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Abril 2008
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Correspondiente a la primera hipótesis
Mientras los gobiernos K se ocupan de entramparnos y de succionarnos
ingresos para transferirlos a
los grandes capitales globales y sus socios locales y para proyectos
faraónicos, o mejor, sus negociados que nos endeudan
por generaciones.
Nosotros –los de abajo- debemos unirnos para resolver cuestiones tan
fundamentales como:
“Con una superficie
de 2.766.890 kilómetros cuadrados
-sin contabilizar la propia Antártida e Islas del Atlántico Sur-
y una población de 39.540.000 de habitantes,
Argentina
ocupa el octavo lugar en el mundo por su territorio,
pero el puesto número 200 en cuanto a densidad poblacional:
14 habitantes por km2.
Se trata, por
tanto, en términos de desarrollo y
gestión geopolítica nacional, de un gran territorio vacío y no planificado”.
Walter Alberto Pengue continúa:
“Territorio que, a
primera vista, se encuentra hoy “de remate”,
una metáfora
que expresa la posibilidad que tiene el capital
–nacional o extranjero- de apropiarse
de bienes ambientales presentados exclusivamente como mercancía de cambio.
El primer recurso
involucrado es el suelo, lo que conlleva cuestiones territoriales
y de acceso
a otros recursos naturales no menos importantes: agua, biodiversidad,
minerales, petróleo
y hasta el propio espacio vital. (…)
Valores muy diferentes
a los de Europa, Estados Unidos e incluso Japón
-donde una hectárea de suelo fértil puede llegar a 270.000 dólares-
se manejan
en países como Uruguay donde una hectárea de buena tierra agrícola cuesta
entre 1.800 y 3.000 dólares o en los Cerrados brasileños (dependiendo de su
productividad
alcanzan los 1.000 dólares) y en los mejores campos de Argentina (Zona
núcleo) donde
alcanzan de 6.000 a 7.000 dólares, en proceso de aumento.
Por supuesto,
la demanda por nuevas tierras no se circunscribe a las áreas convencionales:
en Argentina, el proceso de pampeanización –es decir, la imposición
del modelo agrícola pampeano
a regiones
como el Chaco, la Mesopotamia o el Monte- se expande. Lo que ejerce una
fuerte presión no sólo
sobre el territorio sino especialmente sobre las comunidades de pequeños
agricultores, propietarios veinteañales,
campesinos o pueblos originarios.
Ello se refleja en los
conflictos sociales rurales, reacción de campesinos desplazados por
desmontes y
topadoras de empresarios interesados o del propio poder político local.
La lucha de los
indígenas en Chaco es sólo una muestra del rosario de demandas irresueltas
en todo el país,
como informa el abogado Walter Zanuttini del Instituto del Aborigen Chaqueño
refiriéndose a la huelga de hambre
que ellos llevaron a cabo por 32 días el año pasado en la Sede de Gobierno
de esa provincia.
Tanto en
el campo como en la ciudad,
los “vecinos autoconvocados” y aquéllos que se ven afectados
directamente,
son los principales impulsores de la lucha por los derechos
socio-ambientales ligados a conflictos ecológicos
por la distribución del territorio y los recursos.
Las discusiones se
repiten a lo largo y ancho de Argentina,
con problemas irresueltos
desde Tilcara a El Pedregoso en Chubut; desde Puerto Piraí o el Bañado La
Estrella hasta Calingasta, Andalgalá o Famatina.
Reverbera
incluso nuevamente con más fuerza desde los pioneros vecinos de Esquel y su
“no a la mina”,
que actualmente enfrentan procesos judiciales por sostener una protesta,
mayoritariamente consensuada,
contra empresas multinacionales y sus testaferros locales.
Este alerta surgido en algunos sectores de la sociedad argentina no ha encontrado aún eco en el gobierno (…)”.
Walter Alberto Pengue
advierte que “unas 17.000.000 de
hectáreas están hoy en manos de capitales foráneos
y que
aproximadamente el doble estaría en venta tanto aquí como en el extranjero.
Para corroborarlo basta con recorrer
las páginas de periódicos europeos o las numerosas páginas web de las
inmobiliarias que ofrecen tierras en Argentina. (…)
Todas son adquiridas bajo el resguardo de la normativa legal argentina actual y a precios de mercado.
¿De mercado? A veces
los precios de compra y venta posterior de campos alcanzan cifras absurdas.
(…)
Es insólito (en cualquier país del mundo) que el
Estado venda a 0,03 pesos y rápidamente
esa misma parcela
se comercialice por 200.000 pesos; o bien perciba 1,14 pesos por la
venta y se revenda a 2.203.988
como resalta Vallejos. (…)
En el año 2002, por
falta de tratamiento perdió estado parlamentario una legislación específica,
presentada por la Federación Agraria Argentina y algunos diputados
nacionales
que buscaba regular la compra de predios argentinos por parte de extranjeros
(…)”.
Destaca:
“¡El Estado argentino
no sabe en manos de quiénes está la tierra!
No existe información básica disponible ni sistematizada que consigne y
cruce datos
sobre las formas de dominio, la normatividad, el origen de los dueños y los
planes de desarrollo
sobre
millones de hectáreas del país. (…)
Pero la
extranjerización de la tierra es sólo una parte, incluso menor, de una
problemática que
gira en torno a un espacio territorial desordenado. Y desde la sociedad
persiste el reclamo para
que el Estado ponga orden en el territorio.
En este sentido,
Argentina se debe un debate respecto a la posibilidad de una reforma que
revise
el tema de la tierra,
tanto rural como urbana, y que resuelva inequidades crecientes. Porque -hoy
en día- campo y ciudad
no se visualizan territorialmente como compartimientos estancos, sino que se
integran en procesos de flujo
y reflujo de bienes ambientales, recursos, personas y servicios.
Campesinos, pequeños y
medianos productores, lo han expuesto públicamente en 2004
y reiterado en un encuentro –Plenario Nacional de la Agricultura Familiar,
Segundo Foro- en agosto
del año pasado en el que 2.000 representantes
lograron resumir las demandas de 250.000 familias rurales.
Una de las cuestiones
presentadas allí (…) es la de facilitar los mecanismos para
discutir una Reforma Agraria Integrada.
La misma busca, según
los representantes del Foro Nacional, no sólo la resolución de
la problemática del uso y tenencia de la tierra, sino también promover el
apoyo a la agricultura familiar,
la colonización del país
y el desarrollo del territorio, el reconocimiento de la tierra como bien
social y la accesibilidad y
permanencia de los jóvenes en la misma.
Así como temas de
logística, infraestructura, facilitación de procesos de capacitación y
tecnologías apropiadas para los productores, condiciones regionales
especiales, extensión
y por supuesto, un permanente acceso a la educación formal e informal.
Una discusión profunda
sobre el país y su territorio que se les adeuda a las generaciones futuras,
de cara al Bicentenario”.
Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/
abril 2007
www.eldiplo.org
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Correspondiente a la segunda hipótesis
Mientras los gobiernos K consolidan la gobernabilidad de la agricultura para
los grandes capitales que,
por apropiarse del planeta,
quitan o restringen la soberanía y la seguridad alimentarias de todos los
pueblos.
Nosotros –los de abajo- debemos construir nuestra unidad en diversidad para
el poder popular
que ponga fin a lo siguiente:
“La promocionada
cosecha récord en Argentina
(…) oculta
externalidades (costos) ambientales y sociales
escasamente evaluadas. De continuar,
esta producción agrícola intensiva y recurrente,
que sólo apunta al mercado externo,
pondrá
en serio riesgo la base productiva
para las próximas décadas”.
Walter Alberto Pengue reflexiona en el año 2003:
“Cabe preguntarse para
qué, de qué manera y a quiénes alcanzarán estos beneficios.
¿Llegarán al conjunto social argentino?
Las cosechas se vienen
incrementando año tras año, pero los resultados no se tradujeron
en una mejora generalizada, sino en beneficios sectoriales cada día más
centralizados.
Esta intensificación en el uso de los recursos naturales enfrenta al país a un paulatino deterioro ambiental. (…)
El nuevo esquema
productivo ha supuesto una tremenda desindustrialización,
que responde a una “crisis estructural de largo plazo” y ha
arrastrado a la economía
a una primarización concentrada en muy pocos rubros agrarios.
Por un lado, (…)
el campo se enfrenta a una creciente concentración económica y una fuerte
exclusión
de trabajadores que deriva en éxodo rural.
Por otro lado,
la llamada “eficiencia productiva” se sustenta en el relevante
‹‹subsidio natural›› que ofrece la pampa argentina
-su extraordinaria fertilidad- y en la sobreexplotación de ese recurso, que
de la mano de un proceso que
puede asimilarse a la extracción minera, puede agotarse dentro de pocos
años.
El proceso económico
actual se basa en una importante ventaja comparativa
que hasta ahora ha sido su sostén pero que bajo la intensificación de la
agricultura
se torna cada día más insustentable: el ambiente.
Los impactos
ambientales de la sobreexplotación de recursos agrícolas
por la presión agroexportadora
son y serán pagados por las actuales y futuras generaciones
e incluyen
problemas de erosión, pérdidas de fertilidad y estructura del suelo,
alcalinización, encostramiento, aparición de horizontes endurecidos,
impactos sobre la biodiversidad, elevación de los niveles de agroquímicos,
afectación del acuífero y problemas de inundaciones. (…)
Pero lo que casi nunca
se ha tenido en cuenta, ni en la contabilidad de los establecimientos ni en
la nacional,
es que junto con estos granos se extraen los principales nutrientes del rico
suelo pampeano –algunos irrecuperables-
y se degrada la estructura edáfica que los genera.
Anualmente, Argentina exporta millones de toneladas de nutrientes naturales
que
no se recuperan de manera sustentable.
(…)
Si bien la nueva
genética y la aplicación de fertilizantes ha ocultado la degradación del
nivel de nutrientes,
en el caso del fósforo –que es un elemento poco móvil- la situación es
dramática.
Para mantener
los niveles actuales, se deberían comprar y aplicar fertilizantes
industriales –especialmente
fosforados y nitrogenados- que sostengan la productividad y compensen aunque
sea en parte la pérdida sufrida.
Sin embargo, es bien
sabido que el sistema mixto de agricultura y ganadería, sumado a las
rotaciones de
cultivos agrícolas diversificados y a la implantación de pasturas y
pastizales naturales,
permite a
los suelos pampeanos descansar y recuperar nutrientes de manera natural,
otorgándoles sostenibilidad. Esto fue y sigue siendo el capital de la pampa.
En cambio,
si se insiste en recurrir a uno o muy pocos cultivos, a pesar de sus altos
precios coyunturales
y de los beneficios para un sector determinado, la agricultura de reposición
a través de la aplicación de
fertilizantes será necesaria pero no suficiente para proteger el ambiente.
En los próximos años este proceso podría exacerbarse. (…)
Es por lo
tanto imprescindible utilizar nuevos instrumentos, aplicar herramientas de
la economía ecológica
y las tecnologías sostenibles
disponibles para producir, proteger, regular y distribuir los beneficios de
los recursos naturales
que son responsabilidad de toda la sociedad y no de un sector específico
(…)”.
Fuente: Le Monde Diplomatique/ el Dipló/ mayo
2003
www.eldiplo.org
También en mayo de 2003, Norma Giarracca advierte:
“El fuerte aumento de
la producción de soja tuvo lugar en detrimento de otras actividades
agropecuarias:
los tambos en Santa Fe y Córdoba, la caña de azúcar y la horticultura en
Tucumán, las yungas salteñas;
los árboles frutales,
las leguminosas (arvejas y lentejas), el porcino en la provincia de Buenos
Aires, etc.
Y también en contra de
una gran cantidad de campesinos con propiedad veinteañal, desalojados por
los nuevos inversionistas sojeros con el beneplácito de funcionarios
provinciales. (…)
Es probable que
algunas poblaciones no inundadas del interior de la Región Pampeana se vean,
como los grandes,
beneficiadas con esta expansión.
No obstante, deben
plantearse los siguientes interrogantes: ¿a qué cantidad de población nos
estamos refiriendo?,
¿tiene sentido
poner a disposición y en riesgo el mejor recurso natural de Argentina para
beneficiar a un número tan diminuto
de personas? Los aportes al Estado de las retenciones (fuertemente
resistidas por los productores),
¿constituyen un beneficio suficiente para la población en general?
Y
es necesario plantearse una cuestión fundamental:
¿este nuevo modelo agropecuario tiene algo que ver
con
la pobreza, el hambre y la desnutrición de la mitad de la población de
Argentina?
Aunque resulta muy
difícil responder categóricamente a este último punto,
se sabe con certeza que los pequeños y medianos productores (hasta 200
hectáreas)
no pudieron ingresar al nuevo ‹‹modelo sojero››.
En cambio, antes, con
la rotación productiva de sus 50 ó 100 hectáreas vivían dignamente,
daban trabajo a su familia y a terceros, educaban a sus hijos y renovaban
sus equipamientos agrarios.
La desaparición
de esta franja de productores que consumían y operaban en el lugar
derivó en consecuencias nefastas para los poblados y ciudades intermedias
que están rodeados por
el campo y que vivían de sus actividades vinculadas (talleres mecánicos,
pequeños comercios de
insumos agropecuarios,
aseguradoras, cooperativas, etc.). En la mayoría de los pueblos y pequeñas
ciudades del interior
se registra un gran deterioro económico-social.
Por último,
la especialización en un solo producto, la soja transgénica, que genera
serias dudas en cuanto a su calidad nutritiva,
es una renuncia a la soberanía y seguridad alimentarias. Con el auge sojero,
disminuyeron otras producciones
alimentarias como, por ejemplo, la leche.
Los aumentos de los
precios de los alimentos –en algunos casos a causa de estas disminuciones en
la producción
y en otros por la preferencia exportadora de los productores- sumados al
grado de deterioro
de los niveles de ingresos más bajos de la población y a la presencia de las
cadenas de supermercados,
condujeron
a situaciones de hambre y desnutrición históricamente desconocidas en
Argentina (…)”.
Fuente: Le Monde
Diplomatique/ el Dipló/ mayo 2003
www.eldiplo.org
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Mientras
los gobiernos K se preocupan por negocios e industrias a favor de la acumulación
capitalista de
corporaciones locales e imperialistas.
Y no se responsabilizan de desamparar a la mayoría de la población por
hundirla en la pobreza e indigencia o por desmantelarle el sector público
ni por arrasar las posibilidades de futuro del país.
Nosotros
–los de abajo- debemos metamorfosearnos en la mayoría dueña de decidir su
destino común que
consiste en posibilitar el bienestar y el desarrollo de todos contra los cuales
va:
“El proyecto del tren bala presenta varias de las características típicas
de
inversiones que promueven
-el crecimiento fragmentado y dependiente de la tecnología
y
-el financiamiento externo de los países atrasados.
El
subdesarrollo consiste no sólo en la escasa acumulación de capital
en la producción, los servicios o la infraestructura
sino también
en la acumulación desarticulada en la que
conviven
sectores atrasados de escaso nivel tecnológico con otros modernos
y poco o nada vinculados entre sí”.
Julio Sevares explica el por qué del título de su nota “Un tren para el atraso” (Clarín// Opinión// 1-2-08) y prosigue:
“En ese esquema,
los sectores modernos funcionan con maquinarias y paquetes tecnológicos
importados
que se abastecen de partes y servicios provistos por el exterior, con el
consiguiente gasto de divisas.
De este modo,
tienen un efecto dinámico reducido en la producción o los servicios locales.
La poca vinculación y las diferencias tecnológicas impiden el “derrame”
del acervo tecnológico,
salvo que se haga una política de inversión extranjera que exija la
transferencia tecnológica
y se generen
las instituciones locales para poder absorberla,
como hicieron los países que se industrializaron
en el presente siglo.
En las
décadas pasadas (…), la Argentina terminó de
arruinar su ferrocarril,
lo cual incluyó el desmantelamiento de sus fábricas y talleres ferroviarios.
En estas condiciones el
sistema local funciona con material importado y
no está en condiciones
de proveer,
al menos en el corto plazo, bienes o servicios a los trenes modernos
que se importen,
tampoco de “abrir el paquete tecnológico” para adaptar algunos de sus
contenidos al sistema local”.
Opina:
“En lugar de montar un servicio de lujo,
que sólo podrá funcionar con un elevado subsidio
a los pasajeros (o con una tarifa desmesurada), sería más razonable
invertir en la recuperación
y articulación de las redes existentes y de la industria ferroviaria,
lo cual beneficiaría
a un mayor territorio, a más usuarios,
tendría un efecto dinamizador sobre la producción y el empleo
y gastaría menos divisas”.
El
lanzamiento de la prioridad ferroviaria de los Kirchner sucede cuando
no revirtieron la situación de inseguridad de los usuarios
por concesionarios que no invierten y dejan en total colapso a los trenes
suburbanos pese a recibir
subsidios multimillonarios.
Pareciera
un capricho, impresión que refuerza la Presidenta al decir que “el tren bala
grafica el ingreso del país a la modernidad”.
Pero
·
“el Gobierno
presentó el proyecto de la Ley
de reordenamiento de la actividad ferroviaria
que habilita a seguir haciendo negocios a costa del patrimonio del pueblo
argentino.
Legaliza un gran negocio inmobiliario y deja
impune e inmune a sus actores”.
Juan Carlos Cena sigue exponiendo:
“Esa ley es la empaquetadura final del proyecto entreguista del
gobierno de Carlos Menem,
que cumplió a rajatabla los mandatos del imperio.
Esa ley
va a enajenar bienes de la nación sin control alguno, en forma vil.
Enajenación que Menem o no se atrevió o no pudo. Debemos estar en contra de todo
tipo de enajenación.
No las hay buenas o malas. Esta ley es enajenante.
Una vez más,
este gobierno de la familia Kirchner utilizando su retórica ‹progresista›
pretende
disfrazar la profundización de la política privatista del menemismo.
Este
proyecto vendría a ser como el ENARSA, pero Ferroviario.
Peor, diría.
ENARSA no tiene bienes, el ferrocarril sí. Basta recordar el anuncio de la
creación de ENARSA
que serviría a la recuperación de la soberanía sobre nuestro petróleo
cuando, en los hechos, ha demostrado ser una oficina de negocios con las
multinacionales petroleras
para entregar los hidrocarburos de la plataforma marítima”.
Juan
Carlos Cena,
miembro fundador del Mo.Na.Re.FA - Movimiento
Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles
explica que
“el proyecto
crea dos sociedades del Estado: Administración de Infraestructuras Ferroviarias
S.E. (AIF) y
Operadora Red Ferroviaria S.E (ORF).
Serán sociedades del estado y no organismos dependientes de la administración
pública central
(por ejemplo, del Ministerio de Planificación).
Esto
significa que puede contratar libremente, sin necesidad de llamar a licitación
pública.
Esta libertad la tiene no sólo para comprar, sino también, por ejemplo, para
concesionar la explotación de sus bienes.
Eso, al margen de que las controle la Auditoría General de la Nación (AGN) y la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN),
pero esos son controles posteriores.
No son controles que tiendan a impedir negociados sino que, en todo caso, los
pueden denunciar.
La AIF será
la encargada de administrar y mantener la infraestructura vial actual y futura;
los sistemas de control, circulación y seguridad; y el desarrollo de inversiones
(art. 2).
Expresamente puede delegar sus funciones en un tercero (art. 3 inc. c).
Por el
artículo 6 se transfiere a la AIF el patrimonio ferroviario actualmente afectado
al ONABE.
El ONABE
forma parte de la administración pública (depende del Ministerio de
Planificación),
por lo que está sujeto a una serie de requisitos que no rigen para las
sociedades del estado.
Así, por ejemplo,
la AIF va a poder vender los bienes que se les transfieran como cualquier
empresa privada.
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los bienes ferroviarios del ONABE
son terrenos
(en muchos casos muy extensos) que rodean las antiguas estaciones ferroviarias
del interior.
Son tierras que hoy valen fortunas.
Además, el ONABE sólo puede transferir sus inmuebles a
las provincias, municipios o entidades sin fines de lucro
(eso, más allá de los negociados que se puedan hacer bajo la máscara de una
asociación civil).
La AIF no tiene esa limitación, puede vender o donar a quien quiera.
La ORF es la
encargada de prestar los servicios ferroviarios que se le asignen,
aquellos concesionados que vuelvan al Estado y los nuevos servicios que se
creen.
Expresamente puede delegar esta actividad (art. 10 inc. 1).
Como no se le aplica el régimen general de la administración pública,
para delegar en terceros (concesionar) la prestación de los servicios
ferroviarios ni siquiera tiene que llamar a licitación.
Por el art.
16 inc. e) se faculta al Ministerio de Planificación a proponer modificaciones a
los contratos de concesión de transporte ferroviario,
para "resolver todas las cuestiones generadas durante la ejecución de los
contratos"
y para
"satisfacer las necesidades de interés público no previstas en la
contratación original y
que han surgido durante su vigencia".
Esta última
frase es una aplicación de la llamada teoría de la imprevisión,
que consiste en que,
cuando ocurren circunstancias extraordinarias e imprevisibles durante la
ejecución de un contrato
que tornan excesivamente onerosa la prestación a cargo de una de las partes,
puede plantear la rescisión del contrato o el reajuste de las cláusulas.
En el caso
de las concesiones, se usa siempre para favorecer a los concesionarios,
sea reduciéndole el canon, extendiendo el plazo de la concesión, quitándole
obligaciones, etc.”.
Respecto a los trabajadores:
“Esta ley,
elevada por este gobierno progresista,
no va a considerar a los trabajadores de estas empresas como empleados públicos.
Se les aplica la ley de contrato de trabajo, que rigen para el ámbito privado
(art. 14).
¿Que dicen los sindicatos, comisiones de reclamos, comisiones ejecutivas, sobre
esto? Silencio.
La
separación definitiva no significa necesariamente el despido. Según la ley de
contrato de trabajo,
cuando
un trabajador no pueda cumplir con sus tareas normales y habituales,
el empleador le tiene que dar otras acorde a sus nuevas capacidades (art. 212
LCT).
Igualmente, es obvio que esto puede usarse como medio de persecución para
separar a un activista de determinado sector.
El art. 18
inc. h) faculta a la CNRT a ordenar a las empresas ferroviarias la suspensión de
cualquier trabajador
cuando una inspección (el proyecto no dice a cargo de quién, ni qué derecho va a
tener el trabajador de controlarla
o de defenderse)
determine que no se encuentra en condiciones de prestar el servicio.
Cuando se determine la peligrosidad de una infracción o la responsabilidad o
inhabilidad de un trabajador,
la CNRT puede ordenar a la empresa la separación definitiva del cargo”.
Fuente:
www.anred.org
25-2-08
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