Contextos

Abril 2007

I / II / III

Febrero 2007
Marzo 2007

I. ((VOLVER))

Correspondiente a la primera hipótesis

El fascismo como un tipo de Estado
que garantice la gobernabilidad del
sistema de saqueo
del imperialismo liderado por EE.UU.
en sociedad con todos los factores
locales de poder avanza desde
Colombia, pasando por Paraguay e
introduciéndose como «seguridad
para los ciudadanos».
 

Jaime Caycedo explica:

"El Plan Colombia, puesto en práctica durante las administraciones
Pastrana-Clinton en 2000,
y concebido como plan contrainsurgente bajo la cobertura de
un plan antinarcóticos, varió sus objetivos de primer plano
para
destacar el antiterrorismo como elemento central por dos razones
principalmente: -el cambio en el enfoque estratégico de Estados Unidos
y -el cambio interno en la orientación político-militar del régimen colombiano.

Ambas variaciones están relacionadas; cada una de ellas responde a visiones convergentes
pero distintas.
La primera sienta las bases del dominio mundial e instrumenta sus ayudantías regionales;
la segunda mira hacia adentro, en la idea de resolver con manos ajenas y ayuda exterior
los conflictos históricos sociopolíticos internos y la incapacidad de generar un liderazgo regional
en correspondencia con su potencialidad geopolítica estratégica".

Plantea:

Relata que, entre 1960 y1965,  el Plan LASO (por las siglas en inglés de Latin America Strategic Operation)
se inscribe
en la «visión contrainsurgente» de la estrategia estadounidense para la contención anticomunista
y en la decisión de emprender este tipo de acción político-militar.

"El Plan LASO implicaba un cambio en la concepción del tratamiento del «orden público»
poniendo énfasis
en la destrucción-dispersión de los núcleos organizados del campesinado que, tras
las aparatosas operaciones militares efectuadas bajo la dictadura militar de Rojas Pinilla,
en el interregno de la Junta Militar y el primer gobierno del Frente Nacional (1957-1958),
tuvo un respiro con el repliegue del ejército de varias regiones agrarias.

El enfoque cívico-militar, lejos de representar solamente una alternativa militarista,
jugó
en lo político especialmente con la aprobación de una ley de reforma agraria y
la iniciación de un proceso de organización, desde el Estado, de los sectores del campesinado
que pudieron beneficiarse de dicha ley.

Según las opiniones de varios de los dirigentes guerrilleros, el período más difícil y de mayor
peligro de inestabilidad para la guerrilla fue el de incidencia de los proyectos del Instituto Nacional
de la Reforma Agraria,
que coincidieron con la presencia y el despliegue insurgente (1966-1972).

El tipo de reforma agraria puesto en marcha (...) -pese a sus limitaciones y baja cobertura-
afectó más eficazmente al movimiento guerrillero en desarrollo que la sola acción cívico-militar.
Es
con la reversión relativa de la semirreforma agraria en 1973 y con la promulgación
del Estatuto de Seguridad a finales de la década, que recobra fuerza la lucha guerrillera y
adquiere notable influencia en los fenómenos políticos de los años '80(...)".

Jaime Caycedo establece entre las razones internas del viraje en la orientación del régimen a
la percepción
de la clase dominante de que era imposible lograr una negociación  «a bajo costo»
y que el diálogo prolongado facilitaba la acumulación de fuerzas de la insurgencia.

Pero, "en este cambio, inciden el Plan Colombia (puesto en marcha en 2000) y las consecuencias
de los sucesos del 11 de septiembre de 2001.
El nuevo matiz
predominante en la doctrina estratégica de Estados Unidos se torna decisivo en el proceso del
conflicto interno colombiano. En ello reside el cambio de énfasis en el Plan Colombia hacia
la acción contrainsurgente bajo el rubro antiterrorista (...)".

Destaca:

Fuente: el libro "Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI"
compiladora Ana Esther Ceceña, Colección Grupos de Trabajo,
Clacso, Buenos Aires, Argentina 2004

En la actualidad, Juan Diego García (Argenpress),
en
"Paramilitares: el alud de una verdad histórica ocultada durante años" resume:

"El escándalo de la “parapolítica” en Colombia comprueba la extensión y profundidad que
ha alcanzado el fenómeno de la extrema derecha en el país.
A pesar de las maniobras oficiales para tapar o desviar el curso del proceso penal,
casi como un alud incontrolable las revelaciones destapan los vínculos del paramilitarismo con el Estado, los partidos políticos tradicionales,
los empresarios (nacionales y extranjeros), ciertas embajadas y un sector nada desdeñable de la sociedad.

A estas alturas del escándalo es innegable que, además de los grotescos y ordinarios personajes que se sientan en el banquillo de los acusados, deberían sentarse también los inductores y responsables intelectuales del engendro".

Afirma:

"Antes que mérito del gobierno, el actual juicio a la extrema derecha es el mérito de
algunos jueces honrados y
un “daño colateral” del proceso de reinserción de
los paramilitares torpemente conducido por el propio Uribe:
el engendro
se le escapa de las manos y los cabecillas del paramilitarismo,
para imponer los términos de su condena,
destapan vínculos incómodos con la clase dominante en la mejor tradición del
“si no conseguimos nuestro propósitos, hablamos”.

Crecen las voces (inclusive en Estados Unidos) que acusan al ejército de utilizar estas bandas
para hacer el “trabajo sucio” que las leyes les impiden. El marco legal vigente -así sea estrecho- es
un obstáculo que apenas inmuta a estos gatillos fáciles
que
asesinan, desaparecen, intimidan y aterrorizan a comunidades enteras.
Alegar que
estos vínculos no pasan de ser “casos individuales” ya no se sostiene cuando
se comprueba que su creación, asesoría y mantenimiento
forma parte de la teoría contrainsurgente de las fuerzas armadas.

El escándalo salpica cada día con mayor fuerza a los partidos políticos, principalmente a
los que apoyan al presidente Uribe.

Mediante el terror,
estas bandas aseguran triunfos electorales y el control de regiones enteras.
Los “paras” terminan por adueñarse de las instituciones, su influencia y sus recursos.
En las dos elecciones anteriores,
Uribe Vélez ganó con votos que a todas luces resultan nulos y afectan su legitimidad.
Sobran razones para exigir la inmediata dimisión del presidente
como se ha hecho con el resto de senadores, representantes, funcionarios,
alcaldes y gobernadores implicados en el escándalo.

Menos publicitada pero igualmente decisiva ha sido la participación de
un sector del empresariado local que, alegando la necesidad de defenderse de la guerrilla,
ha visto
en los paramilitares un instrumento muy útil para deshacerse de líderes sindicales y
activistas sociales que incomodan. No por azar Colombia registra el mayor número de
asesinatos de activistas que se juegan la vida cotidianamente.

Las investigaciones judiciales revelan que antes que ser víctimas de
la extorsión de los “paras”, estos empresarios
han jugado
un destacado papel en su promoción, financiación y organización.

Tampoco es nueva ni desconocida la vinculación entre los grandes “capos” del narcotráfico y
el paramilitarismo ni la vocación temprana de éstos como traficantes de estupefacientes.
Por eso,
parece natural que el narcotráfico aparezca al lado de los “paras”
en la mesa de negociaciones
del supuesto proceso de paz del gobierno con estas bandas
sin que sea ya posible distinguir unos de otros.
A ambos
la llamada “ley de justicia y paz” les permite
-aparecer como “fuerza política”,
-lavar su pasado delictivo,
-legalizar sus bienes y
-purgar cortas penas en sus cómodas haciendas convertidas en “casa-cárcel”.

Capítulo especial merece la participación en el paramilitarismo de
grandes empresas y en particular de multinacionales
como
lo prueba la reciente condena de la frutera estadounidense Chiquita Brands por financiar a los “paras” y dotarlos de armamento o los procesos abiertos contra Coca-Cola o la carbonea gringa Drummond;
igual
hacen las multinacionales de la palma africana, la madera, los minerales o las grandes obras de ingeniería, sin que falten naturalmente las del petróleo como Repsol y
protegidas
conjuntamente por las fuerzas armadas, los paramilitares y cientos de mercenarios a manera de ejércitos privados.

Por supuesto, la embajada estadounidense no es ajena ni inocente.
Aún antes de que aparecieran
las actuales guerrillas o cuando éstas eran grupos reducidos de sobrevivientes de otras guerras
(en 1965, cuando se crean las FARC sus combatientes no pasaban de 46 hombres y dos mujeres),
la misión militar
ya “aconsejó” a Bogotá la formación de grupos de civiles armados que “auxiliaran” al ejército,
de la misma manera que se había practicado en Indochina, Argelia, Israel,
Argentina, Perú, Centroamérica, México o la propia Colombia
que tiene una vieja tradición de paramilitarismo.

Sólo se tuvo que reorganizar, disciplinar y armar gentes diversas (sobre todo mucho lumpen)
que
desde siempre habían servido de brazo armado de los empresarios.
Se contó siempre con la eficaz asesoría del Pentágono y por supuesto,
con los mercenarios israelíes - como se sabe- expertos en la materia.

El paramilitarismo colombiano está pues lejos de ser un simple problema de bandas armadas.
Recibe
su primera cobertura institucional del mismo Estado
que lo tolera, impulsa y protege.

Tiene sus bases sociales
en sectores de la denominada “clase media” y
recibe la financiación del empresariado
y, en particular, de la gran empresa del narcotráfico.

Para sus apoyos sociales, la acción paramilitar está justificada y
aunque algunos no se sientan cómodos con sus crímenes,
los soportan como un mal necesario de
la misma forma
que los capitalistas y los “sectores medios” europeos saludaron el ascenso del fascismo que
ponía fin a
las huelgas, el sindicalismo y los partidos obreros,
entendidos como los promotores del descontento social.

No faltaron tampoco liberales que lo vieron como mal menor y solución a
la debilitada democracia en crisis.
Si las fuerzas regulares y las leyes vigentes no podían preservar
el orden burgués
había que saludar la llegada de estos muchachos inquietos y camorristas
que al fin de cuenta “eran nuestros muchachos”. Algo parecido está ocurriendo en Colombia.

Alcanzar la democracia en Colombia y hacer de este país un lugar habitable
pasa -sin lugar a dudas- por erradicar el fenómeno de la extrema derecha de inspiración fascista. (...)

Por contraste, se asiste hoy en Colombia a la caza de brujas,
al señalamiento de quienes hacen la denuncia y a la amenaza por exigir responsabilidades
acusando a
los opositores desde el mismo palacio presidencial de “terroristas”,
“guerrilleros” o “enemigos de la patria” en un lenguaje
que recuerda tanto el siniestro vocabulario paramilitar".

Fuente: www.rebelion.org
Colombia. De Vietnam al Amazonas
30-3-07

El Plan Colombia avanzó sobre Paraguay y se introduce en Argentina
con la presencia del general 'democrático' Martín Balza
en Colombia,
con las leyes antiterroristas y la militarización de los conflictos.


"Erradicar el fenómeno de la extrema derecha"
es la consigna formulada
-desde el centroizquierda y la izquierda- para
pactar la mayoría electoral de Argentina
pero que
la polariza falsamente hace décadas.
De ahí
la importancia de aclarar en qué consiste derrotar a
esa extrema derecha, por cierto, enemigo principal
de la soberanía popular y nacional.

 No se trata de impedirle que asuma el gobierno
como lo prueba la persistencia del voto al mal menor y
la consolidación del entramado mafioso de espaldas a
las grandes mayorías.
 Sino de acabar con la escenificación de cambios políticos
cuando son reagrupamientos de los mismos de siempre
que concurren
a afirmar la tendencia fascista del Estado exclusivamente
volcado a cuidar por los intereses de los oligopolios.

El problema de las organizaciones comprometidas
con las reivindicaciones de la diversidad popular
es organizarse
en un Frente y darle una dirección política
hacia la constitución de un gobierno
enraizado en ellas como bases del nuevo Estado.
 

 II.  ((VOLVER))

Correspondiente a la segunda hipótesis

La lucha del bloque dominante por hacer predominar
el Estado represivo sobre el Estado de derecho,
es exitosa
al girar el cuadro de situación vulnerable de
las grandes mayorías (con origen en el despojo
de las condiciones que hacen a una vida digna)
hacia
la creencia -de ellas- en que enclaustrándose y
exterminando, encarcelando, expulsando a
los más pobres
podrán tener seguridad o paz social.
 

Facundo Javier Castro advierte:

"El tema de la inseguridad alcanzó su auge cuando el 23 de marzo de 2004
apareció en un basural de La Reja, ejecutado de un tiro en la sien,
el joven Axel Blumberg,
secuestrado una semana antes en Beccar.

A partir de ese momento se inicia una campaña mediática prácticamente sin precedentes
en tiempos de democracia.
Diarios, revistas, radio y televisión brindan sus espacios para tratar el tema de inseguridad
mostrando hechos delictivos y a supuestos expertos con la intención de sacar rédito político
de la situación.

Sin duda alguna, el referente de esta época fue el acongojado padre de la víctima, Juan Carlos
Blumberg,
quien organizó la Cruzada Axel que contó con un masivo apoyo de los medios (...).
Día y noche por todos los medios se hablaba del tema, la imagen risueña del asesinado
Axel Blumberg repercutía con dolor en las madres y abuelas que, proyectando en él
un posible
destino para sus hijos y/o nietos, adherían rápidamente a la cruzada. Las firmas se recolectaban
en locales, casas, colegios, clubes, puestos de la calle o de mano en mano".

Facundo Javier Castro resalta:

En el petitorio de la cruzada, "de todas las medidas propuestas ninguna atacaba la corrupción
policial y/o política que es lo que ampara el crimen organizado, actúa en complicidad con él
y hasta lo fomenta.
Por lo contrario, todas las medidas estaban dirigidas a
castigar a los sectores sociales más empobrecidos.

Es decir, se pretende castigar a lo «pibes chorros» y no a los traficantes de armas,
se aumenta el castigo para los portadores de armas y no se avanza sobre sus fabricantes y comercializadores.
A esto se suma una clara diferenciación entre los derechos humanos de «la gente»
y los derechos humanos de los delincuentes(...)".

Aclara:

"Una sociedad tan desigual como la nuestra constituye un terreno peligroso
donde
se pretende crear un antagonismo social que identifique
a los que participan
activamente de la concentración de la riqueza con el mundo de la legalidad y
los derechos humanos;
y
a los desposeídos y marginados de la distribución de bienes con el mundo delictivo,
siendo éstos un mal con el cual es preciso terminar, prescindiendo incluso de
los derechos humanos, ya que los delincuentes en el carácter de tales pierden
su condición de seres humanos.
Por supuesto,
es una aberración esta diferenciación y es incompatible con los principios
democráticos más elementales.

Marx en su crítica de la economía política, dice: "sostener los principios de igualdad del hombre
ante la ley
en una sociedad en la que existen desigualdades sociales tan grandes, es violar la igualdad que
dice sostener".

Es un fiel reflejo de nuestra realidad nacional. Pretender afirmar que un indigente
tiene ante la ley
el mismo trato que el rico es verdaderamente insostenible.
Sobre todo,
cuando observamos que en la naturaleza del rico se encuentra la naturaleza del pobre,
porque para que el 20% de nuestra población concentre un tan elevado porcentaje de
la riqueza
le es preciso despojar al resto: la porción que le pertenece.

A su vez, para esto es necesario crear la estructura legal,
en la que «lo justo» sea lo que conviene al poderoso;
que
«el derecho» nacido de condiciones económicas tan desiguales
es el medio a través del cual el rico legitima su riqueza
y el arma para mantenerla.

Por ese motivo, las medidas adoptadas constituyen una persecución a los marginados y
excluidos
políticos, económicos y sociales. Frente a este contexto económico, se pretende transformar
la represión ilegítima en legal y aun si ésta es ilegal es socialmente aceptada en muchos casos".

Fuente: revista Realidad Económica nº 224,
noviembre/ diciembre 2006, editada por el
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)    
 realidadeconomica@iade.org.ar;  www.iade.org.ar

Respecto a este despojo de la riqueza generada en Argentina
para su acumulación en el poder económico casi transnacional,
 Eduardo Pavlovsky (Red Latina)
señala:

"En este país, el hambre es lo más perverso dice Alberto Morlachetti,
coordinador de los chicos del pueblo, que trabaja hace 30 años con la Fundación Pelota de Trapo.
"El hambre es un crimen. 
El 70% de la población del país son menores de 18 años,
9 millones y medio de niños viven en la pobreza, la mitad casi no come".

Alberto Morlachetti comenta que los niños -en el imaginario social- parecen
responsables por su pobreza.
Así los niños de
las favelas de San Pablo colaboraban con las acciones de los narcotraficantes
en los acontecimientos destructivos de la ciudad ocurridos hace poco,
porque los narcotraficantes les ofrecían dinero a las familias para alimentación, educación y salud.

A la delincuencia juvenil la construye la clase media cómplice.
¿Se puede vivir con 3 pesos por día, 87 pesos por mes?
"El hambre
es una barbaridad, y notamos que en los últimos años no se ha modificado, al menos, en los grandes centros urbanos". Es el primer problema a resolver. Y esto está en relación con la distribución de la riqueza.

"Decenas de niños mueren por día por causas evitables y muchos que no mueren tienen daños neurológicos. Y esto se sabe. El problema del hambre es
un problema de voluntad política y no de dinero" ".

Eduardo Pavlovsky continúa:

"Estos seres marginales forman parte de lo que Bausman denominó cuerpos residuales.
Verdaderos residuos humanos. Lo excedente humano.
El 10% de los hogares más pobres reciben 65 pesos por mes
y
los más ricos disponen de $ 2226 (Indec).
Los más ricos perciben 34 veces más que los más pobres y
este excedente residual debe permanecer excluyente para sostener el capitalismo humanista.

Ya llegará el tiempo de la justicia social. "Ahora hay que construir cárceles" dice Blumberg.

Los 3000 niños que vienen diariamente del conurbano a la Capital ¿a qué vienen? Algunos a pedir limosna, otros a
hacer pequeñas changas y otros a conseguir dinero para la droga. Algunos estarán aprendiendo
el oficio del robo de los más experimentados. ¿O no es así?
Más cárceles pide Blumberg para "enjaularlos" a todos y pedir más penas con menos edad de imputabilidad.

Todos estos niños del desecho son los desaparecidos de hoy. Desaparecen todos los días.
El hambre los viene a buscar. Los desaparecidos de hoy son los muertos de hambre y de miseria. Todos los niños que viven bajo el subdesarrollo de los recursos humanos.
Hoy la picana es
la indiferencia ciudadana de un gran sector de la población frente al hambre".

Ahora, en "La marcha", Eduardo Pavlovsky advierte:

"La marcha de Blumberg se asemeja mucho a las grandes marchas civiles de la burguesía alemana de 1925, que invadía y colmaba las calles de las principales ciudades alemanas vitoreando el nombre de Hindenburg (luego elegido presidente en 1933).
Fue el eslabón que llevó a Alemania al nazismo. Los partidos políticos, incluidos los socialdemócratas,
habían perdido representatividad en la ciudadanía.

Un nuevo movimiento se estaba gestando, una nueva Alemania estaba surgiendo, desde el nacionalismo
que ya estaba latente en 1914. Hitler ordenó, encauzó y hasta valoró el esfuerzo del trabajador alemán.
Los halagó y allí se creó el nazismo.

Investigaciones recientes han demostrado que un tercio del partido nazi fue votado por los trabajadores socialdemócratas. Casi todos obreros industriales. (Peter Fritzsche, "De Alemanes a Nazis", Siglo XXI).

El Hindeburg argentino del período prenazi es Blumberg.
Las asociaciones civiles como la Stahlhelm guardan semejanza con la Fundación Blumberg
y sus acólitos prenazis en su organización y fuerza de convocatoria.
Los alemanes de clase media llegaron a considerar sus 'barrios',
sus 'zonas'
como cada vez más nacionalistas y 'familiares'.
Eran protectores de 'áreas'. Y eran muchos. Protectores de los bienes privados y sus fortalezas".

Eduardo Pavlovsky plantea el problema de pensamientos y sentimientos que vuelven cómplice
del apartheid
a una parte considerable de la población. Ejemplifica:

No hay Terrorismo de Estado sin complicidad civil.
Pero a veces creo, conversando con la gente,
que
el ciudadano común no sabía que era cómplice de nada.
Era sólo un ciudadano que quería vivir en paz.
Éste es el gran problema a debatir.

La nueva complicidad de hoy son los problemas de la seguridad.
El 60% de nuestra población coloca al problema de la seguridad como prioritario.
El 30%, el problema de las calles rotas,
muy por encima de la desocupación y el desempleo que le preocupan al 10%.

Los cuerpos residuales no existen en las estadísticas. El hambre no se computa.

El problema se ha convertido en cómo prevenirse de esa masa subhumana que puede atacarnos a nosotros o a nuestras propiedades.
Ésa es la idea central de Blumberg.
La criminalización de la miseria.

Insisto: Blumberg es el Hindenburg de la época prenazi alemana. Sus asesores apuntan en esa dirección, la Stahlhelm Argentina".

Fuente: www.rebelion.org
Argentina. El reino del revés. Opinión
2-3-07

A la violencia de: -despojar de tierras que les permitía sobrevivir,
-hacinarlos en asentamientos precarios
(que están rodeados de hostilidad social y ocupados por fuerzas de seguridad)
y -hambrear a millones
en un país productor de alimentos, se suma que los niños desamparados totalmente
son depositados
en internados donde son objeto de atropellos y abusos de lesa humanidad;
y los adolescentes pobres
son asesinados por la policía o encarcelados donde sufren vejaciones múltiples,
adicciones, enfermedades.

Tanto la explotación minera, petrolera y agraria como la construcción y la industria automotriz
consagrados a satisfacer la suntuosidad de quienes tienen alto poder adquisitivo
aumentan
la pobreza y la violencia del ahondamiento de la desigualdad social que, a la vez, es ostentada
por quienes se enriquecen fabulosamente gracias al actual crecimiento económico
que, encima, desertiza al país.

En contraste con la salida del 'infierno' que pregona Kirchner, desde marzo,
una familia tipo necesitó reunir 500 pesos para poder mal alimentarse y no ser arrojada al hambre o a la llamada indigencia.

Ismael Bermúdez (Clarín 5/4/07) comenta que

"los precios de la canasta básica de alimentos volvieron a dispararse en marzo:
subieron 3,6%.
Así, en los primeros tres meses del año acumulan un alza del 7,1%. Y llegan al 13,4%
en los últimos 6 meses.

Son números que más que triplican -o más cuadruplican-
la inflación promedio.
Esta diferencia se explica, en gran parte, porque los precios
de los servicios -en particular, turismo y salud- están calculados con una 'nueva' metodología (...)".

Reflexiona:
"el aumento del valor de la canasta se está convirtiendo en el índice de inflación real
o en
la referencia inflacionaria para el grueso de la población. Y en especial a la hora de discutir salarios.
En definitiva,
la mayoría de los asalariados no está afiliado a una prepaga y el peso del turismo en el gasto es
más reducido. En cambio, una parte mayor del salario se destina a la compra de alimentos básicos.

Con la suba del 13,4% en los últimos 6 meses en los precios de los alimentos básicos,
se hace difícil
que los gremios acepten acordar una suba salarial de 15% para todo el año. También,
incide negativamente para reducir la indigencia y la pobreza.

Ya la línea de pobreza de una familia de 5 personas (matrimonio y tres hijos) supera los 1.000 pesos".


Erradicar la delincuencia entre los pobres
y vivir sin las otras inseguridades
(vial, sanitaria, laboral, previsional,
empresarial...edilicia)
plantea
el desafío de desencantarse del 'Mercado'
y reconocerlo
como dictadura del poder económico
que está arrasando
con las riquezas y posibilidades del país
de poseer bienestar y desarrollo social.

 III.  ((VOLVER))

Correspondiente a la tercera hipótesis


El sistema capitalista de concentración de
renta en una minúscula minoría y
expulsor
de las grandes mayorías de vivir con dignidad
pretende, en esta etapa posterior al 2001,
embaucar
con la responsabilidad del poder económico
y de su Estado en respetar la justicia social
y la integridad ambiental.

Jorge Adámoli (Clarín// Rural, 10-3-07), profesor de ecología (FCEN - UBA) e investigador del CONICET,
razona:

"El sector internacional muestra una persistente demanda de granos,
que se incrementará sensiblemente por la fuerte irrupción de
los biocombustibles. (...)

La Argentina es uno de los pocos países donde puede incrementarse significativamente
la producción de granos destinados a la alimentación y a los biocombustibles,
esto implica una oportunidad importante para el país,
defendible
en la medida en que los ingresos no sean vistos sólo como una opción de negocios,
sino que sirvan para disminuir las brechas sociales, la pobreza y el hambre
que fueron resultado de un modelo de concentración y de exclusión".

Volvamos a la cruda realidad de la concertación K: la población de Santa Fe y Entre Ríos
en total desamparo por parte de los poderes establecidos y
bajo
las aguas como consecuencia de monocultivos a gran escala, infraestructura para exportarlos,
deforestación...

Un Estado repleto de divisas que mira para otro lado y nada hace ni para asistirla
ante tamaña catástrofe social.
Es que el actual Estado integra al sistema de saqueo y subdesarrollo crónico
que planificó el poder económico (grandes capitales imperiales en asociación con los locales),
e instauró
mediante varios terrorismos, para el constante despojo a la inmensa mayoría de Argentina.

Entonces,

¿cómo los beneficiados en exclusividad por los agronegocios a consecuencia de tanto genocidio
se volverán responsables por el destino de las mayorías?

Según Jorge Adámoli,

"el refrescante y motivador cambio de paradigmas de la nueva agricultura,
potenciado por las nuevas perspectivas bioenergéticas, lleno de innovaciones,
contrasta
con la respuesta a la temática social, basada casi exclusivamente en
la demostradamente falsa «teoría del derrame».

También, es importante que los productores responsables se diferencien claramente
de quienes no cumplen con la ley(...)".

Ya al hablar de sector internacional que demanda, cuando se trata del imperialismo estadounidense y europeo, se posiciona a favor de la recolonización de Argentina.
Tampoco
se preocupa por el bienestar popular y el desarrollo social cuando dice que el país
puede incrementar la producción de soja y maíz. Porque es fundamental
el cambio radical en
la distribución demográfica, la producción agropecuaria e industrial, las economías regionales y
la infraestructura socioeconómica para concretar esos objetivos centrales.


Erradicar el sometimiento y achicamiento de Argentina
exige
comenzar por la elaboración de un patrimonio cognoscitivo
y metodológico en equipos interdisciplinarios
con
participación protagónica de los trabajadores, campesinos
y pueblos originarios para
emanciparse de científicos y tecnólogos encandilados
por los paradigmas y las perspectivas del coloniaje.