en cuenta
las condiciones laborales de las mujeres inmigrantes en la agricultura de los
países del norte,
donde trabajan en condiciones sociales y jurídicas totalmente inaceptables,
sufriendo una doble discriminación: como mujeres y como inmigrantes.
Pasos adelante
Pero
la movilización a favor de la soberanía alimentaria
cuenta actualmente con nuevos aliados.
Grupos de mujeres, de pescadores, de consumidores, de pastores, de indígenas...
se suman
al movimiento campesino en la lucha de los pueblos por la soberanía alimentaria.
Éste fue el principal resultado del Foro por la
Soberanía Alimentaria
que tuvo lugar en febrero del 2007 en la población rural de Sélingué, en Malí.
Un encuentro
que permitió avanzar en la definición de estrategias
conjuntas entre
un amplio abanico de movimientos sociales de todo el mundo.
El encuentro
internacional reunió a
más de 500 delegados y delegadas de 80 países,
con una participación equilibrada de personas de todos los continentes,
invitadas especialmente para la ocasión.
El objetivo era
llevar a cabo un debate estratégico sobre qué se entiende
-desde los diferentes movimientos sociales- por ‹‹soberanía alimentaria››,
qué propuestas concretas se reivindican y cómo llevarlas a cabo.
El encuentro fue promovido
a través de un llamamiento internacional por parte de movimientos
tan significativos como Vía Campesina, la Marcha Mundial de Mujeres, Amigos de
la Tierra,
el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores,
la Red de Organizaciones Campesinas y de Productores de África Occidental (ROPPA).
Fue la culminación de un
largo proceso preparativo y, al mismo tiempo,
un punto de partida para una nueva etapa de movilización a favor de la soberanía
alimentaria.
Un paso adelante en esta lucha, literalmente vital para centenares de millones
de personas”.
Publicado en el núm. 33 de Corriente Alterna
Fuente:
www.rebelion.org
Ecología social
2-4-08
|
bloqueando terminantemente la satisfacción de |
Ideología:
Con la dictadura cívico-militar, José Martínez de Hoz impuso la
Ley de Entidades Financieras y Domingo Cavallo
convirtió en deuda pública a la del sector privado.
De esa manera
se estableció el funcionamiento económico de Argentina al servicio de la
globalización financiera
que los Kirchner han restablecido y perfeccionado.
Pese al
pago constante y creciente de pago de esa estafa por los Kirchner (con el
justificativo de des-endeudamiento),
a fin del año 2007, la ‘deuda pública’ aumentó 8.300 millones de dólares.
En el mundo,
la deuda continúa exacerbando la pobreza y violando los derechos
humanos de los pueblos
de África, América Latina,
el Caribe, Asia y el Pacífico.
Son miles de millones de dólares anuales que el Sur tributa al Norte
en concepto de pago de "deudas" surgidas de las injustas relaciones económicas imperialistas.
En Argentina,
bajo la
consigna de honrar la deuda durante la gestión de Alfonsín y del
des-endeudamiento en tiempos de los Kirchner,
se arruina el Estado social o desfinancia el sector público y se recauda en base
al elevadísimo IVA,
es decir, restringiendo el consumo popular
ya achicado por salarios de pobreza e indigencia para los altos superávit
gemelos y crecimiento económico del polo de privilegio.
Esa
violación de derechos humanos se refuerza –durante el gobierno de Carlos Menem y
Domingo Cavallo- mediante
la privatización de las empresas estatales para el paraíso de acumular ganancias
y rentas sin invertir ni arriesgar nada.
Así se
entregó la extraordinaria rentabilidad y el poder estratégico
de YPF
donde participó de modo protagónico Néstor Kirchner e incluso –en medio de la
actual disputa por la renta agraria-
Santa Cruz
extiende por 40 años la concesión de su parte del Cerro Dragón, el mayor
yacimiento de petróleo,
a Pan American Energy
(Clarín 14-3-08).
Y la
violencia implícita en las privatizaciones
-que pudieron ser rescindidas por Néstor Kirchner- llegó al extremo de
dejar sin agua potable, saneamiento ambiental, electricidad… a las familias y
asentamientos sin posibilidades
de pago de las tarifas abusivas o porque no constituían un buen negocio.
Cuarenta por ciento de la población
sin gasoducto se ven forzadas a pagar las caras garrafas.
Cristina Fernández instaló su candidatura a la presidencia
sin hablarle al ‘pueblo’,
sólo se reunió con los grandes capitales de Estados Unidos, España, México…
les prometió súper beneficios por explotación de los trabajadores
y la naturaleza.
Al igual que su marido, también permite la invasión de gigantescos ‘inversores’
–de la escala de Soros-
especializados en la economía de casino.
Los más
exitosos en la expansión de
«la agricultura
sin agricultores» son los pooles de siembra
como los
Grobocopatel (relacionados a Soros)
que el gobierno de Néstor Kirchner introdujo en la Venezuela de Hugo Chávez.
Son estos fondos especulativos los que juegan papel importante
en la escalada de precios de la soja y demás commodities.
Respecto a
la economía de casino en el ‘campo’,
Daniel Cadabón
(especial para ARGENPRESS.info)
dice:
“El modelo agroexportador, impulsado por el duhaldismo primero y por el
kirchnerismo después,
se sostiene
sobre la base de una creciente concentración y transnacionalización de la tierra
y
del conjunto de operaciones que culminan con la cosecha de los granos (la soja
en primer lugar).
Los fondos fiduciarios y los capitalistas privados cambiaron el carácter de sus
inversiones de capital,
las volcaron a la agroindustria.
En el pasado estaban mayoritariamente destinados a los fondos de inversión
previsionales,
privatización de activos estatales, o más recientemente a la especulación
inmobiliaria”.
Grupos afines al kirchnerismo
manejan la captación de fondos de inversiones locales e internacionales.
Aclara:
“Las
“inversiones” en tierra, y en el conjunto de actividades colaterales que
acompañan
la actividad sojera y granera en general -semillas, fertilizantes, agroquímicos-
son
las responsables
de la “nueva revolución productiva”, ya que coadyuvan con
la movilización de capital en trasporte, construcción de puertos privados,
metalmecánica, etc.
Aunque el valor de la tierra es el más influido por estas políticas,
todos los activos financieros se revitalizan por la actividad especulativa y
por el movimiento incesante de créditos, venta y reventa de bonos, agios con las
rentas agrarias,
especulación sobre el alza y la baja de los fondos públicos.
La política de tipo de cambio fijo,
-sostén del superávit en la gestión kirchnerista- ha sido uno de los fenómenos
que explican el descomunal crecimiento en la renta de la tierra.
La “convertibilidad” de un dólar (1 a 3 y pico) le dio el suficiente
oxígeno a los exportadores agro-financieros
para consolidar sus negocios,
tanto en la venta directa, donde se encontró una situación extraordinaria,
en cuanto a los precios que el mercado internacional está dispuesto a pagar por
los granos,
como en actividades resueltamente especulativas desde el punto de vista
financiero.
Hasta ahora los rindes de estas actividades son enormes,
y las previsiones de los inversores son que se mantengan por un tiempo más.
Sin embargo,
el conflicto desatado en los últimos 20 días en nuestro país,
hace prever que esta política económica ha entrado definitivamente en crisis.
Por otro lado, la crisis económica mundial pero con domicilio en EEUU
ha hecho que el gobierno yanqui acabara de declarar, que incrementará en un 20%
las áreas destinadas
al sembradío de soja
como una forma de darle una salida a la agonía capitalista que acompaña
la caída en desgracia de los fondos de inversión, destinados en su momento a la
especulación inmobiliaria.
La crisis de las hipotecas ha dejado un tendal de capitales dilapidados a los
cuales el gobierno de Bush
ha salido a subsidiar;
ahora, parece haberle encontrado la misma vuelta “Nac & Pop” y
“productivista” del kirchnerismo a la crisis
y se dispone a ingresar con mayor fuerza al negocio de la soja”.
Fuente:
www.argenpress.info
Buenos Aires, República Argentina
Viernes 4 de abril de 2008
Edición Nº 2043
No sólo los
alimentos de la humanidad entera entran en competencia desventajosa con los
combustibles
de los autos sino son utilizados para la timba capitalista.
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Premisas e hipótesis:
Con el avance del capitalismo, el valor de
cambio tiende a preponderar sobre el valor de uso del producto laboral
y las sociedades, economías subdesarrolladas tienden a desintegrarse en
zonas liberadas para los saqueadores.
Pero esto significa la presencia mayoritaria de menores
con necesidades básicas insatisfechas y el deterioro grave de las
condiciones de vida y trabajo para los de abajo.
Para erradicar el reinado de la globalización financiera hay que:
1. Virar de la eficiencia capitalista a la eficacia de la producción y la eficacia social
Veamos cómo Gustavo Bazzan (Clarín 30-3-08) nos habla de las bondades del “pool de siembra”.
Comienza con una definición entradora: “El
«pool» es, en términos
criollos, una “vaquita”
que se arma entre muchos inversores –algunos de ellos tal vez
ni siquiera saben distinguir
entre
un poroto de soja y una espiga de trigo- que ponen plata para que
un equipo de profesionales
que sí conocen el negocio agropecuario administren durante un determinado
tiempo la actividad
de sembrar y cosechar.
Cada año,
reparten la
rentabilidad que dejó la campaña. Puede ocurrir que concluido el
plazo del contrato
se disuelva todo. Pero con estos precios rápidamente aparece alguien a copar
las tierras ‘liberadas’.
En verdad, el «pool»
ha cedido terreno a su vez a las grandes
empresas agropecuarias
(Grupos Los Grobo y El Tejar, ambos reciben capital extranjero)
que contratan a los mejores profesionales y
actúan con la misma lógica,
pero no tienen
un horizonte de tiempo. Trabajan así campaña tras campaña porque ésa es su
única actividad.
En mayor o menor escala, estas organizaciones se repiten en todo el país.
Lógicamente, tienen
más “poder de fuego” tanto
para alquilar tierras como para obtener
costos más bajos a la hora de
pagar insumos o pagarles a los contratistas.
En definitiva,
logran ser más eficientes en la producción
y por ende obtienen
mejores rindes y una rentabilidad mayor.
En cualquier empresa,
a quien logra esos objetivos se le subirían los honorarios. Ahora bien, si
son más eficientes,
¿por qué desde el gobierno se los demoniza?
Hay una explicación: la tentación que significan
los precios internacionales les da a estos grupos mayor margen para
pagar
más plata por los arrendamientos.
De ahí la inflación en los precios de la
tierra productiva. Es lo que
desplaza al productor que actúa
en forma individual,
que no puede lograr escala explotando su campo y arrendando el del vecino,
por ejemplo.
Éste es uno de los
factores que estaría haciendo desaparecer a los pequeños productores y
mermando la población rural en varias
provincias. (…)
Como se dijo, la
producción en escala le permitió al campo convertirse en uno de los pocos
sectores
de la producción argentina realmente
competitivo a nivel mundial (…)”.
Entonces,
la «eficiencia capitalista» se refiere al éxito en el acaparamiento del uso
territorial para producir exclusivamente
aquello más cotizado en medios comerciales y bursátiles de la globalización.
La población no importa.
No importa
expandir el hambre, la desnutrición crónica, la malnutrición, los asentamientos precarios, las enfermedades,
el exterminio… Tampoco hay preocupación alguna por desertificar y provocar catástrofes socio-ambientales.
Por el
contrario,
la «eficacia en la producción» supone la organización de la producción en la
localidad, la provincia y
el país (integrado al continente) de modo que vaya optimizando la
satisfacción de calidad de las necesidades populares
por un lado y
por otro, el ahorro de trabajo social, recursos naturales y fondos públicos.
La
eficacia en la producción como la de actividades improductivas y la de la
cotidianeidad tienen en cuenta no sólo a
los resultados-gastos de las funciones sociales sino, también, a las
posibilidades de desarrollo feliz e integral de quienes las realizan.
Pienso
que
llevar a cabo esta superación de la lógica del capital por la del trabajo
nos exige no sólo enfocar las transformaciones político-económicas de
Argentina sino,
ante todo,
el establecimiento de relaciones entre nosotros (trabajadores, campesinos
e indígenas y organizaciones respectivas) que permitan discutir problemas
desde los distintos puntos de vista
y relaciones
con los productores de la Federación Agraria Argentina o autoconvocados y
con los profesionales del agro, los científicos e
investigadores que -si están identificados con el actual modelo neocolonial-
pueden encontrar sentidos más plenos de vida
en las
construcciones creativas que emprenderemos
liberados de
la obediencia debida a la patronal privada, la estatal o
de la realidad efectivamente existente.
2. Vencer al dominio mafioso y clientelar de las provincias mediante construcción de soberanía territorial
El terrorismo
paraestatal y estatal de mediados de los ’70 fue a beneficio lucrativo tanto
de la oligarquía diversificada
como
del gran empresariado ‘industrial’, ambos aliados y subordinados al
imperialismo liderado por Estados Unidos.
Al servicio de ese contubernio en contra de los intereses populares y
nacionales,
las derechas políticas
se adueñaron de los partidos Justicialista y Unión Cívica Radical que
permitieron –‘democráticamente’- consolidar
el subdesarrollo de Argentina y el crecimiento constante -hasta la
actualidad- de la desigualdad,
la fragmentación y la injusticia sociales.
¿En qué se identifican
los actuales políticos de la derecha desembozada y de la disfrazada de
progre? Su lucha por acaudillar
(o por alinearse detrás de quien domina) persigue, ante todo, enriquecerse
sea como sea y vanagloriarse de manejar
cuotas de poder sobre ‘la gente’.
Pero lo fundamental es que hacen posible la legalidad y la legitimidad del sistema de saqueo.
Salvador María Lozada advierte sobre el sistema político en sintonía con el neoliberalismo:
“Desde que en
Argentina se recuperó el espacio democrático, en 1983, (…) se ha ido
imponiendo
como
desideratum político la mera permanencia en el poder por medio del
reparto sistemático de bienes
en las instancias electorales. Bienes obviamente adquiridos con los recursos
del Estado, esto es,
con el dinero de los contribuyentes mediante una trama compleja y eficiente
de caudillos y “punteros”. (…)
Allí están los mil y
un intendentes, concejales, diputados y senadores y sus interminables
legiones nepotistas,
sus “ñoquis” inextinguibles, los beneficiarios de sinecuras y
canonjías burocráticas y legislativas. Todos ellos
con ‘lealtades’ transferibles,
puestas al día al mejor postor, rápidamente endosadas al nuevo tenedor
ocasional.
Se trata
de un mecanismo de extrema plasticidad que otorga a la dirigencia política
argentina,
hoy hegemonizada quizá como nunca antes por la versión actual del peronismo,
su asombrosa flexibilidad para adaptarse a las distintas situaciones.
Sus miembros
son como bienes fungibles para, preferentemente en las proximidades
electorales,
ejercer ante la ciudadanía formas típicas de abuso de poder.
El
clientelismo necesita de la pobreza.
No osaría llevar adelante políticas para su reducción significativa,
porque
sería una política autodestructiva. No erradica la pobreza: la mantiene y
perpetúa. Requiere
la pasividad, la abulia y el sentido de inferior del indigente, al que años
de penuria han quitado energías
para reaccionar activa, altiva, productiva o creativamente.
El clientelismo
requiere de la existencia de un vasto lumpen-proletariado. (…)
Transpuesto al presente,
abarca a la marginalidad social que depende para su subsistencia del
asistencialismo gubernamental”.
Pero hoy el clientelismo no se limita a abusar de
los excluidos, difunde y acrecienta
ese predominio de la derrota sobre la confianza en la perseverancia
aprovechándolo
para las confluencias en el consenso imprescindible a la gobernabilidad de
la tiranía del ‘Mercado’.
Salvador María Lozada pregunta:
¿Están cambiando en este punto las cosas en la Argentina de hoy?
Contesta:
“No cambiaron los
servicios públicos privatizados –algunos subsidiados generosamente-;
no cambió
la enajenación de YPF y ahora la “Repsol-ización” del petróleo de la
plataforma continental
a través del artilugio de Enarsa; no cambió el trato privilegiado al FMI; ni
la minería expoliadora y contaminante
ni, en fin,
el menemismo estructural residual que nadie cercano al poder se atreve a
cuestionar y menos aun a modificar.
No se discute que la
economía crezca. Y a un ritmo importante, entre el 8% y el 9% anual. Sin
embargo,
la concepción de ese crecimiento es la misma
que en la década menemista, puesto que
incluye muy centralmente
la acentuación de los desniveles entre sectores
y por consiguiente, una marcada injusticia social”.
Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/
marzo 2006
www.eldiplo.org
El loado
crecimiento económico
“incluye muy centralmente
la acentuación de los desniveles entre sectores
y por consiguiente, una marcada injusticia social”.
Sucede que
el sistema capitalista mundializado acumula por despojo o sea redistribuye
globalmente recursos e ingresos
a favor -sobre todo- de la gran burguesía de EEUU y de la Unión Europea.
Ese aumento de la rentabilidad en las finanzas globales y los mercados de
commodities
se da
–de modo esencial- mediante los gobiernos nacionales
que imponen salarios y condiciones laborales de pobreza a los trabajadores
ocupados
e incluso permiten la esclavitud para la “población redundante”.
Pero, además, los
gobiernos nacionales -como los del matrimonio Kirchner- no sólo transfieren
fondos públicos
en forma de subsidios directos e indirectos a quienes manejan localmente
estos súper negocios globales
sino, también,
les garantizan su poder oligopólico que les permite cosechar las ganancias
de todos los propietarios participantes
en la rama productiva monopolizada y cargar gastos e impuestos sobre los
últimos y la población en general como consumidora.
El
llamado boom sojero
es controlado sustancialmente por las firmas que dominan su comercio
internacional
(Cargill, Dreyfus, ADM Arg., Nidera y Toepfer)
que exportan alrededor de
un 80% del aceite y la harina de soja. Con otras cinco corporaciones
transnacionales y nacionales
(como Aceitera General Deheza del senador oficialista Urquía) superan
largamente esa alta concentración de la exportación.
Pero la expansión del
monocultivo de soja transgénica implica una reestructuración socioeconómica
y territorial de Argentina
a favor de la globalización productiva, mercantil y financiera.
Se trata del modelo agroalimentario o agroindustrial que impulsan los súper
mercados en la distribución final
de alimentos, la gran industria alimentaria, la industria de semillas y
agroquímicos (Monsanto) y
el capital financiero concentrado.
También -como escribe
Miguel Teubal- “se acentuó la presencia de
«mega productores»
(Soros y Benetton). Y otra característica (…) es la expansión de
emprendimientos formados por grupos de
inversores, operados por técnicos agrarios y administrados por consultoras
privadas, que toman
tierras de terceros en gran escala de producción (fondos de inversión o
pool de siembra)”.
El crecimiento
económico –glorificado por los Kirchner- es el avance expulsor de
la población rural y los pueblos del interior e indígenas que se complementa
con
la economía de enclave de la exportación de hidrocarburos y
el plan de ejecución muy extensa que es la mega minería a cielo abierto.
Pero también con la construcción
y los negocios turístico e inmobiliario se vacía a la ciudad de Buenos Aires
de sus componentes populares.
De modo que la
gobernabilidad de este sistema de entrega, despojo y sumisión
exige
la vigencia plena del Partido Justicialista que consolide los estados
provinciales,
con funcionamiento casi feudal, para garantizar la impunidad imprescindible
a la alianza de los factores locales de poder con las burguesías
imperialistas.
Pero, además, la
globalización implica perfeccionamiento del narcotráfico, de las redes de
prostitución,
del tráfico de niños…y en eso andan los entramados provinciales de
instituciones políticas, judiciales, policiales,
empresariales.
Como vemos para desarrollar la soberanía alimentaria necesitamos construir previamente:
|
La soberanía territorial que resulta de
con el del país entero y el del continente.
Es una construcción de nuevas relaciones
diversidad popular e infunda confianza en poder desestabilizar los feudos.
para su manejo integral e interrelacionado |
PLANTEO / IDEOLOGÍA / PREMISAS E HIPOTESIS
Con
respecto al enunciado gubernamental de tener un proyecto nacional y
economía según las necesidades populares,
veamos en qué reditúa su política de atracción de los inversores extranjeros.
La
fórmula económica y financiera que tienen
las filiales de las empresas extranjeras en la Argentina
consiste en:
Ganar mucho, reinvertir poco y remitir el grueso de las utilidades
a sus casas matrices.
Ismael Bermúdez (Clarín/ iECO/ 6-4-08) aclara:
“Según los datos del
Balance de Pagos que elabora el INDEC, en 2007,
las utilidades y dividendos que generaron las empresas extranjeras sumaron 6.112
millones de dólares,
una cifra récord
que, en valores nominales, duplica los niveles de los 90, pero ahora
con un tipo de cambio más alto.
En el último trimestre del año pasado, esas utilidades sumaron 1.611 millones de
dólares,
un 20% más que en igual período de 2006.
El grueso de
esas utilidades corresponde al sector petrolero-minero
(que
no está obligado a liquidar la totalidad de sus exportaciones en el país)
y está vinculado al alza de los precios internacionales del sector.
Lo mismo pasa en otros rubros como alimentos o siderurgia.
Por su parte,
la reinversión de esas utilidades en el país –en 2007- sumó 1.556 millones,
apenas una cuarta parte de lo ganado. En consecuencia, las utilidades remitidas
sumaron 4.556 millones,
una cifra también récord que supera la “fuga”
que por ese concepto hubo en 2001.
Así, con la excepción
parcial de 2006, sigue sin revertirse el largo período negativo iniciado
en 1999
cuando las empresas extranjeras no sólo no reinvirtieron sino que incluso
remitieron a sus casas matrices
ganancias acumuladas de años anteriores.
Para
algunos especialistas, se trató de un claro proceso de desinversión
o “fuga de capitales” (aunque técnicamente sean cosas distintas)
como
surge del fuerte giro -5.000 millones de dólares- que hubo entre 2001
y 2003, en pleno período de crisis.
En gran parte,
este proceso está vinculado a la extranjerización de la economía que se inició
en los 90
y continuó durante lo que va de esta década.
Según el INDEC, con la
toma de control de YPF por parte de Repsol,
en 1998, se produjo
un cambio
ya que “la renta del sector saltó de 400 millones de dólares por año entre
1992 y 1998
a 2000 millones desde el año 2000 a 2002”.
A eso se agrega
que los giros al exterior “se incrementaron un
85% pasando de 2.200 a más de 4.000 millones de dólares
debido a que muchas empresas pagaron dividendos utilizando las ganancias
acumuladas por lo que
se llega a niveles negativos de reinversión de utilidades nunca antes
registrados”. (…)
Al mismo tiempo, el
proceso de extranjerización de la economía acrecentó
el peso de las utilidades.
En los últimos años cambiaron de bandera Quilmes, Loma Negra y el total de
Acindar (…)”.
A
consecuencia del saqueo de hidrocarburos y de su continuidad, e incluso
profundización,
el Gobierno toma una solución de emergencia a la penuria energética que es
onerosa.
De ahí que haya:
“Puja por 3.000 millones de dólares entre el Gobierno y las petroleras”
Marcelo Canton
(Clarín// El País// 6-4-08)
aclara el título de su nota:
“lo que
discuten es a quién le cabe la responsabilidad de
importar gasoil perdiendo dinero por cada litro despachado.
En 2008, dicen los
analistas más optimistas del sector privado, será necesario importar
2 millones de metros cúbicos de gasoil.
Los más pesimistas, en cambio, estiran esta cifra
al doble, hasta 4 millones de metros cúbicos.
La diferencia está en cuál sea la temperatura
durante el invierno (…).
“Cada metro cúbico de
gasoil cotiza a alrededor de 750 dólares –dice
uno de los analistas
más respetado del mercado-. La cuenta es fácil: alguien tendrá que poner de
1500 a
3000 millones de dólares para traer todo ese combustible del exterior”.
Hasta el año pasado, los
faltantes de gasoil se compensaban con importaciones hechas por las petroleras
y compras puntuales de ENARSA. (…)
La semana pasada el
Gobierno reglamentó el Plan de Energía Total y allí el Estado pasó a ser
el responsable de la provisión del gasoil
que sea necesario importar. Comercio Interior
determina qué volumen hace falta y el Tesoro
cubre la diferencia entre los precios internacionales
y
el valor (menor) al que el combustible se comercialice en el mercado interno.
La pregunta es: ¿todo el gasoil, o una parte? (…)
En el Gobierno
tienen un punto de vista totalmente diferente a las petroleras (…): “Nosotros
importaremos sólo el combustible
que haga falta para Cammesa, para generar electricidad… pero el gasoil para las
estaciones de servicio, el campo,
el transporte es responsabilidad de las petroleras, no pueden hacerse los
distraídos”.
Enrique Eskenazi,
beneficiado con la ‘argentinización’ petrolera según los Kirchner,
reclama (Clarín// El
País// 13-3-08):
“terminar con la política de tarifas congeladas y subsidios. (…)Si queremos
seguir creciendo a este ritmo,
hay que revisar todo”. Consideró “lógico” que, en un país con un
crecimiento de 8% anual, la suba de precios
sea inevitable.
|
|
Ideología:
Con una
política energética mirando en exclusivo por los intereses lucrativos de
petroleras extranjeras y sus socios locales
se estrangula el bienestar y el futuro de la diversidad popular.
Porque tiende a desabastecer de suministros básicos a la población, encarecer la
canasta familiar y agotar los recursos energéticos.
Los partidos políticos –sobre todo el Justicialista- en nombre de las mayorías hicieron y hacen posible:
1. El despojo de la renta petrolera y el agotamiento de las reservas de
hidrocarburos
En 1988, las
reservas comprobadas eran de 14 años para petróleo y 34 años para gas pero la
privatización de YPF
condujo a:
· aumentar la actividad extractiva;
· exportar en gran escala y
· descender la exploración en picada.
En 1980 se exportaban
combustibles por valor de 280 millones de dólares;
en 1990 se pasó a 985 millones; en 1995 se llegó a 2.169 millones y en 2004 a
6.171 millones.
Ricardo De Dicco, Gustavo Lahoud y Federico Bernal dicen en octubre de 2006:
“En base a datos de la
Secretaría de Energía de la Nación (SEN), durante el período 1980-1989
se registró un promedio anual de 117 pozos explorados;
durante el período 1990-1999 el promedio descendió a 94 pozos y en el quinquenio
2000-2004
fue de apenas 23 pozos anuales.
La baja inversión
en exploración registrada en el quinquenio 2000-2004 es imposible explicar desde
la óptica empresarial
si se comparan los precios del barril de crudo en este período con respecto al
de los ’90.
Sobre fines de esa década,
cuando el barril de crudo había descendido por debajo de los 11 dólares (en
1998),
el argumento de las petroleras era que los esfuerzos exploratorios serían
significativos
una vez que el barril superase la barrera de los 25 ó 30 dólares.
En el primer trimestre de
2002 –devaluación mediante- la administración Duhalde pactó con las compañías
petroleras
un precio para el barril de crudo en el mercado interno de 28,5 que se alineaba
con el precio internacional de
referencia de Argentina, el WTI.
Sin embargo, al año siguiente se realizaron apenas 19 pozos exploratorios,
cantidad similar a la de 2002.
En 2004,
con un precio internacional promedio del barril de crudo por encima de 41,4
dólares y con un precio para
el mercado interno de 34,5 dólares, apenas se realizaron –según la SEN- 25 pozos
exploratorios: 16 de petróleo
y 9 de gas. (…)
En 2005, con precios de
56,6 dólares y de 45,2 dólares respectivamente para los mercados mundial e
interno,
apenas se exploraron 43 pozos de petróleo y 10 de gas”.
Señalan:
“Durante el ejercicio 2004,
Repsol YPF obtuvo resultados operativos de 2.638 millones de euros
(unos 3.298 millones de dólares) de los cuales el 64% provinieron de Argentina.
Pero se observa que las
inversiones resultantes de tales ganancias extraordinarias realizadas en el país
se orientaron al
desarrollo de los pozos existentes (los descubiertos por la empresa estatal
argentina)
ya que las inversiones de capital de riesgo fueron casi nulas: apenas 6 pozos
exploratorios
mientras que
los pozos de hidrocarburos en desarrollo totalizaron 308 y los de avanzada 65”.
Esto ha sido
posible de modo ‘democrático’ gracias al funcionamiento de los poderes públicos
regidos
por el Consenso de Washington y mediante una serie de decretos y leyes
nacionales y los programas
de privatización y desregulación de la economía.
2. La violación de leyes y marcos reguladores
Ricardo De Dicco, Gustavo Lahoud y Federico Bernal dicen:
“Los aumentos sistemáticos
de combustibles y tarifas de servicios públicos de la energía
aplicados en los años ’90 violaron el Régimen de Convertibilidad (Ley 23.928 de
1991) y los marcos regulatorios
de los segmentos gas (Ley 24.076 de 1992) y electricidad (Ley 24.065 de 1992).
Mientras tanto, los
correspondientes al período 2002/06 son violatorios de la Ley 25.561 de
Emergencia Pública
y Reforma del Régimen Cambiario (de 2002). O sea que la
seguridad jurídica de los ciudadanos argentinos
ha sido violada con impunidad”.
También la comunidad de
negocios en torno a las privatizaciones publicitó
“la expansión de la red troncal de gasoductos y de
líneas de energía eléctrica de alta, media y baja tensión para abastecer la
población.
Pero eso
nunca tuvo lugar (en violación de los marcos reguladores),
pese a la captación de rentas extraordinarias (transferidas al exterior).
En el caso del gas
natural, una parte de esas rentas extraordinarias se destinó a la construcción
de gasoductos
para la exportación (en violación de la Ley de Hidrocarburos y del Marco
Regulatorio del Gas por estar insatisfecho
el mercado interno).
Los permisos de
exploración y concesiones de explotación hidrocarburífera adjudicados con la
entrega de
las áreas centrales y marginales de las cinco cuencas productivas del país
violaron escandalosamente
la Ley Nº 17.319 de Hidrocarburos (de 1967). Por ejemplo, el artículo 34 señala
que
una compañía petrolera puede ser titular de hasta 5 concesiones de explotación:
Repsol YPF es titular de 86.
Cabe destacar el caso de
la prórroga correspondiente al yacimiento gasífero Loma de la Lata, en Neuquén,
violatoria del artículo 35 de la mencionada legislación que involucra al ex
presidente Fernando De la Rúa,
a Jorge Sobisch como gobernador de Neuquén y a Alfonso Cortina como presidente
de Repsol YPF S.A. (…)”.
Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/
octubre 2006
www.eldiplo.org
3. La instauración del saqueo de modo ‘democrático’
La
Constitución de 1994 (artículo 124) transfiere el petróleo y el gas a las diez
provincias que poseen yacimientos
de hidrocarburos pero que apenas componen el 15% de la población de Argentina.
De este modo se desconoce
el 85% de quienes
financiaron su exploración, extracción e industrialización durante ochenta años.
El gobierno de Néstor Kirchner
efectizó la provincialización a través de la Ley Corta o de Emiratos árabes.
El paso de la propiedad
nacional del subsuelo a las provincias atacó la soberanía energética del país
y facilitó la entrega circunscribiendo el ámbito de decisión a satrapías
proclives a entregar bienes comunes a las multinacionales.
También,
en coherencia con su fundamental apoyo a la privatización de YPF cuando era
gobernador de Santa Cruz,
Néstor Kirchner -como Presidente-
impone la ley de desgravación tributaria para los oligopolios petroleros y
gasíferos con el falso justificativo de
hacer
“más atractiva y competitiva la exploración de nuestro Territorio Nacional”,
así explica motivos de ese proyecto
al presentarlo.
También
esa exposición dice que el menemista Plan Argentina “ha dado resultados muy
positivos en exploración”
y menciona –con entusiasmo y coincidencia- los decretos del presidente
Carlos Menem 2.178 del 21-10-1991;
1.271 del 21-7-1992 y el 1.955 del 4-11-1994.
Salvador María Lozada aclara qué dispone la ley:
“Quienes
decidan aprovechar este plan continuista gozarán de desgravaciones del IVA y del
impuesto a las ganancias;
de exención a la ganancia mínima presunta, además de la exención del pago de
derechos de importaciones mineras.
La ley
tampoco deja dudas de que al permiso de exploración le seguirá una posterior
concesión de explotación,
como dice literalmente su artículo 4”.
Define otro posicionamiento gubernamental:
“La actuación de la autoridad pública en lo económico es un
derecho de aquélla,
en cuanto
el bienestar y la prosperidad económicas son un contenido necesario e
indispensable
del bien público, fin del Estado. Si tal bienestar no se produce
espontáneamente;
si el esfuerzo y la iniciativa privada no son suficientes o engendran patentes
injusticias
o riesgos
de corrupción y abusos, el poder público tiene el deber
de adoptar
las medidas que sean necesarias para configurar un orden económico,
dirigir su desenvolvimiento y promover la justicia y el bienestar.
Concretamente, al Estado le corresponde la realización
de aquellas actividades vinculadas
a bienes instrumentales que llevan aparejado un poder económico tal que no es
posible
dejarlas
en mano de personas privadas sin peligro para el bien común,
como claramente son las relativas a los recursos naturales y la energía.
La
provisión de energía, tanto como las fuentes y los recursos que la nutren,
en la sociedad contemporánea, constituyen esas actividades contenidas en la
noción de servicio público.
Estos
cubren
necesidades colectivas impostergables, cuya particular trascendencia y vital
significación
los convierten en cometidos de interés general necesitados de procedimientos que
aseguren
su satisfacción adecuada en todo momento.
La energía, como todos los servicios públicos, requieren un
régimen jurídico
de derecho público,
diferenciado del derecho privado en el que reposan los prestadores de
actividades no esenciales.
El servicio público requiere la aplicación de procedimientos y potestades típicos del derecho público”:
“Por último, pero no menos importante,
allí donde
hay necesidades colectivas e interés público:
el fin de lucro,
esencial en las actividades y sociedades comerciales,
carece de relevancia y es decisivo que no se imponga
ni condicione la prestación del servicio (…)”.
Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/
abril 2006
www.eldiplo.org
4. Los premios de los gobiernos K a las petroleras en vez de nacionalizarlas
Reciben subsidios
multimillonarios y aprovechando la ley que transfiere a las provincias
petroleras
arreglar con las transnacionales,
el principal yacimiento Cerro Dragón –mayormente en Chubut y parte en Santa
Cruz- concesionado
a Pan American Energy (propiedad de la británica British Petroleum y los
hermanos Bulgheroni)
hasta el año 2017, diez años antes de su terminación se la prolongó hasta el año
2047.
Al igual que los gobiernos
de Menem y De la Rúa, los de los Kirchner nos hacen pagar los combustibles del
país
a un precio que tiene como referencia el del mercado internacional. Pero,
además,
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Premisas e hipótesis
Con el
diseño de la economía a favor exclusivo de las transnacionales y sus socios
locales,
no puede haber bienestar popular ni desarrollo social.
1. Desertificación, desnacionalización y… pobreza e indigencia para la mayoría de los menores de Argentina por la sojización
El
país resulta cada vez menos nuestro, más devastado, más hambreado:
¿de quiénes y para quiénes es el alabado crecimiento económico?
Fernando 'Pino' Solanas,
referente del Movimiento Proyecto Sur, señaló a COPENOA que tanto los
productores como
el Gobierno
esquivaron “al tercer protagonista: las multinacionales exportadoras que se
quedan entre un cuarto y un tercio de la renta agraria”.
COPENOA comenta:
“El
ex candidato presidencial por Proyecto Sur explicó que “el problema del campo
es más complejo,
debe atenderse
la problemática de todos los productores del país. Necesitamos retenciones
diferenciadas y
un Estado planificador que favorezca el desarrollo, no sólo de la pampa húmeda,
sino de todas las economías regionales”. (…)
Podrán abrir una
Secretaría de Agricultura, aplicar retenciones diferenciales y reintegros,
subsidiar los fletes, convocar a un Consejo Federal Agropecuario, pero no se va
a solucionar
el problema del reparto
si no se elimina al sector exportador como lo hicieron Canadá y Australia
con mecanismos similares a la ex Junta Nacional de Granos', sostuvo Solanas.
Agregó:
“Los grandes jugadores en el negocio de la soja y de la cadena agroindustrial
son las multinacionales
como Cargill- Monsanto, Bunge & Born, Dreyfus, Aceitera General Deheza,
Vicentín,
que son los que exprimen a los pequeños productores”.
‘Pino’ Solanas
explica cómo los súper
beneficios de la “agricultura sin agricultores” son cosechados
por
las exportadoras que figuran entre los mayores operadores del mundo:
“Para ser más claros, la cerealera le dice al productor que tiene que pagarle al
Estado por 250 dólares,
cuando en realidad está pagando 200.
En un año, estamos hablando de cifras que pasan los US$ 3.500 millones”.
Añadió: “No sólo eso, además tercerizan a Uruguay exportaciones para pagar
menos impuestos.
Son manejos que tienen que ser investigados (…)”.
Fuente: www.argenpress.info
Política
Buenos Aires,
República Argentina
Martes 8 de abril de 2008
Edición Nº 2045
2. El gobierno-Estado mirando por despojar a la diversidad popular para enriquecer a los grandes capitales
Ante
la extraordinaria oportunidad abierta a fines del año 2001 de romper con la
estafa de la deuda pública,
el gobierno de Néstor Kirchner
“deja pasar la ocasión de un cambio importante, de una cesura o corte históricos
y
omite los grandes planteamientos en los que puede hacerse fuerte;
los cuestionamientos de principio sobre la legitimidad y exigibilidad de
importantes segmentos
de la presunta deuda; el rechazo ‹ in limine › de la pretensión de muchos de los
acreedores”.
Salvador María Lozada prosigue:
“Quedan así
voluntariamente cancelados, por el propio país beneficiario, los cruciales
capítulos de invalidez constitucional
de la deuda, de su rechazo en los términos de la doctrina de la Deuda Odiosa, de
la posible aplicación de
la doctrina Espeche Gil, del examen de los diversos segmentos de un endeudamiento que es plural y
heterogéneo
y lo último pero no lo menor, del escrutinio severo de
las gravísimas responsabilidades ético-jurídicas habidas en esta materia
crítica”.
Advierte:
“La deuda externa nunca
fue arreglada; ni entonces ni después.
Nadie quiso hacerlo: ni el poder ejecutivo ni las cambiantes mayorías
legislativas.
Se siguió
avanzando sin cuidado en el endeudamiento y en las viciosas negociaciones
-alegremente proclamadas como exitosas- con el FMI, como si la Constitución no
existiera.
Pero la Constitución
existe y la deuda externa carece de validez constitucional
mientras
no sea arreglada por el Congreso, cosa que en ningún momento ha sucedido (…)”.
Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/
marzo 2004
www.eldiplo.org
En
nombre de honrar la deuda o bajo la amenaza de ser despojados por las potencias
acreedoras, nuestros ‘representantes’
de los poderes Ejecutivo y Legislativo entregaron nuestros patrimonios e
ingresos.
Nos quitaron
las empresas altamente rentables y los servicios públicos.
Pisotearon nuestra seguridad jurídica violando hasta nuestros derechos más
básicos.
Nos recortaron salarios y jubilaciones e incrementaron la presión tributaria
sobre nosotros: los oprimidos,
mientras los opresores eran liberados de todo impuesto.
Esas
políticas de ajuste para ‘luchar contra el déficit fiscal’ implicaron
desmantelamiento de la educación y la salud públicas,
aumento de la pobreza y de la desigualdad e injusticia social.
Con el gobierno K
esa política, en acuerdo con el FMI, de transferencia creciente de fondos
públicos hacia la gran burguesía financiera global
en concepto de ‘acreedora’ se la denomina de desendeudamiento y la acción de
liquidar el Estado social designada con
el nombre de ajuste, que asustaba, ha sido sustituido por logro del ‘felizmente alto’ superávit fiscal.
Pero
en el 2007, la deuda externa –tanto la pública como la privada- aumentó en
14.435 millones de dólares.
Hubo ese fuerte salto en el endeudamiento porque sirvió para
cancelar vencimientos,
se incrementó la mitad de deuda ajustable por inflación interna,
se engrosaron las reservas y los subsidios al polo de privilegio.
Este año también será para financiar el tren bala….Las
obras se financian con nueva deuda
por US$ 3.900 millones.
Durante el
enfrentamiento con una parte del campo que le importa,
el Gobierno –a través de Lousteau- firmó
la convalidación del plan de financiamiento de
una de sus principales prioridades en contra del bienestar popular.
También
contra el bienestar popular y durante ese enfrentamiento,
se aprobó la ley que otorga ventajas impositivas a los llamados ‘inversores’
pero son los saqueadores legalizados y legitimados por ‘nuestros
representantes’.
Las
privatizadas nos roban, enferman, degradan el medio ambiente, matan y encima,
los poderes así establecidos se burlan
enganchándonos con el siguiente título en términos futboleros:
“Argentina va empatando con el CIADI”
Entre
las demandas de las privatizadas y los bonistas (42 en total)
el número por juicios asciende a casi 14 mil millones de dólares,
sin sumarle
los reclamos en los que no hay un monto determinado (ni siquiera de inversión)
lo que puede elevar la cifra a unos 20 mil millones de dólares (Clarín 6-4-08).
El
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones
(CIADI)
es una dependencia del Banco Mundial, programador e impulsor de las
privatizaciones.
Su carácter de organismo de arbitraje lo fijan los tratados bilaterales de
inversión que
en la Argentina son 54.
Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno (en junio de 2005) señalan:
“Según el tratado de creación del CIADI, sus arbitrajes tienen valor de
sentencia firme.
Pues bien: en la legislación argentina, las sentencias firmes de primera o
segunda instancia
están sujetas al control de constitucionalidad.
Por otra parte, los arbitrajes del CIADI están plagados de aberraciones jurídicas:
a)
no hay ley aplicable pues sólo se consideran algunos principios del
derecho que
no se especifican;
b) varios de los árbitros son abogados de las empresas en otros juicios del CIADI;
c)
cualquier nacional de un país contratante puede llevar a un Estado a un
arbitraje,
aunque sólo tenga el 1% de la empresa litigante;
d) no se cumple con la obligación de agotar –antes- la instancia administrativa y judicial local;
e)
las empresas invocan perjuicios causados por la devaluación, cuando la
fijación del valor
de la moneda es una atribución del Estado soberano, que no genera derechos a
favor de nadie;
f)
se aplica la cláusula de la Nación más favorecida, por la cual el
inversor puede invocar
disposiciones de un tratado diferente con otro país”.
Aclaran:
“Los
litigios judiciales se pueden encarar con tácticas de consentimiento o de
ruptura.
En el primer caso,
se respetan las reglas establecidas y dentro de ellas se enfrentan acusación y
defensa.
En cambio, en los procesos de ruptura no se aceptan las premisas que propone el
adversario
y se cuestiona al juez, a la legislación, al procedimiento o al hecho que se
juzga. (…)
La táctica
‹‹de ruptura››
no es contradictoria sino coadyuvante y llegado el caso podría ser supletoria.
Comienza por
demostrar que el sistema conformado por ‹tratados de inversión-CIADI› es
inconstitucional como
método de arbitraje para Argentina.
Ya que la adhesión de Argentina al CIADI fue publicada en el Boletín Oficial del
2-9-1994 pero pocos días antes,
el 24-8-1994 entraba en vigencia la nueva Constitución Nacional cuyo artículo 75
inciso 24 especifica que
es el Congreso
quien debe “aprobar tratados de integración que deleguen competencia y
jurisdicción a organizaciones supranacionales”. (…)
Por
tanto, la Ley Nº 24.353 de adhesión ya era insuficiente para que el Estado
delegara jurisdicción:
era indispensable que se sancionara otra ley con los recaudos del art.75 inc.24.
Como ese acto nunca se efectuó,
cualquier arbitraje del CIADI con respecto a Argentina es nulo. (…)
También son nulos los tratados sobre inversiones en la parte que establecen
la “delegación de competencia y jurisdicción”.
En derecho,
las cláusulas de un tratado internacional (sin jerarquía constitucional) no
pueden prevalecer por sobre
un artículo de la Constitución Nacional: se extinguen en cuanto entra en
vigencia el artículo constitucional
que las contradice.
El art.27 de la Constitución Nacional establece que los tratados “deben estar
en conformidad con
Los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”.
Los
tratados de inversión duran 10 años, plazo que está cumplido en casi todos los
casos;
si no se denuncian, se prorrogan de modo automático. (…)
En
este contexto, es urgente denunciar esos convenios que no son instrumentos de
desarrollo,
sino de extorsión”. Agrego: son instrumentos que
desvalijan y empobrecen aún más al país y a nosotros.
Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/
junio 2005
www.eldiplo.org
El gobierno de Néstor Kirchner no los denunció –como hizo el gobierno de Evo Morales en Bolivia-
ni eligió
la táctica de ruptura con el CIADI sino la de consentimiento
y por lo
tanto, delegó la soberanía de Argentina y la somete –sin respetar nuestra
Constitución- a un arbitraje
que adquiere validez en la medida que es reconocida su jurisdicción por el país
acusado.
Aún más, tuvo
la oportunidad histórica de rescindir los contratos de concesión con las
privatizadas
por la gravedad de las fechorías e irregularidades cometidas pero los renovó e
hizo todo lo posible
para la continuidad de Aguas Argentinas dominada por la empresa francesa Suez.
Aguas Argentinas
Pero somete a juicio a Argentina en el CIADI aun cuando el Banco Mundial es parte del consorcio y juez.
Como vemos los gobiernos K no tienen nada de popular y nacional, necesitamos apropiarnos de:
|
-el FMI, el BM, el BID y todo el mecanismo de eterno endeudamiento- |
